'Villa Miseria' - El Roto

Viñeta: El Roto - 28.05.10, elpais.com

Los ‘conseguidores’ cobraban del 3% al 5% de los proyectos

ELPERIÓDICO/Barcelona* : El polémico 3% que citó Pasqual Maragall en el Parlament cuando era president y que levantó tanta polvareda coincide con el porcentaje mínimo que cobraban los dirigentes de la trama Pretoria, aunque en muchos casos llegaba al 5%, por sus gestiones para conseguir cambios de uso de edificios, recalificaciones de terrenos, o compradores institucionales para solares o edificios de constructoras e inmobiliarias privados. En las tres operaciones más destacadas de la causa, las del proyecto Cúbics de Santa Coloma de Gramenet, o las ventas de terrenos en Marina Badalona y los cambios de usos en Sant Andreu de Llavaneres, Luis Andrés García (Luigi), Macià Alavedra y Lluís Prenafeta cobraron en conjunto una media de un millón de euros, aproximadamente, en cada caso.

PAGOS A CARGOS LOCALES / A esta cifra hay que añadir los pagos a autoridades municipales, entre las que destaca el exalcalde Bartomeu Muñoz, que ingresó más de un millón de euros en una ocasión de una tacada, según el instructor, Entre los cobradores hay cargos relacionados con el planeamiento urbanístico autonómico, así como concejales y técnicos municipales que intervienen de forma decisiva en la adjudicación de obras municipales de todo tipo.
En proyectos basados en la venta inicial de terrenos públicos por unos 10 millones de euros, la Guardia Civil calcula que entre la adjudicación inicial a una empresa, el posterior cambio de propietario y la recalificación del proyecto, todo ello controlado o auspiciado por la trama con sus contactos, provocan el consiguiente aumento del valor del solar con unos beneficios por el incremento del precio de «unos 10 millones de euros de media aproximadamente» en un año. Pero esas cantidades «no revierten en los consistorios sino en los inversores o intermediarios y gestores».
Alavedra, Prenafeta y Luigi actuaban de forma coordinada desde el 2002, según el sumario, participando en operaciones en «distintos municipios de la provincia de Barcelona en las que se observan irregularidades en adjudicaciones aparentemente ilegales y un manejo de los tiempos del urbanismo, la información privilegiada que se tiene antes de que los proyectos estén ofertados, en beneficio de un reducido grupo de empresarios».Entre los afortunados destacan Josep Singla, de Proinosa y Lluís Casamitjana, de Espais, ambos imputados. «Todos ellos pagan comisiones por consecución de obras a Luis García, Prenafeta y Alavedra».
Existen «tres ligeras variantes del mismo negocio», utilizando las palabras del sumario. La primera y más sencilla es la obtención de una comisión (del 3% al 5%) por conseguir una obra local para una empresa, ya sea amañando concursos o utilizando información privilegiada. Esto sucede en muchas obras menores de Santa Coloma. La segunda afecta al ámbito autonómico, intercediendo a favor de un empresario para lograr compraventas. Y la tercera, más compleja, interviniendo en un desarrollo urbanístico para lograr modificaciones de usos.





* El Periódico - 28.05.10
Foto: Los edificios del proyecto Cúbics, en Santa Coloma de Gramenet.- elperiodico.com

'Caso Pretoria': La trama intentó su último 'pelotazo' en la plaza de Europa de L'Hospitalet

ELPAÍS/Barcelona* : Unos terrenos ocupados durante décadas por chatarreros se convirtieron de repente en solares codiciados por el gremio del ladrillo. El soterramiento parcial de la autovía de Castelldefels a su paso por L'Hospitalet era una asignatura pendiente que cosió el urbanismo de esta ciudad hace ya seis años. En aquellos terrenos se levantan ahora flamantes edificios de oficinas, hoteles de diseño y las sedes corporativas de diversas sociedades, Proinosa entre otras.

La plaza de Europa de L'Hospitalet se ha convertido en el espacio de centralidad de la zona y eso era conocido por la trama pretoriana, que si algo sabía era anticiparse a la revalorización de los terrenos, aunque hubiera que forzarla con actuaciones susceptibles de ser incluidas en el Código Penal.

