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En lenguaje llano, las tres administraciones se proponen dar vía libre a las licencias municipales -que la Xunta anterior había impugnado en los tribunales- para levantar 5.800 viviendas en un pueblo de 3.300 habitantes y que motivaron una denuncia de la fiscalía en el juzgado de Mondoñedo, en la que acusa al Gobierno local y a la arquitecta técnica del Ayuntamiento de prevaricación urbanística.
Como sus antecesores, la actual consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras admite en el documento que Barreiros no dispone de una red de saneamiento, agua y luz eléctrica suficiente para albergar las nuevas urbanizaciones.
Esa peculiar forma de entender el urbanismo llevó al Gobierno bipartito a acudir a los tribunales para poner coto a tanto desorden. El Ejecutivo de Feijóo propone ahora un acuerdo para invertir 14 millones de euros (de los que la Xunta aportará la mitad, y otro tanto los promotores) para acercar esos servicios básicos a los nuevos edificios que proliferaron sin concierto alguno a lo largo de la carretera Nacional 634.
El convenio entre las tres instituciones supone una enmienda a la totalidad del trabajo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, un organismo adscrito a la Consellería de Medio Ambiente y Territorio, que había redactado un contundente informe en el que denuncia la anarquía que ha reinado en las promociones inmobiliarias del ayuntamiento lucense.
* ELPAIS.com - 16.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
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