Anulada la concesión de agua para la urbanización de Candeleda

ÁVILADIGITAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la concesión de agua que otorgó la Confederación Hidrográfica del Tajo a la empresa Dávila Monteblanco, que promueve la urbanización ‘Candelas de Gredos’, con 431 viviendas y un hotel, en Candeleda, al entender que no estaría garantizado el abastecimiento.

Se trata de una urbanización proyectada en el paraje de Navalpilón, junto al límite del Parque Regional de Gredos y en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), contra la que se han convocado dos manifestaciones y diversas movilizaciones de protesta.

La sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación para la Protección del Medio Natural de Candeleda “Cinclus” contra la resolución administrativa de fecha 12 de mayo de 2005, por la que la Confederación Hidrográfica del Tajo acordó otorgar la concesión solicitada por Dávila Monteblanco S.L. para captar aguas superficiales del arroyo Castañarejo y derivar un caudal de 12,07 litros por segundo con destino al abastecimiento y riego de la urbanización.

Según ha informado la Plataforma contra la Especulación Urbanística en Candeleda, la razón fundamental es que es “un acto contrario al interés público” y que no estaría garantizado el abastecimiento, además de no respetar el caudal ecológico.

“Dado que los datos objetivos permiten llegar a la conclusión de que la atención a los abastecimientos que se vienen realizando han sido insuficientes durante buen número de años para cubrir sus propias necesidades, no puede considerarse una decisión de la Administración que vele por el interés público conceder una autorización que significa detraer agua en el futuro a dichos abastecimientos para compartir un insuficiente caudal con un buen número de nuevas viviendas sin garantizar tanto los abastecimientos actuales como futuros”, se señala al respecto en la sentencia, argumentando que no solo no se garantiza el suministro para Candeleda, sino también los compromisos adquiridos con la Comunidad de Regantes de Santa María, además de los 400 chalés y un hotel.

En cuanto al estudio hidrológico aportado por el promotor, afirman que los datos son “erróneos” porque, por ejemplo, parten de aportaciones en verano de 400 hectáreas de nieve “inexistentes”.

“Oídos sordos”
A juicio de la plataforma, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid supone “un duro golpe a los intereses de la promotora”. Y acusan también a la Confederación, a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de “mirar siempre para otro lado” y de “hacer oídos sordos a las denuncias planteadas por los vecinos, favoreciendo presuntamente al promotor”.

Se trata de un proyecto urbanístico que ha sido denunciado en repetidas ocasiones, pero el proceso se ha detenido también varias veces. El pasado verano, de hecho, se llevaron a cabo obras para construir un depósito de agua e instalar tuberías, parte de ellas dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos.






* Ávila Digital - 11.03.10
Foto: Construcción del depósito de agua para la urbanización de Candeleda - aviladigital.com

Corrupción - El Roto

Viñeta: El Roto, corrupción - 8.03.10 - elpais.com

El Defensor del Pueblo condena el ladrillo a costa del agua

LASPROVINCIAS* : Una lluvia de sentido común cayó ayer sobre el Congreso de los Diputados, donde el Defensor del Pueblo se inmiscuyó con todas las de la ley en los abusos urbanísticos y en el conflicto territorial y político del agua con una lógica aplastante. «El agua no pertenece al territorio por el que pasa ni a sus habitantes, es un bien de dominio público», enfatizó Enrique Múgica cuando presentó el informe monográfico 'Agua y Ordenación del Territorio' ante la Comisión Mixta Congreso-Senado. Hizo una llamada al «gran consenso».

