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El Urbanismo es un cotizado manjar en cualquier municipio o autonomía del país. Así se sigue demostrando una y otra vez, aunque la tardanza e inoperancia judicial sea un pesado lastre sobre numerosos delitos contra el Territorio. En Teulada (Alicante) se ha tardado 10 años (diez), pero el juicio contra dos exconcejales y varios técnicos por fin se está celebrando. En 2004, en plena burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento 'popular' de Teulada- Moraira, cuyo alcalde en la época era el actual vicepresidente del Consell, José Ciscar, dio luz verde a la construcción de supermercado en la carretera Moraira-Calp. Ahora los tribunales han anulado la licencia de obras, la ambiental y la de actividad por ser contrarias a la normativa urbanística y medioambiental.
"ELPAÍS* : “¿Ha recibido presiones externas para conceder la licencia de obras? ¿Ha recibido alguna orden política para emitir un informe favorable?” Estas y otras preguntas dirigió el juez a los técnicos y exconcejales del Ayuntamiento de Teulada que declararon por un delito de prevaricación al permitir la construcción y apertura de un supermercado construido en suelo no urbanizable y de especial protección, al discurrir por el mismo una rambla.
En 2004, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento de Teulada- Moraira, cuyo alcalde en la época era el actual vicepresidente del Consell, José Ciscar, dio luz verde a la construcción de supermercado en la carretera Moraira-Calp. Diez años después, los tribunales han anulado la licencia de obras, la ambiental y la de actividad por ser contrarias a la normativa urbanística y medioambiental. Los presuntos responsables de aprobar la construcción de este supermercado, dos antiguos técnicos municipales y dos exconcejales, han sido acusados de dos delitos de prevaricación, uno de carácter general y otro específico. Una quinta persona, que todavía presta sus servicios en el Ayuntamiento de Teulada, presentó un recurso contra el auto de admisión de la querella en el último minuto y no declarará hasta que el juez no se pronuncie sobre el mismo. Los acusados dieron el visto bueno a las licencias, pese a los repetidos informes en contra del arquitecto municipal. Los cuatro imputados negaron al juez y al fiscal haber recibido presiones externas o internas por parte de responsables políticos. Todos ellos se negaron a responder a las preguntas formuladas por las acusaciones particulares, acogiéndose a su derecho de no declarar.
La investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el supermercado Pepe la Sal, que compite en esta localidad de la Marina Alta con la cadena Más y Más, propietaria del establecimiento denunciado. El denunciante entendía que la apertura se realizó sin contar con todos los requisitos legales. Sus reclamaciones han prosperado en todos los tribunales que han entendido del caso.
Las cinco personas acusadas son: Juan José S.P, concejal responsable de urbanismo en aquella época, que concedió la licencia, pese a los informes contrarios del arquitecto municipal Julio Setla; el edil José Luis A. que concedió la licencia de actividad para la apertura del centro; el arquitecto Julio T. P. y el técnico Alberto T. C., que dieron el visto bueno a la aprobación del Plan de Reforma Integral (PRI) que, posteriormente, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano; y, por último, José Antonio I. B, que actuaba como secretario accidental del Ayuntamiento y que avaló con un informe jurídico la concesión de las licencias.
Pese al proceso que se sigue contra los responsables de la concesión de las licencias de apertura al centro y a las sentencias favorables al empresario de Pepe la Sal, la magistrada del Contencioso-administrativo número 4 de Alicante, atendiendo a las alegaciones presentadas por Más y Más, ha ordenado la suspensión del cierre del centro por los perjuicios que ocasionaría el cese de la actividad a los trabajadores. La magistrada ha reclamado a la empresa demandada un aval de 451.600 euros “tras calcular la facturación media anual y aplicando un porcentaje del 20%”.
El Ayuntamiento de Teulada, en cumplimiento de una sentencia, había decretado el cierre del supermercado para el 23 de junio. Sentencia que se ha paralizado por la decisión de la juez.
* El País - REGINA LAGUNA - 20.6.14
Foto: Teulada-Moraira (Alacant) - livingspain
Exconcejales de Teulada declaran por un presunto delito de prevaricación
Mondariz recalificará los jardines del Gran Hotel para construir un museo y viviendas
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Los pelotazos urbanísticos se siguen sucediendo sin parar, afectando gravemente a enclaves o lugares protegidos que están en la memoria de todos. Uno de estos ejemplos en Galicia es el balneario-hotel de Mondariz (Pontevedra), con un espacio boscoso de gran valor ambiental e histórico. A pesar de la oposición de una Plataforma vecinal que se opone a los nuevos planes urbanísticos, el Ayuntamiento 'popular' pretende recalificar los terrenos anexos para un museo y, sobre todo, la urbanización de la gran zona verde para nuevas viviendas especulativas. La Xunta decidirá al final, pero hay que temer que, vistos los antecedentes, la suerte esté ya echada de antemano.
"FARODEVIGO* : En manos de la Xunta está aceptar o no la modificación de los usos urbanísticos prevista para parte de los jardines del Gran Hotel del Balneario de Mondariz. Los cambios a realizar se han fijado en un convenio urbanístico, aprobado en pleno con los votos en contra del BNG, y firmado entre el Concello y la Sociedade para o Desarrollo Sostenible de Mondariz S.L. (Sodesmón SL).
El convenio afecta a una parcela de 4.100 m2 de zona verde que sería recalificada como edificable con uso residencial; también a otra parcela de 400 m2 que pasaría de ser zona verde a edificable para servicios municipales y, finalmente, una tercera parcela de 1.445 m2 destinada a equipamiento deportivo que pasaría a cultural, con la pretensión de cnstruir en ella un Museo del Agua.
Ese museo es una iniciativa impulsada por la Axencia Galega de Turismo y el Concello de Mondariz Balneario. La obra rondaría los 1,5 millones de euros y como todavía está pendiente de la autorización del departamento de Urbanismo de la Xunta, el alcalde de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo, se muestra cauto y prefiere no adelantar detalles. "Yo soy de trabajar y trabajar y no de dar publicidad a las cosas porque si luego no salen son un fracaso. Es una inversión importante y esperemos que salga adelante por el bien de Mondariz" apunta el regidor.
Plataforma ciudadana
En contra de este recalificación impulsan en el municipio una plataforma ciudadana, denominada SOS Xardíns do Balneario de Mondariz, que considera que los jardines del Gran Hotel son una unidad y que hay que conservarlos íntegramente. Precisamente para ganar adeptos e instar a la Xunta a parar el proyecto, han convocado una reunión hoy, a las 18.00 horas, en la sala de cultura del ayuntamiento de Mondariz Balneario, en la que se explicarán los detalles del convenio urbanístico. Según advierten, el convenio aprobado establece que en caso de que, por cualquier causa, el museo del agua no llegase a construirse, las recalificaciones urbanísticas permanecerían.
Por su parte, el regidor considera que la zona afectada por el convenio "no pertenece a los jardines del Gran Hotel, sino al bosque, que no es lo mismo". Mientras que el BNG de la localidad entiende que los jardines se componen de dos zonas: jardín francés y jardín inglés, y este último incluye el área boscosa.
Respecto a la parcela en la que se construirían viviendas, Lorenzo recuerda que la norma urbanística existente contempla en ella la construcción de un hotel que ahora se elimina. El regidor defiende que con este convenio la mayoría de esos terrenos privados pasarán a ser de propiedad municipal, y se podrán mejorar y cuidar.
* Faro de Vigo - Verónica Palleiro - 14.6.14
Foto: Mondariz (Pontevedra), balneario - ociovia
Madrid.- Montan un plataforma ciudadana contra el Plan de Urbanismo de Botella
Que el urbanismo de la ciudad de Madrid lleva largos años de capa caída es un hecho incuestionable, que ha coincidido con alcaldes 'populares' de bajo nivel es cierto también, y que se avecina un nuevo Plan General urbanístico continuista y depredador también es sabido. Bajo el auspicio de la inefable alcaldesa A.Botella se pretende lograr este nuevo Plan y ya ha habido numerosas voces dicrepantes, desde técnicas hasta vecinales. Así se ha presentado la Plataforma ‘No a este Plan Urbanístico’ nacida para impedir un Plan que “abre la puerta al expolio de suelos y edificios públicos” para ponerlo en manos de intereses privados, es decir: de amiguetes de negocios.
"ELBOLETÍN* : Asociaciones vecinales, colectivos ecologistas, organizaciones de defensa el patrimonio, urbanistas, sindicatos y partidos políticos han creado una plataforma ciudadana denominada ‘No a este Plan Urbanístico’, que se presentará esta tarde en Madrid y cuyo objetivo es impedir que se apruebe el nuevo aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid capital en el que está trabajado el equipo de Gobierno de Ana Botella y dar a conocer a la ciudadanía lo que se pretende hacer con el municipio madrileño”.
La plataforma, que se presentará a las 19,30 horas, en el Ateneo de Madrid (Prado, 21), se movilizará para dar a conocer a los madrileños que “el Ayuntamiento de Madrid está tramitando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que desmantela la ciudad, abre la puerta al expolio de los suelos y edificios públicos para ponerlos al servicio de intereses privados y aboga por un modelo continuista de ocupación del territorio reclasificando el límite de lo posible”.
La plataforma nace por el rechazo de muchos colectivos, principalmente las asociaciones de vecinos, de que se haga un nuevo plan de urbanismo, ‘a marchas forzadas’ y pocos meses antes de las elecciones municipales y después de conocerse que numerosos edificios públicos emblemáticos de Madrid pasarán a tener un uso lucrativo privado) en virtud del nuevo plan urbanístico, tal y como adelantaba hace unos días elpais.com
Integran la Plataforma “No a este Plan Urbanístico”: Auditoría municipal y participación ciudadana Chamartín, AVV Carabanchel Alto, AVV Nudo Sur (Arganzuela), AVV Nuevo Legazpi, AAVV San Nicolás Dehesa de la Villa, AAVV Solidaridad Cuatro Caminos Tetuán, 15M Chamberí, Chamberí se Mueve/Parque Sí en Chamberí, CCOO de Madrid, Ecologistas en Acción de Madrid, Entorno Meaques Retamares/Plataforma Salvemos Campamento, Equo, FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), GRAMA (Grupo de Acción por el Medio Ambiente), Grupo Municipal Izquierda Unida, Grupo Municipal PSMPSOE, MCyP (Madrid, Ciudadanía y Patrimonio), Plataforma Salvemos la Casa de Campo y UGT-Madrid.
La presentación de la plataforma coincidirá con la celebración del debate titulado "Por el Derecho a la Ciudad", en el que intervendrán: Raúl Cordero (CCOO de Madrid), Carmen Ochoa Bravo (Chamberí se Mueve), Vicente Pérez Quintana (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Rafael Córdoba Hernández (Ecologistas en Acción), Cristina Fernández Ramírez (arquitecta, investigadora UPM) y Amparo Berlinches (Madrid, Ciudadanía y Patrimonio).
