El alcalde de Valladolid continúa con su política dictatorial en cuanto a las ilegalidades urbanísticas en la ciudad. Ahora va a trasladar uno de los mercados emblemáticos del casco histórico a un parque también situado en el centro. La medida es claramente ilegal y ha sido denunciada por varias asociaciones ciudadanas.
"EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción ha solicitado la suspensión judicial de la licencia de obras otorgadas por el Ayuntamiento de Valladolid para el traslado del Mercado del Val a la plaza del Poniente, unas obras que según ha anunciado el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, se iniciarán "de inmediato". Según han informado fuentes de la Asociación ecologista en un comunicado, la edificación en un parque público, aunque sea parcial y provisional, constituye "una flagrante ilegalidad urbanística y un muy peligroso precedente para la preservación de las zonas verdes". De hecho, han aseverado de que edificar en el Parque del Poniente devolvería a Valladolid a la senda de "los años negros del urbanismo en España o a las prácticas de la Marbella de Jesús Gil y Gil".
Según las mismas fuentes, existe un informe del Servicio municipal de Parques y Jardines, fechado el 14 de febrero de 2013, en el que se señala que "el uso del parque se va a modificar considerablemente, al quedar dividido en dos zonas debido a la construcción del edificio", si bien el mantenimiento de dos paseos laterales "va a permitir cierta permeabilidad".
Dicho informe, han añadido, reseña "el riesgo que puede suponer para los usuarios del parque los momentos de carga y descarga de productos en el mercado", por lo que el Servicio municipal se exime "de los posibles riesgos y responsabilidades que deriven de dicho uso".
De esta forma, los ecologistas han incidido en que, el uso del mercado "no es compatible con el régimen de protección y catalogación del Parque del Poniente, en contra de lo que concluye el informe de la Gerencia municipal de Urbanismo", ya que la edificación en su espacio central de una nave de 666 metros cuadrados de superficie y 5,10 metros de altura supone una clara interferencia con el uso recreativo del parque.
Ecologistas en Acción ha lamentado que el Ayuntamiento de Valladolid haya rechazado la propuesta de acometer las obras de rehabilitación del Mercado del Val en dos fases, "tal y como se han rehabilitado los mercados de Poble Nou y Sarriá en Barcelona, el Mercado de la Ribera en Bilbao o el Mercado de Paterna en Valencia", lo que, en su opinión, permitiría mantener activos los puestos en el propio mercado durante la ejecución de las obras, "abaratando sustancialmente su coste y haciendo innecesario el traslado provisional del mercado al Parque del Poniente o a cualquier otro lugar".
Para los ecologistas, la supuesta imposibilidad material de suprimir el sótano previsto para un supermercado es "una simple excusa, ya que los cuartos para instalaciones o servicios pueden ejecutarse perfectamente en la planta baja". Por otro lado, han afirmado que el Ayuntamiento "se contradice al señalar que algunos de los mercados citados por esta asociación cuentan con sótano, lo que confirma que, incluso manteniendo esta opción, más cara y que se proyecta para habilitar con dinero público un supermercado, la ejecución sin traslado es posible".
Finalmente, Ecologistas en Acción ha explicado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Valladolid "cualquier actuación de edificación del Parque del Poniente o de cualquier otro parque público de la ciudad, donde sólo están permitidas pequeñas construcciones auxiliares del propio parque como quioscos, templetes, casetas de aperos o similares".
Los ecologistas han recordado que la Fiscalía mantiene abiertas unas Diligencias de Investigación Penal desde que el pasado 26 de octubre Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid pusieran en su conocimiento la intención municipal de trasladar el Mercado del Val al Parque del Poniente.
* 20 Minutos - EP - 16.4.13
Foto: Valladolid, parque-del-poniente - minube
Ecologistas reclama la suspensión judicial del traslado del Mercado del Val de Valladolid
Regreso al ladrillo
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Las nuevas medidas que está tomando el gobierno en relación con la Ordenación Territorial y el litoral vienen a corroborar lo que ya anunciábamos hace tiempo: el regreso al ladrillo. Parece mentira que después del escándalo monumental de la burbuja inmobiliaria y de haber batido todos los récords en cuanto a edificación especulativa y sin sentido, sigan, ahora, abundando en la terrible herida de la falta de control urbanístico.
"ELPAÍS* : La tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Costas inicia sus últimos pasos. El proyecto va a ser debatido en breve en el Senado y, a medida que avanza, el Partido Popular agrava con nuevas enmiendas la amenaza de regresión hacia el modelo de explotación urbanística imperante en España que ha sido tan lesivo para el medio ambiente. La Ley de Costas, vigente desde 1988, marcó un antes y un después al delimitar la zona de servidumbre hasta los cien metros de la costa, prohibiendo por tanto la construcción en dicha franja y otorgando a las edificaciones anteriores a 1988 un plazo de 30 años —prorrogables a 60— para ser demolidas".
La reforma que ahora propone el Gobierno prevé una ampliación del plazo hasta los 75 años, facilita la explotación de chiringuitos, así como las fiestas en la arena (ahora muy restringidas a causa de los problemas de salubridad que comportan) y amplía también el plazo para regularizar la situación de los puertos deportivos en respuesta a la demanda de la patronal empresarial. Las últimas enmiendas del PP proponen reducir en ciertos casos la zona de protección de cien metros hasta los veinte, dejando en manos de los ayuntamientos la potestad de conceder licencias de obras, y amnistiar a doce núcleos urbanos cuyas viviendas invaden el dominio público. Ni siquiera las construcciones amenazadas por el mar debido al cambio climático están obligadas a abandonar la zona de dominio público, salvo que estén invadidas por el agua o “exista un riesgo cierto de que lo haga”.
Los problemas de aplicación que ha afrontado la Ley de Costas no justifican la reforma que este Gobierno ha puesto en marcha. El último cambio de reducir a veinte metros de la costa la zona protegida tendrá, como consecuencia, una relajación de los controles a que se sometía cualquier obra realizada en esa franja y, a fecha de hoy, ni siquiera se ha incluido la prohibición de nueva edificación, un extremo que vulneraría el espíritu fundamental de la ley vigente, que pretendía liberar el litoral de la presión a la que está sometido. La urbanización desaforada y la ocupación de playas, riberas y marjales es un modelo acabado que, además de ser ecológicamente insostenible, puede repercutir negativamente a medio largo plazo en la industria turística y que ya lo ha hecho en el turismo de calidad.
Los cambios que el Partido Popular está proponiendo solo benefician los intereses privados de unos pocos que, invadiendo terreno público, perjudican el interés general. El partido en el Gobierno cambia, además, las reglas de juego a mitad del partido, lo que sin duda va a generar agravios, inseguridad jurídica y pleitos. Es preocupante el cortoplacismo de esta reforma —el plazo general de concesiones termina en cinco años— y la ceguera que demuestran unos gobernantes empeñados en apostar por el mismo modelo de crecimiento que ha agravado la crisis. Aún hay tiempo para rectificar.
* El País - Editorial - 15.4.13
Foto: Benalmádena (Málaga), viviendas costa - el pais
Madrid.- La ciudad descatalogada
La nueva Ley de Patrimonio de Madrid relaja las condiciones para proteger edificios y yacimientos, según denuncian asociaciones, arqueólogos y arquitectos. Parece que los gobiernos, central y autonómicos, no se conforman con la desprotección de las costas, ahora atacan también al rico Patrimonio monumental del país, posibilitando la especulación urbanística. Otro disparate más de una clase político-financiera totalmente alejada de la realidad de las ciudades y el territorio.
"ELPAÍS* : Una mañana de octubre de 1963, los neoyorquinos se levantaron con la demolición de la estación de Pensilvania, una de las joyas arquitectónicas de Manhattan. “Acto de vandalismo”, dijo entonces el New York Times.Las protestas hicieron que las autoridades se dedicaran en los años siguientes a buscar nuevas normas para preservar el patrimonio. Se creó una comisión que determinaba los edificios que debían conservar y que establecía las modificaciones que los propietarios podían hacer en los inmuebles. Nacía así un modelo de ciudad para Nueva York que consiguió eso que los expertos llaman conciencia arquitectónica".
Madrid dispone de comisiones y leyes similares aunque, a tenor del estado de muchos de sus edificios históricos, es muy discutible que esas normas hayan servido para fundar una conciencia colectiva que valore lo mucho que posee la región.
La nueva ley autonómica de patrimonio, que se debate esta semana en la Asamblea, no va a ayudar a defenderlo, según denuncian asociaciones, arquitectos y arqueólogos. Creen que la nueva norma es mucho más permisiva que la actual, y que prima los intereses económicos sobre los arquitectónicos. Están convencidos de que gran parte del patrimonio de la región está en peligro.
El telón de fondo es la crisis. El Gobierno regional no ha ocultado que muchos de los edificios más emblemáticos pueden servir para reactivar la economía y crear puestos de trabajo. Lo interesante para los promotores inmobiliarios está en el centro, y estos se han quejado en varias ocasiones de la necesidad de eliminar cortapisas, burocracias y también obstáculos arquitectónicos que impidan construir, por muy históricos que estos resulten a veces.
En la cafetería de uno de esos lugares identitarios de Madrid, el Ateneo, en torno a una mesa redonda, un grupo de personas habla con pasión de los desaciertos de la nueva ley. Hay un informático, tres arquitectos, una profesora y un licenciado en Filosofía. Forman parte de la plataforma Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. “Lo de los puestos de trabajo es una falacia. No estamos contra el cambio de uso de los edificios. Estamos contra una ley que va a permitir que sea más fácil destruir el patrimonio y perder poco a poco la identidad de la ciudad”, asegura su presidente, el arquitecto Vicente Patón.
El grupo va poco a poco desgranando ejemplos del patrimonio herido en la ciudad. Este paseo por el pasado histórico de Madrid comienza en la calle del Marqués de Riscal, en el distrito de Chamberí. No todo el mundo sabe que allí, en el número 7, escondido entre edificios de cinco alturas, tras una malla verde y un portón de hierro, se encuentra el frontón de Beti Jai.
El edificio es único en el mundo, el último de los frontones industriales del juego de pelota y un ejemplo de la arquitectura del hierro. Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011, la mayor protección que se le puede dar a un monumento, pero hoy es un lugar abandonado desde hace años donde crecen árboles en lugares imposibles y que solo es visitado por un gato y un cernícalo que ha anidado en uno de sus muros. Actualmente se encuentra en un proceso de expropiación que ha llegado a los tribunales porque el Ayuntamiento y los propietarios, Tarcosul Gestión, SL, no se ponen de acuerdo en el importe de la indemnización.
