Sant Antoni: Un juez embarga el sueldo al alcalde hasta que derribe una vivienda ilegal

ELMUNDO/Ibiza* : El alcalde 'popular' del municipio ibicenco de Sant Antoni, José Sala, verá a partir de ahora cómo su nómina se reduce en 1.000 euros al mes por decisión judicial. El titular del juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de Palma ha decidido embargar esta cantidad del sueldo del primer edil -perteneciente al Partido Popular- desde el 1 de marzo de este año y hasta el 1 de Julio. A partir de entonces, la cantidad varía, pasando a ser de 600 euros semanales.

El juez fundamenta su decisión en el hecho de que todavía no se ha derribado un inmueble de la localidad conocido como Can Cretu, propiedad del músico Michel Cretu. La condena permanecerá vigente hasta que se derribe el inmueble. Por su parte, el ayuntamiento de Sant Antoni alega que todavía no ha procedido a su derribo debido a los problemas que está teniendo con el propietario para echarlo abajo.

El pasado mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) rechazó la posibilidad de legalizar la mansión del músico y denegó la prórroga para su demolición solicitada por el ayuntamiento de Sant Antoni, por lo que reiteró que el derribo debía estar finalizado antes del 1 de noviembre, aunque finalmente no fue así.

El Ayuntamiento de Sant Antoni se dirigió en septiembre al juzgado de lo contencioso para plantear la necesidad de una prórroga por la "enorme complejidad técnica y la envergadura considerable del proyecto" para demoler la residencia de Cretu.







* El Mundo - Ricardo F. Colmenero - 20.02.09
Foto: Sant Antoni (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es

6 meses de prisión y 7 años de inhabilitación a la ex alcaldesa de Chipiona

DIARIODECÁDIZ* : El Juzgado de lo Penal nº3 de Cádiz ha condenado a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación a Dolores Reyes Ramos, ex alcaldesa socialista de Chipiona. La sentencia estima probado que Reyes concedió una licencia para construir una nave industrial en suelo no urbanizable y especialmente protegido.

La resolución absuelve al actual concejal de Urbanismo, José Moreno Duque, y a las ex concejalas María del Valle Romero y María Luisa Gallego, quienes votaron favorablemente la concesión de la licencia en una Comisión Municipal de Gobierno extraordinaria y urgente.

La pena impuesta por la sentencia coincide con lo solicitado por el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, quien rebajó su petición inicial al admitir que hubo dilaciones indebidas en la causa. El fiscal partía con una solicitud en su calificación provisional de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz. La licencia que ha llevado Dolores Reyes al banquillo fue aprobada, pese a que había informes contrarios a su concesión, el 23 de mayo de 2003, dos días antes de las elecciones municipales de ese año. Reyes fue en esos comicios como cabeza de lista del PSOE en Chipiona. Ganó las elecciones, continuó como alcaldesa y en octubre de 2004 dimitió. Actualmente es funcionaria del Ayuntamiento de Chipiona y trabaja en el Negociado de Estadística.

La licencia urbanística para construir la nave la solicitó en febrero de 2003 la empresa Ingeniería Flozaga Guterh S.L., que pretendía levantar en el punto kilométrico 0,700 de la carretera Chipiona-Sanlúcar una instalación para fabricar y reparar maquinaria agrícola.

El fiscal explicaba en su escrito de acusación que seis días después, el 12 de febrero, el Ayuntamiento ya tenía un informe sobre la solicitud elaborado por un ingeniero técnico municipal. Ese informe dictaminaba que no procedía la concesión de la licencia y argumentaba que, conforme al vigente Plan General de Ordenación Urbana, la empresa solicitante pretendía levantar la nave en suelo no urbanizable afectado por el Plan de Transformación en Regadíos Costa Noroeste de Cádiz. Agregaba que conforme al nuevo plan, en proceso de aprobación provisional, la clasificación del suelo era la de "no urbanizable, especialmente protegido, litoral y agrícola intensivo".

El mismo ingeniero emitió un nuevo informe en marzo del mismo año porque lo reclamó una colindante afectada. El fiscal señala que hizo constar en él que, además de lo ya dicho, la cimentación de la obra no cumplía con la separación mínima que marcaban los referidos planes, por lo que no procedía otorgar la licencia.

El concejal José Moreno Duque se mostró ayer satisfecho con la decisión judicial que lo ha absuelto y comentó que él votó a favor de la licencia porque se trataba de un bien de interés social. En aquella época, explicó el edil, en Chipiona no había suelo industrial disponible y el municipio tenía pendiente la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).







