Una docena de pueblos de Granada llega a las elecciones con líos de urbanismo

ÁngelesHUERTAS.- 20minutos*: "Hoteles en zonas protegidas, viviendas sin permisos, supuestos pagos de promotores a concejales... Las elecciones municipales llegan a Granada en plena batalla urbanística con casi todos los partidos políticos salpicados de denuncias. Y es que el ladrillo, además de dar dinero, sirve de arma arrojadiza en la campaña electoral y hace trabajar a la Fiscalía. Los ayuntamientos de Almuñécar, Ogíjares, Armilla, Alhendín, Monachil, Íllora, Atarfe, Freila, Beas de Granada, Otura, Castell de Ferro y Peligros están siendo investigados o han sido condenados en las últimas semanas por diversos motivos urbanísticos.


El centro comercial Nevada de Armilla fue de los primeros casos que salieron a la luz y que ha hecho que su alcalde no se presente a la reelección. Ogíjares es otra de las localidades en el punto de mira por las supuestas irregularidades en la construcción de un pabellón y una piscina municipal, que hicieron dimitir al concejal de Urbanismo José Luis del Ojo. En Alhendín las obras de un polígono también han terminado con la carrera política de varios de los miembros de este Ayuntamiento, y en Almuñécar, su PGOU es uno de los más conflictivos.

Presuntas irregularidades

La Fiscalía investiga la venta de cuatro solares municipales a la secretaría del alcalde de Íllora; Atarfe ha llegado ante el fiscal por la adjudicación de un parque y la construcción de apartamentos en suelo de equipamientos, y el alcalde de Gualchos (Castell de Ferro) ha sido condenado a un año de cárcel por dar licencia de obras con la normativa en contra. El Consistorio de Beas de Granada también está en el juzgado por la presunta concesión ilegal de una licencia a la madre de una concejala.



*20minutos. 23.04.2007
Foto: "¡Salvemos la vega granadina!" / Indymedia.org

El derecho al paisaje en condiciones de igualdad

JORGE BENAVIDES SOLÍS*.- El País**: "El título de éste artículo ha sido transcripto del nuevo Estatuto de Andalucía. El paisaje ha existido siempre; sin embargo, recién durante la primera revolución industrial se le descubrió gracias al interés estético de los pintores, primero los románticos, luego ya inmersos en la vorágine urbana, los de las vanguardias. Los intelectuales del siglo XX comenzaron a preocuparse sobre el tema y finalmente, en la sociedad de las TIC se lo ha llevado al ámbito operativo y al de la especulación teórica. "Cualquier parte del territorio percibido es paisaje", dice la Convención Europea del año 2000, de lo cual podemos deducir que todos somos actores (lo modificamos) y espectadores (lo disfrutamos o lo sufrimos) pero ninguna persona con nombre y apellido es responsable de su depredación, de su destrucción o de su deterioro. Lo somos todos.


En Andalucía, cinco Consejerías comparten competencias sobre el paisaje pero ninguna de ellas tiene la responsabilidad plena, por lo cual, se ha creado el Centro de Estudios Paisaje y Territorio y, el pasado mes se presentó en un Encuentro multidisciplinar en el que participaron varios directores generales de la administración autonómica y el director general del Paisaje de Cataluña. Es la manera andaluza de dar continuidad a los convenios y convenciones internacionales que ojala tenga éxito en sus propósitos. Ha empezado con una interesante exposición que podemos disfrutar en el Convento de Santa Inés, hecha bajo la responsabilidad intelectual del pintor Lacomba.

El paisaje es el resultado de la relación de la sociedad con su entorno. Como tal, es un producto cultural frágil, un resultado dinámico en permanente cambio vinculado antes que al orden, se quiera o no, a la naturaleza y a la estética. Precisamente por ello quizá sea más adecuado identificarlo como un proceso abierto, inacabado, en el que intervienen factores cuantitativos previsibles (por ejemplo, las formas de ocupación del territorio) y otros imprevisibles (los factores climáticos, humanos, financieros y hasta políticos). En él, todos estamos implicados.

