Ya se temía y al final ha ocurrido. Cuando desde hace años se lleva realizando una planificación errónea, sin pies ni cabeza, en el sector de infraestructuras terrestres, se termina lamentablemente así, teniendo que pagar dos veces por unas obras, ya de por sí con un importe elevadísimo. Hemos visto que, igual que en el sector ferroviario, en carreteras y autopistas los proyectos han sido erróneos y mal estudiados, sin que nadie haya pagado por unas decisiones que han supuesto, y siguen siendo, un lastre inmenso para todos los ciudadanos... Más despilfarro público: ¿hasta cuándo?
"20MINUTOS* : El Ministerio de Fomento confía en alcanzar "en los próximos días" un acuerdo con constructoras y concesionarias sobre la constitución de una empresa pública que rescate a la decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra.
Así lo indicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, quien solicitó a las empresas "un esfuerzo de sacrificios y renuncias" para acordar sobre esta empresa pública de rescate de las vías y garantizar así la viabilidad del sistema concesional español, "referente mundial".
Durante su intervención en los desayunos de Executive Forum España, Catalá confirmó que Fomento trabaja para que las concesionarias y las constructoras cedan las nueve autopistas en problemas a la nueva sociedad pública, en la que contarán con una participación, para, posteriormente, "refinanciar" la deuda de "más de 3.500 millones de euros" que suman sus sociedades concesionarias.
Según indicó, este viernes está previsto que el sector remita a Fomento el estudio de conclusiones que debe de haber redactado sobre este proyecto de empresa pública que el Ministerio les presentó hace unas semanas.
El 'número dos' de Fomento manifestó su convencimiento de que se trata de una solución "compleja, pero viable", cuya puesta en marcha requiere "renuncias y sacrificios" de todas las partes implicadas. Según indicó, el problema de las autopistas afecta a 52 entidades financieras, diez constructoras y "miles de ciudadanos que resultaron expropiados para construir las vías y aún no han recibido su dinero".
Entre las pautas que la Comisión Europea daba este miércoles para aumentar el plazo y el nivel de margen de déficit para España estaba la de "reducir el pasivo contingente de las finanzas públicas derivado de las infraestructuras de transporte no rentables".
Trenes según demanda
El secretario de Estado de Infraestructuras rechazó por otra parte que Renfe esté suprimiendo todas las conexiones de ferrocarril de media distancia convencional en un mismo trayecto, y aseguró que lo que está realizando la operadora es una "racionalización" de este tipo de trenes para evitar prestar "servicios que no tienen demanda".
"A nadie se le ocurriría abrir colegios que no tuvieran niños", ejemplificó el 'número dos' del Departamento que dirige Ana Pastor, quien indicó que en "algunos casos" la operadora está "reduciendo" el número de trayectos en una misma relación entre dos ciudades, pero no eliminando todos ellos.
"Además, existen transportes alternativos por carretera que son complementarios, con lo que la movilidad y la conectividad de los ciudadanos está asegurada", aseveró el secretario de Estado.
* 20 Minutos - EP - 30.5.13
Foto: Autopistas de peaje Cataluña - EP
Fomento se quedará con las autopistas privadas deficitarias y asumirá sus deudas
La Justicia da la puntilla a los macroPAI que ya tumbó el estallido de la burbuja
Quizás en los casos más emblemáticos de la Comunidad valenciana la justicia haya llegado a tiempo para anular esos macroproyectos salvajes, pero en la gran mayoría, cientos de Planes urbanísticos, no ha sido así y hoy tenemos que avergonzarnos de su realización 'ilegal', con la complicidad y apoyo de todas las administraciones, ya sea en Valencia como en otros lugares del país.
"VALENCIAPLAZA* : En los años de la fiebre del ladrillo cada metro cuadrado de suelo, por pedregal que fuese, parecía susceptible de convertirse en oro puro. Aún resuenan los ecos de aquel empresario inmobiliario, hoy en concurso de acreedores, que dio la orden a sus directivos de comprar todo el suelo que estuviera disponible. En aquellos años de locura colectiva se lanzaron tantos proyectos que resultaría un ejercicio terapéutico hacer un repaso de tantos anuncios de urbanizaciones con golf que iban a atraer a miles y miles de inversores y turistas muchos de los cuales no pasaron de planos o maquetas más o menos pretenciosas presentadas en aquellas ferias de las vanidades que eran los salones inmobiliarios.
De todos aquellos en el aire quedan demasiados cimientos abandonados y consecuencias de todos conocidas. Tierra quemada. Empresas hundidas por la ambición, bancos intervenidos y quebrados, familias arruinadas... Una historia del pasado que, desgraciadamente, regresa cíclicamente a las primeras páginas de la actualidad. No es casual que así sea, ya que lo ocurrido en aquella casi década prodigiosa fue de tal magnitud que ni la economía ni la justicia ha sido capaz de digerirlo aún.
Y son precisamente los tribunales los que están resolviendo aún importantes litigios ligados a los grandes desarrollos inmobiliarios que marcaron aquella época. En la última semana han sido tres de ellos los que han vuelto desde el pasado para recordar lo que ocurrió.
Este mismo jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló uno de los PAI más polémicos de aquella etapa, el de Rabasa en Alicante. La resolución del TSJCV pone de manifiesto una vez más la falta de rigor legal con que se dio el visto bueno a muchas de estas promociones. En concreto la sentencia considera que se vulneró la Ley de Contratos cuando la Conselleria de Urbanismo aprobó en 2009 el plan. Además, también deja sin efecto la adjudicación que hizo el ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz. Una adjudicación también rodeada de polémica y que está siendo investigada por la Justicia dentro del conocido como caso Brugal.
El plan Rabasa era una actuación urbanística de ingentes dimensiones. Afectaba a 3,6 millones de metros cuadrados de suelo rústico que iba a ser recalificado y se preveía la construcción de 12.503 viviendas. A pesar de estar aprobado, Ortiz no ha llegado a poner en marcha el proyecto.
Tampoco lo hizo, pese a tener inicialmente todos los papeles en regla Jesús Ger, el propietario de Marina d'Or, con el plan de Cabanes-Orpesa. En este caso se trataba del mayor PAI aprobado en la Comunitat Valenciana. Afectaba a 18 millones de metros cuadrados en estas dos localidades de Castellón. En su día se disputaron la adjudicación del PAI Lubasa y Marina d'Or. Se invirtireron grandes cantidades de dinero en comprar suelo en una competición por quedarse el proyecto. Finalmetne fue la empresa de Ger la que se llevó el concurso con un plan para convertir aquel secarral en una especie de Las Vegas, con infraestructuras turísticas y hoteleras tematizadas.
Pero como ocurrió con Rabasa, en el PAI de Cabanes tampoco se cumplió con la Ley de Contratos y el TSJCV lo tumbó la semana pasada. Y como había ocurrido con el desarrollo de Alicante, pese a toda la inversión realizada para quedarse con el plan, Marina d'Or no ha movido ni una piedra en todos estos años. Paralizado por falta de negocio y porque la empresa de Ger no puede ahora hacer una inversión de la magnitud que requiere su idea, el empresario llegó a ofrecerselo a Sheldon Adelson como alternativa a Madrid para su Eurovegas. Fue un tiro al aire, en realidad.
Estos dos proyectos, el de Rabasa y el de Cabanes, están ahora en el aire. El Consell, que es quien incumplió la ley al aprobar los PAI sin seguir los trámites correctos, debe decidir ahora si recurre las resoluciones del TSJCV o si abre la puerta a que se vuelvan a poner en marcha los trámites para volver a licitar las urbanizaciones de estas zonas de forma legal. Una situación esta última que choca con el fin de ciclo del negocio inmobiliario, lo que pondría en duda su viabilidad.
EL 'PELOTAZO' DE PORXINOS SE SALVA
En este proceso de revisión judicial de unos proyectos que la crisis económica ya se cargó ha salido indemne el PAI de Porxinos. Esta misma semana también se conocido una sentencia del Tribunal Supremo por el que se desestima el recurso que había interpuesto el Estado contra un proyecto que fue calificado en su día como un "pelotazo" por el entonces presidente del Valencia CF Juan Bautista Soler.
Porxinos fue el ejemplo más evidente de cómo, con información privilegiada, se podían comprar hectáreas y hectáreas de naranjos y esperar su recalificación por parte de los poderes públicos, como ocurrió en este caso. Sin embargo en este caso el recurso que había planteado el Gobierno era por la falta de agua. Sin embargo, en esa apelación judicial se hizo erróneamente, con lo que no se ha podido anular. El Plan de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos contempla la construcción de una nueva ciudad deportiva para el Valencia CF y unas 2.400 viviendas, con una inversión solo en la urbanización de casi 60 millones de euros.
Porxinos se aprobó en 2005 y tiene que acoger algún día la nueva ciudad deportiva y más de 2.400 viviendas. El agente urbanizador de este PAI es la empresa Litoral del Este, una sociedad propiedad del Valenci CF,l aunque la mayor parte del suelo se vendió a Nozar por el doble de lo que costó. Ahora es propiedad del BBVA. Litoral del Este, pese a tener todos los permisos, no ha movido tampoco un metro cuadrado de tierra. De hecho, el Valencia CF ha pedido un aplazamiento al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
Porxinos, Rabasa, Marina d'Or Golf o Nou Mil.leni, el macroproyecto de Llanera que también fue anulado judicialmente, son nombres que hicieron fortuna en plena burbuja inmobiliaria y que han sido cuestonados en los tribunales. Pero antes el mercado les dictó la sentencia.
* Valencia Plaza - JOAQUIM CLEMENTE . 31/05/2013
Foto: Alicante, maqueta Plan Rabassa - vplaza
Madrid.- La EMVS malvende 1.860 pisos protegidos
La Empresa Municipal de Vivienda de Madrid se declara insolvente ya que tiene una deuda insostenible y está sobredimensionada y, seguro, que necesitará una nueva ayuda del ayuntamiento para evitar su quiebra. Esto es lo que se ha conseguido finalmente debido a la mala gestión técnica y política en una empresa pública que debería ser la solución para los problemas del acceso a una vivienda digna para los madrileños más necesitados.
"ELPAÍS* : Un anuncio publicado el 3 de mayo sellaba el destino de 18 edificios con 1.860 pisos de protección social, ocupados por menores de 35 años con un alquiler reducido, que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) ha decidido vender a inversores. Si todo sale según lo previsto, esta operación de emergencia (debía cerrarse en dos semanas) permitirá ingresar 38 millones de euros. Es, sin embargo, una maniobra ruinosa: la empresa municipal perderá 10 millones al vender los pisos por debajo de su valor.
