Gürtel en lucha - Forges

Viñeta: Forges, Gürtel en lucha - 2.06.10, elpais.com

Barberá recalificará el estadio del Levante para que salde sus deudas

ELPAÍS/Valencia* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y el presidente del Levante, Francisco Catalán, han firmado hoy un protocolo de intenciones con el propósito de recalificar el estadio, de modo que el club pueda hacer frente a sus deudas con la venta del solar como suelo residencial. El Levante declaró el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el año pasado y arrastra una deuda de 90 millones de euros, según ha confirmado el presidente del club.

Esta es la segunda ocasión en que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, acuerda una operación urbanística pensada para superar las dificultades financieras de un club de fútbol. Ya lo hizo con el Valencia CF, al reclasificar la parcela del viejo Mestalla para edificar viviendas y otro terreno en la avenida de las Cortes Valencianas para construir el nuevo estadio. La gestión de Juan Soler y la crisis echaron por tierra las expectativas millonarias del doble pelotazo: el suelo de Mestalla está por vender y el nuevo estadio a medias. Ahora es el Levante el que avanza en una solución similar.

La parcela que ocupa el estadio Ciudad de Valencia y su aledaños es de 24.749 metros cuadrados y se recalificará para uso residencial y equipamientos públicos, a través de un convenio urbanístico que "siempre estará dentro de los parámetros urbanísticos de la zona, ya que hay que dar un trato similar al de otros clubes de la ciudad", según ha recalcado la alcaldesa. Este documento permitirá al club presentar un plan de viabilidad y de pagos con garantías ante sus acreedores a finales de julio. "Hay que saldar la deuda y cuando se llegue a ese momento ya se hablará de otros grandes retos, como será recuperar la casa que perderemos. Ese día hay que estar con el contador a cero y con números azules en lugar de rojos", ha apuntado Catalán. El presidente del Levante ha recordado que la deuda de la entidad es de "90 millones de euros y hay cinco años por delante para hacerle frente". "Hay que llegar con una posición de club más estable y fuerte", como primer reto, ha añadido.

Los dirigentes del Levante no descartan jugar en el campo del Valencia mientras construyen su nuevo estadio, según han confirmado durante la firma del protocolo. "Lo que no se puede es empezar construir el estadio sin tener los recursos necesarios para hacerlo", ha advertido Catalán.

La nueva casa granota tendrá un aforo de entre 12.000 y 15.000 espectadores. "No sabemos dónde irá el nuevo estadio, ahora mismo no es una necesidad saberlo, cuando se tengan los recursos se vendrá al Ayuntamiento para decir lo que se quiere hacer. Ahora hay que trabajar para presentar una propuesta interesante", ha explicado. El Levante, al que el Ayuntamiento ha dado largas durante meses para cerrar una operación que se produce cuando el club tiene muchas posibilidades de regresar a Primera, presentará todos los documentos urbanísticos necesarios para su posterior aprobación. El club todavía no ha sondeado el mercado para vender el solar. "Hay que ir paso a paso, la venta del solar será la salvación del Levante y permitirá hacer frente a las obligaciones. Esa etapa se iniciará en octubre y será uno de los grandes retos del consejo de administración", ha subrayado el dirigente granota.

Barberá, por su parte, ha dejado claro que el nuevo estadio "lo financiará el club y lo podrá utilizar el Ayuntamiento de Valencia dentro de sus necesidades generales". "Queremos que siga teniendo una vida fructífera y feliz otros cien años más. Espero que suban a Primera División", ha deseado.





* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Valencia, estadio del Levante - elmundo.es

Monforte del Cid.- El TSJ anula el polígono de Walaig con más de la mitad del proyecto urbanizado

INFORMACIÓN/Alicante* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha dado la razón a Sepes -Entidad Estatal de Suelo dependiente del Ministerio de Vivienda- al anular el Programa de Actuación Integrada (PAI) del polígono industrial de Walaig aprobado por el Ayuntamiento de Monforte así como la adjudicación de las obras de urbanización a la firma Intersa Levante por 24,3 millones de euros. La vulneración de los principios de publicidad y concurrencia dispuestos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas es la razón en la que ha fundamentado su decisión el TSJ.

