Pola de Siero.- La iglesia topa contra el muro

LAVOZ/Asturias* : La parroquia de San Pedro de Pola de Siero ha dado un golpe de efecto en su batalla por mantener en pie el muro ilegal que levantó entre las plazas del Párroco Galán y de la Libertad, en diciembre del año 2009. De esta forma, el pasado 19 de mayo, la parroquia envió al Ayuntamiento de Siero una solicitud de licencia de obras para obtener el cierre definitivo de la parcela, con el objetivo de legalizar la separación. Con esta medida, la iglesia, que levantó el muro sin el correspondiente permiso municipal, deberá adecuar el paredón al reglamento urbanístico.

Cuando se construyó la separación, el por aquel entonces concejal de Urbanismo del gobierno socialista, Julio Carretero, abrió un expediente sancionador a la parroquia y ordenó la paralización de las obras. Sin embargo, durante el desarrollo del expediente, el Partido Popular se hizo con la Alcaldía del concejo y decidió sentarse a negociar con la Iglesia, antes de paralizar o derribar el muro.

Soluciones

Las negociaciones con la Iglesia siguen en marcha, intentaremos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes", subrayó ayer la actual concejala de Urbanismo, Engracia Valle. En el caso de que la solicitud de licencia presentada por la parroquia sea avalada por el preceptivo informe técnico y jurídico, la iglesia deberá rebajar el muro en altura de 170 hasta 120 centímetros, según los requisitos ordenados por la ley. La parroquia dispondrá entonces de seis meses para finalizar las obras.

El conflicto entre iglesia y ayuntamiento se remonta a la época en la que construyeron los bloques de edificios en la Plaza de la Libertad. Durante los trabajos, se dañó parte de la parcela que separa la plaza de la parroquia, así como el salón parroquial. Fue entonces, cuando la iglesia exigió que se reparara el paredón antes de permitir el paso entre ambas plazas. Además, aseguran que la constructora no realizó el paso entre las plazas por el lugar elegido en un primer momento.

El Ayuntamiento había previsto habilitar en la zona un paso de peatones que comunicara ambas plazas, así como un paso para uso exclusivo de camiones de bomberos, ambulancias o policía, que permitiera atender situaciones de emergencia. De hecho, en el presupuesto de 2009 estaba reservada una partida de 30.000 euros para construir ese paso peatonal, pero no se llegó a ningún acuerdo con la iglesia, propietaria de los terrenos. Por su parte, los vecinos de la zona, que ya han protestado por la separación en numerosas ocasiones, llegaron incluso a derribar el muro.






* La Voz de Asturias - 11.06.10
Foto: Imagen del muro construido entre la Plaza de la Libertad y Párroco Galán - lavozdeasturias.es

Imputados los dos últimos alcaldes de Cájar por ceder terrenos a un concejal

ELMUNDO/Granada* : Fidel Prieto, actual alcalde de la localidad granadina de Cájar, y Concepción Roldán, su antecesora en el cargo, ambos del PP, han sido imputados por la Fiscalía de Granada como posibles autores de un delito de prevaricación, advirtiendo en el mismo escrito de que también podrían haber cometido malversación y delito contra la ordenación del territorio. La razón, la cesión de parte de unos terrenos en posesión del Ayuntamiento a uno de los concejales de ambos regidores, Raúl Montoya, al cuál se le permitió construir una vivienda a pesar de que eran fincas supuestamente destinadas a equipamientos. El edil está igualmente imputado, ya que se le acusa de haber utilizado “información privilegiada” para hacerse con la parcela.

Los hechos arrancan del año 2003, durante el mandato de Concepción Roldán. En aquel momento, se acordó la permuta de unos terrenos a propiedad de Ángel P., hijo del entonces concejal de Urbanismo. Estas parcelas habían sido cedidas un año antes al Ayuntamiento por los vecinos, y en principio debían destinarse a construir equipamientos.

El hijo del concejal se había convertido entonces de deudor del Consistorio. Sin embargo, meses después se firmó con él un convenio que cambió los terrenos de equipamentales a residenciales, aumentando el posible beneficio que de los mismos pudiera derivarse.
Coincidencias temporales

La escritura de permuta, además, se otorgó finalmente en diciembre de 2005, justo el mismo día en que al concejal Raúl Montoya le es transmitida una de las parcelas en las que habían sido divididas los terrenos. De hecho, y según subrayan la denuncia y el fiscal, el dinero entregado por éste en la venta es el que sirve para que el Ayuntamiento perciba la diferencia por la permuta y así lo hace constar el notario.

