
Esta decisión se ha adoptado de acuerdo con el propio Juan Antonio Roca y con la administración judicial. Ambas partes han efectuado una valoración de los bienes que en muchos casos ha resultado coincidente. Fuentes judiciales han precisado que existe un gran interés en "no malvender nada", si bien reconocen que el actual contexto económico no es el más propicio para esta operación. En todos los casos se informará a Juan Antonio Roca.
La Fiscalía Anticorrupción estima en el escrito de acusación en 200 millones de euros la fortuna patrimonial acumulada por el principal implicado en esta causa a lo largo de sus años como hombre fuerte en la sombra del Ayuntamiento de Marbella.
La primera venta tendrá lugar el próximo 28 de julio. Aunque formalmente no se trata de una subasta, el sistema y sobre todo el resultado es el mismo. La sala decidirá en función de las ofertas económicas que se presenten a los adjudicatarios de una decena de automóviles intervenidos judicialmente al supuesto cerebro de la trama de corrupción política y urbanística de Marbella. De la decena de coches que salen a la venta al menos cinco son de gama alta, entre ellos el Mercedes alas de gaviota, conocido así porque sus puertas abren en vertical. En el escrito de acusación del fiscal se valora el parque automovilístico de Roca en 300.000 euros.
Además, el administrador judicial tiene sobre la mesa una oferta para comprar el helicóptero, una venta autorizada en 2009 por el juez de instrucción tras ser tasado en 1 millón de euros. En este caso se entiende que el paso del tiempo corre en contra del valor del aparato. También urge dar salida a la cuadra de caballos dados sus elevados costes de mantenimiento, que incluyen la contratación de tres cuidadores y un veterinario. Al tiempo se mantienen negociaciones para la enajenación de dos viviendas en Sevilla.
Las empresas de Roca suman deudas tributarias por valor de 8,2 millones de euros. La mayoría de las sociedades son patrimoniales y, por tanto, carecen de fuentes de ingresos lo que no evita que generen gastos. Varias, además, tienen cargas hipotecarias. A estas circunstancias se suma que el primer administrador judicial no liquidó en plazo el impuesto de sociedades correspondiente a 2005 y que hay varios periodos en los que no se declaró el IVA. El actual administrador judicial, previo acuerdo de la sala, pretende negociar un calendario de pagos con Hacienda que avanzará a medida que se vendan los bienes intervenidos.
* Málaga Hoy - 24.07.10
Foto: Marbella, cortijo Roca - elconfidencial.com
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