* Diario de Cádiz - R. Romero/T. Ramos - 18.02.09
Foto: Chipiona (Cádiz) - uca.es

El TSJ rechaza su propio informe pericial para condenar al Ayuntamiento de Sueca

LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Sueca por autorizar en 2004 la construcción de 25 adosados en la urbanización Bega de Mar sobre una parcela que era edificable, aunque dos meses después de concederse la licencia de obra fue incluida en los límites protegidos del parque natural de la Albufera.

El gobierno local suecano (integrado por concejales del Bloc, PSPV e Iniciativa) ha recurrido la sentencia ya que se da la paradoja de que, para condenar al consistorio, el tribunal ha tenido que rechazar su propio informe pericial. El fallo también contradice una sentencia del juzgado de instrucciòn número 1 de Sueca, que rechazó hace un año la querella presentada por el PP contra el ex alcalde Salvador Gil (PSPV).
Las pruebas periciales solicitadas por la misma Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV "introducen un excesivo grado de duda privando de trascendencia", alegan los magistrados. El juzgado contencioso número 2 no tuvo en cuenta las pruebas solicitadas por ellos mismos para dar la razón a la Conselleria de Territorio y Vivienda, órgano que denunció al Ayuntamiento de Sueca al considerar que el solar se encontraba dentro del Parque Natural de la Albufera.
La sentencia ha caído como un jarro de agua fría el gobierno suceano, que considera que es "injusta y arbitraria", según el alcalde, Joan Baldoví (Bloc). "La acusación no tiene fundamentos, el mismo TSJCV pidió unas pruebas periciales que luego no admiten", opina Baldoví. "Recurriremos donde haga falta porque sabemos que tenemos la razón", señala el alcalde, "y si hace falta recurrir al Tribunal Europeo lo haremos", zanja el primer edil. El ayuntamiento sostiene que el solar donde iban a ubicarse los 25 adosados se encuentra "fuera del ámbito de suspensión del Parque Natural de la Albufera".
De confirmarse esta resolución, el Ayuntamiento de Sueca podría ser obligado a desembolsar de varios centenares de miles de euros en concepto de indemnización a la empresa constructora. En este sentido, Baldoví asevera que "esta injusta sentencia perjudica seriamente los intereses de la localidad".
La promoción inmobiliariade Andián S.L. se concibió en los lindes del paraje natural por lo que desde el Departamento Municipal de Urbanismo tuvieron que presentar varios informes para corroborar que las obras se encontraban en suelo urbano. El actual alcalde defiende la actuación de los técnicos municipales, de los cuales asegura que "hicieron un trabajo impecable" en la anterior legislatura, en la que el Bloc se encontraba en la oposición. En aquella ocasión, el consistorio interpretó que el solar se encontraba en una zona de edificación abierta aunque la Generalitat se acogió al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y al Plan Rector de Usos y Gestiones (PRUG) del Parque.
El juzgado archivó la querella
contra Gil
El juzgado de instrucción número 1 de Sueca archivó hace ahora un año la denuncia que interpuso el PP contra el ex alcalde Salvador Gil por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente y prevaricación. Aquella querella también era por la polémica urbanización en Bega del Mar. Los populares recurrieron al juzgado en octubre de 2006 por la licencia de obra concedida por Gil para construir 25 viviendas en la urbanización Bega del Mar. Sin embargo, el juez vio legal la licencia de obras ya que, aunque actualmente los terrenos forman parte del espacio protegido del parque natural de l'Albufera, cuando se concedió el permiso de obras dicho suelo tenía la calificación de urbano residencial. El Ministerio Fiscal también solicitó el archivo del caso y el PP decidió no recurrir la sentencia.






* Levante-EMV - Xavier Bosch - 20.02.09
Foto: Sueca (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org

Un juez tumba el proyecto de urbanización del polígono de O Pino

ELPAÍS/A Coruña* : Junto a otras decenas de asociaciones, un grupo de vecinos recorrió el pasado domingo las calles de Santiago con sus sábanas reivindicativas. "O Pino tampoco se vende", gritaron junto al resto de enfadados con la política medioambiental de la Xunta, en total 3.000 personas.

Su lucha, en varios frentes, empieza a dar frutos en los juzgados donde los propietarios del polígono empresarial han presentado denuncias por la vía contencioso- administrativa y penal. Se sabe, porque así lo confirmó el Jurado de Expropiación de Galicia, que el alcalde Manuel Taboada, del PP, recomendó a sus vecinos vender las tierras para un parque empresarial a seis euros el metro, cuando costaba 18. El polígono ocupa más de un millón de metros cuadrados así que los dueños de las fincas pleitean por 12 millones de euros, contra el regidor al que acusan de prevaricar en favor de la promotora Martinsa heredera de Fadesa.

