El cabo de Creus recupera su rostro sin apartamentos

ELPAÍS/Girona* : Un total de 4,5 hectáreas han quedado libres de los 412 apartamentos que constituían la ciudad de vacaciones del Club Méditerranée que se erigía desde 1962 en el cabo de Creus, en el extremo norte de la Costa Brava. Es el derribo más importante que ha llevado a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, según afirma este departamento. La demolición del complejo, que cerró sus puertas en 2003, fue sencillo porque el Ministerio compró la propiedad a la compañía francesa, especializada en este tipo de ciudades de vacaciones, por 4,5 millones en 2005.

A ese dinero hay que sumar los tres millones más que ha costado a Medio Ambiente echar las casas abajo, y otros cuatro que se gasta la Generalitat para gestionar los residuos de las obras y reconstruir el entorno ecológico de la zona. Recuperar el paraje natural habrá costado 11,5 millones y siete años.

En otros derribos de magnitud comparable, Medio Ambiente acabó con un edificio de cinco plantas y 80 viviendas en Cartagena o con el hotel Atlanterra, en Zahara de los Atunes (Cádiz). Aunque todavía quedan en pie grandes construcciones emblemáticas de la urbanización descontrolada del litoral, como el hotel Algarrobico, en Almería, que es presa de un complicado entramado judicial entre administraciones.





* El País - 28.07.10
Foto: El Club Méditerranée, en 2004, tras el cierre del complejo. Abajo, el solar, ayer, tras el derribo - elpais.com

Aguirre podría actuar ya en la Cañada Real

ELPAÍS/Madrid* : El Defensor del Pueblo ha lanzado un mensaje contundente a la Comunidad de Madrid: el Gobierno regional cuenta con los medios suficientes para actuar cuanto antes en la Cañada Real. El defensor, Enrique Múgica, repite varias veces en su informe de 2009 que la Comunidad no necesita ninguna ley ad hoc para atajar los problemas de esta vía pecuaria de 15 kilómetros, donde malviven más de 30.000 personas, porque ya tiene otras leyes que le permiten actuar en la zona.

El problema de la Cañada Real "es, a juicio de esta institución, un problema con aspectos urbanísticos y de vivienda, de peligro ante inundaciones, pero también de seguridad ciudadana y de atención social e incluso de salud pública", reza el escrito. Por esto, la nueva ley -de coste cero en su aplicación- que prepara la Comunidad y que contempla únicamente la regulación del territorio es, según Múgica, "insuficiente".

Las 12 páginas dedicadas a analizar la situación de la Cañada Real no escatiman en reproches que enfatizan la "escasa colaboración" de la Administración: "La Comunidad de Madrid propugna, como dicen sus leyes, una región constitutiva de uno de los mayores y más avanzados centros de servicios de España, un núcleo industrial de primera magnitud; (...) sin embargo, al mismo tiempo, y según las zonas, concurren en ella los problemas propios de las regiones atrasadas en su desarrollo, los del declive industrial y los de las grandes aglomeraciones urbanas".

En opinión de Múgica, la ley de rehabilitación de espacios urbanos degradados y de inmuebles que deben ser objeto de preservación podría aplicarse directamente en la cañada porque es una zona de interés urbanístico que "presenta deficiencias y carencias sociales de especial gravedad".El informe, reincidiendo en la idea de que existen suficientes mecanismos para atajar los problemas de la cañada, mantiene que la Comunidad podría valerse de los Programas de Rehabilitación Concertada en Áreas Urbanas. Recuerda también que las competencias directas en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atención pertenecen a la Comunidad por lo que "puede tomar iniciativas de cooperación y concertación con los Ayuntamientos".

"La Comunidad no está ejerciendo su responsabilidad. Es imposible abordar un problema de esta índole con coste cero. Este informe es un varapalo porque ahonda en que el Gobierno regional es el responsable principal y está haciendo una dejación de sus funciones", coincide el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, uno de los tres municipios fronterizos con la cañada. Este periódico intentó recabar sin éxito la opinión de los regidores de Rivas y del Ayuntamiento de la capital.

El Defensor del Pueblo se dirigió a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio -"el órgano apropiado para iniciar las actuaciones"- para que le remitiese información de las iniciativas que se habían llevado a cabo y la coordinación que se había iniciado con el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación de Gobierno. La respuesta decepcionó al Defensor, que carga contra la consejería por demostrar "una actitud ajena al problema de la Cañada Real".