Pasamos de allí a la plaza de Canalejas. El empresario Villar Mir planea levantar en esa manzana un centro comercial y hotel de lujo. Para ello ha habido que modificar la protección que tenía el interior de algunos de los edificios que el empresario le ha comprado al Banco Santander. El objetivo es dejar solo las fachadas y construir en el interior, eliminando elementos hasta ahora protegidos. “La operación Canalejas es el ejemplo de lo que está pasando. Algo que estaba catalogado como BIC pierde esa protección porque hay intereses económicos detrás. Muchos otros edificios podrían correr la misma suerte”, explica Patón.
Dejamos a la izquierda la plaza de Canalejas y nos dirigimos hacia la Gran Vía, donde otro inmueble espera un futuro incierto. Se trata del Palacio de la Música. Caja Madrid lo adquirió en 2008 y prometió que lo convertiría en lo que fue originalmente, un auditorio de música. La entidad trataba de salvaguardar el edificio y evitar que se convirtiera en otro centro comercial. Las obras de rehabilitación comenzaron pero, una vez más, la crisis. El desastre ocurrido en la caja de ahorros ha hecho que esos planes se dejen de lado. “El Ayuntamiento tiene como objetivo principal el empleo, no creemos que haya que mantenerlo por un sentido romántico. Si la alternativa [a que se convierta en una tienda] es mantener el edificio cerrado y que se caiga a trozos, en eso no estamos”, ha dicho el Ayuntamiento. Una petición en la plataforma change.org ha conseguido 16.400 firmas para conseguir que el palacio siga teniendo un uso cultural.
Desde el Palacio de la Música saltamos a la trasera de San Francisco el Grande. La justicia frenó allí las intenciones de la Iglesia que, tras una permuta de terrenos con el Ayuntamiento, pretendía construir un gran edificio en la cornisa de Las Vistillas. El minivaticano, como se conoció el proyecto, aplastaba la cerca de Felipe IV. Pese a que todas las sentencias han sido contrarias al plan, los vecinos de la zona han señalado en varias ocasiones que la Iglesia sigue removiendo tierras en esa zona de gran valor arqueológico.
La arqueología es, según denuncian los críticos, una de las grandes perdedoras con la nueva Ley de Patrimonio. “Con la nueva ley el valor arqueológico queda difuminado y casi eliminado. La labor arqueológica queda bastante defenestrada”, asegura Diana Díaz, presidenta del Colegio de Arqueólogos de Madrid. La ley elimina la obligatoriedad de realizar informes arqueológicos preventivos en los proyectos de construcción. Sin esos informes, las excavadoras pueden arrasar yacimientos sin que nadie se diera cuenta. “La ley no va a afectar a yacimientos como el de Titulcia, declarado BIC el pasado agosto. Pero para llegar a esa declaración, antes de todo eso tuvieron que ir arqueólogos, descubrir los yacimientos que había y documentarlos”, concluye la arqueóloga.
Desde el barrio de Las Vistillas llegamos al número 20 de la Corredera Baja de San Pablo. Un portón con una cadena cierra el paso a una casa que la Empresa Municipal de la Vivienda sacó a subasta pública. El Ayuntamiento había prometido convertir los inmuebles en equipamientos sociales, pero nunca lo hizo. Los vecinos quieren convertir ese ejemplo del caserío castellano del XVIII en un espacio público. La casa, mientras tanto, sigue abandonada. “Nos preocupa mucho ese patrimonio que no está declarado Bien de Interés Cultural. Lo que no está catalogado como BIC corre gran peligro porque la ley deja en manos del propietario hacer lo que quiera si la Administración no le contesta”, afirma Vicente Patón.
Ese es uno de los puntos más conflictivos de la ley. La norma establece que, en el caso de los bienes patrimoniales —hasta ahora llamados bienes catalogados, un segundo escalón tras los BIC— los propietarios puedan hacer las modificaciones que deseen si la Administración no les contesta en el plazo de dos meses. “Creo que la ley se ha malinterpretado. La filosofía de la ley es la conservación del patrimonio facilitando el uso del mismo”, declara el director de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Ignacio Muñoz Llinás. “Para proteger el patrimonio, es imprescindible darle un uso cultural, comercial o de otro tipo que garantice la conservación de los edificios”.
Sobre los nuevos plazos, Muñoz Linás reconoce que se han rebajado, pero que eso no significa que se sea más permisivo. “Se ha dicho que se está siendo más permisivo porque se han rebajado plazos o por el silencio positivo, pero es al contrario. Lo que no tenía sentido es lo que ocurre ahora, que quienes quieren intervenir en un inmueble sin afectar a las partes protegidas del mismo tengan que esperar meses o hasta un año sin recibir respuesta. Con la nueva ley se agilizan los plazos y se obliga a la Administración a responder en un plazo razonable”. Esos plazos son inasumibles para los funcionarios, según señalan los partidos de la oposición.
El debate sobre la ley volverá a traer esta semana otro aún más viejo sobre la protección del patrimonio. A un lado estarán los que quieren reemplazar muros y maderas antiguas con la excusa de reactivar la economía y crear puestos de trabajo. A otro quienes defiendan que el pasado cultural y la conciencia arquitectónica es lo importante. Volveremos a escuchar a unos llamar románticos a los otros y a estos hablar de una equivocada idea de progreso. En definitiva, veremos a ambos lados de ese debate a los defensores de la estación de Pensilvania y a los que habrían puesto en su lugar, como así sucedió, el Madison Square Garden.
Madrid tendrá que elegir su modelo de ciudad. En tiempos de crisis, está claro quién tiene las de ganar.
* El País - ÁLVARO DE CÓZAR / JOSÉ MARCOS - 13.4.13
Foto: Portón deteriorado de un edificio del XVIII, en Corredera Baja de San Pablo.- elpais
Santa Cruz.- El ex secretario de Urbanismo, imputado por el caso Siliuto
Continúan los escándalos urbanísticos en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en este caso la Fiscalía Anticorrupción apunta a una malversación de fondos públicos y prevaricación, ya que los responsables de la Gerencia de Urbanismo compraron la casa Siliuto por encima de su valor real.
"CANARIASAHORA* : El ex secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado el próximo día 20 de mayo por un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos en la compra de la casa Siliuto de El Toscal. Se da la circunstancia que de que tres días antes también comparecerá, esta vez en principio como testigo, por la causa penal abierta sobre el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz. Pero no son las únicas. El 1 de febrero pasado declaró, igualmente como imputado por la supuesta falsificación de planos del Parque Marítimo y desde hace seis años y medio se encuentra en esta misma situación procesal en el conocido como caso Las Teresitas. Un nexo común en todos estos asuntos es que actúan como acusación particular los abogados, Felipe Campos y Antonio Espinosa.
La nueva imputación está relacionado con la adquisición en el año 2002 de una vivienda en El Toscal que iba a ser destinada a Casa de la Juventud para lo que se llegaron a realizar tres tasaciones de la cuales se escogió una de las que resultaba menos ventajosa para los intereses municipales.
Ya se ha realizado una primera ronda de declaraciones del primer grupo de imputados formado por el concejal de Urbanismo en aquella época, Norberto Plasencia y todos los miembros que integraban el Consejo de Administración del organismo autónomo como son Manuel Parejo, Dámaso Arteaga y Basilio Franco de Coalición Canaria (CC), María José Gutiérrez Pajarón del Partido Popular (PP), José Luis Martín Rodríguez, del Partido Socialista Canario-PSOE y David Sáenz del grupo mixto.
De esta manera, Reyes es el primer técnico que va a ser interrogado y no resulta extraño si se tiene en cuenta que hasta ahora los demás encausados han coincidido en señalar que se limitaron a confiar en los informes que habían sido elaborados. De hecho el del ex secretario es el único que aparece en el expediente ya que no se llegó a redactar nunca un dictamen de Intervención, ni otro de carácter jurídico.
Malversación y prevaricación
El grueso de la querella presentada en junio por la Fiscalía Anticorrupción apunta a una presunta malversación de fondos públicos y prevaricación, al entender el Ministerio Público que los responsables de la Gerencia compraron la casa, como mínimo, por 188.000 euros más de su valor real. Según se recoge en la denuncia, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros, según la tasación realizada por los dueños y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación, incumpliendo el acuerdo de que esta última cantidad fuese abonada por los vendedores.
Sin embargo, los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en casi la mitad, 332.500 euros. Pero hubo otra valoración más, la encargada por Urbanismo a la empresa Tinsa, la misma que hizo la de los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros. Por su parte, la Fiscalía encargó un informe pericial donde se fija que el valor del inmueble no supera los 475.000 euros.
En el expediente, los anteriores responsables de la Gerencia de Urbanismo defendieron que la diferencia entre las cantidades fijadas en cada una de las tasaciones con las que trabajaron entra dentro de lo razonable en este tipo de operaciones mercantiles. El Ayuntamiento compró este edificio para que albergase la Casa de la Juventud, aunque años después el inmueble permanece cerrado y en un estado de total abandono. Se trata de una casona de tres plantas de más de un siglo de antigüedad.
El edificio está en la calle San Antonio, en la zona de El Toscal protegida con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). En la actualidad Parejo está imputado por Las Teresitas, el edificio La Ninfa y acusado por la construcción del mamotreto, al igual que Plasencia que también está imputado, además, por el vertido de aguas negras en La Hondura.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 16.4.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, casa Siliuto - laopinión.es
El Supremo anula unos planes urbanísticos de Torrent y Paterna por no garantizar agua
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Muy lentamente, pero parece que en ciertos casos judiciales están empezando a contemplar las aberraciones urbanísticas cometidas en el pasado. Así es el caso de estos dos Planes valencianos que contaban con la ilegal aprobación de la Generalitat, sin tener el visto bueno de la Confederación de Aguas correspondiente.
"EFE* : El Tribunal Supremo ha emitido sendas sentencias en las que declara nulos un plan urbanístico de Torrent y otro de Paterna por no contar con los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar que garantizasen la suficiencia hídrica de los proyectos. Las sentencias, de la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, estiman sendos recursos de la Abogacía del Estado y declaran nulos el plan parcial del sector 4 Santa Apolonia Canal-1 de Torrent, y la modificación del plan general del área Llano del Cura, en Paterna".
