El Ayuntamiento de Alcúdia certifica y paga 1,17 millones por obras sin ejecutar

DIARIODEMALLORCA* : Sobre los papeles, el complejo que alberga la nueva terminal de autobuses de Alcúdia, con una oficina de información turística y varias salas polivalentes, está en su recta final. Pero la realidad es bien distinta, y en el solar de lo que en su día fueron las antiguas casas de can Ramis, de propiedad municipal, sólo se han derribado éstas y colocado unos pocos cimientos.

Pese a ello, los arquitectos municipales Antoni Ramis y Juan Carlos Sopena han certificado que en el lugar se han ejecutado obras por valor de 1.173.117, 78 euros, dando así por acreditada la construcción de las paredes y cubiertas del nuevo inmueble, los trabajos de carpintería y vidriería, la instalación eléctrica e iluminación, fontanería, climatización, megafonía o los ascensores, entre otros acabados.
La obra fue adjudicada el 28 de agosto de 2006 a Crespí, Construccions d´Obres Públiques S.L.U. por un presupuesto de 1.559.658 euros y un plazo de ejecución de once meses y tres semanas. El proyecto consistía en demoler las viejas casas de can Ramis y en su lugar levantar un moderno edificio multiusos, además de adecuar su entorno. A día de hoy la obra arrastra un serio retraso por diversos motivos, y sólo se ha realizado la reforma de los alrededores, construyendo una plaza entre el solar de la futura estación y las murallas.

Falsear la realidad al Consell

Todo ello ha suscitado una dura denuncia del PP, en la oposición. Su portavoz, Coloma Terrasa, tilda de "incomprensible" esta demora, y carga contra el equipo de gobierno de UM y PSOE por su "mala planificación". Con todo, para Terrasa "lo más fuerte" es que el Ayuntamiento "haya acreditado por escrito y comunicado al Consell de Mallorca -que financia la mayor parte de la obra- que ya están puestos y pagados el techo y las paredes, la barra del bar y la de la oficina turística, el mostrador de la terminal de autobuses, las encimeras de los baños, los ventanales y sus cristales o el aire acondicionado, algo totalmente falso y que cualquiera ve a simple vista".
Hasta el momento, el Ayuntamiento lleva presentadas 7 certificaciones de obra ante el Consell para justificar las subvenciones -la última el 25 de enero de este año, por un montante de 34.652 euros-. Según las cuentas oficiales, quedan por ejecutar obras por valor de 351.893,22 euros, una cifra claramente corta ante la magnitud de lo que realmente falta por levantar.
Ante esta situación, la portavoz del PP exige "una explicación pública, clara y coherente de por qué motivo se han certificado y abonado unas obras no realizadas e inexistentes a día de hoy".






* Diario de Mallorca - MATEU FERRER. ALCÚDIA - 27 de abril de 2008
Foto: Aspecto ayer del solar donde se levantaban las casas de can Ramis, con la nueva terminal de autobuses teóricamente construida/ Guillem Bosch, diariodemallorca.es

El Concello de Vigo no hace casi nada

LAVOZDEGALICIA* : El Ayuntamiento ha desaparecido de la vida de los ciudadanos. O casi. Treinta años de privatizaciones y externalizaciones de departamentos y actividades han desprovisto al Concello del control de los principales servicios a la ciudadanía. Lo denunciaban esta semana los sindicatos, al conocer el último proyecto de privatización puesto en marcha por el Concello, el del servicio de vías y obras.

Con la reparación de los baches se irá lo poco que le quedaba a un Concello con 1.300 trabajadores en plantilla. Son muchos, sí, pero la mayoría ejercen como policías y bomberos. El resto se centran casi exclusivamente en labores de administración y oficinas: son la burocracia. A ellos se une un grupo cada vez más reducido de trabajadores que han ido perdiendo funciones. «Si seguimos así, acabaremos llevando citaciones. Y las máquinas del Concello, mientras, paradas», ilustra uno de los herreros de vías y obras, departamento que llegó a tener cien operarios que hacían todo lo que hoy hacen empresas que le cuestan una millonada al Ayuntamiento.

