Varios detenidos por presunta corrupción urbanística en Madrid

ECODIARIO* : Cinco personas próximas al Partido Popular fueron detenidas este viernes en una operación anticorrupción, por presuntos delitos de "cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita", indicó la fiscalía anticorrupción en un comunicado.La operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha dado lugar a varios registros en Madrid, en las localidades de Boadilla del Monte y Majadahonda, así como en Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).

Según los medios de comunicación, algunos de los cuales hablan de seis detenidos, uno de los arrestados es Francis Correa, jefe de una empresa que en el pasado organizó mítines del Partido Popular. Otro podría ser Antonio Rubio, un ex responsable del PP en Galicia, en donde las elecciones autonómicas están previstas para el 1 de marzo. La investigación podría apuntar a otras empresas.

El yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004), Alejandro Agag, negó en la edición en línea del diario El Mundo toda "vinculación empresarial o comercial" con Francis Correa, que fue testigo de su boda. "Es cierto que fue testigo de mi boda, hace 7 años, a propuesta mía y que he tenido una relación larga de amistad con él, pero hace ya mucho tiempo que no hemos tenido contacto", asegura.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP, dijo que entre los detenidos no había ningún miembro del consistorio ni ningún militante del partido. "El Ayuntamiento sólo ha recibido un requerimiento por parte del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid solicitando una información de procedimento que el Consistorio ya ha entregado", afirmó en un comunicado.

Estas detenciones se producen mientras el PP, presa de vivas rivalidades internas, está inmerso desde hace dos semanas en un sonado escándalo de espionaje en el que podrían estar implicados algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid.





* El Economista - Ecodiario - 6.02.09
Foto: Boadilla del Monte - aytoboadilla.com

El fiscal pide cárcel para el ex alcalde de Armilla por prevaricación urbanística

ELCORREO/Granada* : El fiscal solicita la demolición “total” del centro comercial Nevada en Armilla (Granada) por su supuesta tramitación irregular, y pide dos años de cárcel y 20 de inhabilitación para el ex alcalde, José Antonio Morales (PSOE) y el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, por prevaricación en la ordenación del territorio.

En su escrito de acusación provisional, el fiscal también reclama a ambos una multa de 10.800 euros y les imputa otro delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos. Para el promotor del centro, el empresario Tomás Olivo –imputado en el caso Malaya–, pide dos años y dos meses de cárcel, otros dos de inhabilitación y la misma multa. A los ocho acusados restantes –cuatro concejales, dos arquitectos, un abogado y una letrada de la Diputación– les reclama ocho años de inhabilitación.

Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento de Armilla aprobó el plan parcial en el que se ubicaría el Nevada, que contó con un informe negativo de la Consejería de Obras Públicas, pese a lo cual, el edil de Urbanismo propuso llevarlo a pleno, que lo aprobó definitivamente.

En la tramitación municipal sólo constaban un informe favorable de un arquitecto externo al Ayuntamiento y dos informes jurídicos de un abogado externo y de una funcionaria de la Diputación, todos ellos acusados. No se incluían –como requirió la Junta– informes del arquitecto ni del letrado municipales, documento este último que, según el fiscal, fue “deliberadamente sustituido” por el alcalde, conocedor de que era desfavorable.

Durante todo el proceso, el Ayuntamiento “desoyó íntegramente” los requerimientos de Obras Públicas, que apreció “graves irregularidades” en la ubicación de espacios libres y contradicciones entre el plan parcial y las normas subsidiarias. La Junta de Gobierno Local aprobó la concesión de la licencia de obras.

La Fiscalía se personó en el caso a raíz de una denuncia del PP y en su escrito señala que pese a la paralización de las obras, cuando el promotor recibió autorización para realizar sólo las relativas a asegurar la estructura, éste “impartió instrucciones para proseguir normal pero ocultamente la ejecución del proyecto”. Por ello, reclama la paralización efectiva hasta el juicio y en su acusación pide la demolición total de lo construido y que se prohíba disponer de las fincas que componen el perímetro del proyecto del centro.





* El Correo De Andalucía - 6.02.09
Foto: La Fiscalía es partidaria de que la paralización se mantenga salvo obras de emergencia - Miguel Ángel Molina, laopiniondegranada.es

El Colegio de Abogados pide una revisión del proyecto de Ley de Urbanismo

ARAGÓNDIGITAL* : El Colegio de Abogados de Zaragoza se ha quejado este jueves de la excesiva complicación del texto del proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón. Además, ha señalado que esta norma, tal y como está planteada en la actualidad, nacería desfasada al no tener en cuenta ni las nuevas directivas de la Unión Europea en esta materia ni el cambio en la situación del mercado inmobiliario. Por eso, han pedido una "reflexión integral" del mismo.