* El Boletín - EB - 11.6.14
Foto: alcaldesa Botella junto a Gallardón - elpais
La Generalitat valenciana privatizó el control ambiental de obras de manera ilegal
El asunto de las privatizaciones también afecta a la especulación urbanística más descarada. Se ha visto en casos de contratación de asesorías privadas para firmar proyectos 'ad hoc', y de obras y servicios variados entre los que se encuentra el control medioambiental. La perversión del gobierno autonómico valenciano consistió no en privatizar, propiamente dicho, sino en traspasar esta condición legal de control ambiental de los funcionarios a otro órgano público bajo su estricto control político. La justicia ha actuado, al fin, y ha anulado todos los desarrollos urbanísticos concedidos bajo esta ilegalidad flagrante. Hay que tener en cuenta que bajo esta condición se encuentran todas las declaraciones ambientales aprobadas desde 2003 por la empresa de la Generalitat: Vaersa; de ahí la enorme importancia de esta sentencia.
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha propinado un duro varapalo al control público sobre los efectos en el medio ambiente o en el entorno de los proyectos de obra civil o construcciones de casas vía desarrollo urbanístico: todas las declaraciones de impacto ambiental realizadas por Vaersa, una empresa de la Generalitat, no son adecuadas.
Esta competencia corresponde a funcionarios, tal como recuerda el sindicato CGT, que presentó la denuncia junto con Intersindical, porque son los únicos que proporcionan un “mecanismo de garantía de objetividad, imparcialidad, independencia y sometimiento al principio de legalidad en la gestión de lo público”.
La Generalitat, sin embargo, cedió a un “órgano manifiestamente incompetente”, Vaersa, la totalidad de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo correspondiente”, en este caso, las declaraciones de impacto ambiental.
“Existe una sistemática y absoluta similitud de contenidos, fechas y formatos, solo desvirtuada ocasionalmente, así como una redacción unitaria de tales documentos por parte de quienes, teniendo solo el cometido de emitir determinados informes técnicos, habrían asumido sin embargo la totalidad de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo correspondiente”, establece el tribunal.
Proyectos potencialmente ilegales
Las consecuencias prácticas de la decisión de los jueces están por ver, pero podrían ser notables. Gran parte de los proyectos avalados por Vaersa desde 2003, en plena burbuja inmobiliaria, nacen viciados y podrían ser considerados ilegales.
CGT, de hecho, ya se plantea actuar en esa línea y solicitar la revisión y eventual anulación de todas las declaraciones de impacto ambiental “en las que se ha instruido y resuelto el procedimiento administrativo de evaluación de impacto por personal de Vaersa, por concurrir una causa de nulidad de pleno derecho”.
* El Diario - Voro Maroto - 15.6.14
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
La red de transportes por tierra, mar y aire ya es propiedad extranjera
La privatización de toda la red de transportes e infraestructuras es algo que viene ocurriendo desde hace una década gracias a la complicidad 'popular' y el pasotismo socialista. Hoy en día, y a falta de pequeños detalles como en Renfe, toda la red ha sido transferida de manos públicas a privadas (la mayoría extranjeras), con el consiguiente beneficio para empresarios amiguetes, y con comisiones bajo cuerda para los que lo han permitido. Esto es fácil de comprobar viendo solo la lista de antiguos altos cargos políticos y su situación actual de consejeros de grandes empresas. Es igual si hablamos de transporte por tierra, por mar o por aire, en todos los casos siempre aparecen propietarios privados ajenos al país, a menudo con intermediación de fondos buitre opacos y supuestamente ilegales.
"ELDIARIO* : Las empresas de transporte han sido puestas a la venta una a una desde hace una década. La integración de Alsa en la británica National Express en 2005 parecía marcar una senda por la que los grupos empresariales nacionales del sector daban un salto hacia la internacionalización de su actividad. Pero de inmediato en 2007 la venta pura y dura del mayor operador privado español de carga ferroviaria, Transfesa, al gigante alemán de la logística DB fue el anuncio de lo que se echaba encima. La confirmación llegó en 2011 con la integración en IAG de Iberia, la compañía estrella del sector de la aviación.
Con posterioridad, la crisis ha acelerado la sangría. Ningún modo de transporte se libra; aerolíneas, navieras, empresas de autobuses, compañías ferroviarias de carga. En algunos casos el movimiento inicial de compra ha estado protagonizado por grupos españoles. Pero en una segunda vuelta de tuerca, el inversor foráneo se ha comido a ambos, comprado y comprador español.
Principales operaciones
Un repaso de las principales operaciones de venta que se han producido, especialmente tras el estallido de la crisis, muestran que la España del transporte se mueve al ritmo que le imponen desde fuera.
En el negocio de las compañías de autobuses por carretera, National Express se ha hecho con dos de las principales referencias. Tras la adquisición de Alsa en 2005, el grupo de transportes de pasajeros británico compró en 2007 a la constructora ACS su filial en ese sector, Continental Auto.
Más tarde, la mexicana ADO adquirió en septiembre de 2013 los 1.881 autobuses del grupo Avanza. No ha trascendido el precio de la operación pero los nuevos dueños han asegurado que mantendrán la estructura y la dirección actual. Avanza había sido adquirida en 2006 por el fondo de capital riesgo británico Doughty Hanson, quien acababa de finalizar con éxito el proceso de refinanciación de una deuda que superaba los 400 millones.
En el sector de las navieras, Iberocruceros ha anunciado que desaparecerá cuando finalice la actual temporada. Tras fusionarse con Costa Cruceros en diciembre de 2012, la firma ha tomado la determinación de utilizar una sola marca. Pese a que la operación se presentó en su día como una “unión entre iguales”, en pocos meses la enseña española ha menguado en favor de la naviera italiana, hasta desaparecer.
Aguanta en el mercado Trasmediterránea, la naviera de mayor tradición, integrada en el grupo nacional Acciona desde su privatización en 2002. Sin embargo, su evolución es menguante y se ha dejado por el camino el 26% de sus pasajeros. La marca levantina Balearia mantiene el ritmo e incluso se apresta a comprar el 50% de la ceutí Stamp.
Aerolíneas
El panorama de las compañías aéreas es en el que se ha producido una reconversión más dramática. La lista de empresas quebradas con la crisis no tiene fin: Air Madrid, Air Comet, Futura, Quantum, Andalusair, Air Almería, South Atlantic, Regional Wings, Vising Operaciones, Air Asturias, Lagunair, Air Catalunya, Prima Air, LTE, Bravo Arlines, Gadair, Hola Airlines, Air Class Airways Spanair o Girjet.
Vueling, la compañía nacida en Cataluña en 2004, ha terminado por entrar en el mismo paquete de Iberia en su integración en IAG. Pero ahora la primera ‘low cost’ nacional se ha convertido en la auténtica joya de la corona del holding de mayoría británica, por encima de sus dos hermanas mayores, British Airways y la propia Iberia.
El colofón en la huida del conglomerado aéreo nacional hacia manos extranjeras se produjo en junio de 2013 cuando Bankia, hasta entonces primer accionista de IAG, se deshizo por 167 millones del 12,09% que tenía en el capital del grupo.
En los últimos nueve meses el fondo de inversiones Nazca, esta vez español, se ha hecho con el 100% de Gestair, la empresa líder de la aviación ejecutiva. El grupo de capital riesgo Springwater, junto a su socio el touroperador Gowaii, ha adquirido a Pullmantur la aerolínea Pullmantur Air, la agencia de viajes Nautalia, su touroperador y su negocio de circuitos turísticos Land & City Tours.
Florentino Pérez se ha deshecho de la empresa de carga aérea Cygnus Air para dejarla en manos del empresario estadounidense Arnold Leonora, quien en su día participó en los estertores de la liquidada Air Comet. Solo resiste Juan José Hidalgo y su grupo de empresas agrupadas en torno a las marcas Globalia y Air Europa.
Helicópteros y tren
El mayor grupo español de helicópteros, Inaer, con una flota de 80 aeronaves y titular de los principales contratos licitados por el Estado en servicios de emergencias, acaba de rodar a manos la británica Babcock International, Hace dos años ya fue adquirida por Avincis, un grupo propiedad de los fondos KKR e Investindustria.
La liberalización del ferrocarril de viajeros que el Gobierno prevé iniciar en breve dará entrada a nuevos operadores que competirán con Renfe. El proceso, en apariencia, provoca un posicionamiento de grupos empresariales nacionales y extranjeros. Se han barajado múltiples nombres: Alsa, Hemisferio, Avanza, Ferrovial, Acciona, Comsa, OHL, ACS y Globalia. Lo cierto es que las principales empresa que hoy ya han puesto un pie en el territorio que era monopolio de Renfe son las grandes administradores ferroviarios europeos: la SCNF francesa, a través de un pacto con la operadora española en los tráficos del AVE Madrid-Barcelona-París, y la alemana DB con la adquisición de Transfesa, en la actividad de carga por tren.
Infraestructuras también
El grueso del sistema logístico español se encuentra ya en manos extranjeras en muchos casos bajo la propiedad voluble e infiel de grupos de capital riesgo. El fenómeno se cierne también sobre las infraestructuras que dan soporte al transporte: aeropuertos, algunos puertos y no es descartable que el capital foráneo caiga en picado sobre algunas carreteras de gran capacidad.
El enésimo intento de la privatización de Aena parece que de nuevo se pospone otra legislatura. Sin embargo, las intenciones estaban claras: en la privatización del 60% de capital de la empresa propietaria de la red de los 49 aeródromos públicos españoles, la mitad se vendería en una OPV y la otra mitad en una colocación institucional entre fondos “sin voluntad de control de la gestión”, esto es, únicamente con intereses financieros.
En la reconversión de los llamados aeropuertos privados sin aviones, el de Castellón llegó a estar adjudicado a la empresa canadiense SNC-Lavalin, un grupo castigado por el Banco Mundial a no operar durante diez años por haber sobornado a funcionarios en Bangladesh.
Oligarcas rusos vinculados con la petrolera Lukoil perecen estar detrás de la compra de Marina Port Vell, el puerto deportivo en el centro de Barcelona que el Ayuntamiento quiere convertir en un amarre de superyates para multimillonarios internacionales.
Finalmente, fondos de inversión de EEUU y Australia muestran interés por hacerse con las autopistas españolas quebradas y mueven ficha ante la indefinición de la operación de rescate de las diez radiales en quiebra apadrinada por el Ministerio de Fomento, a través de la creación de otro ‘banco malo’.
* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 11.6.14
Foto: El tren comienza ya su proceso de liberalización que enfrenterá a Renfe con un competidor.- diagonal
Un hermano del ministro Soria presiona a alcaldes del PP para que amañen un concurso
Otra vez salen a la 'palestra' del urbanismo ilegal los hermanísimos, en este caso el del ministro canarión de Industria JM.Soria, que tenía montada toda una trama mafiosa para presionar a alcaldes en relación a la contratación de obras y suministros. En Canarias esto no es nada nuevo y desde este blog ya hemos destapado numerosos casos de corrupción urbanística por diversos clanes isleños, normalmente compinchados con altos cargos políticos, para repartirse el pastel de suculentos beneficios en la urbanización del territorio y su posterior edificación. Lógicamente, este delito tipificado es más fácil de ejecutar si los beneficiarios pertenecen a un partido como el PP (o CC) con gran influencia en las islas y con bastantes alcaldes entre sus filas. Así las pistas ilegales se difuminan más eficazmente y la propia sociedad apenas se entera de lo que está ocurriendo ante sus ojos.
