Viñeta: Forges, corrupción - 16.04.10, elpais.com
__________ "Todo sobre la especulación en Urbanismo" __________
Barberá gastará el dinero del plan de El Cabanyal en comprar casas
ELPAÍS* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció ayer que gastará 60 millones de euros en comprar casas de las que prevé derribar en la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. El dinero, del plan Confianza de la Generalitat, iba a servir en un principio para urbanizar la prolongación de la avenida hasta el mar por medio de El Cabanyal. Ante la decisión del Tribunal Constitucional, el miércoles, de paralizar el plan, Barberá anunció que el Ayuntamiento acata el mandato y que no se producirán más derribos en tanto el alto tribunal decide si el recurso del Gobierno contra la ley del Consell que permitía las demoliciones es o no válido.Pero no sólo se suspenden los derribos, la primera edil avisó de que tampoco podrán rehabilitarse edificios, ejecutar los equipamientos previstos en el barrio, los jardines o los aparcamientos. Mientras tanto, el Ayuntamiento adquirirá casas para avanzar trámites a la espera de que el Constitucional decida a favor o en contra del recurso del Gobierno, y por tanto de la ley de la Generalitat que permite los derribos.
El Constitucional admitió el miércoles a trámite el recurso del Gobierno contra la ley de la Generalitat. Ésta sorteaba una orden del ministerio de Cultura que paraliza el plan del Ayuntamiento de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez afectando a una zona protegida. La ley había sustituido un decreto ley de la Generalitat que ya recurrió el Ejecutivo y admitió el alto tribunal.
Cuando el Constitucional admitió a trámite el recurso contra el decreto ley en febrero pasado, Barberá aseguró que los derribos podrían continuar fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural, entre las calles de Escalante y del Doctor Lluch. El plan, por tanto, seguía su curso. Ayer, sin embargo, con la ley recurrida, la primera edil espetó: "Han paralizado el PEPRI [Plan Especial de Protección y Reforma Integral] y lo que no es el PEPRI, equipamientos, jardines, aparcamientos... El PSOE lo ha paralizado todo". Barberá incluye cualquier actuación derivada del plan, incluso las que quedan fuera del ámbito de prolongación de la avenida, como colegios, jardines, equipamientos socioculturales o rehabilitaciones de casas antiguas. La alcaldesa advirtió además de que los 60 millones que el plan Confianza iba a invertir en los Poblats Maritims los dedicará a comprar casas. "Si no puedo hacer nada compraré todo lo que pueda", dijo.La intención de Barberá de congelar cualquier actuación en El Cabanyal supone que más de 30 equipamientos se queden sin hacer. El PEPRI, además de prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, comprende una serie de mejoras a lo largo y ancho del barrio y no sólo en la zona afectada por la supuesta futura avenida. Entre ellas, están la construcción de un colegio en la avenida de los Naranjos, varios equipamientos socioculturales en las calles del Arzobispo Company y de Vicente Guillot o en la plaza de la Iglesia de los Ángeles; la rehabilitación de edificios históricos como la antigua Casa dels Bous o el viejo cine Merp, nuevas zonas verdes en los alrededores del bulevar de Serrería o varios aparcamientos subterráneos.
La portavoz de la plataforma vecinal Salvem El Cabanyal, Maribel Domenech, criticó la forma de interpretar la decisión del Tribunal Constitucional que ha tenido la alcaldesa. "La orden del ministerio de Cultura permite perfectamente que se siga rehabilitando y actuando fuera de la zona de prolongación", afirmó. "La Casa dels Bous, por ejemplo, [con un reloj de sol antiquísmo en la fachada, muy deteriorado] podría rehabilitarse porque queda fuera del ámbito de la prolongación. Lo que impide la orden es el expolio, y rehabilitar no lo es. [La de Barberá] es una malinterpretación sesgada y malintencionada, una pataleta de una niña malcriada", concluyó.
Al margen de las obras del PEPRI, que la alcaldesa considera paralizadas, el dinero que el plan Confianza iba a invertir en el barrio, casi todo para urbanizar una futura Blasco Ibáñez prolongada, se destinará ahora a comprar casas. 60 millones de euros para comprar casas. En el acuerdo entre Ayuntamiento y Consell sobre las obras a ejecutar con la financiación del plan Confianza, había varias partidas previstas para rehabilitar algunas calles del barrio, entre ellas la avenida del Mediterráneo y las calles de la Barraca y de Pescadores. También estaba programado un aparcamiento subterráneo en el bulevar de San Pedro. El valor de estas obras superaba los siete millones de euros.