Esta es la primera de una cascada de medidas desesperadas para reflotar a la EMVS. El plan de salvamento presentado al área municipal de Hacienda plantea un ultimátum: o el Ayuntamiento le compra suelos por valor de 233 millones de euros y le inyecta otros 196 millones de aquí a 2017, o tendrá que instar un concurso de acreedores y, finalmente, liquidar la empresa. Dado que actualmente las competencias de vivienda son municipales, el Ayuntamiento debería asumirlas una vez malvendido el resto de suelo y pisos para pagar a los acreedores.
El plan de viabilidad de la EMVS, al que ha tenido acceso EL PAÍS, parte del análisis de la consultora PricewaterhouseCoopers, que concluyó: la empresa no es viable, tiene una deuda insostenible, su plantilla está sobredimensionada y sufre severos problemas de liquidez. Para “colocarla en situación de equilibrio financiero”, se ha diseñado un “plan de acción” de cinco puntos, que debe ser validado aún por Hacienda.
1. Vender 1.860 viviendas. La EMVS tiene 6.152 pisos de alquiler, de los que vende 1.860 para hacer caja. Son viviendas protegidas: los inversores que adquieran los edificios deberán mantener esos alquileres reducidos durante unos años; luego, podrán cobrar lo que crean oportuno. Aquellos inquilinos (652) con opción de compra deberán negociar con ellos, aunque habrá un precio máximo. Para la EMVS es un negocio ruinoso: pierde las rentas de alquiler, y coloca las viviendas por 120 millones cuando su valor contable es de 162 millones. Una vez descontada la deuda hipotecaria (81 millones), le quedarán 38 millones para gastos urgentes; pero habrá perdido 10 millones.
2. El suelo, al Ayuntamiento. La EMVS planea colocar al Ayuntamiento 20 parcelas valoradas en 166 millones pero con una deuda hipotecaria de 234 millones. Para cubrir la diferencia (el suelo se ha depreciado), añadirá al trato otras 13 parcelas sin hipoteca.
3. Renegociar la deuda. Esas dos operaciones permitirían a la EMVS reducir su deuda de 626 a 315 millones. Para aliviar el resto, pretende usar la carencia de tres años aprobada por el Gobierno para propietarios agobiados. En ese plazo, espera deshacerse de todos sus pisos en venta (2.450). Pero, entre tanto, confía en renegociar con las entidades financieras la deuda hipotecaria que pesa sobre los pisos en venta (160 millones).
La EMVS debe además 28 millones al Ayuntamiento y tres más al IVIMA regional, que espera aplazar hasta capear al temporal.
4. Financiar las obras. La empresa municipal tiene 14 promociones en marcha, con un total de 1.542 pisos por terminar. Seis de ellas carecen de financiación, y ahora conseguirla es imposible porque la EMVS ha pasado a considerarse parte del sector público y, por tanto, no puede endeudarse más. Para lograr los 69 millones que necesita para terminar las obras, su plan pasa por suscribir deuda a corto plazo, aprovechando que las obras deben concluir este mismo año, e ir novándola hasta vender los pisos; o lograr un permiso del Ministerio de Hacienda para suscribir préstamos.
5. Evitar un ERE. La EMVS ha aparcado su proyecto de recortar la plantilla de 338 a 38 empleados. El plan de viabilidad contempla prescindir de las 46 plazas de interinos, lo que, junto a las excedencias forzosas o voluntarias, dejaría la plantilla en 268 personas, con un ahorro de 13,5 millones.
Aun cumpliéndose todos los supuestos del plan de viabilidad, la EMVS necesitará ayuda adicional del Ayuntamiento para evitar su quiebra y disolución. La empresa precisa de 144 millones en subvenciones municipales para evitar “incurrir en pérdidas excesivamente elevadas” de aquí a 2017. Además, su penosa situación de tesorería “supone la necesidad de las siguientes aportaciones adicionales”: 52 millones de aquí a 2015. Es decir, el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo de una hipoteca de 234 millones por suelo y, además, inyectar 196 millones de euros. ¿Y si no?
La empresa plantea tres escenarios: si se quieren mantener las funciones actuales, “lo único viable” es aplazar los pagos a entidades financieras y proveedores. En caso de no lograrlo (PricewaterhouseCoopers lo considera “complicado”), se instaría un concurso de acreedores “con el fin de evitar, entre otras circunstancias, la responsabilidad de los consejeros y administradores” (entre ellos, varios concejales).
Por último, se instaría la disolución y liquidación de la empresa, saldando su patrimonio para hacer frente a las deudas. Ese escenario plantea “un cambio en la forma de gestión del servicio público”, que pasaría a ser competencia directa del Ayuntamiento, tal y como ha planteado el portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky. Apuesta Lissavetzky por transformar la EMVS en una agencia municipal de vivienda, evitando así que su función social se supedite al logro de beneficios; y propone además que se trasladen al Ayuntamiento todos sus activos. Además, pide que se trabaje con los bancos rescatados para crear una bolsa de pisos de alquiler social.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 30.5.13
Foto: Edificio de viviendas protegidas en la plaza del General Vara del Rey. / LUIS SEVILLANO
Navarra.- Cadáveres urbanísticos de la crisis
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Igual que en el resto del país, en Navarra también se construyó desaforadamente y sin sentido en los años pasados. Muchos edificios y urbanizaciones son testigos de este salvajismo en la Ordenación del Territorio, mientras otros proyectos, afortunadamente, no llegaron a realizarse nunca debido a la creciente crisis.
"NOTICIASDENAVARRA* : Los cinco años que la crisis lleva recortando servicios y presupuestos en los ayuntamientos han visto también cómo numerosos proyectos quedaban abandonados en los cajones municipales, olvidados unos, aparcados otros a la espera de que pase la tormenta y lleguen mejores condiciones económicas o los créditos bancarios vuelvan a fluir. Algunos son el reflejo perfecto de los males que han traído al país hasta esta situación, grandes promociones urbanísticas que con la desaparición del efecto burbuja inmobiliaria han desacelerado o incluso perdido interés. En la lista de lo que se podría llamar cadáveres urbanísticos se encuentran lo mismo proyectos de iniciativa privada que pública a los que la situación actual ha devuelto a la realidad".
Desde el año 2000 la Ribera fue terreno abonado para proyectos industriales, muchos irreales y sobredimensionados, y de construcción que se fueron diluyendo cuando los créditos desaparecieron de las ventanillas de los bancos.
Un campo de golf rodeado de viviendas cerca de Fontellas, un enorme parque de 12 hectáreas y 2,5 kilómetros de longitud en Ribaforada, una urbanización con hotel de 200 habitaciones y una residencia de ancianos en Fitero, un polígono industrial y una ciudad del transporte en Cortes, un gran camping en Ablitas, y un conglomerado de grandes proyectos en la capital ribera como Sementales, la calle Mauleón, el parque del Queiles o la creación de un centro de interpretación de la historia de Tudela en el cerro de Santa Bárbara son solo retratos de una época que pasó y que jalona de esqueletos y antiguos proyectos la geografía ribera.
GRANDES PROYECTOS
Urbanizaciones, campos de golf y campings
Uno de los ejemplos más claros es el de la urbanización que unos empresarios rusos (AFK Systems) proyectaban construir en 175.000 metros cuadrados entre Fitero y Baños de Fitero y en el que en 2006 habían invertido ya alrededor de un millón de euros. Según explica el alcalde de Fitero, Pachi Yanguas, se realizaron todos los trámites necesarios como la modificación del plan parcial, la reparcelación y el proyecto de urbanización, pero todo se detuvo cuando llegó el momento de tener que pedir la licencia de obras. Pese a ello, Yanguas asegura que "las cuentas con el Consistorio están saldadas porque tuve que ir a Madrid a cobrar un cheque de 600.000 euros que nos enviaron". Los 400 apartamentos, 50 unifamiliares, el hotel con 200 habitaciones, la residencia de ancianos para 120 personas, el centro comercial y el área deportiva se diluyeron al igual que el campo de golf de 9 hoyos que Ayuntamiento y Gobierno soñaron durante varios años.
Una urbanización similar, pero más centrada en el turismo, se pensó y diseñó también para la localidad ribera de Milagro bajo la denominación de Ciudad de Vacaciones. El proyecto, de la firma vasca Antal, preveía construir alrededor de 1.300 viviendas en distintas tipologías, además de un embarcadero en un lago artificial junto al río Aragón con un nuevo puente peatonal y una zona deportiva. La superficie a ocupar era de 600.000 metros cuadrados y también albergaría una residencia para la tercera edad y varios hoteles. Tuvo el visto bueno del Ayuntamiento y del Gobierno, pero desde el año 2010 no se volvió a saber de ello.
Dentro de ese sabor a Marina D'Or y a Marbella que se pretendía dar a la Ribera, otro exponente más era el campo de golf y urbanización de lujo que se proyectaba junto a El Cerro y que iba acompañado de otra promoción de unifamiliares cerca de Fontellas. Las obras de la primera fase se preveía que se iniciaran en 2012 y de hecho el Gobierno foral aprobó la modificación definitiva del PSIS en enero del pasado año. La idea hablaba de construir 1.157 viviendas, un hotel, un campo de golf de 18 hoyos, un apartahotel, guardería, entidades bancarias y supermercado, una obra que se preveía realizar en dos fases, con un coste estimado de 20 millones de euros. El proyecto abarcaba dos zonas, el cerro de Valpertuna y Los Pinos, y contaba también con el visto bueno de todas las administraciones. El precio de las viviendas oscilaba entre los 168.000 y los 600.000 euros.
La lucha política que se dio en el Ayuntamiento de Ribaforada antes de la crisis tuvo también una víctima que fue el proyecto de un enorme parque junto al Canal Imperial de 2,5 kilómetros de longitud y 21 hectáreas. Presentado en 2008 como el gran proyecto de la legislatura, en 2011, con dinero del Plan E, urbanizaron 700 metros con un coste de 193.000 euros. El alcalde, Jesús María Rodríguez (PSN), nada más entrar en el Ayuntamiento en julio de 2011 anunció que "el parque es una de las inversiones que no fue acertada porque genera mucho gasto corriente. Implica meter personal de jardinería, de limpieza y gasto de agua... No es el momento para este tipo de proyectos".
Con mucha más polémica nació el proyecto de un gran camping junto a la Laguna de Lor. Después de una fuerte oposición vecinal ante la idea inicial de crear una urbanización, cuando el proyecto se transformó en camping logró la aprobación de Medio Ambiente y se iniciaron las obras en mayo de 2011. Promovido por Promociones Urbanas Mendianike tenía previsto ocupar una superficie de 117.000 metros cuadrados junto a este entorno natural y el camping iba a contar con 100 bungalows de 85 metros cuadrados cada uno, además de 267 parcelas para caravanas y autocaravanas, y acampada libre para tiendas. En total se esperaba la llegada de 1.700 personas y contaría con zona deportiva, bar-restaurante, supermercado, área de juegos, sala de reuniones e Internet, despacho médico y aparcamiento. Hoy en día está comenzada la urbanización, se han colocado farolas y algunos bungalows pilotos además de las paredes de uno de los frontones que se pensaba construir y que ahora está rodeada de cardos y olivos. El cierre del acceso a créditos que los bancos han llevado a cabo en toda España ha hecho que las obras estén totalmente paralizadas y abandonadas desde hace meses.