Una medida que afecta al centenar de empresas que ya han reservado suelo en Walaig y especialmente a la firma Azkar, que en febrero anunció su intención de instalar su centro logístico provincial en una manzana de 51.000 metros dentro de esta nueva zona industrial pegada a la autovía de Madrid y de 1,5 millones de metros cuadrados.
Esta sentencia es la tercera decisión judicial sobre este asunto que da la razón a Sepes. Ya en 2007, el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Alicante declaró nulo el PAI aprobado en 2006 por el pleno del Ayuntamiento, -en el que el PP goza de mayoría absoluta-, condenando al Consistorio por no respetar los acuerdos previos.
El Ayuntamiento recurrió el fallo pero con idéntico resultado. Ahora, por tercera vez y de forma inapelable dado que contra esta sentencia no cabe recurso, la Justicia da la razón a Sepes y declara nulos tanto la aprobación del PAI como la adjudicación de las obras.
El director general de Sepes, Félix Arias, ha subrayado la importancia de este fallo judicial que anula la decisión municipal de desistir unilateralmente de los convenios previos firmados con Sepes.

Stop a la venta de parcelas
Las obras de urbanización comenzaron hace dos años y ahora que están a un 60% de ejecución podrían paralizarse ya que Sepes tiene previsto solicitar la ejecución inmediata de la sentencia. También ha recurrido el Proyecto de Reparcelación del PAI y estudia ahora pedir cautelarmente la anotación preventiva de la sentencia en dicho proceso, lo que supondría de facto la paralización de cualquier proceso de venta de parcelas. A pesar de ello, Arias quiere abrir un proceso negociador con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo que garantice el desarrollo del polígono y no retrase su puesta en funcionamiento en exceso con el objetivo de facilitar la creación de empleo y crecimiento económico en el Vinalopó. En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento, propuso el desarrollo de la actuación (casi en su totalidad, terrenos que eran propiedad del Estado) en un proceso que terminó en 2003 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo. Pero en 2004, el Ayuntamiento ignoró los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de la obra, iniciando unilateralmente un proceso urbanístico que, como han venido señalando la Justicia, no se ajustó a derecho.





* Información - 2.06.10
Foto: Las obras en el polígono Walaig de Monforte se encontraban paradas en la tarde de ayer.- diarioinformacion.com

La Fiscalía reclama dos años de cárcel al ex alcalde de Cómpeta

MÁLAGAHOY* : El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López Cerezo (PP), se enfrenta a una petición de dos años de prisión y diez de inhabilitación por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio porque en 2007 el Pleno municipal que él presidía aprobó dos proyectos de actuación urbanística que permitieron levantar dos chalés en un suelo que la Fiscalía de Málaga considera que no era urbanizable.

En ambos casos se trataba de parcelas ubicadas en una zona conocida como Las Esparragueras y, según el escrito de acusación emitido por el fiscal, la Junta de Andalucía se había pronunciado en contra de los dos proyectos urbanísticos al entender que no estaban vinculados a explotaciones agrícolas ni ganaderas. Sin embargo, el 27 de abril de aquel año, es decir, sólo un mes antes de que se celebraran las elecciones municipales en las que ya no concurrió López Cerezo, el Pleno de Cómpeta les dio luz verde.

Junto a López Cerezo están acusados Joaquín Carmelo Ruiz, José Arroyo y María Kupers, entonces concejales del Partido Popular que votaron a favor de la edificación en las fincas. La Fiscalía reclama para cada uno dos años de prisión y 10 de inhabilitación para cargos públicos.

Además, han sido encausados la secretaria municipal María Yolanda Navarro y el asesor jurídico Carlos García a los que el Ministerio Público también por un presunto delito de prevaricación urbanística por los que el fiscal solicita un año y tres meses de prisión y una década de inhabilitación. Mientras que al asesor técnico Emilio Álvarez le atribuye este mismo delito pero con carácter continuado y pide una condena de diez años de cárcel, además de 10 años de suspensión para cargos públicos.