Ambas actuaciones urbanísticas contaron con el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a pesar de que había informes en contra de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que consideraban que los proyectos no acreditaban "la disponibilidad de recursos hídricos".
El Tribunal recuerda que la normativa vigente establece que los planes de las comunidades autónomas o de las entidades locales que comporten nuevas demandas de recursos hídricos deben contar con un informe de la confederación hidrográfica correspondiente que determine la existencia o no de recursos suficientes.
Añade que aunque las autonomías han asumido la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el Estado sigue manteniendo su capacidad de decisión en aquellas cuestiones que repercuten sobre las competencias generales.
El Supremo advierte de que la competencia autonómica en urbanismo "no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución reserva al Estado, aunque el uso que este haga de ellas condicione necesariamente la ordenación del territorio".
La sentencia que afecta al planteamiento de Torrent defiende que el informe de la confederación hidrográfica es "preceptivo" y "vinculante" y es exigible, tanto en cumplimiento de la ley estatal de Aguas, como de la ley valenciana de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
El Supremo sostiene que el informe sobre la viabilidad hídrica del proyecto es competencia de las confederaciones y rechaza la posibilidad de que este lo haga una "entidad colaboradora autorizada para el suministro", tal y como contempla la ley autonómica.
Si la intención del legislador autonómico con esta fórmula era dejar "al albur de la discrecionalidad del órgano de tramitación del plan" acudir al organismo de cuenca, se trataría de una normativa "claramente inconstitucional", ya que estas entidades colaboradoras no tienen "ni la competencia técnica, la objetividad, los conocimientos y la visión panorámica" que tienen las confederaciones.
* El Mundo - 16.4.13
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es
Juicio a Millet y la excúpula de Urbanismo el 30 de septiembre por el hotel del Palau
Por fin hay fecha para el juicio sobre el escándalo urbanístico barcelonés del hotel Palau. Aunque con los años pasados y la no construcción al final del hotel, hay que temerse que todo quede en agua de borrajas, después de estar implicado también el departamento de Urbanismo del ayuntamiento gobernado entonces por CIU.
"EUROPAPRESS* : La Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona juzgará el lunes 30 de septiembre al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, su mano derecha, Jordi Montull, y cuatro exresponsables de Urbanismo del Ayuntamiento por la operación para construir un hotel de lujo al lado de la institución musical, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Según el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona que daba por cerrada la instrucción, los trámites durante la operación urbanística para levantar el hotel --que nunca se llegó a construir-- en Ciutat Vella pueden suponer delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.
En esta operación, presuntamente Millet y Montull se embolsaron 900.0000 euros de comisión utilizando el estatus que les otorgaban sus cargos en el Palau de la Música para "influir" en diferentes implicados de la tramitación urbanística, según la juez.
En este caso están imputados el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon Garcia-Bragado, y el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, por delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Según el juzgado, durante la tramitación administrativa ocultaron que desde el 12 de julio de 2007 los terrenos destinados a la edificación del hotel ya no eran propiedad de la Fundación Palau sino de Olivia Hotels, la adjudicataria del proyecto.
Esta ocultación, según la magistrada, pretendía hacer posible que Millet y Montull se apoderaran de 900.000 euros provenientes de Olivia Hotels y una vez transmitida a la constructora la propiedad de las fincas que debían ser recalificadas urbanísticamente apoderarse también de 3.606.072 euros que debía pagar dicha empresa dos meses después de la aprobación definitiva de la modificación del PGM.
OCULTACIÓN DE LA OPERACIÓN
La juez considera que Massaguer y Garcia-Bragado aprobaron algunas de estas operaciones sabiendo que partían de una información "que no se ajusta a la realidad y ocultando una operación de lujo privado".
En definitiva, en opinión de la juez, Massaguer y Garcia-Bragado, así como el director jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, Enric Lambies, dieron un trato de favor a Millet y Montull "ocultando la operación lucrativa privada" y la existencia de Olivia Hotels.
También habría contribuido a ocultar la cesión del derecho de las fincas a la constructora el arquitecto contratado por la Fundación, Carles Díez, quien presentó la documentación ante el Ayuntamiento en la que aparecía la Fundación como única interesada "ligando el futuro del hotel aparentemente solo al interés público".
LES PIDEN 10 AÑOS
El fiscal ha pedido para Millet y Montull diez años y dos meses de prisión para por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.
También ha pedido cuatro años y siete meses de cárcel para Bragado, Massaguer, Lambies, y para el arquitecto del proyecto, Carles Díaz, acusados de falsedad en documento oficial y del delito continuado de prevaricación, según recoge la calificación fiscal.
La acusación popular --formada por la Asociación de Vecinos en defensa de Ciutat Vella y la Asociación de Vecinos del Casc Antic-- pidió siete años de cárcel para Millet y Montull.
* Europa Press - 10.4.13
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es
Guerra al piso vacío
El acceso a una vivienda digna está incluido en la Constitución española, a pesar de ello ha sido algo prácticamente imposible para una gran parte de familias durante años. Los precios disparatados, producto de unas entidades financieras avariciosas y de una mayoría política que decía que esto era 'jauja', mientras cerraba los ojos a cualquier iniciativa alternativa, han sido los culpables de esta situación criminal, donde existen 'millones' de pisos vacíos y otras tantas personas sin cobijo mínimo.
"ELPAÍS* : La dificultad para acceder a una vivienda lleva camino de convertirse en un mal endémico en España. Lo era en época de bonanza y lo es en plena recesión. La lucha de muchos ciudadanos ya no es ni para hacerse con un techo donde vivir, sino para mantenerlo o no quedarse en la calle y con la deuda a cuestas. Solo el año pasado, 30.000 primeras viviendas fueron a parar a manos de la banca acreedora. Un desahucio cada 15 minutos. La gran paradoja es que las necesidades de alojamiento han crecido sin cesar a la par que también lo ha hecho el número de viviendas vacías, que fuentes del mercado sitúan en cerca de seis millones, el doble que hace una década, y el 20% de todo el parque de casas de España.
La Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU, ha decidido apuntar hacia las entidades financieras, que acumulan miles de viviendas en sus balances, para tratar de paliar una situación que considera de “emergencia social”. El decreto ley, en vigor desde el jueves, faculta al Gobierno autónomo a expropiar durante tres años viviendas que se hallen en un proceso de desahucio por impago de la hipoteca para evitar el lanzamiento. Los detractores de esa medida apelan a que la Constitución consagra la propiedad privada. Los partidarios, en cambio, recuerdan que la propiedad privada está ligada a su función social y la justifican en la urgencia social en la que se halla España.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán (PSOE), ha defendido la constitucionalidad de la norma, que ha justificado en las situaciones de “marginalidad social” que está provocando la pérdida de la vivienda. “Decimos basta, hasta aquí hemos llegado”, ha señalado con más contundencia la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU). La respuesta del Gobierno central fue in crescendo a lo largo de la semana pasada. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo que evaluaría con rigor el decreto ley andaluz, mientras que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que las medidas de su Gobierno eran más amplias y apuntó a un recurso al Constitucional. La Asociación Española de la Banca, por su parte, prefiere no hacer comentarios.
No es la primera vez que la posibilidad de expropiar viviendas desocupadas se discute en España. El Parlamento catalán aprobó en 2007 con los votos de la izquierda una ley de vivienda que incluía el alquiler forzoso de las casas vacías. Como en aquel momento, el primer debate que surge es el jurídico. “Constitucionalmente es posible. Las comunidades tienen las competencias en materia de vivienda. Otra cosa es la medida en sí, de cuya eficacia albergo dudas”, asegura José Ignacio Navas, coordinador del Observatorio de la Vivienda del Consejo General del Notariado. “La expropiación forzosa la pueden emprender las Administraciones siempre que haya utilidad o interés social, y en este caso no hay duda de que la hay”, añade. De hecho, los expertos consultados recuerdan que el precedente más parecido lo constituye la Ley Agraria de Andalucía, que también contemplaba expropiaciones. Y estas fueron avaladas por el Constitucional en 1987 por cumplir con los principios de utilidad e interés social.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Juli Ponce asegura que la expropiación del derecho de uso de la vivienda se ajusta a la ley. “Legalmente es posible mediante una ley. Sin embargo, su efectividad es desconocida porque en Cataluña no llegó a aplicarse”, apunta el profesor, quien recuerda que en algunos países se ha llegado aún más lejos que en Andalucía. Es el caso de Escocia o Francia, que han fijado por ley que cualquier persona pueda reclamar a un juez su derecho a la vivienda, lo cual obliga a un despliegue de políticas de alojamiento de sin techo.
La norma ha levantado polvareda también al plantar cara a la banca, contra la cual se han dirigido los movimientos sociales que luchan por la generalización de la dación en pago a través de una ley. “Es cuestión de voluntad política el hecho de empezar a poner límites a las entidades financieras”, dijo la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, tras conocer el anuncio de la Junta.
El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona José María Fernández Seijo, que propició recientemente un sonado varapalo del Tribunal de la Unión Europea al Gobierno central por su legislación sobre desahucios, opina que la medida es constitucional y recuerda que las comunidades autónomas ostentan las competencias en vivienda. “Nadie cuestiona la facultad de expropiar un terreno para construir una carretera y, de hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece esa posibilidad para algunas excepciones, como inmuebles en estado de ruina”, explica el magistrado.
Fuentes judiciales consultadas admiten que las competencias de vivienda son autonómicas, pero consideran que el derecho de la propiedad debe ser “en esencia” parecido en todo el territorio. Eso mismo planteó el ministro Ruiz-Gallardón, quien dijo que los derechos deben ser idénticos para todos los españoles. Desde la otra orilla, el PSOE ha anunciado que llevará esa propuesta al Congreso para que se aplique en toda España.
Cataluña emprendió el mismo camino que Andalucía en 2007, sin que nunca haya podido terminar de explorarlo porque una de las primeras decisiones del primer Gobierno de Artur Mas fue desmantelar la política de vivienda de los Ejecutivos tripartitos, en manos de ICV-EUiA. El alquiler forzoso quedó enterrado en 2011. En cualquier caso, se puso encima de la mesa en un contexto muy distinto. Entonces los precios no hacían sino escalar a un ritmo anual de dos dígitos y quienes querían acceder a un piso debían pedir hipotecas de hasta 50 años. Fueron, en parte, las particulares subprime españolas.
