Valencia.- ¿Qué fue del coste cero del circuito?

LEVANTE* : La Asociación de Vecinos de Natzaret recordó ayer, al hilo de las declaraciones del conseller de Infraestructuras sobre su intención de recuperar el 70% del coste del circuito de F1, que en su día la Generalitat anunció que la infraestructura -en la que se invirtieron alrededor de 70 millones de euros- se haría con "coste cero", es decir, que se recuperaría íntegramente la inversión con la urbanización del PAI del Grao. El portavoz de los vecinos de Natzaret, Julio Moltó, se preguntó si la decisión de construir el circuito dentro del cauce del río sin estudio de impacto ambiental con el argumento de que es parte del viario del futuro barrio del Grao merecen el mismo grado de fiabilidad que las afirmaciones sobre el coste cero. Moltó advirtió de que en caso de fuertes lluvias el barrio corre un alto riesgo de inundarse y así lo han denunciado ante el Síndic de Greuges.

El conseller Mario Flores matizó ayer sus palabras y dijo que no renuncia a recuperar la totalidad del coste de las obras del circuito de Fórmula Uno de Valencia, ya que, precisó, la cantidad que no se recupere con el convenio urbanístico podría reembolsarse con la construcción del acceso norte al puerto y con la explotación de instalaciones como los tinglados de la dársena interior (que son propiedad municipal).
Flores precisó que Consell pretende recuperar cerca del 70 por ciento del costo del circuito -que, ha dicho, "no ha llegado a los 100 millones de euros"- mediante el convenio firmado con el Ayuntamiento de Valencia para realizar un plan urbanístico en la zona.
Las declaraciones del martes de Mario Flores provocaron también la reacción del PSPV y EU. La diputada socialista en las Corts Clara Tirado presentará una pregunta parlamentaria para que el conseller de Economía, Gerardo Camps, responda sobre la recuperación íntegra del gasto generado por la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia.
"No podemos consentir que caiga en saco roto tanto dinero que podría recuperarse y destinarse a otras cuestiones", declaró Tirado. La diputada lamentó que el Consell "dé por perdido" el 30% del coste de las obras del circuito, así como otras partidas que -asegura- rondarían los diez millones de euros y que no se sabe si se recuperarán. Tirado denunció que los contratos y adjudicaciones relacionados con el certamen estén marcados "una vez más" por "el oscurantismo y la opacidad".
La coordinadora del EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, dijo que la eliminación de la prueba deportiva es "la única actuación posible". El circuito, añadió, es un "insulto" ante la grave situación económica de la Comunitat.





* Levante - 2.09.10
Foto: Valencia, circuito F1 cerrado y abandonado - levante-emv.com

Una plataforma pide "paralizar" la cartuja de Náguiz (Ezcabarte)

DIARIODENAVARRA* : La denominada plataforma en defensa "Náguiz-Nagiz Bizirik", contraria a la construcción de una cartuja en el señorío de Náguiz, en el valle de Ezcabarte, ha pedido a este Ayuntamiento que rechace la concesión de la licencia para las obras. Recuerdan al Consistorio que el Gobierno Foral autorizó su construcción y contradijo una resolución desfavorable anterior del propio Consistorio y un informe previo negativo y que existen varios recursos de grupos ecologistas y particulares.

Los integrantes de la plataforma, que se presentan como vecinos de todos los pueblos del valle, presidentes de concejos y miembros de las juntas concejiles, han presentado una moción al Ayuntamiento del valle de Ezcabarte por medio del concejal de NaBai, José Antonio Arandigoyen Leorza. En ella piden al Consistorio que "rechace la concesión de la licencia de obras al proyecto" que, según ha anunciado Joaquín Elizalde, la orden cartujana presentará este mes de septiembre, después de que el ejecutivo informara favorablemente respecto a la construcción de un monasterio cartujo en el señorío de Náguiz, de propiedad privada y catalogado como suelo forestal.

En su escrito, los opositores al proyecto aseguran que el señorío de Náguiz "forma parte de la zona mejor conservada del valle, el bosque productor", que se extiende a demás a término de Sorauren, Eusa, Señorío de Adériz, Orrio, Cildoz y Anoz. Explican que en el plan municipal de Ezcabarte, para protegerlo, se calificó como suelo forestal de protección. Por ley, dicen, en esos suelos "sólo se pueden acometer construcciones, instalaciones o usos necesarios para su mejor conservación".

