Los concellos carecen de suelo para vivienda pública por falta de PGOM

LAVOZ/A Coruña* : Solo cinco ayuntamientos de la Costa da Morte tienen planes generales de ordenación municipal en vigor, pero ninguno está adaptado a la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Una de las consecuencias de esta situación es la ausencia generalizada de suelo para pisos protegidos.

La Consellería de Vivenda e Solo asegura que los planeamientos urbanísticos municipales «non contemplan», por norma general, reservas de suelo para vivienda de promoción pública, por lo que los ayuntamientos son incapaces de dar respuesta a las necesidades a corto y medio plazo.

De hecho, un estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) revela que las Administraciones locales han sido incapaces de desarrollar los suelos urbanizables, lo que implica no solo que no hay terreno para vivienda pública, sino tampoco para equipamientos.

La situación no es específica de la comarca -solo 22 de los 315 concellos gallegos han actualizado sus planeamientos-, pero afecta a todos los municipios de la Costa da Morte. De hecho, la falta de suelo específico para vivienda protegida ha sido uno de los argumentos de la consellería para elaborar el Plan Sectorial de Solo Residencial. Por una parte se trata «de resolver as insuficiencias» de los planeamientos y la «incapacidade» de los concellos para solucionar esa carencia, debida en parte, como reconoce el departamento de Teresa Táboas, a la inestabilidad de la legislación urbanística en los últimos veinte años, en los que se han elaborado nueve normas de ámbito estatal y autonómico, de manera que los ayuntamientos no solo no han podido adaptarse a la legislación vigente en cada momento, sino que, en algunos casos, el planeamiento vigente se ha hecho inaplicable.

Procedimientos

A la falta de adecuación se añade el problema añadido de la anulación de planes generales de ordenación por parte de la justicia, como ha ocurrido en Carballo, donde sigue pendiente la resolución del Tribunal Supremo, al tiempo que el Concello está en pleno proceso de elaboración de un nuevo documento adaptado ya a la Ley 9/2002.

Procedimientos similares han iniciado también los ayuntamientos de Ponteceso y Coristanco, que también figuran en la reducida lista de municipios de la Costa da Morte con PGOM. En el caso de Zas, aunque el plan está redactado e incluso fue aprobado de forma inicial por la corporación, no ha entrado en vigor, pues «por diversas cuestións non se encontra definitivamente aprobado ou ben varios ámbitos están en suspensión», explican desde la consellería.




* La Voz de Galicia - 7.11.2008
Foto: Carballo (A Coruña) - Luis M. Bugallo Sánchez, wikipedia.org

Inhabilitan por 7 años al ex alcalde de Montserrat

LEVANTE* : La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al ex alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas, actual portavoz de la coalición Gent d'Esquerres en el Ayuntamiento de Montserrat y presidente de la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans, a 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público y a pagar una sanción de 1.800 euros por conceder una licencia de obra en contra del informe de los técnicos municipales para realizar una reforma en una nave ubicada en suelo rústico de la que era titular la ex concejala Vicenta Ortega, compañera de partido de Mas y miembro del equipo de gobierno municipal durante la pasada legislatura.

El concejal del partido independiente Aigua, Joan Garcia Perales -ahora primer teniente de alcalde en el equipo de gobierno formado junto con el PP-, fue quien denunció al ex alcalde, así como a su entonces compañera de gobierno, la edila Vicenta Ortega, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según Garcia, Mas actuó en contra de la normativa urbanística al autorizar una reforma presupuestada en 4.800 euros en el interior de la nave industrial.
También culpó a Mas de permitir el desarrollo de una actividad calificada en la nave y de prorrogar la actividad -que carecía de declaración de interés comunitario, a pesar de que el negocio está en marcha desde 1979, y durante todo ese tiempo ha contado con licencia de actividad-.
En mayo de 2007, el juzgado de instrucción número 1 de Picassent acordó sobreseer la causa por tráfico de influencias contra la ex concejala Ortega, pero trasladó al Ministerio Fiscal las diligencias previas seguidas contra Mas por presunta prevaricación.
El miércoles por la noche, Mas dio a conocer el contenido de la sentencia a sus compañeros de partido. La inhabilitación de Mas deja descabezada a esta coalición -que aglutina a militantes del PSPV-PSOE, de Esquerra Unida y de Los Verdes, y que Josep Maria Mas ha liderado durante una década- y plantea a Gent d'Esquerres el problema de su sustitución al frente de la agrupación municipal, como secretario de la agrupación de electores y, también, como presidente de la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans, un cargo que durante esta legislatura debe ostentar la coalición de izquierdas de Montserrat de acuerdo con el pacto alcanzado por la mayoría de izquierdas de la corporación comarcal, que está formada por los municipios de Montserrat, Montroy y Real.
El ex alcalde comunicó ayer a Levante-EMV que mañana por la mañana presentará su dimisión ante el Ayuntamiento de Montserrat.





