La Vila inaugura un hotel sin licencia y sin conexión a la red eléctrica

ELPAÍS/Alicante* : El primer hotel urbano de La Vila Joiosa, en primera línea de playa, ha abierto sin licencia de su actividad. Esta irregularidad se suma a las infracciones urbanísticas durante su ejecución, por exceso de obra. Ello no ha sido óbice para que el alcalde, Jaume Lloret, del PP, acudiera el pasado día 2 a la inauguración oficial del antiguo hotel Elbim, denominado ahora Allon Mediterrània. Al regidor se sumó una comitiva de un centenar de personas, entre ellas los concejales de la Corporación, la directora del Patronato Provincial de Turismo, Gema Amor, y el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor.

El hotel solo cuenta con una licencia de 1999 condicionada a la subsanación de las deficiencias del proyecto. El establecimiento, de 99 habitaciones, funciona con dos generadores porque todavía no está conectado a la red eléctrica y ni siquiera ha podido tramitar su calificación como hotel de cuatro estrellas en la Consejería de Turismo, que debe autorizar el permiso de inicio de actividad.

Lloret manifestó: "Queríamos abrir el hotel como fuera antes de inaugurar el nuevo paseo marítimo". Y, para defender su actuación, añadió: "Los técnicos municipales me comunicaron que podíamos hacerlo". La empresa argumenta que no han podido conectarse a la red eléctirica por las obras del paseo marítimo y que la licencia de ocupación de 1999 está avalada por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, evitaron pronunciarse sobre la licencia de apertura.

Las obras del edificio estuvieron paralizadas durante 10 años tras detectarse un exceso de edificabilidad en 1998, que provenía de aplicar la bonificación hotelera de un 40% que el Consell otorgó a los empresarios de Benidorm y nunca aprobó para La Vila Joiosa.La promotora del hotel Allon Mediterrània legalizó el exceso de edificabilidad mediante un Plan de Reforma Interior y Mejora (PRIM) en 2006. La empresa volvió a pedir la licencia, obtenida a través de un decreto del anterior alcalde, José Miguel Llorca, firmado el 23 de mayo de 2007 con la condición de que el hotel comprara la porción de una parcela municipal de 6.256 metros que había invadido.

Según la documentación administrativa generada hasta hoy, el hotel Allon habría ocupado dos parcelas municipales desde las que se transfirió la edificabilidad a sendos edificios cercanos a cambio de su cesión para zona verde. La de 6.256 metros y otra, de 3.740 metros, cedida en marzo de 1995. Ninguna de las dos fue inscrita en el Registro de la Propiedad, dado que los bienes municipales de dominio público no tienen la obligación de inscribirse.

Aprovechando esta circunstancia, la mercantil Jónico Mediterráneo, SL, que todavía mantenía registralmente a su nombre los 3.740 metros de zona verde, volvió a venderlos en 2008 a las empresas que promueven el hotel, cuyos propietarios dijeron haber actuado de buena fe en la compra, aunque han tenido que devolver la titularidad al municipio otorgando escritura pública a favor del Consistorio. El hotel está promovido por los propietarios de las mercantiles Estudiantes Beach, SL, y Rancallosa, de la que es apoderado solidario Juan Francisco Pérez, primer teniente de alcalde y portavoz del PP en Finestrat.
Decreto anulado

El alcalde firmó el pasado 3 de junio otro decreto para dejar sin efecto el condicionante de la licencia concedida cuatro días antes de las últimas elecciones municipales, es decir, avalando la ocupación de suelo público sin compensación alguna. Este decreto está firmado con la transcripción de parte de dos informes del técnico de patrimonio municipal aparentemente contradictorios. El primero, del 25 de octubre de 2007, considera que no consta acreditada la titularidad pública del terreno, mientras que otro del 28 de enero de 2010 deja claro que fue "cedida al Ayuntamiento una parcela de 6.256 metros por escritura número 129 de 15 de febrero de 1985, destinada a zona verde".

El grupo ecologista Xoriguer denunció la usurpación del suelo público por parte del hotel y ha llevado el asunto por un posible delito de estafa a la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha dado traslado del caso a la fiscalía de Benidorm.