La construcción de calles en mitad de un terreno yermo es una de las señales de ciertos excesos urbanísticos. Uno de los ejemplos más claros es el del polígono industrial de Cortes, uno de los últimos que construyó el Gobierno de Navarra y que se inauguró en febrero de 2011. Desde entonces, las calles con sus aceras y farolas ven cómo pasa el tiempo. Junto a ese polígono también estaba proyectada la construcción de una ciudad del transporte que fue aprobada en 2010 y tenía una extensión de 800.000 metros cuadrados, con un presupuesto de 60 millones de euros. Nunca se ha vuelto a saber de ella.
las claves
· Corazón de Jesús. Se realizó un proyecto para crear un centro de interpretación en el Cerro de Santa Bárbara que explicaría el origen de Tudela desde la cuna de la ciudad, aprovechando sus murallas.
· Calle Mauleón. Urbanización de unas calles abandonadas entre el Corazón de María y la Torre Monreal. Se iba a crear un ascensor urbano y a adecentar el entorno.
· Sementales. Emblema del proyecto político de UPN durante dos legislaturas. Adjudicó a dedo el proyecto a Rafael Moneo para crear una casa de cultura de forma que la ciudad tuviera un legado del renombrado arquitecto tudelano. Pagó más de 600.000 euros por el proyecto y el Ejecutivo le dio un préstamo de 12 millones. Finalmente se ha abandonado ante la imposibilidad de llevarlo a cabo.
· Parque del Queiles. Era el núcleo de la nueva urbanización del Queiles. Se pagaron cientos de miles de euros en expropiaciones, el proyecto se pagó y el coste de las obras se multiplicó casi por dos hasta más de 3 millones de euros. La idea lleva años abandonada.
· En el cajón. El Ayuntamiento de Tudela ha gastado más de un millón de euros en proyectos que no ha llevado a cabo y tiene almacenados.
* Noticias de Navarra - FERMÍN PÉREZ-NIEVAS - 30.5.13
Foto: Ribaforada (Navarra), aérea - turismo
El TSJCV anula el PAI Mundo Ilusión en Cabanes por errores en la licitación
Empiezan a caer algunos de los Planes urbanísticos más emblemáticos de la época de la burbuja inmobiliaria en la Comunidad Valenciana. Aunque los motivos sean variados, la realidad es que la justicia, en los casos más relevantes, parece que está actuando, aunque sea bastante tarde, como siempre. El megaproyecto de Marina d'Or Golf en la provincia de Castellón es un modelo protípico de ese urbanismo salvaje que ha arruinado la costa en muchas zonas del país.
"EUROPAPRESS* : La sección primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el PAI Marina d'Or Golf (Mundo Ilusión) en la localidad castellonense de Cabanes por errores en la licitación, según ha informado Compromís en un comunicado. Así, el tribunal valenciano ha estimado una de las demandas interpuestas contra este PAI, "llamado el más grande de Europa", ha recordado el coportavoz de Compromís en las comarcas de Castellón y concejal en Cabanes, Carles Mulet.
El TSJCV anula así, por ser contrarios a derecho, la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo, de fecha 23 de abril de 2010, por la que se aprobó definitivamente la Homologación y el Plan Parcial Marina d'Or Golf en Cabanes.
La denuncia presentada alegaba que la empresa Construcciones Catellón-Marina d'Or había incumplido la Ley de Contratos, "al no publicarse la propuesta de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas", así como la "falta de clasificación" de la empresa adjudicataria". En base a jurisprudencia del Tribunal Supremo, el tribunal entiende que esta publicación era obligada al tratarse de una actuación de más de 6 millones de euros, y por tanto la adjudicación del programa y su aprobación quedan anuladas", ha puntualizado Compromís.
Según ha indicado Mulet, ésta es la primera sentencia ante las diversas demandas judiciales interpuestas, "y tira por tierra una de las mayores barbaridades urbanísticas del litoral europea, que pretendía urbanizar 18 millones de metros cuadrados".
"Ahora -ha agregado- hay que ver cómo se traslada esta anulación al término de Oropesa, ya que si bien la sentencia solo anula el proyecto en Cabanes, hay que recordar que en Oropesa, donde recaía un 20 por ciento del PAI, se siguieron exactamente los mismos pasos y, por tanto, los mismos errores, y entendemos que la anulación debería de afectarle igualmente", ha dicho.
Mulet ha remarcado que los efectos de esta anulación "son demoledores", ya que hacen comenzar de nuevo la tramitación del PAI, "justo cuando la empresa adjudicataria provisional ha anunciado su intención de renunciar a urbanizarlo, y solo pretende venderlo a inversores extranjeros".
Para el portavoz ecosocialista, "ahora es el momento de replantearse el modelo", "con un PAI anulado, la empresa incapacitada económicamente para tirar hacia delante, que no puede presentar el aval necesario para hacerse cargo, el urbanismo en estado de parálisis en todo el país...".
A su juicio, "no tiene sentido recomenzar de cero el mismo PAI con las mismas pretensiones urbanísticas". Ahora las partes tienen 10 días para recurrir la sentencia del TSJCV, y Mulet ha mostrado su deseo de que el Ayuntamiento de Cabanes, parte afectada, "no continúe malgastando el dinero de los vecinos recurriendo al Supremo, y si lo tiene que hacer alguno, que sea la empresa", ha dicho.
La empresa, perpleja
El fallo fue recibido en el Grupo Marina d'Or con "gran sorpresa y perplejidad", según afirmó la compañía de Jesús Ger en un comunciado. "Nos resulta increíble que el Tribunal anule el Plan Parcial y la Homologación del sector Marina d'Or Golf cuando lo cierto es que a los mismos no les hace ni el más mínimo reproche técnico ni jurídico", señaló. "Tampoco el Tribunal ha reprochado al PAI Marina d'Or Golf nada en cuanto a su escrupuloso cumplimiento de la LRAU", añadió.
La compañía castellonense anuncia que interpondrá un recuso de casación ante el Tribunal Supremo y asegura que "esta sentencia pone en entredicho todos y cada uno de los planes parciales desarrollados por gestión indirecta en la Comunidad Valenciana".
Además del recurso, afirma que "se se van a llevar a cabo todos los trámites necesarios que permitirán, en muy poco tiempo, la aprobación definitiva del programa y su plan parcial, ya que el suelo estaba contemplado como urbanizable desde el PGOU del municipio con anterioridad a la aprobación del Plan Parcial, y toda la documentación y estudios están preparados y sin ninguna deficiencia según la sentencia".
* El Economista - Europa Press - 25.5.13
Foto: Marina d'or (Castellón)- revistaintegral
Altea.- El Supremo anula el proyecto del plan urbanístico de Los Puentes del Algar
Incongruencias de la política urbanística municipal y el 'ladrillazo'. En su momento PP y PSOE apoyaron este plan parcial, ahora todos los grupos coinciden en que "se trata de un proyecto que no sería bueno para el futuro de Altea (Alicante).
"EFE* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado definitivamente el proyecto del plan urbanístico Los Puentes del Algar de Altea, lo que, según fuentes municipales, obliga al Ayuntamiento a tener que devolver los 7,7 millones de euros que el agente urbanizador, Altea Futura SA, entregó en forma de canon. El fallo del TS, dictado el pasado día 10, parte de los recursos de casación presentados por la Generalitat y Altea Futura contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de junio de 2009. En esa resolución, el TSJCV dio la razón a una serie de particulares.
También anuló el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 31 de enero de 2006 por el que se aprobó definitivamente el plan de Los Puentes del Algar, al entender que con anterioridad debían haberse desclasificado y protegido 4,6 millones de metros cuadrados del plan parcial El Alamo para cumplir con las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental.
En concreto, esta declaración indicaba que era necesario desclasificar y proteger ese suelo de El Alamo para compensar la construcción de unas 5.000 viviendas y varios hoteles de lujo en la zona de El Algar, en la que el Plan General no preveía edificar.
'Razonamiento equivocado'
Ahora, el Supremo ha anulado esta sentencia del TSJCV al considerar que parte de un "razonamiento equivocado" que le hace incurrir "en incongruencia".Sin embargo, y pese a anular esta sentencia, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su día por una serie de particulares que pedían anular la aprobación definitiva del plan parcial de Los Puentes del Algar.
Según el TS, el recurso de estos particulares -presentado en 2006- "debe ser estimado", ya que la desclasificación y protección de esos 4,6 millones de metros cuadrados de El Alamo "no puede posponerse al acuerdo de aprobación definitiva" del plan parcial como ocurrió.
Fuentes municipales han señalado en una nota de prensa que, con la anulación definitiva de Los Puentes del Algar por parte del TS, el Ayuntamiento deberá devolver a Altea Futura SA "los 7,7 millones de euros que la empresa entregó como canon al adquirir la condición de urbanizador".
En el mismo comunicado, el concejal del Área Económica, Pedro Barber, ha indicado que, pese a que en su momento PP y PSOE apoyaron este plan parcial, ahora todos los grupos coinciden en que "se trata de un proyecto que no sería bueno para el futuro de Altea". Por su parte, la edil de Urbanismo, Carolina Punset, ha manifestado que la anulación del plan favorece y coincide con los planteamientos de la revisión del Plan General, que en el documento de inicio prevé declarar esa zona no urbanizable en consonancia con "la apuesta" del equipo de gobierno por "un modelo de urbanismo sostenible".
* El Mundo - EFE - 27.5.13
Foto: Altea - turismo
Urbanismo estudia cómo esquivar el derribo de 52 chalés de lujo en O Grove
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Esta es la demostración palpable de que, una vez cometida una ilegalidad urbanística, y, por tanto, haberse realizado la construcción prohibida, es casi imposible devolver la situación a su estado original. La lentitud exagerada de la acción judicial y el interés político-financiero en evitar el derribo o demolición, producen estos atentados irreversibles contra la Ordenación del Territorio.
ELPAÍS* : El término demolición no aparece en ninguno de los fallos del largo contencioso que inició la pasada década la constructora de los 52 chalés adosados en la urbanización de Raeiros, en O Grove, mientras incumplió la licencia de apartotel que había solicitado para destinar la parcela a usos residenciales prohibidos. Sin embargo, la sentencia firme del Tribunal Supremo que ahora avala la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) alude implícitamente el derribo al obligar a la promotora Inproin Galicia a “restituir la parcela a su estado original”.