* Levante-EMV - Teresa Juan-Mompó - 7.11.2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es

Una diputada 'verde' danesa pide castigar a España

ELPAÍS* : Margrete Auken, la verde danesa que elabora un informe sobre cómo la urbanización salvaje en la costa afecta a los derechos de los europeos residentes en España, considera que si no hay una rectificación de las autoridades, España debería ser sometida al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Ese artículo priva de algunos derechos a los Estados que violan los fundamentales de los ciudadanos.

La medida sugerida por Auken es el equivalente a una bomba nuclear política y sólo se ha sugerido emplear una sanción semejante en la UE en 2000, cuando el ultranacionalista austriaco Jörg Haider entró a formar parte del Gobierno de su país. La ecologista danesa se dejó ayer llevar por la pasión al comparecer ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para ofrecer un intercambio de puntos de vista sobre el informe que prepara a propósito del impacto que la urbanización extensiva en España tiene sobre los derechos de los residentes europeos el país.

La propuesta era tan desaforada que ni siquiera mereció el comentario de sus otros colegas, indignados, en especial el popular José Manuel García-Margallo, con el enfoque de la situación como si España fuera una república bananera. "España se presenta como el chivo expiatorio, pero no es cierto", alegó la diputada, "hay que pagar por los daños y perjuicios causados cuando no se respetan derechos".

Aunque en otros momentos Auken moderó el tono, García-Margallo reclamó la comparecencia ante la Comisión de Peticiones de algún representante del Gobierno español que explique cómo y por qué la situación en España es tal que muchos ciudadanos europeos sienten violados sus derechos, en este caso por expropiaciones u operaciones urbanísticas de dudosa legalidad.

Auken celebró la idea, aunque señaló que no pretendía inmiscuirse en enfrentamientos partidistas españoles, que en ocasiones alcanzan en la Comisión de Peticiones extremada virulencia verbal.

Esa comisión de la Eurocámara nació con la idea de socorrer moralmente a quienes se sienten atropellados por la violación de las normas comunitarias que deben protegerles. Sus informes o decisiones no tienen carácter normativo, pero esa impotencia de fondo se compensa con una gran exposición mediática que con frecuencia obliga a los Gobiernos a actuar ante el aguijoneo de ese Pepito Grillo comunitario.






* ELPAIS.com - R. M. DE RITUERTO - Bruselas - 07/11/2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org

El PE seguirá estudiando el urbanismo de Torrelodones por posibles infracciones

TERRA/Madrid* : El Parlamento Europeo (PE) decidió hoy seguir estudiando posibles irregularidades en la recalificación de 128 hectáreas de suelo especialmente protegido en el municipio de Torrelodones (Madrid), donde el Ayuntamiento, gobernado por el PP, pretende construir viviendas, oficinas y un campo de golf.

A pesar de la petición de los eurodiputados del Partido Popular para cerrar el caso, el presidente de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, el polaco Martin Libicki, decidió mantener abierto el expediente a la espera de más información por parte de la Comisión Europea (CE), que está investigando la situación.

El Ejecutivo comunitario, según explicó hoy una portavoz, ha estudiado las evidencias presentadas en los últimos meses por la asociación ecologista TorreNat y ha llegado a la conclusión de que la recalificación podría afectar a la zona protegida de la Cuenca Alta del Manzanares, a pesar de que anteriormente no había apreciado ninguna posible infracción.

Bruselas ha solicitado a las autoridades españolas que verifiquen si se ha aplicado correctamente la legislación comunitaria en este caso y se encuentra a la espera de una respuesta.

Con esta información, Libicki aseguró que el PE 'no tiene otra alternativa que mantener abierta la petición' hasta que la CE acabe sus investigaciones.