A la vez que ello sucedía, los inversores se lanzaban a acumular pisos. No para alquilarlos, sino para especular: los compraban, aguardaban a que se revalorizaran un 20% en un año y lo revendían con jugosas plusvalías a veces sin haber puesto ni un euro en metálico, sino a crédito. Y así sucesivamente, lo que encarecía la vivienda. La Generalitat trató de frenar entonces esa espiral con la amenaza del alquiler forzoso, restringido a “zonas con una fuerte demanda acreditada”.
La ley catalana no surgía de la nada. Los responsables se inspiraron en otras legislaciones europeas, en especial la danesa. Según fuentes de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), la asociación internacional de tasadores, la expropiación de viviendas vacías para alojar a familias sin techo también está prevista en la normativa francesa o británica, por ejemplo. El responsable de mercados residenciales de RICS, Peter Bolton-King, aplaude la medida de Andalucía, que califica “un gran paso valiente por parte de las autoridades andaluzas”. “El problema de los sin techo es una realidad trágica para muchas personas en todo el mundo y cualquier medida para paliar este problema es más que bienvenida”, afirma Bolton-King, que recuerda que las entidades financieras españolas, como las de Irlanda o Estados Unidos, tienen “un número considerable de propiedades vacías en su poder”.
En esa dirección apunta la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, quien considera que el derecho de uso puede ser expropiado por un procedimiento legal. “Lo importante es que las familias no se vayan a la calle. El drama es tan grande que algo hay que hacer. No se puede consentir que una familia se quede en la calle desamparada”, remacha.
Ahora bien, ¿con qué obstáculos puede toparse la medida? Uno de los principales problemas que tuvo la Generalitat fue el de hallar una definición para “piso vacío”, lo cual resolvió valiéndose de una serie de supuestos y pruebas: desde los consumos de la luz y el agua hasta el testimonio de un vecino. El decreto andaluz ahí lo tiene mucho más fácil, porque se focaliza en las entidades financieras o sus filiales y en los procesos de ejecución hipotecaria.
El texto legal contempla un justiprecio y unos requisitos que debe reunir la persona que será desahuciada para que los mecanismos de expropiación se activen. Del texto se desprende que la expropiación se realizará una vez se haya producido el lanzamiento. El momento no es una cuestión baladí, puesto que Fernández Seijo recuerda que si se efectúa antes el expropiado no sería el banco, sino el consumidor, por lo que se trataría de una interferencia en los derechos del crédito de las entidades financieras. La Junta también impondrá sanciones a los bancos que no saquen al mercado sus pisos. En este caso, Corredor advierte de que muchos de los pisos que siguen sin vender no reúnen las “condiciones adecuadas” por “situación o estado”.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo no es partidario ni de la expropiación temporal ni de la dación en pago general y retroactiva para poner fin a los desahucios. “Si es general, una persona que pueda pagar su hipoteca, pero que no quiera hacerlo, podrá dejar de abonarla, lo cual agrandará el agujero de la banca y costará más dinero al contribuyente”, sostiene el catedrático, quien apuesta por “incentivos” o, en último caso, penalizaciones para movilizar el parque de viviendas que está en manos de la banca.
“Los costes anuales de gestión, administración y financiación de un inmueble oscilan entre el 12% y el 13%. Si la Administración añade un recargo para penalizar las que están vacías, los bancos posiblemente responderán”, señala el profesor. Algunos Ayuntamientos, como Estrasburgo (Francia) o los de Portugal han impuesto tributos más altos para los inmuebles vacíos. Según la Federación de Municipios y Provincias, en España no hay una norma general que imponga un recargo a los pisos desocupados. García Montalvo también señala que parte del parque público de viviendas está vacío, pero la Junta dice que no es el caso de Andalucía.
La inseguridad jurídica es otro de los argumentos contra el decreto ley. Como en la dación en pago con efectos retroactivos, esta figura traspasa la relación contractual entre el cliente y el banco, puesto que muchas de esas hipotecas están titulizadas y en manos de inversores internacionales. “Al final, todo esto puede repercutir también en la capacidad de financiación de las instituciones y, en este caso, a la Junta de Andalucía cuando pueda volver a acudir a los mercados”, opina el director de Estudios de Idealista.com, Fernando Encinar.
El decreto ley de la Junta, pues, pone sobre la mesa por enésima vez el problema de alojamiento que sufre España, pese a que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional. “Espero que haga que algo se mueva”, dice Navas. García Montalvo propone facilitar que las familias que arrastran deudas que no pueden afrontar acudan al juzgado para pedir el concurso de acreedores —que debe abordar la hipoteca—, creando juzgados especializados si es necesario. “Con la ley actual, estos procedimientos están pensados para las empresas. Se trata de que un juez pueda examinar cada caso y decidir, por ejemplo, la quita que se aplica a las deudas de cada familia”, propone. Navas respalda esta posibilidad, mientras que a Fernández Seijo le parece “la más razonable”, puesto que ahora el procedimiento judicial no paraliza la ejecución hipotecaria ni los pagos de estos préstamos.
La picota pasa por Irlanda
Ni Andalucía ni Cataluña son los primeros territorios donde se aplica el alquiler forzoso. Según fuentes de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), la asociación internacional de tasadores, la expropiación de viviendas vacías para alojar a familias sin techo también está contemplado en la legislación de países como Reino Unido o Francia. En Reino Unido, donde hay 710.000 viviendas vacías, las Administraciones locales pueden ejercer una orden de gestión de viviendas vacías para apropiarse del uso de la casa “en circunstancias excepcionales”. El pasado 1 de abril, según la misma institución, el Gobierno introdujo nuevas medidas para que los consejos puedan recargar el IBI en un 150%. “Muchos están aplicando esa medida cuando la casa lleva dos años vacía”, afirman fuentes de la entidad.
Reino Unido no es el único país. El RICS señala Francia —con un millón de propiedades vacías—, que deja que los consejos expropien temporalmente los pisos para alojar a los sin techo. Aunque raramente se ha hecho, esa idea empieza a tomar cuerpo dada la escasez de vivienda social disponible y las necesidades que hay.
Hoy, según esta entidad, esa posibilidad está sobre la mesa de Irlanda. Este país, de 4,5 millones de habitantes, cuenta con 300.000 viviendas vacías. El profesor de la National University of Maynooth (Irlanda), Cian O’Callaghan, explica que muchas de ellas están en grandes urbanizaciones hoy prácticamente deshabitadas que se conocen como ghost estates (polígonos fantasma). El verano pasado algunos propietarios decidieron derribar algunos de esos edificios para dar otro uso a los solares, como ya ha sucedido en Estados Unidos. “A causa de que esos polígonos están en manos de diferentes grupos, no hay una política nacional sobre qué hacer con ellos”, explica el profesor.
Según el RICS, ahora el Gobierno ha puesto encima de la mesa la posibilidad de “usar propiedades nuevas que están vacías para alojar a familias”, aunque la fórmula que se está barajando es arrendarlas a los bancos o a los promotores. El profesor de Urbanismo en el University College de Dublín Brendan Williams explica que, como también sucede en España, un problema es “la ubicación de viviendas vacías”. “Las tasas de desocupación más bajas, de alrededor del 10%, están en los centros urbanos con mayor crecimiento y demanda, como Dublín y Galway, y la más alta se da en los condados rurales, donde no hay demanda. Allí es de más del 20%”, sostiene. Además, en las zonas urbanas, añade, la vivienda se halla en áreas mal conectadas. “Eso hace que una actuación como la de Andalucía merezca una menor consideración aquí”, apunta. “Muchos de esos polígonos están en áreas rurales, mientras que la población sin techo se halla en centros urbanos”, añade O’Callaghan, quien apunta que la principal diferencia es que pese a la demanda de vivienda social, no ha habido un gran volumen de desahucios.
* El País - LLUÍS PELLICER 14 ABR 2013
Foto: Juan Benito Gañán y su esposa Engracia Lucena tras el desahucio paralizado el pasado noviembre de su casa, en Valencia. / CARLES FRANCESC
Uno de cada cuatro trayectos del AVE solo tiene un pasajero al día
El despilfarro estatal en el AVE es evidente y ha sido reconocido incluso en Europa. No es de recibo que un país mediano en número de habitantes y con una débil economía sea líder en esta superestructura de transporte de pasajeros; además de su enorme coste territorial y social, no sirve como transporte de mercancías, algo que parece vergonzoso dadas las alternativas posibles.
"ELDIARIO* : En el breviario de los tópicos que se han ido acuñando a lo largo del quinquenio de crisis que nos asola hay uno que se refiere a los tiempos de vacas gordas y asegura que “cada pueblo de España quería tener su AVE”. Con la perspectiva del tiempo se puede comprobar que muchas localidades lo consiguieron. El resultado de aquel empeño es que, a día de hoy, el 23% de los trayectos de un total de 206 conexiones que se explotan entre las 22 estaciones del tren veloz en activo en 2012, han sido lo que podemos calificar de “los trayectos unipersonales del AVE”. Según datos facilitados por Renfe, en 48 rutas de las 206 para las que la operadora ofreció horarios y vendió billetes, viajaron uno o menos de un viajero por día. Más aún, 10 de ellas fueron utilizadas por menos de 10 pasajeros a lo largo de los 12 meses".
Entre las estaciones en las que existieron relaciones con menos de diez pasajeros al día está la de Tardienta en Huesca; de los diez trayectos de ida o retorno con parada en este apeadero sólo dos logran un pasajero por día. De los ocho restantes, dos suman poco más de 30 pasajeros a lo largo del año y seis no llegan ni siquiera a diez viajeros en los 12 meses.
Pero este pequeño pueblo aragonés no es un caso único. Poblaciones con mucho más empaque como Guadalajara (2 trayectos), Huesca (1) Calatayud (2), Antequera (2), Puertollano (2), Cuenca (1), Utiel-Requena (2) o Puente Genil (2), explotan alguna relación con menos de 10 pasajeros al año. Si a estas estaciones le sumamos de ciudades como Ciudad Real o Lleida, habremos identificado las poblaciones desde las que se explotan la práctica totalidad de los 48 trayectos del AVE a los que calificamos de “unipersonales” porque tuvieron uno o menos de un pasajero por día. Por ejemplo, entre Puente Genil y Córdoba viajaron en todo el año 295 personas; entre Guadalajara y Calatayud, 127; entre Antequera y Puertollano, 108.
La cifra de 48 rutas infrautilizadas se eleva hasta 88 si ponemos el listón un poco más alto y contabilizamos la relaciones que tuvieron cinco o menos de cinco pasajeros al día en 2012. Prácticamente las 22 estaciones de la red del AVE que durante el pasado ejercicio estuvieron activas tienen algún trayecto con estos ratios.