"La Comunidad muestra disposición de colaborar con las iniciativas que se emprendan", pero, según Múgica, "no dice quién las va a emprender". El texto incide en la inacción del Gobierno regional porque, a pesar de reconocer que es un problema que afecta a varios municipios -Madrid (PP), Coslada (PSOE) y Rivas Vaciamadrid (IU)- y que requiere la coordinación con los Ayuntamientos afectados y el Estado, "no se concluye nada sobre ello".

Las críticas continúan hasta el final del informe, que expone algunos ejemplos para enfatizar que en la práctica no se está haciendo nada. "La consejería no parece reconocer la calidad de vecinos a quienes allí habitan, pues se refiere a ellos en expresión entrecomillada".

Múgica acusa a Medio Ambiente de despreocuparse de los asuntos que se escapan de su competencia y de "no recabar información", manteniéndose en la "ignorancia". Una "posibilidad contradictoria" con el reconocimiento por parte de la Comunidad de que "se trata de un problema que requiere para su solución la coordinación de todos".

El defensor justifica esta tesis con las cuestiones que la consejería dejó de contestar. "Como la atención al toxicómano y el tráfico de drogas no son de su competencia, la consejería no informa". Y sigue. "Como los derribos no son iniciativa suya, nada puede informar; tampoco de su relación con la población extranjera, de lo que se deduce que el órgano autonómico no los considera asuntos que le conciernen".

Múgica sí valora la iniciativa de la consejería de Educación, junto con el Ayuntamiento de Madrid y la Cruz Roja, de escolarizar a parte de los más de dos mil menores que viven "excluidos de los modos y condiciones de vida comunes", según recalcó el informe del Defensor del Menor de la Comunidad.

La conclusión del Defensor del Pueblo es más incisiva e incide en su argumento principal. "Sin más argumentos que los escasos e incompletos, si no contradictorios, de la consejería cuesta aceptar a esta Institución que la legislación vigente y los instrumentos puestos a disposición de la Administración, sean insuficientes para atender el problema de la Cañada Real y que sea preciso un proyecto de ley especial". Preguntada al respecto por este periódico, la consejería no quiso comentar el informe.





* El País - 28.07.10
Foto: Madrid, chabolas de la Cañada Real Galiana - ULY MARTÍN (El País)

Alicante.- Citan hasta diez causas de nulidad del plan Rabasa

INFORMACIÓN* : Un total de diez causas de "nulidad de pleno derecho" son las que fundamentan la demanda contra el plan parcial de Rabasa que la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) ha presentado al Tribunal Superior de Justicia, y en la que solicita que declare la nulidad de esta actuación urbanística. Entre las causas de nulidad argumentadas se incluye las infracciones por no haberse expuesto "en rigor" al público, carecer de "evaluación ambiental estratégica", la falta de estudios de sostenibilidad económica y la inexistencia de garantía para abastecer de agua a las más de 13.000 viviendas y casi 40.000 habitantes previstos en Rabasa.

La PIC denuncia en su demanda que el Plan Rabasa no ha sido sometido a exposición pública porque las dos veces que el Ayuntamiento lo ha hecho han sido defectuosas. Así, se señala que en la primera exposición pública la propuesta de la mercantil de Enrique Ortiz (Viviendas Sociales del Mediterráneo) a la que se adjudicó el plan "no estuvo materialmente expuesta al público, además de ser alterada sustancialmente, una vez seleccionada, en su presupuesto, edificabilidad y número de viviendas". También se impugna la segunda exposición pública porque la misma no incluyó, según la PIC, la adjudicación y los "aspectos esenciales (del plan) ya aprobados".
El Plan Rabasa incurre en "incumplimiento flagrante de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de las Directivas Europeas", señala en segundo lugar el colectivo ciudadano en su demanda, por la falta de publicación del Plan Rabasa en el Diario Oficial de Unión Europea "pese a su cuantía de casi 200 millones de euros, modificaciones unilaterales del contenido después de hacer la adjudicación y falseamiento de las reglas de competencia", entre otras. Este argumento se acompaña con sentencias del Tribunal Supremo de actuaciones urbanísticas anuladas por tales circunstancias.
Otro argumento se refiere a la decisión del Ministerio de Fomento de ampliar la zona de dominio público de trazado ferroviario que bordea el plan Rabasa, que de 107.670 metros cuadrados pasa a 421.600. La PIC afirma en su demanda que esta ampliación supone "un cambio sustancial en la ordenación" del plan Rabasa y recalca que el informe de Fomento fue anterior a la aprobación definitiva del mismo, y que la Conselleria de Urbanismo conocía este informe "por lo que no debió aprobar" el plan Rabasa.
Sobre la falta de evaluación ambiental estratégica, la PIC aclara en su demanda que aunque no estaba aún en vigor la Ley que la exige cuando en agosto de 2005 se expuso de forma incompleta el plan parcial "sí estaba en vigor la Directiva 2001/42, que es de aplicación directa".
Otras carencias que hacen el plan nulo de pleno derecho, según la demanda de la PIC son los estudios de sostenibilidad económica y de integración paisajística.
Otro argumento se centra en el Plan General de Ordenación Urbana en tramitación, que según la demanda, debió quedar sin efecto al incumplir el plazo fijado por el Consell para la vigencia del concierto previo del mismo. La PIC denuncia que una prórroga con carácter retroactivo acordada por el Consell "que consideramos ilegal" evitó volver a reiniciar la redacción del PGOU, que incluye Rabasa.
Además, la PIC se adhiere a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que informa el plan en contra por no garantizar el agua potable, y también a los argumentos del Síndic de Greuges contra la aprobación del plan parcial. Finalmente, La PIC cree necesaria una revisión del PGOU en tramitación para poder llevar a cabo "una actuación de estas características".