La Sección Quinta de la Sala contencioso administrativo, reunida el pasado 5 de mayo y en la intervino como ponente el magistrado Eduardo Calvo Rojas, ha emplazado a la Consellería de Infraestruturas de la Xunta, parte personada en el proceso, a dar cumplimiento a la sentencia al tratarse de una licencia autonómica. Una resolución por la que se ordena la restitución de la parcela matriz de Raeiros porque considera que “la licencia otorgada para usos turísticos no fue respetada por la promotora”. El equipo jurídico de la Xunta está analizando el fallo para buscar una fórmula jurídica que esquive el derribo, según adelantaron fuentes de Urbanismo. En todo caso, la solución por la que se inclinarían los técnicos es cumplir la sentencia pero respetando los derechos de los propietarios que podrían haber sido engañados por la promotora a la que pagaron un promedio de 400.000 euros por chalé, con una superficie media de 237 metros cuadrados.
El Supremo desmonta los alegatos de la promotora cuando esta afirma que Raeiros no es “un complejo inmobiliario” al añalizar la finalidad que persiguen las prohibiciones y limitaciones que la normativa urbanística establece para el suelo rústico. “Aquí se trata de suelo rústico protegido de la costa y no puede ignorarse que, aunque se mantenga formalmente la unidad del inmueble, se produce la división para el aprovechamiento de la finca de un complejo inmobiliario mediante un artificioso juego combinado de la división horizontal y las participaciones societarias de la sociedad civil creada al efecto por la promotora: Sociedad Civil Complejo Turístico Raeiros”.
Raeiros representa uno de los caso más paradigmático de incumplimiento de licencia urbanística . Cuando las obras ya estaban terminadas y los apartamentos vendidos, la consellería dictó una resolución en 2007 por la que declaró la prohibición de las obras de parcelación, obligando a la promotora a devolver la finca a su estado primitivo. Inproin había recurrido ante el TSXG de Galicia esta resolución que fue desestimada . Para los promotores, las obras se ajustaron a la licencia y “no existe prueba de lo contrario porque no se ha parcelado, dividido o segregado, siendo la misma sobre la que se construyeron los 52 apartamentos con uso hotelero, lo que nada impide que, de acuerdo con la Ley de Promoción del Turismo en Galicia puedan pertenecer a diversos propietarios a efectos de su explotación como hotel apartamento”.
Insisten en la demanda que la escritura de división horizontal tumbada no supone la división física del terreno, sino, por el contrario, se mantiene la unidad jurídica de la finca que le sirve de soporte y no puede equipararse a los complejos inmobiliarios, pues no hay división o fraccionamiento jurídico del terreno ya que no existe alteración de forma, superficie o linderos. “En esta comunidad autónoma la definición de parcelación es la que es por ello, de forma reiterada tanto los tribunales como la dirección general de los Registros y el Notariado, expresamente consideran, que no existe parcelación urbanística con el otorgamiento de divisiones en edificaciones, y teniendo en cuenta que el uso de la edificación es el turístico se permite que el conjunto de apartamentos puedan pertenecer a varios propietarios”, alegan.
Parcelación “encubierta”
La sentencia del Tribunal Supremo confirma las resoluciones judiciales que califican la promoción de chalés de Raeiros, ubicada junto al mar en San Vicente de O Grove, “como asimilable a una parcelación urbanística, realizada de forma encubierta, que supone incumplimiento de las condiciones bajo las que se concedió la licencia”. Para el tribunal, los hechos ponen de manifiesto que “bajo la aparente ejecución de apartoteles o apartamentos turísticos, al amparo de normas que los autorizaban”, se llevó a cabo una actuación inmobiliaria “que reviste, de hecho, una auténtica parcelación urbanística prohibida por la norma”. El fallo insiste que “se utilizó de cobertura” para esta operación una norma de naturaleza no urbanística sino turística que permite construir apartoteles u otras unidades residenciales para levantar un complejo residencial privado. La construcción de los 52 chalés, explica la sentencia, estaba prohibido por la legislación urbanística y el planeamiento municipal, en este caso el del ayuntamiento de O Grove, debido a que el suelo, ubicado en primera línea del litoral, estaba clasificado como no urbanizable y protegido por la Dirección General de Costas.
* El País - ELISA LOIS - 23.5.13
Foto: Urbanización de Raeiros, en el ayuntamiento de O Grove / CARLOS PUGA
La encrucijada del urbanismo: ´de la plusvalía a la minusvalía´
Un catedrático de derecho administrativo cree que los propietarios de suelo podrían exigir resarcimientos por pagar cuotas de urbanización desorbitadas calculadas durante la 'burbuja inmobiliaria'.
"LEVANTE* : "El urbanismo se basa en la plusvalía. De hecho, la Constitución Española es la única en el mundo que prevé la especulación. Porque sin plusvalía no hay beneficio. Pero el urbanismo actual es de minusvalía. ¿Qué se puede hacer?", se preguntaba el catedrático de derecho administrativo de la Complutense y maestro de urbanistas, José María Baño León, en el debate "Los procesos de transformación urbanística en el sector inmobiliario", dentro de las jornadas organizadas por la Generalitat en la Beneficiència.
Para Baño León, el mayor problema del urbanismo actual son "las urbanizaciones suspendidas o en desarrollo: se giran cuotas de urbanización sobre un suelo cuyo valor ha caído un 40 % o 60 %. Si ha pagado para tener plusvalías y tiene minusvalías, el propietario puede exigir resarcimientos... Pero el ordenamiento jurídico no tiene respuesta para esto".
La Generalitat ha optado por facilitar la suspensión de programas de actuación integrada (PAI) pero, según el catedrático, "no será suficiente. ¿Será exigible en 2015 una cuota de urbanización calculada con una plusvalía de 2003? El legislador tendrá que buscar una regla excepcional y ese es el gran reto del urbanismo en Valencia: encontrar soluciones para el urbanismo en desarrollo, teniendo en cuenta que la crisis durará siete u ocho años".
Para el urbanismo del futuro, Baño León aboga por "aprovechar el parón actual para orientarlo a un urbanismo sostenible y de calidad, con mejores servicios públicos, y modernizar las infraestructuras del sector turísticos -uno de los pocos que funciona- para no seguir instalados en dinámicas del pasado".
También se citó en el debate otro asunto que ha hecho correr ríos de tinta en la C. Valenciana: qué tipo de contrato es el del agente urbanizador. El magistrado del Tribunal Supremo, Eduardo Calvo Rozas, defendió que "el urbanismo no puede ser una excepción a los principios de publicidad y libre concurrencia" y así lo ha defendido el alto tribunal en sus sentencias.
Aunque no ha sucedido lo mismo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que "dos salas estuvieron emitiendo sentencias con criterios divergentes". La sección primera de lo contencioso-administrativo del TSJ exigía los principios de publicidad y libre concurrencia [en aplicación de la "sentencia Scala" de 2001 del Tribunal de Justicia Europeo (TJE)] y la sección segunda veía "discordancias entre la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y la ley de contratos" (se defiende que con el agente urbanizador se suscribe un contrato especial). Hasta que el Supremo "dio la razón a la sección primera en 2006". Esta jurisprudencia del Supremo, a juicio del magistrado, "no la cambia la sentencia del TJE" de 2011 sobre la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que provocó "opiniones con un ardor sorprendente", según Calvo Rozas, "porque ni corrige, ni pone reparos a exigir publicidad y transparencia al contrato del agente urbanizador".
* Levante - LAURA BALLESTER - 24.5.13
Foto: Giner, Ayuso, Baño, Calvo y Palau, ayer, al inicio del debate en la Beneficiència.- ricardo lópez bonacasa
Valencia.- Un proyecto que perdió la llave
La iniciativa privada debía gestionar el complejo administrativo 9 d’Octubre 35 años a cambio de un canon, pero ha costado 107 millones a la Generalitat.
"ElPAÍS* : Era un proyecto de “llave en mano”. Así lo describió a principios de 2005 el entonces consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, que lo presentó como un modelo que iniciaría “la gestión privada en centros administrativos”. Una empresa privada se encargaría de la construcción del complejo y de su mantenimiento. A cambio, la Generalitat pagaría una cánon anual durante 30 o 35 años, periodo tras el cual los edificios pasarían a manos del Consell. El actual complejo administrativo 9 d’Octubre, en Valencia, al que este año se están trasladando por fases cerca de 4.500 empleados públicos, fue presentado en su día como una iniciativa pionera. pero por el camino debió de perder la llave, ya que ha acumulado un coste de 107,9 millones y por su mantenimiento habrá que pagar 725.000 euros anuales.
Así lo indica el actual consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, en respuesta a las preguntas formuladas por el diputado socialista en las Cortes Valencianas Rafael Rubio.
Construido sobre lo que fue la Cárcel Modelo de Valencia, el complejo, a decir de Gerardo Camps, sería gestionado por una empresa que, no solo se encargaría de mantener los edificios, sino de los medios materiales y todo el equipamiento necesario para su funcionamiento. Explicaba muy gráficamente el consejero que la Generalitat solo tendría que “poner los funcionarios” en lo que calificaba como “una gran ciudad administrativa”. Añadía Camps que el sistema permitiría al Consell hipotecarse sin que la deuda se computara en las cuentas.
“El procedimiento de financiación de las obras ha sido con cargo al presupuesto de gastos de la Generalitat de los ejercicios presupuestarios de 2008 a 2013”, reconoce lacónicamente Moragues en su respuesta al diputado socialista, con lo que constata que la construcción se ha llevado a cabo por un método menos innovador y bastante más prosaico. El consejero detalla las certificaciones abonadas, explica el calendario de recepción de las obras, que culminará el 30 de junio, y añade que “la conservación y mantenimiento integral de la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre será realizado, durante un periodo de 72 meses, con un coste anual de 725.068 euros”. El cuadro que aporta el consejero suma hasta 2019 un total de 4,3 millones de euros, que habrá que actualizar según el aumento del índice de precios al consumo que se produzca anualmente.
“El gran proyecto de colaboración público-privada ha quedado en nada”, señala Rubio. “Gerardo Camps lo vendió como una obra emblemática que no supondría coste para la Administración, pero se licitó en enero de 2008 por el método clásico y se está terminando ahora, cuando se había previsto que estuviera acabado en 2009”.
El diputado socialista recuerda que “se dijo que la empresa adjudicataria se encargaría de un mantenimiento integral que incluiría hasta los folios. Ahora, el mantenimiento es también el convencional y no incluye, por ejemplo, el sistema informático”. Rubio ha detectado que, en la ejecución de las obras se llevaron a cabo dos modificados, uno en noviembre 2010 y otro en octubre de 2011, que han supuesto un aumento del 19,8% del precio por el que se adjudicó el proyecto.