Antes les pasó a otros muchos, que pueden corroborar que en Vigo las privatizaciones no dependen del partido que gobierne: son una constante desde que en 1969 se adjudicó a una empresa el transporte público en autobús, que nacía para sustituir a los vetustos tranvías. Era Vitrasa y la adjudicación se produjo en medio de los rumores de mordidas bajo cuerda que después han acompañado a la mayoría de las privatizaciones y externalizaciones realizadas desde el Concello.

Las Koplowitz, alcaldesas

Ya en democracia, abrió la caja de los truenos Manoel Soto, que entregó gran parte de su poder al imperio Koplowitz. FCC se hizo en primer lugar con la limpieza y la recogida de basuras, un servicio al que dotó de personal contratando a los más de 300 trabajadores que se encargaban de ello en el Concello. Volvieron los rumores de mordidas y movimientos turbios, nunca probados. Más tarde, las hermanas más ricas de España ganaban galones al hacerse con la gestión local del agua, uno de los servicios que más beneficios reporta. Después su saca engordó con las grúas (hoy en manos de otra empresa), la limpieza de las playas y la gestión de la zona de aparcamiento limitado (la ORA, hoy convertida en XER y gestionada por Dornier).

Aunque el honor de dar lustre al poder de las Koplowitz no fue exclusivo de Soto. Tras él todos los alcaldes contribuyeron con prórrogas que en muchos casos aún se mantienen. Y de paso se incorporaron nuevas empresas: hoy hay más de 30 que trabajan para el Concello, a las que se suman decenas en pequeños contratos y decenas de trabajadores fijos contratados dentro de asistencias técnicas o como autónomos.

Por eso el Concello ya no hace hoy casi nada. La torre municipal no es más que un edificio de oficinas en el que hasta la recaudación de impuestos está en manos de una veintena de trabajadores que no son de plantilla, sino que ejercen casi como autónomos. Tampoco es el Concello quien vigila los coches de ciudadanos en los párkings municipales. La situación llega al punto de que si una luz se funde en las calles, es una empresa privada la que las sustituye y si hay un accidente en un túnel, otra compañía es la que avisa. Lo mismo si falla un semáforo, se cae una señal o hay que pintar una calle. Y si se aparca mal, la multa de la zona azul la pone el operario de una empresa privada, y el coche se lo llevan las grúas de la compañía Setex Aparkisa, que se embolsa 1,7 millones al año por levantar turismos. Ya sin coche, la opción es ir a pie por las calles que limpia FCC y los jardines que adecenta Cespa, o subirse a un bus de Vitrasa. Y si hay dudas sobre los servicios municipales siempre se puede llamar al 010 para resolverlas. Otras 1.600 personas que mantienen viva la maquinaria municipal desde empresas privadas que facturan cada día en el Concello una media de 150.000 euros. Mientras, el Ayuntamiento se encarga de la burocracia y sestea, porque hasta la limpieza de sus dependencias depende de una de las empresas privadas que de facto gobiernan Vigo.






* La Voz de Galicia - Alberto Magro - 27/4/2008
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)



NOTICIA RELACIONADA: «Antes lo realizábamos todo más barato que las empresas, pero ahora nos tienen aquí parados» - La Voz de Galicia - 27/4/2008

Canarias: La Justicia pone en su sitio a la política

LAPROVINCIA/Las Palmas* : A golpe de sentencia. De esta manera tan contundente la Justicia responde últimamente a algunos desaguisados de los políticos. Sobre todo, los jueces están siendo especialmente 'claros' con la política del ladrillo y la especulación.

En los últimos tres meses, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha notificado seis sentencias que censuran duramente la política realizada en las Islas por el Partido Popular y por Coalición Canaria, fundamentalmente. Las consecuencias de estos fallos judiciales se resumen en cientos de millones de euros de perjuicio para la Administración, o lo que es lo mismo, para el contribuyente canario, por haber hecho las cosas mal las autoridades competentes. El Gobierno autónomo, con CC al frente, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el PP en el poder, se llevan la mayor parte de los últimos 'rastrillazos' recibidos en forma de sentencias, que es como 'hablan' los jueces.