Denuncia de ecologistas

Previamente, tres grupos ecologistas anunciaron la presentación de un recurso de alzada a la resolución del servicio de Ordenación. Ahora preparan un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Según indican en la moción presentada en Ezcabarte, la cartuja que se quiere construir "no es una dotación para vecinos del valle". Se refieren a las palabras de los promotores, en las que indican que "el uso de la cartuja va a ser exclusivamente privado".

Por otro lado, a las razones medioambientales añaden otras razones para oponerse a la cartuja. En concreto, citan "el riesgo de incendio". También alegan la "necesidad de un urbanismo razonable, ya que la construcción "contradice las normas urbanísticas en cuanto a la ubicación alejada de cascos urbanos", dicen sin mencionar que en el plan municipal ya se recoge la figura de dotacional religioso para el señorío de propiedad privada.

Por último, reiteran que no va a traer beneficios al valle. "Los señoríos están exentos en materia de vivienda protegida o de cesión obligatoria de espacios públicos", y piden que se mantenga "el uso público del monte al igual que en el resto de los pueblos".





* Diario de Navarra - 2.09.10
Foto: Ezcabarte (Navarra) - ezcabarte.es

Valencia.- La policía halla más pruebas de financiación ilegal del PP

PÚBLICO* : El PP valenciano y tres constructoras con múltiples adjudicaciones de la Generalitat (Sedesa, Lubasa y Ortiz) pagaron en 2008, en negro o con facturas falsas, 846.000 euros a la empresa corrupta Orange Market, la franquicia levantina de la 'red Gürtel'. Así lo sostiene la Brigada de Blanqueo de la Policía en un informe fechado el pasado 20 de julio y que detalla cómo Orange Market destinó la mayor parte de ese dinero a minorar la deuda contraída por el PP valenciano, para el que la empresa había trabajado de nuevo ese año durante la campaña de las elecciones generales de marzo.

El informe, incorporado al sumario y que completa el emitido por la policía en julio de 2009, da un paso más respecto a las revelaciones de hace un año: ahora, los investigadores establecen de manera abierta un nexo causal entre los pagos de las empresas y las "contrapartidas" que les aseguraba su papel como benefactoras del partido de Francisco Camps. Sedesa, Lubasa y Ortiz, dice el informe, pagaron a cambio de favores concedidos por el PP, que gobierna todas las grandes instituciones valencianas. Y se avinieron a pagar siguiendo indicaciones de "los responsables" del partido en Valencia.
Costa y Serra, señalados

Como dirigentes que tuvieron una "participación activa" en ese complot urdido para ocultar la financiación ilegal del PP, la policía cita al ex número dos de Camps, Ricardo Costa, y al actual vicesecretario general del partido en Valencia, David Serra. Por la noche, el PP valenciano emitió un comunicado en el que tacha de "falso" el informe policial y asegura que "no se da por aludido".

Pero las 104 páginas de este nuevo dossier de la Brigada de Blanqueo acrecientan la sospecha de financiación ilegal en el PP valenciano: tres meses después de que Hacienda cifrase en 2,5 millones lo defraudado por el PP valenciano al fisco en 2007, llega ahora este nuevo informe. Y lo hace pertrechado de una batería de anexos repletos de datos que desmenuzan el modus operandi del trípode presuntamente conformado por el PP, sus empresas de cabecera y la red Gürtel.

El contenido de esos anexos admite difícil refutación. Las conclusiones de la Brigada de Blanqueo se sustentan en la documentación incautada a Orange Market, que incorporó a su contabilidad opaca los 405.450 euros abonados por el PP durante 2008 en ocho entregas. El estadillo de la caja B-Barcelona, en el argot de la trama- se incluye en el informe. Ahí constan anotados los ocho pagos, "sin justificación contractual", dice la policía.

Otros 441.000 euros recibidos por Orange Market tienen su origen en abonos de Sedesa, Lubasa y Ortiz, tríada situada en el ojo del huracán desde que la policía destapó hace un año los primeros indicios de financiación ilegal. En este caso, los ingresos a favor de Orange Market se camuflaron como pagos por trabajos de márketing, publicidad y asesoramiento de imagen.