Esta institución ha realizado, a petición de algunos grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que no han desvelado, un estudio sobre los proyectos de Ley de Urbanismo de Aragón y de Ordenación del Territorio de Aragón. Sobre esta última, no han presentado quejas ya que, según ha indicado el coordinador del grupo que ha elaborado el informe, Ignacio Pemán, “está técnicamente bien, es clara y sustituye a una norma, la de 1992, que no era adecuada”. Además, ha añadido que “la LOTA se ajusta a las nuevas directrices de la Unión Europea”.

Errores en la Ley de Urbanismo

En cambio, el Colegio de Abogados ha reclamado una reflexión integral del proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón. Ignacio Pemán ha detallado que, en primer lugar, esta norma es una adaptación de la ley estatal que “nace como una restricción de la liberalización del suelo plasmada en la norma anterior y que busca dotar al urbanismo de sostenibilidad en un momento de burbuja inmobiliaria”. En ese sentido, el coordinador del estudio ha matizada que en el momento en que se aprobó esta norma era correcto tomar estas medidas pero ha agregado que el sector inmobiliario está en crisis y “es un factor que se debe tener en cuenta”. “Ahora hay que pensar más en cómo actuar en la ciudad consolidada”, ha explicado.

Por otro lado, Pemán ha apuntado que el texto de este proyecto de ley no contempla las directivas de la Unión Europea en esta materia. “Si en la UE va a haber un cambio hay que hacer mención a él en la Ley Autonómica porque si no nace desfasada”, ha puntualizado. Por último, se ha quejado de la redacción del texto “muy enmarañado, con párrafos largos y muchos gerundios”. Para Pemán, esta característica va en contra de la claridad que exigen las Comunidades Autónomas para su normativa y, en especial, “cuando se va a producir un cambio en la tradición urbanística”. “Urge claridad en la redacción y en el contenido”, ha concluido.

Por su lado, el diputado tercero de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, Fernando Sáinz de Varanda, ha explicado que es necesario corregir estos errores para dotar de mayor seguridad jurídica al texto y para ampliar la vida de la Ley y que no haya que modificarla en un breve espacio de tiempo.

Proyectos supramunicipales

Por último, los representantes del Colegio de Abogados han tenido una mención especial para la figura de los proyectos supramunicipales, aquellos que por ser de interés general para la Comunidad Autónoma pasa a gestionarlos ésta en lugar de la institución municipal correspondiente. Esta figura se fragmenta entre los dos proyectos de ley y Pemán y Sániz de Varanda han coincidido en destacar la importancia de que se restrinja a uno de los dos textos, precisamente para ganar en seguridad.





* Aragón Digital - 5.02.09
Foto: Zaragoza, Cortes Aragón - expozaragoza2008.es

La justicia declara ilegal el crecimiento urbanístico de Tres Cantos

MADRIDDIGITAL* : El juzgado de lo contencioso - administrativo nº15 de Madrid ha anulado, por ser contrario a derecho, el convenio urbanístico con la constructora FCC aprobado por el ayuntamiento de Tres Cantos, con los votos de PP y TCU en el pleno celebrado el 15 de abril de 2005.

El convenio urbanístico firmado por el ayuntamiento de Tres Cantos y la constructora FCC para el desarrollo urbanístico de la ciudad es nulo, según sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 15 de Madrid que acaba de hacerse pública.

El texto del fallo judicial da así la razón a las reservas expresadas por el PSOE de Tres Cantos desde hace tiempo respecto de la legitimidad del proceso de adjudicación a FCC, estima el recurso interpuesto en su momento por los socialistas tricantinos y afirma textualmente: “Debo anular y anulo, por contrario a derecho, el convenio urbanístico aprobado por el pleno del ayuntamiento de Tres Cantos en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 15 de abril de 2005”.

El PSOE tricantino viene temiendo desde hace años que la gestión urbanística de la ciudad no se ha realizado con la transparencia debida y conforme a la legalidad, y ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que el interés de los ciudadanos haya quedado supeditado a otros intereses particulares. A falta de reacción por parte del alcalde y su equipo, el PSOE puso su inquietud y su información en manos de la justicia, y el tiempo parece estar dándole la razón.

