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El plan Tapairet Industrial fue aprobado en abril de 2007 por la Comisión Territorial de Urbanismo con la oposición del representante del CHJ, organismo al que la Conselleria negó los datos necesarios para elaborar el informe sobre la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda derivada de la nueva planificación urbanística.
El Consell se escudó en la Ley Urbanística Valenciana y como otras veces, sostuvo que, en ausencia del informe de la CHJ previsto en la Ley de Aguas, bastaba el de una «entidad colaboradora autorizada para el suministro». El Gobierno recurrió la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo. El TSJCV suspendió cautelarmente el plan en tanto resolvía sobre la legalidad del mismo. La Generalitat llevó el caso al Supremo, que ha decidido ahora confirmar la decisión del TSJCV y mantener la suspensión del PAI porque lo contrario podría causar «perjuicios» de «difícil reversibilidad».
El TS no entra a decidir si el informe de la Confederación es preceptivo, como sostiene el Gobierno, o no lo es, como mantiene la Generalitat, pero considera «indudable que la falta de ese informe de la Confederación constituye un indicio a favor de quien sostiene la ilegalidad del acuerdo» de la Comisión Territorial de Urbanismo.
Además de desestimar su recurso, el TS condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso: 3.000 euros.
* ABC - R.T.- 21.12.09
Foto: Benaguasil (Valencia) - wikimedia.org
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