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El decreto justificaba la medida, entre otras, en la "contravención sistemática de la legalidad" en la concesión de licencias urbanísticas, o en la imputación de "cargos municipales", premisas que, según denunció Urruticoechea, se repiten en Castro Urdiales, donde están imputados por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos, entre otros, el alcalde tránsfuga Fernando Muguruza (PRC), el actual concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera (expulsado del PSOE), cuatro ediles de la corporación actual y seis de la anterior (PP e IU) y varios funcionarios. Muguruza declaró que no le "extrañaría" que se disolviera el ayuntamiento ante la "inexistencia de democracia", informa Efe.
El Tribunal de Cuentas enviará su informe al Congreso y el ex interventor confía en que también al fiscal general del Estado. El tribunal se queja del descontrol que le ha hecho imposible averiguar las licencias concedidas, detecta facturas sin contabilizar y constata el "perjuicio económico" causado por la corporación al municipio al no requerir a los promotores compensaciones establecidas por ley.
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Madrid - 23/04/2009
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), masificación - S.Cirilo, elpais.com
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