“Desde el principio hemos hecho saber al alcalde, a los vecinos y a la justicia nuestras dudas sobre la legalidad y la integridad del desarrollo urbanístico que ha seguido Tres Cantos en los últimos años”, afirma Miguel Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos. “Siempre hemos denunciado que el PP, en coalición con De la Poza primero y luego en solitario, pero siempre recayendo la responsabilidad del urbanismo en concejales del PP, ha hecho prevalecer los intereses de los que especularon con el suelo, los que aspiran a construir y sobre todo los intereses de FCC, por encima de los intereses de los ciudadanos. La muestra es que los adjudicatarios de las 1.000 viviendas se quejan de engaño y que no hay ni un metro cuadrado para cooperativas de viviendas, como siempre hemos dicho”, concluye Aguado.






* Madrid Digital - santiQ - 6.02.09
Foto: Tres Cantos - wikipedia.org

Guerra al fraude en la VPO

ELPAÍS* : La vivienda protegida siempre ha sido un caldo de cultivo para el fraude. La creencia de que es una lotería con la que se puede especular es una realidad. No hay más que bucear en Internet para encontrar mensajes como el de Manuela. "Me han ofrecido un piso de protección oficial, tiene 14 años. Quisiera saber las ventajas e inconvenientes que puede tener en el momento de comprarlo y en su posterior venta".

Los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Boadilla del Monte o Rivas-Vaciamadrid, y las comunidades de Madrid, Aragón o País Vasco, entre otras, tratan de garantizar que ninguna de las viviendas protegidas que construyen sea ocupada por personas distintas de las adjudicatarias, que se venda o alquile de manera irregular, o que permanezca vacía.

El Ayuntamiento de Madrid creó en 2005 un servicio de inspección de su parque de viviendas en venta y alquiler. Ha detectado fraude en el 2% de las casas. "Creemos que el grueso del fraude ya ha salido", dice Pablo Olangua, el responsable del Sivim. El servicio ha realizado 353.984 inspecciones a los 22.600 pisos promovidos por el Ayuntamiento o de propiedad municipal. Se han detectado 2.675 incidencias, de las que se han archivado 2.121 y se han abierto 484 expedientes para estudiar la interposición de la demanda judicial y volver a adjudicarlas.

Hasta la fecha se han recuperado 51 viviendas. Una de ellas es la que se adjudicó en 1993 al padre de María, que fallece en 2002. En 2004 María (la heredera) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid elevaron a público el contrato privado de compraventa. Tras repetidas inspecciones se comprueba que la vivienda permanece desocupada. Y así lo manifiestan los vecinos. Se envían dos requerimientos a María, en los que se solicita que aporte facturas de los consumos de suministros. No hace caso y se presenta una demanda. La sentencia concluye que alquiló la vivienda a una tercera persona.

La irregularidad que más se repite, en el 63% de los casos, es que la vivienda se encuentra vacía. O que reside en ella una persona distinta del adjudicatario (25%). En un 5% de los casos el propietario ha fallecido y en otro 5% la persona que abre la puerta no facilita datos.

Dos decenas de inspectores realizan visitas aleatorias en viviendas seleccionadas al azar. Dice Olangua que todas las viviendas son inspeccionadas un mínimo de dos veces al año. Sin embargo, en la práctica no es así. De hecho, hay una promoción en Las Tablas que no ha recibido la visita de los inspectores. Hay vecinos que se acaban de trasladar. Sus casas han estado vacías un año.

También se realizan visitas motivadas por las quejas o reclamaciones de vecinos -ha crecido el número de denuncias por correo electrónico-. Los inspectores van uniformados y en pareja. "La gente se ha ido concienciando, ya conoce a los inspectores. Al principio había quejas de los vecinos porque las visitas les incomodaban", dice Olangua. El servicio es gestionado por Conurna Consultores, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros anuales.

Persianas, buzones...

Si se observa un indicio de irregularidad en la primera visita o si nadie abre la puerta se realiza alguna más. Si no se contacta con el adjudicatario se manda un requerimiento para que acredite consumos de luz, agua y gas. También se comprueba que esté empadronado -tiene un mes-. Otras evidencias: persianas siempre bajadas, el buzón lleno de correspondencia. Los conserjes son una pieza clave. Si se detecta una irregularidad se inicia un trámite contencioso de reclamación y se interpone la demanda en el juzgado.

Es muy común que los titulares de una vivienda protegida la cedan a familiares o amigos de manera gratuita o que la alquilen o subarrienden fuera del marco legal. El negocio es redondo. Por un piso de cuatro dormitorios, la EMVS pide un alquiler de entre 300 y 500 euros. El propietario puede llegar a pedir más de 900 euros y por una habitación se solicitan 400 euros. Otro fraude es vender la vivienda sin estar autorizado y pedir importe que el comprador paga en negro.

