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Sanxenxo.- El juzgado permite al concejal F.Villaverde legalizar su vivienda de Areas

2012-01-29T10:25:00.000+01:00

LAVOZ/Pontevedra* : El concejal de Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), Francisco Villaverde, dispone hasta el próximo 20 de abril para acometer en su vivienda de Areas las obras necesarias para adecuarla a la licencia otorgada en el 2004. Así al menos lo estipula el juzgado de lo Contencioso Administrativo, que ha tenido en cuenta los argumentos presentados por el arquitecto municipal y ha optado por permitir la legalización del inmueble.
Fue la asociación Salvemos Pontevedra la que llevó el caso a los tribunales en el año 2006. Según explican en el Concello, el entonces concejal de Urbanismo contravino la licencia de obras que tenía al añadir un sótano para garaje y modificar la distribución interior autorizada. Ahora, el juzgado admite que el edil regularice la situación acometiendo una serie de obras.

Para que la vivienda sea legal, Villaverde deberá eliminar la conexión interior con la planta del sótano, mediante la cubrición y sellado del hueco de la escalera ejecutando una losa de hormigón de quince centímetros de espesor. A su vez, deberá suprimir la rampa exterior de acceso al nivel bajo mediante el aterrado de la pendiente existente y compactación de la misma. Por último, deberá retirar los elementos móviles en el nivel bajo rasante y anular las instalaciones eléctricas y de fontanería del sótano.
El auto de la jueza también establece que será el Concello de Sanxenxo el que deba responder de la ejecución de todos estos trabajos. En caso de no contemplarse su realización en el plazo establecido se le impondrá «al alcalde una primera multa de 1.500 euros, reiterable mensualmente en idéntica o superior cuantía», explica. Y serán los técnicos municipales los que deban valorar si los trabajos de redistribución interior de la vivienda se ajustan a la normativa urbanística. La resolución del juzgado es susceptible de recurso, que deberá presentarse en un plazo no superior a quince días.

* La Voz de Galicia - M. ALFONSO - 29.1.12
Foto: El juzgado obliga al edil a cerrar todos los accesos al sótano para poder legalizar su vivienda. RAMÓN LEIRO

Las cartas de ‘Sandokán’

2012-01-29T10:10:00.001+01:00

PÚBLICO/Córdoba* : Espoleado por su tremendo apoyo popular (se ha convertido en la segunda fuerza política de la ciudad de Córdoba) y a escasos dos meses de las elecciones al Parlamento andaluz, a las que aspira a presentarse, Rafael Gómez, el constructor y joyero metido a político, le ha escrito dos cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que les sugiere cómo "atajar" la crisis y el paro: volviendo al urbanismo salvaje. El constructor, apodado Sandokán, está siendo procesado por cohecho en el caso Malaya y es concejal de un Ayuntamiento al que le debe en sanciones urbanísticas más de 30 millones de euros.
Una de las misivas, colgadas en la web de la formación política de Sandokán (www.unioncordobesa.es), insta al Gobierno a aprobar una ley por la que los empresarios de la construcción, como el propio Gómez, se hagan con "los suelos" de "la banca" y que en esas parcelas se permita una densidad de viviendas muy superior a la que prevén los planes generales.

"Quiero decirle señor presidente que la única empresa que es capaz de crear empleo en este país se llama construcción", escribe Gómez, quien sugiere que levantaría viviendas de un dormitorio a 45.000 euros, de dos dormitorios a 55.000 y de tres dormitorios a 75.000, como si se tratara de un anuncio de una inmobiliaria. Eso sí, según su carta "serían viviendas sociales".

Sandokán, en su carta, asegura que si los bancos sueltan todo el suelo que tienen embargado y se impulsa la construcción se podrían llegar a crear entre 1,5 y 2,5 millones de empleos en los próximos cuatro años. "En estos momentos, los españoles no estamos preparados para competir con ningún país del mundo" por lo que "no podemos dedicarnos a otra cosa que no sea la construcción", concluye el concejal cordobés, que además niega la existencia de la burbuja inmobiliaria y culpa de la crisis a los "especuladores" de la banca, y no a los constructores, "que nos hemos dedicado a crear empleo y bienestar para los españoles".

En la misiva, el ahora político cordobés apela al sentimentalismo usando la misma estrategia que cuando declaró ante el Juzgado por el caso Malaya, que tuvo que interrumpir cuando rompió a llorar. Sandokán hace un recorrido por su vida de empresario hecho a sí mismo recordando sus orígenes como cabrero, pavero y emigrante a Francia que hizo fortuna a través de la joyería y la construcción.

Pero, en un discurso extremadamente populista, arremete contra China y sugiere a Rajoy que España imponga unos fuertes aranceles a las mercancías que procedan del país asiático. "Estamos invadidos por la invasión de la fabricación china hacia nuestro país", escribe. Pero Sandokán olvida su propio pasado. En 2005 comenzó a construir en Córdoba más de 40.000 metros cuadrados de naves industriales sin licencia ni permiso municipal que le acabaron costando la mayor sanción urbanística de Andalucía: una multa de 24,6 millones de euros que aún no ha pagado. En esas naves, el empresario quería montar un centro comercial de productos importados de China, principalmente. De hecho, el complejo aún está lleno del material que no ha podido vender.

Pero hay más cartas. En otra, dirigida al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), el mayor deudor del Ayuntamiento exige que se condone el pago de sanciones y multas urbanísticas en la ciudad. Sandokán habla al principio de que el importe de las sanciones se reduzcan un 90% para, párrafos más adelante, pedir que "les quiten las multas a todos aquellos ciudadanos que se han construido sus viviendas con su esfuerzo y no tienen dinero para pagarlas". Gómez obvia que se levantaron incumpliendo la ley. Y concluye: "Desde Unión Cordobesa le pedimos al Ayuntamiento que no ponga tantas multas y que mire más por cordobeses".

* Público - ALFONSO ALBA - CÓRDOBA 26/01/2012
Foto: Marbella, caso'Malaya', Sandokán entrando como imputado - diariode sevilla.es

Catral.- El Síndico de Agravios discrepa con el Consell sobre la ilegalidad de El Olivo

2012-01-29T10:01:00.000+01:00

LAVERDAD/Alicante* : El Síndico de Agravios ha aceptado las quejas del propietario del mercadillo irregular de El Olivo ubicado en la huerta de Catral. El órgano independiente del Consell quiere indagar sobre la paralización de la concesión de la licencia de apertura a un empresario , si bien la Conselleria de Comercio calificó que este tipo de actuación puede ser considerada como «falta grave» al abrirse unas instalaciones en terrenos no urbanizables.
Por una parte, el empresario al contar con un plazo de dos meses para obtener la licencia por parte del alcalde, Aurelio Albero, solicitó una consulta al Síndico de Agravios, que ha contestado a Amal Errrayhany. El órgano autonómico afirma que va a averiguar el porqué de esta decisión, es decir que el Síndico indagará la causa sobre la paralización de un proyecto que ya fue aprobado por el propio equipo de gobierno.

De otra parte, el PSOE puso una denuncia ante el Defensor del Pueblo y en diferentes áreas autonómicas, como la Conselleria de Comercio, reflejando la situación y acompañada de una denuncia con acta del Seprona.
El área del Consell en cambio respondió a la demanda de la edil María Asunción Salinas que en la Ley Urbanística Valenciana 16/2005 abrir este tipo de actividades en suelo no urbanizable «se contempla como infracción grave, por el incumplimiento de las normas relativas al uso del suelo». Aunque no establece de forma directa si este hecho es grave o muy grave, como apuntan desde el grupo municipal socialista.
En cualquier caso Errayhany puso en tela de juicio la actuación del equipo de Albero, ya que critica que «el Ayuntamiento ha incurrido en una arbitrariedad manifiesta con el alejamiento de los intereses generales a los que debe servir, sin tener en cuenta la función social de la propiedad». El afectado se queja de que en un primer lugar se haya aprobado el plan parcial especial y luego el mismo gobierno municipal se haya desdicho por un error de forma.
A pesar del aparente malestar del dueño, que roturó varios bancales para dar cabida a una gran explanada, hacia el alcalde, ambos comparten una buena relación puesto que el regidor dijo que estas instalaciones se podrían utilizar como recinto ferial y para albergar cualquier tipo de actuación de gran calado que en el casco urbano no se pudiera instalar.
Ahora el asunto queda en manos de la Conselleria de Urbanismo que deberá investigar si hay una falta grave, al tiempo que el Síndico investigará por su cuenta si el Ayuntamiento se ha equivocado en algún paso de la tramitación. Por otra parte, la oposición aprobó con su mayoría en el Pleno cerrar las instalaciones de forma inmediata hace dos meses, un acuerdo que no se ha cumplido.

* La Verdad - 27.01.12 - F. AMAT
Foto: Catral (Alicante), mercadillo ilegal - laverdad

Torres más altas

2012-01-29T09:52:00.000+01:00

ALBERTO VILLADIEGO* : El debate que se está desarrollando últimamente en Sevilla se ha polarizado a extremos de exacerbación. Dos posiciones totalmente enfrentadas entre, por un lado, quienes apoyan la construcción de la Torre Pelli, y aquellos otros que no aceptan la elevación de un rascacielos en zona tan delicada desde el punto de vista patrimonial.
Estos últimos se apoyan en los informes preliminares de la UNESCO, organismo técnico cultural de la ONU. Y frente a ello, hay un sector de opinión que primero no entiende cómo puede afectar la Torre a la zona patrimonial del triángulo Catedral-Alcázar-Archivo de Indias, dada su lejanía del centro. Para defender su posición, incluso llegan a minusvalorar la labor de la UNESCO, afirmando que jamás la capital perderá su alto valor turístico pese a que la degradaran con la suspensión de la calificación de Patrimonio de la Humanidad de su casco histórico.
Lo que cabe preguntarse es cómo hemos llegado a la desfachatez de inventarnos una supuesta invasión de órganos internacionales contraponiéndolo a una hipotética defensa de los valores de sevillanía. Parece que estamos reviviendo, al rebufo de las conmemoraciones de la Pepa de Cádiz, una invasión seudonapoleónica de la UNESCO sobre la auténtica sevillanía a la vez armada de navaja afilada y trabuco. Nos obligan a posicionarnos de un lado o del otro: o eres afrancesado (extranjero) o eres español (sevillano). No se trata de eso.

Ni tampoco se trata de vertebrar la discusión entre modernos y rancios. Los autodenominados modernos quieren que Sevilla arraigue definitivamente en el siglo XXI mediante un rascacielos. Y a la otra orilla, parecen querer desterrar a los melancólicos del adoquín y las calesas. De una burda manipulación de conceptos estamos hablando.

Se pretende alcanzar la modernidad a través de un rascacielos, cuando estas estructuras tienen ya dos siglos de antigüedad. Dicho lo cual tal vez se trate de que los defensores relacionen los rascacielos con su época de florecimiento en EE.UU, en los años veinte del siglo pasado, cuando los norteamericanos se convirtieron en el líder mundial de las finanzas. Este argumento se cae por su propio peso, porque supone pensar que es lo mismo contenido que continente. ¿Qué tendrá que ver una estructura edificada con la inventiva y riesgo de los empresarios neoyorquinos de Wall Street que trabajaban en su interior? Estos modernillos actúan a la manera de un cantautor novel que para alcanzar la genialidad utiliza el modelo de gafas redondas que llevaba John Lennon. Pues muy bien, volvamos a utilizar pajarita y a bailar el charlestón.
Ni siquiera ha de centrarse el debate en la patrimonialidad de Sevilla. Más bien, nos encontramos ante un supuesto de agresión a la ciudad entera. Me explico: del año 2000 es el Convenio Europeo del Paisaje, un instrumento con el cual se trabaja la conservación y desarrollo sostenible de los paisajes rurales y urbanos de nuestro entorno. En él se habla del cuidado del paisaje a que se obligan a los Estados firmantes, entre ellos España, por medio del vínculo espaciotemporal sensible creado entre las personas y sus territorios. Por ello, se esperaría del Gobierno de España una acción firme puesto que la Torre Cajasol es dañino al paisaje de Sevilla, basado tradicionalmente en la horizontalidad y remarcado ésta por el gran río. Este paisaje debe ser protegido en todo caso en sus aspectos significativos, y así lo exige el Convenio Europeo del Paisaje al reconocer textualmente que “el paisaje es un elemento importante de calidad de vida de las poblaciones”. La verticalidad excesiva es una aberración para el skyline no sólo capitalizado por la Giralda sino también para la línea ribereña de Triana. ¿O es que muchos que están vociferando permitirían un rascacielos en la calle Betis pese a estar alejado de la zona patrimonial histórica de la Catedral? Y no me olvido de señalar que el Convenio señala en su artículo 4 que cada Estado lo aplicará según el reparto de competencias territoriales existentes, es decir, la responsabilidad del caso Pelli-Cajasol se reparte entre Ayuntamiento, Estado y Junta de Andalucía. A cumplir la ley, en concreto la publicada en el BOE de 5 de febrero de 2008.
Me entristece especialmente que esto suceda en Sevilla porque aquí surgió el germen del paisajismo responsable, del urbanismo sostenible. Fue la conocida como Carta de Sevilla, la Carta del Paisaje Mediterráneo que proyectaron en 1992 las autoridades de la Junta de Andalucía, la Toscana y el Sur de Francia. Donde se recogían bellas palabras sobre el paisaje como “manifestación de la relación sensible de los individuos y sociedades con su territorio”. Esa sensibilidad que parece queremos destruir aquí en Sevilla, paradójicamente sede oficial de la Mesa Técnica de la Red Europea de Autoridades Locales y Regionales para el Desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP-ENELC).

* Giralda Info - Opinión - 29.1.12

Imputados el alcalde de Arroyo (Valladolid) y otras siete personas

2012-01-28T10:20:00.000+01:00

EUROPAPRESS* : El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid ha dictado auto por el que imputa al alcalde de Arroyo, el independiente José Manuel Méndez Freijo, y otras siete personas, entre ellas el portavoz del Grupo del PP en la Diputación Provincial, Jesús García Galván, por delitos contra la administración pública, el orden socieconómico y el urbanismo, así como, en el caso del munícipe, por otro de malversación de caudales públicos, todos ellos relacionados con el denominado 'Caso Arroyo'.
En su auto el juez instructor dirige la imputación contra el primer edil de Arroyo, José Manuel Méndez; el popular Jesús García Galván, quien en 2003 fue presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, así como contra el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar; el entonces concejal de Industria, Comercio, Obras y Servicios, Javier Cruz Sánchez, y el de Infraestructuras, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, junto con José Presas Zobra y Ramón López Casal, ambos representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, y la apoderada de dicha mercantil en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández.

En su relato de hechos, el juez sitúa como principales artífices de la "trama urdida" a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.

* Europa Press - 27.1.12
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), barrio Vega Mahía edificabilidad anulada TSJ - M.A.Santos, nortecastilla.es

Derrumbe en Brasil: seis muertos y 11 heridos

2012-01-28T09:59:00.001+01:00

DÍA A DÍA* : Tres edificios del centro de Río de Janeiro se derrumbaron durante la noche del miércoles. Equipos de socorro se encuentran trabajando en el lugar removiendo escombros, y confirmaron que ya son seis las víctimas fatales, mientras que hay 11 heridos y decenas de desaparecidos.
La zona del derrumbe está localizada detrás del Teatro Municipal carioca. El lugar quedó cubierto de polvo, y despide un fuerte olor a humo por los pequeños incendios generados en los otros edificios. Si bien en la lista primera de desaparecidos figuraban sólo 21 nombres, los familiares de los desaparecidos confirmaron que el número sería mucho mayor.
Eli Dias do Nascimento, empleada de una empresa que tenía oficina en uno de los edificios caídos informó a La Nación que: "sólo en mi piso sé que en ese momento habría unas 20 personas que todavía no fueron ubicadas. Es una tragedia”.

"Se dijo al principio que hubo gente que sintió mucho olor a gas y una explosión, pero por lo que estamos viendo, el derrumbe en el edificio Liberdade se produjo de arriba hacia abajo. Y la caída de ese edificio puede ser que haya llevado al derrumbe de los otros dos", indicó el encargado de Análisis y Prevención de Accidentes del Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura del estado de Río de Janeiro, Luiz Antonio Cosenza.

Ver también CAOS Y DUDAS SOBRE EL DERRUMBE

* Día a Día - 26.1.12
Foto: Río de Janeiro (Brasil), derrumbe edificios - diaadia

Las constructoras de la balsa de Aznalcóllar tampoco pagan por el vertido

2012-01-28T09:49:00.000+01:00

ELPAÍS/Sevilla* : La salida del laberinto judicial del desastre de Aznalcóllar se complica todavía más. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la filial española de Boliden, Boliden Apirsa, contra las constructoras (y sus aseguradoras) encargadas de la construcción y recrecimiento de la balsa, cuya rotura desencadenó en abril de 1998 el desastre del vertido tóxico de Aznalcóllar. Boliden era la propietaria de la presa, pero entendía que las empresas ACS, Intecsa-Inarsa y Geocisa, que se encargaron del proyecto para recrecer la balsa de residuos, eran las responsables de la rotura. La sueca Boliden reclamaba a estas empresas 115 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios. Además, pedía que se hicieran cargo de las cantidades exigidas por la Junta de Andalucía (89,9 millones) y el Gobierno central (43,7) por el daño medioambiental causado en la zona. Con lo que, en total, Boliden les reclamaba 248,6 millones de euros. El Juzgado de 1ªInstancia 9 de Madrid rechazó en noviembre de 2006 esta pretensión de Boliden al no apreciar responsabilidad alguna en las empresas constructoras. La Audiencia Provincial de Madrid, en septiembre de 2009, confirmó en segunda instancia esa sentencia. Y ahora es el Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el pasado 11 de enero, el que vuelve a rechazar el recurso de Boliden y le condena a pagar las costas.

Para defender sus tesis, los abogados de Boliden esgrimieron que en la vía penal sus empleados y directivos habían sido exculpados, con lo que se debe derivar una responsabilidad por “incumplimiento contractual” de las constructoras de la balsa. El Supremo rechaza esta argumentación al entender que no existe “un efecto vinculante” del auto de archivo de las diligencias previas en la vía penal con la decisión que luego tomó el juez de lo civil en 2006. Además, según el Alto Tribunal, “el auto de archivo de las diligencias previas (…) tampoco declara lo que la recurrente le atribuye, pues se remite un informe de los peritos para descartar, como idea fundamental del mismo, que toda actuación sobre la presa se atuvo a la práctica habitual o convencional”.

Esta vía cerrada ahora por el Supremo es un nuevo capítulo en esta catástrofe impune, por la que nadie ha pagado casi 14 años después. Nadie, excepto la Junta y el Gobierno, que se han gastado alrededor de 240 millones de dinero público en la restauración ambiental de la zona.

La primera vía que se abrió, y cerró sin culpables, fue la penal. Tras producirse el vertido, el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) abrió una investigación en la que estuvieron imputados 26 técnicos de Boliden, de la Junta, del Ministerio de Medio Ambiente y de las empresas constructoras. Pero el juzgado archivó el caso a finales de 2000 y cerró esa vía.

La Junta intentó entonces reclamar por la vía civil el coste de la retirada de los lodos y la restauración. Pero la justicia entendió que tampoco ese era el camino y en 2003 se indicó que la vía adecuada era la administrativa. Por eso, el Gobierno regional abrió en 2004 un expediente por el que se obligaba a Boliden y a su filial a pagar los 89,9 millones. La compañía llevó ese expediente a al Supremo, que a finales del año pasado, anuló esa decisión de la Junta al entender que la vía administrativa tampoco es el camino. La Junta ha planteado ahora ante el Supremo un “conflicto negativo de jurisdicción” para que le indique qué vía se tiene que seguir para obligar a Boliden a asumir el coste del daño medioambiental provocado por la rotura de la balsa.

Por su parte, el Gobierno central también ha intentado ejecutar la sanción de 43,7 millones que le impuso a la compañía, confirmada por el Supremo en 2005. Pero la multinacional declaró en quiebra a la filial de la que dependía la balsa, Boliden Apirsa, con lo que, hasta ahora, ha conseguido esquivar también esta sanciones.

* El País - MANUEL PLANELLES Sevilla 25 ENE 2012
Foto: Imagen de las minas de Aznalcóllar (Sevilla), que sufrió una rotura en 1998 / EL PAÍS

La okupación, ¿delito o derecho?

2012-01-28T09:38:00.001+01:00

MAITE ASENSIO* : La okupación suele tener como compañeras de viaje a las operaciones policiales y la criminalización, pero, según dicen los miembros del movimiento, su objetivo es materializar el derecho a la vivienda. La okupación suele estar en la encrucijada entre la defensa de la propiedad privada y la función social del uso de los espacios; entre el daño que infligen al sistema económico y las administraciones públicas y los beneficios que aportan a los vecinos de la zona. Pero ¿es delito limpiar, pintar, reutilizar y dar vitalidad a un edificio abandonado? ¿Puede ser delito si el objetivo de la acción es reivindicar y materializar el derecho a la vivienda?
«El delito, por definición, es una conducta que, a juicio de la sociedad, debe castigarse», responde el miembro de la Oficina de Okupación de Bilbao y abogado Iñaki Carro. Aporta un dato llamativo en torno a los casos de usurpación que ha examinado la Audiencia Provincial de Bizkaia: en casi 200 sentencias, dos tercios de los jueces se han pronunciado por el archivo o la absolución. Pone como ejemplo un caso de principios de 2009, cuando juzgaron a veinte jóvenes que habían ocupado una casa de la calle Ribera de Bilbao: «Todos reconocieron que habían vivido en la casa y algunos incluso lanzaron un discurso político contra la especulación. Ocurrió lo que esperábamos: la absolución.»
Así, ¿cuándo empieza y cuándo acaba el delito? «Normalmente, la clave es que el edificio esté abandonado», explica el abogado. Sin embargo, el concepto de abandono también puede ser subjetivo, incluso mensurado desde la perspectiva temporal: «El Código civil considera abandono tener el edificio sin utilizar durante un año; a mí me parece poco. Normalmente, se habla claramente de abandono a partir de diez años.» Pero, en opinión de Carro, los jueces consideran la dimensión cualitativa, esto es, «que el edificio no cumpla su función social».

En efecto, ése es el límite, a juicio del abogado, que tiene la propiedad privada. «La gente se equivoca si piensa que los propietarios tienen derecho a tener la casa vacía. No existen derechos absolutos: la función social de la propiedad debe respetarse, y dejar abandonada una vivienda es contrario a ella, es hacer mal uso de la propiedad.»

Según la Oficina de Okupación de Bilbao, sólo en la capital vizcaína hay 16.000 viviendas vacías. «Pero sólo sacan al mercado 200», explica el abogado; a consecuencia de ello, el precio de alquileres e hipotecas aumenta terriblemente. «Si hubiera una oferta de 16.000, serían más baratos. Conscientes de ello o no, quienes tienen las casas deshabitadas están subiendo los precios artificialmente.» El objetivo del movimiento okupa es precisamente «luchar contra la espiral de la especulación». Y así lo entienden los jueces. Carro explica que «el Código civil dice que puedes convertirte en propietario de una casa si vives en ella 30 años». «En consideración a ello, los jueces concluyen que la okupación no es delito.» «Al contrario», añade, para expresar que el delito debería ser abandonar viviendas y especular con ellas. Habría base para ello en la Constitución española: «el artículo 47 dice que todos los ciudadanos tiene derecho a una vivienda y que los poderes públicos deben regular el uso del suelo para evitar la especulación».

De las vías civiles a las penales

La legislación, empero, ha optado por criminalizar la okupación. En 1995, el Código penal español la tipificó como delito y, lo que hasta entonces se había dirimido por la vía civil, pasó a la vía penal. «Da la opción de imponer condenas de dos años y cuatro meses, pero nunca se ha aplicado nada semejante», especifica el doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona y profesor de Sociología Robert González, que ha investigado la influencia de la okupación en las políticas públicas. El peor efecto que ha tenido ha sido en las políticas sobre orden público: la represión. «Pero en el sistema judicial ha habido críticas, considerando que, en lo tocante al derecho a la vivienda, el legislador ha ido demasiado lejos en la defensa de la propiedad privada.» Hay, por tanto, una gran diferencia entre lo que concluyen los tribunales y lo que proclaman otras instituciones públicas. González afirma que «los poderes públicos realizan sobre todo discursos criminalizatorios, pero, en la práctica, el código penal jamás se ha aplicado hasta el final». «Parece que el propio sistema se ha percatado de que la represión contra este movimiento es desmesurada.»

A juicio del sociólogo, empero, esos discursos institucionales no son casuales: «Son un intento de legitimar la represión contra el movimiento. La okupación les hace daño, ya que denuncia las injusticias del sistema capitalista.» «Obstaculizamos el modelo de ciudad que aparece en las postales», añade Asier, miembro de la asamblea de Kukutza, en alusión al Ayuntamiento de Bilbao: «llegamos a convertirnos en un punto de referencia y eso les escocía». En septiembre desalojaron y derribaron el gaztetxe de Errekalde. Durante esos días, Kukutza III se convirtió en símbolo del reconocimiento que tiene la okupación en la sociedad y muestra de ello fueron las brigadas de resistencia, el apoyo de los agentes y las protestas. «Se legitimó la okupación», dice Asier, y añade que también cambió la mala fama del movimiento: «Muchos pensaban que la okupación eran unos cuantos punks que te entraban en casa cuando estabas de vacaciones, pero creo que vieron que somos gente normal, que hay pluralidad en el movimiento y que nos une un problema: la falta de vivienda para los jóvenes y de espacios públicos para crear y hablar». A su lado tiene a Ibai, también de Kukutza, y a Gisèle, miembro del gaztetxe de 7katu de Bilbao. Más allá del «impresionante eco mediático» de aquellos días, Gisèle prefiere destacar el trabajo realizado durante trece años: «el apoyo de la gente se obtiene con el trabajo cotidiano y así sucedió con Kukutza: cuando empezó todo el jaleo casi la mayor parte del barrio estaba a nuestro favor».

Fuera del País Vasco, a González, además de Kukutza, le quedaron clavadas en la memoria las «manifestaciones gigantescas» contra el desalojo del gaztetxe Euskal Jai, que funcionó en Pamplona entre 1994 y 2004: «Lograron amplio apoyo, por encima de las campañas mediáticas y las declaraciones de los poderes políticos. Al cabo, el discurso del movimiento okupa se compadece con el buen sentido de muchos habitantes». Cita diversas investigaciones para confirmar que el movimiento tiene «un alto nivel de simpatía, sobre todo porque se percatan de la injusticia que denuncia». Por eso, al hablar de legitimación social, el sociólogo distingue entre dos percepciones: por un lado, la tendencia de la opinión pública, conducida por los grandes medios de comunicación, y, por el otro, la de quienes viven cerca de los edificios ocupados. Él también conoció Kukutza: «Los vecinos ven con buenos ojos ese tipo de casas sociales: se han fortalecido durante muchos años, funcionan abiertas al barrio, realizan actividades plurales…». En el propio movimiento se trabaja esa convivencia. «En el barrio, hemos trabajado mucho para explicar a los vecinos la idea de la okupación», explica Gisèle, hablando de 7katu. Admite que recién ocupado un local o un edificio los vecinos suelen tener miedo, «porque lo gestionará la asamblea, porque esa asamblea la forman jóvenes…». Pero, al final, la vida cotidiana demuestra su trabajo: «intentamos no hacer demasiado ruido, nos reunimos con los vecinos, les decimos que vengan si tienen problemas…».

Los que viven en el edificio recientemente ocupado en Dendarikale de Bilbao también están «muy contentos», según el abogado Carro. Es habitual: «cuando en una casa no vive nadie, hay mucha humedad, suciedad, aparecen ratones, plagas, etc.».