Otro de los inmuebles afectados por la paralización de las actuaciones en el barrio es el teatro El Casinet, de cuya rehabilitación se estaba encargando la empresa municipal Aumsa. Al igual que todo lo demás, las obras deberían parar. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, explicó el miércoles que la orden del Ministerio de Cultura implica que no se pueden dar licencias de obras en todo el ámbito del PEPRI. Maribel Doménech, de Salvem, reiteró ayer: "Eso es mentira, la orden no dice nada de actuar fuera de la ampliación de la avenida".
Los proyectos que congela la alcaldesa
- Colegio en la avenida de los Naranjos: El PEPRI de El Cabanyal prevé la construcción de un centro de educación secundaria de unos 15.000 metros cuadrados de superficie.
- Rehabilitación de la Casa dels Bous: Entre otros inmuebles, el plan comprende la rehabilitación de la antigua Casa dels Bous, donde se guardaban los bueyes que los pescadores empleaban en la pesca costera. Tiene más de 115 años y el reloj de sol de la fachada se cae a trozos.
- Renovación de aceras y calzadas: El plan Confianza del Consell destina cientos de miles de euros en la renovación de las calles de la Reina, Barraca, Escalante o Pescadores.
* ELPAIS.com - 16.04.10
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com
Barcelona: Los vecinos llevarán a los tribunales la recalificación del Miniestadi
ELPERIÓDICO* : Las asociaciones de vecinos de Les Corts han presentado alegaciones al proyecto de modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que pretende recalificar los terrenos aledaños al Camp Nou, incluido el Miniestadi, para que dejen ser ser tipificados como zonas deportivas y pasen a ser edificables. Su fe en que dichas alegaciones sean consideradas es nula, por cuanto, afirman los vecinos, quien debe aceptarlas o rechazarlas es la misma administración que promueve la modificación urbanística, esto es, el ayuntamiento.Ante tal perspectiva, los vecinos señalaron ayer que llevarán la recalificación a los tribunales cuando esta sea efectiva, es decir, cuando lo apruebe la comisión de urbanismo de Barcelona, que depende de la Generalitat. Y si es necesario, sentenció el abogado Eduard Moreno, al Tribunal de Estrasburgo de derechos humanos.
Las 7,06 hectáreas de las instalaciones del FC Barcelona resucitarán como complejos para la práctica deportiva en dos emplazamientos de Montcada y en la plaza de Alfons Comín, de Barcelona. A cambio, se conceden a la entidad polideportiva 153.000 metros de techo edificable; 130.000 se destinarán a vivienda, de los que 52.000 (un 40%) se emplearán en construir pisos protegidos y el resto, 78.000, libres. Pese a la disparidad de techo, el número de pisos será de 812 en cada caso, es decir, 1.624 en total.
NECESIDADES DEL BARÇA / La Coordinadora d’Associacions de Veïns considera en sus alegaciones que el plan está hecho a medida de las necesidades del club azulgrana y, por tanto, la modificación no responde a argumentos en favor del interés general.
Asimismo, creen absurdo que las compensaciones por los metros cuadrados de equipamientos deportivos que deben hacerse, según la normativa, se realicen en Montcada y en la plaza de Alfons Comín, en Barcelona, por cuanto ello supone una pérdida de espacios en Les Corts que no va a ser equilibrado en un futuro.
El gerente municipal de Urbanismo, Ramon Massagué, explicó a Europa Press que el ayuntamiento ha recibido 11 alegaciones, entre ellas de ICV-EUiA –socio del alcalde Jordi Hereu– y del PP. También se opone el Bowling, afectado por la operación.
* El Periódico - 16.04.10
Foto: Barcelona, miniestadi barça - elperiodico.com
Cantabria: ARCA pide a Gobierno y Parlamento explicaciones sobre los efectos de la última modificación de la Ley del Suelo
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20MINUTOS* : La asociación ecologista ARCA pidió hoy al Gobierno y a los tres grupos políticos del Parlamento de Cantabria (PSOE, PRC y PP) que expliquen "por qué" dijeron que la última modificación de la Ley del Suelo tenía como objetivo favorecer el desarrollo de los pequeños núcleos rurales del interior de Cantabria y "sin embargo el primer Ayuntamiento que la ha aplicado es Ribamontán al Mar para construir viviendas en suelos protegidos por el Plan de Ordenación del Litoral (POL)".En un comunicado, ARCA recordó que el Gobierno y los tres grupos parlamentarios impulsaron en 2009 una modificación de la Ley del Suelo para permitir el cambio a usos residenciales de cuadras y cabañas aisladas en suelo rústico, asegurando, "de forma reiterada y conjunta", que su objetivo era "desbloquear" el crecimiento de los pequeños núcleos rurales del interior de Cantabria que no contaban con planeamiento urbanístico y que sólo disponían de Delimitaciones de Suelo Urbano.