Mayor uso
Si le damos la vuelta a los datos y analizamos los trayectos con mayor afluencia de usuarios comprobamos que las cifras tampoco son como para echar las campanas al vuelo. Únicamente 16 trayectos cuentan con más de 100.000 pasajeros a lo largo del año y, entre ellos, solo dos superaron el millón de viajeros en el ejercicio. Estas rutas son Barcelona-Madrid (con 1.309.862 pasajeros); Tarragona-Madrid (137.246); Córdoba-Madrid (305.573); Lleida-Madrid (112.076); Madrid-Barcelona (1.304.697); Madrid-Tarragona (138.013); Madrid-Córdoba (305.971); Madrid-Lleida (112.375) Madrid-Málaga (688.172); Madrid-Sevilla (982.258); Madrid-Valencia (828.933); Madrid-Zaragoza (538.967); Málaga-Madrid (687.041); Sevilla-Madrid (966.615); Valencia-Madrid (822.592); Zaragoza-Barcelona (252.699); y Zaragoza-Madrid (539.627).
Trayectos unipersonales
Alguien podría afirmar que es lógico que en las pequeñas estaciones, y en los trayectos entre ellas, se contabilicen pocos viajeros, ya que el tren de alta velocidad está pensado para transportar grandes masas humanas entre grandes núcleos de población. El razonamiento es cierto, pero obvia que estaciones como las de Antequera, Cuenca, Guadalajara, Puente Genil, Puertollano o Requena-Utiel, con un número ínfimo de pasajeros son todas de nueva planta, y en cada una de ellas se han invertido decenas de millones de euros.
En el mismo sentido, hay que recordar que del parque de 195 trenes de alta velocidad con que cuenta Renfe, (en el que se han invertido 5.000 millones de euros) sólo 86 han sido diseñados para los trayectos directos o semi directos entre grandes capitales del país. Las restantes 109 unidades fueron adquiridas para los servicios Alvia y Avant. En los primeros se aprovecha el sistema de cambio de ancho de ejes, para unir poblaciones menores enlazadas por vías de la red convencional con las infraestructuras de la red AVE. Los servicios Avant, con trenes de menor rango que los AVE, se utilizan para unir las grandes capitales con las poblaciones de menor tamaño que ya están conectadas con tren de alta velocidad. No parece que un esfuerzo en inversiones e infraestructuras haya tenido la recompensa que se buscaba.
* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 14.4.13
Foto: tren AVE - diagonal
Moaña y Xilxes, dos municipios más para la lista de amnistías
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La nueva Ley de Costas ha sido criticada desde casi todos los ámbitos, profesionales, sociales o políticos, por la privatización del litoral y la legalización de numerosos núcleos urbanos que están demasiado cerca de la línea costera, con el perjuicio evidente para el resto de ciudadanos y el medio ambiente. Así ocurre en estos dos casos particulares.
"ELPAÍS* : Hay un principio urbanístico en Galicia que durante décadas se impuso a una normativa titubeante y que todavía hoy persiste en cierta medida. Es el ti vai facendo [tú ve haciendo] con el que se solían despachar las dudas sobre la legalidad de una actuación. Ante la despreocupación o la complicidad del Gobierno local de turno, la obra se hacía. Si alguien protestaba, ya se comprobaría si era legal o no y si, en tal caso, había una Administración dispuesta a tirarla. En el litoral siguen quedando retazos de aquellos tiempos".
Moaña, una villa costera en la ría de Vigo (Pontevedra) con algo menos de 20.000 habitantes, tiene a unas 200 familias pendientes de que la reforma de la Ley de Costas legalice sus viviendas, construidas a menos de 100 metros del mar en lo que desde 1988 es servidumbre de dominio público. El núcleo, junto con Xilxes (Castellón), elevan a 12 el número de zonas amnistiadas por el PP. La nueva ley todavía debe debatirse en el Senado, por lo que no se descartan nuevas inclusiones, como la del poblado marinero del Puerto de Aiguadol, en Sitges (Tarragona), propuesta por CiU, o algún núcleo de Canarias, con cuyos senadores el PP se ha mostrado especialmente receptivo esta semana.
Moaña creció descontroladamente el siglo pasado ladera abajo a partir de su núcleo original en el monte. Ahora es un rompecabezas entre Administraciones que se disputan su línea de costa, desde el Puerto de Vigo a la administración portuaria gallega, pasando por el Ministerio de Medio Ambiente y el propio Ayuntamiento. A ello hay que sumarle un peculiar deslinde que data de los años sesenta y que ha supuesto que bloques de viviendas contiguos a otros legales, o incluso más alejados de la costa que estos, estén fuera de la ley. Otros ni siquiera pueden escudarse en el agravio comparativo, caso del llamado edificio Salitre, un mamotreto de cinco alturas más ático que toma el nombre de la discoteca que hay en el bajo y que está prácticamente pegado al agua. Maribel, mariscadora, porta un paraguas caoba a juego con el pelo mientras agita las llaves junto al portal. “Nosotros compramos el piso sobre terreno hace unos 34 años. Nos dijeron que todo estaba bien”, afirma.
José Gallego es el presidente de la plataforma local de afectados. “Los edificios se hicieron con licencia municipal y antes de la ley de 1988”, señala, y critica que si la obra era ilegal no se parase mientras se estaba construyendo. “Costas es como un extraterrestre que baja a la tierra cada 25 años. Yo no digo que estas casas no estuviesen mejor en otra zona, pero cuando se levantaron no fue en 24 horas. Cuando yo hago una obra junto a la carretera y tiro un muro los técnicos no tardan ni dos días en venir”, compara, al tiempo que echa pestes de aquel deslinde “caciquil” dibujado en el franquismo. “Venía alguien de Pontevedra con el concejal de turno y hacían lo que querían”, recuerda.
El Salitre ni siquiera tenía garantizada su supervivencia con la moción del PP en el Senado que rebaja la servidumbre de protección a 20 metros con requisitos más livianos que hasta ahora, porque está casi encima del mar. Los populares han optado por excluir al núcleo del dominio público. “Esto era un tema político y alguien tenía que arreglarlo; aquí pagamos justos por pecadores”, concluye el portavoz.
En Castellón, Juana Estellés, una vecina de Xilxes, de 65 años, se prepara para trasladarse a vivir a su casa de primera línea de playa. Su vivienda es una de las 96 de este municipio que el PP prevé amnistiar en la nueva Ley de Costas. Se trata de modestas viviendas unifamiliares levantadas la mayor parte entre los años veinte y cuarenta y que han consolidado una tradicional forma de vida en la costa castellonense. Durante todo el año, la zona es un pueblo fantasma y, con la llegada del verano, los vecinos de este municipio o de alrededores se trasladan a vivir allí. Juana se encuentra en este proceso. El resto de casas que serán indultadas están cerradas a cal y canto.
Su residencia (y las otras 95) no se levantó en primera línea de playa. Juan Antonio Montesinos, presidente de la asociación de afectados, explica cómo, con un fuerte despliegue policial, se tiró el primer frente en 1989. “Tras estos derribos se trasladó la zona de deslinde a todas estas viviendas que estaban detrás”, dice. Pero también se construyó un paseo marítimo por delante y se les prometió, asegura, que el dominio público se quedaría a las puertas de sus casas. Hasta que la ministra Cristina Narbona (PSOE) anunció el derribo de estas 96 y otro medio millar en toda la costa castellonense y la población reaccionó. “Llevo una batalla de siete años, nuestras casas están, de media, a 110 metros del mar y, además del paseo, se hicieron dos escolleras que protegen la zona”, explica Montesinos.
Para Mario García, diputado provincial de Medio Ambiente, la inclusión de Xilxes en el listado de amnistías es más bien “una corrección de errores”. García cuenta que contactaron con el ministerio para informarles de que cumplían con los requisitos. “Lo comprobaron y por eso ha entrado ahora”, dice.
* El País - VÍCTOR HONORATO / LORENA ORTEGA - 14.4.13
Foto: Xilxes (Castellón), playa - mma.es
Córdoba ignoró su propio plan general para beneficiar a Sandokán
Rafael Gómez 'Sandokán' es un empresario conocido en los ambientes de la especulación urbanística andaluza, así ha estado implicado en la Costa del Sol y, ahora, también en su ciudad, Córdoba, de donde es edil del ayuntamiento. Por eso, clama al cielo que se beneficie de legalizar turbiamente unas grandes naves industriales en la ciudad.
"ELPAIS* : Cuando en diciembre el Ayuntamiento de Córdoba aprobó el plan para amnistiar buena parte de las naves ilegales construidas por Rafael Gómez Sandokán en 2005, estaba dando luz verde a unos usos que prohíbe el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Este es uno de los argumentos de mayor peso que esgrime el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía que, la semana pasada, anunció que iba a impugnar el plan especial que legaliza esos enormes almacenes levantados en terrenos de especial protección".
El plan que se ha venido abajo fue gestado por el anterior equipo de gobierno municipal, liderado por IU y PSOE —bajo el amadrinamiento de la exalcaldesa, Rosa Aguilar, que le dio forma cuando estuvo en la Consejería de Obras Públicas— y aprobado por unanimidad hace cuatro meses. Ha sido la de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que guarda las competencias de Urbanismo, la que ha echado atrás el plan.
Los servicios jurídicos son taxativos. Los usos que plantea el plan especial que aprobó el Ayuntamiento de Córdoba para las naves “ni están permitidos, ni son autorizables, tratándose, por tanto, de usos prohibidos”. Según la Junta, los usos previstos para esas macronaves, levantadas por la empresa constructora de Sandokán, Arenal 2000, en 2005 dos años después de que se aprobara el plan urbano son “un híbrido entre gran industrial y, al mismo tiempo, como industria compatible con el medio urbano”, algo que es “inexistente en la regulación general de usos que el PGOU contiene”.
Este aviso de recurso que la Junta de Andalucía ha remitido a través de su gabinete jurídico todavía no es el recurso en sí que va a presentar a la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En este aviso se pide la paralización del plan especial. Los abogados de la Junta consideran que si comienza a desarrollarse el plan, “se producirían perjuicios de imposible o, al menos, muy difícil reparación”.
En todo el escrito ya se va perfilando el armazón en que se va a basar la impugnación. “Tal edificación, por sus dimensiones y el uso que es susceptible de albergar, suponen una manifiesta contradicción con los criterios del PGOU relativos a la defensa del patrimonio industrial y de actividad”.