"ELDIARIO* : Un hermano del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dedicado los últimos meses a presionar a alcaldes del Partido Popular en Canarias para que amañen un concurso público en favor de una empresa que asesora. Luis Soria López, que fuera consejero de Industria durante uno de los gobiernos que el PP compartió con Coalición Canaria (2003-2005) ha visitado al menos a tres alcaldes populares y ha intercedido ante un cuarto para que recibiera al administrador de Effico, una filial de VVO, en concurso de acreedores, interesada en participar en la concesión administrativa para la gestión del alumbrado público en los municipios gobernados por el PP.
Iguales gestiones ha hecho ante el Cabildo de Gran Canaria, el único de los siete del archipiélago gobernado por el Partido Popular. En esa institución, Luis Soria y su patrocinado se han reunido con el consejero del PP Carlos Sánchez.
Las presiones de Luis Soria se han venido sucediendo desde que algunos ayuntamientos canarios decidieron adoptar la modalidad de gestión externalizada de su alumbrado público mediante una fórmula que de momento ya han aplicado con éxito municipios como Tacoronte (Tenerife) y Arucas (Gran Canaria), entre otros. Una modalidad que consiste en adjudicar mediante concurso público la reposición de todos los elementos para abaratar costes a las arcas públicas y conseguir un ahorro energético, una menor huella ambiental, un mantenimiento adecuado y, principalmente, un menor gasto para cada corporación local.
Luis Soria asesora a la empresa VVO Construcciones y Proyectos, en concurso voluntario de acreedores desde noviembre de 2013, aquejada del mismo mal que ha afectado a muchas mercantiles desde que estalló la crisis del ladrillo en España. Ante la imposibilidad legal de concurrir a convocatorias públicas de este tipo, VVO creó una empresa filial, Effico, con cuyo administrador, Enrique Sánchez, el hermano del ministro se presenta a las reuniones con los alcaldes canarios del PP.
De momento está confirmada la mediación de Luis Soria ante los ayuntamientos de Los Realejos (Tenerife), Moya y Valleseco, en Gran Canaria, y Tías, en Lanzarote, además del Cabildo de Gran Canaria, presidido por José Miguel Bravo de Laguna (PP), que estudia en estos momentos externalizar la gestión del alumbrado en las carreteras que son de su competencia.
El modus operandi del hermano menor de Soria suele ser el mismo: él personalmente llama desde su teléfono móvil al alcalde en cuestión solicitándole que fije en su agenda una reunión con un representante de VVO y él mismo para hablarle de un asunto de interés.
En todos los casos menos en uno, Luis Soria se ha presentado acompañando al empresario Enrique Sánchez, administrador de VVO y de su filial Effico, y desde el primer momento ha planteado que el objetivo de la reunión es el concurso para la gestión del alumbrado público.
Todas las fuentes consultadas han reconocido que tanto Luis Soria como Enrique Sánchez han sugerido la conveniencia de “colaborar” en la elaboración del pliego de condiciones de ese concurso, al que acto seguido confiesan pretender presentarse a través de la empresa Effico.
Sólo en uno de los casos, Luis Soria no acompañó al empresario Enrique Sánchez, pero fue él quien hizo las gestiones para que se celebrara la reunión. Fue concretamente con el alcalde de Tías (Lanzarote), Francisco Hernández. Al comprobar que el regidor no le contestaba las llamadas telefónicas, Luis Soria recurrió a la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, que tuvo que telefonear a Francisco Hernández haciéndole saber que las llamadas que no respondía eran del hermano del ministro.
La reunión se celebró finalmente el pasado 14 de abril y a ella acudieron, además de Enrique Sánchez y el alcalde de Tías, el concejal responsable del área de alumbrado, Quico Aparicio. Ninguna de las fuentes consultadas ha confirmado que el alcalde accediera a las peticiones que le formuló el empresario. Una persona conocedora del contenido de esa reunión, que ha pedido el anonimato “por cuestiones obvias”, resumió en una sola frase cuál fue la reacción del alcalde popular de Tías: “Así sí que es difícil perder un concurso”.
El Ayuntamiento de Tías, uno de los de mayor incidencia turística de Lanzarote, prepara un concurso para ceder la gestión de su alumbrado público por importe de 1,8 millones de euros. Las bases las elaboran funcionarios del consistorio con el apoyo de una consultora externa especializada. Entre las exigencias mínimas figura la experiencia de los licitadores y su solvencia económica, condiciones que no podría cubrir la filial de VVO.
Pero no sólo ha sido en Tías. Luis Soria y su acompañante han utilizado recurrentemente el mismo método para presionar a otros alcaldes del PP. Tras gestionar la reunión, Luis Soria y Enrique Sánchez se sientan ante el alcalde elegido y le explican las bondades de la empresa, le muestran una revista especializada y terminan proponiéndole que les permitan redactar el pliego de condiciones técnicas del concurso. Acto seguido reconocen que también están interesados en concursar.
Una gestión marcada por el escándalo
Luis Soria López, uno de los cinco hermanos que tiene José Manuel Soria (el resto son mujeres) es el único de todos ellos que ha hecho escarceos con la política. En concreto, su hermano lo hizo consejero de Industria, Comercio y Consumo en la legislatura 2003-2007, en uno de los tradicionales pactos del PP con Coalición Canaria. Presidía entonces la Comunidad Autónoma el fallecido Adán Martín, que rompió el pacto con los populares en mayo de 2005, lo que significó la salida de todos los consejeros conservadores del Ejecutivo.
Durante ese corto mandato, la consejería que dirigió Luis Soria estuvo envuelta en varios escándalos, entre ellos en el primer caso de corrupción de envergadura que estalló en Canarias, el conocido como caso Eolo. Un concurso para la asignación de potencia eólica que acabó en los tribunales y con siete personas detenidas en la primera redada, entre ellos el director general de Industria, Celso Perdomo, en directa relación con su consejero.
Desde Industria se filtraron a determinados empresarios las bases del concurso antes de que se publicaran, lo que se complicó con intentos de soborno a un funcionario relacionado con la mesa de contratación y con el intento frustrado de José Manuel Soria, por entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria (2006), de beneficiar a un empresario que le había proporcionado el uso y disfrute de un chalet en una urbanización de lujo de Santa Brígida (Gran Canaria) durante al menos 21 meses en la modalidad de gratis total.
La investigación policial, en manos del por entonces comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial, Ignacio Badenas, impidió que nada salpicara al hermano de Soria, que extrañamente no apareció nunca en ninguna conversación telefónica de las miles interceptadas por la Policía durante la investigación. El comisario Badenas, al que el PP no pudo hacer jefe superior de Canarias tras llegar al poder en 2011, vive en estos momentos un destino dorado en la embajada de Cuba con un salario que supera los 9.000 euros al mes.
Luis Soria, además, fue copartícipe de la operación Tebeto, una montaña de Fuerteventura con posibles yacimientos de traquita (piedra ornamental de gran valor) mediante la que se pretendió indemnizar con 102 millones al titular de la explotación minera una vez esta fue intervenida por la Comunidad Autónoma. El Supremo dio la razón al Gobierno canario en una disputa en la que los hermanos Soria se pusieron claramente a favor del reclamante después de que el presidente del Gobierno, ya Paulino Rivero, en 2009, retirara a su consejero de Hacienda, el hoy ministro, todas las competencias sobre la cuestión.
Una vez destituido como consejero de Industria y sin haber cumplido los dos años que la ley le obligaba a abstenerse en cuestiones de su competencia, Luis Soria apareció en las conversaciones policiales (ya en manos de otra brigada, la de Información) en el caso Góndola, en el que se investigaba un caso de corrupción en el municipio grancanario de Mogán, también en manos del PP. El hermano del ministro apareció como intermediario entre una cadena de distribución alimentaria, Hiperdino, y el empresario Santiago Santana Cazorla, detenido en la causa, para que diera ventaja a su cliente en la instalación de un supermercado en la urbanización Anfi Tauro, también envuelta en otro caso de corrupción de José Manuel Soria al ser uno de sus propietarios, el desaparecido noruego Björn Lyng, el que lo agasajó con un viaje en su jet privado a la pesca del salmón en Noruega, el conocido caso salmón.
Luis Soria no consiguió su propósito en Anfi Tauro, pero el promotor le recompensó con 100.000 euros.
* El Diario - Canarias Ahora - Carlos Sosa - 15.6.14
Foto: Ministro Industria JM.Soria - fuerteventuralimpia
Córdoba.- La plataforma pro Mezquita pública urge una inspección de la Unesco por la 'lesiva gestión' de la Iglesia
En Córdoba la intransigencia de la Iglesia con el asunto de la posesión y cambios en su famosa Mezquita, monumento patrimonio de la humanidad, ha hecho que surja una Plataforma vecinal contra estas polémicas decisiones eclesiales. Esta plataforma pide que la propia Unesco compruebe in situ los 'abusos en la gestión confesional del edificio' que han borrado su huella islámica. También solicita que la Junta de Andalucía 'ejerza su obligación de protección de un monumento cuya naturaleza e identidad están en serio peligro por una gestión excluyente y desleal con su historia'. Parece razonable y deseable lo que se está pidiendo, pero "amigo Sancho: con la Iglesia hemos topado".
"ELDIARIO* : Una visita in situ a la Mezquita-Catedral de Córdoba para comprobar sobre el terreno la gestión que sobre ella lleva a cabo la Iglesia y que, como muestra, sólo llama Catedral al monumento que la organización de Naciones Unidas denomina como Mezquita –The Great Mosque- desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 1984.
Esa es la petición que ha realizado la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos –que reivindica que el monumento sea detitularidad pública y se frene la gestión del Obispado de Córdoba que en los últimos años ha borrado la evidente huella islámica del edificio de toda mención que hace de él.
Así, ante lo que califican como un "grave hecho, que amenaza la imagen de un símbolo único en el mundo", la plataforma cree que "urge una inspección de la Unesco sobre el monumento que verifique sobre el terreno la lesiva gestión del Cabildo".
En ese sentido, desde la plataforma por una Mezquita-Catedral pública recuerdan que hace unas semanas entregaron en el Parlamento de Andalucía un documento en el que solicitaban a los tres grupos políticos representados –PSOE, IU Y PP- que sobre este asunto "pidan una inmediata actuación del Icomos", organismo dependiente de la Unesco dedicado a la conservación de los bienes declarados Patrimonio Mundial.
Pretenden, con ello, que la Unesco compruebe sobre el terreno la gestión que el Obispado realiza sobre un monumento al que solo denomina como catedral mientras es internacionalmente reconocido como Mezquita y como tal va a ser declarado lugar de Excepcional Valor Universal por el organismo de Nacional Unidas que celebra una reunión en Doha (Qatar) entre el 15 y el 25 de junio.