Frente a esta "falsa cantinela", ARCA denunció que los cambios en la Ley del Suelo iban dirigidos "a aumentar las competencias de los alcaldes para extender la especulación urbanística a los suelos rústicos de toda Cantabria y para recortar las directrices del POL por la puerta de atrás y sin el menor debate social".
Según la asociación, la "prueba" de que tenía razón es que el primer ayuntamiento en desarrollar la modificación de la Ley del Suelo y tramitar un Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico ha sido el de Ribamontán al Mar, un municipio costero que cuenta con planeamiento urbanístico en vigor, que ha tenido un crecimiento "espectacular" en los últimos años, y que está incluido en el ámbito territorial del POL.
ARCA explicó que el Catálogo de Ribamontán al Mar impulsa cambiar a uso residencial "decenas" de cuadras y cabañas dispersas por el suelo rústico de todo el municipio, una circunstancia que el POL no permitía para garantizar el equilibrio entre las zonas urbanas y rurales, con sus respectivos usos asociados.
Además, tres de estas cuadras están ubicadas dentro de una zona calificada por el POL como Protección Litoral, por "englobar las rasas marinas y el espacio rural más directamente asociados con la presencia del mar" y para "garantiza la integridad del borde costero", a lo que se suma un edificio que lleva medio siglo en ruinas al oeste de la playa de Galizano, también dentro de la zona de Protección Litoral y a escasos metros un acantilado de gran belleza y fragilidad incluido en la Red Natural.
Ante estos hechos, ARCA ha presentado una serie de alegaciones solicitando que se abandone la tramitación del Catálogo y que se vuelquen todos los esfuerzos en culminar la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana coherente con las orientaciones del POL.
Como segunda opción y en caso de que se decida continuar con el Catálogo, ARCA ha pedido que se excluya la transformación en viviendas de las cuadras o edificaciones aisladas, y que se recojan todas las viviendas construidas sobre suelos rústicos y no sólo una parte de ellas como recoge el Catálogo sometido a información pública, para garantizar en el futuro la igualdad de derechos de sus respectivos propietarios.
Por último, la asociación reiteró que ésta y otras modificaciones de la Ley del Suelo, el recorte de las Normas Urbanísticas Regionales y la "renuncia" a tramitar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) han supuesto "un enorme paso atrás frente al trabajo realizado en la anterior legislatura por Vicente Mediavilla y Miriam García", concluyó.
* 20 Minutos -E.P. - 16.04.10
Foto: Ribamontán al Mar (Cantabria) - mma.es
El Supremo tumba la macrourbanización del presidente del FC Cartagena en Ávila
LAVERDAD* : El Tribunal Supremo ha confirmado la paralización de la Ciudad del Golf, la urbanización proyectada por el presidente del FC Cartagena, Francisco Gómez, en la localidad de Las Navas del Marqués (Ávila). En septiembre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León paralizó las obras y anuló la recalificación del terreno como suelo urbanizable por tratarse de una zona de especial protección para las aves (ZEPA), propuesta además como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Ahora, el Alto Tribunal ratifica esta sentencia y desestima los recursos de casación que presentaron el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y la promotora, Residencial Aguas Nuevas.Francisco Gómez pretendía levantar en este lugar 1.600 chalés, dos hoteles y un campo de golf. Previamente, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués había declarado suelo urbano la zona. El TSJ de Castilla y León anuló la recalificación, y tanto el Consistorio como la promotora consideraron que el tribunal autonómico incurría en «abuso o exceso» al decidir sobre cuestiones que a su juicio son competencia municipal, autora del planeamiento urbanístico. Sin embargo, el Supremo recuerda en su sentencia que «la clasificación como suelo urbanizable delimitado de los terrenos de la Ciudad del Golf es contraria a la normativa aplicable». El Alto Tribunal subraya que el terreno no sólo forma parte de una ZEPA, sino que se encuentra en una Zona de Importancia de la Cigüeña Negra, además de presentar un alto valor medioambiental, paisajístico y ecológico.