Pero, ¿el arquitecto es consciente, tanto como el ingeniero de Caminos, de que, en el fondo, diseña paisaje? ¿Existe una metodología adecuada para ello? El campesino de toda la vida, tanto como el dueño de una empresa agroindustrial, ¿sabe que está modificando el paisaje constantemente? ¿Existen normas para hacerlo de manera adecuada? ¿Conocen las empresas de telefonía y de electricidad que sus torres afectan negativamente al paisaje? ¿Incumplen alguna normativa? ¿Con qué criterio están cubriendo miles de hectáreas de suelo las empresas de energía solar? ¿Bajo qué consideraciones levantan las enormes aspas los técnicos de las empresas de energía eólica? Y a todo esto, ¿qué dice la Dirección General de Energía? ¿A qué normativa puede acudir la Consejería de Cultura, de Medio Ambiente, de Agricultura o de Obras Públicas para impedir que las palas mecánicas destruyan, como lo están haciendo en este momento, uno de los más bellos paisajes que podemos (¿podíamos?) disfrutar desde los Jardines de Forestier en Castilleja de Guzmán, declarados Bien de Interés Cultural? ¿Es posible impedir que las canteras continúen desgarrando sin misericordia las montañas; que las empresas inmobiliarias sigan suplantando impunemente la topografía natural con relieves de ladrillo y cemento o que corten sin importarles nada las montañas como si fueran queso?

El paisaje es un tema interesantísimo; incluso lo ha sido hasta para los filósofos, no se diga para un artista o un intelectual con un mínimo de sensibilidad; pero, como problema, ante todo, exige acción, iniciativas que partan de la realidad concreta antes que académica, que sean más proclives a controlar la calidad de la práctica profesional, a estimularla y ayudarla.

Cataluña tiene una Ley. Según el director del Paisaje, los resultados son positivos. Seguramente es así porque incluso respondió satisfactoriamente sobre asuntos de plena y espinosa actualidad. Los países de nuestro entorno europeo desde hace más de cuarenta años tienen una normativa específica del paisaje. Han postergado las grandes definiciones, las elucubraciones teóricas, las campañas de sensibilización y, con interés pedagógico, lo primero que han hecho es: identificar los componentes del paisaje, adoptar una clasificación operativa, hacer un inventario de paisajes y visualizar los ámbitos de actuación prioritaria. En nuestro caso podrían ser: franjas de borde urbano, franja litoral, construcción de grandes infraestructuras, superficies para placas solares y torres eólicas, urbanizaciones masivas, implantación de edificaciones singulares, recuperación de cañadas, veredas y caminos rurales. Los europeos, sobre todo, han establecido la coordinación obligatoria de las administraciones para evitar la acumulación indiscriminada de basura estética sobre el territorio. Desde 1966, Suiza se ha convertido en un referente cuya experiencia debe tomarse en cuenta.

Sin una normativa específica, ¿hasta donde podrá llegar el nuevo Centro Andaluz del Paisaje? ¿El voluntarismo de las consejerías sobre este tema será suficiente? ¿Qué dirán los políticos en su inminente campaña electoral sobre el "derecho al paisaje en condiciones de igualdad"?



*Jorge Benavides Solís es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.




**ELPAIS.com - 23/04/2007

Calp desoye al TSJ y modifica el proyecto de un polígono industrial

NeusGÓMEZ.- El País* : "El Ayuntamiento de Calp, gobernado por Javier Morató, del PP, ha sacado a exposición pública un nuevo proyecto de urbanización del polígono industrial Pou Roig, paralizado desde hace 10 años. Y lo ha hecho desoyendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del año 2002 contra el Consistorio en la que el alto tribunal indica que el proyecto que debe ejecutarse es otro distinto del que ahora se presenta. El promotor del polígono es el mismo empresario, amigo del alcalde, que promueve un hotel a seis metros del mar, ilegal según el Ministerio de Medio Ambiente.

El nuevo proyecto, que no ha pasado el trámite de concurso público, "corrige sin aportar ninguna justificación el trazado inicial al que obligó la sentencia del TSJ", según indican técnicos del Ayuntamiento de Calp. En concreto, han señalado que "hay viales desplazados del original, así como diversas consideraciones que no se contemplaban en el anterior y que han sido dictadas desde la concejalía de Urbanismo".

Estos viales podrían estar modificados por la homologación del Plan General de 1998, por lo que sería necesario cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, y requeriría ser aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo, pasos que los técnicos del Ayuntamiento reconocen que no se ha efectuado.