Informe del Gobierno a la Unesco que desoye al Obispado
La previsible declaración como lugar de Excepcional Valor Universal se realizará tras un informe emitido por el Ministerio de Cultura español para actualizar a las nuevas normas de la Unesco la concesión de Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-Catedral y otros 15 lugares culturales del país.
Sobre dicho informe del Gobierno español, donde el emblemático monumento cordobés se denomina siempre Mezquita –The Great Mosque- y en ningún caso catedral como la llama la Iglesia, la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos cree que "deja en evidencia la estrategia del Obispado".
En su opinión, el informe que el Gobierno central ha enviado a la Unesco para elevar la protección de la Mezquita-Catedral "subraya los valores andalusíes e islámicos del monumento universal y desoye la campaña puesta en marcha por el Obispado de Córdoba para destruir su identidad y borrar su nombre".
"El Ministerio de Cultura obvia sistemáticamente el término Catedral en todo el texto y destaca la singularidad de un edificio que es conocido en todo el mundo por ser la principal joya del arte hispano musulmán en Europa", advierten. "Espléndido ejemplo de arquitectura califal", "monumento islámico de Occidente", "híbrido de estilos artísticos", "edificio único por su mezcla de culturas" son algunos de los epítetos que utiliza el informe avalado por el Ministerio de Cultura para hacer valer ante la Unesco la singularidad de la Mezquita-Catedral como argumento para que se actualice su grado de protección como Excepcional Valor Universal.
Por eso, desde la plataforma creen que dicho informe "contradice claramente la actual gestión del Obispado de Córdoba e ignora los abusos en su gestión" que, desde hace unos quince años, pretende "liquidar la cultura andalusí y amputar la esencia omeya de todos los folletos, cartelería, vídeos, espectáculo nocturno y guías turísticos" que enseñan el monumento "hasta el punto de que la palabra Mezquita, su seña de identidad universal, ha sido absolutamente eliminada".
Una gestión que la plataforma denuncia pero que nada tiene que ver con el "derecho de uso litúrgico" que sí le reconoce a la Iglesia y que defiende, no como derecho de propiedad sino "en el marco de una gestión pública que garantice una administración profesional y respetuosa de la dimensión cultural, arquitectónica, patrimonial y económica" del monumento.
Piden la acción de la Junta de Andalucía
Junto a la petición a la Unesco para que examine in situ la situación de la Mezquita-Catedral, la plataforma que defiende la titularidad pública del monumento ha anunciado que en las próximas semanas recurrirá al Gobierno de la Junta de Andalucía, "como administración competente del Patrimonio Histórico" dentro de la comunidad autónoma.
En ese sentido, solicitan su actuación "para que ejerza su obligación de protección de un monumento cuya naturaleza e identidad están en serio peligro por una gestión excluyente y desleal con su historia en sus reiterados intentos de amputar su esencia omeya y andalusí".
Por último, la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio deTodos ha querido dejar claro que "apoya incondicionalmente cualquier reconocimiento que aumente la protección" de este edificio y advierte que "la actual gestión confesional de la Mezquita-Catedral es contraria a los principios, valores y declaraciones de la Unesco".
* El Diario - Carmen Reina - 15.6.14
Foto: Mezquita-Catedral de Córdoba - EFE
Urbanismo suspende el polémico POUM de Alfarràs por crecimiento desmesurado
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Parece que no se ha aprendido demasiado del boom inmobiliario de años pasados que nos condujo, lamentablemente, a la enorme crisis-estafa en la que aun navegamos. Todavía se sigue apostando por Planes urbanísticos desmedidos para una normalización adecuada del Territorio, al calor de la especulación pura y dura y los beneficios delictivos. Así ocurre en Alfarràs (Lleida) donde hasta la inútil Comisión de Urbanismo provincial (como casi todas) ha suspendido el Plan General municipal que pretendía duplicar la población en poco tiempo, un disparate urbanístico del equipo de gobierno que, según parece, también está originado por motivos políticos poco claros.
"LAVANGUARDIA* : La Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida ha suspendido la aprobación provisional del Plan de Ordenación Urbanística de Alfarràs (Lleida) al considerar "desproporcionado" el crecimiento previsto, que supondría pasar de 3.000 a 5.400 habitantes, con 1.800 viviendas nuevas.
Según el director general de Urbanismo, Agustí Serra, se ha tenido en cuenta el decrecimiento continuado de la población en los últimos 10 años y por eso la Comisión ha emitido un informe desfavorable y una serie de indicaciones al Ayuntamiento que tendrá que tener en cuenta si quiere reconducir la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico.
Por su parte, el alcalde de Alfarràs, Kleber Esteve, ha insistido en que no se trata de una suspensión, sino de un informe previo a la aprobación provisional del planeamiento urbanístico.
Esteve asegura que el siguiente paso será valorar este informe emitido por Urbanismo y tomar las decisiones oportunas.
Además, el alcalde asegura que el planteamiento planteado por el consistorio se ha basado en los parámetros que la Generalitat marca actualmente, y ha indicado que si la propuesta del consistorio era de un crecimiento del 60 % y Urbanismo recomienda que sea del 50 %, no le parece que la desproporción sea tan grande.
Uno de los miembros de la plataforma vecinal No al POUM de Alfarràs, surgida para manifestar su disconformidad con el planeamiento, Antonio Mangues, ha dicho que "se ha emitido una decisión basada en el sentido común".
Una de las quejas principales de esta plataforma ha sido que no se contará con un periodo de participación ciudadana, tal y como prevé la normativa.
En este sentido, la plataforma espera que si se ha de revisar el planeamiento se cuente con la participación vecinal.
*La Vanguardia - Vida - 13.6.14
Foto: Alfarras (Lleida), ayuntamiento - ayuntamiento
Lista de políticos españoles imputados por corrupción
"VAVEL* : Lista de políticos imputados por corrupción y que a pesar de todo están presentes en la política:
1- Francisco Camps (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel
2- Ricardo Costa (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel.
3- Xicu Tarres (PSOE), Baleares IMPUTADO Caso Eivissa.
4- José Manuel Tortosa (PP) Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
5- Carlos Penit (IU), Pinto – Madrid IMPUTADO Cohecho.
6- Ferrán Falcó (CIU), Barcelona, IMPUTADO caso Adigsa.
7- Jesús Machín (C. Canaria), Canarias, IMPUTADO Operación Unión.
8- Marc Moreno (ERC), Vilaller – Lleida, IMPUTADO corrupción urbanística.
9- Antonio Rodrigo Torrijos (IU), IMPUTADO Caso Mercasevilla.
10- Raimundo González (BNG), Pontevedra, IMPUTADO caso Naturgalia
11- Jose Manuel Traba (PP), Fisterra Galicia, IMPUTADO Operacion Orquesta
12- Jose Manuel Santos (PP) Mazaricos Galicia,IMPUTADO Operacion Orquesta
13- Jose Antonio Cacabelos (PSOE), O Grove – Galicia, IMPUTADO diversos delitos.
14- Juan Jose Diaz Valiño (PSOE) -IMPUTADO caso Castro de Rei
15- Rafael Gómez (Unión Cordobesa), Córdoba, IMPUTADO caso Malaya
16- Esteve Ferrán (UTpS), Salou Tarragona, IMPUTADO delitos varios
17- Antoni Banyeres (NSP), Salou Tarragona IMPUTADO delitos varios.
18- Ignacio García de Vinuesa (PP) , Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas
19- Jose Ignacio Fernández Rubio (PP) (Las Rozas)
20- Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
21- Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
22- Luis Partida (PP) Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios
23- Antonio Martín Lara (tránsfuga, PSOE, antes PP, antes GIL) Ronda, Málaga, IMPUTADO corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales; actualmente detenido junto con otros tres ediles.
24- Raúl López (PP) Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios
25- Íñigo Henríquez de Luna (PP) Madrid
26- Trinidad Rollán (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
27- Carmen Toledano (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
28- Cristina González (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
29- Jose Joaquin Ripoll (PP), Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal.
30- Carlos Fabra (PP), Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra
31- Mariano Arévalo (PSOE) Carabaña Madrid, IMPUTADO prevaricación y delitos urbanísticos. Condenado por no presentar las cuentas de los últimos 10 años en su municipio.
32- José Miguel Rodríguez López (ACAI) Parlamento Cantabro, IMPUTADO tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación
33- Carmen Toledano (PSOE) Galapagar Madrid, IMPUTADO delitos varios
34- María Isabel Peces-Barba (PSOE) Colmenarejo Madrid, IMPUTADO delitos varios
35- José I Fernández (PP), Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
36- Ignacio Gómez (CCN) Parlamento autonómico de Canarias, IMPUTADO financiación ilegal
37- Yolanda Tieso de Andrés (PSOE) Fontanar, Guadalajara, IMPUTADO prevaricación
38- Clara Torre (PP), Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación
39- Miriam Rabaneda (PP,) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
40- Raúl López Coslada (PP), Madrid, IMPUTADO prevaricación
41- Luis Partidad (PP), Villanueva de la Cañada, Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
42- Ana María Pinos (PP), Belmonte de Tajo, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
43- Ángel García (PP) Guadalix de la Sierra Madrid, IMPUTADO negociaciones prohibidas
44- Íñigo Henríquez de Luna (PP), Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
46- Mariano Arévalo González Carabaña (PSOE) Madrid, condenado por no presentar las cuentas municipales en los últimos 10 años, etc.