“A los vecinos también les han tomado el pelo”, añade el parlamentario, “porque les habían prometido una serie de instalaciones para suplir el deficit de servicios públicos del barrio y no las han hecho”. La concentración de departamentos de la Generalitat en el complejo tiene como objetivo abandonar edificios alquilados y vender inmuebles de la Generalitat para obtener fondos. Rubio se pregunta “cuál será en realidad el ahorro” que se consiga. Y se declara escéptico si hay que atenerse a la diferencia entre lo que el Consell anunció sobre el proyecto y lo que ha acabado haciendo.
* El País - ADOLF BELTRAN Valencia 19 MAY 2013
Foto: Valencia, complejo 9 Octubre - elpais
La marca España reducida a escombros
Una obra artística que quiere llamar la atención sobre el problema del 'ladrillazo' en este país. A pesar de las leyes contradictorias, o simplemente especulativas, del gobierno, en bastantes casos graves de urbanismo salvaje una cuidada demolición o derribo hubiera sido la mejor forma de solucionar atentados tremendos contra el paisaje y la Ordenación del Territorio.
"CONFIDENCIAL* : Toneladas de escombros rellenan el pabellón de España de la 55 Bienal de Venecia. Han derruido el edificio, pero de forma simbólica: es una expresión visual de lo que sería aquella construcción en caso de ser demolida. El proyecto artístico que presentará España en la muestra veneciana, uno de los mayores eventos de arte contemporáneo del mundo, se planta frente al urbanismo para romperlo en pedazos y establecer un alegato en defensa de los pocos espacios urbanos en los que aún hay lugar para la libertad: los descampados".
Lara Almarcegui es la artista seleccionada para representar a España en la exposición internacional, celebrada cada dos años y que podrá visitarse desde 1 de junio al 24 de noviembre. Es una joven Zaragozana que confiesa tener “un problema con el exceso de urbanismo y de diseño” desde hace mucho tiempo y sentir una cierta “claustrofobia” en las ciudades. Almarcegui es experta en desnudar edificios y deconstruirlos mostrando los materiales de los que están compuestos aquellos lugares que frecuentamos a diario. Lleva algo más de diez años desmontando construcciones (en Bélgica, Róterdam, Málaga, Dijon, Viena, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León…) y ahora ha hecho lo propio con el pabellón de España en Venecia diseñado por el arquitecto sevillano Javier de Luque en 1922.
Acceder al pabellón será una tarea difícil, pues los visitantes se encontrarán con una mole, mezcla de ladrillo, mortero y hormigón que ocupa todo el centro del pabellón y obligará a recorrer las habitaciones laterales para poder transitar por su interior. En esas salas contiguas también se expondrán otras montañas de materiales, algo más pequeñitas, de madera, arena, cristal y acero. Como si de una receta de cocina se tratara, la artista pone sobre la mesa (un suelo que ha tenido que ser reforzado) todos los ingredientes que componen el plato del edificio español.
Los materiales provienen de restos de demoliciones transformados en grava, tras ser reciclados según el proceso de tratamiento de escombros de Venecia, ha explicado la artista, y que volverán a su lugar de origen una vez terminada la exposición: “Solo ha habido que costear su transporte, no los materiales”, ha remarcado Almarcegui esta mañana en la presentación del proyecto en Madrid.
La joven zaragozana, que estudió Bellas Artes en la Universidad de Cuenca y en De Ateliers (Amsterdam), da forma a sus expresiones artísticas exclusivamente desde el punto de vista del lugar. Este proyecto no es una reflexión sobre España, precisa, sino un esfuerzo “ontológico, social y político” del urbanismo en general y de la ciudad de los canales en concreto, según ha descrito Octavio Zaya, comisario del pabellón español.
Una isla de cristal
Y es que detrás de esa escombrera se esconde un segundo proyecto: La Guía de la Sacca San Mattia, la isla abandonada de Murano, Venecia, una investigación en torno a una isla veneciana formada con residuos de cristal de la industria de Murano. Se trata de un antiguo vertedero abandonado creado entre las décadas de 1930 y 1950 con rellenos de escombros y dragados de la laguna. Con 26 hectáreas de extensión sin construir, es el espacio disponible vacío más amplio de Venecia, lo que da lugar a toda clase de especulaciones, como el controvertido proyecto de excavar un tren bajo la laguna para comunicar el aeropuerto con la ciudad, que tendría una parada en la zona.
Los descampados representan un espacio de infinitas posibilidades para la artista, quien habla de estos lugares como si de parques protegidos se tratara, y que “están desapareciendo” a marchas forzadas debido a la obsesión por regular los espacios vacíos: “En los descampados sucede de todo porque no corresponden a ninguna planificación urbanística. Todo lo que no se puede hacer en la ciudad se puede hacer allí, es un mundo de posibilidades y de muestra de los procesos de decadencia urbana”.
El presupuesto del doble proyecto de Almarcegui consta de unos 400.000 euros procedentes de la inversión pública y privada. Es la mitad de lo utilizado en la última bienal, según ha explicado en la presentación Itziar Taboada, directora de Relaciones culturales de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), quien ha destacado el trabajo de coordinación realizado junto al organismo público Acción Cultural Española. “Un ejemplo a seguir”, según Taboada, en un momento “en el que se habla tanto de falta de coordinación y de duplicidades”.
* El Confidencial - Verónica Ramírez - 16.5.13
Foto: Montaña de grava en el pabellón español de La Biennale di Venezia. (Ugo Carmeni)
Águilas.- Imputan en el ‘caso Zerrichera’ a Reyes Sánchez, ex secretaria general de Medio Ambiente
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Otro asunto escandaloso de corrupción y especulación urbanística en la Región de Murcia y que también se va eternizando en las manos judiciales. En el 'caso Zerrichera', por el que se dio el visto bueno a la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en un espacio protegido, están implicados altos cargos de la Comunidad.
"LAVERDAD* : Otro ex alto cargo de la Comunidad Autónoma imputado en el ‘caso Zerrichera’. Se trata de la ex secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, María Reyes Sánchez Gómez, implicada supuestamente en el impulso administrativo a la urbanización de este paraje protegido de Águilas, mediante un intento de recalificación a la medida de un proyecto del empresario Trinitario Casanova.
María Reyes Sánchez Gómez, recién elegida secretaria general de la Federación Regional de Empresarios del Metal (FREMM), ha sido citada a declarar el 22 de julio por el juzgado de instrucción número 3 de Murcia, que en un principio había rechazado su imputación en este caso de presunta corrupción urbanística. Sin embargo, la Audiencia Provincial estimó la semana pasada el recurso de apelación del Ministerio Fiscal, por lo que quien fue ‘número dos’ de Francisco Marqués en la Consejería en el año 2005 tendrá que justificar ante la juez Marifé Tabasco Cabezas, que instruye la causa, por qué se dio el visto bueno a la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en un espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000 y catalogado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
En concreto, a María Reyes Sánchez se le preguntará por qué se bloqueó durante un tiempo el plan de gestión de la ZEPA de la Sierra de Almenara, un documento técnico que habría impedido la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas que hizo posible el OK administrativo al proyecto urbanístico, desestimado en su día por la propia Comunidad Autónoma cuando comenzaron a trascender las irregularidades de su tramitación.
Contradicciones
María Reyes Sánchez ya declaró como testigo en abril de 2008 que no recordaba al detalle los trámites del expediente de recalificación de La Zerrichera, durante una prueba testifical en la que incurrió en algunas contradicciones con el entonces responsable jurídico de la Consejería de Medio Ambiente, Manuel Gil.
Fuentes cercanas al caso aseguran a ‘La Verdad’ que en la petición del Ministerio Fiscal para que María Reyes Sánchez fuera imputada fue determinante la declaración de funcionarios del Ayuntamiento de Águilas, que la situaron en la pirámide competencial de este asunto.
El ‘caso Zerrichera’ comenzó a instruirse en el año 2007 tras la denuncia de un concejal del PSOE de Águilas y las acciones judiciales de ANSE y Ecologistas en Acción. En esta causa que investiga presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental permanecen imputados actualmente Francisco Marqués (exconsejero de Medio Ambiente); Antonio Alvarado (ex director general de Calidad Ambiental); Encarnación Muñoz (ex directora general de Medio Natural); Manuel Alfonso Guerrero (ex director general de Urbanismo y Vivienda); José María Ródenas (ex subdirector general de Urbanismo y Vivienda); Juan Ramírez Soto (exalcalde de Águilas); y ahora María Reyes Sánchez, que aún no ha abandonado su puesto de asesora facultativa de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS para incorporarse a la secretaría general de FREMM. Ayer pidió «respeto» y prefirió no hacer declaraciones pese a la insistencia de ‘La Verdad’.
* La Verdad - MIGUEL ÁNGEL RUIZ - 23.5.13
Foto: Águilas (Murcia), terreno La Zerrichera - reporterodigital
Orihuela, la Sicilia valenciana
La mafia político - urbanística campa a sus anchas por esta localidad alicantina (y también por otras cercanas). Varios exalcaldes, 43 casos de corrupción a la espera judicial, e infinidad de imputados del partido popular en uno de los casos más conocidos como 'Brugal'. Todo un récord corrupto más propio de la famosa Palermo (Sicilia).
"ELPAÍS* : Orihuela ya no es solo la cuna del poeta Miguel Hernández. En la Comunidad Valenciana hay quien identifica esta ciudad de 90.000 habitantes con un trasunto de Palermo, como una especie de Sicilia a la valenciana. Aunque sus vecinos lo lleven mal, la comparación no deja de tener sus razones. De los 141 casos de corrupción que tramitan los juzgados valencianos, 43 (el 30%) se investigan en Orihuela. Solo en el caso Brugal una trama político-empresarial ligada al negocio de la basura, hay más de 40 imputados, entre ellos dos exalcaldes de la ciudad, Francisco García Ortuño y Mónica Lorente".
Desde 1979, Orihuela ha tenido siete alcaldes, cuatro de los cuales han estado imputados y dos de ellos condenados en firme. Luis Fernando Cartagena llegó a ingresar en prisión por un breve periodo de tiempo por falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. José Manuel Medina fue condenado a siete años de inhabilitación para ocupar cargo público por prevaricación al no cumplir un decreto de alcaldía.
La lista de políticos imputados en Orihuela no es corta. Actualmente, 5 de los 12 concejales del PP están siendo investigados. La exalcaldesa y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mónica Lorente, está doblemente imputada, por el caso Brugal y por adjudicar el contrato de una obra en una plaza cuando ya estaba inaugurada. Otro concejal, Roberto López, ha sido condenado a pagar una multa de 900 euros por una falta de lesiones leves y amenazas a una mujer. Tres ediles más también tienen cuentas pendientes con la justicia.