* El País - 20.07.10
Foto: El hotel Allon Mediterrània de la Vila Joiosa, que funciona sin licencia de actividad. La electricidad la proporcionan dos generadores.- elpais.com

La Unesco denuncia ahora un acuerdo del 2007 que tuvo el voto de ocho organismos sobre Atrio

ELPERIÓDICO/Cáceres* : El informe de Icomos, que rechaza la obra del hotel y restaurante en la plaza de San Mateo por el fuerte impacto en el casco histórico, apoya su denuncia en una decisión adoptada en enero de 2007, cuando la comisión del plan especial (norma que regula las actuaciones dentro del casco histórico) se pronunció por unanimidad a favor de la modificación del plan especial en la plaza de San Mateo y en las calles Condes y Olmos (donde están las 3 parcelas donde se desarrolla el proyecto de ejecución del hotel de la cadena Relais-Chateaux y del restaurante Atrio).

El informe de Icomos, órgano asesor de la Unesco, tiene fecha de julio del 2010, tres años y medio después de la reunión de la comisión del plan especial, cuya decisión se ratificó siete días después por la comisión local de Urbanismo y que tuvo un plazo de exposición pública para la entrega de alegaciones, periodo en el que Icomos no llegó a presentar ninguna objeción a la modificación del plan, que el pleno de la corporación local ratificó en junio del 2007.

La modificación permite que ahora se esté edificando el hotel. El mismo informe lo recuerda al asegurar que sin esta modificación "en este ámbito hubiese sido imposible acometer las obras proyectadas". El informe indica en sus conclusiones que el proceso de la modificación fue anómalo y posibilitó que se acometiese el hotel en contra de "todas las prácticas de conservación y restauración de cascos históricos", se afirma en sus conclusiones.

Sin embargo, ni en el dictamen de la comisión del plan especial, ni en las actas de la reunión celebrada el 29 de enero del año 2007, aparece ninguna alusión precisa a que lo que se estaba informando contraviniese la normativa. Fue un acuerdo que se adoptó por unanimidad y con el voto a favor de los representantes del ayuntamiento, de la Universidad de Extremadura, de los colegios profesionales de Arquitectos, Aparejadores y Caminos, de la Consejería de Cultura, de la Comisión Provincial de Bienes Inmuebles (órgano asesor de la Junta para protección del patrimonio histórico) y de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (Fecons).

En las actas de aquella reunión de enero del 2007 se plantean por los miembros de la comisión algunas objeciones, referidas más al procedimiento en sí de la modificación que al contenido del anteproyecto para el hotel de la plaza de San Mateo.

No obstante, al final de la discusión todos dieron su apoyo a la tramitación de la modificación del plan especial. Solo se recoge en el dictamen de esta decisión una objeción, la planteada por el representante del colegio de Caminos, que recuerda que su voto se ciñe al acuerdo de la modificación puntual del plan especial, sin que esto signifique pronunciamiento alguno sobre el anteproyecto del nuevo hotel.

UNIVERSIDAD E ICOMOS El representación de la universidad en la comisión del plan especial es Antonio Campesino, que a su vez también es vicepresidente de Icomos. Campesino, al igual que el resto de miembros de la comisión, votó a favor de la modificación del plan especial para el hotel de Atrio. Esta comisión es un órgano asesor y técnico que vigila que las actuaciones que se desarrollan en el casco viejo se ajustan a la normativa.





* El Periódico - 20.07.10
Foto: Cáceres, hotel Atrio denunciado por Icomos - hoy.es

Piden anular el PGOU de Peñíscola por carecer del informe de la CHJ

LEVANTE/Castelló* : La Asociación de Vecinos afectados de Camí Vell de Peñíscola ha denunciado la aprobación provisional del plan general de ordenación urbana (PGOU) ante la delegación del Consell y la subdelegación del Gobierno en Castelló. Alude en esta denuncia el beneplácito del consistorio al campo de golf del Alt del Fardatxo, a pesar de contar con un informe desfavorable, e incluir en el plan otros tres complejos golfísticos "con macrourbanizaciones". Paralelamente, apuntan que el documento carece de informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque el Ayuntamiento de Peñíscola se ha negado a facilitarle la información a este organismo solicitada desde el 29 de agosto de 2005.