* El País - MANUEL J. ALBERT - 11.4.13
Foto: Córdoba, naves Colecor - terra.es
A Coruña.- La instrucción de la Operación Orquesta concluye con tres alcaldes procesados
Tres alcaldes de la Costa da Morte encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores procesados por corrupción en la Operación Orquesta. Incluso hasta a la olvidada costa coruñesa ha llegado la corrupción generalizada por medio de una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas. Lo de siempre.
"ELPAÍS* : Dos alcaldes del PP, el de Fisterra y de Mazaricos y uno del PSOE, el de Corcubión, encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores de la Costa da Morte procesados por corrupción en la denominada Operación Orquesta. Tras tres años de pesquisas judiciales, que incluye miles de folios de escuchas policiales, el juez instructor cerró la investigación con un auto que propone sentar en el banquillo de acusados, en el juicio que habrá de celebrarse en la Audiencia de A Coruña, a un total de 26 personas por participar supuestamente en una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y desvío de dinero destinado a la organización de fiestas locales".
Tráfico de influencias, prevaricación y cohecho son los delitos que se les imputan a los regidores José Manuel Traba (Fisterra) y José Manuel Santos (Mazaricos), ambos del PP y en libertad provisional desde febrero de 2011. Procesado por los mismos cargos también está el mandatario de Corcubión, el socialista Francisco Javier Lema. El exalcalde de Cee y ahora portavoz en la oposición, el independiente Ramón Vigo, sigue apareciendo, según el auto judicial, como uno de los principales encausados en este entramado. Además de los tres mencionados delitos, también se le achaca el de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Idénticos cargos pesan contra Pilar Iglesias, también edil de Cee y esposa de Vigo. Éste último, desbancado de la Alcaldía hace un año mediante una moción de censura promovida por PP y nacionalistas, tuvo que pagar una fianza de 29.000 euros para evitar la cárcel tras su detención en febrero de 2011, cuando el entonces titular del juzgado número dos de Corcubión, Andrés Lago Louro –el viernes pasado cambió de destino- ordenó una operación de registro y detenciones en los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos. Los Ogando, padre e hijo constructores de Muxía, encabezan igualmente la lista de acusados por esta trama corrupta destapada por casualidad en 2010, a raíz de escuchas policiales para una investigación sobre una trama de tráfico de drogas en la comarca. Todo partió de conversaciones de Vigo con el representante de orquesta, Jorge López, imputado por varios delitos. Los de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos también pesan contra empleados públicos de los ayuntamientos afectados.
Por el contrario queda fuera y libre de imputación el funcionario del juzgado de paz de Muxía, Carlos Rey Paz, que figuraba en este abultado sumario acusado de “poseer, dirigir y protagonizar su propia actividad defraudatoria” al margen de los manejos de los alcaldes y constructores implicados. Se le imputó por “falsificar facturas para obtener subvenciones de forma fraudulenta” de la Xunta, “en clara connivencia con funcionarios de la Consellería de Cultura”, y buscar un reedito electoral del PP de Corcubión. Pero el juez instructor considera ahora que no hay indicios suficientes contra Rey Paz.
La Fiscalía, única acusación en esta causa, se había sin embargo opuesto hace un año a sobreseer las diligencias contra este funcionario por considerar que “eran numerosísimas las cuestiones a juzgar”. El Ministerio público deberá ahora, una vez recibido el auto que cierra la instrucción para la apertura de juicio oral, presentar su escrito de acusaciones contra cada uno de la casi treintena de imputados. Sus abogados también remitirán sus escritos de defensa y el caso se trasladará entonces a la Audiencia de A Coruña, que tiene la última palabra sobre quienes finalmente se sentarán en el banquillo de acusados en el juicio.
* El País - PAOLA OBELLEIRO - 13.4.13
Foto: fisterra - centros.edu.xunta.es
Entra en vigor el decreto que permite a la Junta de Andalucía expropiar el uso de viviendas
"20MINUTOS* : El decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes ha entrado en vigor este viernes tras ser publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".
Casi doscientas familias andaluzas podrían beneficiarse en una primera fase de la expropiación temporal del uso de la vivienda, ya que son las que hasta ahora han demandado protección contra los desahucios en las oficinas abiertas por la Consejería de Vivienda de la Junta desde octubre. Las primeras cuatro familias en solicitarlo, de Jerez de la Frontera, lo hacían este mismo viernes.
En dicho decreto ley se establece también que en el plazo de un mes se deberá aprobar una orden para poner en marcha un plan extraordinario de inspección, con la finalidad de "mitigar de firma urgente los efectos perjudiciales de la no habitación de viviendas".
Dicho plan de inspección contendrá los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de otro tipo, así como el orden de prioridades que vayan a servir para selección los ámbitos, objetivos inmuebles y viviendas. El plan tendrá una vigencia máxima de dos años.
El decreto estipula asimismo un orden preferente de tramitación para la expropiación temporal. De esta forma, considera que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento "afecta a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o desempleados sin derecho a prestación". Estos colectivos tendrán un orden preferente de tramitación, al igual que ocurre con las personas cuya vivienda esté sometida a algún régimen de protección pública.
Este decreto ley fija los requisitos para poder optar a dicha expropiación temporal de uso, incluidos datos fiscales y de la vivienda, así como define el concepto de vivienda deshabitada.
Esta norma establece la necesidad de un programa de bolsas de viviendas en alquiler destinado a asegurar la "efectiva ocupación" y, en materia sancionadora, apunta que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de procedimientos sancionadores en materia de VPO será de un año.
Asimismo, las entidades financieras, inmobiliarias y entidades de gestión de activos se verán obligadas en el plazo de un mes a comunicar un inventario de las VPO ubicadas en Andalucía que integren su balance.
El decreto se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, introduce además medidas de "incentivo" a particulares y "sanciones" a bancos e inmobiliarias para que "salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía", que ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.
Otra novedad prevista en la norma es la creación "por primera vez" de un registro de viviendas deshabitadas.
Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler. Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.
De forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre propietarios y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.
En materia de incentivos, uno de los incentivos será "establecer un seguro para garantizar el cobro de la renta, en el caso de que el inquilino no lo satisfaga, o un seguro para arreglar los posibles desperfectos que pudieran generarse", esto es, la Junta "contratará un seguro y abonará las cantidades en el caso de que el inquilino no satisfaga la renta o genere imperfectos en la vivienda, con ese seguro la Junta pagaría cantidades debidas y arreglaría desperfectos".
En lo que se refiere a la expropiación temporal del uso de la vivienda, el procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Requisito para la expropiación temporal
Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.
El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).
Asimismo, las familias en riesgo de desahucio cuyas viviendas sean objeto de una expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas por parte de la Junta de Andalucía deberán destinar el 25% de la renta familiar para pagar el 2% del justiprecio de dicho inmueble.
Penalización de hasta 9.000 euros
En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto-Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial.
Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros.
La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda. La norma regula la vivienda vacía como aquella que, reuniendo los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra desocupada. Quedan excluidas las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico así reguladas.
De acuerdo con el Decreto-Ley, una vivienda no está habitada cuando no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, se tienen en cuenta otros aspectos como los datos del padrón de habitantes; la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de éstos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.
Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación. En todo el proceso de declaración los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista. La nueva regulación prevé un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de este tipo de inmuebles. Además, dispone la elaboración de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Administración en este ámbito.
Griñán: "Razón a la sinrazón"
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado este viernes que el nuevo decreto-ley sobre función social de la vivienda pone "un poco de razón en la sinrazón" de los desahucios y ha incidido en que la norma tiene "precedentes constitucionales y legislativos" en la reforma agraria.
Griñán ha asegurado que el decreto-ley pretende dar respuesta a la "marginación social" que se está produciendo, también en las clases medias, como consecuencia de la crisis.
"Se trata -ha explicado- de una medida que viene a poner un poco de razón en la sinrazón que supone el que haya miles y miles de pisos vacíos en Andalucía y España, y miles y miles de familias sin acceso a la vivienda o que tienen riesgo de perder la que tienen".
Griñán ha incidido en que el decreto-ley tiene "precedentes constitucionales y precedentes legislativos" en la reforma agraria promovida en su día por el Gobierno andaluz, que contemplaba la expropiación temporal de uso de las fincas no cultivadas.
* 20 Minutos - EP - 12.4.13
Foto: Hipotecas, protesta Plataforma afectados - afectadosporlahipoteca
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Un nuevo ladrillazo para el litoral
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Análisis de varios autores de la Ley de Costas de 1988 sobre la nueva Ley, que está a punto de entrar en vigor, con sus modificaciones de última hora. La opinión es unánime en el sentido de que va a desproteger la costa en todo el país, dando la posibilidad de edificar muchos tramos para usos residenciales que ahora no son edificables.
"ELPAÍS* : Tres padres de la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, ven en los cambios introducidos por el PP en esta norma una oportunidad clara para rellenar de cemento los pocos huecos que quedan en el litoral español. Los autores de la norma actual, creada durante un Gobierno socialista, advierten de que se está desprotegiendo una franja de 80 metros, casi la longitud mínima de un campo de fútbol, y que se abrirá la posibilidad de edificar muchos tramos de costa para usos residenciales que ahora no son edificables. Los guardianes de esta nueva oportunidad de negocio serán los Ayuntamientos, eso sí, con el control de las comunidades.
Las novedades se han colado de forma sibilina en la reforma de la Ley de Costas, denominada proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Tanto juristas como abogados inciden en que las enmiendas “esconden en cada palabra un juego” y dejan interrogantes por resolver sobre la puesta en práctica. Sin decirlo de forma expresa, la disposición transitoria primera reduce de 100 a 20 los metros de la zona de servidumbre de protección, en la que no puede edificarse. Actualmente, las viviendas levantadas en esta franja están sometidas a numerosos controles. Aunque estas construcciones son privadas, sus dueños prácticamente no pueden modificarlas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, no se atreve a estimar cuántas viviendas quedarán fuera de protección. “No hay cálculos, pero entre los 600 municipios costeros será un porcentaje no pequeño”, estima. La zona más beneficiada, según el ministerio, será Galicia.