Grietas en el sistema

A juicio de Carro, es parte de la estrategia de muchas empresas: «compran un edificio histórico y, como los ayuntamientos no les darán permiso para derribarlo, esperan a que se caiga solo». La okupación les malogra los planes, «les rompe el negocio». Esa grieta del sistema capitalista es precisamente la que quieren activar, en palabras de Ibai: «La especulación ha sido para muchos un modo fácil de lograr dinero y el movimiento okupa ha actuado muy bien contra ese sistema. Tienen las casas vacías y sin uso para especular. ¿Cómo actuar contra eso? Ocupando y dándoles vida.» No obstante, en opinión de González, la okupación, «desafortunadamente», no ha tenido mucha influencia en el ámbito de la vivienda: «el sector de los constructores y las finanzas domina las políticas de vivienda y el sector privado es muy cerrado al influjo de los movimientos sociales». En cambio, la influencia del movimiento ha sido más perceptible en las políticas públicas dirigidas a los jóvenes, «a pesar de que la política no es un espacio nuclear». En muchos lugares, los jóvenes han obtenido un espacio, mediante acuerdos con la administración local. El sociólogo considera que esos acuerdos legitiman al movimiento: «el hecho de dar un espacio demuestra que existía la necesidad de ese espacio». El Local de Jóvenes de Deusto, en Bilbao, acaba de cumplir veinte años así. En la misma época se acordó también el Local de Jóvenes de Irala «y el ayuntamiento lo cerró de un día para otro», como recuerda Gisèle: «hubo un cambio generacional, necesitaban tiempo para ir aprendiendo, se estaban poniendo en marcha... pero el ayuntamiento decidió que el proyecto no iba a ninguna parte».

González reconoce que en los acuerdos se detectan grandes contradicciones. Por ejemplo, es extraño que las negociaciones fueran más fáciles en Madrid, con el PP tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, que en Cataluña con el gobierno tripartito de PSC-ERC-ICV. «Los partidos políticos no están dispuestos a dar vía a la autogestión. Y los partidos de izquierda, además, consideran al movimiento okupa como un competidor, de cara a sus bases sociales, y no le quieren dar más espacio.» Precisamente uno de los debates de actualidad en el seno del movimiento es la relación con las administraciones públicas. «No las necesitamos», dice Asier. «Hemos demostrado que somos capaces de autogestionarnos.» Ibai destaca la importancia de la necesidad de actuar críticamente: «Creo que las relaciones con las instituciones deben ser de confrontación, siempre y en todos los ámbitos. Las subvenciones, al cabo, son una forma de control.» Gisèle declara que «eso crea grietas en el sistema: ser dueños de nosotros mismos y que la creación esté por encima del dinero». Además, la práctica les ha demostrado que las relaciones con las administraciones son «imposibles». Asier recuerda lo ocurrido con Kukutza: «nos reunimos con el Ayuntamiento, recogimos firmas, propusimos soluciones y no sirvió para nada; se burlaron de nosotros; nos engañaron».

El sábado, la reivindicación a la calle

La desaparición del gaztetxe de Errekalde ha dejado «huérfano» al movimiento okupa. Era un «punto de referencia», dice Gisèle, porque era un edificio muy grande, se hacía de todo. «Eso implicó un trabajo en el modo de organización, que acaso no se haga en otros gaztetxe porque el espacio no lo exige.» Pero ha dejado otra pérdida, más evidente: «el propio espacio ya no está y quienes estaban allí tienen problemas para proseguir sus actividades». 7katu también se ha convertido en punto de referencia: «simbólico, porque nos han echado cuatro veces y lo hemos ocupado cinco». A partir del jueves, celebrarán el quinto aniversario y, el sábado, realizarán una manifestación en Bilbao. Para decir que, después del derribo de Kukutza, siguen con ganas. Para proclamar que la okupación es un movimiento social. Pero Asier va más allá: «La vivienda es básica, necesaria, y la están utilizando, están jugando con los sentimientos de la gente. El modelo del ladrillo es insostenible, además de económicamente, también por los valores que trae consigo. La okupación puede ser una salida, pero, para mí, también es un modo de vida. Yo vivo ocupando, en una casa ocupada. A veces lo que es difícil también es bonito.»
* Fuente: Berria, 25 de enero de 2012

http://paperekoa.berria.info/harian/2012-01-25/020/001/delitua_ala_eskubidea.htm

Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull

* Rebelión - Opinión - 26.1.12

Un acusado en Malaya dice que el urbanismo de ahora es peor que con el GIL

2012-01-27T10:05:00.001+01:00

MÁLAGAHOY* : Un empresario ataca a la permisividad de la Junta y a las políticas del Ayuntamiento.
Tú me atacas y yo te ataco. El promotor Cristóbal Peñarroya continuó ayer en el juicio por el caso Malaya la estrategia defensiva que desplegó el martes y que pasa fundamentalmente por arremeter contra todo y contra todos. El empresario, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama dos años de prisión y 70.000 euros de multa por un presunto delito de cohecho, devolvió con ferocidad todos y cada uno de los golpes que le lanzaron ayer las acusaciones. Atacó a la Junta de Andalucía porque, según dijo, recurría las licencias municipales y sin embargo no ponía ninguna pega a las 30.000 viviendas ilegales de Marbella mientras cobraba los impuestos, aunque aludió al IVA, que es un tributo estatal.
También se volvió a despachar con la gestora que tomó las riendas del municipio cuando fue detenida Marisol Yagüe y su equipo de gobierno en el caso Malaya. El constructor dijo que la Junta la colocó en el Ayuntamiento "para que arrasara Marbella", y le reprochó, entre otras cosas, que no se personara en los pleitos que había promovido la Junta de Andalucía contra las licencias ilegales y que, de esa manera, permitiera que los tribunales declararan la nulidad de cientos de permisos de obra.

Y de nuevo ayer le volvió a tocar el turno al actual gobierno que dirige Marbella bajo la presidencia de la popular Ángeles Muñoz. Cristóbal Peñarroya afirmó sin rubor que "el urbanismo de ahora es peor que el de aquella época", en alusión a la política municipal que se realizó durante el gilismo.

Gran parte del choque de Peñarroya con el Ayuntamiento de Marbella y su actual alcaldesa reside en que el promotor pagó 270.000 euros al Consistorio en un convenio para que unos suelos que estaban catalogados como no sectorizados pasaran a urbanizables sectorizados. Este acuerdo debía ser recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, el que elaboraba el GIL en 1998 nunca fue de aplicación y el actual, aprobado en 2010, no sólo no recoge el convenio firmado la etapa del GIL sino que gran parte del terreno lo cataloga de verde.

* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 26.1.12
Foto: Marbella es España - nosevende.org (archivo)

Cerdanyola pide que Can Planes sea declarado suelo contaminado

2012-01-27T09:48:00.000+01:00

ELPAÍS/Barcelona* : El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès reclamará a la Generalitat que declare contaminado el espacio afectado por el vertedero de Can Planas, terreno que acumula 330.000 metros cúbicos de residuos tóxicos y peligrosos. Así lo aprobó ayer por unanimidad el pleno municipal del Consistorio, gobernado por el PSC, concretando un giro insólito de los planes municipales: hace apenas un año, el Ayuntamiento pretendía construir 4.000 viviendas en la zona pero la presión de la plataforma ciudadana 'Cerdanyola sin vertederos' ha logrado que reclame ahora considerarla como área contaminada. Ello podría suspender los derechos de edificación de los terrenos y acarrear pérdidas económicas a los promotores del proyecto.
“Es lo justo para los ciudadanos”, celebró un portavoz de la plataforma. “Ha habido muchas presiones de los promotores pero construir allí es un riesgo enorme”, destacó. “Hemos recibido muchas presiones”, afirmó en este sentido el concejal del PP, Manuel Buenaño. “Estos días he estado por tirar el móvil”, señaló.

La petición municipal, que ahora deberá estimar la Agencia Catalana de Residuos, también permitirá que las empresas que se lucraron empleando la zona como vertedero asuman algún coste por la limpieza del terreno. “Es una vergüenza tener esto al lado de casa”, lamentó la concejal de ERC, Helena Solà. “El terreno no dispone de protección y los productos tóxicos siguen filtrándose al subsuelo”, precisó.

Los concejales del Ayuntamiento se deshicieron en aplausos para la plataforma ciudadana. Se trata, sin embargo, del mismo Consistorio que sacó adelante el proyecto para construir en esos terrenos pese a que varios estudios técnicos advertían de la peligrosidad de los residuos almacenados.

Can Planas es un depósito de 18 hectáreas de superficie y hasta 40 metros de profundidad que contiene 2,5 millones de metros cúbicos de tierra contaminada por residuos industriales, entre ellos cadmio, hidrocarburos y cromo. La antigua explotación de arcilla de la zona dejó un agujero cuyos dueños decidieron rentabilizar cobrando a las empresas que vertían allí todo tipo de residuos.

El suelo es venenoso e incluso tiene “riesgo de explosividad” en algunos puntos por las emanaciones de gases como el metano procedentes del medio millón de toneladas de residuos químicos peligrosos enterrados, según un estudio que la Generalitat encargó a la consultora medioambiental IDOM.

* El País - FERRAN BALSELLS Barcelona 27 ENE 2012
Foto: Vertedero de Can Planas, en Cerdanyola. / MASSIMILIANO MINOCRI

Andalucía.- Una amnistía vergonzosa

2012-01-27T09:42:00.000+01:00

JUAN CLAVERO* : En estas últimas décadas se ha generado en Andalucía un cáncer que ha devorado su territorio, sus recursos naturales, la honestidad de los políticos y la conciencia ciudadana. El Defensor del Pueblo ha llegado a calificarlo de «hecatombe ecológica». Este fenómeno es la prueba evidente de que la ilegalidad es la norma en el urbanismo andaluz. La invasión de viviendas ilegales en suelos no urbanizables no es entendible sin la complicidad de los responsables municipales y de la Junta de Andalucía. Y no es por falta de instrumentos legales. Tanto la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), como el Reglamento de Disciplina Urbanística dan suficientes facultades a los alcaldes para paralizar cualquier construcción o urbanización ilegal y ordenar su demolición. La medida más eficaz contra el urbanismo ilegal es la prevención, y Junta y ayuntamientos han actuado con una permisividad delictiva. Si la mayoría de alcaldes y concejales de urbanismo no están procesados es porque la generalización de la ilegalidad hace crecer la impunidad; con más medios de la Policía anticorrupción y de los fiscales, se multiplicarían las actuaciones judiciales en los ayuntamientos.
Ante la envergadura que ha tomado este problema en muchas comarcas andaluzas, la respuesta de la Junta –en clara connivencia con alcaldes y alcaldesas responsables de estas ilegalidades y con los propietarios de las viviendas ilegales–, no ha sido exigir el cumplimiento de la legalidad y retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos que demuestran una inacción evidente, sino intentar sacarles del embrollo, dándole cierta cobertura legal a estas miles de viviendas ilegales en suelos no urbanizables.

El Decreto sobre viviendas en suelo no urbanizable es un auténtico golpe de estado contra la legalidad vigente y contra el interés general de la sociedad. La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), y supone un claro desprecio a la LOUA, que sólo permite viviendas en suelo no urbanizable como parte de una explotación agropecuaria, prohibiendo las segundas residencias.
Este Decreto tendrá consecuencias demoledoras. Aviva la percepción ciudadana de que las leyes urbanísticas están para incumplirlas, porque al final tendrán premio. Y lo más lamentable es que la alternativa a este Gobierno que, sin escrúpulos, utiliza la apología de la ilegalidad para arañar unos miles de votos, está el PP –tan responsable como el PSOE de este desastre en los ayuntamientos que gobierna-, que le parece insuficiente esta amnistía. Hasta que la sociedad andaluza no se conciencie de las gravísimas consecuencias del urbanismo ilegal y de la especulación y corrupción que ha generado, los partidos políticos que gobiernen los ayuntamientos y la Junta seguirán utilizando el recurso fácil de favorecer a los infractores y delincuentes urbanísticos para sacar unos réditos electorales envenenados.
* Juan Clavero - Secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción-A

* La Razón - Opinión - 22.1.12

Medio ambiente y hormigón, un matrimonio incompatible

2012-01-27T09:36:00.000+01:00

HAZEL MORGAN/Ibiza* : Crecimiento económico, la generación de empleo y la contribución a la salida de la crisis sin merma de la protección medioambiental». Estas declaraciones, realizadas por el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, son preocupantes. Su intención de reformar la Ley de Costas de 1988 abre las puertas a la descontrolada especulación inmobiliaria que ha destrozado nuestro litoral durante décadas.
La Ley de Costas, en su exposición de motivos, ya alertaba de que un 40% de la costa española estaba urbanizada. «Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar...», decía.
La Ley de Costas es una de las más avanzadas de Europa. Aun así, no ha cumplido sus objetivos porque las administraciones locales no han asumido la importancia de conservar los valores naturales del litoral, ni de garantizar los derechos públicos de su disfrute.

Son muchos los casos de irregularidades e ilegalidades que llegan a Amics de la Terra, y la mayoría se debe a la permisividad de las instituciones o tratos de favor. Un buen ejemplo fue la excavación de dunas para construir un restaurante en Cala Nova. Este atentado ecológico, prohibido por la Ley de Costas, recibió el visto bueno del responsable municipal de Urbanismo (familia del propietario), argumentando que las dunas se situaban en suelo urbano. Aunque al principio no era verdad, durante el proceso judicial hubo un cambio de deslinde y, milagrosamente, el área de las dunas (ya destrozadas) paso a ser suelo urbano. ¡Así son las cosas!, un despilfarro de tiempo y dinero público.

Otro ejemplo de incumplimiento y dejadez administrativa, aunque esta vez parado por el empeño y denuncia de Amics de la Terra, fue el intento de construir un camino excavando el acantilado a lo largo de la costa para llegar al faro de sa Punta Grossa de Cala de Sant Vicent. El promotor tuvo licencia municipal y un estudio de impacto ambiental en la mano, pero nadie había averiguado si el proyecto aprobado (restauración del sendero), correspondía al proyecto que se estaba llevando a cabo.

Si la Ley de Costas no ha podido contener el 100% de las actuaciones ilegales en el litoral, sí ha sido nuestra aliada a la hora de defender nuestro derecho de acceso al mar, tantas veces cortado por la propiedad privada. Ha servido también para eliminar las barreras, paredes o vallas que obstaculizan nuestro paso por la costa.

La gran polémica de la ley radica en un error: su aplicación es retroactiva, algo expresamente prohibido por la Constitución Española. No se pueden eliminar los derechos legítimos de los propietarios de inmuebles construidos con anterioridad a la Ley. El derribo de las tradicionales casetas varadero es un buen ejemplo, que ha levantado ampollas. Pero, en gran parte, ha sido una ley útil e importante, salvando nuestras costas de la especulación urbanística salvaje, que ha formado gran parte de la burbuja inmobiliaria que ha llevado a la crisis económica. La solución no se encuentra en una reforma profunda de la ley, sino en velar por su cumplimiento y eliminar su carácter retroactivo.
* Hazel Morgan. Presidenta de Amics de la Terra Eivissa.

* Diario de Ibiza - Opinión - 22.1.12
Foto: Ibiza - mma.es

Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis (por Aleix Saló)

2012-01-26T09:30:00.000+01:00

* YouTube - Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis (por Aleix Saló)

Aranjuez.- Un juzgado anula la decisión de la Junta de Gobierno sobre la construcción de un parking subterráneo

2012-01-26T09:20:00.001+01:00

EUROPAPRESS*: El juzgado de lo Contencioso-administrativo 12 de Madrid ha estimado el recurso que interpuso la Comunidad de Madrid contra la decisión de la Junta de Gobierno local de Aranjuez de enero de 2009 de construir un aparcamiento subterráneo en la calle del Rey, en Aranjuez, que tuvo un coste de 3,1 millones de euros.
La sentencia, fechada el pasado 23 de diciembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso de la Comunidad contra la decisión de la Junta de Gobierno, que declara que "no es ajustada y conforme a derecho, anulándola".
La resolución judicial, contra la que cabe recurso de apelación, determina en sus fundamentos de derecho que el aparcamiento es "ilegal" ya que, entre otros motivos, no se construyó a nivel de la calzada.
En este sentido, recuerda que la "ilegalidad imputada" al Ayuntamiento arancetano consiste en "haber construido un aparcamiento subterráneo en pleno casco histórico cuando la normativa urbanística del propio municipio señala que ahí sólo caben aparcamientos a nivel de superficie".

La sentencia prosigue que las pruebas practicadas y los informes periciales emitidos por los técnicos de la Dirección General de Urbanismo "acreditan la ilegalidad de la construcción del aparcamiento".

Ante la sentencia, la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez (PP), ha adelantado este martes en rueda de prensa que pedirá un informe a los "servicios técnicos municipales y a la Comunidad de Madrid" para ver con qué "usos" puede ser "compatible" el aparcamiento y cómo sacarle "utilidad" a un parking que, tras esta resolución judicial, "no se puede destinar a aparcamiento".

Según la regidora, como la construcción no se puede demoler "ni echar tierra encima", los técnicos municipales y regionales deberán determinar su uso.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Martínez ha comparecido ante la prensa para presentar la sentencia y ha anunciado que solicitará a los servicios jurídicos municipales un "informe sobre las posibles responsabilidades penales o patrimoniales en que hubieran podido incurrir, de acuerdo con los antecedentes oficiales habidos y los informes técnicos de organismos competentes conocidos desde el inicio del proyecto, quienes informaron favorablemente e intervinieron en las decisiones que llevaron a la ejecución de la obra", entre ellos el exalcalde y concejal socialista Jesús Dionisio.

Martínez ha considerado que este aparcamiento supone actualmente unas pérdidas anuales de 100.000 euros a las arcas municipales y, por ello, ha anunciado que solicitará al organismo competente un "informe de evaluación de los costes reales de la obra" en el que se estime, además, "la racionalidad y ajuste de las desviaciones presupuestarias producidas".

Además, ha añadido que el Ayuntamiento "estudiará iniciativas en el Pleno municipal para que se visualice la responsabilidad política en este derroche de dinero público del concejal Jesús Dionisio, a sabiendas de que la obra era ilegal por las reiteradas advertencias técnicas de los órganos competentes".

Por ello, Martínez ha adelantado pedirá la reprobación de Dionisio en Pleno por haber perjudicado "gravemente al interés de los ribereños y al patrimonio municipal".

Por su parte, el viceconsejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Hernández, ha expuesto este martes en rueda de prensa la "satisfacción" de la Comunidad de Madrid porque, según ha argumentado, "la sentencia ha dado la razón a lo que vimos claro: un incumplimiento palmario de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Aranjuez".

Así, tras lamentar "los daños" que haya podido causar esta infraestructura, ha asegurado que las obras no se ajustaron al proyecto presentado y ha manifestado que "los términos de la sentencia son en algún momento duros y severos con la actuación del Gobierno anterior".

En cuanto al gasto económico en la obra, ha señalado que el precio medio de cada plaza --teniendo en cuenta el coste final de 3,1 millones de la obra-- superaría al coste medio de una plaza similar "en la ciudad de Madrid".
COSTES

Sobre el capítulo de gastos, el Gobierno 'popular' ha informado este martes de que "se hizo un modificado de costes, de modo que el montante total de la obra fue de 3.145.988 euros, de los cuales 2.204.000 euros se imputaron al 'Plan E' y 941.988 euros se cargaron directamente a las arcas municipales".

Ahora, según la alcaldesa, "el aparcamiento subterráneo supone unas pérdidas anuales de 100.000 euros para el Ayuntamiento, que en la actual situación económica de ruina heredada no se puede afrontar". Además, ha cuestionado las expectativas "falsas" de esta infraestructura, puesto de que de las 74 plazas de aparcamiento puestas a la venta, "sólo se ha vendido una".

La resolución judicial del juzgado es fruto del acuerdo adoptado en consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 10 de enero de 2010, cuando el Ejecutivo regional decidió interponer el recurso Contencioso-administrativo.

La Dirección General de Urbanismo hizo varios requerimientos al Ayuntamiento (el 25 de mayo y el 18 de septiembre de 2009) para que remitiese la documentación justificativa de que las obras del aparcamiento cumplían la normativa, esto es, el Plan General de Ordenación Urbana y demás normas urbanísticas vigentes. "Los requerimientos no fueron atendidos por el Ayuntamiento", según fuentes municipales.

El 14 de octubre, la Dirección General de Urbanismo requirió al exalcalde para que procediese a la inmediata paralización de las obras "incluida la tala de árboles de alineación afectados por las mismas". Según el actual Gobierno local, el exregidor "despreció el requerimiento y consintió la tala de quince árboles sanos y centenarios, reincidiendo en anteriores atentados perpetrados por él contra el Patrimonio Cultural e Histórico", desoyendo además las denuncias de la Asociación de Vecinos y Comerciantes para la Protección del Casco Histórico de Aranjuez.

Por su lado, fuentes del Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento han informado este martes, en declaraciones a Europa Press, de que no han recibido comunicación de la sentencia y, en este sentido, han emplazado cualquier "valoración" al momento en que tengan conocimiento de la resolución.

* EuropaPress - 25.1.12
Foto: EP

Murcia.- Pelotazos del caso Umbra

2012-01-26T09:15:00.001+01:00

LAOPINIÓN/Murcia : Alberto Guerra, su esposa y el abogado Higinio Pérez Mateos consiguieron elevar el precio de una parcela de 57.000 euros hasta doce millones de euros.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) recogerá en su próxima edición un término que arraigó en los ochenta en España y, tras unos años muerto, resurgió en el 2000. Pelotazo. La RAE le ha hecho un hueco definiéndolo como operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida.
En el sumario del caso Umbra, el fiscal plasma varios ejemplos de pelotazos urbanísticos que nada tienen que envidiar a los de los años ochenta.
El matrimonio Alberto Guerra (exdirector de la Gerencia de Urbanismo) e Isabel Fernández Guerras junto con el de Higinio Pérez Marín y su mujer, –los tres primeros imputados en el caso Umbra– llevaron a cabo varias operaciones fáciles y con amplias ganancias.
La más destacable se produjo en 2005, con la finca denominada por el fiscal en su sumario como 1887. Cuenta el fiscal que Higinio Pérez Mateos compró dos tercios de este terreno por 38.064 euros más gastos. Vendió una parte a la mujer de Guerra por algo menos de veinte mil euros. De esta forma, el pastel se lo repartieron entre una empresa denominada Nuevo Raal, el matrimonio Guerra y Pérez Guerra, aunque la primera propietaria acabó vendiendo su parte a los imputados en el Umbra.

En total, 57.096 euros abonaron por los terrenos, con una cláusula advirtiendo de que si se recalificaban antes de 2007, los propietarios tendrían que abonarle 480.809 euros a Nuevo Raal. Y, efectivamente, en unos meses, la finca se convirtió en una joya, porque los promotores de Ulea Golf Resort le habían echado el ojo para levantar parte de su complejo residencial. Higinio y el matrimonio Guerra, dieron un pelotazo urbanístico. Vendieron la finca 1887 por dos millones de euros tan sólo unos meses después de adquirirla por 57.000. Su valor se multiplicó por 35. El fiscal calcula que se embolsaron más de un millón de euros, porque del dinero que recibieron tuvieron que restar el medio ´kilo´ que se habían comprometido a pagar a Nuevo Raal. El pelotazo fue in crescendo, porque solo cinco días después de que ellos vendieran la finca, la empresa que la había comprado por dos millones de euros vendió la mitad de los terrenos por doce millones.

Higinio continuó –según el fiscal– ideando pelotazos urbanísticos, y compró terrenos en El Esparragal, Javalí Viejo y en fincas de monte en espacios naturales, «en lo que parece el embrión de un futuro sector urbanizable en el que es necesario la previa aprobación de la Gerencia de Urbanismo que dirige Alberto Guerra», su amigo y socio en los negocios urbanísticos, concluye el fiscal.

El presunto cohecho de Guerra
El fiscal anticorrupción acusa de cometer –además de la prevaricación– un delito de cohecho a Alberto Guerra. Detalla el fiscal al explicar esta imputación que Alberto Guerra, director del Servicio de Planeamiento en esa fecha, compró a mitad de precio una parcela a una promotora justo el día antes de que esta empresa presentara una solicitud para firmar un convenio urbanístico a la misma sección del Ayuntamiento en que el imputado trabajaba.

Los trámites se realizaron en 2006, y la parcela en la urbanización Casa del Aire contaba con más de mil metros cuadrados de superficie.

* La Opinión Murcia - 25.1.12
Foto: ayuntamiento Murcia

Bangladesh está enladrillado

2012-01-26T09:00:00.000+01:00

ELPAÍS* : En condiciones de semi esclavitud, millones de bengalíes convierten el barro en el material que da consistencia a la burbuja inmobiliaria.
Es uno de los países menos industrializados y más pobres del mundo, pero eso no impide que su capital, Dacca, sea una de las más contaminadas. Algo afectan los auto-rickshaws, esos triciclos motorizados que llenan los pulmones de la población con el gas CNG que utilizan para propulsarse, pero la verdadera razón hay que buscarla en los alrededores de la principal ciudad de Bangladesh. Porque Dacca está sitiada por un cinturón de chimeneas de las que mana sin cesar el humo negro característico del carbón.
Y no se trata de centrales térmicas. Son fábricas de ladrillos, una de las principales industrias del país, capaz de producir más de 12.000 millones de unidades al año. No obstante, esta fuente de riqueza lo es también de unos tres millones de toneladas de CO2, ya que hacen falta 23 toneladas de carbón para cocer 100.000 ladrillos, el triple de lo que consume China con tecnología mucho más avanzada.

Por si fuera poco, las 4.500 instalaciones existentes provocan, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un grave problema de deforestación y la degradación del suelo, algo que tiene graves consecuencias en la agricultura y en la polución de los ríos.

Aunque el problema ya fue analizado en profundidad en 2007, y en 2010 se puso en marcha un plan quinquenal para reducir las emisiones, basta con un vistazo para certificar que se ha avanzado poco desde entonces en la situación que impera en las fábricas.

Allí, bajo un sol de justicia, con sus manos y sin ningún tipo de control de seguridad, miles de trabajadores convierten el barro en la materia que blinda la burbuja inmobiliaria que ha servido para crear una pequeña, pero poderosa, elite económica. Entre quienes hunden sus pies en el lodo hay mujeres y niños, familias enteras que han viajado cientos de kilómetros desde las provincias más remotas para dar forma a los ladrillos que cubren amplias extensiones de terreno durante los cuatro o cinco meses de la estación seca. Es como la campaña de la vendimia o de la recogida de la fresa, salvo porque allí no crece, ni crecerá, vegetal alguno.

El proceso es simple, y se lleva a cabo con técnicas propias de la Edad Media. Hombres descalzos y con el torso desnudo extraen la tierra más adecuada para luego darle forma con unos moldes de madera que también imprimen el nombre de la empresa que venderá cada ladrillo a unos 5 takas (5,2 céntimos de euro). Poco a poco, el lodo se convierte en una alfombra gris de cinco centímetros de grosor, a la que el sol y el trabajo de los niños que voltean los ladrillos se encargan de ir arrebatándole el agua.

Ya secos, los ladrillos se transportan en carretillas hasta la cocina, el gigantesco horno en el que se cuecen en tandas de unas 6.000 piezas. Para que la temperatura se mantenga, los trabajadores tienen que estar introduciendo constantemente carbón a través de los orificios que dan acceso al fuego, con mucho cuidado de pisar en los improvisados tabiques y no caer sobre las llamas. "Siempre hay accidentes, es inevitable, y muchos no aguantan las condiciones de trabajo", reconoce Liakot, un trabajador de 42 años procedente de la provincia de Kulna, que comienza su jornada a las seis de la mañana y acaba, "si hay suerte", a las cinco de la tarde. "Lo que más me preocupa es que me pase algo, porque no tenemos ningún seguro y mis hijos morirían de hambre sin mí", afirma.

Liakot y sus compañeros se embolsan alrededor de 10.000 takas al mes (unos 110 euros), suficiente para dar de comer a sus familias al norte del país. "Llevamos viniendo ya tres años, y podemos ahorrar unos 100 takas al día (1,1 euros)". Bastante, creen, a pesar de que corren grave riesgo de sufrir graves enfermedades respiratorias e infecciones oculares crónicas.

Mientras tanto, cada empresario se embolsa, según estimaciones de la prensa local, no menos de 70.000 dólares (53.000 euros) al año, y todos residen lejos de las chimeneas, cuya altura es, generalmente, un tercio de los 40 metros obligatorios. "Los beneficios son más que suficientes para invertir en tecnologías limpias, pero la avaricia dificulta los avances", explica Shirin Akhter, trabajadora de Ayuda en Acción en Bangladesh.

La corrupción, por su parte, se encarga de que las mejoras sean casi imposibles, porque impregna todos los estratos de la sociedad. Los trabajadores tienen que pagar "una mordida" a los líderes locales en sus lugares de origen para conseguir el empleo, y los empresarios tienen las carteras suficientemente abultadas como para comprar el silencio de políticos a mayor nivel. "Todos ellos se lucran. Los únicos que pierden son los trabajadores, los pobres que viven en los alrededores, y el Medio Ambiente", sentencia Akhter.

