Detenidos el ex alcalde de San Javier y otras tres personas por corrupción

ELMUNDO/Murcia* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de San Javier ha ordenado la detención del ex alcalde de la citada localidad murciana José Hernández, del promotor Santiago Martínez Esparza y de otras dos personas, J.V.N.A. y A.J.S.R., por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia, agentes de la Guardia Civil han procedido este martes a las detenciones, así como a siete registros en domicilios particulares y profesionales de los detenidos en Murcia, Cartagena y San Javier.

Martínez Esparza ha salido en libertad con cargos y sin fianza. El promotor ha salido de los juzgados de San Javier acompañado por su abogado, José Pardo Geijo, minutos antes de las siete de la tarde, y ha abandonado la sede judicial en compañía de un familiar.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Javier ha establecido además para Martínez Esparza la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio de la Unión Europea, al tiempo que lo ha citado nuevamente en el juzgado para continuar prestando declaración.

Este miércoles está previsto la puesta a disposición judicial del ex alcalde de San Javier José Hernández, del PP, y de los otros dos detenidos, J.V.N.A. y A.J.S.R., que se encuentran en dependencias de la Guardia Civil de San Pedro del Pinatar.

El procedimiento se inició en 2008, tras una querella de la Fiscalía, y en el marco de este procedimiento se produjeron, también, en diciembre de ese año seis detenciones, entre ellas tres arquitectos, dos de ellos funcionarios municipales.

Entre los detenidos en esa operación estaban el arquitecto municipal de San Javier M. B, y el del ayuntamiento de Fuente Álamo, J.M.S.M., así como J.P.S.T., socio de los primeros en el despacho profesional Gruparq-3, ubicado en San Pedro del Pinatar.

Tanto M.B. como J.M.S.M. ya se encontraban imputados en un presunto caso de corrupción urbanística, junto con otras 12 personas, investigado en los municipios de Torre Pacheco y Fuente Álamo, en noviembre de 2007.

Asimismo el ex-edil Hernández, del PP, y Martínez Esparza ya declararon como imputados en 2006 ante el fiscal encargado de delitos urbanísticos, Juan Pablo Lozano, tras la denuncia interpuesta por el Grupo Independiente de San Javier, entre otros asuntos, por un convenio firmado entre ambos para la cesión de unos terrenos del promotor, donde estaba prevista la construcción del hospital comarcal, a cambio de "aprovechamiento" urbanístico.





* El Mundo - EFE - 29.06.10
Foto: San Javier (Murcia), ayuntamiento - regmurcia.com

Barcelona.- Una plataforma denuncia que no hubo concurso público para reformar el Born

ELPAÍS* : El antiguo mercado del Born no parece sacudirse la polémica de encima. Cuando las obras de reforma parecen encarriladas y la fecha de 2012 para reabrirlo como centro cultural para explicar la Barcelona de los siglos XVII y XVIII parece definitiva, surgen voces que denuncian supuestas irregularidades y que plantean alternativas al proyecto del Ayuntamiento de Barcelona. La plataforma El Torn del Born, formada por profesionales y vecinos del barrio de La Ribera, ya reclamó en marzo que el Born debería ser "una plaza pública abierta a cualquier tipo de expresión artística, cultural y comercial de los ciudadanos de Barcelona y no un museo cubierto". Ahora, además, denuncia supuestas irregularidades en la ejecución del proyecto.

Conrado Carrasco y Francesc Fàbregas, arquitectos y miembros de la plataforma, aseguran: "no hubo concurso para adjudicar las obras del centro cultural a los arquitectos Rafael Cáceres y Enric Soria. Por romanticismo se les adjudicó la reforma porque ya no podían hacer la Biblioteca Provincial, pero, en realidad, el Ayuntamiento estaba obligado a convocar un nuevo concurso para el nuevo equipamiento". Fuentes del Ayuntamiento aseguraron ayer que "se creyó oportuno hacerlo así por el esfuerzo realizado por los arquitectos".

Según Carrasco, "no es comprensible que el edificio que se expropió en la calle Comercial, un inmueble catalogado que pasó de uso residencial a equipamiento para albergar los equipos de refrigeración necesarios para la Biblioteca Provincial, haya acabado cumpliendo otros fines diferentes de aquellos para los que se expropió; en el Ayuntamiento están muy orgullosos de un edificio que no sirve para nada".

El jueves, El Torn del Born hará públicas sus denuncias y expondrá su propuesta de uso para el mercado del Born. "No queremos que el edificio de Fontseré sea un sarcófago de lujo para las ruinas", explica Carrasco, que denuncia también falta de información de la administración.

Ayer por la tarde arquitectos, responsables del Ayuntamiento y miembros de las asociaciones de vecinos de La Ribera se vieron las caras en la segunda mesa sobre las obras del Born, celebrada en la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña. Durante el encuentro, algo tenso, arquitectos y miembros del Icub se defendieron de las acusaciones de falta de transparencia y aseguraron haber explicado el proyecto ampliamente. "Cinco veces en los últimos 30 días", afirmó García Espuche, director científico del nuevo Born. Con cierto desánimo, García Espuche lamentó la incertidumbre sobre el proyecto: "Dentro de 11 meses hay elecciones y no se sabe que puede pasar".





* El País - 30.06.10
Foto: Barcelona, mercado del Born - fotosdebarcelona.com.es

Nace en Almería la Plataforma Stop Urbanismo Salvaje que se manifestará el domingo contra el hotel en el Parque Natural

TELEPRENSA* : Varios colectivos almerienses han constituido la Plataforma Stop Urbanismo Salvaje en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar “por la intención que tienen ciertos empresarios, con el favor de las instituciones, de construir en una zona privilegiada”. Así lo ha expresado José Enrique Martínez, miembro de la dirección de Izquierda Unida. La plataforma nace, por tanto, con el objetivo de luchar contra la construcción de un hotel en terrenos especialmente protegidos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

“Por muy legal que quieran hacerlo, no vamos a permitirlo”, ha agregado Martínez.

Para ello han creado un grupo en facebook para que la gente se una y les apoye y utilizarán todos los medios que tengan a su alcance para impedir la construcción en la zona. Así, el próximo domingo 4 de julio tienen previsto realizar una manifestación que partirá a las 11 de la mañana de la iglesia de Las Salinas hasta la Fabriquilla. En ella participarán colectivos como Amigos del Alcazaba, Ustea, Ecologistas en Acción, la Asociación Argar, Caja de Pandora o el Foro Social de Almería, entre otros.





* Teleprensa - 30.06.10
Foto: Playa de Cabo de Gata - teleprensa.es

A Coruña.- El urbanismo que se puede contemplar desde la bahía

LAVOZDEGALICIA* : Media luna en el cielo. Un barco fondeado en la salida de la ría. Hace un tiempo que el sol también se fondeó en el mar. Desde la cubierta, el perfil de la costa dibujado sobre el azul oscuro de la noche naciente evoca un idílico paisaje caribeño. Es solo una evocación, lo que hay enfrente no tiene nada que envidiarle a ningún rincón al menos visto desde el mar: el poblado de As Xubias y la desembocadura de la ría de O Burgo. En la cubierta del Rías Altas I-Ferrol , micrófono en mano, uno de los mayores expertos en planificación urbanística de España, José María Ezquiaga, responde a las preguntas de un grupo de inquietos arquitectos. Palabra a palabra, pregunta a pregunta, los convocados parecen conjurarse para salvaguardar un espacio que consideran único.

«En las encuestas -explica uno de los componentes del grupo DoDó- casi todo el mundo nos mencionaba el sitio ese de la parra como el mejor de esta zona». Ezquiaga confirmaba que esos espacios con parra «son siempre emblemáticos en todos los sitios, también porque cada vez hay menos».

Aunque las reflexiones urbanísticas viajaban a otros lugares del mundo -«en Japón las lonjas son un espacio de atracción turística, bien planificado», decía Ezquiaga-, el recorrido marítimo había empezado un par de horas antes en la Dársena, ante uno de los espacios emblemáticos del borde marítimo de A Coruña como son las galerías. «¡Apaga o motor, home!, que non podemos saír», pedía el patrón de un pesquero que se disponía a salir a faenar.

Poco después zarpaba el barco de los arquitectos, para doblar la punta del dique de abrigo; a lo lejos, entre la bruma del atardecer, se atisbaba el borde marítimo de los Pelamios, San Amaro (evocando a Serrat en su petición de que le entierren «en la ladera de un monte, más alto que el horizonte...») y la Torre.

Con varios pesqueros volviendo por popa, el barco de los arquitectos inició el recorrido del borde litoral, pasando por el muelle de trasatlánticos y luego el pesquero. «Desde aquí se ve cómo la nueva lonja corta la bajada al mar de varias calles», apuntaba el presidente de la delegación coruñesa del COAG, Manuel de la Iglesia. Ezquiaga escuchaba las explicaciones, elogiaba la vieja lonja como «arquitectónicamente más interesante que la nueva» e indicaba que podría ser de un discípulo de Torroja.

«Nadie es dueño del puerto»

Comentarios sobre la ampliación del muelle de contenedores -«es un sistema que tiene menos impacto porque permite el paso del oleaje»-, y ante el muelle Calvo Sotelo uno de los responsables del grupo DoDó ofrece una publicación de Busquets sobre el puerto. En varios momentos, Ezquiaga insiste en la idea de la cohesión entre el puerto y la ciudad: «Que el puerto entienda que es un suelo público y que la lógica económica del puerto está ligada a la ciudad»; «si escucha esto el jefe del puerto dirá que es una tontería»; «nadie es dueño del puerto y menos la Autoridad Portuaria; se debe permeabilizar el puerto a la ciudad y la economía del puerto debe subordinarse a una economía más amplia, que es la de la ciudad, aunque no existe esta mentalidad».

«Esas son unas instalaciones para nitrato», apunta el fotógrafo, que un poco más adelante señala las barreras anticontaminantes de Repsol. A la altura de Casablanca, De la Iglesia destaca el amplio corredor sin edificaciones que ha provocado el paso del oleoducto.

