
Rambla reconoció que la Generalitat «desconocía» el fraccionamiento de varias permutas por el Ayuntamiento de la Nucia y que por eso no pudo actuar. Según explicó el parlamentario del PSPV, la ley de Contratos obliga a pedir autorización cuando la permuta excede del 25% de los recursos ordinarios del consistorio. Signes recriminó que el Consell es informado de todos los acuerdos municipales y la ley de Régimen Local le obliga a recurrir todos aquellos que sean ilegales.
Pero Rambla insistió en que, en la medida en que la Administración autonómica no fue informada de estos hechos, «difícilmente» pudo actuar, y deslizó que, por el mismo motivo, tampoco lo hizo la Delegación del Gobierno, «que también tiene responsabilidad en el control de los ayuntamientos». «La Generalitat no ha tenido conocimiento de ninguna solicitud del Ayuntamiento de la Nucia sobre autorización de permuta de bienes», aseveró, para señalar que este fraccionamiento de permutas tampoco fue detectada por los órganos de control interno locales. Las permutas, dijo, se hicieron «por concurso público y los conciertos contaron con la aprobación de todos», incluidos los ediles del PSPV.
«Intereses privados beneficiados»
Según el relato de Signes, el Ayuntamiento de la Nucia «fraccionó» los expedientes de la permuta de terrenos urbanizables que formaban parte de los PAI de La Serreta y Pie de Monte. Las permutas se hicieron con Dragados por 16,7 millones a cambio de la construcción de la Casa de la Cultura, el edificio de Urbanismo y la plaza pública con auditorio. El mismo día en que se formalizó la permuta (8 de junio de 2005), Dragados vendió los terrenos a Gestrumar 2001 por la misma cantidad. Menos de un año más tarde, esta empresa revendió casi todas estas parcelas a diferentes sociedades obteniendo una plusvalía de 17,2 millones, afirmó.
La única de las 9 parcelas que no revendió, la de Pie de Monte, es la que Correa intentó comprar a los promotores del PAI de esta finca (la sociedad Montemar La Nucia), agregó Signes, para resaltar que dos de los consejeros de esta firma son a la vez accionistas de Gestrumar y de la empresa que impulsa el PAI de la Serreta (Cases del Pinar). Estos acuerdos «beneficiaron unos determinados intereses privados, renunciando el ayuntamiento a unos ingresos que se duplicaron en menos de un año».
* Levante-EMV - J. G. G./Efe, Valencia - 21.05.09
Foto: La Nucia - tagarinet
Hay que dejar hueco en la carcel, para todos esos mangantes. Que investiguen, donde veranean y quienes por casualidad son sus vecinos.
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