¿Qué es Brugal? La investigación apunta a una trama político-empresarial para controlar el negocio de la basura en la comarca de La Vega Baja dirigida por el empresario Ángel Fenoll, condenado en varias ocasiones, una de ellas por compra de votos a favor del PP. La prueba de la envergadura de la investigación son los 50.000 folios del sumario, los más de 40 imputados y los jueces de refuerzo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha enviado para agilizar los procedimientos penales. La trama es de tal magnitud que ha tenido ser desgajada en 17 piezas separadas. La más importante investiga la adjudicación, en octubre de 2008, de la contrata de la basura de Orihuela a una Unión Temporal de Empresas integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. La investigación le ha costado la imputación a la exalcaldesa Mónica Lorente y a otras siete personas vinculadas al Consistorio.
Brugal ha contaminado a todos los políticos que han tenido algo que ver con la adjudicación de la contrata de basuras, desde otro exalcalde de Orihuela, Francisco García Ortuño, hasta el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. La policía está convencida de que Liasur y Gobancast son en realidad la tapadera de la que se valió Ángel Fenoll para conseguir la contrata.
Pese a las evidencias, los políticos implicados en todo el macroproceso relativizan su situación. García Ortuño no cree que en Orihuela existan más casos de corrupción que en otras localidades. El exalcalde achaca la mala imagen de la ciudad a que fue la primera ciudad donde el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, “puso el foco” y a la imputación del expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll, que dio al caso “una dimensión nacional y política de primer orden”. La portavoz del PP en el Consistorio, Pepa Ferrando, lamenta la atención que genera Orihuela “cuando también hay corrupción en Andalucía o Cataluña”.
El actual alcalde, Monserrate Guillén, de Los Verdes (gobierna aliado con el PSOE), opina que los 25 años de Gobiernos con mayoría absoluta del PP propiciaron “un caldo de cultivo para que florecieran empresarios sin escrúpulos y políticos que buscaban el beneficio propio”. Antonia Moreno, concejal socialista, señala a Ángel Fenoll, cabecilla de Brugal.
Pero quien mejor se explica es Antonio López, de 77 años, alcalde socialista en los años ochenta. “Cuando estaba a punto de dejar la vara de mando”, cuenta, “unos promotores urbanísticos me ofrecieron una parcela de 10.000 metros cuadrados para mi familia a cambio de que agilizara la tramitación municipal para la construcción de una urbanización. Intentaron corromperme, pero no me dejé”.
En la calle, los vecinos de Orihuela no se muestran sorprendidos cuando se les pregunta por la corrupción. “Somos así, qué vamos hacer”, afirma una de las camareras del bar que está junto al ayuntamiento. “Si las paredes hablaran...”, ironiza. Frente a la casa consistorial se levanta la iglesia de Santa Justa y Rufina. Su párroco, José Luis Satorre, admite que la corrupción existe. Y ofrece su teoría: “El problema es la crisis de valores, la persona ya no es el centro de la vida, lo que importa es el ladrillo, la empresa o el dinero”.
José Andrés Berná, un vecino que colabora en varias plataformas ciudadanas, se lamenta de que la corrupción sea “endogámica” y critica que la sociedad la “asuma como normal”. Félix Cordero, presidente de la Cámara de Comercio en Orihuela, admite que la corrupción daña la imagen del municipio. “Nos gustaría que todo esto se resolviera cuanto antes, y si algunos han metido la mano en la lata, que lo paguen, pero que nos dejen trabajar al resto”, demanda el empresario con cierta sensación de hartazgo.
¿Por qué hay tanta corrupción en Orihuela? La respuesta es muy compleja, y primero hay que entender cuál es su realidad geográfica. Su término municipal es muy extenso y con grandes áreas urbanizables. José Sanmartín, profesor de Derecho en la Universidad de Alicante y presidente de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta, resume que en Orihuela hay una “colusión de intereses entre política y economía” donde algunos empresarios “presumen” de tener comprados con prebendas a políticos y funcionarios. Nada que ver con Miguel Hernández.
La lista judicial
ALCALDES:
»Luis Fernando Cartagena (PP). Condenado a cuatro años, pasó tres meses en la cárcel por quedarse con 49.000 euros de la donación de unas monjas.
»José Manuel Medina (PP). Condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación en un expediente urbanístico. La juez considera que por su inacción el Ayuntamiento perdió dos millones.
» Mónica Lorente (PP). Imputada por adjudicar una plaza una vez acabada la obra.
» Francisco García Ortuño (independiente). Imputado en el caso Brugal, irregularidades en la adjudicación de la basura.
CONCEJALES ACTUALES
IMPUTADOS:
» 5 de los 12 del PP.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ 19 MAY 2013
Foto: Orihuela, comité electoral PP - laverdad.jpg
Lanzarote.- El fiscal pide cárcel para Luis Lleó y Fernando Becerra, por el intento de soborno a Espino
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El caso 'Unión' de corrupción urbanística en el conflictivo municipio de Yaiza (Lanzarote) en la zona de Costa Roja de Playa Blanca sigue adelante, aunque con lentitud, como siempre.
"CANARIAS7* : El Ministerio Fiscal pide 6 años de cárcel para el empresario Luis Lleó, como principal instigador del intento de soborno a Carlos Espino, consejero socialista que hizo denuncia del hecho, que sirvió de arranque de la investigación del caso Unión. Además, para Fernando Becerra, como colaborador, se reclama una pena de año y medio de prisión. En el escrito de acusación, con la firma de Javier Ródenas, se considera a Luis Lleó como responsable de un presunto delito continuado de cohecho, en base a las maniobras que orquestó para que el Cabildo, a través de Carlos Espino, denunciante inmediato de la trama, cambiara el parecer sobre la urbanización de la zona de Costa Roja, en Playa Blanca (Yaiza). Por ello se pide una pena de seis años de cárcel, junto a una multa de un millón de euros.
Para sacar adelante el proyecto, con licencia para 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, consentida por el Ayuntamiento de Yaiza, a pesar de ir en contra del planeamiento insular, Lleó buscó la ayuda de Fernando Becerra, empresario al que pidió que hiciera de intermediario, cosa que hizo. Para este segundo presunto actor delictivo se reclama una pena de año y medio de cárcel, así como un pago de 200.000 euros. En este caso se tiene como atenuante su papel de colaboración con los agentes judiciales.
"Surgió en Luis Lleó la idea clara de querer corromper mediante el ofrecimiento de una jugosa cantidad dineraria a una de las personas con mayor poder de decisión e influencia en el Cabildo de Lanzarote en materia de ordenación territorial", en alusión a Carlos Espino, "que con ocasión de las funciones propias de su cargo podía prevaliéndose de su superior relación jerárquica y personal requerir a los técnicos del Cabildo para hacer un traje a la medida de Luis Lleó".
Atendiendo al plan urdido, según el escrito del Ministerio Público, se constató durante la investigación que "Fernando Becerra contactó telefónicamente en la primera quincena del mes de Mayo de 2008 con el Consejero, Carlos Espino, y con el pretexto de mantener una reunión con, él, para hablar de un tema, consiguió una cita el día 22 de Mayo de 2008 en el despacho público del consejero del Cabildo". Se le ofreció a Carlos Espino el 5% del volumen de negocio de Costa Roja una vez hechas las construcciones, que contaban con un presupuesto de 69,3 millones de euros, con opción de dar como alternativa la suma de 400.000 euros, a través de una cuenta en Suiza.
Para cumplir con el plan, el Cabildo debía perder el litigio abierto, así como pagar compensaciones al dueño de los terrenos. Incluso se estableció un plan de ruta, que fue objeto de trato en un encuentro en la cafetería La Unión de Arrecife hecho el 14 de julio de 2008. Esta actuación dio nombre a la investigación extensa que se siguió en las meses posteriores, que derívó en varias ramificaciones presuntamente delictivas, con varias decenas de personas imputadas, muchas con acusaciones de gran transcendencia para la vida política y social de Lanzarote.
Cabe señalar que hubo un segundo ofrecimiento de Becerra a Espino, consistente en repartirse 600.000 euros a partes iguales, que también fue conocido por los investigadores gracias al papel activo del entonces líder del PSC-PSOE en aras de desmontar la trama de presunta corrupción urdida por Luis Lleó.
* Canarias 7 - José Ramón Sánchez - 20.5.13
Foto: Yaiza (Lanzarote), vista Playa Blanca - lavozdelanzarote.com
Barcelona, Castellón, Alicante y Madrid tienen el mayor excedente de vivienda nueva por vender
Parece que este estudio privado se ha quedado bastante corto en el número de viviendas nuevas vacías. Pero puede ser una aproximación a la gravedad del caso de la vivienda que, lamentablemente, sigue sin resolverse en este país.
"EFE* : Las provincias españolas que concentran el mayor excedente disponible de vivienda nueva son Barcelona, Castellón, Alicante y Madrid, de acuerdo con un estudio elaborado por Deloitte. Respecto al esfuerzo que hacen las familias para comprar, este trabajo subraya que el porcentaje de renta que dedican al pago de una hipoteca se sitúa ya en cotas de equilibrio. En concreto, de las 50 provincias analizadas, Barcelona (con 60.077 unidades), Castellón (54.274 unidades), Alicante (49.333 unidades) y Madrid (45.537) son las provincias que cuentan con mayor stock disponible, mientras que, por el lado contrario, Badajoz (843), Cáceres (1.317) y Soria (1.966), registran el menor excedente".
Teniendo en cuenta la relación entre población y stock de vivienda nueva, por tercer año, Castellón, Toledo y Almería son las provincias que cuentan con un mayor excedente por cada 1.000 habitantes, en tanto que Badajoz, Cáceres y Vizcaya presentaron el menor ratio.
A pesar de la actual coyuntura económica, Deloitte subraya que 35 provincias están reduciendo su stock de viviendas nuevas sin vender, en especial, Badajoz, Navarra y Guadalajara, con un ajuste del 58%, 42% y 23% respectivamente desde el año anterior.
Más y menos preparadas para recuperar la actividad
Teniendo en cuenta su coyuntura económica y los indicadores inmobiliarios, Álava, Cantabria, Guipúzcoa, La Coruña, Madrid, Navarra, Valladolid y Vizcaya son las provincias mejor preparadas de cara a una recuperación de la actividad inmobiliaria.
Por otro lado, 30 provincias, entre las que destacan Barcelona, Valencia, Sevilla o Islas Baleares estarían en condiciones de normalizar su actividad en un momento posterior y a un ritmo menor. Por último, un grupo de 12 provincias necesitarán más tiempo para absorber el stock y dinamizar su mercado inmobiliario local, indica la consultora.
Con todo ello, y motivado por una caída acumulada del 22% en el precio medio de la vivienda desde el inicio de la crisis, el porcentaje de renta familiar dedicada al pago de la hipoteca de la vivienda ha descendido durante los últimos ejercicios hasta situarse en el 34,3%, un nivel "muy cercano a las cotas razonables de equilibrio", añade Deloitte.