«Estamos máis metidos na ría do que deberíamos», anuncia por altavoz uno de los organizadores, poco antes de pasar el micrófono para las preguntas y las palabras de Ezquiaga. La vivienda es el peor uso para el puerto, «el primer valor de la ría es la ría misma, es un valor irrepetible», el peligro de dilapidar un espacio como este o la adecuada programación del uso del litoral son algunos de los temas que plantea.

En el viaje de regreso hasta la Dársena, Manuel de la Iglesia insiste en que la presencia de destacados arquitectos en la ciudad, invitados por el COAG, pretende mostrar lo que se hace en otros lugares del mundo y apoyar que el plan Busquets se lleve a cabo. Fin de una clase a la luz de la luna.






* La Voz de Galicia - 30.06.10
Foto: A Coruña, barrio As Xubias - laopinioncoruna.es

La Justicia rechaza el recurso contra el convenio para desarrollar la ecociudad

LARIOJA* : Y van ocho resoluciones judiciales -al menos según las cuentas del consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar- que respaldan el polémico proyecto de ecociudad del Ejecutivo riojano. La última, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), que desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Logroño contra el convenio urbanístico firmado por la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial y las promotoras privadas LMB y Progea: «El fallo ratifica también el procedimiento elegido por el Gobierno regional (convenio) para poner en marcha este proyecto de interés regional», explicó Escobar.

Y la penúltima, de la que también informó ayer el consejero, es otra nueva denegación de suspensión cautelar de los trámites, en este caso pedida por la patronal de construcción.

Así las cosas, Escobar recordó el contenido las ocho decisiones judiciales favorables: en primer lugar, el rechazo del Constitucional a la supuesta vulneración de la autonomía local, al que se suma el dictamen en el mismo sentido del Consejo Consultivo riojano; en segundo, la triple desestimación de los recursos de ecologistas, promotores y ayuntamiento contra la declaración de interés municipal; y en tercero, dos autos más denegando las medidas cautelares de paralización del proyecto y un nuevo auto confirmando el interés regional. «Teníamos competencia, el lugar elegido era el idóneo, el procedimiento el correcto y el proyecto es totalmente viable y al margen de reparo legal o jurídico alguno», recapituló el titular de Administraciones Públicas.
En este sentido, la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, insistió en que «las decisiones judiciales ponen de manifiesto lo escrupuloso del proyecto» y lamentó la «poca responsabilidad de algunos dirigentes políticos del Ayuntamiento de Logroño». «El varapalo judicial sufrido -agregó Escobar- debería hacer desistir de nuevos recursos por dignidad política a los responsables municipales de la capital y la única salida digna que les queda es comenzar a colaborar en el desarrollo de este proyecto».
Respecto a la última sentencia, el TSJR da plena validez al convenio urbanístico al desestimar que «haya traslación o cesión de funciones públicas a favor de personas privadas»; al argumentar que el encargo de la redacción del proyecto a quienes se van a encargar posteriormente de la urbanización «es conforme» y, por último, al señalar que sí existe valoración económica de la actuación, en contra de lo argumentado por el Ayuntamiento.
La 'guerra' seguirá
Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano de Logroño, Miguel Gómez Ijalba, restó ayer importancia a la sentencia y aseguró que en ningún caso «legitima al Gobierno regional». Ijalba indicó que todavía queda por tratar «el fondo de este asunto», es decir, el recurso sobre la aprobación del proyecto definitivo, y aseguró que «el convenio ratificado en la sentencia dejó de tener valor cuando el Irvi desapareció de la ecociudad».

LA ECOCIUDAD
Viviendas. 2.392, de las que el 90% serán protegidas: el 50% de precio general, el 40% de precio pactado y el 10% libres.
La actuación urbanística. La ecociudad se prevé levantar en una parcela de 59,9 hectáreas, cuyos propietarios mayoritarios son LMB y Progea, promotores privados del proyecto.
Medio ambiente. La 'ecociudad' contempla la construcción de dos parques eólicos y un parque solar para generar la mayor parte de la energía consumida. Contará también con un sistema de reutilización de aguas y otro de recogida neumática de basuras.





* La Rioja - 30.06.10
Foto: Maqueta del proyecto planificado en el Monte El Corvo.- larioja.com

Bruselas investigará la revisión del PGOU de Peñíscola

LEVANTE/Castelló* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado la demanda de la asociación vecinal Camí Vell de Peñíscola de investigar el proceso que se ha seguido en el municipio para revisar su Plan General de Ordenación Urbana que va a ser aprobado en pleno esta semana. Según la comunicación recibida de la presidenta de la Comisión de Peticiones fechada en noviembre del año pasado, se había solicitado ya a la Comisión Europea que iniciara una investigación preliminar sobre los diferentes "aspectos del problema" denunciados por la agrupación vecinal, que se queja de la falta de atención a las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición al público del documento urbanístico.

Así, y en relación a la presentación de alegaciones durante el verano de 2008, desde Camí Vell reprueban que "decenas de miles de alegaciones presentadas por cientos de ciudadanos no fueron admitidas pese a haber estar presentadas en tiempo y forma ante el Ayuntamiento de Peñíscola". "En consecuencia, no se puede considerar que la fase de exposición pública de este proyecto de Plan General se haya superado de forma satisfactoria. Estos hechos están siendo investigados por el Comité de Peticiones del Parlamento europeo", adelantaban ayer. El documento, fechado el pasado 18 de noviembre, está firmado por la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni.

Comisión de seguimiento
Peñíscola celebró precisamente el pasado lunes una reunión de la comisión de seguimiento de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, según denuncian los vecinos, hacía "más de dos años que no se convocaba ninguna".
En este sentido, el colectivo vecinal ha denunciado que el Ayuntamiento de Peñíscola todavía no ha contestado la petición efectuada desde la entidad, para que las reuniones de la comisión de seguimiento del plan general fueran públicas y/o se grabaran las intervenciones y se facilitara copia a todos los participantes. Durante la reunión del lunes se exhibió y entregó una copia de un plano en que aseguran la asociación de Vecinos de Camí Vell "se observan variaciones muy escasas respecto al proyecto expuesto en 2008 y un CD con el informe de las alegaciones".
Desde Camí Vell aseguran que la Asociación ha solicitado durante este año 2010, "mediante varios escritos diversos documentos relacionados con el urbanismo que el ayuntamiento se ha negado a facilitar". "Sin información, la participación ciudadana no puede ser efectiva por ello exigimos que se cumpla la legislación y se faciliten los documentos", explican.
Por otro lado, el colectivo vecinal ha lamentado el "retraso" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Peñíscola en aprobar un nuevo Plan General, "como demuestra el hecho que se haya tardado dos años en volver a convocar la Comisión de Seguimiento".
Esta situación provoca que se siga aplicando "un plan urbanístico anterior a la Constitución española de 1978", por lo que exigen la aprobación de un PGOU que cumpla c"on toda la legislación de aplicación, que sea socialmente justo para pequeños y grandes propietarios, medioambientalmente sostenible y económicamente viable".
Finalmente, la Asociación ha remarcado su disposición a participar en cuantas reuniones o iniciativas sean necesarias en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, siempre defendiendo los intereses de sus socios plasmadas en sus alegaciones.





* Levante-emv - 30-06.10
Foto: Imagen aérea del término municipal de Peñíscola, que el nuevo PGOU ordenará. LEVANTE-EMV

El fiscal acusa a Fabra de cobrar 300.000 euros por unas gestiones

ELPAÍS/Castellón* : La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, es autor de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Así lo explicó Luis Pastor el viernes ante el titular del juzgado nº1 de Nules, que presidió la vista en la que las partes debían concretar las imputaciones, previa a la decisión de archivar la causa o seguir con el procedimiento.

Según el fiscal, Fabra recibió cerca de 300.000 euros por las gestiones realizadas ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad con el fin de tratar de agilizar las autorizaciones para los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, el mismo que después le denunció y acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según el fiscal, Vilar le pidió a Fabra que "valiéndose de su cargo, intermediara y tratara de influir ante los ministerios para la obtención de permisos y licencias".

Luis Pastor afirmó que Vilar entregó dinero a Fabra "en atención por las actuaciones desplegadas por aquel [el presidente de la Diputación] ante la Administración central a fin de agilizar la tramitación y conseguir las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios". Y concretó las gestiones en "diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos".

El fiscal apuntó que, por este motivo, Fabra recibió, entre septiembre y octubre de 1999, más de 150.000 euros. Posteriormente, y "con el mismo motivo", recibió otros pagos a través de la sociedad Carmacas, que facturó al grupo de empresas de Vilar. "So pretexto de unos genéricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo", entre 2000 y 2001, Fabra recibió otros 150.000 euros, con lo que el montante total del dinero entregado por Vilar al dirigente del PP asciende a más de 300.000, según el fiscal.La Unión de Consumidores, que representa la acusación popular, también concretó el viernes las imputaciones del caso Fabra. En su informe, la acusación desgranó la trama y concluyó que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, llegó a recibir más de 500.000 euros de Vicente Vilar, el empresario que acusó al dirigente del PP de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. A los primeros 150.000 euros que supuestamente le entregó en 1999, la acusación popular suma otros 66.000 que presuntamente Vilar "pagó" en 2001 "en una bolsa de plástico". En su relato detalló, además, cómo, a través de distintas empresas de Vicente Vilar, Fabra recibió otros 330.000 euros como "contraprestaciones económicas", "emitiendo facturas falsas por trabajos inexistentes".

La fiscalía mantuvo la imputación contra Fabra, Vilar y contra la ex esposa de este, Monserrat Vives, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, pero consideró que no hay motivos suficientes para acusar al resto de imputados como autores, cómplices o encubridores, por lo que pidió el sobreseimiento para ellos, excluyendo también de la acusación de dichos delitos a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández.

Por el contrario, la acusación popular sostiene que los imputados a los que la fiscalía no quiere procesar "generaron presiones e influencias, cada uno a su nivel" y que entre todos crearon una "trama criminal" con la "perfecta coordinación de todos sus integrantes".

El actual titular del juzgado, Jacobo Pin, tiene así dos opciones: aplicar la doctrina Botín, que establece que si el ministerio fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular (que en el caso Fabra no existe), no es posible iniciar un juicio exclusivamente a instancias de la acusación popular; o la doctrina Atutxa, que sostiene que cuando se carece de perjudicados concretos y nadie ejerce la acusación particular (como en el caso Fabra), la acusación popular basta para instar la apertura del juicio aunque el ministerio fiscal no acuse.