Varios eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) insistieron al presidente de la comisión parlamentaria sobre la necesidad de cerrar este expediente, abierto desde 2006, una opción rechazada tajantemente por Libicki.

'Estamos ante un uso abusivo de esta comisión, que no debe ser campo de batallas entre partidos políticos', aseguró Ignacio Salafranca (PP), que acusó al PSOE de tratar de 'dilatar' este caso en las instituciones europeas.

El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño (PP), que intervino hoy en la sesión parlamentaria, defendió que la gestión municipal respeta todas las normas, insistió en que en el caso Area Homogénea Norte no se ha producido ninguna recalificación del suelo y aseguró que el único interés de los socialistas es atacar a su partido.

En nombre del PSOE, el eurodiputado Carlos Carnero defendió mantener la investigación abierta tal y como ha hecho la CE y recordó que los ecologistas han presentado informes científicos que avalan la necesidad de proteger la zona.

TorreNat presentó hoy a los eurodiputados varios documentos elaborados por diferentes departamentos de la Universidad Autónoma de Madrid, de la de Alcalá de Henares, del Colegio Oficial de Biólogos de la CAM y del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).

El proyecto de urbanización se encuentra actualmente en trámite de informe previo en la Comunidad de Madrid, que debe analizar que el plan respeta la legislación en materia medioambiental.

Aunque no las debatió hoy en profundidad, la comisión de Peticiones del PE decidió mantener abiertas las denuncias que afectan a otros cuatro municipios madrileños -Rascafría, Moralzarzal, Galapagar y Las Rozas- presentadas en paralelo a la de Torrelodones.






* Terra Actualidad - EFE - 6.11.2008
Foto: Torrelodones (Madrid), ayuntamiento - eleconomista.es

Valencia: Un juez investiga sobornos a funcionarios autonómicos para obtener recalificaciones

ABC* : El movimiento especulativo que rodeó a la zona boscosa de La Vallesa (Valencia), antes de ser declarada Parque Natural ha terminado en los tribunales. Un juez de la capital del Turia investiga el pago de comisiones ilegales a funcionarios adscritos a la entonces denominada Conselleria de Territorio y Vivienda -actual Conselleria de Medio Ambiente Urbanismo, Agua y Vivienda- a cambio de recalificaciones en este espacio protegido sometido en los últimos años a una gran presión urbanística.
Ya hay cinco imputados.