En 2006, todavía con Roldán, el concejal recibirá licencia para construir una vivienda en dicha parcela. En 2009, ya con Prieto como alcalde, Montoya recibe la licencia de primera ocupación, a pesar de no estar finalizadas las obras de urbanización y con informe negativo de la secretaría del Ayuntamiento.

Fue el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cájar el que denunció ante el Ministerio Público los hechos el pasado verano, señalando en principio la posible prevaricación por parte tanto de ambos alcaldes como de los concejales implicados. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha admitido a trámite la demanda, que deberá determinar si existe también malversación de fondos públicos.

La secretaria general del PSOE de Cájar, Justina Castillo, ha pedido explicaciones al regidor actual y su antecesora, recalcando que “todas estas irregularidades se han llevado a cabo en suelo cedido por vecinos del pueblo de forma gratuita” con “un simple cambio de planeamiento”, es decir, “sin desafectar los terrenos de su condición de suelo para equipamiento público”. Por último, la socialista expresó sus sospechas de que el precio pagado por la finca haya sido muy inferior al valor de mercado.






* El Mundo - 10.06.10
Foto: Cájar (Granada) - cajar.es

Segovia.- Una sentencia del TSJ niega la recalificación de la finca del ex concejal Ángel Sancho

ELADELANTADO* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con sede en Burgos, ha emitido una sentencia que rechaza un recurso de la promotora “Hontanilla de Santo Domingo”, participada por el ex concejal del PP, Ángel Sancho, y confirma que la finca junto al río Eresma donde se levantaron los polémicos ‘miniapartamentos”debe mantener la calificación de suelo rústico con protección especial.

Al término de la junta de Gobierno, el alcalde, Pedro Arahuetes, subrayó que Sancho, —que ha denunciado por injurias al regidor después de que éste le llamara “golfo y corrupto”— no pudo gobernar con el PP para obtener la recalificación de la finca de su propiedad y que pasara de ser rústica a urbana. “Hubiera podido gobernar y ser concejal de Urbanismo (..) tampoco logró que la revisión del PGOU calificara la finca como urbana, no se conformó y recurrió a los tribunales”, continuó Arahuetes. El alcalde precisó que el recurso de Sancho perseguía que los tribunales admitieran que la finca donde costruyó los miniapartamentos —ocultos en un muro de contención— pasase a ser suelo urbano consolidado; que la parcela fuera un solar y las calles que lo rodean se transformaran en un viario público.
Arahuetes insistió en que el TSJ considera que la parcela es suelo rústico con protección especial “y por tanto, en ningún caso, que sea suelo urbano, ni siquiera suelo urbano no consolidado, ni suelo urbanizable, ni por supuesto admite que los viales sean calles públicas”. El tribunal, de acuerdo con Arahuetes, señala por último que este suelo se encuentra “adecuadamente clasificado”.
Según el alcalde, Sancho “sigue insistiendo en que los miniapartamentos —paralizados por el consistorio en 2006— deben legalizarse” aunque “los tribunales le ponen en su sitio”. “No se si cuando gobierne el PP se cambiará la calificación de la parcela, mientras lo haga el PSOE, la finca seguirá siendo suelo rústico protegido”.
Arahuetes no perdió la oportunidad de volver a instar al PP a que se pronuncie sobre el caso de los ‘miniapartamentos’. “¿Qué hacía Sancho en las filas del PP construyendo miniapartamentos en suelo rústico?”, preguntó.
Arahuetes, declarará, en calidad de imputado, el próximo 18 junio, en relación con la querella por injurias presentada contra el regidor por Sancho
El alcalde llamó “golfo, deshonesto, sinvergüenza, mentiroso, mezquino, corrupto e idiota” a Sancho. Arahuetes hizo estas manifestaciones después de conocer unas declaraciones atribuídas al ex concejal en las que éste reclamaba que le debían reponer en su honorabilidad.

Caso Aragoneses

El alcalde, Pedro Arahuetes, reiteró ayer que “en un mes” se conocerán los primeros resultados de la investigación abierta sobre la vivienda , ubicada en San Lorenzo, del concejal Juan Cruz Aragoneses y su pareja; y que excedería en volumen y altura con respecto a la licencia concedida, según la denuncia presentada por varios implicados en el caso de los ‘miniapartamentos”.
Arahuetes respondió al PP, que ha apuntado que en este caso “ como hicimos con el problema de Evisego, vamos a actuar con serenidad y prudencia”. A este respecto, el alcalde subrayó que en el caso Evisego “dije la verdad desde el principio y al final se quedaron con el culo al aire, llegaron a hablar de que habíamos cometido delitos y quedó demostrado que fue un error bancario”. “Ahora voy a actuar igual, con el mismo rigor y trasparencia, el PP intenta manipular”.