En lo que sí coincidieron tanto la fiscalía como la acusación popular es en la imputación del matrimonio Fabra por fraude fiscal. Ambos hicieron referencia al informe pericial que destapó ingresos millonarios en las cuentas de Fabra y su esposa y una cantidad defraudada a Hacienda, entre 1999 y 2004, de 1,7 millones de euros. La acusación popular consideró, además, que estos movimientos "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias", por lo que pidió la imputación de siete de ellos.






* El País - 29.06.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elmundo.es

Despilfarro en infraestructuras en Castilla y León

ECOLOGISTASENACCIÓN* : España es el país europeo con más kilómetros de autovías por habitante, y el primer país del mundo en kilómetros de AVE. Sin embargo, no somos los más desarrollados, pero ahora lo tenemos que pagar. Si dividimos la deuda española entre cada uno de nosotros, cada español debemos unos 12.000 euros. Y esta deuda la tenemos porque España ha dilapidado grandes cantidades de dinero en obras que no han contribuido al desarrollo de las personas ni de las regiones. Un buen ejemplo es Castilla y León, con cientos de kilómetros de autovías, 4 aeropuertos y 2 estaciones de AVE, pero la región se sigue despoblando y el tejido productivo de la región pierde peso. El progreso no está vinculado a este tipo de obras.


España es el país europeo con más kilómetros de autovías por habitante, y el primer país del mundo en kilómetros de AVE. Ello ha implicado un gran coste económico de las Administraciones. Tanta infraestructura ha sido un lujo que no nos podíamos permitir. La demanda insaciable de más carreteras, más AVE y más aeropuertos, ha ocasionado que el país entero se haya endeudado hasta límites insospechados.

También hemos pagado un alto coste ambiental. Se ha ocasionado un gran impacto ambiental en muchos espacios naturales, se han enterrado bajo cemento terrenos productivos, y se ha fomentado aún más un modelo de tranporte insostenible, basado en el coche, en el avión, y en el AVE. Mientras tanto, el ferrocarril convencional y el transporte público con autobuses a los pueblos se han ido abandonando. Además echamos en falta una mejora en servicios públicos como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, o del trato de las Administraciones con los ciudadanos.

A este despilfarro y grave endeudamiento han contribuido prácticamente todas las Administraciones, desde la Unión Europea y el Gobierno de la Nación, al más pequeño y alejado de los Ayuntamientos.

En 2005 el Gobierno presentaba el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 (PEIT), que preveía la construcción de otros 6000 kilómetros de autovías y 9000 kilómetros de AVE. El presupuesto era de 248.000 millones de euros, unos 7.300 millones de pesetas cada día durante los 15 años de duración del Plan. En febrero de 2010, ya en plena crisis, el propio Zapatero anunció 17.000 millones de euros más para el PEIT, el mismo dinero que ahora tiene previsto ahorrarse con la congelación de las pensiones, el recorte a los empleados públicos, y la eliminación de la ayuda a la maternidad. Por ejemplo, la autovía en construcción entre Burgos y Aguilar de Campoo costará unos 281 millones de euros, o los 25 kilómetros de autovía entre Palencia y Ampudia costarán 244 millones. Los 4 aeropuertos de Castilla y León suman una deuda acumulada de 234 millones de euros. El AVE de Palencia a Santander está presupuestado por ahora en 200 millones. Y “pequeñas” obras, como los 2,4 km de la Ronda sur de Valladolid, que han costado 38 millones. La futura autovía León-Asturias discurrirá paralela a la autopista actual, y la Autopista 2 mares, que unirá Santander con Miranda de Ebro por las Merindades, cuando ya existe esa conexión por Bilbao. Otras autovías que se han construido sin la intensidad de tráfico necesaria, como la Tordesillas-Zamora, o previstas, como la Palencia-Benavente o la Valladolid-León, serían perfectamente sustituibles por un mantenimiento de las nacionales existentes con nuevas variantes que eviten las travesías de los pueblos.

Además, cuanta más obra nueva, más gasto en conservación para el futuro. El Estado gasta unos 6 millones de euros al día en conservación de carreteras.

El Estado además ha tirado cientos de millones de euros en otro tipo de obras, como por ejemplo, hidráulicas. El embalse de Castrovido en Burgos, de 120 millones de euros, o la presa de Irueña en Salamanca, de 46.

La Junta de Castilla y León también ha contribuido al endeudamiento público. Se han construido autovías sin demanda, como la Burgos-León (400 millones), o la Valladolid-Segovia (350 millones de euros), y está prevista la construcción de la Almazán-Ágreda, (Soria), dos pueblos que ya estarán unidos por la autovía que el Estado está construyendo entre Medinaceli-Soria-Ágreda. En plena crisis y en época de recortes sociales, la Junta ha sacado a estudio informativo una autovía entre Salamanca y Piedrahíta (Ávila), una carretera recién reformada. La Consejería de Fomento tenía presupuestados, sólo para este año, 139 millones de euros en nuevas infraestructuras.

El Plan Regional del Duero tiene presupuestados 1460 millones de euros, para la construcción de las famosas “Cúpulas del Duero”. Dentro de este plan está incluída la CMA de Soria con un gasto previsto de 120 millones de euros.

Las Diputaciones provinciales no han sido ajenas a este hecho. El ejemplo más claro quizás sea el de la Diputación de Valladolid, que ha gastado 12 millones de euros en un proyecto ilegal y de dudosa rentabilidad, como la estación de esquí en Tordesillas.

La inmensa mayoría de los ayuntamientos también se han endeudado enormemente en obras de escasa rentabilidad. Por ejemplo, en Valladolid se han gastado 3 millones en el tunel de la Av. Salamanca, y está previsto que el puente de La Rondilla supere los 10 millones. Este gasto se ha visto agravado por el Plan E del Gobierno, que en sus 2 fases ha transferido 13.000 millones de euros a los Ayuntamientos. Hemos visto como se ha tirado ese dinero en cambiar aceras y remozar plazas. Por ejemplo, los 4,6 millones de euros con el que se pretende desplazar la fuente de Santo Domingo de León. En Valladolid, las llamadas 5 eco-terrazas han costado más de 1 millón de euros.

Ante el grave endeudamiento al que estamos sometidos, una decisión racional sería meter la tijera recortando esta locura de gastos en obras, en vez de recortar derechos sociales y laborales, como ha hecho el Gobierno, y se han apresurado a seguir el resto de Administraciones.

Como la realidad ha demostrado, el modelo económico basado en cemento y ladrillo es insostenible. No se puede construir eternamente, ya que ni hay demanda, ni los impuestos de los contribuyentes ni el medio ambiente lo pueden soportar.

Y ante la grave crisis ambiental que sufrimos, hay que paralizar tanta construcción desaforada, que fomenta un modelo de transporte insostenible, y tiene un impacto altísimo sobre espacios naturales y terrenos de cultivo.






* Ecologistas en Acción Castilla y León - 24.06.10

Nueva operación de Anticorrupción por otro escándalo en el Gobierno de Matas

ELPAÍS/Palma* : Un nuevo escándalo de corrupción salpica al Gobierno que dirigió Jaume Matas entre 2003 y 2007. Efectivos de la Policía Judicial dirigidos por la Guardia Civil y bajo las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción efectúan desde esta mañana registros en varias empresas de publicidad y de gestión turística de Palma de Mallorca y Madrid para buscar pruebas que demuestren un supuesto desvío de fondos de manera irregular desde el Instituto Balear de Turismo, Ibatur, cuando era presidente balear el propio Matas, imputado por otro caso de corrupción, y consejero de Turismo Juan Flaquer.

La orden incluye el registro de la empresa de publicidad Over MCM y el de la Fundación Balears Sostenible que creó la conocida como tarjeta verde como sustituto de la ecotasa que impuso el primer Gobierno del socialista Francesc Antich y que funcionaba con fondos procedentes de entidades bancarias. La Fundación Balear Sostenible tiene su sede en Costa Nord, una institución creada por el actor Michael Douglas y comprada en 2005 por el Gobierno de Matas.

Al frente de la fundación se encontraba durante los años de Matas Pau Collado, uno de los imputado en el caso Gürtel ex directivo de Easy Concept, una de las empresas creadas por Francisco Correa y que organizaba los actos del Gobierno de Esperanza Aguirre.

También se producen registros en las oficinas del grupo Clave y en la empresa que gestiona el campo de golf Pulagolf. A esta instalación, situado junto a la costa de los Pinos y dirigida por el empresario Romero Sala, el Gobierno de Matas destinó hasta cuatro millones de euros anuales para la celebración de un torneo internacional de golf.





* El País - 29.06.10
Foto: Palma, Matas detenido (archivo) - diariodemallorca.es

Málaga.- El Gobierno acusa al Ayuntamiento de invadir competencias por el deslinde

LAOPINIÓN* : La aprobación el pasado jueves en el pleno del Ayuntamiento de Málaga de una propuesta elaborada por la Gerencia de Urbanismo para el deslinde de las casas que hay en la franja marítima comprendida entre Pedregalejo y La Araña, ha obligado al representante del Gobierno en la capital, Hilario López Luna, a aclarar que la única «administración competente» para proponer y aprobar dicho deslinde es el Ministerio de Medio Ambiente.

Por ello, López Luna quiso aclarar ayer que lo que ha hecho el Ayuntamiento es «una invasión de las competencias de otra administración» y, lo que es peor, «un intento de manipulación política y de confundir a los vecinos» ya que variar el actual límite «es un proceso técnico y jurídico prolijo, para el que la Administración tiene, según la ley, dos años». Sin embargo, «el Ayuntamiento, no sé cómo, ya ha dicho que el deslinde pasa por tal línea, por lo que invade competencias y da lugar a confusión entre los propietarios porque es adelantar acontecimientos».

López Luna reveló que al conocer las intenciones del Ayuntamiento y antes de que se celebrase el pleno, le envió una carta al alcalde, Francisco de la Torre, pidiéndole que, por «la lealtad institucional de la que tanto aboga, no tramitara ese documento al entrometerse en las competencias de Costas, que trabaja en la variación del actual límite de la zona marítimo-terrestre, que discurre desde los años 60 por la avenida de Salvador Allende y deja a las casas en suelo público».