Los técnicos, que esperan poder revisar minuciosamente el proyecto una vez pase el trámite de exposición pública para poder presentar alegaciones en su informe, temen que "exista una barrera visual que rodee el polígono y que impida ver el Peñón de Ifach", una de las causas por las que el TSJ desestimó la propuesta del alcalde en 2002.

La empresa encargada de promover el polígono industrial es Ifach Mar SL y Cala Ifach, ambas propiedad de Manuel Ferrando, amigo del alcalde y responsable también de las obras del polémico hotel de La Fossa que se está construyendo a seis metros del mar con ciertas irregularidades en el expediente, ya que tiene caducada la autorización de la Consejería de Infraestructuras y Transportes, y cuenta con el informe desfavorable del Ministerio de Medio Ambiente. Además está en clara contradicción con las propias normas urbanísticas del Plan General municipal, que impiden la concesión de una licencia de obra para hotel sin haber obtenido previamente la licencia de actividad.

El alcalde de Calp, Javier Morató, aprobó el pasado diciembre la licencia de obras a Ferrando para que iniciara la construcción de este polémico hotel, pese a que la autorización de la Dirección General de Puertos y Costas había caducado siete meses antes, en el mes de mayo, y contando con el informe preceptivo y de carácter vinculante, del Ministerio de Medio Ambiente alertando de que se estaba utilizando el dominio público marítimo terrestre y desaconsejando, por ello, las obras.

La polémica del polígono arranca hace diez años con la adjudicación del proyecto a una empresa escogida por el alcalde, recién constituida y que sólo disponía de 3.000 euros de capital social. Tras conocerse esta noticia, los propietarios del suelo en el que iba a ubicarse el polígono recurrieron en el juzgado la decisión municipal amparándose en la extinta LRAU, ley que regulaba el uso del suelo. Los propietarios presentaron un nuevo proyecto que, finalmente, el TSJ validó. Los propietarios denunciaban que el alcalde "había adjudicado a una empresa fantasma el proyecto sin acreditar solvencia técnica ni financiera".

Fue en ese momento cuando inesperadamente, Manuel Ferrando resolvió la situación al comprar los derechos de adjudicación de las obras a la empresa apoyada por el alcalde, y pagó a los propietarios que interpusieron la demanda contra el Ayuntamiento por quedarse con el proyecto del polígono y con la mitad del suelo en el que está previsto que se ubique esta instalación industrial. Sin embargo, no ejecutaron las obras hasta ahora, cuando el alcalde y Ferrando vuelven a retomar el impulso del polígono sin respetar la sentencia dictada por el TSJ de mantener el proyecto presentado por los viejos propietarios del suelo.

El PSPV de Calp lleva años denunciando "las maniobras dilatorias y de distracción del alcalde para no ejecutar el polígono industrial". La oposición exige al equipo de gobierno que "exima del pago de los gastos generados por los diversos procesos judiciales" a los propietarios del restante 50% de suelo industrial, que han tenido que recurrir a los tribunales "por una decisión errónea del alcalde a la hora de adjudicar las obras".

Este periódico intentó sin éxito ampliar la información en el Ayuntamiento de Calp.




*ELPAIS.com - Calp - 23/04/2007
Foto: Calpe/gospain

Moratoria tramposa

VicenteTORRES*.- Levante-EMV**: "En los últimos meses, la Conselleria de Territorio parece haber congelado la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos en el País Valenciano. Una especie de moratoria de facto que seguramente tiene mucho que ver con la creciente alarma social despertada por la masiva presentación de tales proyectos, y que podía pasar factura electoral. Hay evidencias, sin embargo, de que esta congelación no es sino temporal, que las instrucciones dadas por ciertos alcaldes a los arquitectos es seguir trabajando en los proyectos, que «después de las elecciones todo se aprobará». Una moratoria tramposa, por tanto, que pretendería disminuir el desgaste del Consell y desmovilizar a la opinión pública. Algunos proyectos, sin embargo, no pueden esperar y se asume el riesgo político de aprobarlos a última hora, como los de Manises, Catarroja, o el brutal proyecto de destrucción de la huerta de Vera, en Alboraia, blindado con una disparatada cláusula de penalización.

Mientras tanto, sin duda para imponer este y otros hechos consumados, el Plan Territorial de l´Horta, que mantenía la especial protección de dicha zona, y cuya rápida aprobación había sido comprometida por la Generalitat, está retenido en algún cajón de la conselleria. En esto queda el cambio prometido por el nuevo conseller de Territori, cuando relevó a Blasco, y su famoso «urbanismo sandía», verde por fuera y rojo por dentro: cuando se trata de «sacar tajada», la corteza se descarta, y los amigos disfrutan del jugoso interior color ladrillo.