En Boadilla del Monte funciona el mismo modelo de inspección desde hace dos años. De las 500 viviendas municipales que han sido revisadas, se ha abierto expediente a cinco, que están pendientes de fallo judicial, explica Alfonso Bosch, gerente de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de esta localidad. Se han recuperado dos viviendas, que ni siquiera tenían dada de alta la luz. En esta localidad, los dos inspectores acuden a los sorteos de viviendas para que los próximos adjudicatarios los identifiquen.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid lanzó hace siete meses un servicio de inspección para evitar el fraude en las viviendas de protección pública en alquiler construidas por esta entidad, cerca de 400. Hasta la fecha, ha abierto siete expedientes de resolución de contrato por vivienda desocupada. Y uno se ha trasladado al juzgado para iniciar el proceso de desahucio. Con otro inquilino se han iniciado también los trámites de desahucio por realquiler de vivienda. En este caso, se ha remitido a la Comunidad de Madrid, organismo competente en materia sancionadora.

170 desahucios

El parque municipal de vivienda en alquiler de Bilbao se inspecciona desde 2004. Durante 2008 se han resuelto judicialmente 44 contratos por subarriendo, cesión, etcétera. El Ayuntamiento de Barcelona realizó el año pasado 948 inspecciones sobre un parque de 5.500 viviendas. El resultado son 79 expedientes contenciosos.

Respecto a la Comunidad de Madrid, el Instituto de la Vivienda de Madrid gestiona un patrimonio de más de 23.000 pisos públicos en régimen de arrendamiento, así como plazas de garaje (22.000) y locales comerciales (2.000). También tiene un servicio de inspectores para luchar contra las ventas y los subarriendos ilegales, las ocupaciones irregulares o los impagos. Realizó en 2007 más de 15.000 visitas a sus inmuebles y en 2008 se han llevado a cabo casi 16.000 inspecciones. Como resultado, se han abierto 467 expedientes y se han ejecutado más de 170 desahucios de ocupantes de viviendas de las que no eran ocupantes legítimos. El Ivima ultima la creación de un protocolo de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para agilizar la lucha contra las ocupaciones ilegales en su patrimonio.

En 2003 el Gobierno vasco creó el servicio de inspección para el buen uso de la vivienda protegida. Desde entonces, ha inspeccionado 35.509 viviendas de un parque de unas 55.000, ha puesto sanciones por valor de 1.023.338 euros, y recuperado 55 casas.

El Gobierno de Navarra remitirá en 2009 y 2010 más de 2.000 requerimientos a propietarios para comprobar que las casas están ocupadas, además de las inspecciones que se realizarán a infractores de años anteriores y a otras 200 viviendas seleccionadas cada año de forma aleatoria. El fraude en Navarra no supera el 2,4%.






* ELPAIS.com - SANDRA LÓPEZ LETÓN 06/02/2009
Foto: Solicitantes de viviendas protegidas en la oficina de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid.- BERNARDO PÉREZ, elpais.com

Urbanizar o des-urbanizar

DIEGO FULLAONDO/Madrid* : La Operación Chamartín me resulta antipática. Para los no capitalinos diré que consiste en una gigantesca operación urbanística que reconfigurará la totalidad del extremo norte de Madrid, aprovechando básicamente el espacio resultante del soterramiento de una gran parte de las infraestructuras ferroviarias de la Estación de Chamartín. Prolongación de varios kilómetros de Castellana, nuevos nudos de comunicación de todo tipo, millones de metros cuadrados de urbanización, miles de viviendas, de oficinas, de equipamientos de toda índole…

Y miles de millones de euros de inversión, por supuesto. Cifras descomunales que es muy difícil incluso imaginar. Después de 15 años de disputas y trifulcas de todo tipo, parece que el plan por fin se pondrá en marcha durante el año 2010.

La verdad es que no conozco los entresijos ni del proyecto ni de los durísimos conflictos que ha ido generando a lo largo de todos estos años. Supongo que un movimiento de intereses y dinero de estas dimensiones estará lleno de porquería hasta las orejas. Pero no es este el motivo ni del artículo, ni de mi extraña y ligeramente infundada sensación de rechazo hacia este macroproyecto.