López Luna insistió en el compromiso del Gobierno con los vecinos para que ese deslinde cambie, de modo que las viviendas puedan ser escrituradas, rechazando, de hecho, que el Gobierno tenga la intención de eliminarlas.

Ayuntamiento

Por su parte, el edil de Urbanismo, Manuel Díaz, aseguró que la propuesta presentada al pleno municipal «es fruto de los acuerdos adoptados en las distintas reuniones mantenidas con los vecinos y las otras administraciones», y responde también «al compromiso municipal de dar una solución rápida a un problema que arrastra muchos años de retraso». Por tanto, con esta propuesta «estamos cumpliendo lo que todos nos comprometimos a hacer» en la reunión del 19 de noviembre de 2009, donde, además, «esa voluntad quedó expresada públicamente con los vecinos».





* La Opinión Málaga - 29.06.10
Foto: La foto aérea muestra la franja litoral donde se encuentran las casas al borde del mar - laopiniondemalaga.es

Icomos augura que Sevilla entrará en la lista negra de la Unesco

ABC* : El futuro de la catalogación como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco del conjunto compuesto por la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, sigue pendiente de un hilo que puede romperse definitivamente en pocos días. Este es el mensaje que trajeron ayer a la capital hispalense los representantes en España del International Council on Monuments and Sites (Icomos), organismo asesor de la Unesco que se opone a la construcción del rascacielos diseñado por César Pelli para la zona de Puerta Triana.

El vicesecretario de Icomos España, Víctor Fernández Salinas, fue tajante: «No somos optimistas». Salinas y el vicepresidente del comité español de Icomos, José Mª García de Miguel, visitaron por la mañana la «zona cero» donde constataron que las obras del rascacielos de 120 plantas siguen a buen ritmo «pese a que la Unesco recomendó a España que paralizara los trabajos».
Fernández dijo que en el Comité de la Unesco celebrado en Sevilla el año pasado el tema pasó en un segundo plano y la cuestión se saldó con una serie de recomendaciones, pero anunció que en el próximo comité a celebrar en Brasilia entre el 25 de julio y el 3 de agosto el impacto de la torre Pelli en el conjunto Patrimonio de la Humanidad de Sevilla está en el orden del día.
Recordó que en el informe enviado por el Gobierno de España a la Unesco se reconoce que el rascacielos afecta al paisaje de Sevilla, aunque considera que no tiene impacto sobre la zona Patrimonio Mundial, y consideró que «existe la posibilidad de que en Brasilia a la zona monumental de Sevilla se le retire la catalogación de Patrimonio de la Humanidad».
«En un escenario realista —agregó— Sevilla entrará en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro», un paso previo a la retirada de la catalogación pero que, en opinión de Fernández Salinas, «sería una tragedia para Sevilla». «Sería poner en entredicho la capacidad de España para gestionar su Patrimonio Mundial», dijo el representante de Icomos, quien hizo un llamamiento a la Consejería de Cultura para que intervenga en el asunto «porque tiene una responsabilidad importante y Sevilla no puede permitirse esa pérdida».
Los representantes de Icomos acudieron al acto informativo organizado por la plataforma Túmbala acompañados del jefe de proyectos del World Monuments Watch (WMW), Pablo Fernández Longoria, quien anunció que ese organismo ha incluido este año a Sevilla en la lista anual de los 100 lugares del planeta en peligro de destrucción o grave expolio patrimonial por el impacto de la Torre Pelli en el paisaje de la ciudad.
Otros profesionales y miembros de la plataforma Túmbala recordaron que hay un contencioso abierto contra la torre por la licencia de obras y una denuncia por la vía penal contra la Gerencia de Urbanismo por presunta prevaricación en el desarrollo del plan espacial de la zona.

Voces de la plataforma Túmbala contra la Torre Pelli

FERNÁNDEZ SALINAS. VICESECRETARIO DE ICOMOS ESPAÑA. «Un rascacielos en estos momentos es un coche de segunda mano y además mal aparcado». «Perder la catalogación de Patrimonio de la Humanidad sería una tragedia para Sevilla»
PABLO F. LONGORIA. WORLD MONUMENTS WATCH. «Todos los años sacamos una lista con 100 monumentos en peligro; Sevilla fue nominada el año pasado y este año está en la lista porque el paisaje histórico de Sevilla peligra»
JORGE BENAVIDES. ARQUITECTO. «Sólo el alcalde y algunos sectores de la población defienden la torre en contra de todo tipo de informes técnicos». «Hay posibilidad de buscar una salida digna, estamos en crisis económica e inmobiliaria».





* ABC - 29.06.10
Foto: Representantes de Icomos y de Túmbala visitaron ayer las obras del rascacielos - abc.es

El fiscal reclama a Vizcaya la base jurídica de los convenios con Habidite

ELPAÍS* : El juez José María Eguía, que sigue la causa abierta contra el grupo Afer, se ha interesado por la esencia de los tres convenios que la empresa Habidite, propiedad de Jabyer Fernández, firmó en diciembre de 2006 con el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao. El incumplimiento de estos acuerdos, cuyas causas siguen aún sin dilucidarse, fundamenta gran parte de la polémica judicial abierta a raíz del impago a la Hacienda foral de este territorio de más 43 millones de euros en concepto de IVA pendiente por la empresa Iurbenor, también propiedad de Fernández, tras la venta de unos terrenos en Lutxana (Barakaldo), en la operación inmobiliaria denominada Puerta de Bilbao.

El fiscal del caso ha reclamado a la Diputación, con fecha 3 de junio, que le remita las razones jurídicas que fundamentan los tres convenios firmados por Bilbao con Fernández, con fecha 15 de diciembre de 2006. Dos de ellos corresponden a Bizkailur, una empresa pública foral, y el tercero a la propia Diputación. Los tres acuerdos fueron dispuestos para la posterior firma por Fernando García Macua, entonces consejero delegado de Habidite, e Iñaki Hidalgo, diputado foral.

En el mismo escrito, el fiscal también solicita de Diputación que la confirme si dispone de la petición cursada por García Macua en la que éste le llegó a consultar acerca de los pagos tributarios correspondientes a Iurbenor en 2008. Este requerimiento judicial es consecuencia directa de un informe presentado en marzo de 2010 por el inspector de la Hacienda vizcaína Javier Alonso y en el que se aludía a esta intervención requerida por Macua.

La respuesta desde Diputación a este segundo requerimiento tiene una indudable importancia ya que todo indica que el juez se ha detenido con especial interés en desentrañar las razones sobre los pagos de IVA en 2008 correspondientes a la operación de Iurbenor con las cuatro cooperativas de la promoción Puerta de Bilbao. El posible impago de 1,8 millones de euros ha sustentado la imputación de Macua como asesor fiscal de la compañía y de Emilio Prieto. Macua ha reconocido que ya está informado de esta diligencia solicitada por el fiscal. Según declaró a este periódico, "nunca he tenido una intervención personal en el tema de las cooperativas".

Con esta primera exigencia a Diputación relativa a los convenios de Habidite, el caso Afer recupera un foco de atención del que carecía y sobre el que los ahora acusados siempre han depositado el origen de sus múltiples reclamaciones tributarias y judiciales. De hecho, Fernández esgrimió los convenios como garantía en su petición de aplazamiento, el pasado 24 de abril de 2009, del pago de los 43 millones de IVA, ofrecimiento que fue denegado por Hacienda un mes y medio después.

Para Habidite, estos acuerdos con Diputación, que suponían el desarrollo tecnológico y la novedosa construcción de pisos por módulos, constituían la base de su futura expansión industrial, a la que, de hecho, acompañaron de una frenética creación de empresas en el sector inmobiliario. A tal punto confiaba su dueño en la eclosión económica del proyecto de Habidite en Vizcaya que ha llegado a cifrar en 300 millones las pérdidas causadas por el bloqueo de los polémicos convenios.

Desde Diputación, conscientes con el paso del tiempo del desgaste político que puede suponer el desenlace judicial de este tema, Bilbao ha llegado a admitir que "hoy habríamos hecho las cosas de otra manera". Ahora mismo, todas las miradas se dirigen a Bruselas, a donde el diputado general envió sólo los dos convenios de Bizkailur con Habidite para que la Comisión Europea autorice las cuantiosas ayudas comprometidas que conllevan. Eso sí, esta consulta a la UE se produjo dos años después de la firma.

La respuesta europea, de hecho, puede ser un arma de doble filo para Vizcaya. Si Bruselas falla que no hay razones jurídicas, Habidite reclamará porque el propio diputado general puso su firma en los convenios, como garantía de cumplimiento de las condiciones fijadas. Y si autoriza las contraprestaciones económicas, la empresa de Fernández reclamará los perjuicios por la demora en la operación.

No se descarta que en su respuesta obligada al fiscal, Diputación alegue que sigue pendiente de la respuesta de la UE. La contestación podría producirse en las próximas fechas según viene ocurriendo en casos similares, aunque no hay un plazo límite. Mientras tanto, Vizcaya también deberá contestar al juzgado sobre si tiene constancia de la consulta de Macua, desvelada en sede judicial.

Y es que la tributación fiscal por la compraventa de parcelas a las cuatro cooperativas de Puerta de Bilbao se ha convertido en otro foco de interés para el juez Eguía hasta el punto que supuso la imputación de Macua y Prieto. Incluso, las declaraciones en el juzgado, el 28 de mayo, de Javier García, director de las gestoras de las sociedades cooperativas del proyecto, no han ayudado a los dos imputados. García aseguró que la decisión de no devengar el IVA se hizo en el despacho de García Macua y que Prieto estuvo presente.

En sede judicial ha trascendido que el hermano del presidente del Athletic asesoraba a las cuatro cooperativas. Este extremo no fue ratificado por Macua, quien admitió, eso sí, de que en su despacho "donde trabajan 16 personas" se han atendido cuestiones relativas a las cooperativas, "pero no por parte personal de mi hermano directamente", aseguró.