47- José Miguel Govantes (PSOE)Alcorcón Madrid, IMPUTADO condenado por acoso laboral
48- Natalia de Andrés (PSOE) Alcorcón Madrid, IMPUTADA y condenada por un delito de injurias contra el portavoz popular
49- Roberto Vázquez Souto (PP) Portas, Pontevedra, IMPUTADO falsedad documental
50- María del Carmen Toledano Rico (PSOE) Madrid, IMPUTADO prevaricación
51- Cristina González (PSOE) Getafe Madrid, IMPUTADO prevaricación
52- José María Fraile Parla (PSOE) Madrid PSOE prevaricación
53- Manuel González Rojo (PSOE) San Fernando de Henares Madrid , IMPUTADO prevaricación
54- Hans Antón Bock Galapagar (PSOE) Madrid IMPUTADO prevaricación
55- Jesús Dionisio (PP) Madrid, IMPUTADO prevaricación y tráfico de influencias
56- Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena
57- Cristina Almagro (PP) Granada, IMPUTADA por falsificación de documentos
58- José Manuel Santos Maneiro (PP), Galicia, IMPUTADO por corrupción en la adjudicatura de obras públicas
59- Juan José Rubio (ATC), Zarra, Valencia, IMPUTADO delitos urbanísticos
60- Tamara Rabaneda (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADA prevaricación
61- Raúl López Vaquero (PP) Coslada, Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
62- Ramón Polo (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
63- Manuel Tello (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
64- Pilar Algobia Aparicio (PP) Colmenar de Oreja, Madrid, IMPUTADA delito urbanístico
65- Mustafá Aberchán (CpM) Melilla, IMPUTADO delito electoral
66- Juan Enciso (PAL), El Ejido, Almería, IMPUTADO operación poniente
67- Antonio Asín (PSOE) Mallén, Zaragoza, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
68- Angel Vadillo (PSOE) Alburquerque, Badajoz, IMPUTADO prevaricación, tráfico de influencias, y ordenación contra el territorio
69- Juan Carlos Benavides (CA), Almuñecar, Granada, IMPUTADO malversación y delitos contra ordenación del territorio
70- Agustín Padrón Benítez (PP) El Hierro, Canarias, IMPUTADO malversación
71- José Dimas Martín (PIL), Teguise, Lanzarote, IMPUTADO corrupción urbanística
72- José Fernández Amador (PP), Sorbas, Almería, IMPUTADO prevaricación
73- Isaac Valencia (Coal. Canaria) Orotava, Canarias, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, tráfico influencias
74- Pedro Antonio Sánchez (PP), Murcia, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, malversación
75- Daniel García Madrid (PP), Torre Pacheco, Murcia, IMPUTADO prevaricación, ordenación del territorio, malversación
76- Maria Antonia Conesa (PP), Fuente Álamo, Murcia, IMPUTADA cohecho
77- Pedro Angel Hernández (PP), Parlamento Valenciano, IMPUTADO tráfico de influencias
78- Juan Martín Serón (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO cohecho y prevaricación
79- Cristóbal Bonilla (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO delito urbanístico
80- José Antonio Robles (PP), Güejar Sierra, Granada, IMPUTADO presunta compra de votos
81- María Victoria Molina (PP) Maracena, Granada, IMPUTADA cohecho, caso “Morelábor”
82- Miguel Zerolo (Coal. Canaria) Parlamento Autonómico Tenerife, IMPUTADO prevaricación, malversación, cohecho
83- Reyes Maestre (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADO corrupción urbanística
84- Pedro Torrejón (CPCI) Ciempozuelos, Madrid, IMPUTADO blanqueo de dinero, cohecho y falsedad documental
85- Fernando Muguruza (ACAI) Castro Urdiales, Cantabria, IMPUTADO prevaricación
86- Gerardo Pérez García (PP) Navas del Marqués, Málaga, IMPUTADO caso “Ciudad del Golf”
87- María Elía Blanco (PSOE) Plasencia, IMPUTADA delito en adjudicación de obras
88- Teresa Roca (PSOE) Moraleja, Cáceres, IMPUTADA prevaricación
89- José Antonio Arrojo (PP) Casar del Palomero, IMPUTADO delito electoral y prevaricación
90- Salvador Álvarez (PP) Calamonte, IMPUTADO prevaricación
91- Dionisio Muñoz (PSOE) Melilla, IMPUTADO delito electoral, falsedad documental, obstrucción a la justicia
92- María José Lara Mateos (PSOE) Grazalema de la Sierra, Cádiz, IMPUTADA corrupción urbanística por cobro de comisiones
93- Miguel Uroz (PSC) Querol, Tarragona, IMPUTADO corrupción urbanística, tráfico de influencias, uso de inf. privilegiada
94- Manuel Vallejo (PSOE) Quesada, Jaén, CONDENADOe inhabilitado por omisión al deber de perseguir delitos urbanísticos; tiene recurrida la sentencia.
95- Pedro Clavero Salvador (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio
96- Francisco Javier Maldonado (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio
97- Antonia Muñoz (IU) Manilva, Málaga, IMPUTADA contratar presuntamente en el Ayuntamiento a 17 miembros de la lista de su partido y a 57 familiares de estos; incluidos varios familiares suyos
98- José Manuel Cendán (PP) Ares, Galicia, IMPUTADO delito electoral: alteración del censo
99- Manuel Taboada (PP) O Pino, La Coruña, IMPUTADO delitos urbanísticos
100- Jesús Vázquez Almuiña (PP) Bayona, Pontevedra, IMPUTADO prevaricación
101- Alfonso Puente (PP) Barreiros, Lugo, IMPUTADO prevaricación
102- Josep Marí Ribas (PSOE) Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, IMPUTADO cobro de comisiones en adjudicación de obras
103- José Alberto González Reverón (Coal. Canaria) Arona, Tenerife, IMPUTADO presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra
104- Juan José Dorta (PSOE) Los Vinos, Tenerife, IMPUTADO prevaricación y delitos medioambientales
105- Macario Benítez (PSOE) El Rosario, Tenerife, IMPUTADO delitos urbanísticos
106- María del Carmen Castellano (PP) Telde, Gran Canaria, IMPUTADA malversación y cohecho
107- Francisco González (PP) Mogán, Gran Canaria, IMPUTADO prevaricación, “caso Góndola”
108- David Valadez (PSOE) Estepona, Málaga, IMPUTADO por pagar sueldos municipales con el dinero de los convenios
109- Luis Díaz-Alperi (PP) Parlamento Autonómico, Alicante, IMPUTADO prevaricación
110- Francisco Muñoz (PSOE) Torrox, Málaga, IMPUTADO delito urbanístico
111- Cristobal Torreblanca (PSOE) Almogía, Málaga, IMPUTADO prevaricación
112- Joaquín Villanova (PP) Alhaurín de la Torre, Málaga, IMPUTADO malversación
113- José Manuel Martín Alba (Independiente) Alhaucín, Málaga, IMPUTADO prevaricación
114- Antonio Torres (PP) Béjar, Málaga, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
115- Ana Mula Redruello (PP) Fuengirlo, Málaga, IMPUTADA falsedad documental
116- José Ignacio Crespo (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
117- Manuel Reina (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
118- Ruyman García (PSC) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO prevaricación, malversación, tráfico de influencias
119- Ana Lupe Mora (PSC) El Rosario, Tenerife, IMPUTADA prevaricación, tráfico de influencias (caso Varadero)
120- Juan Vera (Conv. por Andalucía) Tolox, Málaga, IMPUTADO delitos urbanísticos
121- Enrique Bolíns (BOLI) Benalmádena, Málaga, IMPUTADO concesión de licencias ilegales
122- Javier Trujillo Bernal (PP) Cabildo Gomera, IMPUTADO prevaricación
123- Jorge Bellver (PP) Parlamento Valenciano, IMPUTADO prevaricación
124- Esteban Bethencourt (PP) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO malversación
125- César Manrique (PP) Ciudad Real, IMPUTADO cohecho y falsedad documental
126- Ernesto Silva (Foro Andaluz) Villanueva de la Concepción, Málaga, IMPUTADO cohecho
127- Manuel González Jarana (PSOE) El Cuervo, Sevilla, IMPUTADO por prevaricación, tráfico de influencias y trato de favor
Bonus:
RELACIÓN DE POLITICOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN EXCLUIDOS POR SU PARTIDO
Jesús Javier García García (UPyD) Seseña Toledo, IMPUTADO por cohecho EXCLUIDO por su partido.
Antonio Martín Lara, actualmente detenido, ha sido expulsado del PSOE, partido en el que militaba como tránsfuga tras haber pasado por el PP y el GIL.
* Vavel - Junio 14
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Cartagena.- El magistrado de 'Novo Carthago' ordena investigar los bienes de consejeros de Valcárcel
El urbanismo ilegal en Murcia afronta uno de sus casos más esperados y de mayor repercusión, la urbanización salvaje de Novo Carthago, ubicada en el término municipal de Cartagena en primera línea del Mar Menor. Se trata de un complejo diseñado sobre una superficie de 5,600.000 m2 para hoteles y unas 10.000 viviendas en una zona de alta protección medioambiental. El juez instructor y el fiscal anticorrupción insisten en la línea del cohecho, convencidos de que la tramitación del plan urbanístico se realizó con pagos a cargos públicos y altos funcionarios de los gobiernos municipales y autonómicos, entre otros a varios consejeros de gobiernos del presidente murciano Valcárcel. Es de suponer, por tanto, que dada la envergadura del delito urbanístico, el propio Valcárcel estuviera al tanto de esta operación fraudulenta, algo que, de momento, la justicia no se ha atrevido siquiera a considerar.
"LAVERDAD* : Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) e inspectores fiscales llevan unas semanas metiendo las narices en el patrimonio de un grupo de ilustres imputados del caso Novo Carthago, entre los que se encuentran el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el que fue su compañero en el Consejo de Gobierno, el exconsejero de Medio Ambiente y exdelegado del Gobierno en Murcia, Francisco Marqués, junto a varios alcaldes de Cartagena y al exconsejero y actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana.
La existencia de una investigación patrimonial ya en marcha contra los principales sospechosos en las diligencias por presunta corrupción urbanística se ha conocido ahora, a raíz del informe presentado ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano.
En el apartado de conclusiones de su escrito, el representante del Ministerio Fiscal se muestra partidario de no remitir todavía la causa al Tribunal Supremo y sí de «llamar al proceso penal» a la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro. Lozano considera que, antes de decidir si existen indicios de delito suficientes contra la primera edil cartagenera como para desprenderse del asunto en favor del Alto Tribunal, es necesario agotar la investigación practicando nuevas diligencias. Entre éstas, tal como ayer publicó este periódico, se encontraría la de tomar declaración en calidad de imputado al exconsejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a quien se refiere como, «en puridad, el autor último de la prevaricación».
El fiscal también reclama que se impute al exdirector general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; al asesor jurídico Luis R.A.; al exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y al exdirector general de Ordenación del Territorio, José María Bernabé, «todos ellos verdaderos cooperadores de la reclasificación» del proyecto urbanístico Novo Carthago «en su fase de aprobación definitiva».
Otra de las gestiones que, en su opinión, deben ser concluidas antes de plantearse la remisión del caso al Supremo es «la investigación patrimonial ya interesada respecto a los imputados y en relación a la mercantil Hansa Urbana». Aunque el fiscal no especifica quiénes son los sospechosos cuyo patrimonio está siendo escrutado, fuentes de la investigación confirmaron ayer que la orden afecta al grupo de principales encartados. Entre ellos figuran el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá; su excompañero Francisco Marqués; el exdirector general del Medio Natural, Carlos Brugarolas; la exsecretaria general de Medio Ambiente, María Reyes Sánchez; el aún subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada; la antigua asesora de Cerdá, María Antonieta Fernández; el exvicealcalde de Cartagena, Agustín Guillén; la arquitecta municipal Mónica Lavia, y el jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Consistorio cartagenero, Pascual Lozano.
En busca de las razones
La petición del magistrado Manuel Abadía de que se investigue el patrimonio de los imputados y su posible origen se justifica por su voluntad de insistir en la senda de los posibles cohechos, toda vez que tanto el instructor como el fiscal anticorrupción parecen íntimamente convencidos de que la tramitación del megaproyecto urbanístico junto al Mar Menor se &lsquoengrasó&rsquo con pagos a altos responsables de las administraciones regional y/o municipal.