La última, dura y contundente, el pasado viernes, cuando la Sala obligaba por segunda vez al Gobierno canario a pagar indemnizaciones por la polémica moratoria, una Ley que, visto lo visto, parece haberse redactado en una especie de 'colegueo' entre el Ejecutivo regional y el Parlamento de Canarias. Y si no, obsérvese lo que recoge el magistrado ponente del fallo y presidente de la Sala de lo Contencioso, Francisco José Gómez Cáceres, al respecto: "La Sala deja constancia de lo difícil que es aceptar, en casos tan explícitos como este, la efectiva separación de poderes que respectivamente ejercen el Gobierno de Canarias y el Parlamento, órgano este que cabalmente tiene entre sus funciones la de controlar precisamente al Gobierno canario. La impresión que produce este modo de actuar es como si hubiese existido una delegación legislativa en el poder ejecutivo". En habituales se han convertido ya este tipo de expresiones en las sentencias judiciales.

Anteriormente, la misma Sala pero distinto ponente, Javier Varona, volvió a condenar al Gobierno de Coalición Canaria a pagar indemnizaciones millonarias por la moratoria. Varona, tras analizar la citada Ley de Directrices, la resumió de la siguiente manera: "No existen antecedentes normativos que hayan suspendido de forma indefinida el otorgamiento de licencias en suelos en los que el propietario había cumplido con los deberes urbanísticos concretos". O dicho de otra manera, se paraliza la concesión de licencias turísticas a pesar de que los empresarios que las solicitan cuentan con toda la documentación en regla. La consecuencia, de momento, es que por estos dos fallos judiciales el Gobierno tendría que pagar a los empresarios en torno a los veinte millones de euros, o lo que es lo mismo, unos tres mil trescientos millones de pesetas.

SORIA Y LUZARDO. La política urbanística realizada por José Manuel Soria y Pepa Luzardo, ambos del Partido Popular, en los últimos ocho años de gobierno antes de la llegada del PSOE, ha recibido varapalos judiciales igual de duros que el Gobierno de Canarias, o más aún. A finales del mes de enero del presente año, en una sentencia que contó con la magistrada Cristina Páez como ponente, la Sala tumbaba uno de los proyectos urbanísticos estrella del mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: El solar de la calle Pavía en el que se proyecta un edificio singular de treinta y tantas plantas en primera línea de la Playa de Las Canteras tendrá que ser paralizado debido a la especulación municipal con un suelo que expropió a sus titulares para construir una zona libre y deportiva.

Lejos de cumplir con lo pactado a través de un convenio urbanístico firmado con la familia propietaria, el Partido Popular al mando en el Ayuntamiento entonces decide recalificar el suelo e incluirlo en una permuta con los tan ansiados terrenos de El Confital. Dicha permuta permitió, a su vez, a los dueños de El Confital vender el solar de Pavía a la constructora Evemarina, por 33 millones de euros. Todo está en el aire ahora tras la sentencia que obliga a iniciar el expediente de reversión, es decir, que cada uno devuelva lo que se quedó o que pague por ello. Algunas estimaciones cifran en 30 millones de euros lo que tendrá que abonar el consistorio capitalino para dar cumplimiento a la sentencia.

No ha sido el único varapalo judicial a la política urbanística realizada por el Partido Popular. Pocos días después de la sentencia de Pavía, a mediados de febrero del presente año, la Sala de lo Contencioso tumbó otro gran proyecto de Soria: El Canódromo. Los vecinos recurrieron ante la Justicia el Plan Especial elaborado en 2003 que cambió un parque por 120 viviendas. Y todo con las torres de pisos iniciadas por la constructora Realia. Esta actuación se investiga en la vía penal, en la que Pepa Luzardo y Felipe Afonso El Jaber han sido citados a declarar como imputados.

La Sala también ha tumbado la demolición del Estadio Insular, zona con la que, en la época popular, se especuló con una zona residencial de lujo.

Las continuas anulaciones del proyecto de la autovía del norte o la calificación de "demencial" a un contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Telde a la empresa Santana Cazorla, son otros ejemplos. La Sala no entiende de colores políticos. Lo ha demostrado en tres meses.






* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 27 de abril de 2008
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org

"En Alicante el transporte público es casi decorativo"

ELPAÍS/Entrevista* : La plataforma por la Movilidad Sostenible se creó en 2005 para contribuir a mejorar la calidad de vida y que la movilidad deje de ser un factor de estrés gracias a un transporte público eficiente. Una ambiciosa pretensión que reúne ya a más de 30 colectivos cívicos.

Javier Cobela (Alicante, 1968), que preside la plataforma, sabe que el reto es complejo en una sociedad donde el rey es el coche.

Pregunta. ¿Por qué dice que el transporte público en la ciudad de Alicante es un desastre?

Respuesta. En líneas generales, hay un problema de organización de la red, ya que no todos los autobuses van donde tienen que ir. Hay un problema de fiabilidad: horarios que no se cumplen, falta frecuencia en algunas líneas y franjas horarias. Algunos de estos problemas son subsanables con poca inversión.

P. ¿Cree que es peor que en otras ciudades?

R. Sin duda. Algunos aspectos son mejorables y en otras zonas están resueltos. Por ejemplo la información al usuario. Los mapas están en revisión desde hace casi dos años. Pero hay otros. Proponemos otra tarificación: los jubilados tienen gratis el acceso al autobús. Creemos que eso es ampliable a otros segmentos de la sociedad que tienen problemas económicos. Son cosas que en otras ciudades existen. Proponemos un abono mensual e incluso anual.

P. ¿Influye en la calidad que algo tan esencial como el transporte público de autobús esté en manos privadas?

R. Hoy por hoy la pelota está más en el tejado del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalitat, que son los titulares de los dos servicios del transporte por autobús del área metropolitana de Alicante. Pensamos que la gestión directa de los servicios públicos tiene un plus de calidad. En Valencia, la EMT es municipal y el funcionamiento es mejor. ¿Es achacable al tipo de explotación? Creemos que no, que hay mucha responsabilidad de la administración.

P. Deme tres propuestas para mejorar el autobús público

R. Una entidad metropolitana que represente a todos los municipios, una planificación seria y recursos bien gestionados.

P. ¿Qué ha aportado el tranvía a la movilidad?

R. Para zonas muy concretas como la costa de El Campello es una oferta extraordinaria, pero su implantación, en general, es precaria. La línea 1, que es la única que funciona, está dando grandes problemas de frecuencia, y la línea 2 es un proyecto.

P. ¿Puede servir para descongestionar el tráfico?

R. Sí, apostamos por el tranvía como concepto. Lo que cuestionamos es cómo se está implantando. Pero el tranvía nos parece una herramienta muy potente para animar a los ciudadanos a que dejen el coche en casa.

P. ¿Por qué se sigue prefiriendo el coche?

R. La sociedad presiona para que consumas coche. Pero en Alicante, el problema es que la oferta alternativa no es mejor que el coche en muchas ocasiones, y el usuario usa la menos mala de las alternativas

P. Se ve poco a la gente en bicicleta por Alicante.

R. La ciudad no es ideal para usar la bicicleta, más que nada por la presencia abusiva del automóvil a gran velocidad. Pero cuando decides probar te das cuenta de que tiene más ventajas que inconvenientes.

P. ¿Cómo califica la gestión del PP en materia de transporte público y movilidad?

R. En Alicante, el transporte público es casi decorativo.






* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 27/04/2008
Foto: Alicante - Alicante Confidencial

Madrid: Sigue el traspaso de bienes municipales a la iglesia

DIAGONAL* : El ya muy favorable acuerdo suscrito entre el arzobispado y el Ayuntamiento en tiempos de Álvarez del Manzano está siendo mejorado por la actual administración municipal en detrimento de los equipamientos básicos en los barrios peor dotados. La cuestión viene de lejos y la acumulación escandaliza. A las 22 cesiones de Álvarez del Manzano, con sus casi 43.000 m2, se suman 16 más bajo la administración de Gallardón con otros 21.000 m2 más.