Según la policía, no se entiende que las tres empresas, "adjudicatarias de numerosos contratos públicos", contribuyeran a enjuagar las deudas del PP "salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo". De no existir tal contraprestación, no habría "explicación lógica" para esos pagos, dice el informe.

El juez Antonio Pedreira, que instruye la pieza principal del caso Gürtel, ya hizo suya en mayo la tesis de que los conservadores captaron fondos ilegalmente e involucró a las mismas tres empresas que ahora analiza la policía. Pero, entonces, los investigadores tenían menos información. Ahora, la Brigada de Blanqueo ha encajado las piezas necesarias para asegurar que tanto Sedesa como Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos suscribieron falsos "acuerdos de colaboración" con Orange Market con el único objetivo de sufragar gastos del PP valenciano mediante la emisión de facturas "ficticias".
Un "artificio" de papel

La policía incluye un dato clave: Orange Market tenía en su poder los documentos relativos a un supuesto "acuerdo de colaboración" con Ortiz e Hijos, acuerdo que en febrero de 2009 seguía sin firmar por los responsables de la empresa constructora. El "artificio" creado, subraya la policía, acabó teniendo los pies de barro. Que ese documento prosiguiera sin firma 13 meses después de la fecha oficial en que fue suscrito denota su falsedad, argumenta el informe. La policía recuerda que la Ley de Financiación de Partidos prohíbe a estos aceptar, directa o indirectamente, donaciones de contratistas públicos.

Ortiz e Hijos desembolsó a Orange Market 232.232 euros. Los últimos pagos se produjeron el 5 de febrero de 2009, un día antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera saltar por los aires la trama Gürtel. Ese mismo día, el contable de Orange Market, Cándido Herrero, habló por teléfono con su jefe, Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. "Ya me han dado la caja de magdalenas", le contó Herrero a El Bigotes. La policía, que incorpora la transcripción de ese pinchazo, no alberga dudas: la caja de magdalenas hace alusión a Enrique Ortiz, quien también se ha visto involucrado recientemente en la supuesta compra de partidos para el Hércules, equipo de su propiedad.

Pedreira suscribió la tesis de la financiación ilegal tras el informe de Hacienda que reveló fraude fiscal en el PP valenciano. El juez plasmó sus sospechas en un auto dictado el 26 de mayo, donde alertaba de que en 2008 podía haberse producido un delito electoral por exceso de gasto, pero dejaba abierta la cuestión. En esa resolución, Pedreira se inhibía en favor del Tribunal Superior de Valencia en lo concerniente a la financiación ilegal del PP. Pero el caso seguirá en sus manos en tanto el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) no resuelva el recurso del PP contra su inhibición. En teoría, el PP ejerce la acusación particular, aunque todos sus pasos han ido encaminados a demorar la instrucción.

Precisamente, el TSJM sostuvo en un auto que "un sector" de los imputados pretende "paralizar" la causa "interponiendo constantemente toda clase de recursos", informa Efe. En su auto, el tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados -entre ellos, los diputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.

Lo que dice el informe policial

“Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas –reza el informe policial incorporado al sumario de la ‘Gürtel’– son financiados mediante diversos mecanismos”:

1 - "Entregas realizadas por el propio PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market"

2- "Facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por esta"

3- "Los responsables del PPCV realizan gestiones para que empresarios, cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor, financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market que se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios".





* Público - 1.09.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

Prado del Rey.- Ecologistas critican a la Junta por "paralizar" la demolición de la casa de Carmen Janeiro

DIARIODECÁDIZ* : La organización Ecologistas en Acción ha criticado hoy que la Consejería de Medio Ambiente haya tenido «paralizado durante cinco años» el expediente de demolición de la ampliación ilegal de la vivienda de Carmen Janeiro en Prado del Rey, en el parque natural Sierra de Grazalema, en Cádiz. En una nota de prensa, Ecologistas en Acción recuerda que la Consejería de Medio Ambiente abrió en 2003 un expediente sancionador contra la propietaria de la vivienda por realizar una ampliación de la misma «sin la preceptiva autorización del parque natural y por exceder el máximo de 150 metros cuadrados edificable que estipulan las normas urbanísticas de Prado del Rey, lo que motivó la paralización de las obras».