Las quejas recibidas por esta institución en los últimos años, y las correspondientes investigaciones, se han traducido en muchos tirones de orejas a las administraciones públicas por su pasividad y renuncia en casos relacionados con la vorágine urbanística o la contaminación de cauces, sin mencionar ningún territorio. La denuncia se hace extensiva a empresas y particulares que se benefician de la dejación oficial. En lo referido al ladrillo, Múgica lamentó la práctica de construir sin agua y recalcó que no se debe urbanizar sin tener antes la concesión. Las quejas analizadas han sido más de 300.
El informe realizado por un equipo de asesores rompe muchos tabúes y trata de poner racionalidad. El mensaje de que el agua no tiene dueño llega justo en el momento en el que se está debatiendo el Estatuto de Castilla-La Mancha y el devenir del Trasvase Tajo-Segura, azuzado por la pretensión de esta Comunidad de establecer una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos. La reprimenda del Defensor del Pueblo ante quienes se otorgan la propiedad del agua que pasa junto a sus puertas afecta por extensión a Aragón, donde se fijó una reserva de 5.550 hectómetros del Ebro.
¿Qué contamina más?
Señala que las confederaciones hidrográficas pueden otorgar aprovechamientos de aguas entre unas cuencas y otras si consideran que es la forma más racional, aunque precisa que las obras de conducción deben estar justificadas porque provocan más impacto ambiental. Indica que hay que distinguir entre sequía y déficit estructural, como el que sufre la cuenca del Segura, y no se pronuncia de una forma concluyente si es preferible un trasvase a una desaladora. «Depende las circunstancias de cada caso concreto», apunta. «Esta institución no se decanta por una solución u otra, simplemente sugiere que se examinen y comparen todas las opciones para resolver un problema estratégico y se elija la mejor desde el punto de vista ambiental», argumenta al analizar los trasvases y las desalinizadoras. Cree que no es lo mismo que las obras de canalización estén realizadas o no, y recalca que el principal impacto de las transferencias de agua entre cuencas afecta al caudal del río cedente. También destaca que la parte negativa de las desalinizadoras son las emisiones de CO2 (por la generación previa de energía eléctrica) y el vertido de la salmuera al mar.
Enrique Múgica sostiene que no deben concederse nuevos derechos para los que no haya recursos hídricos suficientes. «Hemos de desaconsejar resueltamente la práctica de construir urbanizaciones, campos de golf, invernaderos e industrias sin que exista agua de antemano, en la confianza de que después se obtendrá de alguna parte una vez que estén terminadas las obras», explicó ayer en el Congreso.
Estas indicaciones del Defensor del Pueblo tienen detrás muchas quejas presentadas en los últimos años por particulares que compraron casas en urbanizaciones ilegales o que no tenían garantizado el suministro. Resuelve al respecto que debe existir una mayor coordinación normativa en materia hidrológica y urbanística, y recalca que los informes preceptivos de las confederaciones hidrográficas deben ser vinculantes y tenidos en consideración.
Mejor un camión cisterna
Al abordar los problemas coyunturales de abastecimientos, argumenta que se pueden construir canales siempre que los episodios de sequía tengan periodicidad y su impacto sea asumible. De lo contrario, opina que se puede resolver con fórmulas más rápidas, baratas y reversibles, como el transporte con camiones cisterna.
Los expertos que han realizado el estudio para el Defensor del Pueblo sostienen que las nuevas concesiones de agua para el crecimiento urbanístico deben calcularse con las demandas previstas en ese momento, teniendo en cuenta la población real -permanente y estacional-y su crecimiento vegetativo a corto plazo, pero no la expectativas derivadas del desarrollo urbanístico.
Incapacidad administrativa
Otra apartado se dedica a las actividades contaminantes y las infracciones urbanísticas, de tal forma que da un tirón de orejas a la Administración porque cree que a menudo las tolera y ampara. «La Administración actúa con frecuencia como ente nodriza del agente contaminante y no de guardián de quienes padecen la contaminación». También cree que no se ha demostrado capacidad para acabar con los robos de agua, aunque reconoce que existe una leve mejoría en los últimos años. Propone, por último, que se instalen contadores de agua en todos los casos.
El Defensor del Pueblo no menciona ninguna cuenca. Hace consideraciones genéricas. En este sentido, la cuenca del Segura es una de las que más medidas está tomando para gestionar el agua y controlar el urbanismo. «Esto es lo que hay. He presentado unos problemas que son importantes, acuciantes y permanentes. Son temas de vertebración de España. A ustedes les corresponde crear un gran consenso». Señaló Enrique Múgica a la pregunta de la senadora popular Begoña Contreras: «¿Y ahora qué? Ésta abogó por recuperar Plan Hidrológico Nacional tras «los seis años perdidos».
Desde el PSOE, Miguel Angel Heredia, aseguró que el actual invierno permite ser «optimista» sobre las reservas de agua y aseguró que España está hoy más pendiente de los daños causados por el exceso de agua que por la falta de ésta. «Nosotros somos partidarios de reforzar el papel autonómico en cuencas intrarregionales, sin devaluar ni desprestigiar el papel del Estado», añadió.