Ante su imputación, Macua basa su defensa en que se limitó a elaborar las declaraciones fiscales con los datos aportados por Iurbenor. "Me remitían los datos, les enviaba la declaración y al no recibir indicaciones en contra, se presentaba tal cual", viene insistiendo. Hacienda corrobora la versión de Macua de que "había IVA compensado y no procedía declaración alguna". A su vez, el inspector foral Javier Alonso sostiene que la irregularidad tributaria se produjo en el primer trimestre de 2009, cuando ya Macua había abandonado su función de asesor legal en Afer. Jabyer Fernández, en cambio, se justifica diciendo que el cometido de asesor legal en 2008 era competencia de Macua.

La labor de las dos peritos de Hacienda

Margarita Grade de Capua y Edurne García, dos auxiliares forales que han actuado como peritos por parte de Hacienda sin disponer de esta cualificación para realizar un informe sobre la trazabilidad del dinero de las cuentas de Iurbenor -solicitado por el juez-, podrían ser llamadas a declarar ya que han omitido voluntariamente datos de especial significación para la causa en curso contra la gestión de Jabyer Fernández.

Según denuncian desde el grupo Afer, en el trabajo de ambas peritos se oculta la operación de venta de acciones de Habidite a pesar de que obraban en su poder los documentos acreditativos de las sucesivas transacciones y de que fueron advertidas del perjuicio económico que podrían causar si se mantenían en su error. Como primera reacción, Iurbenor y Habidite interpusieron sendas reclamaciones contra las diligencias de embargo. Luego, lógicamente, las ratificaron una vez que la administración concursal reconoció el pasado 4 de mayo que ya se habían devuelto los 779.000 euros procedentes de la retroacción de una venta de acciones de Habidite. Quedaba demostrado que la empresa firmante de los convenios con Diputación e Iurbenor habían retrotraído la venta de acciones entre mayo y septiembre de 2009, reintegrando todas las cantidades.

Las dos peritos redactaron el informe requerido para estudiar las cuentas de Iurbenor, pero ensancharon el campo de investigación y así escrutaron los movimientos económicos de Habidite y de otras empresas del grupo Afer a pesar de que en marzo de 2009 Habidite procedió a la venta de acciones por valor de 6,2 millones y ha quedado demostrada documentalmente ante el juez de lo mercantil. Este olvido permitió componer un voluminoso cruce de transacciones mercantiles entre empresas en el que figuran proveedores de Habidite y otras sociedades del grupo Afer como receptores, en segunda derivada, de dinero por parte de Iurbenor. Este prolijo intercambio fue detallado el pasado 20 de mayo por un diario vizcaíno. EL PAÍS, que también dispone de este voluminoso informe, no lo publicó tras comprobarse la inexactitud del origen de las cuantiosas operaciones.

El olvido de que se había retrotraído la venta de acciones de Habidite también se detectó en el trabajo realizado en enero de 2010 por los tres administradores concursales. De hecho, Jabyer Fernández, como administrador único de Iurbenor, les remitió los justificantes de las operaciones. No obstante, Maria Jesús Garai Alonso, nombrada por Diputación, Raúl de Buies y Francisco Javier Escobosa no lo recogieron inicialmente en su informe. Finalmente, Iurbenor envió el 17 de febrero las pruebas al juzgado directamente y ya en mayo quedó reconocida la devolución íntegra.

Pero los abogados de Afer se han detenido en la labor de las peritos Grade de Capua y García. El pasado 10 de junio, Iurbenor solicitó a estas dos inspectoras que ratifiquen su condición de peritos, cualificación de la que carecen según admitieron personalmente. Esta circunstancia les eximiría de toda responsabilidad ya que no estarían obligadas a la objetividad exigible a un trabajo pericial.

A su vez, en un seguimiento vigilante de la labor desplegada desde Hacienda sobre las empresas del grupo Afer, Fernández ha decidido presentar una querella, ahora recurrida ante la Audiencia de Vizcaya, contra el jefe de inspección de este organismo foral por irregularidades en la denegación del aplazamiento de los 43 millones de IVA, decisión que abrió la caja de los truenos de este intrincado proceso judicial.

El origen del caso

- Habidite nace para fabricar y comercializar viviendas montadas a base de módulos. Jabyer Fernández es su principal dueño.

- En diciembre de 2006 firma con Diputación tres convenios para instalar en Alonsótegui (Vizcaya) la fábrica que iba a crear 1.100 empleos y habilitar 1.500 viviendas, que pueden suponer entre 250 y 300 millones de euros, además del desarrollo en I+D.

- Con el paso del tiempo, el proyecto sigue sin arrancar. El asentamiento del terreno se realiza de manera irregular a juicio de Habidite, que lo advierte sin éxito a Diputación.

- El incumplimiento abre la guerra entre Fernández y José Luis Bilbao. Vizcaya dice que mantiene el proyecto, pero con otros empresarios. El dueño de Habidite ve cómo Diputación anula varias obras adjudicadas como el Palacio de Deportes de Miribilla. Hacienda reclama a Fernández 43 millones de IVA procedente de la venta de terrenos de Puerta Bilbao y no acepta el aplazamiento. La batalla judicial se libra ahora en varios frentes.





* El País - 28.06.10
Foto: Bilbao, diputación Vizcaya - arqhys.com

La Ópera de Calatrava, una de las piezas del Palma Arena

DIARIODEMALLORCA* : El juez del "caso Palma Arena" ha dividido la causa en 25 piezas y ha incorporado como una de ellas las supuestas irregularidades en la contratación en 2007 de un anteproyecto para la construcción en Palma de una ópera, ideado por el arquitecto Santiago Calatrava a instancias del ex presidente balear Jaume Matas (PP). Así consta en un auto al que ha tenido acceso Efe notificado hoy por el juez José Castro con el objetivo de facilitar la investigación y el enjuiciamiento de esta extensa causa, que a partir de ahora se instruirá en 24 piezas más la principal.

Aparte de dividir el caso en piezas, el auto incorpora las diligencias informativas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción referentes a la contratación en 2007 por parte de Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (IBISEC) de la empresa Santiago Calatrava AG para la elaboración de un anteproyecto de palacio de la ópera.

Este anteproyecto costó al Govern balear 1,2 millones de euros y no pudo hacerse público por la prohibición de la Junta Electoral, dado que se pretendía presentar poco antes de las elecciones.

En abril de 2007, el Ejecutivo de Matas adjudicó al arquitecto valenciano del diseño preliminar de un "edificio emblemático destinado a artes escénicas", que se ubicaría en el muelle viejo de Palma y que el ex presidente balear anunció un mes antes de los comicios autonómicos.

El juez Castro investiga de este proyecto las sumas pagadas y el cauce utilizado para su abono, así como si pudiera constituir la reproducción de otro anterior ofrecido por Calatrava en Suiza en 1989.

En cuanto a la separación de la causa en piezas, el juez indica que se debe al volumen que han alcanzado las diligencias y las diferentes fases de investigación en las que se encuentran unas y otras, lo cual ralentiza la instrucción en bloque.

A las dos piezas que ya existían -una de ellas sobre supuestos amaños en adjudicaciones de contratos por parte de la cadena autonómica IB3 a empresas vinculadas con el productor Jose Luis Moreno-, el juez incorpora ahora la del palacio de Calatrava y otras 21, sin contar la pieza principal, que englobaría todo aquello que no se recoja en las separadas.

Las piezas versan sobre aspectos que han ido derivando de la investigación, como gastos electorales de la campaña del PP de 2007 pagados con dinero público, la contratación a la agencia Nimbus para la campaña de publicidad del campeonato de ciclismo que se celebró en el Palma Arena y el patrocinio por parte de Ibatur de este mundial.

Las piezas más generales son las número 17 y 24, que se derivan, respectivamente, de todas aquellas actuaciones que puedan suponer un cobro ilícito de comisiones y un posible blanqueo de capitales.

Más en concreto, el juez establece piezas para la intervención de la entidad Estudios Jurídicos y Procesales -que elaboró un informe por unos 29.000 euros para el Govern sobre cómo implantar una televisión autonómica en Baleares- y para la contratación de la mujer de Matas, Maite Areal, por parte de las entidades Martorell Asociados y Hotel Valparaíso.

Otra pieza versa sobre la adjudicación de obras realizadas en el polideportivo Príncipes de España entre 2004 y 2006, en las que pudo haber un desvío de fondos para las obras de un chalet propiedad del medallista Jose Luis "Pepote" Ballester, entonces director general de deportes del Govern.

También se establece una pieza sobre la contratación para el Palma Arena del arquitecto Ralf Schürmann, una sobre la facturación por la maqueta del velódromo y otra sobre el contrato celebrado con el ex gerente del consorcio Palma Arena Jorge Moisés sobre un estudio de accesibilidad.

Una más se deriva de la adjudicación del videomarcador del Palma Arena, que podría haber costado alrededor de 6 millones de euros, y otra versa sobre el fraccionamiento de contratos para posibilitar la contratación directa.






* Diario de Mallorca - 28.06.10
Foto: Palma, ópera no realizada de Calatrava - diariodemallorca.es

La policía pide que testifique por Gürtel la presidenta de las Cortes Valencianas

ELPAÍS* : La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía ha reactivado sus pesquisas sobre la trama Gürtel en Valencia y ha propuesto, en un informe que tendrá que analizar la Fiscalía Anticorrupción, el interrogatorio de parte de la cúpula dirigente de la Consejería de Turismo de Valencia en 2005 y de su filial, la Agencia Valenciana de Turismo. Este organismo público adjudicó el montaje del pabellón de Fitur en 2005 a Orange Market, una de las empresas de la red corrupta que dirigía Francisco Correa.

Entre otros altos cargos, los investigadores demandan que se interrogue, en principio como testigos, a la ex consejera Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes Valencianas; a su ex jefe del gabinete técnico, Rafael Betoret, y a Isabel Villalonga, tercera de a bordo con el rango de subsecretaria en la consejería en la época de Martínez y, en la actualidad, jefa de los servicios jurídicos del Gobierno del presidente Francisco Camps.