* Información - 28.07.10
Foto: Alicante, maqueta Plan Rabasa - diarioinformacion.com

Santa Cruz.- Un primer catálogo concluye que cien mil vecinos están fuera de ordenación

ElDÍA/Tenerife* : Un catálogo elaborado por la Plataforma en Contra del PGO de Santa Cruz cifra en casi 2.000 los edificios (de 5 plantas de media) que estarían fuera de ordenación en el planeamiento que está sometido a revisión por parte de la Cotmac, y en 95.350 el número de personas afectadas, un dato que, según los cálculos de este colectivo vecinal, "representa más de un tercio de la población, que ni siquiera conoce esta realidad, que representa graves consecuencias para sus propietarios".

Este estudio, que ha sido confeccionado por "cinco vecinos con asesoramiento técnico", ha empleado como sistema de cálculo los diez distritos postales de la capital, por lo que, según José Ramos Arteaga, miembro de la plataforma, "está elaborado calle por calle, edificio por edificio y casa por casa". Se trata del primer documento de estas características.

El informe será desvelado mañana, en la concentración convocada a las puertas del ayuntamiento a partir de las 11:30 horas, un acto ciudadano que coincide con la celebración de un pleno municipal, y que estará marcado por el "sentido irónico, ya que la situación de cada uno de los ciudadanos que se ven afectados por este planeamiento se leerá con el estilo de la Lotería de Navidad".

El representante de la plataforma señaló que entregarán una copia de este documento a los partidos políticos de la corporación que votaron en contra del PGO en el pleno de enero, mientras que a las formaciones que lo respaldaron (CC, PP y PNC), les dijo que "si quieren tener acceso a este trabajo riguroso y muy valioso, que pidan hora y hagan cola como cualquier miércoles hacen todos los ciudadanos que acuden a la Casa Sindical para recibir información sobre este plan". Arteaga remarcó que "este trabajo es muy valioso como para regalárselo a alguien que se gasta el dinero público en bragas o en whiskys", en una clara alusión al informe de la Intervención municipal sobre los gastos de la asignación los grupos políticos en el periodo de 2003-2007.

Los representantes de la plataforma explicaron ayer que, ante la negativa del Grupo de Gobierno municipal a elaborar un catálogo con las viviendas fuera de ordenación, "pese al compromiso del alcalde, Miguel Cerollo, ha tenido que ser la plataforma la que ha adoptado la decisión, demostrando que la ciudadanía silenciosa también es capaz de dar una lección cuando las instituciones no hacen su trabajo".

El abogado Felipe Campos, asesor de esta plataforma, recordó que se trata de un documento que está "plagado de ilegalidades, que los técnicos no se lo van a poner a cuello para que los políticos se pongan una medalla". Insistió en que el plazo para el trámite de revisión del plan ya se ha superado, aspecto que ayer desmintieron desde la Consejería de Medio Ambiente, ya que fuentes consultadas en el departamento regional aseveraron que "aún se está dentro del plazo, puesto que se ha paralizado cada vez que se ha reclamado alguna documentación".