* El País - ZIGOR ALDAMA - Dacca - 13/01/2012
Foto: Vista general de una de las fábricas de Ashulia con cientos de miles de ladrillos puestos a secar.- ZIGOR ALDAMA

La Fiscalía denuncia posible prevaricación urbanística en Roquetas de Mar

2012-01-25T11:09:00.000+01:00

IDEAL/Almería* : La Fiscalía ha trasladado al Juzgado de Instrucción Decano de Roquetas de Mar (Almería) una denuncia para que se investigue un posible delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia en 2007 para la construcción de diez viviendas de lujo en este municipio almeriense.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la Fiscalía, a partir de la denuncia de una particular, ha observado "indicios" del delito, recogido en el artículo 320 del Código Penal, en la concesión de la licencia en la zona de La Fabriquilla de Roquetas de Mar, en concreto en la parcela número 11 de la unidad de ejecución 109, y que afectaría al entonces concejal de Urbanismo, José María González (PP), si bien por el momento no hay imputación.
La denuncia fue presentada el 13 de enero por la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Almería ante el Juzgado de Instrucción Decano del municipio almeriense, que deberá proceder a su reparto al juzgado que corresponda.

Esta actuación se deriva de la denuncia presentada por una particular ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y que finalmente fue derivada a la de Almería, que ha decidido solicitar el inicio de las diligencias previas, han señalado las fuentes.
La licencia para la edificación de diez viviendas unifamiliares se concedió en 2007 de acuerdo a una modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en marzo de 2006 para cambiar el uso de la parcela en cuestión, de comercial a residencial.

* Ideal . EFE - 24.1.12
Foto: ayuntamiento roquetas

Vitoria.- Más pisos que demandantes en los sorteos de VPO

2012-01-25T10:00:00.001+01:00

ELCORREO* : El Ayuntamiento de Vitoria ha estrenado esta mañana, con éxito, el nuevo sistema de reparto de pisos protegidos en el que los solicitantes deben aportar una fianza para participar en el sorteo. De esta manera se quiere evitar las renuncias entre los que ciudadanos que resultan agraciados con un VPO, que alcanzaba cerca del 40% en los últimos sorteos, y “conseguir que aquel vitoriano que de verdad necesita un piso protegido, de verdad lo consiga”, ha explicado el concejal de Urbanismo, el popular Miguel Garnica.
Como resultado del nuevo modelo, en las dos promociones sorteadas hoy -69 casa en total, ambas en Arechavaleta-Gardélegui- ha habido más apartamentos que solicitantes por lo que todos los que han concurrido han ganado, ya que los que no han visto salir su número dentro del cupo al que se habían apuntado -y para lo que había que depositar 100 euros de fianza- pueden optar al premio de consolación que supone solicitar una de las viviendas que han sobrado en los otros grupos.

Más adelante, el resto de ciudadanos apuntados en Etxebide, independientemente de que no hayan concurrido al sorteo, también podrán apuntarse en las listas de reserva y conseguir uno de los pisos de VPO. “De este modo evitaremos las renuncias que tantos problemas y desilusiones creaban entre el resto de aspirantes a una VPO”, ha asegurado Garnica.

* EL Correo - 20.01.12 - S. EGUÍA
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)

China entra en el siglo del urbanismo

2012-01-25T09:10:00.000+01:00

ELPAÍS* : La población urbana es por primera vez mayor que la rural en China, un cambio histórico que tendrá grandes consecuencias sobre la fuerza laboral en la llamada fábrica del mundo y someterá a una fuerte presión a los servicios sociales, el transporte y el medio ambiente en las ciudades, según los expertos. En 1949, cuando Mao Zedong proclamó la República Popular China tras vencer a los nacionalistas de Chiang Kai-shek gracias al apoyo de las masas agrarias, el 89% de la gente vivía en el campo. En los 30 años que siguieron, esta cifra solo bajó ocho puntos y se situó en el 81%.
Pero el proceso de apertura y reforma lanzado por Deng Xiaoping en diciembre de 1978 tras la muerte del Gran Timonel llevó a cientos de millones de campesinos a dejar sus pueblos en las décadas que siguieron para beneficiarse del rápido crecimiento económico. El fenómeno ha sido de tal envergadura que a finales de 2011 vivían en las ciudades 690,79 millones de personas –es decir, el 51,27% de un total de 1.347,35 millones de almas-, frente a 656,56 millones en el campo (el 48,73%).

Los datos, facilitados el martes pasado por la Oficina Nacional de Estadísticas, marcan un punto de inflexión en el país más poblado del mundo, que ha experimentado uno de los procesos de transformación social y económica más rápidos e intensos de la historia de la Humanidad. Según el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, la urbanización de China, junto con los avances tecnológicos en Estados Unidos, son los dos fenómenos más importantes que moldearán el desarrollo del mundo en el siglo XXI.

Se prevé que en 20 años la población urbana represente el 75% del total. Para entonces, el país asiático podría haber superado como mayor economía del mundo a Estados Unidos, donde en la actualidad el 82% de la gente vive en las ciudades. En India, es el 30%, y en el conjunto del mundo, el 51%. “China ha sido un país basado en la agricultura durante miles de años. La agricultura reflejaba la gestión y la organización del país. Ahora, se ha convertido en urbano”, afirma Duan Chengrong, subdirector del Instituto de Sociedad y Población en la Universidad del Pueblo, en Pekín.

Los investigadores afirman que el número creciente de residentes urbanos está ejerciendo una gran presión sobre los recursos –como agua, gas, electricidad-, los servicios sociales –hospitales, colegios- o las infraestructuras de transporte. Además, menos campesinos pobres puede significar menos mano de obra barata para las factorías o, en cualquier caso, obreros más exigentes y salarios más altos. Algo que ya está ocurriendo, con las consiguientes consecuencias para la fábrica del mundo, y, potencialmente, para el paisaje manufacturero global.

Una gran parte de quienes integran el cambiante paisaje de las ciudades chinas son trabajadores llegados en busca de empleo en la construcción, en los restaurantes o en otros sectores. Según la oficina estadística, hay 252 millones. Estos emigrantes en su propio país son tratados a menudo como ciudadanos de segunda clase. Aunque son contabilizados como residentes urbanos si llevan trabajando en la ciudad más de seis meses, su hukou (registro de residencia) sigue estando en sus pueblos, por lo que tienen poco o ningún derecho a seguridad social y servicios de educación en los lugares a los que se han trasladado.

“La vida de quienes emigren a las ciudades será más dura de lo que pensaban. Estos trabajadores están en lo más bajo de la sociedad. No tienen los mismos beneficios sociales que los residentes urbanos. Sus salarios son inferiores a los de los locales y sus costes de vida son más altos porque no tienen hukou urbano. El hukou es uno de los mayores problemas que tendrá que resolver el Gobierno”, asegura Cheng Jiansan, director del Centro de Investigación Económica del delta del río Perla -zona donde hay miles de fábricas- en la Academia de Ciencias Sociales de la provincia sureña de Guangdong.

Esta situación ha generado frustración entre muchos emigrantes –especialmente, los jóvenes- y ha sido fuente de protestas violentas. En junio del año pasado, estallaron tres días de disturbios en Guangdong, después de que corrieran rumores de que varios agentes habían apaleado hasta la muerte a un vendedor callejero y habían maltratado a su esposa embarazada. Luego resultó que el hombre estaba vivo, pero la amplitud de la revuelta puso de manifiesto el resentimiento existente entre los emigrantes.

“El proceso de urbanización ha tenido un efecto positivo porque ha dado trabajo a los habitantes de las zonas rurales, pero, al mismo tiempo, muchos han sido explotados”, dice Geoffrey Crothall, portavoz de China Labour Bulletin, una organización de defensa de los derechos laborales en China con sede en Hong Kong. “El rápido desarrollo que están experimentando algunas regiones del interior está haciendo que muchos trabajadores regresen a sus pueblos porque ahora hay más oportunidades”.

La sociedad agraria que llevó al poder a Mao Zedong se está diluyendo. Pero el Gobierno confía en que el aumento de la clase urbana ayude a impulsar el consumo y, por tanto, la economía, ahora demasiado dependiente de las exportaciones y la inversión. Porque el dinero sigue estando en las ciudades. El ingreso per cápita anual disponible en las zonas urbanas alcanzó el año pasado 21.810 yuanes (2.690 euros), un 8,4% más que en 2010, mientras que en el campo el ingreso per cápita en metálico (es decir, sin incluir, por ejemplo, las rentas que suponen el consumo de alimentos de cultivo propio) fue de 6.977 yuanes (860 euros), un 11,4% más.

Para ello, los dirigentes chinos deberán mejorar las condiciones de estos emigrantes internos. “La esperanza del Gobierno es que contribuyan al consumo, pero veo muy pocas evidencias de que esto haya ocurrido en los últimos años”, afirma Crothall. “Siguen teniendo que ahorrar mucho para hacer frente a la falta de seguridad social y ayuda al desempleo, o al coste de la educación de los hijos”.

* El País - JOSE REINOSO Pekín 19 ENE 2012
Foto: Miles de emigrantes abarrotan un tren para volver a sus pueblos por el Año Nuevo chino. / C. BARRIA (REUTERS)

Derecho a una vivienda digna

2012-01-25T09:00:00.002+01:00

CUARTO MUNDO* : El debate sobre la vivienda es constante. Pero en él poco se dice sobre las condiciones en las que viven quienes habitan en barrios de chabolas, sobre las familias que llevan años ocupando pisos vacíos porque no tienen otra opción de alojamiento que les permita seguir juntos o sobre lo duro que es dormir en la calle. Solo se habla de ellos cuando hay derribos, expulsiones o políticas que tratan de eliminarles de la visión pública.
A lo largo del año pasado, en la Universidad Popular Cuarto Mundo, estuvimos reflexionando sobre el derecho a la vivienda digna, reflexión que recogimos en el documento Vivienda Digna para todos y todas.
Partimos de definir qué es una vivienda digna: un lugar que reúne las condiciones básicas para estar y para dormir; un lugar para la familia, en el que poder relacionarse y acoger; un lugar en el que poder tener autonomía y no estar sometido a otros.Cuando conceden la vivienda lo que se hace es controlar y vigilar, sobre todo a los más pobres, transformando su vivienda en una cárcel, fomentando el miedo a perder lo poco que se tiene: “Por un lado te están dando, y por el otro lado te están quitando, como el perro y la presa cuando la engancha. Te la están dando, pero te están vigilando. Una educadora, te la mandan para que te ayude, no te la van a dar para que te vigile. Pero se quedan con todo: si llevas el piso limpio, si no lo llevas limpio...”. Se vulneran así sus derechos a la autonomía y a la intimidad: “A mí, cuando me dieron el piso, la trabajadora social le dijo a la presidenta de la comunidad: ´todo lo que haga, me lo dice´”.

Y la lucha de quienes viven en situaciones más difíciles no cesa. Viviendo en la calle hay que esforzarse por mantener los cartones secos y moverse protegiendo las pocas pertenencias que se tienen; en la chabola se hacen grandes esfuerzos por mantener la limpieza y la higiene; cuando se consigue una vivienda protegida la lucha es para poder pagar alquiler, comunidad y facturas, sobre todo cuando el único ingreso fijo es la Renta Mínima de Inserción. Además, en todos estos casos, ser considerado diferente a los demás también obliga a un esfuerzo de convivencia.
¿No es posible otro modelo de política de vivienda? Si se aprovecharan las capacidades individuales se podría avanzar más, por ejemplo permitiendo que se asuman más responsabilidades en la construcción, el diseño y el cuidado de las casas. Así se construyeron, de hecho, los nuevos barrios de las grandes ciudades que surgieron con la migración interna del siglo pasado: a partir de la lucha colectiva, que llegó a ser reconocida por la Administración, como por ejemplo en el famoso Plan de Remodelación de Barrios de Madrid.
Ese es el reto ahora. Conseguir organizar una lucha común que aúne los esfuerzos de todos, no sólo de los que se expresan mejor o tienen más visibilidad. Y, desde ahí, desde esa puesta en pie individual y colectiva, forzar a los poderes públicos a asumir sus responsabilidades y promover una política de vivienda que permita a todos y a todas vivir con dignidad.

* El País - Opinión - 16.1.12

Benidorm presume de 5 décadas de urbanismo

2012-01-24T13:09:00.000+01:00

INFORMACIÓN/Alicante* : A Benidorm le bastaron cincuenta años para dejar de ser un pequeño pueblo y convertirse en una ciudad, en una gran ciudad. Esa vertiginosa transformación no siempre tuvo buena fama: durante años, la capital de la Costa Blanca fue expuesta en la picota como emblema de la masificación urbanística y de la hegemonía del hormigón. Hoy, en cambio y más allá de gustos subjetivos, los expertos coinciden en subrayar la sostenibilidad económica y medioambiental del modelo vertical. De ahí que la ciudad haya decidido aparcar sus complejos -si es que aún le quedaba alguno-, darse un baño de autoestima y presumir de historia urbanística: y lo hará a través de una exposición que reflejará a través de fotografías, documentos y planos el nacimiento de la actual urbe turística y que se inaugurará el próximo 31de enero bajo el título "Benidorm. 50 años de urbanismo: 1961". "Enseñamos nuestro urbanismo porque estamos orgullosos de él", explicó ayer el concejal del ramo, Juan Ángel Ferrer.

La muestra difundirá aquellas iniciativas arquitectónicas públicas y privadas que a partir de principios de la década de los sesenta contribuyeron con espíritu ciertamente pionero a crear de la nada una ciudad nueva y que hasta ahora se encontraban almacenados en el archivo municipal: proyectos creados por arquitectos e ingenieros orientados hacia el turismo y que le otorgaron a Benidorm un "carácter único", como subrayó por su parte la edil de Patrimonio Histórico, Eva Mayor. Lógicamente en esa relación, los planos de los hoteles concebidos en aquella época tendrán un papel destacado: será el caso de la ampliación del hotel Delfín, del hotel Palmeral, el España o el Montesol; también de aquellas salas de fiestas como la Katanga o el Bolero que asombraron a la España del desarrollismo; de la ampliación de la ya desaparecida residencia de la Alameda o del camping Almafrá; de la creación de una oficina de la compañía Ubesa en el Parque de Elche; o de iniciativas públicas como la Plaza Triangular o la reforma del Parque de Elche.
Lo que podrá verse en la exposición son sobre todo bocetos técnicos gestados en 1961: la mayoría se llevaron a cabo, aunque otras propuestas, como la ampliación del centro escolar Nuestra Señora de los Dolores, nunca vieron la luz. ¿Y porqué de 1961? Porque ya han transcurridos los cincuenta años que marca la ley para que estos proyectos puedan hacerse públicos. De ahí que, según Mayor, en los próximos años, se repitan este tipo de exposiciones para recoger otros proyectos conforme vayan cumpliendo ese medio siglo de antigüedad y puedan ser accesibles para el público.

Una ciudad planificada que evitó problemas sociales y de movilidad
En 1961, arquitectos, técnicos e ingenieros trabajaban a toda máquina para trasladar de los planos a las calles la filosofía del famoso Plan General de 1956 que acabaría por forjar la Benidorm actual. Fue pues una Benidorm planificada en todo momento y que sabía muy bien lo que quería ser de mayor: una ciudad "densa, sostenible y compacta", según describió ayer Juan Ángel Ferrer. " Logramos un urbanismo que ahora nos atrevemos a mostrar en una exposición, algo que no todo el mundo puede decir". El concejal agregó que esa forma de hacer las cosas permitió que Benidorm naciera "bajo el signo del equilibro" y evitara problemas "de comunicación, de movilidad o de carácter social". De ahí que ahora haya llegado el momento de recuperar "la perspectiva de nuestra evolución urbanística en los últimos 50 años" añadió la edil de Cultura, Eva Mayor.

* Información -24.1.12
Foto: Benidorm antigua - turismo

Comienza el derribo de la emblemática fábrica de lápices de Ferrol Vello

2012-01-24T13:00:00.000+01:00

ELPAÍS/Coruña* : Ladrillo a ladrillo, la enorme chimenea de la vieja fábrica de lápices de Ferrol encoge unos metros cada día. Los operarios empezaron a desmontarla a mano el pasado miércoles aupados por una grúa a 35 metros de altura. A la chimenea le seguirá un desvencijado tejado de uralita, cuajado de amianto, que habrán de retirar con todas las precauciones exigidas para manipular un material cancerígeno que ya se ha cobrado muchas vidas entre los trabajadores del naval de la ría. El resto de la fábrica caerá al paso de la maquinaria pesada y las palas excavadoras.
La promotora Jerpu, SA, propietaria del recinto, ha iniciado el derribo del complejo fabril más emblemático de Ferrol Vello para construir dos edificios con medio centenar de viviendas en un solar privilegiado de 3.500 metros cuadrados con vistas al puerto interior. Tirar abajo la fábrica les costará unos 300.000 euros.
El permiso de demolición se aprobó por silencio administrativo. Así lo reflejó una sentencia del juzgado contencioso administrativo de Ferrol fechada el 27 de octubre de 2010.

Ni los tribunales ni la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta y el Ayuntamiento de Ferrol, en manos del PP, han puesto trabas al derribo de Hispania, que sí cuestionan los tres grupos de izquierdas (PSOE, IU y BNG) y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Hace cinco días, congregaron a unas 30 personas ante la fábrica tras la pancarta “No al derribo, no a la especulación”. Reclaman que se proteja el inmueble, o parte de él, como ejemplo de la arquitectura industrial y que se recicle como centro sociocultural.

La fábrica, que llegó a producir cerca de 36.000 lápices al día, llevaba prácticamente tres décadas abandonada, colonizada por la basura, la maleza y las ratas. Su inminente desaparición apenas ha abierto brecha en el barrio de Ferrol Vello, catalogado en 2011 como Bien de Interés Cultural (BIC), que pierde uno de sus inmuebles más representativos. Un grupo de vecinos se opone al derribo pero la mayoría parece columpiarse entre la indiferencia y el deseo de ver renacer una barriada que, estéticamente, se quedó atrapada en la posguerra.

Hispania fue la apuesta empresarial de Alberto Fernández Martín, que vio en los lápices su pasaporte al éxito. Fundó la compañía en 1934 y se mudó a la fábrica de Ferrol Vello ocho años después. Superado el bache de la Guerra Civil, la compañía pronto dio beneficios y ganó mucho dinero en los 50 fabricando los lápices Johan Sindel y bolígrafos Bic. La empresa echó el cierre en 1986, incapaz de competir con Asia, y desde entonces la ruina ha campado a sus anchas por el edificio.

La demolición se autorizó en pleno ordinario el 29 de diciembre con los votos de PP e Independientes por Ferrol y el rechazo de PSOE, IU y BNG. Un día antes, la Comisión de Urbanismo valoró las sentencias y escritos que “instaban al Ayuntamiento a autorizar el derribo” y rechazó las alegaciones a la modificación puntual del PXOM para la parcela. “La sentencia judicial no contempla la posibilidad de exigirle al propietario que conserve una parte de la fábrica”, explicó Guillermo Evia, responsable de Urbanismo.

El TSXG ya había multado al anterior gobierno socialista por retrasos en la ejecución de las sentencias que daban la razón a la constructora. Jerpu presentó el proyecto de demolición en 1996 y ha batallado en los tribunales durante 15 años para recabar permisos y sortear las trabas administrativas al derribo. La promotora tiene a su favor los mandatos judiciales y el visto bueno de la Xunta y del Gobierno local, que non han visto en la fábrica nada especial que la salve de ser demolida.

El 5 de enero, en un último intento por detener la actuación, Izquierda Unida presentó un recurso de alzada contra la autorización de Patrimonio que en noviembre había levantado el último freno a un derribo que había descartado en febrero con un informe desfavorable. “Agotaremos todas las vías legales para impedir un atropello sin remedio contra el patrimonio histórico y la memoria de la ciudad”, asegura Yolanda Díaz, coordinadora de IU en Galicia y edil en Ferrol. Díaz acusó al Ejecutivo popular de actuar como “una brigada de demolición al servicio de los intereses inmobiliarios” y le reprocha a la Xunta que en ocho meses cambiase de parecer sobre la fábrica. El BNG también ha criticado que el gobierno de José Manuel Rey se apresure a dar luz verde al desmontaje sin esperar a que la redacción del Plan Especial para Ferrol Vello estudie otras alternativas para este espacio.

Otro colectivo muy beligerante contra el derribo han sido los arquitectos de la delegación ferrolana del COAG capitaneados por Miguel Reimúndez, exedil de Vivienda de Ferrol con el bipartito PSOE-IU del 2007. Opina que la rehabilitación de Hispania “es una oportunidad en la trama de la ciudad” y que debería salvaguardarse al menos la estructura de la chimenea y la zona de oficinas. Los últimos en terciar en la polémica han sido los técnicos del comité internacional del patrimonio industrial que pretenden elevar a la Unesco una petición para detener la demolición.

No parece probable que la vieja Hispania pueda escaparse al derribo que la ronda desde hace años. Casi 'in extremis', IU mantendrá este jueves una reunión en Santiago con el director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel. La formación ha pedido a la promotora que aparque temporalmente la demolición para “no causar daños irreparables a una construcción de indudable valor histórico”.

El País - Lorena Bustabad Ferrol - 23 ENE 2012
Foto: Obras de demolición en la emblemática factoría ferrolana que han provocado las protestas de la oposición municipal y del colegio de arquitectos. / GABRIEL TIZÓN

Infraestructuras invisibles, el futuro de las ciudades

2012-01-24T09:10:00.000+01:00

ELPAÍS/Reportaje* : Esas urbes submarinas de ensueño protegidas por domos inmensos o los vehículos que vuelan sobre las metrópolis en la película de Blade Runner tardarán bastantes años en ser realidad. La ciudad que viene, la de dentro de un par de décadas, no rompe radicalmente con la apariencia de la actual. Eso sí, en sus entrañas y de una manera silenciosa, vivirá una transformación similar a la de la llegada de Internet a nuestras vidas, afirman las empresas tecnológicas y las ciudades que ya se han montado al tren del cambio. La urbe, con ayuda de la tecnología, será más limpia, ecosostenible, ofrecerá una mejor calidad de vida a sus vecinos. Deberá ser mejor gestionada por sus gobernantes. El primer reto: ¿Quién pagará la factura?
El cambio no es un asunto meramente estético. En el año 2050, el 75% de la población mundial vivirá en ciudades, según Naciones Unidas. Esto equivale a 6.000 millones de personas. En España, esta cifra se eleva hasta el 82%. "El cambio climático derivará en migraciones a gran escala dentro de cincuenta años", asegura Greg Clark, presidente de Business of Cities. Los recursos naturales disponibles son limitados y hay que estar preparados buscando un modelo que permita racionalizarlos.

El paradigma de esta nueva concepción se llama smart cities (ciudades inteligentes, en inglés) y fue el tema de debate durante la Smart City Expo World Congress, que se celebró a principios de diciembre en la Fira de Barcelona. Allí se dieron cita más de 300 expertos de 20 países del mundo y se presentaron varias aplicaciones que ya se ven en algunas ciudades españolas como la capital catalana, Santander o Málaga.

Una smart city, según los expertos, es una urbe que aplica soluciones innovadoras para conseguir una mayor calidad de vida de sus habitantes. Esto pasa por la tecnología. Ahora es posible crear ciudades "sensibles", que mediante sensores, por ejemplo, arrojen datos en tiempo real sobre temas claves como la contaminación, las basuras, el tráfico o el consumo energético. Y con toda esa información centralizada es posible tomar mejores decisiones, más efectivas y rápidas. Carlo Rattu, director del laboratorio SENSEable City del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), hace un símil automovilístico. Hace 20 años, en la F-1, la principal preocupación de las escuderías era quién tenía el motor más potente o la mejor aerodinámica. Ahora, aunque esto sigue siendo importante, es fundamental la telemetría, es decir, la tecnología que posibilita conocer en tiempo real los datos sobre las condiciones de la pista y del vehículo. Allí está el secreto para llegar al podio.

Un caso exitoso de la puesta en marcha de esta idea es el programa Digital Birmingham. La ciudad inglesa instaló una red inteligente de contadores de electricidad en una cincuentena de hogares en la zona de Edgbaston. El sistema permite a las familias conocer su consumo a través de Internet y así planificar estrategias para ahorrar. Según Mike Whitby, el alcalde de la ciudad, en las primeras 12 semanas de implantación los hogares-laboratorio redujeron sus facturas en un 60% (unos 40 euros menos) y evitaron la emisión de 12 toneladas de CO2 a la atmósfera.

La organización del tráfico rodado también es uno de los aspectos en los que más se ha adelantado en la ciudad "sensible". Por ejemplo, San Francisco desplegó un sistema de sensores y señales lumínicas en el 25% de sus plazas de aparcamiento, muy similar al que se puede encontrar en algunos centros comerciales o parkings privados. Esto le permite al conductor encontrar un sitio disponible a través de cualquier aparato que tenga la funcionalidad de geolocalización, como una tableta o un móvil. Otro ejemplo es Copenhaguen. Allí existe un sistema similar en el que el conductor conoce las plazas disponibles en un lugar determinado a través de SMS.

"Durante los últimos años los políticos han basado sus iniciativas en infraestructuras visibles, grandes edificios que dejaran huella física y evidente de su legado. Desde que comenzó la crisis han cobrado más sentido los proyectos de ciudad inteligente, invisibles a primera vista, pero mucho más beneficiosos para los ciudadanos", asegura Jordi Pugneró (CiU), teniente de alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), uno de los centros urbanos que más ha apostado por el modelo smart city en España.

Otra de las abanderadas de las infraestructuras invisibles es Santander. Según su alcalde, Iñigo de la Serna (PP), en tres años se prevé dotar a la ciudad de 20.000 sensores, algunos enterrados bajo el asfalto para obtener información sobre la movilidad, otros ubicados al aire libre, para monitorear los niveles lumínicos o sonoros. La idea es que la capital cántabra sea un gran laboratorio donde empresas y el mundo académico realicen experimentos sobre la infraestructura desplegada. El programa cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Una de las aplicaciones que allí se ha probado es la del sistema de regado de los jardines. Allí un sistema decide cuándo regar en función de la humedad ayudando así a evitar el desperdicio de agua.

Los desarrollos tecnológicos también aportaN la posibilidad de construir con materiales novedosos, que permitan la integración de sistemas de producción energética en los edificios. Un ejemplo es el edificio Mediatic de Barcelona, que incorpora unas membranas especiales que detienen la radicación solar. Gracias a un centenar de sensores, se gradúa la entrada de luz al edificio. Según cifras del Consistorio de la capital catalana, solo con un aislamiento térmico eficiente se puede ahorrar cerca del 50% de la energía utilizada en una vivienda.

Algunos expertos también dan un paso más allá y abren la posibilidad de reindustrializar la ciudad, revertiendo la tendencia de los últimos 50 años. Uno de ellos es Neil Gershenfeld, el director del Center of Bits and Atoms del MIT, que propone una "nueva revolución industrial", en la que máquinas de última generación podrían producir objetos de una manera limpia y sin ocupar mucho espacio dentro del tejido urbano. "En lugar de llevar los trabajos fuera de la ciudad podríamos producir de forma local muchos de los productos consumidos por los ciudadanos", asegura Gershenfeld.

Aunque la idea sobre la necesidad de cambiar de paradigma urbano es compartida, no hay ni mucho menos un consenso sobre cómo se debe hacer o cuál es el modelo a seguir. "Muchas ciudades tienen prioridades mucho más acuciantes que las de llenar sus calles de sensores", cree Ismael Fernández, presidente de la Asociación Internacional de Urbanistas (ISOCARP por sus siglas en inglés). Las empresas desarrolladoras de tecnología aseguran que la idea las smart cities no es una burbuja. "El concepto no nace de una elucubración teórica ni de una necesidad de vender más tecnología, sino de una demanda real de los ciudadanos", argumenta Tobías Martínez, presidente de Abertis Telecom. Fernández cree que el problema de fondo es que las ciudades "siguen tendencias no ideas".