Después de varias victorias parciales, el Juzgado contencioso administrativo número tres de A Coruña acaba de echar abajo el proyecto de urbanización del polígono. La sentencia atiende parcialmente la reivindicación de un grupo de vecinos e invalida la controvertida tramitación administrativa del Gobierno de O Pino, que aprobó la licencia definitiva el mismo día en que recibió una orden de la Xunta que exigía paralizar el proyecto. El fallo no entra a juzgar qué fue antes, si la comunicación del Gobierno gallego al Ayuntamiento, o la decisión municipal de validar el proyecto urbanizador, algo que dirime en otra causa el juzgado de Arzúa.
"Retraso injustificado"

Pero reprocha al mismo alcalde que logró reunir en una sola mañana cinco informes para dar luz verde al polígono no haber sido tan diligente a la hora de "impedir que su resolución fuera eficaz". "Nada le impedía reaccionar", escribe la sentencia, que también achaca a Taboada "un injustificado retraso del ente local a la hora de notificar la resolución a los afectados". Los propietarios de los terrenos del polígono también han interpuesto otro recurso contencioso contra la negativa del alcalde de O Pino a resolver el concurso que adjudicó el proyecto a Fadesa. El pliego de condiciones exige la "resolución del contrato" en caso de que el adjudicatario -en este caso- Martinsa Fadesa- incurra en "suspensión de pagos".






* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 20/02/2009
Foto: Maquinaria para labores de destierre en el polígono industrial de O Pino.- ANXO IGLESIAS, elpais.com

Premio Nacional de Arquitectura para un bloque condenado a derribo

ELPERIÓDICO/Barcelona* : El edificio de alquiler para jóvenes no se puede habitar por un recurso vecinal que ganó un juicio. Los seguidores del realismo mágico, un género de la literatura latinoamericana que funde la realidad narrativa con elementos fantásticos, ya tienen en Barcelona un tema de inspiración para futuras novelas: el edificio fantasma que acumulaba premios.

La acción se situaría en una isla de pisos sociales y equipamientos construida por el ayuntamiento en el 2006 en una manzana del Eixample --delimitada por las calles de Londres, Villarroel, París y Urgell-- y el nudo es tan real y actual que ayer mismo vivió su penúltimo capítulo. Los autores del proyecto, los arquitectos Jaime Coll y Judith Leclerc, recibieron en Madrid el Premio Nacional de Arquitectura, pese a que recae sobre su obra una sentencia en firme de derribo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, entre otras cosas, impide habitar las viviendas.
La oposición al plan de un grupo de vecinos y la pugna judicial que mantienen con el ayuntamiento ha transcurrido de forma paralela a la consecución de galardones por su innovador diseño formal y funcional. Desde que se entregó el complejo, formado por 45 viviendas de alquiler para jóvenes, un colegio, una guardería, un párking y la recuperación de un interior de isla, este ha ganado el Premi Ciutat de Barcelona del 2006; el de la novena Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo del 2007, y el Nacional de Arquitectura del Ministerio de Vivienda.

VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA
Esta última distinción, pese a que se entregó ayer, corresponde a la edición del 2006 en la categoría de Vivienda de Promoción Pública, y lo compartieron los arquitectos y la empresa pública del distrito, ProEixample, como promotora del plan.
El desenlace sigue siendo una incógnita, aunque el área municipal de Urbanismo abrió ayer una puerta a la esperanza al avanzar que estudia un cambio de usos del edificio residencial. La solución se basa en el principio seguido por el juez a la hora de dictar el fallo en favor de las denuncias vecinales contra la vulneración de la antigua ley catalana de urbanismo. En esta no se consideraba a los pisos de alquiler para jóvenes y ancianos como equipamientos. Posteriormente, la normativa aprobada en el 2004 aceptó esa definición alegando que son promociones de carácter social.

MÁS ZONAS VERDES
El problema para el ayuntamiento es que la reforma urbanística de la isla se aprobó en el 2002 y, según los vecinos, la ley obligaba entonces a construir junto a las viviendas más zonas verdes y menos equipamientos. Aunque el equipo municipal de gobierno no quiso concretar la fórmula a seguir, a la espera de cumplir los trámites preceptivos, la idea pasaría por dar un nuevo uso a lo pisos que esté todavía más vinculado a su función de equipamiento.
La sentencia del TSJC, conocida en marzo del año pasado, causó ya una importante conmoción al ordenar el derribo no solo del bloque de viviendas, sino también de la actual sede del CEIP Mallorca.





* El Periódico - ALBERT OLLÉS - 19.02.09
Foto: El edificio de viviendas, el primero por la derecha, junto al del CEIP Mallorca, de color verde, ayer. - JOAN CORTADELLAS, elperiodico.com