El elevado precio de la vivienda de Barcelona y Guipúzcoa hace que sus respectivas tasas de esfuerzo sean, por tercer año consecutivo, las más elevadas de España. Por el contrario, la compra de vivienda en provincias como Murcia, La Rioja, Pontevedra o Lérida es más accesible, al registrar tasas de esfuerzo por debajo del umbral del 30%.
* 20 Minutos - EFE - 19.5.13
Foto: Seseña, bloques viviendas - seseña
Sol vuelve a mudar de piel
El diseño de la madrileña Puerta del Sol es caótico y confuso, característico de que allí han operado varias corporaciones y diferentes modelos de urbanismo. En realidad debería formar parte de un estudio - análisis municipal sobre el centro histórico y sus alternativas, pero eso ya sería pedir demasiado, parece.
"ELPAÍS* : La Puerta del Sol tiene una veintena de farolas de tres diseños diferentes; cuatro pilotes para cortar el paso a vehículos y otras tantas barras de metal a las que encadenar bicicletas. Sol tiene cuatro quioscos de prensa, uno de lotería y otro de tabaco; seis cabinas de teléfono, y dos paneles de información o publicidad. Tiene cuatro bocas de metro, dos ascensores y un vestíbulo exterior de cristal bautizado como el tragabolas. Tiene dos fuentes, una estatua ecuestre, el oso y el madroño sobre un pedestal y una diosa griega subida a un pilar. Lo que no tiene Sol son árboles o bancos en los que sentarse. Ni alma.
Todos sus elementos parecen diseminados desde las alturas sin ton ni son; de hecho, algunos han cambiado tanto de sitio que cuesta localizarlos. Prácticamente nada de lo que hay allí goza del cariño de los madrileños. Y los turistas, que acuden a fotografiar los símbolos del casticismo local, deben sentarse luego en el suelo, junto a las fuentes, porque el Ayuntamiento, bien porque considera que la plaza no es estancial sino de paso, bien porque quiere evitar que hagan noche allí los vagabundos que llenan de todas formas los soportales de la plaza Mayor, evita por todos los medios dejar un resquicio para el reposo.
La Puerta del Sol, que representa a Madrid en manifestaciones televisadas y en fin de año, está cerca de poblarse además de terrazas, en parte de los establecimientos hosteleros allí presentes, en parte por una concesión municipal para instalar un nuevo quiosco en mitad de la plaza. Pero antes, el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad (que tiene precisamente allí su sede) han dado vía libre al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para convocar un concurso internacional de ideas en octubre que permita ordenar lo que ya hay, eliminar lo prescindible, racionalizar el tráfico de vehículos y el tránsito de peatones, y desenterrar el alma de la plaza, si acaso la tuviera. “Tenemos que pensar la plaza entre todos, no puede seguir siendo una herida que la gente evite para no encontrarse con muñecos de Bob Esponja o compradores de oro”, cree+ el decano del Colegio de Arquitectos, José Antonio Granero. “Madrileños y turistas sienten desapego por Sol, y de la falta de cariño viene su banalización. No es una plaza estancial, es un cruce de caminos. No está bien diseñado, tiene demasiados elementos. Hay que ponerle racionalidad”.
El Colegio de Arquitectos está cerrando acuerdos ya con tres empresas muy ligadas a la Puerta del Sol “para que lideren el proyecto desde el punto de vista económico”. Han mostrado su interés la constructora OHL, embarcada en la reforma del complejo de Canalejas, a escasos metros de distancia; y El Corte Inglés, que posee varios centros comerciales en la zona. Falta por hablarlo con Apple, que abrirá en unos meses su tienda insignia en la plaza, y a la que Granero ve posible convencer para que se sume al proyecto.
El siguiente paso será una serie de exposiciones y coloquios en la sede del Colegio de Arquitectos, en las Escuelas Pías, para explicar la historia de la plaza, compararla con otros espacios similares en otras ciudades, y “permitir que los ciudadanos la conozcan y amen”. El colofón será el concurso internacional de ideas que se lanzará en octubre.
La iniciativa busca una intervención total en ese espacio, que afecte tanto a la plaza como a su entorno, a los elementos diseminados por ella y a las vías de acceso. Para ello, Granero se ha puesto en contacto con el hasta hace pocos días edil de Centro y ahora delegado municipal de Las Artes, Pedro Corral (entre sus atribuciones está el paisaje urbano), y con el delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito. “Hay que aprovechar lo que hay, no se trata de tirar por tirar. Hay que ser prudentes, hacer una intervención potente e interesante, pero desde la racionalidad”, añade Granero.
La Puerta del Sol sufrió su última reforma de importancia entre 2005 y 2009, coincidiendo con la construcción de una estación de tren en sus entrañas. La obra sufrió retrasos al hallarse restos de la iglesia del Buen Suceso, que se pueden ver en la propia estación.
La reforma se inauguró en junio de hace cuatro años. Aumentó la superficie peatonal, limitando el tráfico a un par de carriles entre la calle Mayor y la carrera de San Jerónimo. El Ayuntamiento arañó este año además un carril-bici al vial. Sólo queda otra calle con tráfico, Carretas, que está en el ánimo municipal peatonalizarla (falta dinero). La expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) y el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) se enzarzaron hasta por los quioscos de tabaco y lotería, que una quería quitar y el otro mantener. Llegaron a los tribunales. La reforma actual contará, en cambio, con el consenso de sus sucesores, Ignacio González y Ana Botella.
Los madrileños necesitamos Sol
JOSE ANTONIO GRANERO
Madrid y sus ciudadanos necesitamos recuperar la Puerta del Sol. Es un lugar extraordinario en el mundo de los símbolos urbanos, que tuvo su momento más brillante tras la reforma acometida en el siglo XIX. Es un espacio amado y odiado, soporte de la expresión colectiva, un cruce vacío en el que festejar, encontrarse, criticar, celebrar... de nuevo muchos verbos y todos ellos en un mismo lugar.
Cuando desde las Administraciones se propuso la instalación de un quiosco con terraza, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid decidió intervenir en positivo, con la propuesta de una reflexión profesional abierta a la participación ciudadana sobre ese espacio público. Se haga lo que se haga en Sol, será referencia para las intervenciones sobre el paisaje urbano en la capital y en muchas otras ciudades.
La iniciativa se ha recogido por el Ayuntamiento de Madrid, y ya juntos empezamos a trabajar. Y lo hacemos a través del proyecto Madrid Think Tank, liderado desde el Colegio por los arquitectos Carlos Lahoz y Manuel Leira, y que vincula a profesionales, empresas y universidad con la participación ciudadana en la generación de actividad para crear una iniciativa urbana colectiva de Madrid, de la mano del Ayuntamiento y de la Comunidad.
Es necesario un proceso de información y difusión, y por ello todo empezará con una próxima exposición de la historia de la Puerta del Sol. Junto a ella, mesas redondas y debates, ejemplos de otras intervenciones en el mundo, expertos y profesionales, Administraciones y participación ciudadana. Es una gran oportunidad para empezar a conocer y querer más nuestro Madrid, y juntos mejorarlo.
Para ello, se convocará un concurso de ideas entre arquitectos de todo el mundo, con especial cuidado en la formulación de la pregunta y del jurado, ya que, junto con los profesionales que participen en la iniciativa, será la garantía del mejor resultado. Debemos poner en valor las preexistencias de la Puerta del Sol. Cada intervención debe sumar con las anteriores.
Sol representa un referente, local, nacional e internacional, y este hecho nos obliga a tratar este concurso con la máxima excelencia, rigor y cuidado. La Puerta del Sol debe ser nuestra referencia, debe volver a ser nuestro kilómetro cero. Madrid se lo merece.
José Antonio Granero es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 18 MAY 2013
Foto: La Puerta del Sol, en 1906. / ALOIS BEER
El fiscal pide ocho años de cárcel para el alcalde de Zarra por fraude y falsedad
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Se trata de un caso de compraventa ilegal de terrenos en el municipio de Zarra (Valencia). Pero llama la atención que sea una denuncia del año 2005, es decir que la justicia valenciana haya tardado 8 años (ocho) en las diligencias. Y más grave aun que sea sobre un asunto que ocurrió en 2003. Más de 10 años después se abre juicio oral contra el alcalde, algo incomprensible donde habría que buscar responsabilidades políticas y judiciales.
"ELPAÍS* : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Requena ha abierto juicio oral contra el alcalde de la localidad valenciana de Zarra, el independiente Juan José Rubio, por un presunto fraude en la compraventa de unos terrenos. El regidor se enfrenta a una pena de ocho años de prisión y a 22 de inhabilitación para empleo o cargo público, tal como pide la Fiscalía, que acusa a Rubio de fraude y falsedad al haber causado un "evidente y grave perjuicio a las arcas municipales".
El caso se remonta a julio de 2005, cuando la concejal del PP Rebeca Gonzálvez presentó una denuncia ante Fiscalía por presunto fraude en relación con la venta por un precio muy inferior al real de dos solares por parte del Ayuntamiento de Zarra a una sociedad cuyo único partícipe y administrador era el hijo del primer edil, Sergio Rubio.
Según las conclusiones del juzgado, el Ayuntamiento compró en 1994 una finca por 750.000 pesetas (unos 4.500 euros) y otra parcela en 2000 por 1,5 millones de pesetas (unos 9.000 euros). Las dos propiedades municipales fueron vendidas a mediados de 2003 a la empresa Telizán, SL, que pertenecía al hijo del alcalde, por un precio total de 45.080 euros.
El auto con el que el juez cierra la instrucción indica que la operación fue "urdida para perjudicar al Ayuntamiento de Zarra, pues se desprendía de bienes cuyo valor económico era muy superior al precio recibido" y, de paso, se beneficiaba "directamente al hijo del alcalde". Según una valoración pericial, ya solo una de las fincas valía 190.150 euros porque en ella se había construido un almacén.
En la tramitación de los expedientes para la enajenación y venta de las parcelas se cometieron diversas irregularidades por las que también se abre juicio a cuatro concejales, la secretaria municipal y el arquitecto técnico del Ayuntamiento.
El juez considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude funcionarial y otros de falsedad documental.
Al alcalde, además, el juez le achaca varios delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación por la concesión irregular de una veintena de licencias de construcción supuestamente ilegales a la empresa de su hijo.
El juzgado acordó en marzo abrir el juicio contra el regidor, los concejales y funcionarios municipales, y el hijo del alcalde, acusado de ser cooperador necesario.
En el escrito fiscal, cuyos hechos coinciden prácticamente con los relatados por el magistrado, se acusa a Juan José Rubio de un delito continuado de fraude y de otros dos de falsedad documental, y se le pide una pena de ocho años de cárcel, 22 de inhabilitación para empleo o cargo público, y el pago de una multa de 10.800 euros.
