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En el fallo judicial también se recoge que los acusados «eran conocedores» de que existían dos informes, uno emitido por el aparejador municipal y otro por la secretaria, en los que se desaconsejaba el otorgamiento del permiso. Además, también sabían que la licencia previa de 1984 había caducado. De hecho, en el texto se recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma la declaró nula y ordenó la demolición de la construcción.
Los magistrados sostienen así que los concejales dieron la licencia «contraviniendo» los informes técnicos y jurídicos, en una «ilegalidad manifiesta y evidente». Además, consideran que los acusados no se pueden escudar en el desconocimiento o la ignorancia pese a que durante el juicio se defendieron de esta forma.
Otro punto abordado es que lo que se aprobó como una ampliación de la licencia de 1984 era enrealidad una nueva, «siendo un auténtico fraude». «Los acusados sabían que otorgarla era manifiesta y clamorosamente injusto, arbitrario, ilegal y antijurídico, amén de nulo de pleno derecho», dice la Sala, que añade que «cualquiera» puede apreciar que estaba fuera de la legalidad y más los concejales, siendo vecinos del municipio y responsables de la gestión pública.
Pese a todo ello, no se presentó una denuncia penal hasta mucho después, por lo que el delito ha prescrito. En este sentido, rechazan que se haya producido un delito continuado, como mantenía el fiscal, que consideraba que era prevaricación por omisión la pasividad de los acusados ante las denuncias del GEN y los requerimientos del Consell.
* Última Hora Digital - 2 de agosto de 2007
Foto: Sant Josep (Ibiza), edificio de Es Puig d'en Serra /libertadbalear.com