Desde la hipótesis de investigación que ambos mantienen, y que se centra en la adopción de decisiones supuestamente ilegales para impulsar Novo Carthago, no les queda otra opción que tratar de hallar las razones de esa supuesta prevaricación en cadena o, como la define el fiscal, &lsquode tracto sucesivo&rsquo. Desde un punto de vista teórico, una razón podría hallarse en posibles pagos, que es una línea a la que ya apuntan algunos datos. A modo de ejemplo, puede señalarse que la exasesora de Cerdá, María Antonieta Fernández, ingresó en esa época en una de sus cuentas 120.000 euros, cuyo origen no fue capaz de justificar en un primer momento. Luego aseguró que procedía de una comunidad de bienes, aunque el instructor consideró «poco creíble» la explicación.
Otro dato que no pasó desapercibido al instructor fue la nota hallada en un registro de la sociedad inmobiliaria Aifos, en la que podían leerse «los nombres de Jacinto Martínez Moncada, gerente de Urbanismo de Cartagena, y del concejal Agustín Guillén, con la cifra 120.000-coste».
Ya meses atrás, a raíz de esos datos, el magistrado ordenó que se averiguaran los movimientos bancarios de ocho imputados, lo que ofreció algunos resultados tan llamativos como las 48 cuentas que gestionaba el exedil Guillén.
En el mismo plano teórico, cabe la posibilidad de que la prevaricación presuntamente cometida por cargos públicos y altos funcionarios no estuviera motivada por cohechos, sino por otras razones, entre las que habría de considerarse el aparente beneficio social y económico que iba a generar el proyecto.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ/JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ - 13.6.14
Foto: Cartagena, proyecto Novo Carthago - osmobra
Un alto cargo del Ayuntamiento de Valladolid se embolsó 2,7 millones, y el polémico alcalde sin enterarse
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Hay noticias que se repiten como el ajo, en este país tan propio del condimento. Que un alcalde, o miembros de su gobierno, se lucren beneficiando a empresas contratistas de obras está dentro de lo más 'normal'. Si, encima, esto ocurre en la ciudad de Valladolid, donde el machista alcalde 'popular L.dela Riva manda a su antojo, es más que normal: casi una vulgaridad. Así pasó con el jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento, que se autoadjudicó 451 contratos a través de empresas familiares, embolsándose por la cara cerca de 3 millones de euros. Por supuesto, el alcalde dice no saber nada y que no tiene responsabilidad en el delito, faltaría más, no se puede romper con facilidad la ley mafiosa de la Omertá.
"ELPLURAL* : El jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid se embolsó, al menos, en los últimos tres años, 2,7 millones de euros gracias a la autoadjudicación de 451 contratos, a través de 11 empresas, a su propio nombre o los de su hijo y su primo, según denuncia el Grupo socialista en el Consistorio, que se pregunta cómo el alcalde, Javier León de la Riva, no controlaba o vigilaba el proceder del funcionario municipal.
Lo denunciarán ante la Fiscalía
Los socialistas llevarán este lunes a la Fiscalía de Valladolid todos los datos reclamados en diciembre y recibidos de la Intervención hace pocas semanas, coincidiendo con la apertura del expediente disciplinario al empleado municipal, según ha avanzado la SER.
Reclaman una comisión de investigación
El Grupo socialista en el municipio sospecha que esta manera de actuar puede haberse prolongado durante décadas, puesto que una de las empresas, precisamente la que está a nombre del propio jefe de Mantenimiento fue creada en 1990. Los socialistas reclaman una Comisión de Investigación para aclarar las responsabilidades políticas.
Qué hizo el alcalde todo este tiempo
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Óscar Puente, ha declarado que no entiende cómo nadie controlaba o vigilaba el proceder del funcionario municipal, y afirma que le cuesta creer que “aquí nadie se enteró de nada”, ni que el alcalde, Javier León de la Riva, que presume de entrar por la puerta del Consistorio cada día a las 8 de la mañana y controlar todo lo que sucede en él, “tampoco se enteraba, ni de esto, ni de lo del Plan General, ni del caso Zambrana, ni de las obras de los áticos de su casa”.
* El Plural - 15.6.14
Foto: Valladolid, pleno municipal - EP (archivo)
El exalcalde de Almonte y sus ediles, a juicio por la compra del campo de golf
Como ya sabemos, en numerosas ocasiones son los propios gobiernos municipales los actores de la especulación urbanística delictiva, es decir que no es necesario que haya empresarios intermediarios en las ilegalidades territoriales. Así ocurre en Almonte (Huelva) donde el anterior grupo de gobierno adquirió un campo de golf de una manera irregular y tasándolo por un precio superior al del mercado, con lo cual la corrupción urbanística era evidente y, probablemente, fuera delito también individual en la figura del exalcalde socialista, F.Bella. Ahora, él mismo y 12 de sus concejales deberán rendir cuentas a la justicia, 5 años más tarde de cometido este delito preocupante.
"ELPAÍS* : El anterior alcalde de Almonte, el socialista Francisco Bella, y 12 concejales del resto de su equipo en la legislatura 2007-2011 tendrán que dar cuenta ante los tribunales de la compra del campo de golf Dunas de Doñana en 2009, de 54 hectáreas y 18 hoyos. Los ediles están acusados de supuestos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas. La Sección Tercera de la Audiencia de Huelva ha desestimado los recursos de apelación contra el auto dictado el 27 de febrero de 2014 en el Juzgado de la Palma del Condado.
Los procesados son 13 y no los 14 del grupo porque la concejal Rocío Márquez se encontraba entonces de baja maternal. La justicia ha desestimado igualmente los recursos de reforma y la apelación de los empresarios propietarios y vendedores, Exclusivas Doñana.
En el auto, la audiencia señala que “en las actuaciones existen una serie de indicios documentados que permiten a la acusación sostener que la operación de adquisición a Exclusivas Doñana, propietaria a su vez del campo de golf de Matalascañas, pudo presentar algunas irregularidades que, de probarse en juicio la desproporción entre los bienes que el consistorio de Almonte adquirió y los que a cambio se entregaron y la falta de procedimiento administrativo oportuno, pudieran ser constitutivas de delito”.
La sala deja a la acusación la acción de “perfilar respecto a cada imputado, de manera singularizada y pormenorizada, su posible participación en tales hechos”. Será el juez de instrucción el que determine la apertura de juicio oral contra ellos.
El entonces gobierno liderado por Francisco Bella adquirió el campo de golf por 7,5 millones de euros, a razón de 2.569.230 euros divididos en seis mensualidades, una hipoteca por valor de 750.000 euros y 14 parcelas en El Rocío cuantificadas en 4.030.000 euros. Se daba la circunstancia de que la empresa arrojaba pérdidas de 500.000 euros anuales.
El ex alcalde socialista pagó por el campo de golf una cifra superior a su coste real. Según la evaluación de los técnicos municipales. El campo (antes de la crisis inmobiliaria) costaba 3.000.000 euros, una cifra que fue corroborada por la empresa Taxo, tras una tasación encargada por el juez de la Palma que investigaba el caso.
El Ayuntamiento de Almonte ha recordado en una nota que en un pleno extraordinario de 31 de enero de 2014 se aprobó la nulidad de esta operación después de que el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminara un mes antes que esa venta era “nula de pleno derecho”.
En el Ayuntamiento de Almonte gobiernan ahora los populares con ocho concejales, tras la pérdida de uno que se pasó al grupo no adscrito. IU posee dos y PSOE diez.
* El País - LUCÍA VALLELLANO - 5.6.14
Foto: Usuarios del campo de golf de Almonte. / IVÁN BOZA
El TSJ impide declarar urbanizables tierras de regadío de Zamora
Los seguidores de aquel ínclito presidente que estuvo en las Azores y su lugarteniente A.Cascos, el del 'todo vale en urbanismo', se esconden por todos los rincones del país. Algo tan evidente como la existencia esencial de los terrenos de regadío en la cuenca del río Duero en Zamora, quieren que sean urbanizables porque sí, porque lo digo yo. Así lo aprobaron en el Plan General municipal y ahora, lógicamente, ha sido anulado por la justicia que, tarde, a veces llega a intervenir. En una población como la zamorana, que va a menos, esto solo se podría calificar de pelotazo urbanístico descarado, donde las empresas constructoras siguen especulando a la sombra de los políticos (o tal vez es al revés).
"NORTEDECASTILLA* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la clasificación como suelo urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zamora de siete sectores de la capital, concretamente de terrenos de regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de San Frontis.
Concretamente, se trata de los sectores 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, y la sentencia ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Comunidad de Regantes del Canal de San Frontis “por no justificarse debidamente la necesidad de ese suelo para satisfacer las necesidades de desarrollo de Zamora”.
Así, la sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por la comunidad de regantes contra la Orden FYM/895/2011, de 5 de julio, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la que se aprobó definitivamente la revisión del PGOU de Zamora, y declara la nulidad de pleno derecho del suelo clasificado como urbanizable en estos siete sectores, y que se clasificará como suelo rústico de protección agropecuaria o, en todo caso, como suelo rústico común.
La sentencia desestima otras pretensiones del recurso contra la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Zamora como la anulación de los sistemas generales de espacios libres públicos 16, 17 y 24, y los sistemas generales de equipamiento 42A, 42B, 43, 52 y 53.
El TSJ ha considerado que no existía justificación para este incremento de suelo urbanizable cuando la población de Zamora ha decrecido desde el año 1991 y “las razones que se dan para ignorar este dato son insuficientes por incurrir en meras generalidades y no justificar tampoco el incremento de suelo urbanizable”.
Contra este sentencia, las administraciones demandadas pueden interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de diez días desde su notificación.
* El Norte de Castilla - Alicia Pérez - 12.6.14
Foto: Zamora - wikipedia.org
Ourense.- El TSXG confirma la nulidad de la licencia de la residencia universitaria
Continúan los casos de ilegalidad urbanística en Galicia, en donde la provincia de Ourense parece un pozo sin fondo de irregularidades. Ahora se trata de la nueva Residencia Universitaria de la capital la que se encuentra fuera de normativa y, por tanto, se debe proceder a su inmediato cierre y posterior derribo reglamentario, si fuera necesario. La residencia fue autorizada por el Ayuntamiento con licencias de obra y de ocupación luego anuladas, por lo que la responsabilidad recae íntegramente sobre las autoridades municipales infractoras.
"FARODEVIGO* : Un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) viene a confirmar la nulidad de la licencia de la residencia universitaria de Ourense, que se encuentra en la "más absoluta ilegalidad", al desestimar el recurso de nulidad del Concello de Ourense que había presentado contra otra sentencia del alto tribunal gallego. Este incidente se había presentado para intentar "dilatar" el cierre de la residencia universitaria, impidiendo que de esa forma el pleito regrese hasta ahora al juzgado de Ourense para su ejecución, como recalcó ayer el abogado de la empresa, Antonio Feijóo.
Es especialmente significativo el auto del TSXG en los razonamientos jurídicos, al señalar que "que los preceptos legales y reglamentarios impiden, sin excepción, el otorgamiento de la licencia de ocupación cuando las obras de urbanización no han sido hechas", con lo que rechaza de plano la incidencia de nulidad planteada por el Concello, al que además le impone las costas, que ascienden a 300 euros.