En una reciente conferencia de prensa, Villalonga fue la persona designada por el Gobierno valenciano para tratar de refutar el informe pericial judicial que revela que la Generalitat vulneró la ley al trocear contratos entre 2004 y 2009 por un importe total de 7,2 millones de euros. Además, en decenas de contratos las adjudicaciones se hicieron sin concurso a empresas de la trama corrupta que nunca antes habían trabajado con la Administración valenciana. Para cubrir las apariencias, se invitaba a tres empresas aparentemente distintas pero que en realidad tenían el mismo dueño, Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta.

En estas conductas ilegales incurrieron los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat, siete de sus consejerías y 16 organismos gestores que beneficiaron a nueve empresas de la trama Gürtel en perjuicio de otros empresarios que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de competir para ganar el contrato público. Ese informe, entre otras cosas, detecta indicios de ilegalidad en al menos tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel y que, por su cuantía, más de 12.000 euros, debieron salir a concurso público según establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se trata de un almuerzo para 1.400 comensales que organizó la Consejería de Turismo en Madrid con motivo de la edición de 2005 de Fitur. La comida, adjudicada a dedo a la firma Orange Market, costó 149.000 euros.

El pago de esa factura la autorizó Martínez, quien, por otro lado, en la documentación intervenida por la policía en Orange Market figura como receptora del regalo de un reloj valorado en 2.400 euros por parte del gerente de esta firma, Álvaro Pérez, El Bigotes, en la Navidad de 2006. En el sumario, Pérez alude a Martínez con el sobrenombre de La Perla. El reloj fue adquirido, según ha constatado la Brigada de Blanqueo de Capitales en la joyería Suárez de Madrid. La red Gürtel logró el contrato para el montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 por 1.020.000 euros, merced a un concurso de la Agencia Valenciana de Turismo que entonces presidía Martínez.

Sobre ese almuerzo, la policía quiere que también sea interrogado el que fuera su mano derecha, Rafael Betoret. Éste se halla imputado en la trama Gürtel, junto al presidente valenciano Francisco Camps, por haber recibido trajes en las tiendas de Milano en Madrid pagados por la red empresarial de Correa. Betoret fue quien organizó aquel multitudinario almuerzo. Y ha justificado que ese encuentro se hubiese adjudicado directamente a Orange Market en que acudieron más personas de las previstas y que hubo que improvisar una carpa más grande con carácter de urgencia y fuera del recinto ferial de Fitur.

Betoret argumentó ante el juez que, realmente, él utilizaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, como prestamista de dinero. Compraba trajes en Madrid que pagaba El Bigotes, y Betoret, según su testimonio, se lo devolvía a razón de 500 euros cada varios meses. El juez no creyó este argumento y le imputó por cohecho impropio.

El informe pericial sobre el costoso almuerzo no ve, en cambio, tales razones de urgencia toda vez que el citado acto de confraternización entre Camps y agentes turísticos de su comunidad se repetía todos los años y, por tanto, era previsible. El sumario de Gürtel eleva a cerca de 180.000 euros el importe de las contratas supuestamente anómalas que recibieron las empresas de Correa de la Consejería de Turismo valenciana. La investigación no se limita a Martínez o Betoret. Anticorrupción quiere saber también el grado de responsabilidad que tuvieron, tanto en esa comida como en la adjudicación del stand de Fitur 2005, los altos funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia que intervinieron en la fraudulenta adjudicación y la validaron.

La actual jefa de los servicios jurídicos de la Generalitat, Isabel Villalonga, puso reparos en su día a esta adjudicación, que debió salir a concurso, y pidió que se abriese una investigación interna para conocer lo ocurrido con esas contratas a dedo, que excedían ampliamente de los 12.000 euros que establece la ley. Entonces era subsecretaria de Turismo, es decir, número tres de la consejería. Pero todo quedó ahí.

La policía, en sus registros a las empresas de Correa, ha hallado borradores de pliegos de condiciones para organizar los stand de Fitur casi calcados de los requisitos que más tarde impuso la Generalitat para adjudicar el stand. Aunque resultó adjudicataria en todas las ediciones de Fitur desde que se instaló en Valencia, Orange Market, la empresa de El Bigotes no reunía todos los requisitos porque no acreditó su solvencia técnico-profesional.

Por eso, la policía quiere que, además, se interrogue a los altos funcionarios de la Agencia de Turismo que elaboraron las bases de esa adjudicación para ver si pudo filtrarse información previa a la trama Gürtel y si tales bases estaban amañadas.

Son una quincena los miembros de la Consejería de Turismo de Valencia que la policía sostiene que deben ser interrogados, incluida la entonces máxima responsable. También Joaquín Valera, responsable financiero de la Agencia Valenciana de Turismo y miembro de la mesa que adjudicó Fitur 2005, y Jorge Monllor, responsable de promocionar el turismo valenciano a instancias de la Generalitat y la persona, según fuentes de la investigación, que redactó las bases para la adjudicación del stand de Fitur 2005.

Sospechas en torno a Paterna

La Brigada de Blanqueo de Capitales, en sus pesquisas sobre el impacto de la trama Gürtel en Valencia, investiga también los contactos que ha mantenido el actual alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí Pons, presidente del PP de este municipio, con la red que dirigía Francisco Correa.

Los agentes han pedido que Lorenzo Agustí también sea interrogado para que explique los frecuentes contactos que mantuvo con directivos de las empresas de Correa, en los que, según la investigación, se habló de cómo debían ser los pliegos de adjudicación para que la trama obtuviese el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de esta localidad valenciana de 63.000 habitantes.

Este proyecto fue abanderado ante Paterna por la red Gürtel, aunque finalmente quedó desterrado. En esas reuniones se diseñó qué características debía tener la empresa adjudicataria y se acordó adaptar algunas empresas de Correa a esos requisitos para lograr el concurso, según fuentes de la investigación y tal como consta en la documentación intervenida por la policía.

Aunque el proyecto de oficina de atención al ciudadano para Paterna de Gürtel no cristalizó, la policía tiene fuertes sospechas de que la red mafiosa de Correa pudo sacar tajada en Paterna, y por eso ha pedido que el alcalde sea interrogado sobre ésta y otras contratas de este Ayuntamiento que sí pudieron recaer en la red. El alcalde de Paterna ha negado reiteradas veces haber mantenido relación alguna con el caso Gürtel, a pesar de que figura en la lista de beneficiarios de regalos de navidad de Orange Market, la empresa de Correa que en Valencia dirigía El Bigotes.





* ElPaís - 28.06.10
Foto: Carlos Fabra (izquierda), Milagrosa Martínez y Francisco Camps, en la feria Fitur 2007.- elpais.com

Arquitectura y urbanismo

ALBERTO MENDOZA/Colombia* : La enseñanza de la arquitectura sigue la definición clásica: "arte y técnica de proyectar y construir edificios". Igual el urbanismo, "estudio de ciudades y poblaciones". Las actuales condiciones sociales y ambientales sobrepasan las tradicionales definiciones. Arquitectos y urbanistas están desafiados a revisar la razón y validez de su campo profesional y a abrirse a complejos espacios, en una era caracterizada por grandes masas humanas aisladas de la naturaleza ostensiblemente hacinada en pueblos y ciudades. Arquitectos de nueva generación asoman respuestas audaces frente al cambio. Son aún pocos, pero significativos. Toman en cuenta las condiciones ambientales. Trabajan la bioarquitectura. Diseñan "edificios inteligentes". Proponen "construcciones verdes y dinámicas". Buscan cero contaminación.

Cambian iluminación caliente, eléctrica, por iluminación fría, neón. Buscan calentar agua con energía solar. Provocan crear corrientes de aire entre edificios altos que muevan hélices que produzcan energía eléctrica propia. Localizan construcciones en entornos verdes, bosques y jardines, proponen sistemas domiciliarios para tratar basuras y aguas servidas. Ensayan cultivos de hortalizas en patios y terrazas. Los jardines pasan del decorativo concepto babilónico al práctico sentido ecológico del área verde orgánicamente vinculada al ambiente. Ayudan a mejorar factores climáticos. Su línea conceptual y ecosistémica busca rescatar el verde en el planeta. Balbucientes intentos por espacios que respeten la naturaleza, mantengan saludable el ambiente y hagan grata la vida.

Los urbanistas, por su parte, están al borde de su ciencia. Los desafía la tarea de ampliar el campo de su materia, de combinar urbanismo con ruralismo. Están retados a pasar de la fase de la "construcción y ordenamiento de pueblos y ciudades" a la del ordenamiento territorial, sumando, orgánicamente, los dos factores territoriales básicos, urbano y rural. Ese cambio los conduce a pasar del "arte y la técnica de ordenar ciudades" al arte y la técnica de ordenar territorios completos, con enfoque integral, urbano-rural. Dentro de estos ámbitos globales, regionales, se mueven arquitectos y urbanistas de punta, profesionales que abandonan un pasado que restringe y se instalan en un futuro que desafía. Retados por las demandas de integralidad urbano-rural, se preparan para diseñar conjuntos, barrios, ciudades, campos, veredas, aldeas, poblaciones, tomando en cuenta, de modo integral, el espacio ampliado y las circunstancias que envuelven y rodean la vida de las naciones, hoy afectadas por la sobrepoblación y el calentamiento global, desafiadas por el diseño de renovadas formas de vida y residencia.


* Alberto Mendoza Morales




* El Tiempo - Opinión - 29.06.10

El jefe territorial de la Xunta levantó un chalé en Caldas con licencia de galpón

ELPAÍS* : El delegado en Pontevedra del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que tiene entre sus competencias la gestión del urbanismo en la provincia, lleva 24 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el chalé que posee en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis. Evaristo Juncal Carreira, que es además presidente del PP en esta localidad, esquiva el abono del tributo desde 1986 porque construyó su vivienda con una licencia para bodega, garaje y almacén de aperos de labranza. El galpón del dirigente popular es en realidad, según le recriminó ya en la década de los ochenta el ex aparejador del Ayuntamiento, una vivienda de dos plantas, que hoy en día está rodeada de un amplio jardín y una piscina.