El primer proyecto de actuación lo solicitó un particular en mayo de 2004 para edificar una casa en Las Esparragueras. Al tratarse, según el fiscal, de suelo no urbanizable era preciso tramitar un proyecto de actuación que justificara la futura vivienda a fines agrícolas, forestales o ganaderos y acreditara que no induciría a la creación de un nuevo asentamiento residencial. Sin embargo, el técnico Emilio Álvarez emitió en febrero de 2007 un informe en el que afirmaba que desconocía la existencia de un texto legal o norma que especificara los criterios con los que debía acreditarse el fin agrícola, mientras que el asesor jurídico Carlos García aportaba otro informe expresivo de la inexistencia de inconvenientes para que se aprobara el proyecto urbanístico.

Aunque ese mes la Junta informó desfavorablemente, el Pleno aprobó el proyecto el 27 de abril , a un mes de las elecciones, gracias a que los técnicos realizaron "una interpretación torcida y convenida de la normativa urbanística ignorando de manera voluntaria las causas que debían impedir la aprobación del proyecto de Actuación".

En la segunda vivienda la tramitación del proyecto de actuación urbanística fue prácticamente idéntico. La única diferencia estriba en que la licencia de obras de la primera casa fue avalada por el técnico Emilio Álvarez y la de la segunda por este asesor y por la secretaria municipal, María Yolanda Navarro.

En los dos casos, además, se da la circunstancia de que la licencia de obras fue expedida con posterioridad por el actual alcalde de Cómpeta, José Luis Torres, antiguo párroco del pueblo, que no figura entre los imputados en el procedimiento.






* Málaga Hoy - 1.06.10
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com

El Tribunal Superior prohíbe construir en el área urbana de Oia

LAVOZDEGALICIA* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado parcialmente y de manera indirecta las actuales normas subsidiarias vigentes en el Ayuntamiento de Oia. El fallo tumba dos licencias concedidas por el gobierno local en la zona urbana de Oia en el año 2007 al carecer de cobertura legal por no existir en esta localidad un servicio municipal de abastecimiento de agua.

El alcalde, Alejandro Rodríguez, ha dejado de esta manera de conceder licencias en los cascos urbanos de Santa María, Viladesuso-Serrallo y Mougás Porto, según reconoció en el último pleno ante una pregunta del portavoz socialista, José Antonio Olmedo. Cualquier permiso municipal de obras en estas áreas podría ser también anulado por los tribunales ante cualquier denuncia urbanística y los regidores locales podrían incurrir en un posible delito de prevaricación si las concedieran.

Más de la mitad de la población del municipio reside en estas zonas del término municipal, que de esta forma ven que hasta que el Ayuntamiento no pueda prestar este servicio básico no podrán construir en ninguna parcela que sea edificable.

La denuncia partió de Residencial Monasterio de Oia, que acudió a los tribunales cuando el gobierno local autorizó la creación de dos viviendas dentro del ámbito que esta empresa pretendía urbanizar como zona residencial con el futuro Plan Xeral, dentro de su iniciativa para la puesta en valor de la antigua abadía cisterciense.

Los dueños del monasterio objetaron que la ley de bases de régimen local no permite otorgar licencias sin la existencia de un servicio de agua municipal. Las áreas urbanas de Oia disponen de traídas vecinales, puesto que son los propios vecinos los que han acabado organizándose por su cuenta para procurarse un servicio que el Ayuntamiento no presta.

El portavoz socialista Olmedo apremió a las autoridades locales a buscar una solución a esta carencia, que no dudó en calificar como «sangrante», puesto que Oia es el único ayuntamiento de toda la provincia de Pontevedra que no dispone de un servicio municipal de aguas.

El edil de la oposición requirió a las autoridades locales que por lo menos el Concello proceda a municipalizar la traída de Mougás-Porto, concedida en su día a una comunidad de aguas, para desbloquear el planeamiento en este área. También requirió Olmedo al alcalde que demande a las administraciones competentes inversiones para sacar al municipio de su atraso. Por su parte, el regidor de Oia, Alejandro Rodríguez, del PP, afirmó que están realizando gestiones desde el Ayuntamiento. Manifestó en el pleno que la semana pasada se puso en contacto con la presidenta de Augas de Galicia, quien le informó que han desestimado un antiguo proyecto para traer agua potable desde el río Miño por A Guarda.

La Consellería de Medio Ambiente plantea en cambio realizar una inversión de cinco millones de euros para crear una traída municipal independiente en Oia para todas las parroquias que capte el agua de los montes del municipio, según informó el alcalde.






