"Es fácil enriquecerse gestionando el suelo"

LAPROVINCIA/Entrevista* : El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, considera que con la reforma del Código Penal no van a desaparecer las infracciones medioambientales, aunque se hayan incrementado, casi el doble, los años de cárcel.
- En el Congreso Canario de Derecho Urbanístico usted disertó acerca de la reciente reforma del Código Penal y cómo ha afectado al derecho urbanístico. ¿Qué significó?
- Se ha incrementado, casi el doble, la duración de las penas privativas de libertad. Se ha establecido un sistema de multa proporcional, de tal forma que la cuantía de la multa la fija el juez en función de los beneficios obtenidos por el promotor. Además, se acuerda el comiso, esto es, la confiscación de las ganancias, de tal manera que, en ningún caso, resulte rentable infringir las leyes urbanísticas. Pero, sobre todo, la gran novedad está representada por el hecho de que aparece una nueva clase de delincuente. Se trata de la discutible apuesta de nuestro sistema penal a favor de la responsabilidad de las personas jurídicas.

- ¿Qué repercusión tiene esto para el infractor?

- Para que nos entendamos, a partir de ahora, el delito puede estar cometido por un promotor, un constructor y, además, por la empresa para la que ambos trabajan. El Código Penal establece un sistema propio de penas que pueden llevar a la suspensión, disolución, clausura y hasta intervención judicial de la empresa.

- Ésta es la tercera reforma que sufre el Código Penal desde que España está en Democracia. ¿Cree que aún le quedan pasos por dar en materia urbanística? ¿Existen demasiados agujeros en el derecho urbanístico por el que se cuelan los delincuentes?

- De entrada, creo que en el ámbito del urbanismo, como en cualquier otra actividad delictiva, existen numerosas vías de escape para el infractor. En muchos casos el delito exige la complicidad de los poderes públicos con capacidad decisoria sobre esta materia. Y ello dificulta enormemente la persecución del delito. Piense que sobre un enorme mapa cartográfico la utilización de un bolígrafo rojo o verde determina el aprovechamiento de los terrenos y su consiguiente valor económico. Para algunos es muy fácil sacarle ventaja a ese conocimiento anticipado del futuro valor de los terrenos.

- No han pasado aún cuatro meses de la puesta en marcha de las modificaciones del Código Penal, pero aun así ¿podrá hacer un balance de lo que está suponiendo? ¿Qué conclusiones ha extraído?

- Le aseguro que cuatro meses en la vigencia de una norma penal, teniendo en cuenta la lentitud de los procesos, no es tiempo para obtener conclusiones aprovechables. Pese a todo, creo que el incremento de las penas puede desplegar un efecto preventivo indudable. El legislador ha considerado procedente bajar las penas, por ejemplo, en los delitos relacionados con el tráfico de drogas o en las falsedades de tarjetas de crédito. Sin embargo, ha decidido incrementar de una manera sensible las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Esa conjugación de penas privativas de libertad y sanciones económicas de naturaleza confiscatoria hará mucho menos rentable el delito. En cualquier caso, si alguien piensa que con la reforma van a desaparecer las infracciones medioambientales, creo que es un optimista. Es muy sencillo enriquecerse cuando se gestiona el aprovechamiento del suelo.

- ¿ Ha disminuido el número de delitos en materia urbanística? En caso afirmativo, ¿es consecuencia de la reforma del Código Penal o de la caída en picado del sector inmobiliario?

- El análisis de la evolución en la cifra de criminalidad exige más tiempo. Las estadísticas, tanto de la Fiscalía General del Estado como del Ministerio del Interior, son anuales. Lo que sí parece indudable es que la crisis del sector inmobiliario ralentiza también la toma de decisiones y, por tanto, las posibilidades de infracción.

- ¿Vivimos en un sistema jurídico que es demasiado permisivo con los autores de delitos urbanísticos?

- Yo creo que no, pero le aseguro que si había alguna duda al respecto, la reforma acaba con todas las suspicacias. El marco penal se ha agravado de forma más que significativa. A partir de ahora cualquier concejal que informe favorablemente la concesión de una licencia contraria a la legalidad vigente se enfrenta a una pena privativa de libertad de hasta cuatro años de prisión, además de la inhabilitación correspondiente, que puede alcanzar hasta los diez años.


* La Provincia - 18.04.11
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk

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