Según relatan fuentes cercanas entonces a la tramitación, Evaristo Juncal solicitó en 1984 un permiso al Ayuntamiento para construir un almacén en una parcela de la parroquia de Pazo, a la entrada de Caldas por la carretera de Pontevedra. Este ingeniero de obras públicas ya era en aquel momento funcionario de la Xunta, adscrito al departamento pontevedrés de Estradas, aunque no había emprendido todavía esa agitada actividad empresarial que le ha llevado a poseer al menos una decena de sociedades, la mayoría beneficiarias de concesiones públicas, que en varios casos han acabado en manos de narcos o de condenados por comerciar con bienes obtenidos con el botín del tráfico de drogas.

Dos años después, en 1986, el ex aparejador municipal mostró en un informe su sorpresa por las características del galpón donde Evaristo Juncal decía que iba a amontonar sus aparejos agrícolas. El técnico concluyó que aquella edificación no se trataba en ningún caso de un almacén, sino de una vivienda.

El ahora jefe territorial de la Xunta y presidente local del PP no dudó en responder al informe municipal con un escrito en el que recriminaba al aparejador que denunciase sus irregularidades urbanísticas y no las de otros vecinos que cometen infracciones no legalizables. Tras esta protesta, el dirigente del PP presentó efectivamente un proyecto de legalización: el galpón pasó a ser también oficialmente un garaje y una bodega.

Aquella mínima modificación urbanística, que fue aceptada, fue la última que sufrió la edificación. En 2000 el Gobierno central, entonces en manos del PP, realizó una revisión catastral en Caldas que, sin embargo, no destapó las irregularidades de la vivienda de Evaristo Juncal. Según el registro de la Diputación de Pontevedra, nadie abona en el Ayuntamiento el Impuesto de Bienes Inmuebles por este chalé. El alcalde de Caldas, el socialista Juan Manuel Rey, sin embargo, ha eludido aportar datos sobre la situación urbanística de la vivienda del jefe territorial de la Xunta.

El galpón del Evaristo Juncal se levanta en una finca rodeada de viñedos a la entrada de Caldas de Reis. El chalé no es sólo una casa de recreo para el presidente local del PP de Caldas sino también la sede social de su promotora inmobiliaria, Juncal-Froján, SL y de su sociedad vitivinícola, Lagar da Condesa, SL. Y fue también el domicilio de otras dos empresas que el dirigente popular liquidó tras ser nombrado jefe territorial de la Xunta en 2009: Villa Amalia, SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, y Golfeiras de Barbafeita, SL, creada para explotar piscifactorías.

Las plantaciones de uvas de albariño de la bodega Lagar da Condesa están muy cerca del chalé de Pazo y tienen algo más en común con él. Según consta en el registro de la Diputación de Pontevedra, Evaristo Juncal tampoco paga el Impuesto de Bienes Inmuebles por el edificio almenado que se erige entre los viñedos. Los datos de la Diputación de Pontevedra revelan que la empresa Lagar da Condesa, fundada por Evaristo Juncal en 2003, tributa por su actividad y por dos vehículos pero no por "unidades urbanas", es decir, por bienes inmuebles.

"Ya está bien de tanta persecución y tanta historia"

El jefe territorial en Pontevedra de la consellería que gestiona las competencias en urbanismo no cree que su cargo le obligue a explicar las irregularidades urbanísticas de su vivienda. "Ya está bien de tanta persecución y tanta historia", exclamó como única respuesta Evaristo Juncal cuando este periódico le preguntó por la situación irregular en la que está su chalé en Pazo. El presidente del PP de Caldas de Reis define como una "persecución" las informaciones sobre su intensa actividad empresarial durante los gobiernos de Manuel Fraga, cuando compaginó su condición de funcionario de la Xunta con la compraventa de empresas concesionarias de gasolineras, piscifactorías y minicentrales hidráulicas.

Su superior directo en el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo -el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández- le ha solicitado al propio Evaristo Juncal un informe sobre estos negocios para comprobar si incurrió en algún tipo de incompatibilidad con su condición de funcionario e ingeniero de la Administración autónoma. Según fuentes de la consellería, el escrito con las explicaciones del presidente del PP en Caldas ya está en manos de Hernández, que lo está analizando.





* El País - 28.06.10
Foto: Chalé de Evaristo Juncal en Caldas de Reis por el que lleva 24 años sin pagar el IBI - elpais.com

Barcelona.- El hotel que ha encerrado a los saqueadores del Palau

ELPAÍS* : El caso Millet se ha ramificado y está afectando, aunque de forma desigual, a los dos principales partidos catalanes: por un lado, está la supuesta financiación ilegal de CDC y, por otro, la acusación de trato de favor que la Administración socialista, tanto desde la Generalitat como desde el Ayuntamiento de Barcelona, habría dado a Millet para erigir un hotel de lujo junto al coliseo musical. Millet y su mano derecha, Jordi Montull, han acabado en prisión por esta causa.

Los jefes de Urbanismo del Ayuntamiento insisten en su inocencia y aseguran que supieron en 2009 y por una llamada de este diario que las tres fincas donde iba a instalarse el complejo eran de Olivia Hoteles y no de la Fundación del Palau. Sin embargo, la Guardia Urbana abrió en diciembre de 2008 un expediente a esa empresa por hacer obras en una de las casas sin licencia. Las diligencias aludían a la suspensión provisional o definitiva de las obras. El Consistorio no ha aclarado a este diario cómo acabó el procedimiento.

La juez Miriam de Rosa tomará hoy declaración a nuevos testigos, entre ellos la ex edil Itziar González que dimitió tras pedir sin éxito al alcalde Jordi Hereu que paralizara el proyecto del hotel. El fiscal quiere ampliar su querella a altos cargos de Urbanismo del Ayuntamiento. Hace días, trascendió que Montull envió cartas en 2007 al ex teniente de alcalde, el socialista, Carles Martí y a Ramón Massaguer, gerente de Urbanismo, informándoles de que Olivia era la propietaria. El Ayuntamiento dice que no encuentra esas misivas. Manuel Valderrama, dueño de Olivia, dijo en el Parlamento catalán que fue presentado como tal en 2007 ante los patronos del Palau y que pagaba el IBI de las tres fincas.





* El País - 28.06.10
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es

Buenos Aires usa el doble de agua que París

LANACIÓN/Argentina* : "El agua es un lugar de interdependencias, donde confluyen las políticas públicas, la cultura, la gestión, la geografía, la hidrogeología... Por eso, el gran problema que plantea actualmente su manejo es el de la integración de todos estos conocimientos", afirma la doctora Graciela Schneier-Madanes, arquitecta, geógrafa, directora del programa Rés-eau-ville", del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS), y de la Unidad Mixta Internacional Agua, Medio Ambiente y Políticas Públicas, colaboración del CNRS con la Universidad de Arizona.

Schneier-Madanes, sobrina del célebre director y productor teatral Cecilio Madanes, acaba de pasar por Buenos Aires para presentar el libro El agua globalizada (ediciones La Découverte, París, 2010), que reúne estudios de ingeniería, urbanismo y ciencias sociales sobre casos de cuatro continentes. "Intentamos contribuir a una «reunificación» del estudio del agua, que hoy es fundamental", agrega.

Para la especialista, si se pretenden resolver los problemas que presenta la gestión del agua en las megaciudades, es imprescindible integrar temas habitualmente separados: el de la gestión del recurso y el de los servicios de potabilización y saneamiento.

"Está el agua para riego, para el esparcimiento, para la energía -ilustra- [...]. Cuando se crean situaciones de escasez o de contaminación, pueden surgir conflictos muy importantes y hasta explosivos, si no participan en las discusiones los usuarios, las empresas y el gobierno municipal para llegar a acuerdos y formas de gestionar y distribuir el recurso de manera equilibrada."

Alejada de los dogmas, Schneier-Madanes destaca que si esta confluencia de intereses contrapuestos es de por sí compleja, puede agravarse aún más cuando se agregan factores estrictamente físicos. "Por ejemplo -detalla-, en el conurbano, el problema es muy serio porque hasta está relacionado con el cambio climático. En las inundaciones y la subida de napas, hay una parte de responsabilidades técnicas y políticas por la falta de obras, y otra que se origina en cambios del sistema geográfico."

Por eso, si bien el agua es un recurso renovable, el aumento de la población y, especialmente, su uso en irrigación, plantean escenarios complejos. "Lo primero que hay que saber es que el agua no se termina, pero que, sin embargo, hay que cuidarla y evitar contaminarla -subraya-. Lo otro que hay que tener en claro es que, en el nivel mundial, el mayor consumo de agua corresponde a la agricultura, ya que el 87% del agua dulce va a la irrigación de cultivos. La Argentina es una gran exportadora de agua «virtual» [la que se utiliza para la producción agrícola-ganadera] que no se contabiliza. La otra gran paradoja es que el acceso al agua es un problema de políticas públicas y decisiones económicas: si uno mira los mapas, hay muchísima agua en zonas a las que la gente no tiene acceso."

Una mejor administración de este recurso no sólo puede dosificar el uso, sino también regular la demanda: los porteños, por ejemplo, gastamos 370 litros por día, aproximadamente el doble de lo que utilizan los habitantes de grandes ciudades europeas, como París, donde se gastan 150 litros per cápita por día.





* La Nación - 28.06.10
Foto: Buenos Aires, vista - britannica.com

País Vasco.- La investigación del espionaje político sigue abierta a nuevos implicados

ELPAÍS* : La investigación judicial abierta a la trama que presuntamente se dedicaba a espiar a altos cargos del actual Gobierno tiene los visos de culminar con la aparición de nuevos implicados en este caso. A la espera del resultado que ofrezcan las averiguaciones que se siguen practicando al respecto, un juzgado de Bilbao mantiene los cargos contra el ex director de Sprilur (la sociedad pública del Ejecutivo que gestiona los suelos industriales) y ex alcalde de Mendaro por el PNV, Antton Zubiaurre, quien fue detenido el pasado viernes por la mañana en el domicilio particular que tiene en la citada localidad.

Zubiaurre, militante peneuvista y responsable de la sociedad Sprilur entre 1999 y 2007, durante la etapa de Juan José Ibarretxe como lehendakari, se acogió a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial y fue puesto en libertad con cargos. Está acusado de participar en la red que supuestamente había pirateado los ordenadores de la SPRI con la finalidad de acceder de forma ilegal al contenido de los equipos informáticos y controlar la información de los correos electrónicos.