El movimiento vecinal no ha cesado en sus protestas en los más de diez años que lleva viendo cómo los espacios municipales que debían destinarse a fines sociales pasan a manos del arzobispado para usos no determinados ni controlados. Y también, en este contexto, el grupo municipal de Izquierda Unida- Madrid ha pedido que destine estas parcelas, valoradas en 120 millones de euros, según el grupo municipal a “fines sociales y no a negocios como colegios privados”.

Vecinos de Butarque en lucha

“D.E.A. APR 17.10, Butarque, Villaverde”. Éste es el nombre oficial de la parcela de la discordia para los vecinos del barrio de Butarque en el distrito de Villaverde. La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB) está intentando convencer al Ayuntamiento para que archive el expediente de cesión de este espacio con el irrefutable argumento que dice que el lugar que ocupa un cuerpo no lo puede ocupar otro. Y es que el barrio realmente tiene un déficit importante de cuerpos sociales y culturales, mientras, a tan sólo 500 metros de la parcela de la discordia ya existe una parroquia en funcionamiento.

Las normas del propio plan de ordenación urbana de Madrid definen en un mismo grupo de usos del suelo los solares que se deben destinar a equipamientos culturales sanitarios y de bienestar social y los que son para uso religioso. De esta forma, las cesiones de terrenos clasificados en este grupo van mermando el saldo de espacios municipales para los otros usos del mismo grupo, en la actualidad y en el futuro. Cada día se nos trasmite que el suelo público es un bien escaso. AVIB alega para ilustrar el problema los equipamientos del barrio: dos colegios de primaria, un centro de educación para adultos, un centro de mayores y un centro de día. Y resalta el contraste que se produce con las 13 parroquias con las que cuenta el distrito municipal de Villaverde, en la zona sur de Madrid, donde se encuentra el barrio de Butarque.

Para dimensionar el problema hay que considerar que según los últimos datos disponibles la población del barrio ronda las 15.000 personas, pero esperan la próxima incorporación de 10.000 nuevos vecinos que llegarán con los nuevos desarrollos de la zona, que además harán disminuir por comparación el suelo destinado a equipamientos básicos, agravando la actual situación. Señalan, además, que se está presuponiendo una determinada confesión, tanto en los términos actuales como del futuro incremento de población de alrededor del 70%.

El ofrecimiento de esta parcela por parte del Ayuntamiento deriva del rechazo arzobispal a una oferta anterior que consideraron poco adecuada. La actual, más céntrica dentro del distrito, supera los términos pactados en el acuerdo de 1997, en el que la iglesia cifraba las necesidades para construir sus parroquias en 1.500 m2 de suelo edificable. La parcela objeto de la discordia cuenta con 2.650 m2 edificables, lo que generará una plusvalía de más de 700.000 euros a favor del patrimonio del arzobispado, según las alegaciones de los vecinos.






* Periódico Diagonal - Aída Álvarez Blanco, Madrid - 17 abr - 30 abr 2008
Foto: Las manifestaciones que reclaman más equipamientos sociales, sobre todo centros de salud, han sido constantes en los últimos años / Juan Carlos Rojas, diagonalperiodico.net

"Lo humillante para Murcia es la corrupción generalizada"

CHEMA GIL* : Nunca los Murcianos hemos sido vistos por el resto de ciudadanos tan mal como en los últimos años. Cuando hablas con periodistas de otros puntos de España sobre la corrupción en la Región de Murcia tienes que escuchar frases duras, contra las que no tienes respuestas contundentes. Recientemente estuvo por la Región un periodista de Le Monde, Francoise Benoît, estuvimos hablando sobre las investigaciones realizadas entorno a varios asuntos, unos que ya han salido a la luz y otros que están pendientes de aparecer. Cuando comprobó documentalmente algunos asuntos, quedó estupefacto.

Días atrás vino una periodista del Internacional Herald Tribune/ New York Times…yo alucinaba bastante con el hecho de que la historia de un periodista de Murcia pudiera interesar a un medio de comunicación como éste. Venía la 'enviada especial' desde Italia y, cuando comprobó determinadas reacciones de nuestra Región, frente a supuestos casos de corrupción, dijo que nuestra tierra tenía componentes propios de Sicilia. Periodistas amenazados, políticos criminalizando la acción de la Justicia, misas y rezos pidiendo por personas detenidas. La periodista no podía entender que eso pasara en una España que en el mundo suena como un país moderno.

