Valladolid: Vecinos denuncian que Ayuntamiento planea un tercer polígono "a sus espaldas"

ABC* : El presidente de la Asociación Camino de Palomares, Pedro Jáñez, ha asegurado a EFE que el Consistorio de Valladolid tiene un proyecto para construir un polígono en esta zona ubicada en el noroeste la capital vallisoletana, para el que ha dotado 3,5 millones de euros hasta 2011, pero del cual "no ha informado a los actuales propietarios de los terrenos".

Jáñez ha aseverado que hace unos años los vecinos del Camino de Palomares se reunieron con el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), y el entonces concejal de Urbanismo, Federico Sumillera, y se les prometió que "no se iban a tocar las viviendas" de la zona y que cualquier plan que se ideara en un futuro "sería consultado con los vecinos".

El portavoz vecinal ha pedido al Ayuntamiento que les informe de sus intenciones, que "en todo caso, han de ser justas y lógicas", pues no aceptarán que el Gobierno local y las constructoras "especulen" con estos terrenos.

Con la construcción del nuevo polígono, que se uniría a los actuales de Argales y San Cristóbal, Jáñez ha incidido en que se "estropearían" las actuales condiciones de esta zona por factores como la "contaminación y el ruido". EFE





* ABC - 16.01.10
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

Argumentos contra el rascacielos de Sevilla

DIARIODESEVILLA* : La Plataforma Ciudadana contraria a la torre diseñada por Pelli elabora un 'Libro Negro' para poner en crisis el proyecto. Decenas de razones, unas más sólidas que otras, en contra del proyecto del Ayuntamiento de Sevilla y de Cajasol -la caja de ahorros de la ciudad- para levantar en el sur de la Isla de la Cartuja un rascacielos de 178 metros de altura.

El edificio concebido por el arquitecto César Pelli, de ascendencia argentina pero formación norteamericana, autor entre otros inmuebles singulares de las Torres Petronas de Kuala Lumpur (Malaisia), se enfrenta no sólo a un más que probable litigio administrativo en los tribunales ordinarios de justicia, sino a un nutrido argumentario elaborado por la plataforma ciudadana que se opone frontalmente a su construcción.

Este colectivo, liderado por arquitectos como Fernando Mendoza, Premio Nacional de Restauración por su trabajo en la rehabilitación de la Iglesia del Salvador; José García Tapial, ex jefe del área de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla; Francisco Morilla y el geógrafo Víctor Fernández Salinas, representante del Icomos en Andalucía, ha redactado un Libro Negro en el que vierten todos los motivos -legales, administrativos y conceptuales- por los que, a su juicio, la construcción de este rascacielos, llamado a ser la sede central de la entidad financiera sevillana, supone una agresión en toda regla contra los valores patrimoniales de Sevilla y destruirá el que ha sido el paisaje histórico de la ciudad hispalense durante siglos.

El documento, que ayer fue presentado en sociedad bajo el cobijo del Colegio de Arquitectos, rector de la Fundación Fidas, es prolijo -un centenar de páginas- y oscila entre lo meramente descriptivo (acaso la parte más interesante de su contenido) y lo argumentativo. En él, la Plataforma contra la Torre Cajasol pone negro sobre blanco todos los motivos por los que en su opinión deberían paralizarse los trabajos previos de construcción.