En enero de 2004 se resolvió el expediente sancionador «con una multa de 30.000 euros y la obligación de restituir el terreno a su estado anterior», una decisión contra la que Carmen Janeiro, hermana del diestro Jesús Janeiro «Jesulín de Ubrique» presentó en febrero de 2005 un recurso de alzada que no ha sido resuelto «hasta la fecha».

Ecologistas en Acción señala que la Consejería de Medio Ambiente ha explicado que el expediente administrativo se había paralizado «al existir diligencias judiciales», aunque la organización apunta que ello no es «cierto» pues «el procedimiento judicial está archivado desde 2005».

La Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, ante las preguntas sobre este asunto, ha contestado que «ahora se va a proceder a responder al recurso de alzada interpuesto hace ya cinco años», según el comunicado.

Ecologistas en Acción entiende que «las normas urbanísticas y medioambientales están para cumplirse, máxime en un espacio natural protegido, y exigirá explicaciones a los responsables del Parque Natural y de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente por esta negligencia que ha estado a punto de provocar la caducidad de este expediente sancionador por esta infracción urbanística a la normativa del Parque Natural».




* Diario de Cádiz - EFE - 1.09.10
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org

La Fiscalía ve indicios de malversación en Agüera

INFORMACIÓN/Alicante* : La Fiscalía ve indicios de la comisión de un delito de malversación por parte del primer teniente de alcalde de Ibi, Miguel Ángel Agüera, del PP, por autorizar el pago de diversas facturas por obras en el restaurante municipal de la finca Serafines, que en conjunto ascendían a 16.147 euros. La documentación sobre este caso ha sido remitida a los juzgados del municipio con el fin de incoar diligencias previas, dado que se considera que los pagos debieron ser asumidos por la empresa que regenta el local.

Los hechos, que se remontan al año pasado, fueron puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal por parte del concejal de EU José Vicente Verdú, tras conocer que el interventor municipal formuló reparo de legalidad al abono de unas facturas por obras en el restaurante de la finca Serafines, de propiedad municipal.
Según se hace constar en el escrito que la Fiscalía ha remitido a los juzgados, y al cual ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento de Ibi y la empresa que regenta el restaurante suscribieron en octubre de 2007 un contrato administrativo especial de servicio de restauración, en el cual se establecía un canon de licitación de 930 euros al mes y de 30.000 euros de valoración estimada de las reformas a efectuar en el local.
Como consecuencia de las reformas efectuadas en el restaurante, se presentaron en el Ayuntamiento diversas facturas fechadas entre el 9 de febrero y el 30 de mayo de 2009, cuyo importe total era de 16.147 euros.
En base a ello, el interventor municipal formuló un reparo de legalidad en el que, entre otras cuestiones, señalaba que "no consta la instrucción de procedimiento alguno de contratación en relación a las citadas facturas, en la medida de no haberse cumplimentado la propuesta de autorización del gasto correspondiente por el concejal responsable, obviándose el procedimiento de verificación y control de la existencia previa del crédito y su retención".
A pesar de ello, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo y Obras Públicas, Miguel Ángel Agüera, autorizó el gasto con cargo al presupuesto municipal mediante un decreto de 17 de julio de 2009. En dicha resolución indicaba que autorizaba el pago "para evitar el perjuicio de terceros contratantes con la Administración y el correlativo enriquecimiento injusto".
Con ello, se abonaban por el Ayuntamiento facturas de reforma de las instalaciones del restaurante, cuyo importe, según hace constar la Fiscalía, "debía sumir la empresa adjudicataria con arreglo al contrato antes reseñado de octubre de 2007".
En este sentido, el fiscal añade que "se considera, por lo expuesto, que existen indicios de la comisión de un delito de malversación del artículo 433, que podría haberse cometido por el teniente de alcalde que autorizó el gasto por decreto". Este es el motivo por el que se ha remitido a los juzgados de Ibi la denuncia efectuada por EU y la documentación aportada, "con el fin de incoar diligencias previas en averiguación de los hechos", concluye el escrito.