El Tribunal Supremo, además de desestimar los recursos de casación, ha impuesto las costas del mismo (6.000 euros) a los tres recurrentes.
4.000 árboles talados
Por otra parte, la vía penal en el caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués sigue abierta, a raíz de la denuncia presentada por las organizaciones ecologistas Centaurea, WWF/Adena, SEO Birdlife, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Cantueso y Grama y por el sindicato Comisiones Obreras, con declaraciones de imputados y testigos ante el Tribunal de Instrucción número 2 de Ávila.
Los ecologistas denunciaron en 2006 que, pese a la sentencia del TSJ de Castilla y León, la promotora de Francisco Gómez prosiguió con la tala «indiscriminada» de árboles en la zona, hasta el punto de que más de 4.000 árboles fueron abatidos «en un paraje que forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea». La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia inició una investigación. Pese a la enorme polémica que siempre ha suscitado el proyecto, la Junta de Castilla y León lo ha defendido a capa y espada, hasta el punto de acudir al Supremo en su ayuda.
Pero el Alto Tribunal no duda en recriminar al Gobierno autonómico que su recurso de casación «carece de toda consistencia», pues las razones en las que se fundamenta «un pronunciamiento de nulidad, no se escogen en función de que las consecuencias que se deriven sean más o menos gravosas, sino atendiendo a la relevancia invalidante de los motivos de impugnación que han sido objeto de debate».
* La Verdad - 14.04.10
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad del Golf - aviladigital.com
La corrupción pública
ANTONIO GUERRA* : Decía Platón en su República que: "El gobernante no está para atender a su propio bien, sino al de los gobernados. Los hombres de bien no deben estar dispuestos a gobernar ni por dinero ni por honores". En el Libro VIII, añade: "La riqueza almacenada destruye a los gobernantes que empiezan por inventarse nuevos modos de ganar y gastar dinero y llegan a violentar las leyes". Aristóteles también dejó dicho: "La política y la moral deben ir siempre unidas, y nunca separadas". Kant invocaba el "deber por el deber", o sea, lo que se debe hacer hay que hacerlo por obligación, pero sin esperar nada a cambio, y reprobaba que el ejercicio del deber pudiera ser utilizado para conseguir intereses particulares, bastardos o espúreos. Y Tierno Galván aseveró que: "Los bolsillos de los gobernantes deben ser trasparentes".
Pero, claro, luego todo está condicionado por lo que también dijera Quevedo : "Poderoso caballero es don dinero". Y quizá por eso sea que la corrupción pública nos invade por todas partes y parece ser el signo de nuestro tiempo, estando relacionada mayormente con el Urbanismo, habiendo ya sido implicados en causas judiciales presidentes y expresidentes de comunidades autónomas, consejeros, exaltos cargos, alcaldes, concejales, etcétera, de la mayoría de los partidos. Por algo será que las concejalías y demás cargos relacionados con la construcción, terrenos urbanos, urbanizables, su recalificación, etcétera, son tan codiciados y tanto se los disputan quienes gobiernan. Y España ha pasado ya a ocupar el deshonroso puesto número 32 en el ranking de prácticas corruptas, con pérdida de cuatro puestos. De esa forma, nada debe extrañar que la clase política y la democracia se estén devaluando y desprestigiando cada vez más, y que en cada convocatoria electoral haya cada vez más abstenciones y votos en blanco.
Lo más paradójico de la corrupción pública es que los titulares de la representación popular que la practican, pese a tener como obligación actuar en beneficio del pueblo que les vota y al que deberían servir en lugar de servirse del mismo, una vez que son elegidos, ejercen sus funciones en perjuicio de los intereses de la comunidad, aprovechándose del cargo para satisfacerse a sí mismo, confundiendo lo público con lo propio, traicionando la confianza de los votantes y del propio partido que les ha nominado.
Y el pueblo siente ya hartazgo social por tantos y tan vergonzosos escándalos, porque los niveles de corrupción son impresentables, bochornosos, sonrojantes y odiosos. Es el tercer problema de los españoles. Durante las elecciones, a los candidatos se les llena la boca ofreciendo todo lo mejor y la solución de los problemas, pero algunos en cuanto alcanzan el poder les falta tiempo para fijarse como único objetivo el de enriquecerse a costa del dinero público de todos. La impresión que dejan en la opinión pública es que para qué van a votar, si todos son iguales, a pesar de que todavía queden políticos probos y honestos que me consta que la política incluso les cuesta dinero.