Una de las vías de ataque es la licencia urbanística, concedida por el Ayuntamiento de forma más que peculiar. Los representantes de la plataforma, que han consultado el expediente administrativo, desvelan en su informe que el gobierno local otorgó la primera de las dos autorizaciones dadas a los promotores -la relativa al movimiento de tierras en el sur de la Cartuja- con un informe contrario del técnico responsable, la subjefa del servicio de licencias. En dicho escrito, fechado en julio de 2007 y desconocido hasta ahora, la funcionaria municipal alegaba: "No se dan los requisitos necesarios para que la licencia pueda resolverse favorablemente". La técnico iba a elevar su dictamen a la comisión ejecutiva de Urbanismo, órgano colegiado -donde sólo se sientan PSOE e IU- y el único legalmente competente para otorgar el permiso. Con dicho informe sobre la mesa, el procedimiento usual habría consistido en denegar la autorización. No hubo, sin embargo, lugar. Según sostiene la plataforma, ese mismo día, sin esperar a la reunión de la ejecutiva, el gerente de Urbanismo concedió la licencia por su cuenta y riesgo y, señalan los autores del Libro Negro, sin mencionar en su resolución la existencia del citado informe contrario de la técnico municipal. La decisión se revistió posteriormente de legalidad informando a la comisión de la resolución del gerente. En aquel momento dicho cargo estaba ocupado por Manuel Jesús Marchena, hombre de confianza del alcalde y actual responsable del Consorcio de Empresas Municipales (De Sevilla AIE).

La licencia de construcción llegó algo después. En su concesión los miembros de la Plataforma contra la Torre Cajasol señalan otras "irregularidades". A su entender: el permiso se otorgó sobre un proyecto básico -sin esperar al proyecto de ejecución, mucho más detallado- y sin que todos los informes necesarios se hubieran siquiera redactado. Urbanismo informó favorablemente el permiso aunque con salvedades, entre ellas la presentación del citado proyecto de ejecución y un informe del servicio de bomberos. El permiso de obras se otorgó en el mes de septiembre de 2007 con una vigencia oficial de seis meses. La licencia, en todo caso, podía ampliarse -previa solicitud justificada- hasta el año natural. La plataforma ciudadana afirma ahora que, aunque dicho plazo ha expirado, nunca se presentó la documentación requerida, lo que -en su opinión- supone que el permiso municipal "ha caducado". Urbanismo responde que el edificio se ha dividido en fases y que hay un proyecto de ejecución de los trabajos en marcha: los de bajo rasante.

El Libro Negro descubre otro extremo: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se ha visto forzada a abrir un expediente informativo al proyecto -número 9-319- porque su construcción podría afectar a la seguridad aérea. Tal iniciativa no tiene que concluir forzosamente en un informe negativa sobre la Torre Cajasol -aunque hay precedentes en este sentido en Málaga, en terrenos propiedad de Repsol-, aunque sí denota un hecho: ni el Ayuntamiento ni la entidad financiera, según la plataforma, consultaron, como marca la normativa, a dicha institución estatal. Así lo exige la legislación (Real Decreto 1541/2003) al tratarse de un edificio cuya altura es superior a los 100 metros. Dicho texto legal considera de oficio "obstáculos" para la navegación aérea los rascacielos, aunque es necesario un pronunciamiento expreso de dicho organismo estatal para saber si este factor condicionará el proyecto de César Pelli. Hasta ahora tal decisión no se ha producido.

El resto del informe elaborado por la plataforma glosa, con detalle, las demás circunstancias en las que se produjo la legalización administrativa de la Torre Cajasol. Su relato tiene como hilo conductor el contraste -en negativo- entre el discurso oficial sostenido por el Ayuntamiento en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y las sucesivas decisiones adoptadas por los responsables municipales. En este apartado la visión del colectivo contrario al proyecto es bastante más subjetiva, aunque sustentada en algunos hechos ciertos. Por ejemplo: ni la Consejería de Obras Públicas de la Junta ni Costas han informado sobre el rascacielos, requisito obligado. Como se recordará, tan sólo lo hizo Cultura -en sentido positivo- alegando que la ubicación de la torre estaba fuera (apenas unos metros) del límite del Conjunto Histórico Monumental. Los autores del informe son muy críticos con este dictamen (sustentado exclusivamente en aspectos formales) al rehuir conscientemente pronunciarse sobre el impacto del edificio en relación al "patrimonio paisajístico" de Sevilla. No es el único incumplimiento que cita la plataforma: el grueso de su informe desgrana las -en su opinión- violaciones de la Torre Pelli con respecto al Plan General, al Plan Especial, a las leyes estatal y autonómica de patrimonio, al corpus jurídico andaluz de ordenación urbanística (LOUA) y a buena parte de la normativa internacional -especialmente de ámbito europeo- en materia de patrimonio y sostenibilidad. A juicio de la plataforma, el proyecto de la Torre Cajasol convierte en papel mojado todos estos acuerdos.