La realidad es que implantar algunas de estas tecnologías resulta costoso, especialmente en tiempos de crisis. Jordi Botifoll, vicepresidente sénior de EMEA-CISCO cree, sin embargo, que allí hay una oportunidad y se abre un nuevo horizonte para países como España. "En unas economías que por fuerza han de tener a la innovación como motor, la implementación del concepto smart supone una gran oportunidad para superar la brecha en competitividad", plantea Botifoll. Los ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes podrían externalizar servicios por valor de 10.000 millones de euros a tecnologías smart, según ferrovial. Para el profesor de IESE Eduardo Martínez Abascal, los consistorios ahora están en capacidad de invertir, pues han sido las únicas administraciones públicas que han tenido superávit corriente en los últimos años. "El aumento de la deuda por parte de la administración municipal en los últimos tres años ha sido relativamente moderado, comparado con la generada por el Estado o las Comunidades Autónomas", explica. Según Martínez, el gasto medio por ciudadano entre los ayuntamientos oscila entre los 1.200 y 1.500 euros. En su opinión es bastante bajo si se compara con el gran catálogo de servicios de cercanía que ofrecen.

A pesar de ello, los números son los que son y la participación privada sería indispensable, algo a que los expertos advierten que no hay que tirarse en picada. "Hay un papel para la empresa privada, pero este ha de ejercerse sin menoscabo de la degradación democrática que supone eliminar la relación directa entre ciudadano y administración en la prestación de servicios públicos. Los mercados no hacen un buen trabajo coordinando las necesidades públicas, especialmente en los países en vía de desarrollo",puntualiza Mildred Warner, profesora de Urbanismo de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Para evitarlo, el concejal de Birmingham Paul Tisley sostiene que no se puede contar con "un modelo único" de colaboración con la empresa privada, sino impulsar diferentes alternativas, desde contratos a largo plazo hasta joint ventures.

El debate de fondo radica en la necesidad, más allá de la tecnología, de una buena gobernanza. "La tecnología ha de ser considerada por defecto y la importancia recae en el fomento a la creación de los servicios que posibilita", explica Jonathan Warenham, director del departamento de Gestión de la Información de Esade. "Existe el poder de elección sobre el uso que damos a las tecnologías o sobre cuáles utilizamos o no", añade José Luis Marín, presidente de Endesa. En ese contexto se inscriben las decisiones políticas y el diseño de una adpatción particular. Anthony Twonsend, el director de investigaciones del Institute for the Future, apunta a la necesidad de un liderazgo político "no existirá una única respuesta trasladable de una ciudad a otra, por lo que cada una deberá encontrar sus propias soluciones".

En eso será fundamental el consenso político. "El número y fragmentación de los actores implicados hacen hoy difícil poner en marcha verdaderos proyectos transformadores", explica Bruno Berthon, director de Worldwide Sustainability en Accenture. Una tarea bastante ardua para un país donde el 84.1% de los municipios (6.821) tiene menos de 5.000 habitantes y se debate el papel de las autoridades supramunicipales.

Municipios superdotados a la española

Las iniciativas de las smart cities suelen agruparse dentro de cinco bloques: energía, medio ambiente, urbanismo, movilidad y tecnologías de la información y comunicación (TIC). Varias ciudades de España ya han debutado en algunos de ellos, con resultados diferentes. El problema es que los proyectos, aunque en la mayoría de casos sirven para ahorrar a medio y largo plazo, a corto plazo suelen suponer un dispendio. A falta de dinero, el reto pendiente es lograr extenderlas más, en muchos casos, gracias a subvenciones o colaboraciones con empresas.
Málaga. La ciudad andaluza es la más inteligente del país, según la consultora IDC. Su iniciativa más destacada es de corte energético y la inició en 2009. “Málaga es el proyecto español pionero destinado a crear una ciudad ecoeficiente. Su objetivo es conseguir una integración óptima de las fuentes renovables de energía en la red eléctrica”, explica la consultora. El proyecto fue impulsado por Endesa y gracias a fondos de la Unión Europea. Su objetivo es lograr el autoabastecimiento energético a través de varios sistemas, desde aerogeneradores en azoteas a las placas solares. El éxito del proyecto hizo que se buscaran otros frentes de inteligencia para la ciudad. Actualmente el ayuntamiento tiene en marcha otros proyectos de tecnología para mejorar el transporte público, el tráfico o las obras públicas. Planea acciones para hacer más eficiente la recogida de basuras, por ejemplo.
Sant Cugat. Este municipio barcelonés de 80.000 habitantes está a la cabeza del índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) que realiza la ONG Transparencia Internacional. Su página en internet es la más completa del país y le permite a los ciudadanos no solo acceder a muchos servicios como la reserva de una sala para su boda sino poder conocer detalles sobre la contratación y las obras públicas que se realizan en el municipio.
Barcelona. La capital catalana es una de las ciudades líderes en movilidad eléctrica. En colaboración con Endesa, Barcelona ya cuenta con 72 puntos de recarga para coches y motos y la ciudad se prepara así para el día en que el mercado decida dar el vuelco tecnológico. El Ayuntamiento cuenta con una flota de 21 motos eléctricas y unos 256 vehículos de la contrata de limpieza usan esa misma tecnología. El futuro sistema de RetBus, de autobuses de alta capacidad, incluirá un sistema de coordinación con los semáforos para darles prioridad y así aumentar su velocidad.
Valladolid. Ríos de luz es un proyecto de ahorro energético desarrollado por el Ayuntamiento castellano junto con Inda, Philips y ELPA, gracias a los dineros del Plan E. Mediante la reorganización de la iluminación de 35 edificios y monumentos de la ciudad se logra aumentar su esplendor para el goce de los visitantes y los vecinos sin un impacto en la factura de la luz. Según su alcalde, Francisco Javier León de la Riva (PP), el gasto se ha reducido en un 45% gracias a la utilización de lámparas LED.

* El País - CAMILO S. BAQUERO 16 ENE 2012
Foto: Maqueta del edificio Mediatic de Barcelona - elpais

Esquizofrenia entre el urbanismo y la arquitectura

2012-01-24T09:00:00.001+01:00

TOMÁS MARTÏNEZ BOIX* : La arquitectura española ha estado de moda en los últimos tiempos. Basta recordar la exposición en el MOMA de Nueva York (2006) donde se presentaron una treintena de proyectos y realizaciones españolas. No en balde el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York constituye la cátedra del arte actual, y la exposición de cualquier trabajo en sus paredes lo consagra. La importancia del acontecimiento fue mucha, hasta tal punto que el Washington Post dijo que la exposición era la prueba palpable de que España entraba en la vanguardia mundial de la arquitectura.
Por otro lado, el urbanismo español ha sido vapuleado con viva dureza desde el exterior. El Parlamento Europeo, a instancias de grupos verdes denunció "la destrucción masiva de nuestras costas", las "ganancias excesivas" y la "falta de control". Por fin, se permitió dicho organismo unas recomendaciones críticas dado que el parlamento europeo carece de competencias en la materia, con el urbanismo español.
Esto me plantea una pregunta ¿Es muy buena la arquitectura y muy malo el urbanismo español? Sabido es que la enseñanza de la arquitectura en España se establece con dos especialidades: la de edificación y la de urbanismo. ¿Por qué salieron tan bien preparados unos y tan zafios los otros? ¡Pero si éramos los mismos! Así que la contribución a la imagen del país, eso que los geógrafos llaman el paisaje, debería haber sido equivalente entre las aportaciones de la arquitectura y el urbanismo. Y no ha sido así. Aunque seamos los mismos profesionales y hayamos estudiado en las mismas escuelas, el quehacer de una de las ramas ha resultado magnífica y desastrosa y seca la otra.

Y es que en arquitectura últimamente solo se han valorado las buenas piezas, sin buscar demasiado su conexión con el resto de la ciudad. Bilbao, Valencia, BarcelonaÉhan dado magníficos ejemplo de dicha arquitectura de autor que conforma espléndidos edificios que sirven de hitos urbanos. Y también ciudades medias, Mérida, León, Cartagena, han aportado excelentes ejemplos. En realidad la única arquitectura estimada ha sido la arquitectura estrella, la del "star system architects". ¡Puro marketing! Y el resto de la arquitectura y el urbanismo han sido relegados a una segunda fila. Y algunos críticos, especialmente crueles, han dirigido sobre ellos los improperios de "paisajes inmobiliarios" o de "arquitecturas de la banalidad".
En cuanto al urbanismo hay que ver lo que se ha perdido desde que arrancó la democracia. El Régimen anterior, con el cuarto Plan de Desarrollo llegó a montar un Ministerio de la Planificación. De ahí, a la situación actual en la que el urbanismo no dispone ni siquiera de una dirección general, nos habla de un hundimiento glorioso. Los ministerios fueron cambiado de nombre: Fomento, Medio Ambiente, cualquier cosa menos Urbanismo o Planificación. Y eso que el comienzo de la democracia trajo un cierto reverdecer del urbanismo. A nivel local, todos los pueblos querían modificar su Plan General y las concejalías de urbanismo se convirtieron en una nueva manera de hacer política. Hoy cuando los partidos minoritarios tienen posibilidad de hacerse cargo de una concejalía piensan en cultura, fiestas, mercadosÉ Y es que últimamente, que te nombren concejal de urbanismo es una desgracia. Puedes salir acusado, implicado o en el peor de los casos encarcelado.
¿Qué ha pasado de aquel urbanismo progresista y regeneracionista del país, que en una tradición liberal desde Ildefonso CerdáArturo Soria hasta Solá-Morales, se desarrolló en España? ¿Y con aquel urbanismo de la transición, que pedía a gritos nuevas dotaciones para los barrios?
Yo creo que el problema actual es la falta de una cultura política de ordenación territorial, de planeamiento urbano y de gestión del paisaje. Esto es lo que nos ha llevado a esta situación. Recuperar el urbanismo público, pensar en la planificación de la ciudad y entender el paisaje como un criterio de ordenación del territorio, es hoy necesario. ¡Y es el momento oportuno! El comienzo de la redacción de un nuevo Plan General tiene que hacernos recapacitar sobre las condiciones urbanísticas de nuestro municipio.

* Información - Opinión - 21.1.12

Málaga.- Una cara joya del surrealismo

2012-01-23T09:30:00.002+01:00

ELPAÍS* : Uno de los ejes de la política cultural del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha sido el fomento, junto a los grandes museos locales, de una serie de micromuseos temáticos, hiperespecializados y escasamente rentables: museo de las cofradías, del vino, del automóvil, del vidrio, de muñecas... Uno de los últimos proyectos -a largo plazo, como casi todo en esta soleada ciudad- es la creación de un "museo de museos", en los antiguos cines Astoria, cuya propiedad, por otro lado, aún está lejos de tener el Ayuntamiento. Sin embargo, el más original de todos los centros expositivos de la capital malagueña es el Museo de la Nada, que abre hoy sus puertas en el edificio municipal de la antigua Tabacalera.
La nada, el cero, el vacío más absoluto es lo que aguarda hoy a partir de las diez de la mañana a los primeros visitantes que acudan al Museo de las Gemas Art Natura, que fue la gran apuesta cultural de De la Torre en la época de bonanza económica y se perfila como una de las mayores pesadillas de este mandato. Royal Collections, entidad dueña de las piedras preciosas y organizadora del museo, abrirá hoy las salas al público un día antes de que expire el ultimátum de 120 días lanzado por el consistorio para su apertura. Lo hacen, además, empujados por una resolución judicial que da la razón al Ayuntamiento en su pretensión de abrirlo.

Royal Collections entendía que el Ayuntamiento debería haberles entregado en 2008 el conjunto de edificios destinados a albergar, además del Museo de las Gemas, un Museo de Ciencias de la Vida y otro de Ciencias de la Tierra. Los trabajos, a costa del Ayuntamiento, se retrasaron y la relación entre la concesionaria y el consistorio se fue agriando. En marzo de 2011, con la excusa oficial de las pérdidas originadas por los retrasos, Royal Collections solicitó al Ayuntamiento la extinción del contrato. Sin embargo, esta fue también denegada por la Justicia.

Paredes vacías, vitrinas amontonadas sin colocar, cajas por el suelo, escaleras mecánicas y ascensores parados y sin electricidad, luz escasa, ausencia de puertas de seguridad y cámaras acorazadas para las joyas... En este precario estado se pondrá en marcha mañana el Museo de las Gemas. Durante el mes de enero, Royal Collections tiene previsto ir poniendo en marcha la exposición. Sin embargo, es muy probable que las instalaciones cierren inmediatamente después de abrir, o que ni siquiera lleguen a hacerlo, ya que el museo carece de licencia de apertura y permiso de Bomberos, informó ayer el representante de la concesionaria, Fulgencio Alcaraz. El alcalde de Málaga, ayer en Madrid, rechazó adelantar acontecimientos.

De momento, hasta el 1 de febrero, la entrada al no-museo es gratuita. Incluso habrá visitas guiadas "en las que los visitantes podrán comprobar las deficiencias", avisó Alcaraz, que en las últimas semanas ha lanzado una fuerte campaña de publicidad contra el Ayuntamiento.

Nada parece indicar que los 40 millones de euros que ha costado hasta ahora la rehabilitación del edificio de Tabacalera para su uso museístico se hayan salvado de irse por el desagüe. Alcaraz aseguró que ha llegado a pasar al consistorio 164 notas de gastos que "no se tenían que hacer porque nadie lo había solicitado, porque no eran necesarios, porque su precio era exagerado o porque eran obras que la constructora no tenía que cobrar dos veces". Estos gastos suman, según Alcaraz, 17 millones.

Las joyas de Royal Collections ya fueron expuestas entre 2000 y 2005 en Valencia. Y en esa ciudad, la relación con el Ayuntamiento también acabó mal.

* El País - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 18/01/2012
Foto: Málaga, museo en Tabacalera - malagahoy

'Operación Gürtel': cronología de la investigación por corrupción

2012-01-23T09:20:00.001+01:00

20MINUTOS/Reportaje* : La 'operación Gürtel' ('correa' en alemán, denominada así por el apellido de Francisco Correa considerado el líder de la trama de corrupción), ha costado ya el puesto a tres alcaldes, una concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de Ayuntamiento, dos cargos de confianza; y el último, el tesorero del PP, Luis Bárcenas. Todos son del PP. Este es el desarrollo cronológico para entender la presunta red de corrupción y connivencia entre empresas y políticos.
2009
6 de febrero: La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
Comienzan a surgir los vínculos de los detenidos con el PP: uno de los cinco detenidos es un empresario muy ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP. Después de sabría que el detenido es Francisco Correa, al que se considera cabecilla de la supuesta red corrupta.

8 de febrero: Salen a la luz en distintos medios de comunicación los nombres de algunos de los miembros del PP presuntamente implicados en la trama: Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.

9 de febrero: Ante las sospechas de la imputación de González Panero, López Viejo y Ortega, comienzan las dimisiones. La más sonada, la del consejero de Esperanza Aguirre, López Viejo; también cesa en su puesto Guillermo Ortega y Rajoy anuncia la dimisión del alcalde de Boadilla, aunque González Panero tardó 24 horas en hacerlo, desmintió a Rajoy y finalmente dimitió como alcalde, pero no como concejal.

Un nuevo detenido se suma a la lista: Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market, que organizó actos para el PP.

10 de febrero: Garzón amplía su auto y ya son 37 los imputados en la presunta trama.

El PP se queja ante el juez de la Audiencia por las filtraciones del sumario que llegan a la prensa y 24 horas después pide la recusación del juez y anuncia el fin del pacto de la Justicia firmado por el Gobierno al conocerse que el entonces ministro Bermejo coincidió con Garzón en una cacería sólo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional.

12 de febrero: Garzón manda a prisión a tres de los detenidos por la presunta trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El juez los acusa de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Por otro lado, queda en libertad Álvaro Pérez Alonso.

19 de febrero: Dos periódicos relacionan al presidente valenciano, Francisco Camps, con la trama. Al parecer, habría conseguido trajes por valor de 30.000 euros por favores a la trama.

Camps comparece esa misma mañana para desmentir por completo las acusaciones y defiende sus "20 años de vida pública al servicio del interés general".

20 de febrero: Nueva víctima política por la trama en la Comunidad de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón cesa a José Javier Nombela, asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, también imputado por Garzón. También fue apartado de su cargo el director de la Empresa Municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente.

En plena investigación, el juez Garzón ingresa en una clínica por una crisis de ansiedad, un día después le dan el alta. Durante su baja, se encarga del caso el juez Pedraz, que se limitó a aplazar las declaraciones que Garzón tenía previstas.

25 de febrero: Con Garzón recién incorporado al trabajo, el PP presenta una querella contra el juez por prevaricación. Horas después, el magistrado implica en la trama al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador Luis Bárcenas. Además, Garzón desmiente las informaciones aparecidas en prensa que involucran en la trama al diputado del PP Esteban González Pons. Lejos de celebrarlo, el PP acusa al juez de haberse saltado el secreto del sumario del caso.

5 de marzo: Tras las peticiones de la Fiscalía y el PP, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso 'Gürtel' y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez amplía las imputaciones a otros seis miembros del PP: Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte), Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (alcalde de Arganda del Rey).

Tras finalizar los interrogatorios, Garzón deja en libertad a 34 de los 37 imputados. Por ahora, sólo están en prisión Francisco Correa, y sus dos socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

6 de marzo: El caso 'Gürtel' se cobra otras dos víctimas en el PP. Dimiten los alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.

Por otra parte dimite el director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales, presenta su dimisión a petición del alcalde, Juan Siguero (PP), tras conocerse su imputación en el caso Gürtel.

El PP anuncia que suspende de militancia a todos los miebros del partido imputados por Garzón, a excepción de los aforados de la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

12 de marzo: Mariano Rajoy insiste en desvincular a su partido de la trama corrupta. Asegura que la gente de Francisco Correa "no ha entregado ni un sólo euro al PP" y defiende a ultranza a Francisco Camps. Además, dice que "habrá que demostrar" que Correa regaló un Jaguar de 8 millones de pesetas al ex alcalde de Pozuelo, casado con la diputada 'popular' Ana Mato.

15 de marzo: José Tomás, supuesto sastre de Francisco Camps, asegura en un entrevista en el diario El País que el presidente valenciano le llamó en varias ocasiones muy nervioso para saber si había facturas de trajes a su nombre cuando supo que declararía ante el juez Garzón. Asimismo, Tomás indica que los trajes de lujo que regalaba a políticos valencianos eran pagados por Orange Market con billetes de 500 euros.

17 de marzo: Los tres únicos imputados encarcelados por el 'caso Gürtel' -el líder de la supuesta trama, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- acuden a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón. La ley permite al magistrado aplicar esta medida para saber si en las cartas recibidas en la cárcel hay algo de interés para su investigación.

27 de marzo: Baltasar Garzón imputa a otras diez personas en la llamada 'Operación Gürtel', con lo que el número de imputados se eleva a 55. Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España. El lunes 30 de marzo los deja en libertad.

31 de marzo: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acuerda aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel', al encontrar indicios de corrupción en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que según el tribunal podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Además, Garzón acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa. En su auto también señala que el senador popular Gerardo Galeote pudo percibir de Correa la cantidad de 652.000 euros.

2 de abril. El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, supuestamente implicado en la trama, dimite como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid. Es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea, junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh, sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos.

14 de abril. La Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso.

5 de mayo. El Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa. La decisión la adopta el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.

7 de mayo. El juez Antonio Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

14 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cita para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Ambos declararán como imputados.

18 de mayo. El magistrado instructor del 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) traslada al miércoles la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Mientras, más de un centenar de cargos públicos del PP arropa a Camps durante un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat.

19 de mayo. El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa declara por el 'caso Gürtel' y asegura que su comportamiento ha sido legal.

20 de mayo. Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJV. A su salida dice estar "satisfecho y muy contento" de haber contado su verdad. El TSJV mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares.

21 de mayo. Detienen en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.

José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que "todos" los trajes que constan en el sumario del caso Gürtel fueron pagados por Pablo Crespo, 'número dos' del empresario Francisco Correa, administrador único de Orange Market y en prisión desde el mes de febrero por este caso.

22 de mayo. Nueva víctima política del 'caso Gürtel'. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP.

9 de junio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el caso Gürtel, impone una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados en el 'caso Gürtel'.

2 de abril. El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, supuestamente implicado en la trama, dimite como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid. Es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea, junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh, sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos.

14 de abril. La Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso.

5 de mayo. El Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa. La decisión la adopta el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.

7 de mayo. El juez Antonio Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

14 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cita para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Ambos declararán como imputados.

18 de mayo. El magistrado instructor del 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) traslada al miércoles la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Mientras, más de un centenar de cargos públicos del PP arropa a Camps durante un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat.

19 de mayo. El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa declara por el 'caso Gürtel' y asegura que su comportamiento ha sido legal.

20 de mayo. Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJV. A su salida dice estar "satisfecho y muy contento" de haber contado su verdad. El TSJV mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares.

21 de mayo. Detienen en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.

José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que "todos" los trajes que constan en el sumario del caso Gürtel fueron pagados por Pablo Crespo, 'número dos' del empresario Francisco Correa, administrador único de Orange Market y en prisión desde el mes de febrero por este caso.

22 de mayo. Nueva víctima política del 'caso Gürtel'. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP.

9 de junio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el caso Gürtel, impone una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados en el 'caso Gürtel'.

3 de agosto. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana archiva la causa interpuesta contra los cuatro acusados por la trama en la Comunidad Valenciana, tras estimar sus recursos. La resolución incluye un voto particular de un magistrado que cree que sólo se debería archivar la causa contra Ricardo Costa, secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts. Ese mismo día, María Teresa Fernández de la Vega anuncia que la Fiscalía General del Estado recurrirá el fallo del TSJCV.

10 de agosto. La Policía registra la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en busca de vínculos con el caso 'Gürtel'. En concreto, las autoridades buscan documentación sobre contratos de la etapa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al frente de la institución. Al parecer, se trata de documentación reclamada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ocupa de la ramificación madrileña de la operación Gürtel.

28 de agosto. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) deniega la libertad provisional a Francisco Correa, principal imputado por el caso Gürtel, alegando a la posible obstrucción de pruebas y riesgo de fuga. Por otro lado, dimite el director de la TV valenciana. También el ex ministro de Justicia José María Michavila renunció a su escaño en el Congreso, alegando motivos personales y familiares. El despacho de abogados en el que trabaja el se vio relacionado con el caso, ya que varios de sus abogados defendieron al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

2 de septiembre. El TSJM revela las razones por las que denegó la libertad provisional a Francisco Correa. Señala que el principal imputado intentó fugarse y conseguir residencia legal en Colombia y Panamá. Además, el magistrado prorrogó por un mes más el secreto del sumario.

15 de septiembre. El Pleno del Congreso vota a favor del suplicatorio del diputado popular Jesús Merino, de manera que el Tribunal Supremo puede proseguir investigándole por su presunta implicación en el caso y procesarle, si así lo considera.

24 de septiembre. La 'trama Gürtel' financiaba ilegalmente al PP valenciano. Así lo recoge el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el 'caso Gürtel'. Éste apunta a la existencia de una doble contabilidad y a una serie de facturas falsas a cargo del PP valenciano.

25 de septiembre. Varias voces dentro del PP han desacreditado el informe policial, desde Mariano Rajoy a Ricardo Costa, pasando por Javier Arenas y Federico Trillo.

29 de septiembre. El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), acuerda en un auto levantar parcialmente el secreto del sumario. En el listado de los 71 imputados en la causa, entre otros, está la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.

1 de octubre. La Fiscalía Anticorrupción recurre ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa por un supuesto delito de cohecho que se tramitaba contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

6 de octubre. El juez ha entregado a los abogados parte del sumario de la trama madrileña de 'Gürtel'. En él se habla de financiación ilegal en el PP de Galicia, en el de Valencia, sale el nombre de Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar, y otros muchos políticos relacionados con el PP.

8 de octubre. Los tres diputados imputados en 'Gürtel' dejan el PP en la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre asegura que no se pone "como ejemplo para nadie".

9 de octubre. El PP valenciano anuncia que propondrá el "cese temporal" de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano.

13 de octubre. El secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, asegura que no va a dimitir en un comunicado leído en la sede del partido en Valencia, donde reitera que ni él, ni Camps, han incumplido la ley, y recalca su lealtad al PP, a Camps y a Rajoy.

Horas después, Génova da por hecho la "suspensión" de Costa, pero el PP valenciano lo niega. Camps mantiene a Costa en el cargo, pese a que la dirección nacional del partido le considera destituido.

14 de octubre. La guerra entre el PP nacional y el valenciano parece tener un ganador, Mariano Rajoy. Francisco Camps destituye a Ricardo Costa de sus cargos como secretario general del PP valenciano y portavoz en las Corts. Génova estaba dispuesto a expulsar a Costa si éste se empeñaba en aferrarse a sus cargos.

15 de octubre. Rajoy comparece en rueda de prensa y asegura sobre Camps que mantiene "el mismo nivel de confianza de siempre". "No tengo ninguna duda sobre su honradez, dijo, antes de recordar que, "una vez archivado el caso en el TSJ de Valencia, no hay ningún elemento nuevo que haga que deba ser cesado". Además, adelantó que su voluntad es que siga siendo presidente de la Comunitat Valenciana y candidato en las elecciones de 2011. "A mí el señor Camps no me ha mentido", recalcó.

27 de octubre. El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ordena la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros de Antoine Sánchez, uno de los tres imputados que, junto a los líderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, permanecía en prisión preventiva.

23 de noviembre. Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de una de las sociedades de la trama de corrupción.

2010

25 de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las escuchas grabadas en la cárcel y ordenadas por el Juez Garzón entre los imputados y sus abogados.

5 de abril. El juez exige más de 200 millones de fianza a Correa y a sus colaboradores en "Gürtel".

6 de abril. Se levanta parcialmente el secreto de sumario. Entre otras cosas, los 50.000 folios de la instrucción recogen declaraciones de agentes de la Policía que dan por hecho que Luis Bárcenas cobró 1,3 millones de euros de la "caja B" de la trama "Gürtel".

8 de abril. Luis Bárcenas solicita la baja temporal como militante del PP y deja definitivamente sus funciones como tesorero del partido. Bárcenas, sin embargo, seguirá como senador por Cantabria. También pide la baja del PP el diputado Jesús Merino.

La frase del día la pronuncia Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid al asegurar, entre las carcajadas de la oposición, que ella "destapó la trama Gürtel".

9 de abril. María Dolores de Cospedal confirma que Bárcenas dejará de tener despacho en la sede nacional del PP, también asegura que "no ve obstáculos" para que el ex tesorero siga como senador adscrito al grupo popular.

13 de abril. La trama Gürtel salpica a Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar. El 'cerebro' de la trama, Correa, fue testigo de honor en la boda de Ana Aznar y Agag. Leire Pajín asegura que la trama corrupta se introdujo en el PP de la mano de Agag y Ana Botella le defiende recordando que no está imputado.

14 de abril. El PP pagaba 350 euros la hora al bufete del prestigioso penalista Miguel Bajo por defender al imputado Luis Bárcenas.

16 de abril. El Tribunal Supremo ha confirmado la admisión a trámite de la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, en relación a la intervención de comunicaciones en prisión entre acusados del 'caso Gürtel' y sus letrados.

19 de abril. El ex tesorero del PP Luis Bárcenas presenta en el registro del Senado un escrito por el que renuncia a su escaño en esta Cámara, al igual que el también imputado en la trama Jesús Merino.

22 de abril. La 'mano derecha' del cerebro de la trama, Pablo Crespo, queda en libertad tras pagar 1,2 millones de euros. El juez le retira el pasaporte.

29 de abril. Franciso Correa, el jefe de la trama Gürtel, se llevaba el 2% de los contratos de los ayuntamientos madrileños de Boadilla y Majadahonda. También se desvela que los miembros de la trama compraron libros para aprender a delinquir y que Correa fue timado en varias ocasiones.

En el terreno judicial, un juez del Supremo cita a Baltasar Garzón el 10 de mayo para que declare como imputado por las escuchas que ordenó a los encarcelados por su relación con la trama.

El PSPV presenta un informe en Les Corts que asegura que la Generalitat valenciana "ha vulnerado la ley en más de 50 ocasiones" con fraccionamientos de contratos para evitar la publicidad y concurrencia.

1o de mayo. Baltasar Garzón asegura al juez que "las escuchas eran la única vía para no perder los fondos del Gürtel".

18 de mayo. El Tribunal Supremo argumenta su decisión de ordenar a la Justicia valenciana que se siga investigando a Camps por aceptar trajes de la trama Gürtel. El Supremo explica en su sentencia que considera delito el simple hecho de que Francisco Camps aceptara los trajes.

26 de mayo. El juez Pedreira, del TSJM, ve indicios de delito electoral y cohecho en el Gobierno de Camps y remite parte de la investigación al TSJ de la Comunidad Valenciana. Camps, por su parte, afirma que el caso "es un montaje" y asegura que "terminará en nada".