Eso sí es humillante. Valcárcel sigue paseando con el Audi 8 de la Comunidad por España, detrás y delante de Mariano Rajoy…ya veremos qué pasa dentro de un cierto tiempo, ya veremos.

Es humillante que un partido que gobierna mantenga en sus cargos públicos a personas que están siendo investigadas por la Justicia y contra las que se han adoptado medidas extraordinarias como el ingreso en prisión.

Alcaldes detenidos, diputados en libertad bajo fianza, decenas de cargos públicos imputados y el PP de Ramón Luis Valcárcel como si oyera llover; y el PSOE de Saura, a verlas venir. La excusa que la mediocre ejecutiva socialista utiliza para callar, cuando debiera hablar, es que si hablan pierden votos. Te lo dicen así y se quedan tan frescos.

Juan Carlos Ruiz, que a juicio de Valcárcel podría ser un perfecto candidato a la Presidencia de la Comunidad (¡que Dios nos pille confesados!), ha dicho que 'lo del minitrasvase de Barcelona es humillante para los murcianos', de la corrupción no habla…bueno sólo lo hace cuando el tema, supuestamente afecta a otros, los suyos no, los suyos mean colonia.

Vamos a ver, lo que es humillante para los murcianos son los casos de corrupción y determinados silencios vergonzosos; lo humillante para esta Región es comprobar -tal como va a pasar- que el modelo de desarrollo implantado en esta Región por el PP, con un desarrollo salvaje, con una falta absoluta de planificación de servicios, nos ha llevado a que los próximos meses veamos como va todo a la ruina, pero es igual, ya sabemos lo que dirá Valcárcel, la culpa es de Zapatero. Todo lo que se hace mal es por culpa de otros; eso denota una falta de honestidad política que en otros sitios hubiera llevado a la gente a la calle.

Lo humillante para esta Región es comprobar lo que dicen determinados consejeros, con la boca chica, del propio presidente y del propio gobierno regional. Lo humillante de esta Región es tener una oposición, la del PSOE, tan pobre, tan falta de ideas, tan falta de discurso. Lo humillante para esta Región es tener ayuntamientos como Totana, sometidos a investigación por casos de corrupción, y en los que la deuda municipal es asfixiante, con decenas de convenios bajo sospecha judicial y, pese a todo, se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, presidiendo el Pleno un alcalde que acaba de salir de prisión bajo fianza, y encima haya ciudadanos aplaudiendo a los responsables de la gestión municipal.

La imagen que esta Región da al mundo es una verdadera mierda, por culpa de unos cuantos políticos, empresarios conniventes y funcionarios despreciables. Nos miran escandalizados y con razón.

Encima, donde pueden, van y sueltan que la culpa es de los periodistas que informamos…es decir, no es malo que haya un cáncer, para ellos, lo malo es que se sepa que hay un cáncer…en definitiva, matar al mensajero. Pero no se vayan a creer, de esa misma manera piensan algunos directores de medios de comunicación, pasteleando con los cuartos, antes que pelear por los intereses reales de esta Región.

Que se ganen muchos votos no es excusa, la Historia está llena de vomitivas victorias electorales que han destrozado la historia de los pueblos. De ahí que la actitud del líder de IU en Murcia, José Antonio Pujante, "seguiremos denunciando la corrupción aunque nos cueste votos", me parece un soplo de aire fresco y un compromiso moral y ético imprescindible.

¿Murcia humillada por el minitrasvase del Ebro?, venga Valcárcel, no me joda usted, humillada por el minitrasvase del Ebro, manda huevos.

Coda: En fin, uno, que pensaba retirarse pronto a los cuarteles de invierno, al final, tiene que decidirse por seguir en la brecha. ¡Más madera!, hace falta que los murcianos sepan más cosicas de las que se mueven entre las bambalinas del poder, nombres, intereses, empresas...hace falta una catarsis y ésta vendrá de la información, de nuevos asuntos, hasta que los ciudadanos sientan vergüenza ajena y cuando vean a los responsables de ciertos asuntos por la calle les escupan a la cara. ¿Es eso lo que hace falta?, pues hay que hacerlo, hasta el final, con todas las consecuencias, caiga quien caiga, desde la Política hasta la Justicia, caiga quien caiga.