La aplicación en la última década de la LRAU ha dado cobertura a un proceso urbanizador sin precedentes (un ritmo más del doble de la media española), que ha convertido la construcción en el principal sector económico de esta Comunitat, a costa de agudizar la crisis de la agricultura y de la industria tradicional. Esta ley y sus efectos fueron criticados por la vulneración de los derechos de propietarios, forzados a ceder sus terrenos o afrontar desproporcionados costes de urbanización. Su queja ante el Parlamento Europeo, así como las evidencias de vulneración de los principios de transparencia y competencia, ha motivado repetidas visitas de la Comisión de Peticiones, que ha expresado duras críticas a la gestión del urbanismo valenciano.

La nueva ley, la LUV, pretendía establecer mayores garantías en ambos aspectos. No ha resuelto, sin embargo, los problemas mencionados, pero ha reforzado a las grandes promotoras, al restringir las condiciones para proponer PAI (posiblemente la razón de las prisas en presentar proyectos por parte de pequeños promotores, vísperas de la entrada en vigencia de la LUV).

En todo caso, la ley dejaba intactos los otros problemas que trajo la LRAU, como la liquidación de una ordenación del territorio racional, dirigida de manera democrática y transparente desde las instituciones políticas, para el interés común.

Desde el momento en que la recalificación de terrenos es discrecional (todo el suelo puede ser urbanizable, siembre que lo apruebe un ayuntamiento y dé el visto bueno la Generalitat), el principal negocio no es la construcción sino el pelotazo: la compra de terrenos no urbanizables, si se tiene la seguridad de que van a poder recalificarse. La corrupción no puede ser sino un efecto colateral de esta forma tan opaca de actuar. Y las consecuencias globales son brutales: en la actualidad, según evidencia un estudio que hemos realizado para Compromís pel Territori, los PAI en tramitación en 150 municipios valencianos suman proyectos que pretenden recalificar unos 400 millones de metros cuadrados, para construir unas 750.000 viviendas y 95 campos de golf, lo cual podría suponer un incremento de población de dos millones y medio de habitantes, el 40% de la población valenciana actual.

Al destrozo irreversible del territorio y del paisaje (los principales atractivos turísticos del pasado: ¿quien vendrá aquí en el futuro a contemplar el mar de hormigón?) se suma el previsible colapso de infraestructuras y servicios ya saturados: carreteras, sanidad, educación, sin contar con la penuria de recursos tan limitados como el agua... costes indirectos de la urbanización que los promotores no asumen, y que habremos de pagar entre todos.

Más de 150 colectivos ciudadanos, así como asociaciones ecologistas y culturales coordinados en Compromís pel Territori, se oponen a la multitud de planes urbanísticos, así como a proyectos diversos (incineradoras, centrales, parques eólicos...) que consideran perjudiciales para el medio ambiente, la integridad territorial, el futuro de la economía valenciana, y la calidad de vida de los ciudadanos.

Han realizado manifestaciones reclamando cambios en las prioridades sociales y en las políticas públicas (como la manifestación simultánea de ayer, 21 de abril, en las tres capitales valencianas), además de presentar al debate social el documento titulado: Bases para una nueva política territorial. Dicho documento incluye la propuesta de una moratoria urbanística, bien diferente de esta moratoria trampa del conseller González Pons. Se pide en ella la paralización cautelar de los proyectos que desbordan el planeamiento vigente, que no cuentan con recursos naturales (agua) e infraestructuras adecuadas, que multiplican exageradamente la población, o afectan a espacios naturales o valiosos. Se trata de parar un poco para pensar y ordenar: garantía de futuro también para un sector, como la construcción, que ha de llegar tarde o temprano a un techo, y que más vale redimensionar a tiempo, para prevenir el estallido de la burbuja urbanística y la crisis brutal de un sector sobredimensionado, convertido en un verdadero monocultivo valenciano, y que dejaría tras de sí un desierto económico y una crisis sin alternativas. Los partidos políticos, ganen o pierdan las próximas elecciones, tendrían que tomar buena nota de estas peticiones.



[www.terracritica.org]

*Doctor en economía.


**Levante-EMV - 22 de abril de 2007