21 de julio. El juez Pedreira, del TSJM, , cita a declarar en calidad de imputados a dos empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, por los supuestos delitos de cohecho, falsedad y fraude fiscal dentro de la trama. Son Rafael Naranjo Anegón,Luis Valor San Román y José Luis Cortés Bañares.

1 de septiembre. Un nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel insiste en que varios empresarios financiaron actos del PP valenciano pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con la sociedad Orange Market.

2 de septiembre. El juez instructor del caso, Antonio Pedreira, ha concedido un plazo de diez días al ex diputado Jesús Merino y al ex senador Luis Bárcenas para que se personen en la causa tras la pérdida de su condición de aforados después de renunciar a sus escaños.

3 de septiembre. El Partido Popular ha levantado este viernes la suspensión de militancia al ex-secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, diez meses después de ser suspendido por su posible relación con la trama. También ha devuelto la militancia al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

26 de octubre. La Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, que carece de los medios humanos necesarios para poder tasar todos los bienes intervenidos en la causa.

18 de noviembre. El Tribunal Supremo deniega las pruebas solicitadas por el juez Baltasar Garzón en la causa que le investiga por ordenar las escuchas a los imputados en el caso Gürtel en prisión y sus abogados. Considera que esas diligencias no son esenciales ni imprescindibles.

29 de noviembre. El juez Antonio Pedreira levanta la práctica totalidad del secreto de la parte del sumario que se investiga en la Comunidad de Madrid. Además, solicita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que investigue al presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (PP), por los delitos de cohecho y prevaricación.

3 de diciembre. Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que Francisco Correa diseñó desde la cárcel una estrategia para tratar de influir en los órganos judiciales encargados del caso y dio órdenes para que se controlaran las comisiones rogatorias internacionales que se acordaran para proteger sus intereses.

15 de diciembre. El magistrado Pedreira remite a la Sala Civil y Penal del TSJM su informe sobre la recusación planteada por la defensa de Correa y se aparta temporalmente del caso. La sala nombra en sustitución al magistrado Emilio Fernández Castro.

16 de diciembre. El TSJM decide no admitir a trámite la recusación contra Pedreira, quien retoma el caso.

2011

24 de enero. Un informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel desvela que la trama de corrupción pagó en 2003 y 2004 estancias en hoteles y billetes de avión o tren al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (PP) y a su familia por valor de 27.992 euros a través de la agencia de viajes Pasadena.

4 de febrero. El juez Pedreira prorróga otros dos años la prisión provisional para Correa y para el número dos de la trama, Pablo Crespo. A éste último, por otra parte, le rebaja la fianza de 1,2 millones de euros a 600.000 euros.

7 de febrero. El considerado cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, es ingresado en la Unidad Coronaria del hospital Gregorio Marañón de Madrid por un posible amago de infarto. Es dado de alta horas después y regresa a la prisión de Soto del Real.

10 de febrero. El magistrado Antonio Pedreira imputa al alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP), los delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias, así como por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor Arturo González Panero. Acto seguido, Siguero comunica su dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

11 de marzo. El ex diputado del PP Jesús Merino se desvincula durante su declaración ante el magistrado Antonio Pedreira del cobro de pagos de la red 'Gürtel' mediante la entrega de diversos documentos que le exculparían de su imputación de los delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

15 de julio. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictamina que el president de la Generalitat, Francisco Camps, sea juzgado por un delito de cohecho impropio ante un tribunal popular, junto a otros exaltos cargos del Gobierno autonómico y exdirigentes del PPCV, por haber recibido supuestamente regalos de la 'trama Gürtel'. Junto a Camps, serán juzgados el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el exsecretario general del PPCV y actual miembro de la dirección del grupo popular en Les Corts Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

20 de julio. Francisco Camps dimite como presidente de la Generalitat valenciana por la 'causa de los trajes', aunque insiste en su inocencia. "Ahora estoy liberado para defenderme de estas infamias", dijo. Además, el exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la consellería de Turismo Rafael Betoret se declaran culpables y pagarán la multa.

3 de noviembre. El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, rechaza excarcelar al presunto líder de la trama, Francisco Correa, al estimar que las medidas de control electrónico no evitan con "seguridad prácticamente absoluta" el riesgo de fuga.

12 de diciembre. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) comienza con el proceso de selección de los once miembros del jurado popular, dos de ellos suplentes, que deben juzgar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo dentro de la trama Gürtel.

13 de diciembre. El expresident de la Generalitat Francisco Camps se ha declarado "absolutamente inocente" ante el tribunal. También el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa ha reiterado su inocencia ante el jurado que juzga a ambos por recibir supuestos regalos de la trama Gürtel y han rechazado aceptar un acuerdo de conformidad, lo que implicaría asumir su culpabilidad.

14 de diciembre. En la tercera jornada del juicio es interrogado el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quien admite que recibió un traje en 2006, pero que lo pagó y reclamó la factura, aunque no se la dieron. También ha dicho que guarda "una relación personal y de amistad con Camps". El presunto líder de la red 'Gürtel', Francisco Correa, no declara como testigo en esta vista al estar imputado en otros dos procesos judiciales abiertos en Valencia y en Madrid sobre la trama con los que podría existir relación.

15 de diciembre. El exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos dice que acordó con Camps reconocerse culpable "para acabar con su drama personal, "desproporcionado y absurdo" y con un "gran tufo político", pero que es "inocente". El exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret se niega a declarar por estar imputado en otros procesos vinculados a este juicio. Además, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes niega haber regalado trajes a los cuatro imputados inicialmente en la causa que se juzga en Valencia y posteriormente renuncia a responder a las cuestiones planteadas por las partes.

19 de diciembre. Declara en el juicio Francisco Gorina, administrador de Sastgor S.L., que confirma la confección de cinco trajes en cuya etiqueta constaba el nombre de "Francisco Camps" y que fueron facturados a Forever Young; también habla de la confección de otros siete y dos americanas facturadas a Milano. Aun así, asegura que desconocía el destinatario de las prendas. Por su parte, una empleada de la empresa de transporte Transaher cuenta al jurado que su compañía realizó numerosos portes de las tiendas Milano y Forever Young de Madrid hasta la sede de Orange Market en Valencia, casi todos ellos a nombre de Álvaro Pérez.

20 de diciembre. El encargado de la tienda Forever Young, donde Francisco Camps y Ricardo Costa adquirieron supuestamente prendas de vestir pagadas por la trama Gürtel, revela que la empresa Orange Market ordenaba a este establecimiento alterar las facturas para ocultar los productos reales que había adquirido.

26 de diciembre. Declaración clave en el juicio de la 'causa de los trajes': la del sastre José Tomás, quien asegura que 'El Bigotes' le confirmó que Camps y Costa "no pagaban" las prendas.

27 de diciembre. Los letrados de la defensa interrogan a José Tomás, que declara por segundo día consecutivo en el tribunal. El sastre asegura que tenía "orden" de los supuestos cabecillas de la red Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, de que a clientes como Francisco Camps "no se les cobrara".

2012

2 de enero. Los 11 últimos testigos, pendientes de prestar su declaración en el interrogatorio de la 'trama Gürtel', acuden ante el magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Valencia, Juan Climent. Un exescolta de Francisco Camps asegura que prestó cerca de 200 euros al expresidente de la Generalitat para pagar en la tienda Forever Young de Madrid, versión que ha corroborado también el conductor oficial que también les acompañaba en ese momento.

12 de enero. El jurado escucha diferentes conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, entre ellas una en la que el expresidente de la Generalitat valenciana y su esposa agradecen un "detallito" de Álvaro Pérez 'el Bigotes'. En una de ellas, grabada el 7 de enero de 2009, El 7 de enero de 2009, después de que 'el Bigotes' le diga a Camps "te quiero mucho" y el expresidente conteste y "yo más", Isabel Bas, la mujer de Camps, coge el teléfono y admite: "Con el mío -en relación al regalo recibido- te has pasado veinte pueblos", a lo que Pérez replica: "¡Pero qué dices, si es un detallito!".

16 de enero. Los miembros del jurado vuelven a escuchar conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, entre ellas una entre 'el Bigotes' y Pablo Crespo con insultos referidos a Francisco Camps por aplazar una entrevista con el gobernador de Nuevo México Bill Richardson. "Es un gilipollas, tío, es un gilipollas (...), iría a verle y le daría dos hostias (...). Le he conseguido que vea a uno de los tres tíos más importantes del planeta, que mande a tomar a los cincuenta gorrones que han ido hasta allí para tomar güisquis", asegura.

18 de enero. El ex secretario general del PPCV Ricardo Costa le pidió a Álvaro Pérez 'el Bigotes' que intercediera ante Francisco Camps para formar parte del Gobierno de la Generalitat valenciana, puesto en el que creía que podría ser "más útil", según otra conversación telefónica. En este diálogo, Costa le pregunta si finalmente va cenar con el president, tal y como le había dicho en otra llamada, y 'el Bigotes' lo confirma: "He quedado el martes para ir a su casa". "Pues entonces a ver si le puedes meter una 'ideíta' en la cabeza -agrega Costa-. Vamos a ver si le podemos trasladar que a mí me tienen 'socarrado', y que yo como secretario general podría ser más útil si me pusiera en el Gobierno".

19 de enero. El Ministerio Fiscal y la acusación popular considera probado que el expresidente de la Generalitat y Ricardo Costa recibieron regalos de la trama corrupta. La fiscal del caso apela al "sentido común y la lógica del jurado" al defender las pruebas documentales. Paralelamente el juez Baltasar Garzón declara por el caso de la escuchas en la cárcel a los abogados de los imputados en la trama Gürtel.

20 de enero. "Soy inocente y vengo a buscar la justicia confiado y convencido" declara Francisco Camps ante el tribunal en su último turno de palabra al que tiene derecho como acusado en el juicio. El expresidente de la Generalitat también agradece su trabajo a los miembros del jurado a los que llama "ciudadanos de mi Comunidad". El comportamiento de Camps hace que el presidente del Tribunal pierde la paciencia en más de una ocasión y llama la atención al expresidente : "Guarde silencio o lo tendré que sacar de la sala".

* 20 Minutos - 20.1.12
Foto: Garzón y 10 de los implicados en la 'operación Gürtel'. (20MINUTOS.ES)

"La gente tiene que saber que el coste de construcción de una vivienda no supera los 60.000 euros"

2012-01-23T09:10:00.002+01:00

FOTOCASA/Entrevista* : El problema de la vivienda en España ha roto los límites generacionales y se ha constituido como una de las principales preocupaciones de los españoles. Así lo demuestran los diferentes grupos que luchan por defender a los consumidores y por denunciar las situaciones abusivas. Uno de estos colectivos es la Plataforma por una Vivienda Digna, con sede en Madrid y núcleos activos en País Vasco, Valencia, Salamanca, Galicia y Castellón. Rubén Sánchez, el responsable de esta iniciativa ciudadana, ha charlado con fotocasa.es y nos ha explicado las medidas que proponen para conseguir un derecho que establece el artículo 47 de la Constitución: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

fotocasa.es: ¿Qué actividades lleva a cabo la Plataforma por una Vivienda Digna?
Rubén Sánchez: Desde que constituimos la Plataforma, hace cinco años, hacemos pedagogía a través de charlas y seminarios en los que tratamos de orientar a los ciudadanos sobre cómo conseguir una vivienda digna y cómo defenderse en casos de injusticia. De hecho, estamos trabajando en una Guía de denuncia para los afectados en cuestiones inmobiliarias que pronto verá la luz. Además, colaboramos con otros colectivos, como grupos ecologistas y sindicatos, y ofrecemos asesoramiento a los más de 9.000 simpatizantes que tenemos repartidos por todo el territorio español.

fotocasa.es: En un momento delicado para la economía, el último barómetro del CIS sobre los principales problemas que preocupan a los españoles situaba la vivienda en sexto puesto. ¿Esto significa que este problema no afecta a un perfil concreto de gente?
Rubén Sánchez: En absoluto. Las peticiones de información que recibimos llegan de todo tipo de ciudadanos, desde personas mayores que las han desahuciado hasta jóvenes a los que les ponen todo tipo de obstáculos para alquilar una vivienda o solteros que se ven obligados a compartir piso porque si no les resulta imposible pagar un alquiler. Nosotros no disponemos de un servicio propio de asistencia jurídica, pero los derivamos a los organismos pertinentes.

fotocasa.es: ¿Cuáles son las causas del problema de la vivienda en España?
Rubén Sánchez: El modelo económico de este país, la falta de financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas y la escasa transparencia y excesiva burocracia. Cuando empezó el problema todo el mundo quiso ser parte de la fiesta y hacer dinero fácil, incluidas las instituciones. Lo que más encarece las viviendas es el suelo, que en muchas ocasiones lo venden los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Con este panorama nos encontramos que muchas administraciones públicas están en banca rota porque ya no tienen nada que vender. Es un modelo que no funciona, no puede ser que una biblioteca se financiara vendiendo suelo a precios desorbitados.

fotocasa.es: ¿Qué medidas propone la Plataforma para solucionar este problema?
Rubén Sánchez: Partimos de que todo el mundo tiene derecho a acceder a una vivienda, así que redactamos 40 propuestas, entre las que destacan el establecimiento de gravámenes fiscales a los inmuebles vacíos; el incremento de partidas presupuestarias destinadas a políticas de acceso a la vivienda hasta alcanzar cotas similares al esfuerzo medio de los principales países europeos (2% del PIB); la creación de una oficina pública de tasación de vivienda que asegure estimaciones imparciales y ajustadas a la realidad catastral y de mercado; y la reforma de la Ley Hipotecaria, de manera que limite las nuevas hipotecas tanto al porcentaje máximo del endeudamiento, el 25% del salario, como al número máximo de años de amortización de la deuda: 20. Si los bancos no concedieran créditos más allá de estas condiciones, los pisos y casas bajarían de precio. La gente tiene que saber que el coste de construcción de una vivienda no supera los 60.000 euros.

fotocasa.es: ¿Es el alquiler social una medida para paliar el problema?
Rubén Sánchez: Podría, pero no lo es. No es una alternativa porque apenas existe y el que hay se dedica a personas de extrema necesidad. Así las cosas, la gente tiene que decantarse por el alquiler convencional, y en esta situación se encuentra con que el precio medio del alquiler en Madrid es de casi 1.200 euros, mientras que la mitad de la población cobra menos de 1.000 euros. Respecto a las opciones de compra, éstas no mejoran. Hay gente que ni siquiera llega a comprar una VPO, que en algunos casos son más caras que las viviendas libres. La propia administración ha hecho de promotor y ha jugado con los precios del suelo.

* Fotocasa - 21.1.12
Foto: Vivienda digna - La hipoteca me mata (archivo)

La obra, antes que la torre

2012-01-23T09:00:00.002+01:00

CARLOS MÁRMOL : Existen dos posibilidades. O todo es un ceremonial con el fin de mostrar una posición de fuerza para una negociación posterior (fenicia, obviamente) o el futuro de la Torre Pelli puede terminar dirimiéndose ante los tribunales de Justicia, donde últimamente -al menos en Sevilla- las cuestiones urbanísticas, con sus derivaciones no siempre edificantes, copan las salas de lo contencioso.
La entidad que promueve el rascacielos del sur de la Cartuja [Cajasol] insinuó ayer, después de 24 largas horas de silencio, que no va a atender la petición municipal de negociar una rebaja de las dimensiones de su edificio. Lo que significa negar por la vía de los hechos una mayor -la evidente afección de la torre sobre la Sevilla histórica- que cada vez es más evidente. La entidad financiera defiende sus intereses. Zoido sugirió ayer por boca de su edil de Urbanismo que está dispuesto a defender los de Sevilla. El duelo, si llega, será en el Prado. Edificio de los juzgados. Y el heroísmo de ambas partes nos va a salir bastante caro.
Cajasol mantiene una calculada ambigüedad: sin negarse a colaborar invierte el objeto de la alianza institucional al plantear una réplica de la famosa embajada medieval a Tamorlán para reiterar ante la Unesco las bondades de la torre. El método es llamativo: restar valor a la opinión de sus expertos.

En realidad, una forma hábil de ganar tiempo -al menos hasta junio- mientras la obra continúa, que es de lo que se trata. Y que, probablemente, al final va a terminar siendo hasta casi más importante que el proyecto de Pelli.

Con independencia del resultado del pulso, y si nadie reconduce la situación, lo que se atisba en el horizonte, junto al rascacielos, es que la ciudad va a salir perdiendo de todas formas ante la incapacidad de ambas partes para acordar una salida. El Consistorio no tiene fácil dar con un argumento sólido para tumbar la torre: la licencia es legal y su idea de que la Junta y el Estado compartan la indemnización no se sostiene. Lo que sí tiene son unas elecciones (autonómicas) en puertas y a un alcalde que repite como candidato y que, quizás, quiera volver a jugar a salvar a la Sevilla Eterna. Esperaremos las noticias de Samarcanda.

* Diariode Sevilla - Opinión - 21.1.12

Contra la amnistía del urbanismo ilegal

2012-01-22T09:20:00.001+01:00

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN considera que el Decreto de regularización de viviendas ilegales en Suelo No Urbanizable (SNU) es un fiasco que tendrá gravísimas consecuencias legales, territoriales, ambientales, sociales y económicas, y atenta contra el interés general de los ciudadanos.
Cuando en julio del año pasado la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (COPV) sometió a consultas este decreto, Ecologistas en Acción remitió una serie de propuestas para eliminar el principal atractivo de la construcción en el campo: la especulación inmobiliaria, ya que para muchos esta inversión representa enormes plusvalías en el negocio de la compra-venta de suelos y viviendas. La COPV no contestó a nuestras propuestas y desafortunadamente no las ha recogido en este Decreto. Ecologistas en Acción ya advirtió que la aprobación de este Decreto podría provocar graves consecuencias para Andalucía:
1.- Efecto llamada. Por más que se insista en lo contrario, este Decreto es una amnistía y diríamos más: es una “amnistía con premio para el infractor”. Es amnistía porque se reconoce que la construcción de estas viviendas en suelos prohibidos es un delito, y este decreto elimina el carácter de “delito” y además lo hace con carácter universal en todo el ámbito andaluz. Y lo hace con “premio”, porque el Decreto va a dar a estas viviendas ilegales una seguridad jurídica (Ej. pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad) que antes no tenían, por más que la Junta pretenda decir que “no es una legalización, sino un reconocimiento”, que no se sostiene de ninguna manera.

Además, no es una “ley de punto final”, pues se crea un precedente jurídico imposible de soslayar: cualquiera que haga una vivienda a partir de ahora, tendrá la garantía de que podrá ser legalizada. La Junta de Andalucía renuncia a los principios de protección del suelo no urbanizable y se alinea directamente con los principios liberales de la derecha del “todo es urbanizable”.

2.- Costes ambientales. Desde la propia Junta de Andalucía se reconoce este urbanismo ilegal -que ha invadido millones de m2 de suelos no urbanizables, en muchos casos protegidos-, es insostenible desde el punto de vista ambiental, ya que es altamente consumidor en recursos naturales (agua, energía, suelo), y fuertemente contaminador, visual (daños al paisaje), edáfico (basuras), acuático (aguas residuales), etc. Cuando es una vivienda, el daño es mínimo, pero con las 300.000 viviendas ilegales en Andalucía, de las que el 90% se pretenden regularizar, es un desastre ambiental.

3.- Costes económicos. La Junta de Andalucía afirma que con este Decreto se pretende que aquellas construcciones que se hicieron sin contribuir a la riqueza y el bien público, como hacen las urbanizaciones que se construyen legalmente, paguen y contribuyan con las cesiones, dotaciones e impuestos que marca la ley para cualquier construcción. También se afirma que con esta regularización estas viviendas podrán acceder a agua y electricidad. Todo esto significa, en el mejor de los casos, que se ignora la realidad, cuando no se oculta demagógicamente. Estas urbanizaciones y viviendas ilegales han contado con el apoyo de los Ayuntamiento: les hacen caminos, se los asfalta, les pone los tendidos eléctricos, les busca agua... Y todo con dinero público, a veces a través de las Diputaciones, bajo programas eufemísticos de “mejora del medio rural”.

Por otra parte, no es cierto que con la regularización se vayan a pagar los impuestos, cesiones y dotaciones previstas para cualquier urbanización, en todo caso esto solo será posible para los pocos casos en que se recalifiquen los suelos a urbanizables en el PGOU. El Decreto lo único que exige son unos impuestos que además fijará cada Ayuntamiento, y es previsible que un Ayuntamiento que consintió estas viviendas y que quiere revalidar el voto de los ciudadanos, procurará ser “tolerante” y buscar tasas asumibles por todos, que de ningún modo compensarán los enormes costes que va a suponer en el futuro las exigencias de servicios (caminos, iluminación de viales, transporte, correos, basuras, etc.) de estos nuevos ciudadanos con sus plenos derechos.

Este Decreto supone la renuncia definitiva de la Junta de Andalucía a la ordenación del territorio y a la disciplina urbanística ¿Para qué quiere competencias que luego renuncia a aplicar? La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico de los municipios andaluces, fijado por el Parlamento en el 40%, y el mantenimiento de la ciudad compacta mediterránea. También supone un evidente desprecio a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que determina que las viviendas en suelo no urbanizable solo podrán justificarse como parte de una explotación agropecuaria, prohibiéndose claramente las segundas residencias.

La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos pretenden regularizar las viviendas cuya infracción -4 años- ha prescrito, pero no se comprometen a demoler las que no han prescrito: las construidas en suelo de especial protección, en sistemas generales, en suelos de riesgo... También obvia la Junta de Andalucía que las urbanizaciones ilegales no prescriben, por lo que habría que proceder a desmontar todas las infraestructuras (viales, redes de agua y electricidad…) construidos de forma ilegal, y sin las que no habrían proliferado esas cientos de miles de viviendas ilegales.

Con este Decreto la Junta de Andalucía deja en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé el "derribo exprés" por parte de los Ayuntamientos. Nadie se cree que algún Ayuntamiento vaya a tener la osadía de acometer la demolición de viviendas ilegales con el coste electoral que supone. En el supuesto de que este Decreto sobreviva tras las elecciones inminentes, seremos testigos de innumerables irregularidades en el proceso de regularización, y al fomento del fenómeno insostenible de la construcción en suelo rústico.

No es casualidad que los máximos responsables de la Junta de Andalucía anunciaran esta amnistía antes de las pasadas elecciones municipales, y que ahora, en nuevas vísperas electorales, lo aprueben. Se demuestra que con tal de arañar unos miles de votos son capaces de desmontar nuestro estado de derecho, apoyar la destrucción de nuestro territorio, avalar a infractores y delincuentes urbanísticos y promover un clientelismo mafioso. La Junta de Andalucía ha lanzado un buen lema de campaña “Urbanizar ilegalmente en Andalucía es un buen negocio, vótame”.

* Cabra Información - E.A. - Miércoles, 18 de enero de 2012

Aguirre ya tiene en su región un pueblo en ‘suspensión de pagos’

2012-01-22T08:40:00.001+01:00

ELPLURAL/Madrid* : Quijorna se ha convertido en el primer municipio de la Comunidad de Madrid, "la locomotora económica" de Esperanza Aguirre, en presentar "suspensión de pagos". Concretamente a sus funcionarios, a los que ayer reunió la tesorera municipal para anunciarles que las arcas están vacías y no hay para pagar sus nóminas. Entre la deuda acumulada, lo que tienen que devolver por convenios urbanísticos ilegales y lo que se debe a proveedores, la cifra supera los 8 millones de euros. Lo que en un municipio que apenas supera los 3.000 habitantes supone que cada uno de ellos tendría que pagar 2.700 euros para saldar la deuda.
“La propuesta de Montoro (de perseguir por lo penal a los malos gestores) está muy bien, pero podría empezar por aquí”. Son las declaraciones de Florentino Serrano, portavoz del Grupo Independiente de Quijorna a ELPLURAL.COM, que cree que el ministro de Hacienda debería empezar a perseguir a su compañera, la popular Mercedes García Rodríguez, que gobierna desde 2003 en el municipio madrileño.

Éramos un Ferrari
“La situación es caótica”, asegura Serrano, cuyo partido, como el PSOE, lleva tiempo denunciado “la que se venía encima”. “Pero la alcaldesa, quizá por prepotencia o soberbia, no es consciente”, comenta el portavoz del GIQ, “Quijorna era un Ferrari y ahora mismo estamos en bancarrota”.

Funcionarios que no cobran
El Ayuntamiento se ha dado cuenta de que las arcas estaban vacías ahora, y ayer anunció a sus funcionarios que no hay dinero para pagarles. La culpa la tiene la deuda acumulada de 4 millones, a la que hay que sumar otro millón de lo que se debe a proveedores. Pero la puntilla ha venido porque la Justicia ha declarado ilegales unos convenios urbanísticos por los que ahora el pueblo deberá devolver 3,5 millones de euros.

2.700 euros por barba
Todo junto suma una cifra de números rojos que ronda los 8,5 millones de euros. Una cantidad que puede afrontar fácilmente una capital de provincia, pero no un municipio de 3.150 habitantes. Porque sus ciudadanos tocan ahora a 2.700 euros por cabeza de la deuda conseguida por su alcaldesa.

No hay planificación
“La situación económica es insostenible”, asegura Azucena Concejo, concejal del PSOE en la localidad, que calcula que la deuda es igual “al importe total del presupuesto”. Y decimos calcula porque no puede dar la cantidad exacta ya que “no nos permiten acceder a ningún expediente”. Ella también asegura que lo veía venir por la “mala gestión municipal”. “Aquí nunca ha habido planificación”, concluye.

Urbanismo oscuro
La historia urbanística de Quijorna está salpicada de zonas oscuras. El Plan General de Quijorna, uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de la Comunidad de Madrid, fue diseñado junto a la ilegal autovía de los pantanos (M-501), que Esperanza Aguirre se empeñó en construir sin declaración de impacto ambiental, tal y como declaró el Tribunal de Superior de Madrid.

Propietarios ilustres
Además, este municipio cuenta entre sus más ilustres propietarios a Fidel San Román, procesado en la Operación Malaya por pagos a Juan Antonio Roca, quien compró en la localidad durante los años 2005 y 2006 más de 1.000.000 de metros cuadrados.

El omnipresente Arnáiz
Un propietario de los sectores que ahora ha declarado ilegal el TSJM y que han supuesto un nuevo revés a la deuda de Quijorna es Leopoldo de Arnáiz, el urbanista de cabecera del Partido Popular. Este omnipresente arquitecto estuvo vinculado al Tamayazo y declaró en la Comisión de Investigación del escándalo que cambió el Gobierno de la Comunidad de Madrid por asuntos que todavía no se han esclarecido y sobre los que aún no se ha abierto ninguna investigación.

Sociedades con testaferros
En uno de estos sectores aparece como titular de terrenos la sociedad Promociones Guadávila S.L, una de las empresas pertenecientes al Arnáiz y que son manejadas por testaferros, en este caso Alberto Cubillo Rubiato, según relató el diario Público.

* El Plural - 20.1.12
Foto: Quijorna (Madrid) - 20minutos

Alhaurín.- Condenado por cohecho, pero sigue

2012-01-22T08:30:00.001+01:00

DIARIODESEVILLA/Editorial* : La Audiencia de Málaga ha condenado al alcalde de Alhaurín el Grande, el popular Juan Martín Serón, y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, a sendas penas de un año de suspensión y multas de 200.000 euros por pedir un soborno de 122.000 euros a un promotor de la localidad, a cambio de otorgarle una licencia para edificar un mayor número de viviendas de las que teóricamente se podían permitir. Es el único cohecho de los trece que se juzgaban que los magistrados entienden que ha quedado acreditado. El empresario extorsionado acudió a la Policía y obtuvo grabaciones que han sostenido ahora los hechos probatorios. Pero la propia redacción de la sentencia deja entrever la frustración del tribunal, que dibuja un escenario habitual en el que los acusados "jugaban" con las normas urbanísticas del municipio, en donde se emitían informes contrarios a las licencias que se convertían, "por arte de magia", en favorables. La sala incluso cuestiona el alto volumen de los ingresos de los dos concejales y recela de su estilo de vida. Pero en ambos casos no va más allá de las sospechas. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande está, a día de hoy, dirigido por un delincuente.
El cohecho que ha cometido le inhabilita políticamente para continuar al frente de la localidad, más allá de la pena de un año de suspensión impuesta por la Audiencia, que no es firme y contra la que el acusado va a interponer recurso para intentar demostrar que la Justicia ha errado en esta primera instancia.