Además, la Gerencia de Urbanismo precisó ayer que se ceñían a los datos que facilitaron una vez que concluyó el proceso de revisión por los vecinos de los cinco distritos, en el sentido de que "más del 80% de las solicitudes estaban dentro de ordenación".

urbanismo

Consultas dentro de los parámetros

El Ayuntamiento de Santa Cruz dio a conocer hace unos meses que de las 498 solicitudes presentadas en las oficinas de Distrito (Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Centro), un total de 320 se encontraban dentro de los parámetros urbanísticos conforme a lo establecido por el documento de revisión del PGO y otras 178 se encuentran fuera de ordenación por razón de altura. De las 103 consultas realizadas en Salud-La Salle, un 88,35% "se encuentran dentro de ordenación", mientras que sólo el 11,65 excede del número máximo de plantas permitidas por el PGO. Por otro lado, de las 97 peticiones de información tramitadas en Ofra-Costa Sur, un 85,5% estaban dentro de ordenación, mientras que el 14,43 no lo estarían. En el Distrito Centro se realizaron 298 consultas, de las que un 48,66% tenían parámetros urbanísticos conformes a la normativa y el 51,34 excedía la alturas.





* El Día - 28.07.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com

Prevenir es mejor que curar y corregir

ROSA ESTHER BELTRÁN/México* : Si esperas mejorar el planeta no te quedes sentado. Los desastres naturales se multiplican, cada vez son más frecuentes: huracanes, sismos, inundaciones, incendios forestales, tsunamis, sequías, hambrunas, desastres en cadena… ya que mientras más fuerte es un desastre hay mayor probabilidad de que desencadenen otros. En este país, los gobiernos de todos los niveles desde hace algunos años culpan de cualquier contingencia al cambio climático; sin embargo, los especialistas en estos eventos han establecido que la vulnerabilidad no es la causa, sino uno de los efectos del desastre. Los expertos también señalan que generalmente se culpa a las víctimas de su propia desgracia y que hay una ruta para prevenir los desastres, ésta es: primero, tener una economía robusta; segundo poseer un sistema educativo de calidad y, tercero, insistir en el desarrollo social.

Supongo que usted, estimada lectora, lector, ya estará pensando que México está totalmente fuera de esa ruta porque no alcanza ninguna de las tres condiciones. Aquí, los problemas por riesgos naturales y de ingeniería son serios y complejos: contaminación, agua potable, desechos fluidos y sólidos, sismos, inundaciones, entre otros, por lo que urge que las autoridades creen un enfoque de urbanismo original, embebido en ideas y prácticas de sustentabilidad.

Está previsto que se avecina un periodo, que puede ser largo, de lluvias abundantes. ¿Dónde y cómo se van a captar? Para desgracia de los ciudadanos, la visión de los políticos mexicanos si acaso llega a un sexenio o a un trienio, mientras que los poderes legislativos no consideran que sea su asunto prevenir, en las leyes de aguas, por ejemplo, para asegurar un futuro en el que los riesgos de desastres sean mínimos.

En Saltillo, los técnicos de Conagua tienen más de 10 años dándole vuelta a las propuestas de planear y realizar obras para aprovechar los escurrimientos de la lluvia en las sierras que circundan a Saltillo, pero siguen pensándolo, no concretan, ¡Ahí se ven!

VANGUARDIA presentó en EL SEMANARIO (19-07-10) un conjunto de propuestas presentadas por expertos, experiencias aplicadas exitosamente en Texas, y otras que ya se han aplicado aquí, como los gaviones.

La prevención no forma parte importante de la conciencia colectiva y menos de las políticas públicas; en México se invierte 30 veces menos en prevenir los desastres de lo que se gasta en atender emergencias y reconstrucciones.

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las repercusiones económicas de los desastres en los últimos 10 años han aumentado constantemente, al pasar de 2 mil 182 millones de pesos en el 2000, a 14 mil 290 millones en el 2008. Según la misma fuente, el número de muertos se mantiene sobre los 500 por año desde el 2003, sin guardar proporción con la magnitud de los desastres.

Para reducir los riesgos es preciso no sólo invertir en obras de mitigación, sino también reducir la vulnerabilidad, que en muchos casos implica el fortalecimiento de la infraestructura o la reubicación de población que está en zonas de riesgo, pero aquí nos hemos acostumbrado a la condescendencia y el populismo de las autoridades que se atienen al dejar hacer, dejar pasar para no afectar intereses de grupos.