La detención de Zubiaurre se produjo tras la denuncia por supuesto espionaje industrial interpuesta a comienzos de este año por la propia Sprilur, donde habían detectado que una o varias personas estaban accediendo a sus correos electrónicos sin autorización y utilizando la información obtenida.

La vigilancia fraudulenta se llevaba a cabo desde fuera de las dependencias de la SPRI, después de manipular los equipos informáticos de los altos cargos de Industria, renovados desde la llegada de los socialistas al Gobierno en mayo del año pasado.

En la misma causa también podría estar implicado el ex chófer de Zubiaurre, Iñaki Urrutxua, quien tras la llegada del nuevo equipo directivo de la SPRI fue recolocado en tareas comerciales debido a que el actual director de la sociedad pública, Tomás Orbea, renunció a contar con un conductor personal. El ex chófer también iba a ser detenido por la policía, pero decidió presentarse voluntariamente en el juzgado. Se desconoce el contenido exacto de las imputaciones contra quienes, por el momento, son los dos únicos inculpados, dado que la autoridad judicial ha declarado secreto el sumario. No se descarta que entre las personas que han podido intervenir en este supuesto espionaje se encuentren trabajadores de la sociedad pública dependiente del Departamento de Industria.

Tras conocerse estos hechos, el PP fue el único partido en pronunciarse al respecto. El secretario general del PP de Álava, Javier de Andrés, se refirió a este caso como una continuación de otras supuestas tramas de corrupción que afectan a personas vinculadas al PNV, como el caso De Miguel o el caso Margüello. De Andrés aseguró que son un ejemplo de "lo que hay detrás del PNV". "Éstos son quienes nos daban lecciones de patriotismo; el patriotismo de su cartera", censuró.

El líder de los populares alaveses afirmó que esta no es la primera ocasión en la que desde las filas peneuvistas se actúa de esta forma, ya que "ya se espió" a Carlos Garaikoetxea en la época de la escisión de EA. Este modo de proceder, a su juicio, se debe a que el PNV "actúa como si el País Vasco fuera su batzoki".

La irrupción del caso Zubiaurre -el segundo gran escándalo que salpica al PNV tras su salida del Ejecutivo autónomo- coloca en una delicada situación política al partido que dirige Iñigo Urkullu. Esta operación se suma a la que se instruye en un juzgado de Vitoria por una presunta trama de comisiones ilegales en la compraventa de terrenos en el Parque Tecnológico de Miñano y en otros oscuros negocios empresariales. Como principal imputado de la misma figura el ex diputado foral alavés Alfredo de Miguel.

De 'poteo' con el acusado Zubiaurre

Antton Zubiaurre se paseaba ayer por la plaza de Mendaro, su localidad natal, "como si no pasara nada", según señalaron vecinos del municipio. La víspera había sido detenido en su propia casa bajo la acusación de participar en un presunto espionaje informático a los actuales responsables de Sprilur, la sociedad pública que él mismo dirigió entre 1999 y 2007.

Testigos presenciales aseguraron a este diario que un equipo de seis agentes de la Ertzaintza se presentó el pasado viernes a las 7.00 en el domicilio de Zubiaurre. Después de que inspeccionaran la vivienda y el interior de su Porsche, a las 9.30 le llevaron detenido en un vehículo policial hasta el juzgado.

Por la tarde, una vez puesto en libertad con cargos, el que fuera alcalde de Mendaro entre 1991 y 1997 -también fue concejal de Urbanismo en el Consistorio en los periodos 1987-1991 y 1999-2001- regresó al pueblo, donde algunos vecinos pudieron verle "de poteo" con los amigos, con quienes posteriormente compartió una cena en una sociedad gastronómica. "Me imagino que quería aparentar que estaba tranquilo y dar la sensación de que no le preocupa la situación", confesó un paisano. Al parecer, a raíz de este asunto ha decidido trasladar su residencia al domicilio de un familiar muy cercano.

La alcaldesa de Mendaro, Irune Berasaluze, miembro del Euskadi Buru Batzar (EBB), no quiso realizar ayer ninguna declaración sobre la operación desarrollada contra Zubiaurre, y se remitió a las valoraciones que haga su partido. El ex regidor de Mendaro y director general de Sprilur no mantiene buenas relaciones con el PNV local y tampoco con los actuales responsables municipales, de su propia formación.

Fuentes municipales aseguran que Zubiaurre ha presentado "numerosas denuncias" contra expedientes ordinarios tramitados por la anterior corporación (en manos del grupo independiente MTI) y del actual equipo de gobierno peneuvista. Añaden que estas denuncias venían "a nombre de desconocidos". Por estos hechos, Zubiaurre ha sido demandado como presunto autor de un delito de denuncias falsas, un procedimiento que aún sigue vivo en los tribunales. Zubiaurre "ha tratado de hacernos la vida imposible" desde que dejó el ayuntamiento sin lograr su objetivo de recalificar unos terrenos familiares durante su etapa como concejal de Urbanismo, explican estas mismas fuentes.

La situación personal del ex director de Sprilur sufrió un importante deterioro como consecuencia del rocambolesco traspaso de su hijo Iban de la Real Sociedad al Athletic. Su empeño por vestirle de rojiblanco le llevó a burlar el contrato que tenía en vigor con el club txuriurdin, que apeló a la justicia y acabó pasándole una factura muy cara al futbolista. La familia Zubiaurre no ha remontado desde que tuvo que abonar 3,5 millones -el Athletic otros 1,5- a la Real.





* ELPAÍS.com - 27.06.10
Foto: Mendaro (Guipúzcoa) - wikipedia.org

Un pago de la caja B de la Gürtel apunta a Bormujos

PÚBLICO/Sevilla* : Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y presunto número dos de la trama Gürtel de corrupción, recibió un sobre de la caja B de Francisco Correa con 3.000 euros el 21 de diciembre de 2004, pocos días antes de que el PP y los independientes votaran la moción de censura que en enero de 2005 desbancó al PSOE de la alcaldía de Bormujos, un municipio de 18.590 habitantes situado en la corona metropolitana de Sevilla.

El destinatario del sobre, según consta en un apunte de la contabilidad en negro que llevaba la trama, era Jesús Calvo Soria, socio de Correa en una de las empresas integradas en el entramado de blanqueo de capitales, según la Policía. Calvo Soria, en aquellas fechas, urdía la moción de censura junto a la actual alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso (PP), el también imputado Tomás Martín Morales, y varios ediles independientes. Calvo Soria pagó el hotel en el que varios ediles pasaron las horas anteriores a la moción.

Este apunte en la contabilidad B de Correa, que la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude incluye en un informe que está en el sumario Gürtel, apuntala la declaración de José Luis Peñas, denunciante e imputado en el caso, ante el juez instructor, Antonio Pedreira. Peñas afirmó: "Pablo Crespo me comentó que había bajado disfrazado a Bormujos a entregar una maleta con dinero. [Iba] con peluca y con gafas oscuras para que no se le reconociera". Peñas utilizó entonces la palabra "maleta" en sentido metafórico y no literal. Luego agregó, a preguntas de los fiscales que el dinero servía para pagar "al tránsfuga". Los 3.000 euros serían sólo una parte del pago.

La moción de Bormujos, que se fraguó para modificar el plan urbanístico elaborado por los socialistas, pudo llevarse a cabo porque el concejal José Sánchez cambió de bando. Abandonó a AIB-La Paloma y votó junto al PP y los independientes de Baldomero Gaviño para desalojar al entonces alcalde Juan Antonio Iglesias (PSOE). La cifra, los 3.000 euros que Crespo recibió de la caja B para entregar a Calvo Soria, coincide con la cantidad que supuestamente cobró el padre del tránsfuga antes de la moción "para tapar agujeros", según indicaron a Público fuentes conocedoras del asunto. El tránsfuga siempre ha negado que cobrara soborno alguno. Este diario trató de contactar con él, sin éxito.

Un juez de Sevilla ya investigó el caso en 2006 tras la denuncia de dos compañeros de Sánchez en AIB-La Paloma. Dijeron entonces a la Policía que un empresario local les había ofrecido 840.000 euros que ponía un grupo inmobiliario de Madrid. El caso se archivó por falta de pruebas.
Correa, intermediario

Una grabación incluida en el sumario viene ahora a demostrar que el propio Correa estaba al tanto de la operación en Bormujos y que incluso intermedió. En un almuerzo en octubre de 2006, le cuentan que Calvo Soria declaraba ante el juez de Sevilla. Él afirma que éste le iba a echar "toda la mierda a Máximo" y que era "verdad" porque el que había movido los hilos era Máximo. Correa se refería a Máximo González Jurado, presidente del Consejo de Enfermería. En esa conversación, se describe una situación en la que Correa actúa de intermediario entre Máximo y Baldomero Gaviño, el edil que accedió a la alcaldía tras la moción. Correa zanjó esa charla con la frase: "Menos mal que no bajé a Bormujos y que allí no me conoce nadie".

González Jurado ya había intentado junto a Correa hacer una Ciudad Sanitaria con facultad de enfermería, en Majadahonda (Madrid), según un informe policial del sumario Gürtel. Hoy, en Bormujos, existe una escuela de enfermería junto al Hospital San Juan de Dios, cuyo suelo 8.000 metros cuadrados fue cedido gratis por el ayuntamiento cuando lo dirigía Baldomero Gaviño.

Un caso archivado en 2006 por falta de pruebas

La operación que desbancó al PSOE del gobierno de Bormujos ya fue investigada por la justicia en 2006. Dos concejales, compañeros del tránsfuga José Sánchez en AIB-La Paloma se dirigieron a la Policía para denunciar que Eusebio Gaviño, primo de Baldomero Gaviño, quien ocupó la alcaldía tras la moción de censura de enero de 2005, les había ofrecido por cuenta de un grupo inmobiliario de Madrid, 840.000 euros a repartir si votaban a favor del cambio de gobierno. “En Borjmujos lo que querían era dar un pelotazo”, manifestó José Luis Peñas, denunciante e imputado en el caso, al juez instructor del caso Gürtel. Modificar el plan urbanístico de Bormujos era el objetivo de la moción.





* Público - 27.06.10
Foto: Bormujos (Sevilla), ayuntamiento - sol.com