En el escrito la entidad se acoge a la potestad que le otorga al delegado y al subdelegado la ley 7/1985 de Bases del Régimen Local para suspender actos o acuerdos que atenten gravemente los intereses de España y que la Constitución conmina a los poderes públicos a velar por el uso racional del agua y el suelo, dos recursos naturales limitados que consideran "afectan al interés general de España. Los vecinos exponen que el ayuntamiento no cuenta con la autorización de la CHJ que había requerido al consistorio diversa documentación que hasta el momento no le ha sido remitida. Esta situación ha motivado el informe desfavorable de la CHJ y es que este informe es necesario según dispone la ley de Aguas.
Paralelamente, denuncian que el PGOU se ha aprobado sin aplicar la Ley del Suelo, por lo que el documento carece de sostenibilidad económica, mientras que al mismo tiempo incumple la ley 9/2008 de forma explícita al carecer de informe del informe de sostenibilidad económica exigido en dicha ley.
Desde Camí Vell se ha calificado de "lluvia de mentiras" las afirmaciones efectuadas por parte del Alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y el concejal de Urbanismo, Romualdo Forner, en relación con el PGOU. Aseguran que no es cierto que el plan reduzca el suelo urbano de ocho millones de metros cuadrados a cinco, ni tampoco que de 35 millones de metros cuadrados urbanizables se pasen a 16, o que se reconozcan 42 millones de metros cuadrados de suelo protegido.
Según el portavoz de la entidad, Ezequiel Llorach, "basta con mirar las tablas del propio documento de síntesis del Plan General para ver que el suelo urbanizable pasa de 10.5 a 22.8 millones de metros cuadrados, lo que equivaldría a la mitad del término de Benicarló". Por otro lado, recordó que desde 2001 "los 42 millones de m2 están protegidos ya por la legislación supramunicipal y si no, que se lo digan a los propietarios de fincas en la Sierra d'Irta".
Asimismo, acusan al ejecutivo de incumplir de forma sistemática los compromisos que adquirió libremente Andrés Martínez en 2007: "¿Dónde están aquellos coeficientes de homogeneización que se comprometió a igualar entre el uso hotelero y el turístico? ¿Dónde está el respeto a las viviendas unifamiliares aisladas? ¿Dónde está esa parcela mínima que hace posible que cada uno de los propietarios pueda materializar su aprovechamiento en una parcela independiente?". En este sentido, acusan al ejecutivo de defender los intereses de los grandes hoteles, ya que de momento, "la organización que se ha manifestado públicamente a favor del documento representa los intereses de los grandes hoteles".
La asociación ha preparado dos reuniones informativas sobre el PGOU La primera en Peñíscola, el próximo sábado, a las 18 horas, en el antiguo edificio del ayuntamiento, mientras que la segunda se celebrará en Benicarló, el viernes 30 de julio, a las 21 horas, en el local de la Caixa Rural de Benicarló. Asimismo, ha empezado a sumar adhesiones el grupo en Facebook llamado "Yo tampoco quiero más aberraciones urbanísticas en Peñíscola".





* Levante-emv - 20.07.10
Foto: Peñíscola (Castellón), vista aérea - levante.emv.com

Baleares.- Juan Carlos Alía ingresa en prisión acusado de exigir comisiones del 10%

DIARIODEMALLORCA* : El ex director gerente del Ibatur, Juan Carlos Alía, ingresó el sábado en la cárcel de Palma, después de prestar declaración ante el juez José Ignacio Lope Sola, quien instruye el presunto desvío de dinero de la conselleria de Turismo. El magistrado ordenó la prisión provisional sin fianza del alto cargo de Jaume Matas al conocer nuevos hechos incriminatorios, en concreto, Alía exigió supuestamente una comisión del 10% por los encargos de su departamento. La trayectoria profesional de Alía ha girado entre la empresa privada, se formó en el turoperador TUI, y la Administración pública –trabajó en Turismo durante dos etapas, de 1992 y 1997 y entre 2003 y 2004–. Alía protagonizó un primer escándalo cuando cargó al presupuesto económico siete tiques de acceso al club de alterne moscovita Rasputín hace seis años.

Su segunda intervención ´desgraciada´ ocurrió el pasado 30 de junio, cuando fue detenido en los calabozos durante 72 horas, junto al resto de la cúpula del Ibatur, por el cobro de unos 30.000 euros mediante contratos supuestamente ilegales adjudicados a la sociedad que compartía con el ex alcalde de Montuïri, Juan Antonio Ramonell, también del PP.
Alía abandonó el 3 de julio el calabozo previo pago de una fianza de 30.000 euros y con aparente entereza –"Hacedme las fotos solo a mí, que no me escondo", dijo–. Sin embargo, el sábado el ex director gerente del Ibatur no pudo contener las lágrimas cuando se le comunicó su traslado al centro penitenciario. Pese a tratarse de fin de semana, la actividad en el juzgado de Vía Alemania fue muy intensa, aunque marcada por un profundo sigilo, hasta el punto de que los medios de comunicación no fueron testigos de lo que allí ocurría.
Lope Sola, del juzgado de instrucción número 2, que indaga este caso denominado operación Pasarela, aprovechó que se encontraba de guardia el sábado para reclamar, por la tarde, la presencia de Juan Carlos Alía, asistido por su abogado Llorenç Salvà. La decisión no era caprichosa. A lo largo de la semana había ordenado el arresto de dos empresarios del ámbito de la publicidad, Guillem Deyà, dueño de Espiral, y Bartolomé Morey, de Centro de Comunicación Creativa, encargado de elaborar los folletos de la promoción turística de Balears, entre otras tareas. La declaración de Bartolomé Morey, que habría atribuido a Alía una serie de actuaciones de indudable gravedad, desencadenó la intervención del juez y el fiscal anticorrupción.
El ex gerente del Ibatur respondió a las preguntas del magistrado y del ministerio Fiscal, que ante los indicios incriminatorios y el riesgo de fuga, solicitó su prisión. La petición fue atendida por Lope Sola y, al anochecer, un coche patrulla recogió al hombre que se hizo famoso a nivel nacional por cargar a la Comunidad Autónoma las entradas del Rasputín.