* EL Adelantado de Segovia - 11.06.10
Foto: Segovia, plaza Mayor - segoviayprovincia.com

El ex alcalde de El Puerto Hernán Díaz, imputado en una nueva causa

DIARIODECÁDIZ* : Hernán Díaz, el ex alcalde de El Puerto de Independientes Portuenses, acaba de sumar su enésima imputación. Los integrantes del EDU, el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, le han imputado al inhabilitado ex regidor portuense un supuesto delito de prevaricación por permitir la construcción de viviendas en mitad de un pinar. A Díaz Cortés, desde que dejara la Alcaldía en julio de 2006, tras ser firme su condena por inhabilitación por un delito de prevaricación (por nombrar a dedo al responsable de la Policía Local), le han llovido las imputaciones. Tanto que en la actualidad está implicado en más de una veintena de causas judiciales que se siguen en los diferentes Juzgados, en su mayor parte debido a edificaciones erigidas en El Puerto al margen del planeamiento vigente.

Los casos más conocidos son los del derribo del protegido edificio de la Casa de las Cadenas, las urbanizaciones construidas en terrenos protegidos como el Pinar de Coig y El Barranco, y más recientemente, la Operación Tequila, también llevada a cabo por la Guardia Civil, que lo implicó en una trama para regularizar viviendas ilegales, junto al ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, y dos técnicos municipales, el aún hoy jefe de Licencias Fernando Jiménez Fornell y su compañera, Milagros Trigo, delineante del Servicio de Infraestructuras.

En esta ocasión, la investigación que ha terminado por salpicarle es la iniciada por los agentes del EDU por los chalés erigidos en Pinar del Obispo, situado al final del camino viejo de Rota, colindando con la cantera de Minervo II, en las inmediaciones de la variante de Rota.

Según ha podido saber este diario, Hernán Díaz ha sido ya formalmente imputado por la Guardia Civil por un supuesto delito de prevaricación por permitir la construcción de viviendas en esta zona, clasificada en el PGOU vigente como suelo no urbanizables de especial protección forestal. A Hernán Díaz también se le acusa de conceder supuestamente autorizaciones para que las casas ilegales pudieran disponer de los suministros de agua y electricidad.

En esta ocasión, junto a él también ha sido imputado el que fuera el primer edil de Urbanismo de IP, Miguel León. Se trata de la primera imputación conocida a la que se enfrenta León, que estuvo al frente del Área de Urbanismo durante exactamente dos mandatos municipales, desde 1991 (cuando IP ganó por primera vez los comicios locales) hasta 1999. El ex primer teniente de alcalde concurrió en la lista por tercera vez consecutiva, abandonando IP en el momento en el que la nueva Corporación salida de las urnas iba a tomar posesión, pasándose al Grupo Mixto para crear un nuevo partido que no cuajó.

Como Díaz, Miguel León está acusado también de permitir la construcción de viviendas en este suelo protegido, así como de otorgar permisos para que las edificaciones ilegales pudieran disponer de los servicios básicos.

En Pinar del Obispo son una docena los lujosos chalés levantados en terrenos de especial protección forestal. Esta causa está siendo llevada por el Juzgado de Instrucción Número 3 de El Puerto. Las diligencias abiertas obedecen a la macro denuncia que Ecologistas en Acción interpusiera hace la friolera de cuatro años y medio ante la Fiscalía de Cádiz, por numerosas actuaciones al margen del PGOU en el término, cuyo responsable entonces. Ángel Núñez, las remitió para su instrucción separada a los Juzgados portuenses.






* Diario de Cádiz - 10.06.10
Foto: Uno de los chalés ilegales edificados en el Pinar del Obispo, según Ecologistas, que supuestamente Hernán y León dejaron construir.

La Especulación Urbanística Valenciana. Parte 1

Reportaje de Informe Semanal sobre la especulación urbanística valenciana, poco tiempo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, y que la crisis mundial azotara. El reportaje parte de la critica realizada por parta del Parlamento Europeo, el cual habia recibido "hasta 15.000 quejas de propietarios que consideraban leoninas algunas expropiaciones".