Es, por tanto, incomprensible que el PP ampare y respalde a un condenado por corrupción en su anuncio de proseguir con sus siglas a los mandos del Consistorio. Está claro que los códigos éticos de los partidos que presumen de combatir la corrupción se aplican con flexibilidad extrema. Prima el interés partidista, que favorece a los corruptos propios y exige rigor contra los adversarios. El fallo es también un gran varapalo a una muy deficiente instrucción y a sus investigadores. La condena se debe únicamente al empeño de un empresario que se rebeló contra las prácticas ilegales en un Ayuntamiento.

* Diario de Sevilla - Opinión - 21.1.12

Castellón - El juez abre juicio oral contra Carlos Fabra y le impone 4,2 millones de fianza

2012-01-21T10:36:00.000+01:00

20MINUTOS* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Nules (Castellón) ha abierto fase juicio oral contra el presidente del PP de la provincia de Castellón y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, por el 'caso Naranjax'.
Se le ha impuesto una fianza de más de 4,2 millones de euros.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el resto de personas a las que se juzgará son su exesposa, María Amparo Fernández, y el empresario Vicente Vilar y su exesposa Montserrat Vives.
Así, la exesposa de Fabra tiene una fianza de 1.718.192,8. Por su parte, a Vicente Vilar le impone una fianza de 800.000 euros, la misma cantidad que a Monserrat Vives.
Los delitos de los que se les acusa a los cuatro implicados son cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas.

En caso contrario se les embargarán "bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia, abriéndose para ello la correspondiente Pieza de Responsabilidad Civil".

Concluida la instrucción, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.

El juez explica que se decreta la apertura del juicio oral contra los imputados porque los hechos de los que se les acusa pueden ser constitutivos de "varios delitos castigados con penas privativas de libertad".

En ese sentido, señala que Fabra y su exmujer, en los ejercicios fiscales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni la renta que declararon.

En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo no declaró 693.074 euros, distribuidos entre 231.155 del ejercicio fiscal correspondiente a 1999; 124.078,13 de 2000; 174.836,69 de 2002 y 163.003,99 euros de 2003.

En relación a su exmujer, apunta que no declaró en tres años un total de 428.644 euros, de los que 154.237,10 corresponden a 1999; 128.510,87 de 2000 y 145.896,61 de 2003.

Defensa

El juez da diez días a las defensas para formular escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas, con el apercibimiento de que si no presentaren su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse.

El abogado de Carlos Fabra y de su exmujer es Javier Boix, que también se encarga de la defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la denominada 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' para demostrar que sus representados no recibieron prendas como regalo de la trama Gürtel.

Autorización para los productos fitosanitarios

El juez señala en el escrito que en 1999, Vicente Vilar era el administrador único de la empresa Naranjax, ubicada en Artana (Catellón) y dedicada a la fabricación y formulación de productos fitosanitarios sintetizados por la mercantil Arcavi, de la que era administradora única su entonces mujer Montserrat Vives.

Hay que señalar que la exesposa de Vilar era amiga de la exmujer del presidente provincial del PP.

Por lo tanto, indica que existen indicios de que Vilar se puso en contacto con Carlos Fabra porque Naranjax tenía varios productos pendientes de aprobación administrativa ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad.

Fabra accedió a interesarse por la situación de los productos del grupo de empresas y a mediar ante autoridades y funcionarios para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de los productos fitosaniatrios "haciendo valer su condición de presidente de la Diputación".

A raíz de sus actuaciones, el 12 de julio de 1999 se celebró una reunión en el Ministerio de Agricultura, entre su titular, entonces Jesús Posadas; Fabra; el ex secretario de Estado de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa; el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Prim, para tratar, entre otros, de los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios.

Asimismo, según consta en el escrito, en la reunión intervino el entonces director general del Ministerio Rafael Millán, para informar del estado administrativo de los productos de Naranjax.

El 18 de octubre de 1999 se aprobó uno de esos productos y, como consecuencia de ello, Fabra requirió a Vilar el pago de 150.000 euros en reconocimiento a su labor.

Oferta de compra

La empresa portuguesa Sapec, representada en España por Ginés Márquez, formuló una oferta de compra por Naranjax, en la que Fabra se ofreció a mediar, de acuerdo con el auto, para lo que contactó con el despacho profesional 'Cas-Legis', del que eran socios Ricardo Costa y Emilio González.

Para ello, a principios del 2000 se celebró una cena en Naranjax con la mayoría de estas últimas personas presentes, de ahí salió la venta a Sapec por parte de Naranjax del producto Piclor, por 1.093.842,03 euros.

Posteriormente, Fabra propuso a Vilar participar en su negocio con la constitución de una empresa que fuese la titular de los registros que Naranjax fuera obteniendo.

Además, sus esposas serían las socias de dicha empresa.

A través del mismo despacho, el 3 de diciembre de 1999, las dos mujeres compraron al 50% una empresa carente de actividad, 'Artemis 2.000 S.L', que era la "mera titular" de los productos que obtenía Naranjax.

El juez señala que Fabra continuó la labor de mediación a favor de estas empresas ante autoridades y funcionarios públicos de la administración para agilizar la concesión de licencias, y hace constar que se llegó a reunir con el entonces director del Gabinete de Presidencia, Tiberman, y la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos.

El 28 de abril de 2000, Carlos Fabra constituyó la mercantil Carmacas S.L., junto con sus hijos, y "en concepto de pago por unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregado", facturó en julio de ese año a Arcavi 34.800 euros; 72.121 euros en dos ocasiones a Artemis y 20.724 y 54.000 euros a Naranjax. En ese momento, ni Arcavi ni Artemis tenían trabajadores.

* 20 Minutos - 20.1.12
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com

Cajasol defiende su rascacielos en la Cartuja y desacredita el informe de la Unesco

2012-01-21T10:25:00.001+01:00

ELMUNDO* : Cajasol, entidad promotora del rascacielos que se construye en la isla de la Cartuja, defendió ayer la viabilidad del proyecto y restó valor al informe de expertos de la Unesco en el que se pide la paralización de las obras y el recorte de su altura. A través de un comunicado, la entidad de ahorro anunció que va a pedir a las administraciones su respaldo "explícito" para defender el rascacielos ante la Unesco.
La promotora trata de desacreditar el informe asegurando que contiene errores graves, que se trata de un documento "provisional", que no está redactado por la Unesco y que ningún miembro de este organismo ha visitado la ciudad para elaborarlo.
Sus firmantes son, efectivamente, dos miembros de Icomos (órgano sesor en materia de patrimonio), enviados expresamente por la Unesco a Sevilla. El contenido de su informe, además, ha sido asumido y difundido por la Unesco, que lo utilizará como base para una toma de decisiones en la asamblea del próximo junio en San Petersburgo.

Cajasol, pese a defender el proyecto, deja abierta una posibilidad a la negociación. En su comunicado, señala que está dispuesta a "colaborar con las administraciones en todo lo que sea necesario y poner todas las herramientas que demuestren que la integración de un proyecto de esta envergadura con la ciudad es una realidad".

Los constructores opinan

Por su parte, la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco) ha solicitado la apertura de una línea de "consenso" y "diálogo" con la Unesco para intentar cambiar el sentido del informe para mantener el proyecto "en su integridad".

El gerente de Gaesco, Manuel Sillero, ha explicado a Europa Press que, con independencia del hecho de que cuando se concedieron las licencias "quizás, a la vista del informe, no se hiciera con todas las cautelas", la realidad es que, a día de hoy, el rascacielos de la Cartuja es "un proyecto con licencia concedida y con todos los requisitos legales establecidos para que el proyecto pudiese llegar hasta su conclusión final".

* El Mundo - Francisco Javier Recio - 20.1.12
Foto: Una vista del rascacielos de la Cartuja desde el puente de San Telmo. | Efe

El Supremo rechaza la privatización del colegio de El Álamo

2012-01-21T10:16:00.000+01:00

ELPAÍS/Madrid* : El colegio Miguel Ángel Blanco, en el municipio madrileño El Álamo, acumula ya tres sentencias judiciales contrarias a su privatización. El último en pronunciarse ha sido el Tribunal Supremo que no admite el recurso que presentó la Consejería de Educación en una sentencia del pasado 1 de diciembre y comunicada ayer, según informa CC OO. Educación había recurrido contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que declaró nulo el decreto que permitió a la Consejería de Educación privatizar este colegio público. El alto tribunal tumbó un primer decreto en 2009 y la consejería lo cambió por otro, que el juez volvió a tumbar.
En mayo de 2008, la Consejería de Educación sacó el centro de la red de colegios públicos para convertirlo en un concertado, sentando un precedente. Además de la cesión de suelo municipal, la Comunidad había costeado parte de su construcción, casi dos millones de euros para el edificio central que dio por perdidos.

La consejería aprobó la cesión a una empresa a pesar de que había más de 60 alumnos matriculados en el Miguel Ángel Blanco. Lo justificó por la mala situación económica del Ayuntamiento, que no podría hacer frente a los costes de un centro público. CC OO y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos recurrieron la decisión en 2009 y lo volvieron a hacer tras el cambio de decreto.

Tanto la FAPA como el sindicato han reclamado que se ejecute la sentencia, que el centro vuelva a la red pública y que "se depuren las correspondientes responsabilidades políticas por una actuación que ha sido reiteradamente condenada por los tribunales de justifica", según un comunicado emitido hoy por CC OO. No es la intención de la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Educación ha indicado esta mañana que tramitará un nuevo decreto para "subsanar" el trámite de solicitar el informe "no vinculante" al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, según declaraciones de fuentes de la consejería a la agencia Efe. Educación considera que las sentencias aluden a un "defecto de forma" porque no se pidió el informe al Consejo. Ya con la sentencia anterior, señalaron que el fallo no tenía "ningún efecto práctico desde el punto de vista educativo, de escolarización o de ordenación de centros".

El Ayuntamiento de El Álamo (7.265 habitantes), gobernado por el Partido Popular, quiso que el nuevo colegio público (solo hay uno en el municipio), construido en la localidad y sin estrenar, se convirtiera en un centro privado concertado. Para justificar tal pretensión, el gobierno local echó mano de la "crítica situación" de las arcas municipales, con una deuda de unos 18 millones de euros, que impedía al Ayuntamiento hacerse cargo de los gastos de mantenimiento del centro que le correspondían. También alegó que con esta privatización, los padres tendrían mayor libertad a la hora de elegir para sus hijos un colegio público o privado.

* El País - PILAR ÁLVAREZ Madrid 19 ENE 2012
Foto: Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel ángel Blanco de El Alamo. / SANTI BURGOS

Harto de la milonga

2012-01-21T09:49:00.000+01:00

CONCHA CABALLERO/Andalucía* : La marea azul es tan intensa, la debilidad de la oposición tan patente que empieza a emerger el contenido políticamente incorrecto. Arenas proclamó la semana pasada que está harto, más que harto “de la milonga del desarrollo sostenible”. Le aplaudieron a rabiar. Harto de pajaritos, de ecologistas, de perroflautas que ponen en tela de juicio las urbanizaciones a pie de playa, que se enfrentan a los molinos de viento de hoteles como El Algarrobico; que pretenden delimitar zonas en las que no se puede construir: con lo bonita que está la costa llenita de casas desde el cabo de Gata hasta Ayamonte.
Tiene las cosas muy claras el aspirante presidencial: la primera tarea es derogar todas las normas que restrinjan el uso del terreno residencial en Andalucía: la ley del Suelo, los planes subregionales y el POTA (perdonen el nombrecito, la c consejería no anduvo muy fina con el acróstico). Nada de controles, nada de zonas protegidas, nada de planificación territorial. Puro Far West: quien quiera construir en Andalucía que venga y coloque su caravana sobre la tierra elegida. Andalucía comunidad abierta, sin límites y sin milongas ambientalistas. Cada rincón, cada playa, cada montículo con buenas vistas podrá ser proclamado “zona residencial privilegiada para los europeos”. ¡Qué libertad, oigan!
Cualquiera diría que la Administración andaluza tenía el carnet de Greenpeace cuando, por el contrario, tardaron años en proclamar algunas leyes proteccionistas y solo lo hicieron cuando ya nuestras costas estaban cubiertas, de punta a cabo, por el ladrillo y nuestros Ayuntamientos enfangados en las plusvalías y en los convenios urbanísticos.

Pero Arenas tiene la receta: más libertad para el ladrillo. Como si hubiesen sido los tímidos controles de la Administración los que provocaron la crisis y no el exceso y la desproporción del negocio urbanístico. En Andalucía, según los expertos, hay un stock de viviendas en torno a las 390.000 que no se venden a pesar de la bajada de precios. La Junta de Andalucía acordó un plan para sacarlas a la venta con el máximo de facilidades y, sin embargo, aún siguen ahí, deteriorándose día tras día. Más de la mitad de ellas están en las zonas costeras: miles de urbanizaciones cerca de la playa por donde ulula en las tardes de viento el solitario fantasma de la crisis. Pero nada de esto importa, los nuevos gestores de nuestras vidas tienen un plan y es potenciar a tope la construcción.

No debe de ser una manía solitaria de Javier Arenas porque el flamante ministro de Agricultura —y de Medio Ambiente, que se le ha olvidado— ha anunciado que va a reformar la ley de Costas para idéntico fin: acabar con la milonga del desarrollo sostenible y “poner en valor” cada centímetro cuadrado de las playas españolas.

Y es que, en esto del medio ambiente, España está a años luz de Europa. Tanto la derecha como la izquierda tienen un marcado carácter productivista y escasísima conciencia ecológica. La derecha tiene “primos” que le desmienten el cambio climático y empresas que les exigen acabar con los controles públicos. Por su parte, la izquierda ha reducido el ecologismo a una declaración desvaída relegada a las últimas líneas de su programa electoral. Han hablado de desarrollo sostenible, pero su práctica urbanística y económica ha ido por el camino opuesto. Todo esto unido a la inexplicable inexistencia del ecologismo como opción electoral. Mientras en Europa Los Verdes son una opción política potente, en nuestro país, desgraciadamente, no levantan cabeza y hay mucho más ecologismo en la sociedad que en las instituciones. La política, como la vida, es un tour de force; el espacio que ocupan las ideas que se abandonan es inmediatamente invadido por el oponente. La derecha se vuelve más agresiva cuando la izquierda es más débil o incoherente. Por eso Arenas se permite hoy lo que no se hubiese permitido hace años: poner fin al desarrollo sostenible de un plumazo, con ese tono de fastidio del que ha tenido que aceptar ideas que le desagradaban profundamente.

* El País - Opinión - 20.1.12

Valencia.- El TSJM también considera expolio el plan urbanístico de El Cabanyal

2012-01-20T11:29:00.000+01:00

ELPAÍS* : La orden del Ministerio de Cultura que calificó de “expolio” el plan de urbanismo diseñado por el Ayuntamiento de Valencia para el barrio de El Cabanyal es válida y cumplió la ley. Es lo que ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en una respuesta a la demanda de ejecución del Ayuntamiento que pretendía anular la orden aprobada por el ministerio en diciembre de 2009.
La sentencia desmonta los argumentos del Ayuntamiento y confirma que el ministerio podía ejercer la tutela: “La competencia es de la ministra [entonces Ángeles González Sinde]. Por tanto, todo lo alegado en su contra carece de fundamento”. Asimismo, considera que la finalidad de la orden era “velar por el patrimonio del conjunto histórico” del barrio y de la trama urbana.
Según el texto, el ministerio actuó correctamente paralizando el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, un proyecto urbanístico que pretendía abrir una ancha avenida hasta el mar a costa de 450 edificios. El tribunal indica que el ministerio emitió una resolución “motivada y contrastada por numerosos informes técnicos”, en contra de las acusaciones del Ayuntamiento.

La plataforma Salvem El Cabanyal comunicó su “satisfacción” y consideró el auto “un nuevo espaldarazo judicial”. El colectivo hizo una llamada “al consenso social” y solicitó “una reunión con todas las partes interesadas” en el desarrollo “de El Cabanyal y de la ciudad de Valencia” para “replantear de una vez por todas el futuro de nuestro barrio”. Salvem el Cabanyal urgió a la Administración a contar con “vecinos, partidos políticos y otras fuerzas sociales y sindicales” para redefinir el destino del barrio: “Nos jugamos una parte importante, muy importante, del futuro de toda la ciudad”. A modo de consejo, la asociación hizo hincapié en la rehabilitación del espacio “porque crea puestos de trabajo y movimiento económico, al contrario que la expropiación, que cuesta dinero y retrasa la solución”.

Por último, una portavoz de la plataforma insistió en que “los intereses económicos de la ciudad pueden llevarse a cabo sin necesidad de destruir” y tildó de “irrespetuosa” la actitud de la alcaldesa, que “entiende que su deseo debe ser cumplido por encima de las sentencias judiciales”. El colectivo valoró como “muy positiva” una sentencia “perfectamente documentada” y la tomó como “otro motivo para la esperanza y para mantener la lucha”, porque “es muy duro vivir amenazado”.

Una sentencia para rectificar y mirar al futuro

La decisión del tribunal ha provocado una reacción en cadena en los líderes de los grupos parlamentarios. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quitó ayer hierro a la sentencia: “Según el informe que tengo del servicio jurídico, la resolución del tribunal de Madrid no entra en el fondo”. Insistió en que el Ayuntamiento “ya está trabajando con el Gobierno central” para desbloquear el recurso y que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio de El Cabanyal-Canyamelar pueda seguir adelante: “No les oculto que estoy trabajando con el Gobierno. Lo que no puedo decir son datos ni plazos, porque son temas que se tienen que estudiar, y también son temas jurídicos”. Barberá sostuvo que El Cabanyal “tiene un plan aprobado desde hace años” que “en estos momentos está paralizado”: “El PEPRI cuenta con 12 sentencias que lo avalan”, indicó, “y vamos a seguir adelante”.
En la oposición, la sentencia fue recibida de otro modo. El portavoz socialista Joan Calabuig remarcó la “evidencia” de que el plan de Barberá “no tenía ningún fundamento” y acentuó la posibilidad de “rectificar” ya que, según dijo, “es hora de mirar al futuro” teniendo en cuenta a todas las partes involucradas “para orientar la rehabilitación y relanzar el barrio. Una esperanza que comparte la mayoría de sus vecinos”. Calabuig defendió que los vecinos del Cabanyal “tienen que estar orgullosos de vivir en el barrio”, e insistió en que es necesario “poner fin a una paralización de más de 20 años”. En ese sentido, remarcó que el auto es “una nueva oportunidad de buscar el acuerdo y relanzar el barrio”.
Amadeu Sanchis, portavoz de EU en el Ayuntamiento, mostró “satisfacción” ante la decisión que respalda la orden de Cultura: “A lo largo de estos dos años”, comentó Sanchis, “el equipo de gobierno del PP, y especialmente la alcaldesa Rita Barberá, se han empecinado en mantener una batalla legal contra una decisión que tiene como objetivo la conservación de nuestro patrimonio”. También consideró que el TSJM “deja en evidencia una política urbanística que, si nunca tuvo justificación, se ve acorralada por una crisis de gran envergadura que imposibilita invertir recursos públicos en el derribo de inmueble y que, además, sería un expolio”.

* El País - 19.1.12
Foto: Imagen de la calle Lluís Despuig, en el barrio de El Cabanyal de Valencia. / JORDI VICENT

La Unesco aconseja "parar" la Torre Pelli en Sevilla

2012-01-20T10:13:00.000+01:00

CANALSUR* : El informe redactado tras la misión desplegada en Sevilla el pasado mes de noviembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), que el próximo mes de junio debatirá tal documento en la XXXVI sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, concluye que la torre promovida por la sociedad Puerto Triana en el sector sur de la isla de la Cartuja "tiene un excesivo e indudable impacto negativo en el territorio de transición y la percepción" de los tres monumentos hispalenses declarados Patrimonio de la Humanidad. A tal efecto, este informe señala que las autoridades "deben encontrar formas de parar la construcción y revisar el proyecto (...), estudiando la modificación de su escala y altura".
El informe en cuestión, recogido por Europa Press, está firmado por Elvira Petroncelli, perteneciente a la Universidad Federico II de Nápoles (Italia), y por José Aguiar, de la Universidad de Lisboa (Portugal). Ambos protagonizaron entre el 7 y el 9 de noviembre de 2011 una visita a Sevilla al objeto de recabar 'in situ' información para el expediente que la Unesco tramita acerca de los efectos del mencionado proyecto urbanístico, ya en marcha, sobre los monumentos de la capital andaluza declarados Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias.

El proyecto, promovido por una sociedad participada mayoritariamente por Cajasol-Banca Cívica, ha generado un intenso debate en la ciudad de Sevilla, toda vez que el enclave en el que ya se desarrollan los trabajos, en el sector sur de la isla de la Cartuja y a un ritmo de un nivel por semana, dista aproximadamente 500 metros del borde del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla y unos 1.500 metros del triángulo formado por La Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias.

La Unesco, en el marco del expediente promovido al respecto, había requerido a España para que antes del 1 de febrero de 2012, entregue un informe sobre el "estado de conservación" de los monumentos de Sevilla declarados Patrimonio de la Humanidad, dando además cuenta de la evolución de la torre de 178 metros que promueve la sociedad Puerto Triana según el diseño del arquitecto César Pelli.

Esta petición figura en una resolución emitida por la Unesco tras examinar, en la XXXV sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, un informe elaborado por una comisión de expertos en cuanto a los efectos de este proyecto sobre el paisaje histórico de la capital andaluza. Las pretensiones de la Unesco pasan por revisar de nuevo este expediente en la XXXVI sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, que se celebrará el próximo mes de junio en San Petersburgo (Rusia).

De cualquier modo, este informe elaborado por Petroncelli y Aguiar tras su visita a Sevilla señala un "impacto visual altamente negativo" de la torre en cuestión, --proyectada para alcanzar 178 metros de altura--, sobre el entorno de los monumentos declarados Patrimonio Mundial, además de sobre "su contexto y su relación con el río y otros edificios que apoyan los atributos que expresan el valor universal excepcional" de estos tres famosos monumentos de Sevilla.

Y es que la torre, según este informe, "se alzará" hasta 178 metros de altura en un "lugar particularmente sensible entre el conjunto de la Cartuja, el histórico barrio de Triana y el casco histórico de Sevilla". En ese sentido, avisa el informe de estos expertos, de que "hay ciertos aspectos donde la nueva torre cambiará dramáticamente la actual prominencia y significado" de la Giralda, el antiguo y célebre minarete almohade que corona la Catedral de Sevilla.

"La prominencia volumétrica y la dimensión vertical de la Catedral y el minarete de la Giralda siempre han sido una imagen característica, un poderoso referente, un imaginario colectivo, un signo que expresa un largo proceso de desarrollo. Si esas relaciones cambian, afectaremos o comprometeremos los principios sobre los que el 'valor universal' fue establecido o definido", señala el informe en cuanto a los motivos por los que estos monumentos gozan de una declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Dado el caso, el informe concluye que "las autoridades locales deben encontrar formas de para la construcción de la torre y revisar el proyecto, a través de la modificación de su perfil en relación con el impacto percibido que éste podría tener en conexión con el contexto histórico" y los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Y es que los expertos abogan además por "la protección de la zona de amortiguamiento (que rodea a los monumentos) y un entorno más amplio" de los monumentos en cuestión.

"Su proceso de revisión debería comenzar estudiando una modificación de su escala y su altura", señala así este informe que será examinado el próximo mes de junio en el seno del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.

* Canal Sur - 19.1.12
Foto: Sevilla, vista Torre-Pelli y Giralda - agencias

El alcalde malagueño condenado por cohecho no dimite porque es "de cobardes"

2012-01-20T10:04:00.000+01:00

LAINFORMACIÓN* : El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), condenado por cohecho a un año de suspensión para empleo o cargo público y a pagar una multa en el "Caso Troya", ha dicho hoy que no dimitirá porque sería "de cobardes" y ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.
En una rueda de prensa que ha ofrecido en su municipio, ha detallado que tras conocer ayer la sentencia -que también le impone una multa de 200.000 euros- le transmitió a los concejales la idea de dimitir para no dañar la imagen del pueblo, pero éstos le advirtieron de que en caso de que se fuera "se iban todos".
El fallo, al que tuvo acceso Efe, condena también al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, a la misma pena por un delito de cohecho, y les absuelve de otros doce delitos de cohecho de los que le acusaba el ministerio fiscal.
Martín Serón ha explicado que irse sería "de cobardes", además de que cree que tiene que defender algo "sagrado" que recoge la Constitución, como es la presunción de inocencia y que por ello van a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia, por lo que "confían que sin pruebas no les condenen".

Ha añadido que ve "injusta, desproporcionada" y "carente de rigor" la sentencia, por lo que tanto él como Guerra proclaman y defienden su total inocencia en el caso "Troya" contra la corrupción urbanística.

"La justicia habría ganado mucho en credibilidad con la valentía de la absolución total", ha añadido.

Ha dicho que el caso se ha convertido en el "caso Perola", apodo del empresario J.B.L., persona a la que, según la sentencia, el alcalde y el concejal venían "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo de 2006 el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.

El tribunal considera que no ha quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002 y 2006 funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y Guerra, y considera probado únicamente un delito de cohecho.

La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.

La Sala no considera acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor ha reconocido en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.

* La Información - Efe - 19.1.12
Foto: El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), durante su comparecencia hoy ante los medios de comunicación, para hablar sobre la sentencia por el caso "Troya", por el que ha sido suspendido un año para empleo o cargo público y tendrá que pagar 200.000 euros de multa.- redgente

Escola Valenciana protestará en el aeropuerto de Castellón y en la F-1

2012-01-20T09:54:00.001+01:00

ELPAÍS* : Escola Valenciana ha anunciado este jueves que las Trobades 2012 serán un espacio de reivindicación de la dignidad del mundo educativo y ha propuesto acciones concretas para que se visualicen los motivos del deterioro actual.
La entidad cívica ha enviado una carta a los centros educativos valencianos donde propone un marco de acción a la comunidad educativa para condenar el "ataque" del Gobierno valenciano al mundo de la enseñanza y anima a "hacer visible la indignación sin que esto afecte a nuestra tarea diaria en la escuela", ha explicado en un comunicado.
En este sentido, Escola ha afirmado que "no es momento de que alumnos y familias paguen la incompetencia del Gobierno valenciano, no es momento de ofrecer argumentos a los que aprovechan la crisis por atacar la dignidad de los docentes".
"Centrar la protesta en recortar las actividades dirigidas a nuestros alumnos y, por lo tanto, la calidad educativa no es el camino", ha subrayado la esta entidad, quien se ha preguntado: "¿De qué servirá no celebrar el carnaval? ¿qué utilidad tendrá cuestionar la semana cultural del centro?¿cambiará la política educativa si reducimos las salidas con nuestros alumnos?".

En su opinión, renunciar a actividades lúdicas "puede comportar como único resultado alejar los profesionales de la educación de las familias y echar piedras sobre nuestro tejado". En la carta, la entidad cívica invita a "llevar a la comunidad educativa al aeropuerto sin aviones, a la Ciudad de la Luz o al circuito urbano de la Fórmula 1 para visualizar por qué no podemos pagar la luz de nuestros centros, por qué continuamos en barracones, por qué se baja el sueldo a los docentes o por qué se retiran las ayudas a las familias.Visualizar el motivo real de todo".

En este sentido Escuela Valenciana ha explicado que está trabajando para presentar a la Plataforma por la Enseñanza Pública una propuesta de acciones concretas en espacios que muestren "la malversación que ha traído como consecuencia la situación actual".

Además, ha animado a asistir "masivamente" a las manifesaciones de este sábado, que convoca la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Public.

* El País - 19.1.12
Foto: Castellón, aeropuerto enero_2012 - elpais

Burbuja inmobilaria, derecho a la vivienda y el futuro del 15M

2012-01-20T09:39:00.001+01:00

JoSÉ J.MARTÍNEZ DE LA TORRE* : Es innegable que la cuestión del acceso a una vivienda es una de las necesidades, por su importancia y complejidad, que más preocupan al conjunto de las clases trabajadoras y populares en nuestro país. Sin embargo, en la actualidad esta preocupación hace ya tiempo que se ha extendido a otras clases sociales que han visto cómo sus condiciones de vida se aproximaban a las de las clases trabajadoras y cómo problemas que hace tan sólo unos años les parecían muy lejados, se han convertido en realidades cotidianas de su existencia.
Puede decirse que el derecho a la vivienda que viene recogido en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Constitución Española y en diversos acuerdos internacionales firmados por el Estado español, está muy lejos de ser un derecho real entre otras razones porque este derecho choca frontalmente con el único derecho sagrado en las sociedades capitalistas, el derecho a la propiedad privada. Mientras no se rompa con la lógica capitalista, la única lógica dominante que puede existir en el capitalismo, que sólo atiende a las necesidades de los seres humanos en tanto en cuanto éstas se transformen en mercancías y por lo tanto en objeto de una actividad de la que extraer beneficios, el derecho a la vivienda sólo puede ejercerse accediendo al mercado (a través de la compra o el alquiler), lo que generalmente implica un prolongado y enorme esfuerzo económico para las familias que condiciona sus proyectos vitales durante decenas de años.