La futura norma se debatirá y votará los días 23 y 24 de abril en el Senado. Sobre el papel, la desprotección afectará a construcciones levantadas antes de 1988 y que no fueron legalizadas porque no cumplían con todas las exigencias para considerarlas suelo urbano, como gozar de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. “Ahora basta con acreditar que en 1998 había edificaciones en al menos un tercio de la superficie a considerar”, explica Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Autónoma de Madrid. El profesor, autor de la Ley de Costas de 1988 y toda una autoridad en este asunto, subraya que este criterio es “mucho más permisivo” que el de la legislación urbanística autonómica, que exige la consolidación de la edificación en 2/3 de la superficie (en algún caso ½) para que el suelo se pueda considerar urbano.
“El legislador está abriendo la mano de forma tácita a una clasificación de suelo encubierta”, deduce Miriam García, autora de numerosos trabajos de planeamiento territorial como directora de Urbanismo del Gobierno de Cantabria entre 2002 y 2007. Esta arquitecta critica que la Ley de Costas, que supuestamente debe preservar el litoral, establezca un sistema de silencio positivo, es decir, que quienes quieran regularizar su situación solicitan los informes a Medio Ambiente y si en 18 meses no reciben informe se entiende que es favorable. “Lo que dicta el sentido común es que el silencio sea negativo”, contempla.
El Ministerio de Medio Ambiente defiende que esas casas solo podrán hacer reformas y no obra nueva. También que la fotografía se detendrá en 1988, por lo que no se regularizarán aquellas que estén en situación similar y se hayan construido después de esta fecha. Pero quien tendrá las competencias sobre lo que ocurra en esos lugares cuando se apruebe la reforma vuelven a ser los Ayuntamientos. La historia se repite. “Un Ayuntamiento puede chapucear muchísimo (...), a ver quién es el alcalde que se atreve a negar certificados de que las construcciones contaban con todos los servicios en 1988”, considera Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF.
“Es de esperar que la Administración de Costas no será demasiado exigente con la certificación de que los terrenos tenían todos los servicios hace 25 años”, añade Fernando Palao, otro de los autores de la norma vigente. “No solo se les legaliza, sino que se premia a quienes han corrido más en el desarrollo de estas urbanizaciones ilegales”, subraya. El también exsecretario de Estado con el PSOE, entiende asimismo que en los 80 metros que quedarán fuera de la zona de servidumbre se podrá además edificar, “de acuerdo con los planes urbanísticos municipales, y sin que les sea aplicable la legislación de Costas”.
“Va a ser muy difícil distinguir ahora entre unas y otras y calcular con precisión si las condiciones establecidas se verificaban realmente en aquella fecha”, aporta José Fernández, director general de Costas en la etapa de la ministra Cristina Narbona (PSOE). “Visto el comportamiento de las Administraciones territoriales durante los últimos 25 años, de enorme tolerancia con las infracciones de la Ley de Costas, concretamente en la gestión de la zona de protección, es fácil prever cuál va a ser el resultado”, vaticina.
Medio Ambiente estima que hay unas 250.000 construcciones con problemas legales en la costa española. En este cálculo se incluyen las viviendas consideradas ilegales porque contravienen planeamientos urbanísticos, las que ocupan zonas de servidumbre y las que invaden dominio público.
Fernando Prieto, doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid y también autor de la norma de 1988, vaticina más “caos” para el litoral español. “Todos los catedráticos están indignados”, afirma el abogado medioambientalista Manuel Marraco. “El Gobierno tiene el síndrome del que se mete a contramano en una autopista, piensa con horror que todos los demás están locos”, añade.
Una reforma orgullosa de la "tolerancia cero"
· ‘Antialgarrobicos’. La reforma a la Ley de Costas vigente, de 1998, presume de “tolerancia cero” ante las agresiones al litoral esgrimiendo su cláusula antialgarrobicos, en referencia al famoso hotel de Carboneras (Almería), y que permitirá a la Administración parar obras contrarias a la ley.
· Amnistías. Sin embargo, la norma, actualmente en el Senado, incluye otras muchas medidas que consolidan los desmanes vigentes o abren la puesta a otros. Por ejemplo, salva a 12 núcleos de viviendas que invaden dominio público: Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d’Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo o El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Las dos últimas en formar parte del grupo son Xilxes (Castellón) y Moaña (Pontevedra).
· Concesiones de hasta 75 años. En nombre de la seguridad jurídica de los compradores, muchos de ellos extranjeros, y para dar buena imagen de España, se establece un sistema de concesiones hasta 75 años para unas 10.000 viviendas levantadas dentro del dominio público y que deberían comenzar a demolerse en 2018.
· Chiringuitos. Los negocios playeros obtendrán concesiones de cuatro años, en vez de anuales, como ocurría hasta ahora.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 14-4-13
Foto: Moaña (Pontevedra), costa conflictiva - elpais
Valladolid.- El TSJ anula la modificación del PGOU para el centro comercial 'Prado Palacio-Berrocal'
De nuevo el Plan General de Valladolid está en las noticias, ahora por exceso de edificación y no justificar la implantación de un gran establecimiento comercial. Además, esta modificación no cuenta con la preceptiva evaluación ambiental.
"ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* anuncia que por sentencia de 27 de marzo de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en la denominada Área Homogénea 11 “Prado Palacio-Berrocal”, situada entre las carreteras de León y Fuensaldaña y la Ronda Oeste, donde estaba prevista la construcción de un gran centro comercial de 250.000 metros cuadrados, un polígono industrial y 2.700 nuevas viviendas".
La sentencia del TSJ anula la modificación del PGOU aprobada en 2009 por el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, a instancias del Ayuntamiento de Valladolid, así como la Decisión adoptada el año anterior por la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de no someter dicha modificación del PGOU a la preceptiva evaluación ambiental.
La Sala entiende que “no puede olvidarse que el terreno al que se le daba el nuevo uso terciario se aproximaba a los 250.000 metros cuadrados […], lo que excedía ya por sí de la superficie de venta al público máxima que […] podía ser objeto de licencia comercial específica en la Zona Básica de Valladolid”, de acuerdo a las previsiones del entonces vigente Plan de Equipamientos Comerciales de Castilla y León. Por lo tanto, la modificación del PGOU debió someterse a una evaluación ambiental, independientemente de que el Plan Parcial que la desarrolló se sometiera posteriormente a su propia evaluación de impacto ambiental.
Pero más allá de la omisión de la evaluación ambiental, resulta especialmente relevante la Sentencia cuando declara que “no se ha justificado que fuera necesaria la previsión de 120.000 metros cuadrados edificables de uso terciario y la implantación de un gran establecimiento comercial […], cuando la aplicación de la fórmula de impacto [del Plan de Equipamientos Comerciales] por debajo de un impacto alto daba como resultado una superficie de venta al público de 78.853 metros cuadrados, o sea, una superficie que ya por sí sola superaba la Modificación litigiosa, y ello sin tener en cuenta tanto el comercio ya existente como el que en aquel momento estaba en trámite de licencia comercial”.
La sentencia considera por lo tanto que la modificación del PGOU en el Área Homogénea 11 es contraria a la Ley estatal de Suelo y a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, dejando sin cobertura no sólo la gran superficie comercial que el Ayuntamiento de Valladolid ideó para pujar con el de Arroyo por IKEA, sino también el polígono industrial originariamente previsto para esta zona de la ciudad y las 2.700 viviendas que le acompañaban.
Con base en esta resolución y en la sentencia del pasado mes de febrero que anuló la modificación del PGOU en el Área Homogénea 5, Ecologistas en Acción vuelve a pedir que la revisión en curso del Plan General de Valladolid reclasifique las Áreas Homogéneas como Suelo Rústico, concentrando en la ciudad existente los crecimientos urbanos que se prevean, siempre complementarios de la prioritaria rehabilitación de los barrios. Dado de esta manera por cerrada en Valladolid la etapa del urbanismo salvaje y “a la carta” derivado del PGOU de 2003, que tantos daños ambientales, económicos y sociales ha causado en nuestro país y ciudad.
Muchas de estas Áreas Homogéneas se delimitaron sobre terrenos de alto valor agrícola y paisajístico, más allá de las rondas de circunvalación, en las vegas de los ríos Esgueva, Pisuerga y Duero. Ecologistas en Acción se felicita por lo tanto de que las Sentencias del TSJ permitan corregir este despropósito urbanístico y ambiental. Los ecologistas mantienen recurridas las otras dos Áreas Homogéneas aprobadas en estos años, la 1 “Prado Palacios” al noroeste de la ciudad y la 7 “Las Riberas“ al sur, con más de 1.000 hectáreas de superficie y capacidad para 23.000 nuevas viviendas. Las sentencias respecto a las Áreas Homogéneas 5 y 11 permiten pensar que las otras dos serán también anuladas judicialmente. En la actualidad, no se ha comenzado obra alguna en ninguna de las áreas homogéneas aprobadas por el Ayuntamiento de Valladolid.
* Ecologistas en Acción - 4.4.13
Foto: Valladolid, ayuntamiento en la plaza mayor - wikipedia
El TSJ insta a cumplir la sentencia que anula el PAI Armanello de Benidorm
Otro pelotazo más del conocido empresario Ortiz en la provincia de Alicante, ya que pretendía poner unas cargas de urbanización 'excesivas' a los propietarios del suelo sin su consentimiento. El programa, anulado por el TSJCV, iba a construir 3.600 viviendas en torres de más de veinte alturas.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado un auto en el que insta al Ayuntamiento de Benidorm y a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos a adoptar las medidas necesarias para cumplir la sentencia dictada en mayo por este tribunal que anula la programación del Plan Armanello".
El auto, de 26 de marzo, desestima el recurso de reposición presentado por el consistorio, después de que no quedaran claros algunos extremos de la sentencia de mayo. El plan Armanello es el sector urbanístico más importante pendiente de desarrollo en Benidorm. El programa anulado por el TSJCV preveía construir unas 3.600 viviendas en torres de más de veinte alturas.
El alto tribunal anuló el programa de Armanello por considerar "excesivas" las cargas de urbanización impuestas por Ortiz a los propietarios del suelo sin su consentimiento y con las que pretendía cubrir la oferta complementaria de 17,5 millones de euros que hizo al Ayuntamiento para quedarse con la adjudicación del plan.
A raíz de la anulación del programa, el ayuntamiento aprobó en pleno el 2 de julio requerir a Ortiz que en el plazo de un mes aclarara si esa carga complementaria -en forma de canon- de 17,5 millones de euros la iba a asumir como agente urbanizador o si, por el contrario, estaban dispuestos a asumirla todos los propietarios del suelo.
En el mismo acuerdo se deslizaba la posibilidad de que si no se aclaraba esta cuestión o nadie asumía esa carga, el ayuntamiento podía retirarle la condición de agente urbanizador.