* Vegamedia Press - Chema Gil - 22/04/2008

Ourense: Un detalle aparentemente marginal fue suficiente para anular el PXOM

LAVOZDEGALICIA* : El recurso que ha dado lugar a la sentencia que anula el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM), que ha provocado una muy considerable tormenta en los ámbitos político, administrativo y empresarial, invocaba y presentaba un gran número de irregularidades sobre las que el tribunal no llegó siquiera a entrar, al considerar suficiente el vicio no subsanable detectado en el procedimiento de exposición al público.

La iniciativa del particular que ha conseguir echar abajo el PXOM, al margen de que la resolución no sea firme en tanto el Tribunal Supremo no diga la última palabra, incluía decenas de planos y detallados análisis de distintas intervenciones urbanísticas, en las que se reflejaban las diferencias entre el anterior plan general del año 1986, la propuesta sometida a aprobación inicial en el año 2002 y el resultado final aprobado en última instancia por la Consellería de Política Territorial en abril del 2003.

Este recurso y su contenido, fruto de un detallado, meticuloso y concienzudo trabajo, era, como la realidad se ha empeñado en demostrar, el que más preocupación causaba en medios empresariales vinculados al sector de la construcción y también en la órbita del PP, la formación que aprobó el plan en solitario. Era, según la coincidente interpretación de distintas fuentes consultadas por este periódico, el recurso que más inquietaba. De hecho, en distintos momentos y por diferentes vías, hubo desde medios empresariales y populares maniobras de aproximación al recurrente, con el fin de intentar un acuerdo con él para que retirase su contencioso. Evidentemente, no prosperaron los contactos.

El recurso de este particular contra la totalidad del PXOM hacía referencia solo de pasada a la situación de la ficha urbanística número 22.12, que, como dice la sentencia, corresponde al inmueble de la rúa Curros Enríquez, 1, la Torre de Ourense, donde el recurrente tiene intereses personales. Siendo un apunte menor, de acuerdo con el sentir de quienes conocían el recurso, ha sido el único al que hace referencia la sala de lo contencioso en su sentencia, sin entrar en el resto de actuaciones donde se apuntaban las diferencias más llamativas entre planos, que son, según fuentes conocedoras del caso, las que registran los cambios en los uso del suelo más aparatosos y espectaculares.

Al haberse quedado la sala en la constatación de las diferencias en los planes, ya no ha entrado en el fondo del asunto, que es lo que también pretendía el recurrente. «La discrepancia entre los planes expuestos y los que figuran en el expediente como aprobados inicialmente lo que significa es que lo que se aprobó inicialmente no fue sometido a información pública, y este es un vicio que no puede subsanar la falta de reclamaciones o que determinados propietarios resultasen beneficiados por mayores posibilidades de edificación, pues la información atiende a intereses generales, no a los particulares de unos propietarios», como recoge la sentencia del Tribunal Superior de Galicia.

La actuación del particular que ha ganado este recurso y ha conseguido la anulación del PXOM no se había quedado en la documentación notarial de la ausencia de testimonios, sellos o firmas, en los documentos y planos que se exhibieron en la fase de exposición al público del plan. También solicitó formalmente (y obtuvo) copia de esos planos y más tarde, dos días antes de que en marzo del 2003 se celebrase el pleno municipal en el que se aprobó el PXOM, alertó por escrito sobre las supuestas irregularidades y sobre la posibilidad de consecuencias penales si se daba luz verde al plan. Su advertencia cayó en saco roto.






* La Voz de Galicia - Pepe Seoane - 26/4/2008
Foto: Ourense - PILI PROL, lavozdegalicia.es



NOTICIA RELACIONADA: El desenlace del conflicto se enrarece con la posibilidad de que lleguen a reclamarse responsabilidades penales - La Voz de Galicia - 26/4/2008