* La Voz de Galicia - 1.06.10
Foto: Oia (Pontevedra), vista - lavozdegalicia.es

Murcia: La protesta vecinal salva un jardín donde se proyecta hacer una rotonda

LAOPINIÓN* : Vecinos de El Palmar se echaron ayer por la mañana a la calle en protesta por la construcción de una rotonda en el cruce de esta pedanía, en la avenida Primero de Mayo, con la carretera de La Alberca, que tiene previsto ejecutar el ayuntamiento de Murcia y que supondrá desmantelar el jardín de la calle Sagrado Corazón, contiguo al colegio público José Antonio y uno de las zonas verdes más antiguas de la localidad.

El Ayuntamiento, que en principio desoyó a los vecinos, se apresuró ayer a responder que el proyecto será modificado para salvar el jardín.
Los vecinos han recogido casi 500 firmas, en menos de 24 horas, contra este proyecto con las que quieren denunciar también la falta de información por parte de los regidores municipales. Los vecinos que se han manifestado tuvieron conocimiento de estas obras, proyectadas por la concejalía de Circulación, el pasado 24 de mayo cuando los residentes del edificio Barbus vieron a unos operarios trabajando en la zona y pensaron que estaban reparando alguna avería. Posteriormente, se dieron cuenta de que su intención era desmantelar el jardín. El encargado de las obras les dijo que iban a hacer una rotonda y que se vería afectado el jardín, las palmeras y los árboles.
Los vecinos contactaron con el alcalde pedáneo, Diego López, que, según afirman, no sabía nada, y requirieron información a la concejalía de Urbanismo. Tras un periplo por distintos departamentos municipales, no lograron que ningún responsable del Ayuntamiento les diera una explicación. Así comenzaron a recoger firmas y a movilizar a los perjudicados que ayer se echaron a la calle para que se paralice esta obra de la que no se puso el preceptivo cartel anunciador porque a la empresa que hace los trabajos se le olvidó encargarlo, según afirman los vecinos en el escrito que acompañan las rúbricas recogidas. La construcción de la rotonda también invade la calle Sagrado Corazón, donde los coches casi rozan los portales de las viviendas.





* La Opinión Murcia - 1.06.10
Foto: Un momento de la concentración vecinal de protesta que tuvo lugar ayer por la mañana - laopiniondemurcia.es

Benidorm aprueba 23 torres de hasta 29 alturas

ELPAÍS/Alicante* : El pleno de Benidorm aprobó ayer definitivamente el plan parcial Armanello, donde está prevista la construcción de casi 4.000 viviendas en 23 torres de hasta 29 alturas (la máxima permitida en la zona), repartidas en 532.000 metros cuadrados ubicados tras la línea de construcción actual de la playa de Levante, en la que fue la zona de huerta de la ciudad. También se construirá un gran parque urbano público.

El plan fue adjudicado provisionalmente en julio de 2001 a Enrique Ortiz, aunque ha permanecido bloqueado varios años debido a un rosario de pleitos y contenciosos ya solventados que, tras la aprobación de ayer, dejan el camino expedito a la próxima publicación en el DOCV de su ordenación pormenorizada tras haber subsanado el urbanizador todas las deficiencias detectadas por los técnicos municipales.

Por el camino han quedado 12 recursos y una querella contra Ortiz, además de un cambio de agente urbanizador en noviembre de 2004 a favor de Armanello Milenium. La mercantil que urbanizará el sector se creó en 2002, con posterioridad a serle adjudicada la urbanización a Enrique Ortiz, y su accionariado está compartido por Inmovist (también de Ortiz) y Urbanismo Mare Nostrum (participada por Ballester), otra de las mercantiles que compitió para obtener la adjudicación, aunque se allanó tras alcanzar un acuerdo con Ortiz.

El concejal de Urbanismo, Jaime Llinares, confía en comenzar las obras antes de final de año, dado que les consta que el urbanizador "tiene los avales necesarios para acometer la reparcelación".





