El alcalde de Íscar declara por un presunto delito de prevaricación

NORTECASTILLA/Valladolid* : El alcalde de Íscar, Alejandro García (PP), ha prestado declaración ante el Juzgado de Instrucción nº6 de Valladolid en relación con las diligencias abiertas por un presunto delito de prevaricación urbanística, consecuencia de la construcción de una nave en ese municipio, cuya licencia de obras fue anulada en el 2009. Según confirmaron fuentes judiciales, la investigación se inició tras la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, en la que ordenó la demolición de una nave industrial que había contado con la autorización del Consistorio.

A la vista del expediente, los tres magistrados del TSJ ordenaron remitir las actuaciones a la Fiscalía de Valladolid para que analizase si existía infracción penal. Tras admitir la denuncia, la jueza de Instrucción número 6 ha llamado a declarar a funcionarios y cargos políticos que intervinieron en la tramitación de esta licencia de obras.
Los hechos se remontan a febrero del 2006, cuando la Junta de Gobierno Local, presidida por Alejandro García, concedió a la entidad Alfonso y Gaspar Cabrero SA licencia para realizar trabajos de desescombro, demolición parcial y reconstrucción de una nave industrial. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 dio la razón a dos vecinos de Íscar, que con silencio administrativo municipal se opusieron a esta obra, y ordenó demoler la construcción.
Posteriormente, tras recurrir el Ayuntamiento de Íscar al TSJ, en enero del 2009, el tribunal confirmó el fallo de instancia afirmando que «se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido en la Ley de Urbanismo». El arquitecto municipal firmó un informe manuscrito el 28 de febrero del 2006, mientras que el acuerdo municipal para autorizar las obras a la empresa era de un día antes, del 27.
El TSJ aseguró en su fallo, que ahora investiga la jueza, que «no era cierto que la Junta de Gobierno Local adoptase su acuerdo vistos los informes obrantes en el expediente porque no había en esa fecha ninguno y la urgencia no está justificada».
El juez de lo Contencioso determinó además que las obras ejecutadas eran contrarias al planeamiento urbanístico, y «no se podían legalizar porque la superficie de la nave supera la permitida en las Normas Urbanísticas, no se respetan alineaciones y las obras exceden de las que pueden considerarse de reparación».
El TSJ concretó luego que la nave industrial reconstruida tenía una superficie de 4.230 metros cuadrados, lo que supera al espacio demolido. Además, dice el fallo que esta nave invade 442 metros cuadrados de la calle Cádiz y 643 más de la calle Málaga. La jueza llamará a declarar a más personas.





* El Norte de Castilla - 22.05.10
Foto: Íscar (Valladolid) - temadictos.com