En agosto, la empresa envió un escrito al consistorio en el que afirmaba que era "inaceptable" asumir ese canon sin repercutirlo a los propietarios o sin que exista un "beneficio que compense esa inversión". Tras estos hechos, el ayuntamiento trasladó al TSJCV el acuerdo plenario y la respuesta del urbanizador.
El pasado 8 de enero, el TSJCV indicó que "no resulta en absoluto asumible" la resolución de la condición de agente urbanizador a Ortiz y reiterando que el programa está anulado y que, por tanto, hay que empezar de cero uno nuevo.
El ayuntamiento presentó un recurso de reposición al entender que no era congruente anular la programación del plan y la oferta hecha por Ortiz y mantener a éste como agente urbanizador, en lugar de sacar de nuevo a licitación el plan.
El TSJCV ha desestimado ahora este recurso, manteniendo a Ortiz como urbanizador porque ese aspecto no ha sido aspecto de litigio. Asimismo, expone que "no corresponde a esta sala determinar a priori los mecanismos" para cumplir la sentencia, "sino que deben ser el agente urbanizador" y "la corporación municipal" las que deberán "adoptar las medidas necesarias para que este fallo se ejecute en los términos señalado".
Situación desbloqueada
El concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, ha declarado que la próxima semana se pedirá asesoramiento jurídico al letrado que ha representado a la administración en este pleito para ver cómo debe actuar ahora el ayuntamiento para cumplir la sentencia.
Ivorra ha considerado que este auto "desbloquea" la situación que había en Armanello y ha avanzado que el ayuntamiento y el agente urbanizador deberán empezar de cero toda la programación del plan. Según el edil, esto puede suponer una oportunidad para Benidorm de "redefinir" el modelo urbanístico previsto para Armanello, tal y como reclama el Consejo Asesor de Escena Urbana, que solicita que se extienda a este sector el modelo de Levante en el que se combinan zonas residenciales y comercios y que es el que "ha tenido éxito".
* El País - EFE - 8.4.13
Foto: Benidorm, terrenos PAI Armanello - elpais
“Nuestras denuncias han impedido la usurpación de suelo público”
La 'Ruta del Despilfarro' muestra la otra cara de Valencia. Es una actividad crítica pero constructiva, sin ánimo de lucro, para mostrar los 'agujeros negros' de la ciudad. El impacto de este proyecto activista y comunicativo ha llegado al Ayuntamiento del PP y a muchos ciudadanos de dentro y de fuera.
"DIAGONAL* : Miguel Ángel Ferris, profesor con 25 años de experiencia en la enseñanza pública y 35 en movimientos sociales, regresó “del exilio”, como él dice, en 2012 a Valencia con ganas de retomar el activismo. Teresa Galindo, nacida en Bogotá, Colombia, vive en Valencia desde 2000. Con 20 años de experiencia como periodista y tres como mediadora intercultural, en el año 2006 impulsó una iniciativa periodística pionera en la ciudad: Xarxa Urbana, un periódico 'vecinal, intercultural y participativo' en el que tenían especial cabida las voces migrantes y que tuvo que cerrar en 2009 debido a la crisis del sector editorial y publicitario y al debilitamiento financiero del tejido asociativo que apoyaba la iniciativa. Juntos han promovido la Ruta del Despilfarro".
¿Cómo surge la idea de crear la Ruta del Despilfarro?
Teresa Galindo: El 15M nos sirvió como antesala a su desarrollo. Las diversas propuestas de este movimiento nos hicieron pensar que era necesario ofrecer a la ciudadanía otro tipo de información para crear conciencia sobre la dimensión de la crisis/estafa. Y en Valencia coincidía todo: uno de los niveles de endeudamiento público más altos del país, corrupción política, despilfarro y mala gestión del dinero público, inversiones millonarias para beneficio de unos pocos, y manipulación mediática entre muchos otros problemas…
Un día, casi como en broma, pero con una preocupación social muy seria, nos propusimos diseñar un recorrido que pasara por los principales “agujeros negros” de la corrupción y del despilfarro que han protagonizado los políticos del PP de la Comunidad Valenciana, en el poder durante más de dos décadas. Así empezamos a documentar cada punto y tuvimos que descartar muchos antes de decidirnos por los 15 que denominamos “agujeros negros”. Cuando ya teníamos lista la ruta, una amiga nos envió un artículo sobre el Corrupt Tour de Praga y nos pareció que íbamos en la dirección adecuada.
¿Por qué habéis puesto en marcha más rutas ciudadanas como la Ruta Multicultural?
La singularidad y la fuerza vivencial e informativa de la primera ruta: la del Despilfarro y de la Corrupción, a la que acudieron medios de comunicación de diversas latitudes, nos hizo dimensionar la importancia de analizar los contenidos informativos para que la ciudadanía pueda reflexionar y ver en su conjunto el origen de los problemas que hoy tienen millones de personas. Lo que ha pasado en Valencia es tan gordo y hay tantos temas por abordar que vimos que se podrían tratar de forma temática, y por ello, además de la Ruta del Despilfarro, han surgido otras rutas como la Ruta del Abandono Cultural y Patrimonial, la ruta de la Cara Oculta del Centro Histórico, la Ruta por la Educación Pública, la Ruta Valencia Multicultural, y estamos diseñando la Ruta Valencia en Positivo, que se inaugurará en pocas semanas. Como colectivo de periodismo crítico Xarxa Urbana, estas rutas suponen para nosotros un avance en nuestra labor y compromiso social.
¿Cómo resumiríais los logros conseguidos a lo largo de este año?
Miguel Ángel Ferris: Los habitantes de Valencia, sus nuevos residentes e incluso los turistas ocasionales, todos tenemos derecho a conocer de primera mano los “puntos negros” de la ciudad por los que se han esfumado millones de euros. Esta situación contrasta con la falta de inversiones públicas para cubrir servicios esenciales como educación, vivienda y salud. Esta situación es fruto del saqueo sistemático de las finanzas, la liquidación de los servicios públicos para su inmediata privatización, la generalización de la corrupción institucional, así como la dejadez y la mala gestión de nuestro importante patrimonio cultural y arquitectónico. Reflexionar sobre ello y conectar a los ciudadanos en una ruta donde pueden establecer sinergias, conocerse y reflexionar sobre los cambios necesarios que requerimos, es de por sí un logro al que se suma la participación de asociaciones, de ciudadanos anónimos y entidades de diversa índole y filosofía.
En otro orden de cosas, hemos conseguido romper el cerco mediático que existe en Valencia respecto a los temas que perjudican a las élites corruptas, a través de multitud de televisiones extranjeras y La Sexta. Nuestras rutas son seguidas de cerca por los poderes políticos y nuestras denuncias han impedido la usurpación de suelo escolar público para su privatización, el reinicio de obras de rehabilitación de patrimonio público, la mejora de accesos a bienes de interés local y, sobre todo, romper el silencio y la complicidad mediáticos.
¿Qué críticas habéis recibido?
M.A.: Realmente, al igual que pasó con Xarxa Urbana, no hemos recibido críticas mínimamente coherentes. El periódico ABC, vocero de lo más ultramontano del PP, nos ha estado acusando de una suma de barbaridades que se le han vuelto en su contra. Igual que le pasó a Rita Barberá cuando nos acusó de ser “un montaje de Compromís” y de cobrar por desviar el turismo de Valencia hacia otros países, a raíz de la emisión del reportaje de la BBC sobre la Crisis en España, que tuvo más de dos millones de visitas y en el que se reflejaba nuestro trabajo periodístico.
¿Qué tipo de viajeros participa en las rutas? ¿Se consigue llegar a un público votante del PP?
T.G.: El público que viene es muy variado: desde abuelos republicanos que han luchado por conquistar la democracia y se sienten hoy impotentes frente a las medidas represivas e impopulares, hasta jóvenes universitarios que vienen en grupo para vivir en una mañana de sábado una propuesta novedosa que se filtra por las redes sociales. También participan personas que buscan trabajo y no lo encuentran; extranjeros que quieren conocer otra versión de la ciudad distinta a la que se vende en los recorridos turísticos; profesores que con sus alumnos buscan otra forma de acercarse a la realidad; periodistas extranjeros que vienen a comprobar “in situ” por qué Valencia es la ciudad de la corrupción y el despilfarro más conocida en los últimos años. Vienen también fotógrafos amateur que quieren tener un buen conjunto visual para hacer un reportaje, etc.
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Se puso en marcha a principios de los ‘90, durante el gobierno socialista, con un coste inicial previsto de 175 millones de euros. El PP tachó el proyecto de faraónico, hasta ganar las elecciones en 1995. Luego, modificó y amplió el presupuesto hasta 1.300 millones de euros, de los que se deben todavía 750. Entre las irregularidades, se han confirmado la adjudicación de obras sin el correspondiente concurso público y el pago de desorbitados sobrecostes por los que el arquitecto Calatrava se embolsó más de 90 millones. Sólo el Oceanográfico ha resultado rentable. En la actualidad, se está preparando la privatización total del famoso complejo.
Visita del papa en 2006
No hay datos exactos de lo que costó la visita de Benedicto XVI a Valencia porque la Generalitat no los proporciona. Sólo la cobertura realizada por Radio Televisión Valenciana costó más de 11 millones, según revelan las facturas y los contratos que tiene en su poder el TSJ de Madrid, que investiga una serie de irregularidades en la contratación, como la que benefició con tres millones a la trama Gürtel. Asimismo, se hicieron numerosos gastos superfluos, como construir un altar climatizado de 600.000 euros para luego desmontarlo, instalar más de 400 fuentes y mil baños y 40 pantallas gigantes por toda la ciudad.
La Copa América
La Marina Real Juan Carlos I fue el enorme espacio del puerto de Valencia en el que se invirtieron más de 300 millones de fondos públicos para realizar la Copa América de Vela y poner a Valencia en el mapa internacional del turismo náutico de élite. Entre las construcciones realizadas, se cuentan 800 aparcamientos subterráneos, más de 900 amarres de un puerto deportivo y doce modernos edificios (ahora vacíos) construidos al lado de los Tinglados modernistas (bienes históricos que se caen por falta de mantenimiento) para servir de base a los equipos participantes.
* Diagonal - LAURA NAVARRO GARCÍA - 2.4.13
Foto: Galindo, a la izquierda, y Ferris con una participante de la ruta Multicultural. / MERCEDES GRAU