Para acometer el soterramiento de la autovía, desde el barrio del Gornal hasta la plaza de Cerdà, la frontera con Barcelona, se creó un consorcio público en enero de 2002, siendo alcalde Celestino Corbacho, ahora ministro de Trabajo e Inmigración. Tras la reparcelación, a la sociedad Inmuebles Godó, SA, le fueron adjudicadas cinco parcelas. Como se le exigieron 6,3 millones de euros en concepto de cargas urbanísticas, optó por vender dos de esos solares a la sociedad Doskasde, SA, en enero de 2003. Cada parcela tenía 2.371 metros cuadrados de superficie y 7.661 de techo edificable. En ambos casos eran de uso residencial y se pagó un total de 22,98 millones de euros.

En esa venta actúan dos intermediarios. Uno fue Enrique Lacalle, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, quien percibió 1.124.853 euros más IVA a través de sociedades de su propiedad. Él mismo mostró las facturas a la Guardia Civil cuando declaró el pasado 6 de febrero en el cuartel de Sant Andreu de la Barca.

Apenas año y medio después de comprar, el 19 de agosto de 2004, Doskasde, SA, firmó un contrato privado de compraventa con Espais, la inmobiliaria del imputado Lluís Casamitjana, que luego vendió dos solares al Incasòl en Cerdanyola y El Prat, y que pinchó con la venta un edificio de la avenida Diagonal a la Generalitat. Por la compra de las dos parcelas de la plaza de Europa, Espais pagó 32,2 millones y ese mismo día firmó un contrato con Poliafers, SA, la sociedad instrumental de Lluís Prenafeta, por el que este cobró 1.107.600 euros, IVA incluido, de los que 458.200 se los quedó él, 348.000 fueron para Macià Alavedra y los restantes 301.400 para Luigi. El motivo oficial que siempre aparece en las facturas es "trabajos de asesoramiento", pero la Guardia Civil explica en el informe entregado al juez que la intervención de Poliafers "sigue patrones semejantes a los propios" de las operaciones de Badalona y Sant Andreu de Llavaneres supuestamente delictivas, si bien en este caso no hubo una recalificación urbanística de los usos. El informe policial recuerda que fue otra empresa distinta a Poliafers la que asesoró a Espais, por lo que se sugiere que "esta cuestión posiblemente debería ser aclarada por Lluís Prenafeta".

En esas parcelas se están construyendo dos torres que tendrán un máximo de 15 plantas cada una y que Espais está promocionando como viviendas. Sin embargo, el año pasado se ofrecieron los edificios a la Generalitat para que se trasladara allí la sede del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Fue a través de una carta remitida el 5 de marzo de 2009 a la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, y de diversas llamadas y reuniones en las que tampoco se llegó a nada.

"Únicamente ha quedado pendiente conocer el objeto concreto de la sociedad Poliafers" y otras, que "están vinculadas a la operativa" de Prenafeta, Alavedra y García Sáez, admite la Guardia Civil en su informe dirigido al juzgado. La investigación sigue abierta y habrá que esperar.
El interrumpido sigilo policial

El souflé mediático del caso Pretoria estaba desinflado a primeros de febrero. Entonces ya empezaban a circular los comentarios de los agoreros de turno que pronosticaban "otra garzonada", una expresión acuñada para desacreditar al juez de la Audiencia Nacional.

Suele ser propia de los que confunden el deseo con la realidad, hasta que ésta les desborda. Y más después de que Alavedra, Prenafeta y Muñoz se hubiesen comido los turrones en casa, se les hubiesen rebajado las cuantiosas fianzas que prestaron para quedar en libertad y solo Luigi permaneciese entre rejas.

Los tiempos periodísticos nada tienen que ver con los policiales, y mucho menos con los judiciales. La Guardia Civil, actuando a las órdenes del juez luego defenestrado, seguía trabajando en sigilo, pero trascendió que un grupo de agentes llevaban semanas en Barcelona con los flecos de la trama. Se ignoraba dónde ni qué investigaban, porque el caso seguía bajo secreto de sumario.

El levantamiento de esa medida, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimase un recurso de la abogada de Luigi, ha revelado que aquellas pesquisas se centraban en dos parcelas de la plaza de Europa. La investigación policial se recoge en un informe de la Guardia Civil fechado el 3 de mayo, en el que se sugiere que se vuelva a tomar declaración a Prenafeta para que aclare el cobro de comisiones a través de Poliafers, la sociedad instrumental que creó para estos fines.

Ahora le toca mover ficha al juez Santiago Pedraz o al sustituto de Garzón que nombre el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí que ha producido un indisimulable alborozo en aquellos agoreros. Y se ha perdido el sigilo del que disfrutó la Guardia Civil para trabajar. Nada es lo mismo.