Cambian las tornas

La operación Pasarela ha dado un giro inesperado para Juan Carlos Alía, que tras la detención del pasado 30 de junio, salió de las dependencias judiciales con la fianza más baja de todos los integrantes de la cúpula del Ibatur en tiempos del PP. Su sucesor, Raimundo Alabern, abonó 350.000 euros y el ex secretario y ex asesor jurídico del organismo público, Miquel Àngel Bonet, desembolsó 250.000 euros. La operación Pasarela estalló con toda crudeza el 29 de junio, con las primeras diez detenciones, después de un año de pesquisas.





* Diario de Mallorca - 19.07.10
Foto: Palma, consellería de Turismo y del Ibatur - diariodemallorca.es

Greenpeace denuncia la recalificación del suelo en Galicia

FARODEVIGO* : Galicia ha recalificado más suelo en la última década que en toda su historia, según ha denunciado este viernes Greenpeace en la presentación de la décima edición de su informe 'Destrucción a toda costa', en el que recopila datos sobre la situación del litoral en el Estado español durante la última década. En este sentido, la organización ecologista ha llamado la atención sobre el hecho de que en 2007 el "boom del ladrillo arrojaba la desorbitada cifra" de 800.000 viviendas proyectadas entre los 86 municipios litorales gallegos, una cifra similar a la que se había construido durante toda su historia, que según Greenpeace, es de 816.000 residencias.

Ya en 2006, Galicia se encontraba entre las regiones que acumulaban "más agresiones en su litoral", con 283.600 nuevas viviendas y 17 nuevos campos de golf.

Así, ha apuntado que "históricamente" detrás de la degradación del litoral "se ha escondido también el Ministerio de Fomento", a quien recrimina "no cumplir sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos".

Este informe, que se basa en datos del Ministerio de Fomento, recoge cifras a nivel estatal y remarca que en los últimos 20 años el urbanismo "salvaje", la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en la costa española el equivalente a ocho campos de fútbol al día --una media de 7,7 hectáreas diarias--.

Por ello, exige al Gobierno central y a las administraciones autonómicas y locales que controlen la corrupción y respeten la normativa existente, empezando por la Ley de costas y las directivas europeas.

"Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continua y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase", ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace.

CRITICAS A INFRAESTRUCTURAS GALLEGAS

Según recoge este informe, la costa gallega es "el mejor ejemplo" de la falta de planificación con el puerto de Langosteira en A Coruña, proyectado a unas decenas de kilómetros del de Ferrol.

Al respecto, los activistas medioambientales han achacado que en los últimos diez años ha habido "una avalancha" de puertos deportivos, con los que Galicia presentaba en 2008 uno de los porcentajes más altos de amarres por embarcación. Una cifra "diez veces" superior a la de Italia, que tiene diez veces más costa que Galicia. Así, la Comunidad gallega ha pasado de 4.000 amarres en 2003 a 11.000 en 2008.

Asimismo, Greenpeace subraya que Galicia ha sido "especialmente condescendiente" con las industrias más contaminantes y pone a modo de ejemplo el complejo de ENCE-Elnosa en la Ría de Pontevedra, así como el de Reganosa en Mugardos (A Coruña).

Además, ha exigido "descartar" el proyecto del puerto deportivo de Massó, situado en Cangas do Morrazo (Pontevedra), así como su urbanización.

PLANIFICACION

Con el objetivo de una mejora del medio ambiente, la entidad ecologista ha resaltado que Galicia "necesita" un Plan de Gestión del Litoral que proteja su costa, y ha lamentado "los intentos promovidos desde el Partido Popular o el BNG para rebajar la Ley de Costas que persiguen la urbanización del litoral".

Por ello, ha demandado paralizar los planes de acuicultura, así como de puertos y eólicos, que "acosan" a los espacios naturales protegidos de la costa.

