
La CE considera que el IVVSA adjudicó contratos de obra sin publicidad y sin garantizar la igualdad de trato entre las empresas privadas.
La Comisión llegará hasta el TUE -última fase del habitual procedimiento de infracción- al no dar por buenas las alegaciones presentadas por el IVVSA a través del Gobierno español, único interlocutor válido ante la CE. Si el Ejecutivo comunitario ganase la batalla legal podrá solicitar que se multe a España si el instituto no corrige el problema. El entonces eurodiputado verde David Hammerstein fue el que denunció a la CE las supuestas irregularidades.
Ya en 2005, un dictamen jurídico cuestionó la legalidad de estas sociedades mixtas creadas a medias por el instituto y empresas privadas porque participaban en proyectos urbanísticos donde la Generalitat tiene al final la última palabra. El derecho comunitario y español permite este tipo de empresas siempre que se persiga un fin público, pero la selección de socios privados no puede realizarse primando a unas empresas sobre otras.
En la sede del IVVSA, la decisión de la CE no sorprendió. La Generalitat defendió a través de un comunicado esta fórmula. "Las críticas sistemáticas vertidas contra las empresas mixtas no han conseguido poner en duda su completa legalidad hasta este momento", recogía la nota.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La diputada de Iniciativa y síndica del Grupo Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, aseguró que la decisión de la Comisión Europea es "una prueba más de la nefasta política urbanística" que lleva a cabo el Consell.
Oltra insistió en que se trata de "una buena muestra del poco respeto que desde el Gobierno del PP se tiene a la igualdad de las empresas para concurrir a concursos públicos" y añadió que el IVVSA "ha creado empresas mixtas con accionistas privados para llevar a cabo actividades urbanísticas", algo que su formación ya había "denunciado que era una argucia con la que se privatizaba la planificación urbanítica para huir del control de la oposición".
"Lo más grave del asunto es que la CE ya había pedido a la Generalitat en septiembre de 2008 una modificación legislativa porque se estaba incumpliendo la normativa europea y desde el Gobierno del PP no se hizo el menor caso a esta advertencia", agregó la diputada.
* ELPAIS.com - C. V. / EFE - Valencia / Bruselas - 09/10/2009
Foto: Palau Generalitat Valencia - wikimedia.org
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