Se presentan los desastres y no se hace una reflexión a fondo para buscar las causas y los errores de por qué ocurrieron. Si hubo un desastre es porque alguien cometió un error, un error de cálculo, no fue la naturaleza. No se trata de señalar a ese alguien, sino de no volver a cometer esos errores.

Tampoco contamos con instituciones para la prevención de riesgos que tenga facultades no sólo de fiscalizar, sino también de castigar.

Desde hace más de una década, el Cenapred trabaja en la elaboración de un Atlas Nacional de Riesgos a partir de la información geográfica, sociodemográfica e histórica disponible para lograr una información más detallada y precisa sobre la incidencia de los fenómenos naturales y las características y riesgos de las regiones, varias entidades han obtenido recursos para hacer sus mapas de riesgos.

Sin embargo, Coahuila está entre las seis entidades que no cuentan con un mapa de riesgos, a pesar de que en los últimos 10 años ha padecido una alta incidencia de desastres.

Es preciso reconocer que la cultura de la prevención está en pañales y en algunas entidades no ha nacido; además, los fondos son insuficientes y su obtención está demasiado burocratizada, de manera que llegan con retraso, por eso se hace urgente que los gobiernos adopten un nuevo modelo de organización para prevenir y enfrentar desastres, de manera que la protección civil sea prioritaria y la planificación contenga acciones realmente preventivas, lo que implica tanto el uso de conocimiento de los peligros como de la coparticipación de la población en riesgo.






* Vanguardia - Opinión - 28.07.10

El cambio climático aumentará hasta 6ºC las temperaturas máximas en España

ELMUNDO* : En 2008, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) realizaba las primeras previsiones de cómo afectaría el cambio climático en España, región por región. Ahora, el mismo organismo acaba de publicar una revisión de aquellos datos con la precisión que otorgan los modelos actuales. El resultado, que se puede consultar de forma libre y gratuita en la web de Aemet , indica que España soportará entre 3 y 6 grados más de temperatura máxima en el periodo 2071-2100, respecto a los valores de referencia de 1961-1990. Además, señala que habrá una tendencia a la reducción de precipitaciones.

El informe, que ha sido presentado por la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, y el presidente de la Aemet, Ricardo García Herrera, indica que el incremento en la temperatura mínima será de entre 2 y 5 grados.

En cuanto a las precipitaciones, las proyecciones muestran que se mantendrán cerca de los niveles de finales del siglo pasado aproximadamente hasta 2050, pero que descenderán en la segunda mitad del siglo XXI. Para el último decenio de siglo podrían situarse probablemente en una horquilla del 15% al 30% respecto a la precipitación del periodo comprendido entre 1961-1990.
Sevilla será como Tucson (Arizona)

"Esta herramienta, a la que se puede acceder desde hoy mismo, permitirá que puedan disminuir los costes de adaptación al calentamiento", aseguró Teresa Ribera. "Los efectos sobre los ecosistemas serán tremendos. En la agricultura, por ejemplo, habrá que utilizar especies adaptadas al calor y a demandas hídricas menores, pero habrá sectores en los que la adaptación será inviable, como las estaciones de esquí, al menos durante los días que operan hoy".

"Si las temperaturas crecen hasta seis grados, Madrid tendrá el clima de Sevilla, y Sevilla será similar a Tucson (Arizona, Estados Unidos). Además, el clima de Pamplona podría ser como el madrileño", aseguró el presidente de Aemet. "En el futuro será difícil continuar con el ciclo hidrológico actual, pero de ahí a que España se convierta en un desierto...", dijo Ricardo García.

Según el máximo responsable de Aemet, quizá haya que cambiar la temporada turística de Valencia a meses en los que el calor permita la visita de veraneantes. Por su parte, la secretaria de Estado aseguró que España debe transformar el modelo económico y el de desarrollo. "Confiemos en que seamos capaces de actuar", sentenció Ribera.

"No se trata de una proyección irremediable, sino de información para la acción", dijo la secretaria de Estado. Ribera ha subrayado que la mejor forma de erradicar los efectos de este fenómeno en la Península es la reducción de emisiones de efecto invernadero, ya que España "será uno de los países de Europa más sensibles al encontrarse en el Mediterráneo".





* El Mundo - 27.07.10
Foto: Una turista se refresca en Sevilla el pasado fin de semana.- elmundo.es