En el informe, diversos testigos de la destrucción costera, actores, cantantes, periodistas, pescadores o abogados dan en primera persona palabra a la destrucción. Rosa Regás, Manuel Rivas, Miguel Delibes de Castro o el ex director General de Costas Fernando Marín son algunas de las firmas que aparecen en el informe.

PRESTIGE

Uno de los puntos sobre los que llama la atención este estudio es que "aún faltan" las medidas para asegurar que no se repita una catástrofe como la del Prestige.

Por ello, han recriminado la falta de puertos refugio y han destacado la necesidad de la regeneración de las costas gallegas que permita un desarrollo de la actividad tradicional como el marisqueo.





* Faro de Vigo - EP. - 16.07.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

La insolencia del ladrillo

MAGDALENA TRILLO/Granada* : No teníamos un Algarrobico que derribar, pero sí una enorme mole de hormigón suficientemente pretenciosa e irregular como para simbolizar los desmanes urbanísticos de los años del ladrillo. Tomás Olivo, imputado por el caso Malaya, proyectó en Armilla el que debía convertirse en el centro comercial más grande de Andalucía. La cultura del dinero y la insolencia. Todo a lo grande. Tanto que el inmenso solar urbanizable no fue suficiente y terminaron 'comiéndose' más de 1.400 metros cuadrados de zonas verdes. Cuanto más mejor y a toda prisa. Cruzando las fronteras entre la legalidad y la prevaricación. Se hacía en Málaga, se hacía en toda Andalucía y se hizo en Granada. A finales de 2006 se produjeron las primeras denuncias y el amasijo de hierros y cemento dejó de crecer.

Tras casi cuatro años de polémica y enfrentamiento político, el macrojuicio celebrado en abril, y cuyo fallo se ha dado a conocer esta semana, deja el caso en una controvertida cuestión de formas y matices que todos consideran una victoria y todos quieren recurrir. Tres condenas leves por prevaricación y un ligero derribo. El Centro Nevada perderá una de sus esquinas y será Tomás Olivo quien deberá asumir el coste. El juez sólo ordena demoler 1.446 de los 275.000 metros cuadrados del proyecto, apenas un 1% de la superficie, y condena a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación al ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y al ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, por un delito de prevaricación urbanística. El primero seguirá 'recolocado' en FCC; el segundo, con menos suerte tras tantos años de servicio a la 'causa', continuará en los jardines de la Alhambra. Sin antecedentes penales, ninguno tendrá que ingresar en prisión. No han salido mal parados...

En el PSOE de Granada así lo sienten. La nota oficial es más que elocuente: "La justicia en el caso Nevada evidencia la campaña de acoso del PP". Y critica que "Sebastián Pérez pretenda conseguir con mentiras lo que no es capaz de lograr en las urnas". Reconozcámoslo, una nota de manual para desviar la atención.

En Armilla ya 'preparan' la fiesta. Dice el alcalde, con el mismo entusiasmo que lo hacen los empresarios, que es "una inyección de optimismo para la economía local" y una salida para los vecinos que están en paro: se crearán 2.500 empleos que aliviarán las estadísticas y, digámoslo de paso, irán directos a las urnas socialistas si el proyecto se desbloquea para las municipales.

A la espera de saber cómo se concreta la 'solución' judicial, cómo se resuelven los recursos, qué sentencia la Audiencia y cómo evoluciona el contencioso por la licencia (la otra pata del caso), tal vez alguien debería empezar a preguntarse (y a planificar) cómo nos la vamos a arreglar (todos) para circular por la zona cuando el complejo abra sus puertas y el PTS, incluido el megahospital, esté a pleno funcionamiento.

Cuatro veces al día, demasiados días a la semana, el Centro Nevada ha formado parte del paisaje urbano de mis atascos en la Circunvalación. De la Granada que no debió ser. Una Granada, metropolitana, tan desbordada como el propio centro comercial. Dos imágenes se cruzan en la memoria de estos años: un desolador páramo de pilares de hormigón que se multiplicaban como hormigas dejando entrever el descomunal edificio que se iba a erigir en mitad de la Vega; y los reflejos del ostentoso mármol que debían anunciar la grandeza de la obra y que acabaron simbolizando su decadencia.

No se puede cuestionar su utilidad, su necesidad, ni las virtudes de un proyecto de estas características en plena crisis. Pero sí son denunciables las chapuzas. Los apaños de los políticos, las desmesuras de los constructores y la tibieza de quienes debieran velar por la ciudad que será.






* Granada Hoy - Opinión - 18.07.10