* El País - 28.05.10
Foto: L'Hospitalet (Barcelona), plaza Europa - elperiodico.com

Benidorm: Un promotor pide 74 millones al Ayuntamiento por la parálisis de un sector urbanístico

INFORMACIÓN/Alicante* : Por si las complicaciones económicas del Ayuntamiento de Benidorm fueran pocas, ayer se conoció una nueva que puede traer de cabeza al equipo de gobierno y que amenaza con provocar la quiebra del consistorio, como admitió ayer el concejal de Urbanismo, Jaime Llinares. Se trata del agente urbanizador del PAU-1 Murtal, que reclama al Ayuntamiento el pago de 74 millones de euros como consecuencia de los perjuicios que le ha causado no poder desarrollar el sector urbanístico.

Ese plan parcial fue adjudicado en el año 2000 a la empresa Prometosa Construcciones, ocupa una extensión de 907.000 metros cuadrados y recoge la construcción de unas 2.000 viviendas. La mercantil es propiedad de Francisco Gómez Hernández, conocido como El Paloma, que fue imputado por un PAI que preveía cuatro campos de golf y 1.600 casas en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila).
Llinares desveló ayer que el promotor ya ha presentado por registro de entrada la reclamación del pago, que atribuyó a la "nefasta, incompetente, inútil y sorprendente gestión del ex alcalde Pérez Fenoll y su edil de Urbanismo". Llinares incidió en que en el caso de prosperar la reclamación "supondría la quiebra absoluta del Ayuntamiento". El promotor, por su parte, señala en el escrito que el sector no se ha podido desarrollar por la "inactividad municipal y falta de voluntad" de los responsables políticos de los últimos años.

Problemas judiciales
El desarrollo de este plan urbanístico ha estado jalonado de múltiples batallas judiciales y decretos desde su adjudicación. Primero, Pérez Fenoll decretó que el Ayuntamiento pagara con suelo municipal el 10% que le correspondía en el sector los gastos de urbanización del PAU-1 Murtal, lo que fue rechazado por el juzgado. Igualmente, otro decreto acordaba la suspensión cautelar del sector a causa de las dudas de los técnicos municipales sobre una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al urbanizador a rebajar las tasas de urbanización. Éste reintegró el dinero a quienes habían pagado de más, pero no lo hizo con los que le habían pagado con suelo.
Posteriormente la empresa presentó un escrito en el que daba por aprobado el proyecto de reparcelación "por silencio administrativo positivo". El Ayuntamiento, todavía en manos del PP, le respondió que no era así y procedió el año pasado a decretar la suspensión de la citada reparcelación. Una decisión que fue recurrida ante el contencioso administrativo.
Según explicó Llinares, el reclamante asegura que el Ayuntamiento "no ha tenido una actuación leal y eficiente en el trámite de reparcelación" y precisó que "al secretario municipal se le apartó por decreto del expediente". Igualmente, el promotor denuncia que en el expediente no han tomado parte técnicos municipales, sino asesores externos, lo cual restaba "rigor y garantía jurídica".
A la petición del promotor se suma la de un particular, que reclama el pago de otros 500.000 euros por la dilatación del plan.





* Información - 28.05.10
Foto: Imagen de los terrenos del Murtal, en donde se desarrollaría el plan parcial. DAVID REVENGA, diarioinformacion.com

El juez vuelve a imputar al edil de Urbanismo de Mataró por el caso de Can Fàbregas

ABC/Barcelona* : El titular del juzgado nº3 de Mataró ha vuelto a imputar al concejal de Urbanismo, Ramón Bassas, en el caso de Can Fàbregas, ha informado hoy el ayuntamiento de Mataró. El pasado 15 de marzo, la Audiencia de Barcelona dejó sin efecto la imputación del concejal pero ahora el juez lo ha vuelto a acusar de los delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico. El caso de Can Fàbregas se remonta a principios de año cuando el Juzgado de Mataró aceptó a trámite la querella presentada por el Fiscal contra el desmontaje de la antigua fábrica de Can Fàbregas e imputó al alcalde, Joan Antoni Barón (PSC), por presuntos delitos de atentado contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico.

El concejal Ramón Bassa ha explicado esta tarde en rueda de prensa que está "muy tranquilo" y ha asegurado que todo el proceso de Can Fàbregas es "perfectamente legal".

Bassa ha afirmado que la situación "es como una ducha escocesa, ahora sí ahora no, si se me permite la broma (...) desde el primer momento nos hemos mantenido allá donde estábamos confiando en que todo era legal y siguiendo todo el proceso".