* ELPAIS.com - 1.06.10
Foto: Benidorm (Alicante) - burbuja.info

La necesidad de una profunda revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía

IGNACIO RODRÍGUEZ, JOSÉ A.GARCÍA Y RAFAEL LEÓN* : Las crisis socioeconómicas actuales, provocadas siempre por la irresponsabilidad y avaricia desmedida de los que manejan los mercados financieros, con la connivencia de un poder político que no tiene la valentía necesaria para enfrentarse al criminal capital especulativo y sus actos, nunca dejan de constituir situaciones indeseables por venir a perjudicar a un amplio espectro de la sociedad, los que menos tienen, en beneficio de los acaparadores y usureros. No obstante, también las crisis, al mermar considerablemente los recursos de los Estados, suponen una excelente oportunidad para optimizar el uso y destino de esos recursos con el objetivo de ir avanzando hacia una mayor sostenibilidad en lo social, lo económico, lo ambiental y lo territorial. Y esto es así de un modo relevante en el ámbito de actuación de las infraestructuras de transporte.

La crisis socioeconómica que atraviesa y condiciona el desarrollo del PISTA, cumplida la mitad de su periodo de vigencia, entendemos debe dar lugar a una revisión en profundidad de sus propuestas, priorizando aquellas actuaciones que desde la sostenibilidad ya eran razonables, pero que con el actual panorama presupuestario y financiero, ya se antojan como inexcusables.

El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía actualmente vigente, pese a su nombre, no contribuye en nada al avance de esa sostenibilidad global mencionada. Un plan que dilapida inversiones para potenciar los modos de transporte más contaminantes, más devoradores de territorio, menos eficientes energéticamente y menos igualitarios y justos en lo social, jamás debería haber contenido en su denominación la palabra sostenibilidad.

Hoy, la crisis, la menor capacidad financiera de lo público, exigen que se proceda, con valentía, responsabilidad y vocación de servicio público, a dar un giro radical a las políticas y actuaciones contempladas en el PISTA para, reduciendo y optimizando el destino de sus inversiones ir configurando ese sistema de transporte sostenible que Andalucía necesita y que los grandes problemas ambientales globales, como el del cambio climático, requieren. Para enfrentar esos problemas y configurar un sistema de transporte sostenible para nuestra Comunidad Autónoma es preciso de una vez por todas dar al ferrocarril el papel que le corresponde, que no es otro que el de columna vertebral del sistema. Es preciso poner en marcha políticas de ordenación del territorio y urbanísticas que, en lugar de favorecer la movilidad, se centren en crear proximidad y accesibilidad para propiciar un incremento notable del número y porcentajes de los desplazamientos a pie y en bicicleta. Y es preciso establecer restricciones que obliguen a reducir ostensiblemente el número de desplazamientos en coche, en beneficio del transporte colectivo.

En relación con lo anterior no deja de ser asunto baladí el hecho de la absoluta dependencia externa de Andalucía con respecto al abastecimiento de combustibles fósiles y, por tanto, las incertidumbres y riesgos que ello supone en cuanto a la fluctuación de los precios del crudo y un posible desabastecimiento en un el futuro que se antoja como no a muy largo plazo. Como tampoco lo es el tema de las emisiones de CO2 y otros gases nocivos a la atmósfera que se maximizan de manera indeseable con el actual modelo de transporte de la Comunidad Autónoma y unas políticas de transporte continuistas en este sentido.

El PISTA, en su diagnóstico, señala con nitidez la ineficiencia de un sistema de transporte, el andaluz, centrado la hipertrofia de carreteras y más carreteras de gran capacidad, de ferrocarriles destinados al tráfico exclusivo de viajeros y con trenes de alta velocidad, de puertos marítimos sobredimensionados y de aeropuertos ineficaces y sin rentabilidad alguna. Y a pesar de ello, posteriormente, abunda en proponer más y más infraestructuras de las anteriormente criticadas, infraestructuras completamente obsoletas y anacrónicas desde el punto de vista de un modelo de transporte sostenible. Un modelo de transporte que ha venido propiciado desde que comenzara a dar sus primeros pasos el Gobierno Autonómico, con la potenciación de políticas de infraestructuras de transporte dirigidas casi exclusivamente a fomentar nodos de relación, abandonando a su suerte al resto del territorio, con lo que podríamos estar dirigiéndonos en Andalucía hacia la consolidación de lo que el profesor Pedro Arrojo denominó hace tiempo como el “modelo argelino”.