Después del auto del tribunal gallego, y a la espera de que resuelva la ejecución de la misma el Juzgado de Ourense, el letrado advierte de que el Concello de Ourense, y en concreto el grupo de gobierno municipal, "debe ser consciente de la situación en que está", ya que al ser anuladas la licencia de obra y de ocupación, la residencia es "absolutamente ilegal", con lo que eso supone, de no proceder al precintado y cierre de la misma.
Y además de criticar abiertamente la actitud que en este, así como en otros asuntos, mantuvo la concejal de Urbanismo, Áurea Soto, sobre la concesión de licencia de ocupación se sustancia una querella en el Juzgado de Instrucción Número dos.
Precisamente ayer prestó declaración, en calidad de testigo, un técnico minucia, que entendió sobre el asunto, y después de que declarasen en calidad de imputados la propia edil de Urbanismo y otro técnico del Concello de esa área y que emitió informes favorables a la concesión de una licencia que viene de anular definitivamente el TSXG, ya que contra la misma no cabe recurso alguno.
A lo que hizo alusión ayer el letrado Feijóo Miranda es que la única forma de resolver el problema es que la junta de compensación de esa zona realice las obras de urbanización, para lo cual tiene el correspondiente proyecto, y cuyo coste económico asumiría, pero revela que "para eso tienen que dejar que lo hagamos", en referencia a la postura que sobre esa cuestión adoptó Áurea Soto enfrentada al promotor.
* Faro de Vigo - VR - 12.6.14
Foto: Residencia Universitaria de Ourense. // Iñaki Osorio
El exministro Arias Cañete premio 'Atila 2014'
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Cañete ha conseguido este premio Atila a pulso tras su desastroso paso por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, donde todo lo ha hecho mal, favoreciendo incluso a lobbies mafiosos como el de los constructores o los cazadores. Lo extraño es que haya salido indemne de su aventura ministerial, rumbo a Europa, tras sus intereses reconocidos con petroleras y otras empresas contaminantes en el sur de España. A pesar de la débil justicia, este personaje machista y retrógrado, ha dirigido normativas tan perjudiciales para el país como la Ley de Costas, un monumento a la delincuencia en el litoral que traerá graves consecuencias, o la Ley de Montes, especialmente diseñada para terratenientes y abusadores de la Caza como una atracción de pandereta más. Probablemente el peor ministro que haya pasado nunca por medioambiente (y ya es decir).
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se ha alzado este año con el Premio Atila, mientras que la multinacional petrolera Repsol ha sido distinguida con el Caballo de Atila. Los galardones, que Ecologistas en Acción concede tradicionalmente en vísperas del Día del Medio Ambiente, distinguen a personas o instituciones que muestran especial empeño en la destrucción del entorno y la naturaleza. Arias Cañete se va a Bruselas con un merecido galardón bajo el brazo. Ha sido protagonista del desmantelamiento de buena parte de la legislación ambiental española y un gran defensor de la mercantilización de la naturaleza en aras del desarrollo económico peor entendido.
El jurado ha valorado especialmente su papel en la elaboración de la nueva Ley de Costas, que desprotege buena parte del litoral y sus valores naturales. También ha tenido en cuenta la creación de los Bancos de Conservación, que invitan a comerciar con los valores ambientales como si fueran cromos.
En su periodo como ministro también contribuyó a la reforma del Decreto de Especies Exóticas, que consiente la introducción de especies que pueden suponer unos graves problemas ambientales, pero que generan beneficios a empresas dedicadas a la peletería, caza o pesca. Y nunca defendió el medio ambiente frente a otros ministerios, como el de Industria, en su apuesta por las energías sucias y contra las renovables.
Por todo ello, el jurado y las votaciones populares se decantan por Arias Cañete, esperando que el político reciba orgulloso un premio que lleva el nombre de otro varón de gran superioridad intelectual: Atila, el rey de los hunos
La multinacional Repsol también se ha ganado a pulso una distinción. A esta le corresponde el premio Caballo de Atila, aquel que por donde pasaba no crecía la hierba. La corporación parece empeñada en arrasar tierra, mar y aire, promoviendo un modelo energético basado en energías supercontaminantes y peligrosas. La presión que Repsol ejerce sobre el Gobierno, ha permitido que este autorizara la semana pasada los sondeos previos a las prospecciones petrolíferas en Canarias. Buscar petróleo bajo el mar pone en serio peligro ecosistemas marinos y litorales y pasa por alto la voluntad de la inmensa mayoría de la población.
Repsol ha recibido además esta semana su primer gran cargamento de crudo de arenas bituminosas provenientes de Canadá. Para extraerlo se devastan tierras, dejan lagos tóxicos, desplazan poblaciones y además emite un 23 % más de dióxido de carbono que los petróleos convencionales. Repsol es además una de las empresas que, junto con Cepsa, presiona para rebajar los estándares de detección de fugas de hidrocarburos en tanques de gasolineras, lo que supone un gravísimo problema para nuestros acuíferos.
Al igual que otros años, el jurado expresa su esperanza en que la concesión de estos premios llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta, y cambien radicalmente su actitud.
* Ecologistas en Acción - 4.6.14
Foto: Ley de Costas - wikipedia
El puerto seco de Vigo sigue inservible tras 100 millones de inversión
Los casos de despilfarro en infraestructuras y otras construcciones son infinitos en estos años del 'boom' y la locura de las distintas administraciones. Que se sepa todavía no hay nadie en la cárcel por semejantes actos delictivos contra los ciudadanos, que los han sumido en la mayor crisis/estafa de la historia del país. Cerca de Vigo en la que iba a ser la Plataforma logística del Puerto hay un descampado de más de 400 hectáreas donde antes había naturaleza. El asunto viene de hace 14 años y ha supuesto un despilfarro público de 100 millones, nada menos. Tampoco aquí parece haber culpables del grave delito y la justicia, desde su poltrona, no sabe o no se quiere enterar, lamentablemente.
"ELPAÍS* : Tras 14 años de trámite infernal, lo que iba a ser la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) es un descampado de 419 hectáreas donde antes había un monte. El puerto seco de Vigo, infraestructura vital, segundo polígono-industrial de España por extensión de entre los de su género y comunicado con el resto del mundo por una autovía fantasma sigue dormitando. La Xunta no sabe cuándo estará operativo ni tampoco cuando se acabará de pagar a los propietarios originales.
Entre expropiaciones, movimientos de tierra y accesos se han gastado ya más de 90 millones de euros, que podrán superar los 100 cuando se completen las liquidaciones.
“Yo no voy a dar fechas”, se despachó el pasado miércoles Teresa Gutiérrez, directora general del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en la Comisión de Industria del Parlamento. El instituto depende de la Xunta, una de las tres instituciones que promovieron la infraestructura junto a la Autoridad Portuaria de Vigo y la Zona Franca, que depende del Ministerio de Economía. Lejos quedan los tiempos de la campaña de Feijóo en 2009 y el inicio de legislatura, cuando el PP insistía en que el área iba a ser el destino de Mitsubishi y su fábrica de baterías de litio. Un proyecto ingente que parece haberse fundido como el reactor de Fukushima.
El proceso coqueteó con la chapuza desde el inicio. La expropiación de los terrenos contó sobre plano y mal las fincas afectadas y desdeñó que parte del terreno era suelo de especial protección forestal, como constató el Tribunal Supremo hace cuatro años. 100 de las 400 hectáreas quedaron inutilizadas para el desarrollo industrial tras esa sentencia, con el añadido de que el sector, denominado MI (multifuncional industrial), era justamente la parte que correspondía a la Zona Franca. Las tres administraciones se avinieron a deshacer la segregación y regresar a un condominio, pero llevan un año de trámites para acordarlo. “Esperemos que se haga en breve”, lanzó Gutiérrez. La Xunta asegura que se trata de un “proyecto” estratégico pero que su relanzamiento depende de Zona Franca y el puerto de Vigo.
El centenar de hectáreas que quedó inutilizado debía restituirse a los propietarios iniciales, pero estos no quieren recuperar un terreno que era monte arbolado y ahora es, como describieron sucesivamente en el Parlamento los diputados Carme Adán (BNG) y Abel Losada (PSdeG), un “horizonte lunar” o un “paisaje de catástrofe nuclear con estética 'Mad-Max”, incluida una laguna en el medio de más de 20 metros de profundidad. Los vecinos quieren una indemnización y confían en la doctrina del Supremo en casos similares, que suele acarrear un icremento del 25% sobre el justiprecio abonado.
A ello se suma el homérico asunto de los derechos mineros, que los vecinos llevan más de una década peleando por ver reconocidos. Las negociaciones con el bipartito dejaron un acuerdo para abonar 7,7 millones de euros que quedó frustrado con el cambio de Gobierno. Fueron literalmente miles los procedimientos judiciales que se suscitaron, casi tantos como fincas en el área. Todavía no se han pagado, aunque el acuerdo parece próximo, según señala Alejandro Rodríguez, portavoz de los afectados.
Mientras tanto, la vida sigue. Con el suelo sin uso, la Zona Franca se plantea comprar 120.000 metros cuadrados en Mos o Porriño para un centro logístico. Preguntada por la cuestión por la nacionalista Carme Adán, la directora del IGVS empleó el poderosos argumento de que un parque de Xestur en Mos está a 24 kilómetros del puerto y la Plisan a 33. “Estamos en los proyectos de urbanización, que empezarán por la zona sur", acertó a decir sobre el futuro. Queda pendiente del Supremo la enésima causa, esta vez porque en el modificado del proyecto inicial para reestructurar el polígono tras el recorte en superficie no se incluyó la evaluación ambiental. “Se sometió a consulta y el órgano competente estimó la no necesidad. No tengo más que decir”, despachó la directora del IGVS. Los vecinos discrepan. Otra vez.
Descampado millonario
V. H.
Según el cálculo de la plataforma vecinal, el metro cuadrado de terreno de la Plisan se valoró finalmente, tras múltiples vaivenes, en una media de 14 euros; es decir, 56 millones de euros en total, de los que se han abonado 48. La autovía AG-51, un vial de menos de cinco kilómetros que lleva un año en pie sin funcionar, costó otros 22 millones. A esto se le suman los 20 millones enterrados en el movimiento de tierras de 2007.
Los vecinos siguen negociando por los derechos mineros, calculados en 2009 en 7,7 millones, que pueden ser menos si prosperan las conversaciones con la Administración. Y hay que contar también con la prima sobre el justiprecio del 25% para las 100 hectáreas de terreno excluidas por el Supremo, también susceptibles de rebaja pactada pero que de apreciarse totalmente podrían suponer otros 3,5 millones.
Respecto a la urbanización, en 2011 se anunció una inversión de 14,7 millones. Meses después la concesionaria se rindió casi antes de empezar, víctima de la crisis. De modo que el coste total supondrá una factura que como mínimo roza los 100 millones de euros pero que podría acabar rondando los 125.