Asimismo, el ministerio público reclama para el hijo del primer edil tres años de cárcel y otros 10 de inhabilitación; la misma pena que solicita para los ediles. Además, respecto a la secretaria, el fiscal pide ocho años de cárcel y 22 de inhabilitación; y en cuanto al arquitecto, reclama cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación.
Por vía de responsabilidad civil, el fiscal pide que se acuerde la nulidad de la venta de las dos parcelas "por haberse realizado con consciente desprecio a la normativa administrativa reguladora de la enajenación de bienes públicos y en perjuicio del Ayuntamiento de Zarra".
Juan José Rubio Navarro es alcalde de Zarra desde 1979 y ha revalidado su cargo hasta en ocho ocasiones, primero como candidato del PSPV-PSOE y, a partir de 2007, como líder de la Agrupación de electores por Zarra (AEPZ).
En enero de 2006, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano presentó una denuncia en los juzgados de Requena contra Rubio y tres concejales socialistas por varios delitos de prevaricación, falsedad, fraude y estafa.
Rubio fue expulsado entonces del PSPV-PSOE y formó la agrupación electoral independiente AEZP, con la que en las elecciones municipales de 2007 ganó cuatro de los siete concejales de Zarra, un pueblo de apenas 500 habitantes de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, en el interior de la provincia de Valencia.
Con su actuación, el fiscal del TSJCV ratificaba la denuncia presentada en diciembre de 2005 por la concejal del PP de Zarra Rebeca Gozálvez contra el alcalde por irregularidades en la compraventa de inmuebles llevada a cabo por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra, SL y la mercantil Telyzan, SL, perteneciente al hijo del edil.
* El País - EP - 23.5.13
Foto: Zarra - todopueblos
Amnistía denuncia la desprotección en el derecho a la vivienda
El artículo 47 de la Constitución española dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos". Y de aquí viene la denuncia de Amnistía Internacional.
"PÚBLICO* : "El Gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de los sectores de población vulnerables". Es una de las conclusiones recogidas en el último informe anual de Amnistía Internacional, que en el caso de España pone el foco en el acceso a la vivienda como uno de los derechos que se han visto más desprotegidos durante 2012".
En concreto, el informe recoge los casos de desalojos forzosos de La Cañada Real y de 300 personas de un asentamiento informal en Puerta de Hierro, ambos en territorio madrileño. Pero la preocupación de la organización no gubernamental se extiende también a la situación de las miles de personas que han sido desahuciadas durante el pasado año a causa de una legislación "anormal", según ha señalado el director de AI en España, Esteban Beltrán.
"El derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España. Existe en la Constitución, pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el Tribunal Constitucional", ha afirmado Beltrán, quien ha anunciado que Amnistía Internacional llevará a cabo una investigación sobre el derecho a la vivienda en España en los próximos meses.
El principal problema, según ha señalado, es que no existe un marco legal al que los jueces puedan acogerse con respecto al derecho de acceso a la vivienda, sino solamente sobre cuestiones de deuda. "Hay un problema enorme de jurisdicción", ha dicho el director de la ONG, que ha pedido que "se paren todos los desalojos hasta que los afectados tengan el marco legal oportuno para poder defenderse".
Por ello, Amnistía ha anunciado que piensa tomar varias medias al respecto. A largo plazo, tratar de que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para cambiar la Constitución y que el acceso a la vivienda sea considerado como un derecho fundamental. A corto y medio plazo, que los tribunales puedan empezar a aplicar un derecho a la vivienda adecuado. A este respecto, Beltrán ha recordado que el 5 de mayo entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España en 2010 y por lo tanto vinculante, y que permite a los afectados acudir ante la ONU y otras instancias judiciales para defender su derecho a la vivienda.
"En junio, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por que continuaran ejecutándose desalojos forzosos en incumplimiento de las garantías jurídicas internacionales, que incluían un proceso genuino de consulta previa, una indemnización y una alternativa adecuada. El Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera directrices aplicables antes de proceder a un desalojo", cita el informe.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que acudió a la presentación del informe ayer en Madrid, reivindicó que el derecho a la vivienda no supone sólo el acceso a un bien material, sino que "es condición necesaria para el desarrollo de otros derechos", como el derecho a la salud o a la alimentación. "Si algo sobra en este país en crisis son viviendas vacías. No hay falta de recursos. Se están privando los derechos de las personas para favorecer los intereses especulativos", denunció Colau, que criticó que el Gobierno, frente a la actuación de la ciudadanía, esté "estigmatizando, criminalizando y reprimiendo" a quienes defienden los derechos de las personas.
* 20 Minutos - LUCÍA VILLA - 23.5.13
Foto: Una de las múltiples protestas en España contra la política de recortes del Gobierno - AI
Blesa (Caja Madrid) prestó 6,7 millones a una empresa Gürtel para financiar un amaño en Boadilla
Se empiezan a conocer datos sobre la procedencia del dinero para la corrupción y especulación urbanística de los pasados años. La unión interesada de políticos y financieros fue la culpable de la gran estafa de la 'burbuja inmobiliaria' que finalmente ha derivado en crisis total. El amiguismo político para financiar ilegalidades mayúsculas contra la Ordenación del Territorio era una práctica generalizada como ya se pensaba entonces, con poco éxito judicial (hay que decirlo). El caso de CajaMadrid es emblemático en poblaciones 'populares' como la madrileña Boadilla del Monte.
"20MINUTOS* : Caja Madrid, cuando la dirigía Miguel Blesa, concedió dos préstamos que sumaban 6,7 millones de euros a uno de los principales imputados en la trama Gürtel, el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, para que pudiera llevarse uno de los principales contratos que la red de Francisco Correa amañó en Boadilla del Monte, uno de los epicentros de la trama. Los dos préstamos, de 5,9 millones y 800.000 euros, se concedieron en junio y agosto de 2008. Blesa dejó Caja Madrid en enero de 2010. Está acusado de apropiación indebida".
El negocio era redondo para Blanco Lalín y la trama de Correa. El Ayuntamiento de Boadilla, gobernado entonces por Arturo González Panero (otro de los imputados), sacó a concurso "el derecho de superficie" de tres parcelas en la mejor zona de Boadilla, dónde se iban a construir locales comerciales y plazas de garaje. En total, 33 locales y 178 garajes en la Avenida Siglo XXI, por donde pasa en tren ligero. La adjudicación se la llevó Rústicas MBS S.L en octubre de 2005, empresa de Blanco Lalín, que luego en 2007 cedió la concesión a otra firma de Blanco Lalín, Artas Consultoría.
Artas Consultoría gestionaría los 33 locales y los 178 garajes durante 99 años. Y a cambio sólo pagaría al Ayuntamiento de Boadilla un canón anual de 81.344 euros, un canon que había sido reducido porque fue fijado inicialmente en 320.000 euros. "Todo un chollo", denunció entonces PSOE y Alternativa por Boadilla, ya que ¿cuánto podía sacar Blanco Lalín si alquilaba el espacio a su disposición?
Un informe de la Policía Nacional, remitido a la Audiencia Nacional el 30 de enero de 2009, y al que ha tenido acceso 20Minutos, ponía exactamente como ejemplo de los negocios amañados por Correa la adjudicación de Rústicas: "La forma de actuar de la organización es captar una adjudicación de tipo urbanístico de una Administración Pública, buscar una empresa capaz de realizarla, ofrecerle el negocio a cambio del cobro de una comisión y avalarla en el concurso respectivo, el cual está previamente concertado".
Blanco Lalín, "un potencial elevadísimo"
El informe de operación de riesgo, que Caja Madrid emitió para analizar la petición de Artas Consultora, refleja que "Artas nos solicitó en junio de este año [se refiere a 2008] un préstamo de 5,9 millones para financiar las obras de construcción de 33 locales y 106 plazas" (aunque la adjudiación fueron 178 plazas). Ese primer préstamo fue concedido por el comité financiero, a 15 años. Con la operación que ahora se analiza, un segundo crédito de 800.000 euros, "lo que se solicita es la financiación del IVA de las obras de construcción".
El informe de Caja Madrid avala el segundo crédito, ya que "la principal compensación a futuro es el inicio de operaciones con el entorno de Ramón Blanco, cuyo potencial es elevadísimo, y sin duda nos aportará nuevas relaciones comerciales con clientes de primera fila, económicamente hablando". El informe también responde a la pregunta que se planteó la oposición de cuánto sacaría Blanco Lalín si alquila todos los locales y garajes: "115.000 euros mensuales", lo que quiere decir 1,3 millones de euros al año (cuando solo devolvía al Ayuntamiento un canon de 81.000 euros). Si se hubieran mantenido esos precios en los 99 años de concesión, el negocio era de 136 millones de euros.
El informe de la Policía también revela la función de Blanco Lalín en la red de Correa: "la gestión y la intermediación financiera de su estructura societaria. Diseño de la estructura de blanqueo". Se le acusa de mover más de 50 millones de euros. Nacido en Léon, es licenciado en Ciencias Económicas, auditor de cuentas e inspector de Hacienda, como Miguel Blesa y José María Aznar. De hecho, Blanco Lalín estuvo junto al expresidente del Gobierno en la redacción y edición de la revista del Centro de Estudios Financieros entre 1983 y 1984. Y Aznar y Blesa, eran amigos.
Boadilla quiere recuperar los locales
El 6 de octubre de 2011, el Ayuntamiento de Boadilla, a través de su Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, decidió rescindir el contrato con Artas Consultora. Era el nuevo equipo municipal tras la marcha de Panero. "A día de hoy solo cuatro de los 33 locales están ocupados", explica a este diario Miguel Ángel Ruíz López, concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Asuntos Jurídicos. "El objetivo es recuperar para el patrimonio municipal estos locales y plazas de garaje. También iniciamos acciones legales para reclamar los daños y perjuicios producidos así como las cantidades no pagadas del canon correspondiente".
El edil reconoce que el anterior Ayuntamiento alquiló dos de esos locales para poner una comisaría y una oficina de la empresa municipal de suelo y vivienda, pero que se marcharán de allí en breve y que no pagan el alquiler desde que ellos llegaron al poder a finales de 2011. Aunque en el marco de la investigación la Audiencia ha bloqueado los bienes de Artas y José Ramón Blanco Balín, solo quedan por devolver del préstamo unos 960.000 euros, según fuentes jurídicas.
Blanco Lalín se ha acogido recientemente a la amnistía fiscal del Gobierno, según ha comunicado la Audiencia Nacional al juez del caso Gürtel. El empresario afloró 504.743 euros.
* 20 Minutos - D. FERNÁNDEZ. 24.05.2013
Foto: Madrid, Blesa y Aznar en CajaMadrid - elperiodico