Este es el segundo caso de presunta malversación que afecta al Ayuntamiento y que acaba en los tribunales, después de que el juzgado instruyera diligencias contra la ex concejal Ana Sarabia por irregularidades contables en el polideportivo municipal. El concejal de EU, José Vicente Verdú, recuerda que la imputación de Ana Sarabia provocó en su día que el grupo popular la presionase para que entregara su acta de concejal. En este sentido, se pregunta si "ahora ocurrirá lo mismo con Agüera". Verdú también recuerda, en relación al pago de las facturas del restaurante Serafines, que el gobierno municipal todavía no ha resuelto su recurso contra el decreto, ni tampoco ha respondido a la solicitud de creación de una comisión de investigación.




* Información - 31.08.10

Nuevos indigentes y nómadas se enquistan en calles de Barcelona

ELPERIÓDICO* : Algunos llegaron a Barcelona con billete de ida y aún no han encontrado el momento de marcharse pese a no tener un euro en el bolsillo; otros vinieron en busca de una vida mejor pero perdieron el empleo y con ello un lugar donde quemar el día; otros no tienen más objetivo que pasar las horas bebiendo alcohol o consumiendo estupefacientes... Muchos de ellos tienen un techo donde dormir, aunque numerosas noches opten por la intemperie para seguir su propia juerga, y otros no tienen cama propia porque esa es la forma de vida que han escogido, sin ningún deseo de alterarla.

La característica común es que se trata de colectivos que se están enquistando en plazas y calles de Barcelona generando conflictos de convivencia, sea por que imposibilitan a los vecinos el disfrute de esos espacios, o porque en algunos casos su agresividad los hace peligrosos. Su perfil difiere del de los 1.400 'sin techo' tradicionales -y normalmente nada conflictivos- contabilizados por Ayuntamiento de Barcelona, que da cobijo a la mitad en diversos centros.

El fenómeno del nomadismo urbano eclosionó hace un par de años con fuerza en Ciutat Vella y generó muchos problemas de incivismo en el 2009. No obstante, el ayuntamiento asegura que este perfil de trotamundos ha remitido este verano. Pese a no estar cuantificado, su presencia sigue siendo visible en la Barceloneta (en la playa, frente al mercado, en el parque...), en la plaza de los Àngels y otras. Sin embargo, la presencia de personas en situación de precariedad instaladas en la vía pública durante horas ha aumentado este verano de la mano de nuevos colectivos. Se trata de hombres -en la mayoría de los casos- que han perdido el trabajo y pasan largas horas en bancos o escalinatas de plazas consumiendo alcohol u otras drogas, pese a que en muchos casos aún tienen un techo donde vivir. Los hay autóctonos, pero también son muchos inmigrantes, en especial de países del Este, ahora sin ocupación.

Y en la casuística figuran también personas que, con problemas mentales o de alcoholismo, no buscan empleo ni método de subsistencia. Sus escenarios cotidianos, además de los mencionados, son las céntricas plazas de Urquinaona, de Salvador Seguí, de George Orwell, Vicenç Martorell, Vila de Madrid, en el entorno de la estación de Sants, la calle del Marquès de Campo Sagrado (Eixample) y otros puntos.

Fuentes municipales coinciden en que algunos recursos sociales de Barcelona (como comedores) unidos al benévolo clima local propician que su presencia en la calle sea especialmente dilatada, de donde no suelen tener intención de salir. El ayuntamiento ultima intensificar medidas contra el fenómeno en el centro de la ciudad, tanto por vía del llamado urbanismo preventivo como con presión policial y sanciones en casos de incivismo, ya que al frecuente consumo de alcohol se suman desórdenes públicos y suciedad (basuras y orines) donde se instalan.

QUEJAS / Las quejas no se hacen esperar en muchos de los puntos que conquistan. Una decena de nuevos indigentes permanecen casi cada día en el parque de la Estació del Nord, la mayoría procedentes de países del Este. El parque cierra de noche pero el grupo logra entrar por huecos que hay entre las rejas. «Tienen colchones, duermen a sus anchas y dan muy mala imagen», se queja una vecina de la zona. Los encargados de los chiringuitos cercanos asegura que a veces protagonizan peleas entre ellos mismos. En la plaza de Hilari Salvador, en la Barceloneta, los vecinos ya están habituados. Ahora una plataforma vecinal pide más control policial en el espacio público para frenar la expansión.





* El Periódico - 2.09.10
Foto: Barcelona, nuevos nómadas en las calles - elperiodico.com