En los años pasados, y de forma muy sensible en el periodo que va de 1997-2007, y de la mano de condiciones favorables facilitadas por las entidades bancarias, este derecho se ha ejercido a través de la adquisición en propiedad de una vivienda, de manera tal que el número de ventas
de viviendas y de establecimiento de créditos hipotecarios para la adquisición de una vivienda
en propiedad no dejó de crecer en dicho periodo a un alto ritmo. En estos años, el sector de la
construcción e inmobiliario junto con los precios de la vivienda crecieron como la espuma. Pero
si en los tiempos de crecimiento económico ya suponía un gran dificultad el poder acceder a una vivienda, en estos momentos, con un desempleo que supera los 4 millones de parados, se ha convertido en un auténtico drama para millones de trabajadores que se encuentran ante el peligro real de perder, ante la imposibilidad de satisfacer a la entidad bancaria las cuotas de la hipoteca, la vivienda que habían adquirido y no sólo eso sino que además se ven en la obligación de seguir haciendo frente a dicha deuda a través de un proceso infame derivado de una legislación hipotecaria que prima el derecho de propiedad (de los bancos) frente al derecho a la vivienda (de los ciudadanos).
A través de este breve trabajo vamos a intentar, en primer lugar, dar una visión general del proceso de formación y pinchazo de lo que se ha denominado la burbuja inmobiliaria y de la construcción para poder así entender la situación en la que nos encontramos en la actualidad y comprender algunas de las características particulares de nuestra realidad. En segundo lugar, abordaremos una de las más graves consecuencias que está teniendo la actual crisis económica: la proliferación de los desahucios sobre las familias, fundamentalmente de familias de las clases trabajadoras y populares, hecho éste que se produce como consecuencia de no poder seguir pagando la hipoteca y que en un contexto de paro masivo se ha convertido en una rutina diaria, alcanzando una cifras escandalosas en nuestros país y que tiene importantes y graves implicaciones, no sólo en lo inmediato sino en tiempos futuros, en lo referido a las posibilidades de «salir de la crisis» de estas familias. En tercer lugar, mostraremos algunas de las respuestas que se han estado dando (o se han planteado) para hacer frente a ese drama y cómo, a raíz de esto, han surgido estructuras organizativas que han convertido en el centro de su actuación la cuestión de la ayuda a los afectados por las hipotecas. En cuarto lugar, y para terminar (y de una forma breve), se reflexionará sobre las consecuencias de un proceso que, de una forma más o menos aguda, está teniendo lugar en lo relacionado con la convergencia en la actuación del denominado movimiento 15-M con las estructuras organizativas mencionadas anteriormente porque pensamos que este encuentro marca un camino lleno de posibilidades para encontrar una línea de actuación rica en matices y con capacidad para aglutinar y movilizar, en torno a propuestas y de forma favorable, a amplios sectores de las clases populares y explotadas que son los que de forma principal están sufriendo las consecuencias de la actual crisis económica.
* Artículo completo en el menú lateral de este blog

* Rebelión - Opinión - Enero 2012

Un año de suspensión y 200.000 euros de multa para el alcalde de Alhaurín el Grande y su concejal de Urbanismo

2012-01-19T10:49:00.000+01:00

MÁLAGAHOY* : El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, han sido condenados por el tribunal que ha juzgado el caso "Troya" contra la corrupción urbanística a abonar 200.000 euros de multa y suspendidos para empleo o cargo público durante un año.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, condena a ambos como autores de un delito de cohecho, y le absuelve de otros doce delitos de cohecho de los que le acusaba el ministerio fiscal. La Fiscalía había solicitado para cada uno de los dos procesados una multa de dos millones de euros y la suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses.
El tribunal considera que no ha quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002 y 2006, funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y Guerra, y considera probado únicamente un delito de cohecho.
La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.

La Sala no considera acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor ha reconocido en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.

Además, señala que en los informes elaborados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la entidad Conextran SL -supuestamente usada como instrumento para materializar los pagos-, sólo se han detectado irregularidades contables por las que "se han esbozado unas sospechas".

Por ello, el examen de la contabilidad no ha permitido establecer una correlación entre los apuntes contables y los pagos que supuestamente se efectuaron y los archivos informáticos encontrados en el despacho del concejal imputado, indica la sentencia.

Respecto a la pluralidad delictiva, el tribunal argumenta que no se ha encontrado un incremento patrimonial relevante o inusitado (para serlo tendría que rondar los 783.005,60 euros) en los acusados y su entorno familiar.

En cuanto al delito de cohecho acreditado, la sentencia señala que el concejal de Urbanismo, de común acuerdo con el alcalde, venía "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo del 2006 al empresario J.B.L. el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.

Tales hechos se consideran probados "en base a prueba, tanto directa como indirecta", la primera de ellas por la declaración como testigo del empresario al que le exigían el pago.

Además, el tribunal destaca que corroboran este testimonio circunstancias como la relación de amistad y de confianza que hay entre Serón y Guerra, el hallazgo de unas notas manuscritas en el despacho profesional del concejal en las que aparecía el nombre del testigo, y de un archivo informático con aspectos referentes a la citada licencia de obras.

La Sala señala que Martín Serón y Guerra "en cierto modo jugaban" con la confusión derivada de las normas urbanísticas vigentes.

El juicio comenzó el pasado 22 de septiembre contra una veintena de procesados por los delitos de cohecho, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.

El pasado diciembre, el fiscal retiró la acusación contra dieciocho acusados, y decidió mantenerla contra el alcalde y el edil de Urbanismo, a los que redujo su acusación inicial hasta trece delitos de cohecho.

* Málaga Hoy - Efe - 18.01.12
Foto: Alhaurín el Grande, alcalde y concejal imputados - diariosur.es

Entidades ecologistas gerundenses piden un cambio de modelo urbanístico

2012-01-19T10:00:00.000+01:00

EFE* : Las entidades ecologistas gerundenses han reclamado hoy un cambio en el modelo urbanístico tras hacer balance de diversas sentencias de 2011 que, en su opinión, suponen una victoria para estos grupos y evidencian el mal funcionamiento de la Comisión de Urbanismo de Girona.
Según un comunicado emitido hoy, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como la que anuló el plan urbanístico de Palafrugell y el proyecto del Polígono de Roses o que el Tribunal Supremo anulara el planeamiento urbanístico de Vidreres en lo que se refiere al Parque de Actividades, SUS 10, "pone de relieve la necesidad de un cambio de modelo".
Estas entidades critican el funcionamiento y las decisiones de la Comisión de Urbanismo de Girona y consideran que debe aplicarse un nuevo marco de procedimiento, consiguiendo que su opinión sea considerada dentro de la comisión.

Los grupos ecologistas han lamentado "la falta de rigor en la planificación y prevención urbanística" y han calificado de "grave" que tengan que ser peritos independientes, a partir de juicios contenciosos, los que determinen las normativas de aplicación y su legalidad.

* ABE - Efe - 17.1.12
Foto: Palafrugell (Girona), plaza - viajes

La cárcel de Carabanchel vuelve a caer en el olvido

2012-01-19T09:35:00.000+01:00

PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Interior incumplen la promesa de equipamientos en el solar de la prisión.
El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón se apretaron las manos el 16 de junio de 2008 con la satisfacción de enterrar para siempre de la memoria colectiva del barrio de Carabanchel la historia de su emblemática cárcel. A cambio del olvido ofrecieron a los vecinos todo tipo de contrapartidas: un hospital, guarderías, bibliotecas, centros de mayores, viviendas protegidas, zonas verdes y oficinas que revitalicen el mercado laboral del barrio. Para culminar el intercambio, el exministro envió las excavadoras para derribar por completo la prisión a los cuatro meses de la firma. Tres años y medio después de la escenificación del acuerdo entre exalcalde y exministro (la firma se produjo un año después con la cárcel ya derribada), nada de lo prometido a los vecinos tiene apariencia de cumplirse a corto plazo.

La cárcel de Carabanchel fue inaugurada en 1944 para albergar a presos políticos. Esa fue su lúgubre función hasta la amnistía de 1977 y después alargó su vida como prisión de reos comunes hasta 1999. Los muros de esa araña de ladrillo marcaron a fuego la fisionomía del barrio. De sus celdas salieron una madrugada de septiembre de 1975 los últimos fusilados por el Gobierno franquista por poner un ejemplo de su simbolismo. Las viviendas de la colindante avenida de los Poblados y del vecino parque Eugenia de Montijo albergaron a numerosas familias de reclusos que con la cárcel cerrada exigieron un nuevo barrio para una nueva vida.

Papel mojado
"Parece que nadie tiene prisa. El convenio que firmaron se quedó en papel mojado, sin ningún desarrollo", explica el portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Pedro Casas. El Ayuntamiento culpa al Ministerio de la parálisis de la remodelación prometida para el solar de 172.164 metros. De hecho, en una carta enviada el pasado 22 de marzo a la Asociación de Vecinos de Aluche por parte de la concejal del distrito, Begoña Larrainzar, el Consistorio acusa a Instituciones Penitenciarias (propietaria del suelo) de negar la cesión de la parcela correspondiente al futuro hospital. "Al no incluirse [en el proyecto de reparcelación] el borrador de convenio para la cesión anticipada del suelo donde estaba prevista la construcción del futuro hospital, el Ayuntamiento entiende" que se "rechaza la propuesta", dice la misiva.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) confirma que las obras están paradas sin plazo determinado para su inicio por encontrarse el terreno actualmente "en proceso de reparcelación". Los vecinos, que llevan reclamando un hospital para el barrio desde hace 20 años, creen que detrás del olvido de los proyectos se encuentra la crisis. "Nunca han reconocido que haya habido un retraso en los trámites aunque es obvio que para construir las viviendas influye la crisis del ladrillo", añade Casas.

El cambio de Gobierno, que ha teñido del mismo color político a todas las administraciones implicadas, puede agilizar el inicio de la construcción de los nuevos equipamientos sociales. El reparto de culpas desatado en los últimos años tiene su culminación en 2009. Después de modificar el Plan Parcial para recalificar los espacios de la antigua cárcel, el Ayuntamiento se decide a reclamar la titularidad del suelo del hospital para que la Comunidad de Madrid lo construya. Según el Área de Urbanismo del ahora Gobierno de Ana Botella, Instituciones Penitenciarias se excusa en que los terrenos pertenecen a "Patrimonio del Estado" y que no pueden ceder la parcela.

Hacinamiento del CIE
Después de décadas de lucha, la única transformación apreciable del complejo penitenciario ha sido la construcción junto a una comisaría de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). La asociación de expresos del franquismo La Comuna, que reclama la creación de un centro cultural en Carabanchel que recuerde las torturas de la prisión, ha hecho suya la pelea por las condiciones de los extranjeros. "La resistencia por la dignidad del ser humano nos ha llevado a reclamar que los CIE no tienen razón de ser. Como dejó claro en diciembre el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, el hacinamiento, el régimen carcelario, la falta de instalaciones... son denuncias que nosotros hemos incorporado a la asociación. Los derechos del preso son los derechos de un ser humano", denuncia Acacio Puig, expreso de Carabanchel en 1973 como militante de la Liga Comunista Revolucionaria.

El acuerdo entre Gallardón y Rubalcaba incluye la creación de un monumento "en recuerdo y homenaje a todas las personas encarceladas por defender los derechos y libertades que hoy garantiza la Constitución". Quizá para respetar este compromiso las excavadoras dejaron en pie una de las puertas de entrada a la prisión cuando se decidió derribar la cúpula, donde los vecinos querían crear un museo. "Lo único que queda en pie es el antiguo hospital penitenciario", advierten los vecinos.

* Público - DIEGO BARCALA - 15/01/2012
Foto: Demolición de la cúpula: apenas tres meses después de que Rubalcaba y Gallardón firmaran en 2008 un acuerdo, las excavadoras se apresuraron a derribar los restos de la prisión.-ÁNGEL NAVARRETE

Viviendas irregulares: el decreto

2012-01-19T09:23:00.001+01:00

M.A.GONZÁLEZ FUSTEGUERAS/Andalucía* : Se acaba de aprobar el decreto conocido como el de las viviendas irregulares, que tiene como objetivo principal clarificar (en cuanto valor propio de la seguridad jurídica) el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para que, en su caso, puedan ser reconocidas por los ayuntamientos y cuál debe ser su tratamiento por el planeamiento urbanístico.
La cuestión básica del debate sobre las viviendas irregulares siempre ha sido si la realidad debe doblegarse ante la ley o ésta debería adaptarse a aquélla, comprendiendo fenómenos complejos de gran trascendencia que no pueden abarcarse en uno o varios artículos de la normativa. Las construcciones clandestinas en suelo no urbanizable plantean serios problemas, no por ser ilegales formalmente y exigir su obligada incorporación al mundo de lo reglado, sino como proceso histórico cuyas raíces estructurales están antes de la misma existencia de la ley.
No se trata de que el urbanismo tenga que aceptar la naturaleza positiva de las construcciones ilegales tal y como se presentan, ni mucho menos; pero sí es preciso que se reconozcan sus causas y manifestaciones, y se contemplen en toda su complejidad, no bastando una simplista y cómoda declaración de ilegalidad para tranquilizar la conciencia del planificador. El acercamiento de la legalidad urbanística a la realidad y la tensión que aquélla crea, para corregir o dirigir ésta por los caminos del interés social general, sería la conducta deseable.

En ese sentido creo que el decreto, con todos sus defectos, que los tiene, sí intenta coger al toro por los cuernos. Primero, porque, contra lo que se comenta, no supone una amnistía general, sino el reconocimiento de las distintas realidades existentes. En segundo lugar, porque sólo habilita a regularizar aquellas edificaciones en suelo no urbanizable donde la capacidad de reacción de la Administración ha caducado y, además, no se asienten sobre suelos protegidos o con riesgos diversos. En tercer lugar, porque aclara una situación un tanto confusa en la que habían quedado las edificaciones que podríamos llamar históricas (anteriores a 1975) y de las edificaciones con licencia construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la actual ley urbanística en Andalucía (LOUA), que es la que prohibió de forma taxativa las viviendas en el suelo no urbanizable que no estuvieran vinculadas a las explotaciones agropecuarias.

En cuarto lugar, porque distingue entre las edificaciones aisladas y las que se ubican en lo que se denominan asentamientos urbanísticos, es decir, las parcelaciones urbanísticas ilegales. Mientras las primeras, las edificaciones aisladas, pueden quedar en un régimen singular de reconocimiento de su existencia, porque existen y la Administración no tiene capacidad de reacción frente a ellas por haber transcurridos los plazos legales; las segundas, las ubicadas en ámbitos generadores de actividades propiamente urbanas y con entidad suficiente para necesitar dotaciones y servicios urbanísticos colectivos, sólo podrán regularizarse mediante la vía correcta, que no es otra que el Plan General de Ordenación Urbanística, que tiene que garantizar su adecuada incorporación a la estructura general y orgánica que plantee, debiendo los propietarios correr con todos los costos de la urbanización, la implantación de las infraestructuras y demás deberes urbanísticos. En quinto lugar, porque aclara el papel del Hábitat Rural Diseminado, figura novedosa incorporada por primera vez en la LOUA para reconocer un hecho territorial existente en muchas comarcas de Andalucía, pero que hasta ahora ha tenido una casi nula efectividad por su falta de regulación. Y por último, porque respeta la autonomía municipal, algo no baladí en los tiempos que corren.

Se entiende que algunos tachen el decreto como "electoralista", como a toda norma que se dicta cercana a unas elecciones y que se supone beneficia a un importante colectivo. Adjetivo que posiblemente se matizaría si se activaran inmediatamente los mecanismos para restaurar el orden urbanístico infringido para aquellas edificaciones que no pueden ser regularizadas de ninguna manera, especialmente las que se ubican en zonas de riesgo de incendio o inundación y las que se asientan en suelos especialmente protegidos, los parques naturales, preferentemente. Y queda una duda. Si una de las concausas del proceso de construcción ilegal ha sido la inactividad, la omisión o la impotencia de la Administración para imponer la disciplina urbanística o hacer respetar la legalidad, que las normas obligan a imponer sin excepciones, la cuestión clave es preguntarse: ¿Qué circunstancias han cambiado en este momento para suponer que, desde ahora, ya no se va a seguir produciendo la presión social o van a desaparecer las infracciones?

La respuesta hay que buscarla en la conjunción de varios factores: la experiencia acumulada en el análisis de este fenómeno; la necesidad de convencer al conjunto de la sociedad de que, al igual que hay que dar una solución al pasado, hay que evitar que se repita en el futuro, ya que sus repercusiones son nefastas tanto económicamente, como sobre el medio físico o sobre las condiciones en que viven las personas; en que las administraciones realicen una eficaz política disciplinaria, en especial desde el punto de vista preventivo; y en una adecuada planificación y reforzamiento de la infraestructura organizativa capaz de gestionar la forma de abordar la ejecución posterior de las medidas planificadoras.
* M.A. González Fustegueras es arquitecto urbanista

* Diario De Sevilla - Opinión - 18.1.12

Jerez.- La Junta deja en el limbo al 73% de las viviendas ilegales de la zona rural

2012-01-18T12:02:00.000+01:00

ANDALUCÍAINFO* : El decreto promovido por la Junta de Andalucía hace apenas una semana para la regularización de las viviendas ilegales deja en el limbo al 73 por ciento de las construcciones del término municipal que se encuentran en esta situación, según un informe elaborado por la Delegación municipal de Urbanismo que ayer presentó Antonio Saldaña.
El municipio cuenta en la actualidad con algo más de 1.500 viviendas ilegales. La mitad de ellas se encuentra ya en proceso de regularización, al haber sido incluidas por el PGOU en las áreas calificadas como Hábitat Rural Diseminado, una figura que ahora incorpora el decreto de rango autonómico.
Quedaría por regularizar la situación de otras 870 viviendas, de las cuales sólo 33 pueden legalizarse al amparo de dicho decreto, que permite la normalización de las edificaciones aisladas siempre y cuando reúnan una serie de requisitos.

Otras 204 viviendas estarían en condiciones de ser legalizadas por la misma causa anterior. En 82 de estos casos debería demostrarse que han prescrito los plazos para la protección de la legalidad; mientras que en los 122 restantes habría que analizar la compatibilidad entre considerar la zona como huertos familiares y legalizar al mismo tiempo las viviendas.

Las 33 viviendas que podrían legalizarse acogiéndose al decreto están situadas en la zona de El Mayorazgo. Las otras 204 que en el mejor de los casos podrían beneficiarse de esta nueva normativa están distribuidas entre el entorno de la Cartuja, Los Cejos, los alrededores de la barriada rural de La Inmaculada, Mesas de Santiago y El Palomar.

El informe de la Delegación de Urbanismo constata que las 633 viviendas restantes que se encuentran en situación de ilegalidad no podrían beneficiarse de este decreto. Hasta 381 viviendas se encuentran ubicadas en vías pecuarias y fueron construidas con posterioridad a 1975, por lo que no pueden acogerse a los beneficios de este decreto.

A esta cifra deben sumarse las 168 viviendas cuyo origen parte de una parcelación urbanística ilegal; así como las 84 que se levantaron sobre suelos de especial protección o inundables. El decreto no contempla la legalización en ninguno de estos casos.

El Gobierno local llevará al próximo Pleno una moción encaminada a propiciar que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía vayan “de la mano” en la búsqueda de soluciones a uno de los problemas históricos del término municipal de Jerez.

* Andalucía Información - Francisco C. Aleu - 17.1.12
Foto: Jerez, inundaciones feb 2010- elperiodico.com

El alcalde de Oroso y tres exconcejales declararán en el Juzgado de Ordes

2012-01-18T10:48:00.000+01:00

ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : El alcalde de Oroso, Manuel Mirás, y tres exconcejales de este Concello, Carlos Noya, Manuel Cendán y Manuel Suárez, tuvieron que declarar en el Juzgado de Instrucción 1 de Ordes el pasado jueves 12 de enero. Estaban citados "para prestar declaración" en las diligencias previas de un procedimiento abierto por unas irregularidades urbanísticas.
La denuncia fue interpuesta por el Partido Galeguista porque un edificio de la calle Portiño ocupa, según explica el abogado de la acusación, un trozo de "zona verde" y tiene "más altura de la permitida en algunos puntos". Y también porque "en Sigüeiro se construyó un túnel que une dos garajes privados en lo que era una calle pública".
Según el letrado de la acusación, "la licencia de ambas obras es del año 1999" cuando era alcalde el popular Eugenio Neira. Pero en abril de 2002 este regidor sufrió una moción de censura y Manuel Mirás se convirtió en el nuevo alcalde con el apoyo de dos trásfugas, los ex ediles Manuel Cendán y Manuel Suárez. Según este abogado, "con Mirás en el gobierno local se dio la licencia de primera ocupación". Es decir, "le dieron viso de legalidad a obras que eran absolutamente irregulares".

Mirás Franqueira, explica, sin embargo, que la jueza Sandra María Iglesias solo le preguntó por el edificio de la rúa Portiño. Y que este inmueble "cuenta con una licencia del año 1999, fecha en la que yo no tenía ninguna responsabilidad de gobierno en el Concello".

Franqueira añade que "desde que entré en la Alcaldía de Oroso todas las diligencias que se otorgaron se hicieron con la mayor transparencia del mundo y con arreglo a la legislación vigente y con los informes técnicos y jurídicos al efecto". Y recuerda que "fue precisamente mi gobierno el que puso orden en el urbanismo de Oroso, quien aprobó un Plan Xeral y quien creó una oficina técnica de urbanismo".

El alcalde considera, también, que esta denuncia "forma parte de la campaña de persecución y acoso continuo contra mi persona que desde hace diez años sigue Siverio Mirás y por la que tiene incluso diligencias judiciales abiertas". Y lamenta que el portavoz del PP, José Manuel Balado, "se sume a Siverio".

En cuanto a los exediles que también declararon ante la jueza, éstos también señalaron a este semanario que "esas obras se licitaron en 1999". Si bien, y según testimonio del abogado de la acusación, a las preguntas de la magistrada aseguraron que "no recordaban nada".

* El Correo Gallego - 17.1.12
Foto: Oroso (A Coruña), concello - wikipedia.org

Sevilla.- La revisión encubierta del PGOU

2012-01-18T10:35:00.000+01:00

DIARIODESEVILLA* : El gobierno municipal ha iniciado de forma discreta una ronda de contactos con algunos agentes económicos para alterar el planeamiento urbanístico de Sevilla. La participación de entidades ciudadanas y sociales es nula.
El gobierno municipal que preside desde hace ya siete meses Juan Ignacio Zoido (PP) considera que el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU), el documento que regula la evolución urbana de la ciudad hispalense durante los próximos quince años, aprobado hace apenas un lustro tras un largo proceso de gestación técnica y después de una amplia campaña pública de participación ciudadana, es un obstáculo para sus planes políticos inmediatos.
No sólo lo ha sugerido de forma expresa -aunque siempre con argumentos suaves, en positivo- durante la campaña electoral que le permitió lograr la mayoría absoluta en las pasadas elecciones locales, sino que su discurso político durante su primer medio año de gobierno ha hecho especial hincapié en la necesidad de modificarlo "todo lo que sea necesario" con la excusa -para algunos una mera coartada- de "incentivar la actividad económica y empleo". Una lectura bastante simplista y parcial de las profundas repercusiones jurídicas y políticas que tendría tocar la nuez del máximo documento urbanístico de Sevilla.

El proceso de cambio del Plan General, sin embargo, ya está en marcha. Sólo que no se trata de una revisión pública, sino encubierta. La agenda de los cambios no sólo ha empezado a ejecutarse porque el ejecutivo de Zoido esté negociando en secreto -sin luz y sin taquígrafos- diversos acuerdos de recalificación urbanística con empresas concretas (Ikea, Altadis) o entidades privadas (Betis, Sevilla FC), sino porque incluso ha iniciado un proceso secreto (no reconocido públicamente) de consultas técnicas con determinados agentes económicos y empresariales de la ciudad para preparar el camino de lo que será una probable revisión sustancial del Plan. Un proceso que, en todo caso, no está previsto que se acometa a fondo hasta después de las elecciones regionales que se convocarán en marzo.

La decisión del PP de desmontar el Plan General se incluye en la hoja de ruta que un alto cargo de la Gerencia de Urbanismo -uno de los que han sobrevivido al cambio de gobierno en el Ayuntamiento- elaboró para el actual alcalde casi un año antes de ganar las elecciones. En dicho documento interno, una guía secreta en la que se explica toda la estrategia de gobierno del PP para la Gerencia, y cuyas principales propuestas han comenzado a convertirse ya en realidad, se aboga de forma rotunda por iniciar una revisión oficiosa del Plan General a pesar de que éste apenas si ha cumplido el ecuador de su teórico periodo de vigencia.

El documento interno del PP obvia un factor importante: muchas de las operaciones previstas en el PGOU están sin desarrollar por falta de inversión pública y de colaboración privada. Consecuencia en buena medida de la crisis. Esta falta de ejecución del Plan General no responde a que sus criterios de ordenación sean incorrectos o hayan quedado superados por el tiempo, sino sencillamente a que no cuenta con la gestión adecuada. Una misión de dependía en exclusiva del trabajo de los servicios de la Gerencia de Urbanismo, que es el brazo ejecutor de la política urbanística.

El PP, sin embargo, no es partidario de gestionar bien el Plan existente, sino que aboga por modificarlo en base a un inconcreto programa en favor del empleo que ni siquiera ha sido capaz de poner por escrito. Con independencia de lo etéreo de su posición política, lo cierto es que la mayoría absoluta con la que Zoido cuenta en el Pleno le permitiría iniciar una revisión del planeamiento urbanístico de Sevilla. ¿Por qué no lo hace directamente de forma abierta y sin recurrir a subterfugios?

Fundamentalmente por una cuestión táctica. Los planes son otros. Responden a otros intereses. Una revisión ortodoxa del Plan General obligaría al alcalde a reabrir de nuevo -apenas cinco años después de haber concluido este mismo proceso- un debate público sobre el modelo urbano de Sevilla. Una discusión que debería ser, en términos políticos, abierta a todos los sectores. Esto es: en ella participarían entidades ciudadanas, vecinales, agentes económicos e inversores. Todos, en principio, en una teórica igualdad de condiciones. Por otro lado está el factor tiempo: el PGOU vigente tardó casi cinco años en redactarse desde su primer impulso político. Hablamos de un proceso reglado: hay que convocar mesas públicas de participación, aprobar un Avance y someter el nuevo documento conforme vaya superando sus distintas etapas administrativas a votaciones en Pleno. La última -la legalmente trascendente- no depende además del gobierno local, sino de la Junta de Andalucía.

Este proceso, además de difícilmente justificable -el Plan vigente es demasiado reciente-, está lleno de obstáculos. Podría prolongarse incluso más allá del mandato municipal. Demasiado complicado. Zoido apuesta por otra fórmula. Así se explica con meridiana claridad en la hoja de ruta del PP elaborada para gobernar la Gerencia de Urbanismo, redactada por el alto cargo de este organismo municipal que asesora al alcalde. En dicho informe, cuyas propuestas son justo las que viene aplicando el actual gobierno desde hace siete meses, se propone "abrir directamente una ronda de contactos con las entidades empresariales y sociales [ni vecinales ni ciudadanas] en orden a recibir sus aportaciones para la modificación del PGOU". Y se añade: "Con esto se logra participación, transparencia y una legitimidad incontestable, al tiempo que llenamos de gestión una época demasiado temprana [el arranque del mandato municipal] para estar haciendo obras".

Los contactos comenzaron el pasado verano. En secreto. El gobierno local comenzó así a orillar cualquier posibilidad de ir a una revisión ortodoxa porque tal decisión le obligaría a cumplir con la llamada cuota social. No es lo que se quiere: los contactos, hasta ahora discretos, se están concertando por ahora únicamente con determinados lobbies económicos y agentes urbanísticos. Sin luz y sin taquígrafos. En dichos encuentros el equipo directivo de Zoido en Urbanismo plantea a sus interlocutores su análisis sobre el PGOU y les insta a que propongan cambios. No se están cerrando todavía acuerdos concretos, pero sí se les anima a formular ideas sin dar cuenta a nadie.