* Las Provincias - 11.03.10
Foto: Murcia no se Vende, manifestación contra Marina Cope 31may08 - laverdad.es

La Xunta aporta siete millones para legalizar Barreiros

ELPAÍS/Lugo* : El dinero público será la base para dar salida a la difícil situación urbanística del municipio lucense de Barreiros, que llevaba tres años paralizado por la anterior Consellería de Política Territorial, tras detectarse irregularidades en parte de los procesos constructivos. Ahora, la Xunta, la Diputación de Lugo y el propio Ayuntamiento aportarán algo más de 10 millones de euros, que, si la crisis no dicta lo contrario, permitirán la consolidación de 5.800 viviendas.

De ese importe, siete millones los aporta la Xunta.

Atrás quedó el criterio de "urbanismo desordenado" que en su día esgrimió la Xunta para paralizar la actividad constructiva. Ahora, el alcalde, el popular Alfonso Fuente Parga, se congratula de que a su municipio llegará la mayor inversión de su historia, con casi 4.500 euros por habitante. El convenio entre administraciones ha optado por tirar hacia delante para dotar a Barreiros de los servicios que precisa y ordenar en función de lo que ya existe. Aunque para ello se necesiten más de 14 millones de euros, de los que la mayor parte procederán de fondos públicos (aunque también se buscará aportación privada de los constructores).

En el olvido quedarán las cinco licencias para construir 345 viviendas que se levantaron pese a tener informes advirtiendo de su ilegalidad. Tampoco será un inconveniente que este municipio no disponga de un Plan General de Ordenación Municipal, cuya redacción se ha encargado este mismo mes.

En el mejor de los casos, Barreiros dispondrá de PGOM en 2013, pero para entonces el documento urbanístico, según el BNG, será "un paripé", ya que "lo más gordo" se habrá ordenado en función del convenio. En el ámbito político local dan por bueno lo pactado. Sólo el BNG se abstuvo en el pleno, aunque admitió la dificultad que entraña legalizar el caso.





* ELPAIS.com - 11.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es

Alpedrete: Coordinadora Salvemos la Sierra se une a las críticas contra el "PGOU especulativo"

EUROPAPRESS/Madrid* : La Coordinadora Salvemos la Sierra respaldó hoy las críticas que se han realizado en las últimas semanas sobre el PGOU de Alpedrete, un plan urbanístico realizado a su juicio "con afán especulativo e ignorando el interés general de sus habitantes". Asimismo, la Coordinadora ha anunciado que se opondrá "frontalmente" a cualquier intento de intimidar a quienes han denunciando los "turbios manejos" alrededor del urbanismo especulativo en Alpedrete.

A su juicio, el PGOU propuesto por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alpedrete no sólo supondría una gran pérdida en la calidad de vida de los vecinos afectados, sino que además "responde a los intereses particulares de unos pocos".

"El PGOU de Alpedrete debe ser retirado de manera inmediata para establecer modelos de participación ciudadana donde todos los vecinos que quieran puedan participar de forma directa en la elaboración de un modelo urbanístico que va marcar la vida del municipio durante los próximos años", reclama.

Por este motivo, la Coordinadora Salvemos la Sierra quiere prevenir sobre los posibles "atajos, a través de negociaciones oscuras entre el Partido Popular y los equipos municipales del PSOE y UNPA (Unión del Pueblo de Alpedrete), para conseguir aprobar un plan que, hoy por hoy, no cuenta con los votos necesarios para salir adelante".