Esos políticos desaprensivos --los que lo sean-- deberían concienciarse, muy seriamente, de que la corrupción hiere la dignidad de la ciudadanía, de ellos mismos, y afecta a la esencia de los valores democráticos, ya que su conducta avara atenta contra la justicia, puede poner en peligro la democracia y hace quebrar la confianza y el respeto de los ciudadanos hacia la política y las instituciones. La corrupción es una lacra social que es necesario erradicar con firme y decidida determinación. Hace falta que los partidos se impongan códigos de buena conducta que cumplan a rajatabla y con rigor, de manera que ante cualquier imputación judicial todo presunto culpable, cese de inmediato en el cargo, sin perjuicio de su restitución si luego el presunto es declarado incólume. Pero todavía se cree más importante promulgar una normativa legal adecuada y eficaz para que ningún corrupto condenado judicialmente deje de devolver el dinero defraudado, porque si no, continuarán riéndose de la Justicia y de los ciudadanos honrados.
* El Periódico - Opinión - 14.04.10
Pero, claro, luego todo está condicionado por lo que también dijera Quevedo : "Poderoso caballero es don dinero". Y quizá por eso sea que la corrupción pública nos invade por todas partes y parece ser el signo de nuestro tiempo, estando relacionada mayormente con el Urbanismo, habiendo ya sido implicados en causas judiciales presidentes y expresidentes de comunidades autónomas, consejeros, exaltos cargos, alcaldes, concejales, etcétera, de la mayoría de los partidos. Por algo será que las concejalías y demás cargos relacionados con la construcción, terrenos urbanos, urbanizables, su recalificación, etcétera, son tan codiciados y tanto se los disputan quienes gobiernan. Y España ha pasado ya a ocupar el deshonroso puesto número 32 en el ranking de prácticas corruptas, con pérdida de cuatro puestos. De esa forma, nada debe extrañar que la clase política y la democracia se estén devaluando y desprestigiando cada vez más, y que en cada convocatoria electoral haya cada vez más abstenciones y votos en blanco.
Lo más paradójico de la corrupción pública es que los titulares de la representación popular que la practican, pese a tener como obligación actuar en beneficio del pueblo que les vota y al que deberían servir en lugar de servirse del mismo, una vez que son elegidos, ejercen sus funciones en perjuicio de los intereses de la comunidad, aprovechándose del cargo para satisfacerse a sí mismo, confundiendo lo público con lo propio, traicionando la confianza de los votantes y del propio partido que les ha nominado.
Y el pueblo siente ya hartazgo social por tantos y tan vergonzosos escándalos, porque los niveles de corrupción son impresentables, bochornosos, sonrojantes y odiosos. Es el tercer problema de los españoles. Durante las elecciones, a los candidatos se les llena la boca ofreciendo todo lo mejor y la solución de los problemas, pero algunos en cuanto alcanzan el poder les falta tiempo para fijarse como único objetivo el de enriquecerse a costa del dinero público de todos. La impresión que dejan en la opinión pública es que para qué van a votar, si todos son iguales, a pesar de que todavía queden políticos probos y honestos que me consta que la política incluso les cuesta dinero.
Esos políticos desaprensivos --los que lo sean-- deberían concienciarse, muy seriamente, de que la corrupción hiere la dignidad de la ciudadanía, de ellos mismos, y afecta a la esencia de los valores democráticos, ya que su conducta avara atenta contra la justicia, puede poner en peligro la democracia y hace quebrar la confianza y el respeto de los ciudadanos hacia la política y las instituciones. La corrupción es una lacra social que es necesario erradicar con firme y decidida determinación. Hace falta que los partidos se impongan códigos de buena conducta que cumplan a rajatabla y con rigor, de manera que ante cualquier imputación judicial todo presunto culpable, cese de inmediato en el cargo, sin perjuicio de su restitución si luego el presunto es declarado incólume. Pero todavía se cree más importante promulgar una normativa legal adecuada y eficaz para que ningún corrupto condenado judicialmente deje de devolver el dinero defraudado, porque si no, continuarán riéndose de la Justicia y de los ciudadanos honrados.
* El Periódico - Opinión - 14.04.10