* YouTube - conocimientolibre - 13.08.09

Un ex directivo acusa al Barça de pagar 14 millones de más por unos terrenos

ELPAÍS/Barcelona* : A cuatro días para las elecciones a la presidencia del Barcelona, Lluís de Val, que fue directivo del club durante la presidencia de Joan Gaspart, denunció ayer la operación de compra de los terrenos en Viladecans, en noviembre de 2007, por los que el Barça pagó 18,5 millones de euros. Esta cifra, según el informe de valoración que De Val encargó a la empresa de tasación 2agro, está sobredimensionada en 14 millones, en función de la calificación "protegida" del 90% de la zona comprada.

"Nuestro informe demuestra el gran expolio que se les ha hecho al club y a sus socios", arrancó De Val. "Alguien decidió realizar una inversión fuera de mercado. Antes de adquirir los terrenos, el club ya sabía que eran inservibles para aquello a lo que estaban destinados: la construcción de la ciudad del socio", subrayó el ex directivo. Según las cifras que maneja De Val, la compra de los terrenos requirió una inversión inicial de 1,4 millones de euros para la empresa Inversiones Divabe, que después los vendió al Barça por 18,5 millones, una operación que, según De Val y 2agro, dejó un beneficio de 12,8 millones una vez descontada la comisión de tres millones que se abonó a un intermediario "cuyo nombre desconocemos". Inversiones Divabe contaba en 2007 con varios socios. Entre los accionistas figuraban el Grupo Indukern, que tenía como consejero a Macià Alavedra -imputado por el caso Pretoria-, e Inverama, SA, presidida por Arturo Suqué, ex presidente de Casinos de Cataluña.

Jaume Ferrer y Marc Ingla, dos de los cuatro candidatos a las elecciones del domingo, formaban parte de la junta del club cuando la operación se llevó a cabo. De Val aseguró que, si uno de ellos es elegido presidente, depositará toda la información recabada en la Fiscalía Anticorrupción, mientras que si el ganador es Agustí Benedito o Sandro Rosell, la pondrá a disposición del club.






* ELPAIS.com - 10.06.10
Foto: Barcelona, Camp Nou y Miniestadi (archivo) - soitu.es

Ecuador.- Los problemas urbanos

EUGENIO LLORET O./Cuenca* : En las circunstancias actuales, Cuenca y su administración municipal cuenta con su Plan Estratégico y de Ordenación Urbana en el que se establece el modelo de ciudad para los próximos años en base a un urbanismo sostenible que logre una ciudad más compacta y más densa, una ciudad participativa y equilibrada. Sin embargo, viendo cómo se ha gestado el plan y quienes lo han ejecutado, el resultado está por verse en tanto el consumo desmesurado y voraz del territorio en medio de un crecimiento indefinido vuelven a ser elementos para la inconformidad y la discordia mientras siguen en aumento los problemas sociales y ambientales.

La falta de definición con respecto al territorio en donde se construirá el Centro de Rehabilitación Carcelario está provocando más que una contradicción, puesto que ese tema ya fue superado en el seno del Concejo Cantonal, y por tanto, no hay motivo para la confrontación, menos aún, para seguir postergando la edificación de una obra de imponderable urgencia que cuenta con financiamiento estatal.

Entendemos que los límites ecológicos y territoriales ya han sido fijados. Lo que hace falta es favorecer un modelo de convivencia solidaria y creativa que posibilite la cooperación y comprensión participativa entre ciudadanos y Municipio que haga factible apostar por una ciudad abierta a la diversidad, el intercambio, al respeto, a la tolerancia por encima de intereses de los propietarios del suelo o de vecinos que por falta de información consideran que la nueva cárcel constituye una afrenta o potencial amenaza para la seguridad pública.

Lamentablemente, el Municipio de Cuenca lo que menos ha hecho frente al problema planteado y otros que están por venir, es precisamente garantizar un proceso de difusión e información suficiente, así como poner en marcha campañas y acciones encaminadas a educar en la participación y especialmente en la comprensión del crecimiento urbanístico ordenado, recordando que los recursos naturales como el agua, el paisaje, el suelo agrícola son limitados y necesitan de una gestión responsable, medida y equilibrada.

Cuenca debe apostar por el aprovechamiento de los espacios e infraestructuras ya existentes, por la renovación, la rehabilitación y la reconstrucción, tal como se está ya realizando en el Centro Histórico. Es necesario definir el espacio público consolidando la ciudad existente frente a crecimientos territoriales desmesurados. Como principio básico de sostenibilidad, la renovación y reciclaje de la ciudad actual debe predominar frente a la expansión descontrolada y hasta arbitraria que se viene de observar respecto a las parroquias ante la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial.






* El Tiempo - Opinión - 10.06.10