* Europa Press - 11.03.10
Foto: Alpedrete (Madrid) - webalpedrete.com

La Nucia resucita tres grandes proyectos urbanísticos paralizados

ELPAÍS/Alicante* : El objetivo de Bernabé Cano, alcalde del PP de La Nucia, desde que accedió al cargo en 2001 ha sido su desarrollo urbanístico. Y como no podía reclasificar suelo no urbanizable por la falta de recursos hídricos, ha optado por la vía de la revisión del Plan General para poder sacar adelante la aprobación de los sectores de La Serreta, Pie de Monte y Algar, que suman casi 7 millones de metros cuadrados y prevén la construcción de 11.461 viviendas.

La semana pasada el pleno de La Nucia aprobó, con los votos del PP, el concierto previo de revisión y adaptación del PGOU, que ha redactado Salvador Muñoz Ramón, un ingeniero de Caminos del despacho de arquitectura Vetges Tu Mediterrània, de Valencia.

En el documento queda al descubierto que el consistorio también ha iniciado un procedimiento ante la CHJ para la concesión unificada de los recursos hídricos del municipio y la justificación ante el organismo de cuenca de la disponibilidad del agua suficiente que posibilite los desarrollos previstos, para lo que cursó dos solicitudes el 31 de julio de 2008 y el 15 de abril de 2009.

El anterior Plan General está agotado desde el año 2000, dado que ya se habían desarrollado 22 sectores residenciales y uno industrial hasta consumir el 27% del término municipal. Sin embargo, Cano optó entre 2002 y 2003 por reclasificar suelo, opción que favoreció a los adjudicatarios de la condición de agente urbanizador, quienes tras haber comprado varios millones de metros a precio de suelo rústico podrán conseguir, cuando se apruebe definitivamente la modificación del PGOU, más de 1,26 millones de metros de edificabilidad.

Los tres sectores presentan diferentes particularidades. El primero en aprobarse, a mediados de 2004, fue la Serreta, que estuvo paralizado cautelarmente entre mayo y noviembre de 2007 por el anuncio de Iniciativa Independiente de La Nucia de una demanda que después, sin mediar explicaciones, no formalizó. Actualmente está a expensas de la publicación del proyecto de reparcelación que necesita una financiación de más de 100 millones de euros.

En septiembre de 2004, se aprobó el PAI Pie de Monte, un proyecto en el punto de mira del caso Gürtel. Francisco Correa, todavía en la cárcel, envió a negociar su entrada en el reparto de 12.000 millones de pesetas a Jacobo Gordon, otro de los imputados, aunque finalmente la Consejería de Medio Ambiente impuso una condición insólita para otorgarle la declaración de impacto ambiental: que obtuviera un informe favorable de la CHJ que nunca llegó. Finalmente, en marzo de 2005 el Ayuntamiento aprobó el PAI del Algar, que con una rapidez inusitada fue validado por la Comisión Territorial de Urbanismo en noviembre de 2006, aunque ese acuerdo de la consejería fue anulado por el TSJ en mayo del año pasado por carecer de los recursos hídricos necesarios. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de La Nucia han presentado un recurso de casación.

La propuesta de revisión del PGOU aprobada este mes eleva el consumo de suelo urbanizado a casi el 50% del total. Otro 10% es paisaje protegido de la falda del Puig Campana o de especial protección de cauces. Si se suman el suelo de protección ambiental paisajística, las cinco vías pecuarias, los seis yacimientos arqueológicos, el patrimonio etnológico y las zonas con riesgo de erosión o contaminación de acuíferos, apenas quedará un 16% del término de La Nucia sin urbanizar.

La memoria justificativa de la propuesta de revisión aprobada parece un documento a la carta, con apuntes laudatorios a la gestión de Bernabé Cano. Aboga por el "modelo extensivo de crecimiento" para "consolidar La Nucia como destino turístico que no dependa de otros municipios del entorno". Entre 2001 y 2009 La Nucia multiplicó por tres su población (de 6.587 a 17.874 habitantes), operación que con el nuevo PGOU en marcha volverá a repetirse.





* ELPAIS.com - 11.03.10
Foto: La Nucia - tagarinet