* Diario de Sevilla - 16.01.10
Foto: Sevilla, montaje torre Cajasol - diariodesevilla.es

El juez paraliza el traslado de Can Fàbregas en Mataró

ELPAÍS/Barcelona* : Las obras de traslado de la fábrica modernista Can Fàbregas, en Mataró, han sido paralizadas por el juzgado de instrucción número 3 de Mataró. El juez responde así a la petición del fiscal, que actúa tras la denuncia presentada por una plataforma popular. Can Fàbregas es una antigua fábrica de harinas que funcionaba con maquinaria de vapor. Por el caso han sido imputados el alcalde, Joan Antoni Baron, y el concejal de Urbanismo, Ramon Bassas.

La planta era trasladada para instalar allí unos grandes almacenes.

Baron aseguró ayer que cuenta con el apoyo de su partido, el PSC, además de sostener que ha actuado "desde la honestidad y la legalidad", en referencia a su imputación por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico. Baron rechazó la posibilidad de dimitir y aseguró que seguirá ejerciendo de alcalde con "normalidad" y con la misma voluntad de siempre.

El juez paraliza el traslado de la fábrica y prohíbe también que se eliminen los elementos del subsuelo del edificio, que figura inscrito en el catálogo del patrimonio arquitectónico de Mataró. El Ayuntamiento, sostiene la acusación, trató primero de descatalogarla, sin lograrlo, por lo que optó por el traslado frenado ahora por el juez.





* ELPAIS.com - 16.01.10
Foto: Mataró, vista Can Fábregas -elpunt.cat

El Supremo confirma la condena de cinco años de cárcel para el ex alcalde de Andratx

LAVANGUARDIA/Mallorca* : El Tribunal Supremo confirmó las condenas de cinco años de cárcel para el ex alcalde de Andratx, Carlos Hidalgo y de uno y nueve meses para el ex jefe de Urbanismo del consistorio Jaime Massot.

El TS ha decidido asimismo absolver al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo de la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Palma que le inhabilitaba por un periodo de siete años al desempeño del cargo público por un delito de prevaricación urbanística, en relación a la construcción de un restaurante de su hermano Juan Carlos Hidalgo en un Área Natural de Especial Interés (ANEI).

Por otra parte, la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Segunda de lo penal Enrique Bacigalupo sobre la pieza 32 del denominado 'Caso Andratx, desestima los recursos del ex jefe de urbanismo de Andratx Jaime Massot y Juan Carlos Hidalgo -hermano del ex alcalde- y les mantiene los términos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. Ambos fueron condenados el 14 de noviembre a cinco años, y un año y nueve meses, de cárcel respectivamente por este caso.

El Alto Tribunal sí estima el recurso del ex regidor al entender que no se ha respetado el principio acusatorio, dado que fue acusado principalmente-por la Fiscalía- por un delito de inducción a falsedad documental mientras que fue condenado por prevaricación urbanística, un aspecto que para el Supremo no existe homogeneidad entre los artículos por los que fue acusado y condenado en contraposición a lo que entendía la Audiencia Provincial.

"El recurrente -Eugenio Hidalgo- no fue acusado por haber informado de un proyecto de edificación, ni por haber dictado una resolución en asunto administrativo, sino sólo por haber inducido a quien informaba en los términos -Massot-", expone la sentencia. Por tanto, el Alto Tribunal entiende que Hidalgo no pudo ser interrogado con sentido acusatorio sobre una cuestión que, de acuerdo con la acusación del Fiscal, "no formaba parte del objeto del proceso".

Cabe recordar que el ex alcalde de Andratx ingresó en prisión el pasado 28 de diciembre después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmase la condena de cuatro años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial en mayo de 2008 por la construcción de una vivienda en una zona de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.





* La Vanguardia - 15.01.10
Foto: andratx - guides