
La mancha de construcciones ilegales, por ahora, ha dejado de extenderse. ¿La razón? Puede ser por la crisis inmobiliaria, pero también puede ser –más bien es- porque la mayoría de los alcaldes le han visto las orejas al lobo y no quieren jugarse el pellejo ahora, vistas como están las cosas, tomando decisiones que pueden bordear la legalidad, cuando no incumplirla lisa y llanamente.
El “escarmiento” ante tal desaguisado urbanístico se resume, si es que no aparece nada nuevo, en un concejal/diputado provincial del PSOE imputado y dimitido o cesado (de Lubrín), un alcalde/diputado provincial del PP imputado por la Fiscalía (de Sorbas), en una Corporación entera (PA, PP y PSOE) imputada en la llamada “Operación Costurero” (Zurgena) y en un derribo de una vivienda en Vera (ayuntamiento del PA).
Conclusiones personales: a) Hace el ridículo quien se escude en una persecución política, de uno u otro signo, pues vemos cómo en el Juzgado se juntan todas las siglas, b) Un derribo por ilegalidad ante 11.000 ilegalidades suena a aviso a navegantes más que a inicio de un amplio plan de derribos, c) Unos poquísimos cargos públicos pueden pagar los platos rotos propios y también los ajenos, lo que no deja de ser una cruel injusticia, y d) Este tema no se resuelve en los juzgados sino en los despachos políticos.
Y estoy llegando a otra conclusión aún más notable: Tras leer la transcripción de las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía y buena parte del sumario presiento –es la presunción de un lego en Derecho, claro- que la “Operación Costurero” se va a disolver como un azucarillo por falta de consistencia para imputar penalmente a nadie. No se ve en este caso de Zurgena algo muy distinto de lo que se ha visto en los demás pueblos. También, aquí, la solución va a tener que ser más política que judicial.
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* Teleprensa - Opinión - 27.09.09
Foto: Albox (Almería), zona viviendas ilegales - teleprensa.net
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