La Vallesa es una de las tres zonas boscosas que integran el Parque Natural del Turia. Es la más extensa y la más valiosa de este paraje, localizado a apenas 12 kilómetros de Valencia.
Los cinco hermanos Gómez-Trenor-Aguilar, emparentados con el conde de Trénor, son propietarios de más de 452 hectáreas, lo que representa cerca del 50% de la superficie y han interpuesto al menos cinco recursos ante el Tribunal Superior de Justicia contra los decretos del Consell por los que se aprobó el Parque Natural del Turia y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del mismo. El Alto Tribunal desestimó un recurso pero aún no ha resuelto los demás.
Los presuntos sobornos ahora investigados se remontan al año 2005. Meses después, ya en 2006, trascendió el proyecto de la Generalitat para proteger La Vallesa: el plan del Consell pasaba por convertir el 60 por ciento de la superficie forestal en suelo urbanizable. Se recalificaba la mitad de la superficie, unas 330 hectáreas, con objeto de compensar a los propietarios, que cederían la otra mitad del terreno para que fuera público. De esta forma, la Administración se haría con un bosque de 3,5 millones de metros cuadrados en el centro de La Vallesa, situada en el término de Paterna, aunque la protección se extendía a otras zonas.
La fuerte oposición de los municipios afectados -de muy distinto signo político-, de los vecinos, asociaciones y ecologistas abortó el proyecto de la Generalitat. La Conselleria dio marcha atrás; en abril de 2006 renunció a recalificar La Vallesa y eligió extender la protección a todo el territorio. Se apostó entonces por una fórmula nueva para la adquisición de los terrenos: los constructores beneficiados con planes urbanísticos o recalificaciones en otras zonas, deberían adquirir suelo del parque y donarlo a la Administración. En 2007 nació el Parque Nacional del Turia, integrado por tres zonas boscosas: La Vallesa, La Cañada y La Pea.
«Cantidades sustanciosas»
La investigación judicial se centra en la fase previa, cuando el proyecto se estaba tramitando y contemplaba recalificaciones. El instructor investiga los pagos que habrían recibido determinados funcionarios por parte de algunos empresarios para modificar la reserva de suelo y el porcentaje de edificabilidad que la Administración pretendía asignar a la superficie urbanizable.
La causa se inició hace meses y, según fuentes de la investigación, hay cinco personas imputadas por un presunto delito de cohecho. Son «la parte activa del cohecho». Querían una normativa que les permitiera construir hoteles en este paraje, considerado el pulmón verde de Valencia.
A principios del pasado mes de mayo, dos de esos empresarios fueron detenidos por la Policía. Tras prestar declaración durante toda la tarde en el juzgado de guardia -el mismo que ya instruía la investigación con anterioridad- fueron puesto en libertad con cargos.
Los sobornos por el caso de La Vallesa no son, según fuentes judiciales, un hecho aislado entre los funcionarios del departamento. Las diligencias practicadas en el marco de esta investigación han sacado a la luz otros pagos a empleados públicos del área. Tanto la Agencia Tributaria como la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional -UDEF- han detectado movimientos de dinero relacionados con la tramitación de otros proyectos urbanísticos que nada tienen que ver con La Vallesa y con las cinco personas imputadas. Habrían percibido, según los datos de los investigadores, «cantidades sustanciosas». Las presuntas irregularidades salpican a funcionarios de distintos niveles y, según fuentes del caso, estarían disociados de la esfera política de la Conselleria si bien en áreas de cierta responsabilidad. Hasta la fecha, ha prestado declaración el que fuera director general de Ordenación y Planificación del Territorio en 2005. Compareció ante el juez instructor en calidad de testigo.
Casos puntuales
En un primer momento, se pensó en la existencia de una trama organizada de cobro de comisiones ilegales a cambio de favores administrativos, hipótesis finalmente descartada. La investigación en esos otros casos se centra en empresarios de Alicante y Castellón, que también habrían pagado para doblegar la voluntad de los funcionarios y conseguir de ellos recalificaciones de terrenos y agilidad en la tramitación de las licencias de sus proyectos. La aparente falta de conexión entre unos casos y otros ha abierto la puerta a que la investigación se desmembre y se instruya por juzgados distintos.
Las diligencias se han llevado con sumo sigilo para evitar la destrucción de pruebas. El caso ha estado declarado secreto de sumario hasta hace muy pocos días, cuando el juez resolvió levantar esta cautela.






* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 3.11.2008
Foto: Los principales propietarios del bosque de La Vallesa, la «joya» del Parque Natural del Turia, son los Trénor, que pleitean contra el Consell en el TSJ - IRENE MARSILLA, abc.es

15-N: Su crisis que la paguen ellos

CANALSOLIDARIO* : Un nuevo e-mail pasa de buzón en buzón convocando concentraciones contra el tratamiento que los líderes políticos están dando a la crisis. La cita en diferentes ciudades del Estado es el 15 de noviembre, coincidiendo con la cumbre internacional de líderes mundiales del G20 para discutir una reforma del sistema financiero mundial.

Parte del texto que circula en la Red es el siguiente:

¡Salvar de la crisis a los bancos de Estados Unidos ha costado 700.000 millones de dólares! Cinco veces más de lo que aprobó la ONU para alcanzar los Objetivos del Milenio. Y las ayudas europeas son aún mayores. ¡Es una vergüenza!

En el Estado español el gobierno le da 100.000 millones de euros a los mismos bancos que están desahuciando a muchas familias por no poder pagar la hipoteca.

Hace meses miles de personas salimos a la calle por una vivienda digna y ya advertíamos del peligro de la burbuja inmobiliaria. Ahora que ha estallado, ¿la vamos a pagar nosotros?

Durante años se han forrado y ahora anuncian despidos, recortes salariales, cierres de empresas, “aparcar” el protocolo de Kioto, etc.

Privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. ¿Se creen que somos tontos? ¿Lo vamos a permitir? ¡Claro que no!



El mail termina fijando la cita para el 15 de noviembre a las 17:00 horas e invitando a pasar, traducir y adaptar el mensaje.






* Canal Solidario - 05/11/2008
Viñeta: canalsolidario.org