Por tanto, para propiciar ese giro radical que la nueva situación requiere, como objetivo general es preciso centrar las inversiones en infraestructuras de transporte en la potenciación del ferrocarril, estableciendo al tiempo una moratoria para las infraestructuras que potencian el uso del coche, así como de otros modos de transporte ineficientes y faltos de rentabilidad, en especial la construcción de nuevos aeropuertos o la ampliación de los existentes.

No obstante, el modelo ferroviario que una Andalucía sostenible necesita, se aleja considerablemente de los postulados que al respecto recoge el PISTA. En este sentido, y en cuanto a la interconexión de los Centros Subregionales andaluces, llama la atención el provincianismo y papanatismo del planteamiento de unirlos todos mediante AVE, algo por otra parte falso, ya que tras “el todo AVE” se oculta un ferrocarril de altas prestaciones y características normales que no es el AVE de los 300-350 km/h. Este ferrocarril normal, en el desarrollo tecnológico actual y por tanto a costes adecuados y asumibles, alcanza velocidades medias de 165 km/h, permite sin dificultad alguna y sin grandes gastos de mantenimiento la explotación de las líneas en tráfico mixto, y logra un mayor beneficio económico, ambiental y social de las inversiones. Construir una línea ferroviaria para tráfico mixto, personas y mercancías, necesita un pequeño incremento de inversión, en torno al 10-15%, respecto a lo que costaría si se diseñara para tráfico exclusivo de personas, pero si una línea construida para tráfico mixto, dada su robustez, permite todo tipo de explotación ferroviaria, una infraestructura construida para tráfico exclusivo de personas, dada su fragilidad, necesitaría una reinversión del 25 al 30%, más el inconveniente que supondría la realización de nuevas obras, si se tuviera que destinar posteriormente al tráfico de mercancías o al tráfico mixto.

Por tanto, la revisión del PISTA en materia ferroviaria, precisa que la interconexión de los Centros Subregionales andaluces se realice mediante un ferrocarril mixto para mercancías y viajeros que alcance velocidades medias de aproximadamente 165 Km/h, extendiendo esta medida a líneas actualmente no contempladas entre las de altas prestaciones como las de Huelva-Zafra-Badajoz, Linares-Baeza-Moreda, Córdoba-Badajoz, Tocina-Badajoz y la conexión con el Levante. Así mismo resulta imprescindible un impulso decidido a las cercanías ferroviarias en las grandes aglomeraciones urbanas. Y, a un más largo plazo, la conexión Bahía de Cádiz-Bahía de Algeciras, y la conexión con el corredor mediterráneo desde Algeciras hasta Almería.

Y es también necesario que todas estas líneas dispongan de una amplia variedad y flexibilidad de servicios de modo que propicien no sólo la conexión de los Centros subregionales, sino también la de cuantas más estaciones intermedias mejor (junto a servicios que sólo conecten a lo largo de todo el trayecto esos centros subregionales, otros que sin tener que cubrir el trayecto al completo, conecten estaciones intermedias entre esos nodos subregionales). Por otra parte, para lograr el objetivo de que todos los habitantes de Andalucía tengan acceso a un buen servicio ferroviario, no basta con que todos ellos se encuentren a menos de una hora de una estación del ferrocarril, tal y como propone el PISTA para Andalucía, sino que es preciso también que éste, vía política tarifaria, sea competitivo en lo relativo a sus costes para el usuario en relación con el uso de coche privado.

En cuanto a la red viaria de carreteras, y dentro de esa moratoria ya mencionada, es preciso abandonar, entre otros, el proyecto de autovía Huelva-Badajoz-Lisboa, así como plantear alternativas diferentes al desdoble de la A-4 entre Jerez y Dos Hermanas, aprovechando el potencial de la actual autopista, rescatando la actual concesión administrativa que merma su utilización por los usuarios. Asimismo resulta imprescindible abandonar el proyecto de la Conexión Sur Metropolitana de Huelva.



* Ignacio Rodríguez García, José Antonio García Cebrián y Rafael León Rodríguez; Portavoz de Obras Públicas, Secretario y Asesor, respectivamente, del Grupo parlamanterio de IU LV-CA en Andalucia.





* Rebelión - 30.05.10