* El País - Victor Honorato - 6.6.14
Foto: Estado actual de los terrenos del puerto seco de Vigo, entre Salvaterra y O Rosal. / LALO R. VILLAR
El juez imputa al exgerente de Urbanismo de Dénia y a dos técnicos por malversación
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El urbanismo en la Marina Alta alicantina sigue lleno de irregularidades, prácticamente desde la ciudad de Alicante hay un rosario de núcleos urbanos inmersos en la corrupción urbanística. Denia es un buen ejemplo de esto, ahora un juzgado abre diligencias por falsedad documental en el supuesto sobrecoste de 259.000 euros en las obras del colector de Les Deveses, imputando al exgerente de Urbanismo y 2 técnicos. Según parece hubo una desviación de los fondos públicos hacia bolsillos privados. Lo de siempre, vamos, aunque no sería descartable que, según avanza la investigación, caigan también en la red otros peces gordos de la política.
"LASPROVINCIAS* : El caso sobre el supuesto sobrecoste de 259.000 euros en las obras del colector de Les Deveses se ha convertido en un escándalo en la ciudad de Dénia. El titular del juzgado nº1 de Dénia, que investiga el caso, citará a declarar en calidad de imputados por un presunto delito de malversación y falsedad documental, al exgerente de Urbanismo en la época del gobierno del PSPV- Bloc, Juan Frasés; al funcionario del Consistorio de Dénia, Daniel Ruiz, y al técnico de la empresa adjudicataria de los trabajos, Juan Vicente Lorenzo.
De hecho, según el TSJ, el juez como paso previo a la imputación ya ha requerido al consistorio, que está personado en la causa, para que facilite los datos para remitir la notificación a los tres implicados con el fin de que presten declaración.
Además, el juez ha acordado practicar las diligencias solicitadas por el fiscal con el fin de tratar de averiguar si hubo o no falsificación de documentos y malversación de fondos.
Sospechas
Las sospechas de que podía haber posibles irregularidades en los trabajos para realizar el colector de Les Deveses, se produjeron en 2011, cuando se adjudicó el contrato para acabar las obras y se constató con la sorpresa de que faltaban 120 metros de tubería que debería de haber instalado la empresa Ecisa, que inició los trabajos del colector en 2005.
En ese momento desde Contratación se encargó un primer informe al que siguió otro de información reservada que fue remitido a Fiscalía con el fin de que fuera conocedor de los hechos. El fiscal tras tener conocimiento de los mismos denunció los hechos al juzgado que ahora ha abierto diligencias.
El instructor del documento de información reservada, tras las pertinentes investigaciones a las que se suma un informe externo de un ingeniero de Caminos, concluyó que hubo «una desviación, a favor del contratista de partidas que se han certificado, abonado y no se han ejecutado». Esa desviación se valora en «259.940 euros».
Las obras para que los vecinos de Las Marinas tuvieran alcantarillado se iniciaron en agosto de 2005, aunque días después, la empresa adjudicataria Ecisa, indicó una serie de deficiencias y un modificado del proyecto inicial valorado en 510.005 euros, lo que suponía un incremento de más del 59% sobre la adjudicación. A raiz de esta petición, según apunta el funcionario en el informe, «siguiendo las instrucciones de mis superiores» se inician los estudios para una posible modificación de las obras, mientras seguían con la ejecución de las mismas. Además, según comenta, al no haber proyecto modificado que sirviera de soporte real a las certificaciones que se iban generando, «siguiendo instrucciones de mis superiores, se certifican partidas que no están totalmente ejecutadas».
Coste del modificado
En febrero de 2007, la Gerencia de Urbanismo remitió a la Junta de Gobierno Local (JGL) una propuesta para aprobar modificación del proyecto que ya ascendía a 1.522.919 euros, por lo que el coste total de las obras del colector era de 2,5 millones de euros.
El modificado no se aprobó, pero las obras siguieron y se emitieron certificaciones de obras de trabajos que figuran en el modificado (documento que se estaba empezando a tramitar) y no del proyecto original.
En enero de 2008, la JGL aprobó el modificado pero días después se acordó dejarlo sobre la mesa tras el informe desfavorable de los Servicios Jurídicos. Por lo que en febrero se decidió resolver el contrato de la obra e iniciar un nuevo expediente para contratar el modificado.
Ya en 2011 con la llegada del nuevo ejecutivo, se adjudicó la finalización del colector a FCC y fue cuando al ir a conectar las nuevas obras con las que ya habían sido ejecutadas, se dieron cuenta de que faltaban 120 metros de tubería.
* Las Provincias - C.Pastor - 5.6.14
Foto: Imagen del Palau de Justicia de Dénia, donde el juzgado de instrucción número uno que lleva el caso del alcantarillado de Deveses:: R. G.
Pelotazo urbanístico en favor de la prima de Felipe VI en Lanzarote
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Yaiza, el conflictivo municipio urbanístico del sur de Lanzarote, mantenía un Plan General desde 1973, desbordado por todas partes, con grandes bolsas de suelo, planes parciales sin entregar, una lista interminable de ilegalidades: más de veinte complejos con licencias anuladas por los tribunales, ocupación de zonas verdes o pleitos por la propiedad de terrenos, y unos poderes fácticos que no renunciaban a seguir influyendo en su favor. Un desastre urbanístico mayúsculo. Actualmente se ha aprobado un nuevo Plan General, permisivo en numerosos casos, como el del marido de Alexia de Grecia, arquitecto, que de estar imputado en el 'caso Unión' ha pasado a legal con su lujosa mansión (en zona antes prohibida) y la posibilidad de edificar 60 nuevas viviendas. Un pelotazo urbanístico en toda regla auspiciado por el condenado exalcalde de CC-PNL, JF.Reyes, y la también imputada alcaldesa G.Acuña.
"DIARIOLANZAROTE* : De estar imputado por un delito contra la ordenación del territorio en una de las piezas del caso Unión por la construcción ilegal de su ‘mansión’ de más de 1.500 metros, el arquitecto C.Morales, marido de Alexia de Grecia, ha pasado a ser bendecido en el nuevo Plan General de Ordenación de Yaiza como promotor de una de las pocas bolsas de suelo que se recalifican en todo el municipio, con la posibilidad de levantar más de 60 viviendas. Y todo en poco más de un año.
El nuevo Plan General, cuya elaboración y aprobación el Ayuntamiento de Yaiza entregó al Gobierno de Canarias, califica como suelo urbanizable sectorizado no ordenado la franja de suelo de 85.000 metros cuadrados que separa las urbanizaciones de Puerto Calero y Cortijo Viejo. Es decir, bastará con presentar un documento en el que se defina dónde irán las villas y dónde las calles para que el Ayuntamiento dé vía libre a su ejecución.
Hasta ahora, la zona estaba vedada a nuevas construcciones. Otro arquitecto, Fernando Higueras, considerado uno de los más destacados profesionales del siglo pasado en España y estrecho colaborador de César Manrique, estableció en el Plan General de Yaiza de 1973, que todavía está vigente, una disposición avanzada para la época, en los albores del turismo: la obligación de dejar una franja de 50 metros de zona verde en los bordes de las futuras urbanizaciones, para evitar la sensación de masificación.
La franja de terreno que separa Puerto Calero de Cortijo Viejo tiene unos 115 metros de ancho. El equipo redactor del Plan General de Yaiza, encabezado por el urbanista Jorge Coderch, reconoce que esa obligación de dejar zonas verdes entre las urbanizaciones “supuso la inviabilidad de hecho” de cualquier desarrollo urbanístico.
En esa franja de terreno, en la que no se podía construir, el matrimonio formado por Carlos Morales y Alexia de Grecia compró 5.134 metros el 11 de abril de 2005. Luego Morales adquirió otros 5.135 metros el 18 de octubre del mismo año a través de la sociedad Island Kowledge on Settlement. Quien le vendió la primera finca fue un ciudadano llamado Heinrich Becker. Pagó 257.000 euros y en la escritura se detalla con claridad que lo que se vende es una finca rústica.
Ese mismo año, el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, le concede la licencia de construcción de una vivienda en primera línea y la urbanización de las inmediaciones. El vendedor declararía ante la Guardia Civil que había intentado construir y que ni el Ayuntamiento ni el Cabildo se lo habían autorizado.
Las licencias de la casa de Alexia de Grecia y Carlos Morales fueron investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Unión. Morales estuvo imputado junto al ex alcalde de Yaiza. Al arquitecto el Juzgado número 5 de Arrecife le archivó la causa penal en marzo del año pasado, mientras que Reyes sigue implicado por vulnerar “las más básicas reglas” de la “normativa urbanística aplicable” al dar licencias sin informe jurídico y sin el dictamen “preceptivo y vinculante” del Cabildo.
Cuando le quitó de encima la losa de la imputación, el Juzgado recalcó que “las obras ejecutadas”, una espectacular vivienda de 1.511 metros distribuidos en tres plantas y piscina, sobre el paseo de Puerto Calero, eran “claramente ilegales” y que “nunca” se debió autorizar su construcción, pero que la actuación de Morales no alcanzaba “la infracción penal sino la administrativa”. El Juzgado se limitó a pedir a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) que le abriese un expediente.
Fue clave que el redactor del nuevo Plan General y la Consejería de Política Territorial del Gobierno adelantasen en sus declaraciones en el Juzgado la intención de recoger los terrenos como un sector urbanizable en el nuevo planeamiento de Yaiza, que está pendiente de aprobarse de forma definitiva, nueve años después de la licencia para construir otorgada por el Ayuntamiento.
En julio de 2012, unos ocho meses antes de que el Juzgado archivase su imputación, Carlos Morales, Alexia de Grecia y Puerto Calero SA, sociedad propietaria de 4.030 metros en la citada franja, registran un convenio urbanístico en el Ayuntamiento de Yaiza para que se incorpore al Plan General. Piden que se les autorice el uso residencial, con 18.005 metros cuadrados de superficie edificable. Ahora el Gobierno de Canarias les concede, en el nuevo Plan General de Ordenación, 12.559 metros cuadrados y 62 viviendas. Un negocio redondo.
Desechadas las alegaciones
El Gobierno de Canarias ha desechado las alegaciones que se presentaron para impedir la recalificación de los terrenos entre Puerto Calero y Cortijo. Entidades como la Fundación César Manrique (FCM) y Transparencia Urbanística (TU), partidos como Alternativa Ciudadana y el PSOE, que forma parte del propio Ejecutivo regional, presentaron objeciones en tal sentido.
En las alegaciones, la FCM destacó que se estaba “incumpliendo” la legislación y TU subrayó que la recalificación estaba “forzada por las situaciones urbanísticas irregulares”. Para el equipo redactor, los terrenos “carecen en la actualidad de valor ambiental alguno” y “su consideración como suelo urbanizable responde a una estructura territorial lógica que elimine los vacíos” entre suelos “ya transformados o en avanzado estado de transformación”.
* Diario de Lanzarote - M.Riveiro - 7.6.14
Foto: Yaiza (Lanzarote), terrenos recalificados marido prima Rey - diariolanzarote