El edil de Urbanismo deberá volver a declarar ante el juez, que también ha citado a declarar a petición de la Fiscalía a varios testigos, entre ellos el director General de Patrimonio Cultural de la Generalitat, el arquitecto designado por PUMSA para dirigir el proyecto de desmontaje, traslado y almacenamiento de la nave, y tres miembros del Consejo Municipal del Patrimonio.

"La única preocupación que tenemos es que se pierda el tiempo durante todo este proceso y la ciudad se quede sin una cosa que necesita puesto que estamos hablando de muchos puestos de trabajo, de una inversión importante para la ciudad", ha añadido el concejal.

En este sentido, Ramon Bassas ha asegurado que El Corte Inglés sigue manteniendo su voluntad de instalarse en Mataró a pesar del proceso judicial abierto.

Además de la imputación de Bassas, el juez también ha ordenado parar de nuevo las obras de desmontaje de Can Fàbregas después de estimar parcialmente un recurso de la CUP y la Plataforma Salvem Can Fàbregas.

La decisión coincide también en que hace un mes el anterior magistrado autorizó al Ayuntamiento que finalizara las labores de traslado de las pieza que estaban paradas desde enero.

A pesar de ello, Ramon Bassas ha destacado que durante este periodo el consistorio no ha tenido tiempo de retomar los trabajos "por motivos burocráticos y por los episodios de lluvia de las últimas semanas".

La base de la chimenea y los restos de la planta baja del inmueble de la antigua fábrica de Can Fàbregas son los únicos elementos que quedan en el solar. EFE





* ABC - 27.05.10
Foto: Mataró, desmontaje Can Fábregas - mataro.org

Granada: Los delitos urbanísticos salpican a una veintena de cargos públicos municipales

GRANADAHOY* : Durante años, el ladrillo ha sido la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. Las nuevas urbanizaciones eran, a la vez, fuente de riqueza para los consistorios y oportunidades de negocio para los promotores cuando ser constructor no era una actividad de riesgo. Pero donde hay tentaciones puede nacer el pecado y, en este caso, donde se mueven ingentes cantidades de dinero puede surgir el delito.

Durante el año pasado, la Fiscalía de Ordenación del Territorio, Patrimonio y Medio Ambiente realizó unas veinte diligencias de investigación penal -o lo que es lo mismo, indagó si se había cometido delito- por parte de alcaldes, concejales y técnicos municipales por delitos de prevaricación urbanística, según el propio fiscal considera en la Memoria de actividades de 2009, que estima como un "elevado número".

Especial mención le merecen al Ministerio Público "las causas seguidas contra el alcalde -ya ex regidor- y otros responsables del Ayuntamiento de Atarfe", aunque en este caso se excluye precisamente la causa que le podría llevar a la cárcel si la Audiencia Provincial así lo estima cuando vea el recurso, en septiembre, sobre los vertidos ilegales en el municipio.

El fiscal considera que en la mayoría de los casos de prevaricación urbanística, "el modus operandi coincide". Se trata de "la utilización de un instrumento de planeamiento" que no es el idóneo "que permite eludir los controles y las garantías legales". Incluso se establece cuál es la figura de planeamiento que "mejor se presta a este fraude de los controles legales para la consecución de un fin ilícito", que no es otro que el estudio de detalle. De hecho, incluso se establecen tres estadios: uno, el de una ordenación "vigente y vinculante que no permite el lucro pretendido", al que le seguiría "el acuerdo con los promotores para alterarla en su beneficio por medio del convenio urbanístico" que culminaría con "la utilización de un procedimiento que sortea todos los controles y garantías aplicables porque se sabe que el resultado perseguido viola los parámetros urbanísticos vigentes". Porque el estudio de detalle, detalla el fiscal, es una figura "puramente accesoria" que no puede servir para modificar un Plan General de Ordenación Urbana.

En cuanto al mapa de la presunta prevaricación urbanística en la provincia -más allá de los límites de Atarfe-, la Fiscalía de Granada resalta el procedimiento que se sigue contra el anterior alcalde, el ex concejal de Urbanismo y otras nueve personas por la construcción del Centro Comercial Nevada en Armilla -de la que recuerda que se ha solicitado la "demolición íntegra". También subraya otras "acusaciones y sentencias de importancia" que tuvieron lugar durante el año pasado que se refieren a los ayuntamientos de Almuñécar, Carataunas o Monachil.





* Granada Hoy - 26.05.10
Foto: Grafitis en el Albaicín.- granadahoy.com