Encuentro tres explicaciones a mi negativa predisposición a aplaudir la aprobación del monstruo:

1.- La primera es el hartazgo de 15 años de peleas diversas, en absoluto motivadas por generar el mejor proyecto posible para la ciudad, sino simplemente por ver quién se llevaba los duros. Como técnico me sigue pareciendo totalmente irracional que el valor del suelo dependa de un acto administrativo. Si además la financiación de la propia Administración depende de ese acto, el problema, además de absurdo, se convierte en circular. A esto hay que añadir a los llamados reversionistas: gente que entiende que, como las antiguas huertas de sus padres o abuelos fueron expropiadas para hacer vías de tren, y ahora se va a construir sobre ellas otra cosa mucho más lucrativa, ellos también tienen derecho a una parte de la tarta. No sé quién tiene razón. Ni me importa lo más mínimo. Pero como me dijo un amigo hace unos días: ¿hasta cuándo se mantienen estos nuevos derechos inalienables del individuo y herederos? ¿eternamente?

2.- La segunda explicación tiene que ver con el proyecto en sí mismo (con lo poquito que se conoce en realidad). Me parece recordar que Ricardo Bofill (padre, claro) tuvo bastante que ver con las líneas generales del mismo. Al menos en sus fases iniciales. El rotundo y barroco (me refiero en este caso al histórico, siglos XVII y XVIII más o menos) trazado de la elipse principal responde a la perfección a los planeamientos versallescos tan del gusto de la capital de Francia. Parece ser que la operación de la Defense de París y su prolongación posterior han servido de modelo a seguir. En ese caso, objetivo conseguido. Flirteos aquí y allá para darle un toque de contemporaneidad a la marcial ordenación, y listo: ya tenemos Madrid para los próximos 30 años. Estaba mal ya hace 15 años, con lo que imagínese ahora.
3.- Y hablando de ahora… ¿tiene algún sentido planear un crecimiento de la ciudad de esta magnitud? El ritmo de crecimiento de población de las grandes ciudades occidentales hace muchos años que no aumenta con la intensidad de antes. Muchas urbes están incluso perdiendo población. Creo que es muy posible que la crisis actual acentúe este proceso. Es muy posible que se produzca un fuerte movimiento migratorio de salida de las ciudades durante las próximas décadas. La tecnología, las nuevas estructuras del trabajo, los inconvenientes evidentes de las enormes aglomeraciones urbanas y un sinfín de factores más, hacen que la gran ciudad ya no sea tan atractiva como lo era en la mitad del siglo XX. Ni tan necesaria. Ni tan segura. Más bien todo lo contrario. Es sólo una idea, pero es posible que en lo que convenga empezar a cavilar es en des-urbanizar, en lugar de urbanizar.

La población total del planeta seguirá creciendo. La medicina se encargará de eso (a no ser que se produzca algún cataclismo o algún giro drástico de nuestros principios morales más profundos, en lo que es preferible no pensar). Lo que se va a modificar significativamente es su forma de implantarse en el territorio para garantizar su supervivencia y su máximo bienestar. No creo que la rígida dicotomía entre población urbana y población rural sea la respuesta. La tecnología digital posibilita la aparición de situaciones híbridas que a un tiempo mantienen los beneficios fundamentales de la vida en la ciudad a la vez que recupera muchos de los valores precipitadamente abandonados de la vida en el campo (se produzca esto por razones de ocio y divertimento o, quién sabe, puede que muchos, por pura necesidad tengamos que volver a cultivar la tierra).

Desde mi punto de vista más que insistir en voluntariosos crecimientos megalómanos de nuestras ciudades, podríamos empezar a planificar dos cosas:

a) Nuevas formas de asentamiento, más ligeras y rápidas de ejecución; de escala moderada; más parecidas a campamentos nómadas o temporales que a auténticas ciudades; dotadas de todos servicios básicos y, sobre todo, de la máxima tecnología digital; y en contacto directo de nuevo con las actividades denominadas primarias.
b) Des-urbanizar progresivamente nuestras ciudades para adaptarlas a sus nuevas densidades de población, a las nuevas necesidades y a las nuevas formas de vida. Quién sabe si convendría simplemente empezar a demoler aquello que manifiestamente esté infrautilizado para generar urbes con más vacíos y agujeros que pudieran ser aprovechados para otras actividades. Es posible que la salvación del cadáver en que se están convirtiendo nuestras ciudades sea hacerlas permeables para que el campo, la naturaleza, se cuele por todos sus poros hasta que alcance una nueva situación de equilibrio (también temporal, por supuesto).



* Diego Fullaondo es arquitecto y uno de los directores del estudio IN-fact arquitectura





* SOITU.es - Opinión - 4.02.09