Uno de los interlocutores privilegiados es Gaesco, la asociación empresarial de constructores de Sevilla. Este verano organizó un foro (restringido) monográfico con la dirección de Urbanismo del PP para tratar todas estas cuestiones. Desde entonces, Gaesco ha pasado a defender con vehemencia la nueva política urbanística del Ayuntamiento. Un cambio de posición significativo con respecto a la etapa política anterior.

* Diario de Sevilla - CARLOS MÁRMOL - 18.1.12
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com

SICAV, paraíso fiscal

2012-01-18T10:23:00.000+01:00

INFORMACIÓNPORLAVERDAD* : Los que tienen más de 2.404.048€ pueden tributar solo un 1%.
Hoy os traemos un “detallito sin importancia” acerca del sistema económico, que debería ser suficiente para que el pueblo se levantase y metiese en la carcel a todos los políticos del planeta.
En el artículo se nombra a Guillermo Rocafort, autor del libro “SICAV, paraiso fiscal” que es un personaje muy escorado a la derecha. Aclaramos que “Información por la Verdad” no se alinea ni con la izquierda ni con la derecha ni con ninguna ideología partidista existente, tan solo aportamos información lo más verídica posible a nuestro entender, con la finalidad de que la gente deje de una vez de ver la televisión y salga a la calle a señalar y, ya que se pone uno, a coger de los pelos a la élite. Desde el cariño, por supuesto…
La SICAV es un híbrido de inversión a caballo entre una sociedad anónima y un fondo de inversión con la particularidad de que tributa al 1% en el Impuesto de Sociedades. Este vehículo de inversión, que exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes o accionistas, es el favorito de los ricos y famosos.

El cineasta Pedro Almodóvar, la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana y el ex jugador del Real Madrid, Fernando Morientes, no necesitan tener su dinero en un paraíso fiscal, porque lo tienen aquí en España, y sólo tributan el 1% por él, a diferencia de lo que le sucede a cualquier otro español.
No son los únicos, ya que personajes de la élite financiera como la ex ministra socialista Mercedes Cabrera, el directivo del Málaga Fernando Hierro o la mediática familia Polanco también. Y todo legalmente, sin tener que llevarse el dinero fuera de España ¿Cómo lo hacen?
SICAV, PARAÍSO FISCAL
Para no pagar por su dinero nada más que el 1% sólo tienen que invertirlo en una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable), siglas que ocultan un auténtico paraíso fiscal legal en España, que no puede ser controlado por la Agencia Tributaria, y para lo que únicamente se necesita un capital mínimo de 2.404.048 euros.

Con este mecanismo legal, las grandes fortunas españolas, la élite financiera, no necesita llevarse su dinero al extranjero, ni evadirlo, porque aquí, en España puede tenerlo cómodamente, y retirarlo y usarlo cuando quieran, como si de un banco se tratase, y sin que su actividad pueda ser fiscalizada por el Ministerio de Hacienda. Así lo explica en su libro “SICAV, paraíso fiscal” el profesor de Derecho y Economía en la Universidad Autónoma y Carlos III, Guillermo Rocafort.
Tal y como desvela en su libro el profesor Guillermo Rocafort, algunos destacados progresistas que se han caracterizado por apoyar proyectos socialistas, cuando no comunistas, como Pedro Almodóvar, cuya SICAV está gestionada nada menos que por la Banca March, o la ex ministra de Cultura Mercedes Cabrera y la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, que se ha hecho célebremente famosa por sus discursos moralizantes en la televisión, no pagan como los demás.
El profesor Rocafort ha señalado a Diario El Aguijón que “una gran parte de las élites financieras y de las grandes fortunas españolas tienen su dinero invertido en SICAV, y por tanto en un limbo seguro, fuera del alcance y supervisión de la Agencia Tributaria y pagando lo mínimo, mientras que el resto de los ciudadanos ve cómo le suben sus impuestos y paga una media de 35 veces más que esta nueva aristocracia del dinero que puede acceder a estos paraísos fiscales encubiertos”.El dinero invertido en las SICAV, y que en algunas ocasiones son constituidas por hombres de paja a los que en el argot financiero se les denomina “mariachis”, está únicamente controlado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno de cuyos vicepresidentes, Carlos Arenillas -y marido de la ex ministra socialista del PSOE Mercedes Cabrera- era a la vez, y en una claro conflictos de intereses, tal y como señala el autor, propietario de la SICAV Tagomago, constituida junto con el ex Secretario de Estado de Economía David Vergara.
Algo que el autor del libro ha señalado gráficamente a Diario El Aguijón como “si pones a las zorras a guardar las gallinas”. Rocafort señala en su libro que “llama la atención que fue este –en referencia a Carlos Arenillas- cuando ejercía sus funciones descritas, que la CNMV paró en 2005 la ofensiva de Hacienda contra las SICAV de manera fulminante”.
El debate ha sido abierto por este polémico libro editado por la editorial Rambla, y por la exposición del profesor Guillermo Rocafort, en un momento en que la clase media y la mayoría de los trabajadores ven cómo se le suben sus impuestos y la crisis hace mella en su economía. Pero no todos, pagaremos la crisis igual, o al menos eso parece…
Autora: Ana Burrieza.
Fuente: Diario el aguijon

* Información por la Verdad - Opinión - 16.1.12
Viñeta por Manel F.

Dejar el aeropuerto de Castellón le cuesta al Consell más de 80 millones

2012-01-17T11:08:00.002+01:00

ELPAÍS* : La ruptura unilateral del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón con la empresa que resultó adjudicataria del servicio, Concesiones Aeroportuarias, puede costarle a la Generalitat valenciana más dinero que el cumplimiento de las condiciones pactadas en él. El Consell, si cumple al final su anuncio, tendrá que devolver los 83,88 millones que Concesiones ha invertido en la obra. En cambio, si decide respetar el acuerdo con la empresa pagará 19,73 millones durante los 8 primeros años de explotación en concepto de pérdidas, tal y como figura en el texto. La operación de "ahorro" anunciada por Alberto Fabra corre el riesgo de convertirse en un nuevo desastre financiero que exprima las ya enjutas arcas del Gobierno valenciano.
La Generalitat, a través de la promotora pública del aeropuerto de Castellón Aerocas, anunció el pasado 30 de diciembre la ruptura del contrato con la empresa Concesiones Aeroportuarias, que debía explotar la infraestructura y buscar aerolíneas que operasen en él para la fecha de apertura, prevista durante el próximo mes de abril. El Gobierno de Fabra rompió el acuerdo un día después de que la empresa presentase una demanda ante el juzgado nº1 de Castellón por incumplimiento contractual, debido a que la Administración valenciana no había aportado la carta de patrocinio; un aval por el que el Ejecutivo valenciano se comprometía a asumir las pérdidas durante los ocho primeros años de gestión.

Alberto Fabra aclaró la semana pasada las causas de su decisión. Dijo que las condiciones del contrato eran "inasumibles" para el erario público que no podía afrontar unos gastos planteados "en época de bonanza". Sin embargo, el contrato fue firmado el 23 de marzo de 2011, ya en lo más profundo de la crisis y los costes de la ruptura son mucho mayores, según las cifras que maneja la propia Generalitat.

La obra del aeropuerto de Castellón ha tenido un coste reconocido por el Gobierno valenciano de 123,88 millones de euros, a los que hay que sumar otros gastos en contratos, terrenos, arrendamientos y cánones que sitúan el precio final por encima de los 150 millones.

Los casi 124 millones en obra material se desglosan en 40 aportados por la administración valenciana a través de un préstamo participativo y los 83,88 abonados por la adjudicataria en construcciones y sobrecostes. Esos casi 84 millones de gasto en la construcción es el mínimo que reclama ahora la empresa concesionaria por verse apartada del proyecto, sin contar con los aproximadamente 7 millones de intereses del capital social depositado en su día, ni los posibles daños y perjuicios o el lucro cesante por la explotación del aeropuerto.

De haber cumplido el contrato, el Gobierno de Fabra tendría que haber pagado a Concesiones Aeroportuarias 19,73 millones en ocho años por las pérdidas previstas en cada ejercicio. Pero ni siquiera se ahorra esta cantidad con la ruptura contractual, ya que fue el propio Gobierno valenciano quien estableció que se producirían tales pérdidas y tendrá que asumirlas si, como ahora plantea, gestiona directamente y en solitario las instalaciones a través de la empresa pública Aerocas, que todavía preside Carlos Fabra.

La idea de construir un aeropuerto en Castellón surgió a finales de la década de los 90 del entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra. A pesar de su insistencia, no consiguió que le financiasen la obra ni José María Aznar, con quien compartía veraneos en Oropesa (Castellón), ni el entonces presidente valenciano, Eduardo Zaplana. Pero tras contar con el respaldo económico de un grupo de empresarios, logró que Aznar lo declarase de interés general y el primero de España de titularidad pública y gestión privada. Sin embargo, el proyecto tardaría unos años más en arrancar. Hasta que el carácter megalómano de Carlos Fabra encontró a Francisco Camps que sucedió a Zaplana en 2003. Fue a partir de ese año cuando se licita la construcción y la Generalitat entra de lleno en la financiación de la obra, con la aportación de préstamos y sucesivas ampliaciones de capital de la promotora pública aeroportuaria, hasta quedarse con el 99% de su accionariado. A pesar de ello, Carlos Fabra sigue presidiendo esta firma que ha desembolsado del dinero de los valencianos más de 30 millones en publicidad para un aeropuerto sin aviones, que cuesta sin funcionar más de 300.000 euros al mes y que aún carece de permisos de vuelo.

¿De qué se sorprende la Generalitat?
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha justificado en la crisis y en las condiciones "inasumibles" del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón el anuncio de su ruptura. Sin embargo, Fabra no puede alegar sorpresa o desconocimiento de los supuestos planteados en el texto rubricado el 23 de marzo del año pasado porque uno de sus más firmes colaboradores ahora, el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha formado parte del consejo de administración de Aerocas desde 2004, prácticamente desde su fundación. Y el 11 de marzo del año pasado participó en la reunión en la que fueron acordadas las nuevas condiciones de gestión y explotación del complejo aeroportuario. Un acuerdo que Vela, entonces secretario autonómico de Economía, celebró con el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, con un apretón de manos.

Como consejero, Vela también ha aprobado los más de 30 millones de euros en gastos de publicidad, o los sueldos de casi 400.000 euros del director general y otros seis trabajadores de Aerocas. Entre ellos un jefe de gabinete para un aeropuerto sin aviones.

De marcado perfil técnico, José Manuel Vela fue nombrado consejero de Hacienda en junio pasado por el entonces presidente, Francisco Camps, y fue entonces cuando dejó de formar parte del consejo de la promotora pública aeroportuaria. La pasada legislatura Vela fue durante meses el consejero de Economía en la sombra, supliendo en numerosas ocasiones a su entonces titular, Gerardo Camps, en sus reiteradas ausencias. Ha tenido un papel destacado en la elaboración de los presupuestos autonómicos en los últimos años y su concurso ha sido ahora muy relevante en la aprobación del decreto de recortes de 1.057 millones para 2012, que ha provocado las críticas de parte de la sociedad valenciana. Los sindicatos atribuyen a Vela la subida de impuestos y el tijeretazo de 271 millones a los funcionarios, lo que provocó numerosas protestas la semana pasada.

* El País - MIGUEL ÁNGEL CAMPOS - Castellón - 16/01/2012
Foto: Castellón, aeropuerto - aerocas

Galicia.- Inmuebles con sentencia se libran de la piqueta

2012-01-17T09:57:00.000+01:00

LAVOZ/Pontevedra* : El paisaje gallego está salpicado de infracciones urbanísticas achacables a alcaldes, concejales, constructores, promotores y particulares. En ese escenario la comarca de Pontevedra no es una excepción. El urbanismo sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la comunidad, que sin embargo hasta diciembre del 2010 contabilizaba en solo cinco años 229 demoliciones de obras ilegales en el interior y la costa.
La anarquía urbanística que reinó en Galicia durante décadas parece agua pasada y la ejecución de derribos cobra fuerza. Desde la Xunta, que creó la Axencia de Protección da Legalidade Urbanísticas (APLU), sostienen que la aplicación de la normativa tiene un efecto disuasorio entre la población.
Pese a ello, la piqueta se eterniza y hay casos que llevan muchos años enquistados. El hostal-asador levantado hace veinte años sin licencia y en suelo rústico en el lugar de Pazos, en la parroquia de Marcón, es un ejemplo paradigmático. El Concello de Pontevedra, pese a haber ganado los pleitos, lo mantiene en pie y ahora dice que hay que valorar si en tiempos de crisis el derribo es prioritario.

Otra edificación que está paralizada y amenazada por las máquinas es una de varias plantas situada en las cercanías de la playa de Lapamán, en el límite entre Bueu y Marín. En 1992 el Ayuntamiento de Bueu dio licencia para una vivienda unifamiliar y Marín recurrió al entender que era dentro de su término municipal. El juzgado falló a su favor y la licencia fue anulada. Al ser suelo rústico la demolición corresponde a la APLU. Pero esa construcción de ladrillos no es la única infracción. El año pasado el Concello de Marín denunció que el bajo y la finca se emplean como párking en verano. Un cartel a pie de carretera da fe de ello: «Párking 2 euros a la sombra, bajada playa».
En Poio, otro esqueleto de hormigón que lleva parado desde 1998 es el de A Piolla, en la parroquia de Raxó. Tras años de litigio entre la empresa constructora, que llegó a denunciar al alcalde, y el Concello, será finalmente la APLU quien se encargue del derribo. Luciano Sobral respira aliviado y confía en que la construcción sea demolida a lo largo de este 2012.
No es ni mucho menos la única batalla judicial relacionada con el urbanismo que arrastra Poio. También en Raxó sigue pendiente desde 1993 el derribo parcial del hotel Gran Proa. El exceso de edificabilidad obliga a tirar la quinta planta y su cubierta. Se invertirán 90.000 euros.
Desde el 2002 lleva litigando el Ayuntamiento de Caldas para evitar el derribo parcial de un edificio de la calle Real. Fue un particular quien emprendió la batalla judicial y la ganó. El inmueble, de tres plantas y ático, tiene catorce viviendas, además de bajo comercial y garaje. Está deshabitado. Se construyó con licencia, pero esta fue anulada por incumplir la normativa del fondo edificable. El exalcalde Tobío y Juan Manuel Rey, actual regidor, fueron multados.

* La Voz de Galicia - CRISTINA BARRAL - 15.1.12
Foto: El esqueleto de hormigón de A Piolla, en Raxó (Poio).

La regularización de casas ilegales fracasa en Córdoba y Chiclana

2012-01-17T09:38:00.000+01:00

ELPAÍS/Andalucía* : Darle una salida jurídica a las decenas de miles viviendas que se han levantado en Andalucía en terrenos no urbanizables. Ese es el espíritu que envuelve el decreto que la Junta de Andalucía aprobó la semana pasada. En la mayoría de los casos, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda plantea un "reconocimiento" de las casas aisladas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico en el que están y acceder a suministro de agua y luz. Sin embargo, también se requiere de la colaboración de los ciudadanos.
Varios Ayuntamientos andaluces han intentado solucionar este problema y regularizar las urbanizaciones ilegales que se han levantado en sus términos municipales. Pero en muchos casos estos procesos no han prosperado. Dos de los ejemplos más llamativos son Córdoba y la localidad gaditana de Chiclana. Estas dos localidades acumulan cerca de 25.000 casas levantadas al margen del ordenamiento. Hay alrededor de 15.000 en Chiclana y en el término municipal cordobés, entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas.

En ambos casos, los Ayuntamientos -ya sean de un color político o de otro- se han encontrado con la misma dificultad: la negativa o imposibilidad -según quien lo explique- de los propietarios de las casas a correr con los gastos económicos que acarrea el proceso de regularización. Otro de los puntos en común de estas dos localidades es la presencia de estas edificaciones en el debate político y el poder de presión de los parcelistas. En Chiclana, incluso se creó un partido que agrupa los intereses de los propietarios, el Partido Vecinal Regionalista. En el caso de la capital cordobesa, todos los partidos llevan años cortejando a los dueños de las parcelas.

El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz, 79.839 habitantes), gobernado ahora por el PP, aprobó en 2009, bajo mandato socialista, la primera ordenanza para iniciar la regularización de sus más de 15.000 viviendas ilegales, que habían proliferado desde los años ochenta. Pero el camino abierto por este municipio ha estado plagado de obstáculos. En estos dos años solo 56 propietarios han cumplimentado la solicitud para poder legalizar sus casas. La mayoría de los dueños no quiere asumir el coste dictado por el Ayuntamiento, a pesar de continuos anuncios de rebajas. Además, Chiclana tiene otro problema añadido. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue anulado por la justicia y lo que fue señalado como urbanizable ha dejado de serlo legalmente hasta que se aprueben unas normas transitorias.

Fue el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, encargado del planeamiento de Chiclana, el que diseñó el proceso regularizador de viviendas. Dividió la ciudad en áreas de gestión básica y estableció los pasos para dar licencia a esas casas y poder suministrarles servicios como el agua, la luz o el alcantarillado. En total, el plan suponía ordenar 15 millones de metros cuadrados y 15.000 viviendas, según el catálogo hecho por el Ayuntamiento y aprobado por la Junta. Todo se recogía en unas ordenanzas aprobadas en 2009. Pero en 2010 solo cinco personas se interesaron por este proyecto. En 2011, 51.

Lo que más echó para atrás a los propietarios fue lo que consideraban un "excesivo coste" de la legalización de unas viviendas que levantaron sin control ni permiso alguno. Una parcela de 1.000 metros cuadrados, el mínimo permitido para regularizar, podía costar una media de 45.000 euros. El Ayuntamiento llegó a acuerdos con entidades financieras para dar facilidades de pago y, a medida que pasaban los meses y se aproximaban las elecciones municipales, se anunciaron rebajas en el precio final. Según cálculos municipales, dar legalidad a las 15.000 viviendas supondrá un coste de unos 360 millones de euros.

Los dueños de las casas ilegales protagonizaron movilizaciones en varias localidades de la provincia de Cádiz. Las más concurridas, en Chiclana. Es lo que la Fiscalía de Medio Ambiente viene calificando en sus últimas memorias como "auténticos lobbies de presión". En esta ciudad se llegó a dar un paso más con la constitución de un partido, el Partido Vecinal Regionalista, que agrupaba estos intereses, y llegó a sacar dos concejales en los últimos comicios.

El actual gobierno del PP aspira a que el decreto de la Junta impulse su normativa. También confía en que las normas transitorias, adelanto del futuro plan general, que se quieren aprobar en febrero solventen las dificultades administrativas que ha supuesto la anulación del anterior documento dictada por el Tribunal Supremo. Si prosperan, el Ayuntamiento confía en que el interés crezca más allá de los únicos 56 interesados hasta ahora en regularizar sus casas.

Córdoba ha visto en las últimas décadas cómo en áreas de especial valor medioambiental e histórico (como la sierra o el entorno de Medina Azahara) se levantaban extensas urbanizaciones sin orden. La solución legal para esas casas (entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas) que, se calcula, existen en el término municipal es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el urbanismo cordobés. Ninguna corporación municipal, ya sea de IU -que gobernó los pasados 12 años- o del PP, actualmente en el poder, han dado con la tecla para solucionar este problema.

El PGOU de 2003 dictamina que hay dos clases de parcelaciones ilegales: las que se pueden reconducir dentro de la legalidad (la mayoría) y las que no (un millar de casas). 42 urbanizaciones regularizables han creado las juntas de compensación de propietarios que ordena el PGOU para que puedan sacar adelante las reformas necesarias, pagadas por los vecinos, que les doten de servicios. Pero ninguna ha logrado culminar el proceso. Y lo que es peor, la crisis ha atropellado sus aspiraciones. Poco antes de las elecciones locales, sus integrantes se quejaban de que ninguna entidad bancaria les ofrecía el aval del 7% para iniciar las obras de urbanización.

En la campaña electoral, casi todos los partidos cortejaron a los parcelistas ilegales. Aproximadamente son 50.000 las personas que viven en la periferia, unas 20.000 en las urbanizaciones irregulares. Un caladero de votos que nadie quería dejar escapar. Uno de los últimos anuncios de IU en mayo fue que agilizarían los trámites para las obras de las juntas de compensación, aceptando como aval fianzas personales como declaraciones de la renta, IVA o títulos de propiedad.

Por su parte, el PP, una vez que logró gobernar la capital cordobesa, optó por un cambio de estrategia, pero también con el objetivo de agilizar la legalización. Su plan era permitir una nueva modalidad de regularización e introducir el modelo de las juntas de cooperación, con lo que desaparecería el aval del 7% y el Ayuntamiento pagaría las obras para luego facturárselas a los vecinos.

* El País - P. ESPINOSA / M. J. ALBERT - Cádiz / Córdoba - 16/01/2012
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales Pago del Humo - diariodecadiz.es

Los bancos encuentran un "atajo" para quedarse con los pisos embargados desde 1 euro

2012-01-17T09:30:00.000+01:00

IDEALISTA* : "Salvajada legal". así califican algunos expertos el nuevo camino elegido por algunos bancos para expulsar a los propietarios que no pagan su hipoteca y que bajo el sistema actual tardan meses en conseguirlo. se trata de utilizar subastas extrajudiciales en notarios para recuperar pisos.
Es un sistema previsto en la mayoría de las escrituras, pero hasta ahora apenas se había utilizado. no interviene ningún juez y si tras dos subastas por el 100% y el 75% del importe de la deuda no hay postor, los bancos pueden recuperar los pisos desde solo un euro, según la plataforma de afectados por la hipoteca (pah).
Los procesos en los que se utiliza este método aún representan un porcentaje mínimo, pero algunas entidades han disparado su uso. en cataluña, las ventas extrajudiciales se han quintuplicado desde 2009: de 21 a 111 casos (hasta diciembre de 2011). son cifras muy modestas frente a las 14.894 casos de subastas judiciales del tercer trimestre de 2011) pero han puesto a la pah en alerta.
"Parece que las entidades financieras no tienen bastante con un procedimiento de ejecución hipotecaria que permite la adjudicación de las viviendas por un 60% del valor de tasación y el desalojo sin contemplaciones de las personas afectadas. su avaricia no tiene límite, y algunas entidades han decidido recurrir a la subasta extrajudicial, un procedimiento aún más perverso, si cabe, que el de la ejecución judicial: más rápido (se puede resolver en tres meses), con indefensión absoluta por parte de la persona afectada (al no ser judicial, sino notarial, no se tiene derecho a la justicia gratuita) y, el colmo de los colmos, se resuelve en 3 subastas, permitiendo que si las dos primeras quedan desiertas, en la tercera la entidad se lo puede adjudicar por cualquier valor, es decir, a partir de 1 euro, quedando a la persona o familia afectada la totalidad de la deuda de por vida", señala pah.

En el diario el país algún notario defiende el sistema pese a que antes del año 2000 la subasta extrajudicial había sido cuestionada por anticonstitucional. esto provocó su modificación por “venta extrajudicial” para introducir la filosofía del pacto. entre sus ventajas figurarían su rapidez y eficacia, ya que el hipotecado deja de ver cómo su deuda crece y crece y el banco recupera antes el bien. comentan que lo lógico es fijar un mínimo del 40% de la deuda -igual que en las subastas judiciales- pero también comentan que en última instancia depende de la interpretación de la ley que haga el notario que celebre la subasta. de hecho, un representante de ofideute, la oficina de mediación de la generalitat a donde han llegado casos, apuntan que la norma actual permite que a falta de postor se pueda vender un inmueble en tercera subasta por un solo euro.

Pero recurrir a la subasta extrajudicial puede llegar a no ser un camino de rosas para el banco, precisamente por lo que sigue siendo una figura minoritaria en las ejecuciones en nuestro país. según los expertos, para recurrir a esta opción, en primer lugar ha de haber sido pactada previamente, por lo que esta posibilidad debe aparecer contemplada en las escrituras de la vivienda. además, al no haber juez en el proceso, en caso de que surjan discrepancias en alguna cuestión durante la tramitación, cualquiera de los intervinientes podrá reclamar judicialmente lo que considere, llegando a la vía judicial tradicional. así, la ejecución extrajudicial de la hipoteca es un proceso conveniente para la entidad sólo cuando el inmueble esté en buen estado y ésta no prevea complicaciones durante el proceso.

* Idealista - 16.1.12

El aeropuerto de Castellón 'tapaba' una recalificación para 40.000 viviendas

2012-01-16T11:59:00.000+01:00

ELPAÍS* : Carlos Fabra quería un aeropuerto en Castellón. Y lo consiguió. Sin aviones, con un coste cercano a los 200 millones de euros (de ellos, unos 70 a cargo del erario público), pero con una estatua que ensalza la personalidad de su inspirador. Empezó la casa por el tejado. En realidad, el aeropuerto era una excusa para poner en marcha otros proyectos. Y muchos le siguieron, le aplaudieron, se unieron al coro de los que defendían el aeropuerto como quien defiende el progreso.
El aeropuerto de Castellón se argumentó como la forma de afianzar la economía de una provincia con escaso desarrollo turístico, disminuida en lo agrícola y centrada en la producción de azulejo. Su justificación: dar facilidad de acceso a los futuros ocupantes de 40.000 viviendas proyectadas (la mitad, en una sola macrourbanización), los 12 campos de golf y un parque temático que, para no ser menos que nadie, se empeñó en impulsar. Ya tiene el aeropuerto, pero no las viviendas, los campos de golf y el parque temático que iban a disfrutar los cientos de miles de turistas previstos para desplazarse a Castellón en avión.

El fin justificaba los medios. Pese a su fobia a volar, Fabra se encumbró como salvador y, contra obstáculos y reticencias, logró arrancar del Gobierno de Aznar la autorización para construir el aeropuerto, y de su amigo Francisco Álvarez-Cascos, la declaración de interés general. Pero ni un euro. Llamó a la puerta de la Generalitat, siempre entreabierta por aquello del apoyo en el seno del PP, y arrebató un compromiso para una concesión: la Administración promovía la infraestructura y un grupo de empresas se encargaba de la construcción y gestión. Eso sí, con el aval económico público y la salvaguarda de cubrir el coste si no se alcanzaban las expectativas de viajeros, cifrados en 600.000.

Aun así, el verdadero motivo se encontraba alrededor, en el cemento. El argumentario del aeropuerto pretendía hacer encajar todas las piezas de adosados, unifamiliares y hoteles, unidos a una docena de campos de golf en una zona en la que se reclamaba "agua para todos". La nueva infraestructura, alejada de la costa, justificaba la reconversación de 18 millones de metros cuadrados para levantar la mayor macrourbanización del país, un proyecto que iba a multiplicar la población de Cabanes, el término municipal en el que se iba a construir. Al margen de esta macrourbanización, otra docena de proyectos rodeaban, sobre las maquetas, los campos de golf que salpicaban el imaginario de la provincia.

Los proyectos no salieron, las casas no se construyeron y los campos de golf continúan siendo eriales. Pero el aeropuerto, pese a paralizaciones judiciales y problemas administrativos, siguió su marcha porque Fabra quería llegar a decir: "Llevo 14 años imaginando cómo sería el día de hoy". Que fue lo que afirmó el 25 de marzo del año pasado, después de preguntarles a sus nietos: "¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?", el día en que se inauguró una infraestructura que carece de permiso de vuelo y de compromiso de aerolínea alguna para comercializar rutas. "Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones", admitió el propio Fabra, quien se atrevió a añadir que lo hacía para que "cualquier ciudadano que lo desee pueda visitarlas y caminar por ellas".

Él no ha puesto, obviamente, ni uno de los 150 millones de euros que ha costado su construcción. Ni son suyos los 30 millones gastados en publicidad. Ni los 300.000 que costará la escultura, de 20 toneladas, inspirada en su persona. Tampoco rendirá cuentas políticamente por estas decisiones porque decidió no presentarse a las elecciones municipales (era presidente de la Diputación de Castellón)antes de que alguien lo echara. De otros asuntos sí tendrá que responder ante la justicia. -

La trama Gürtel se alimentó del PP valenciano

La trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa se instaló en el corazón de la Comunidad Valenciana en 2004 tras perder el PP la mayoría absoluta que había logrado José María Aznar.

A través de Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, Gürtel obtuvo del Gobierno valenciano -que presidía Francisco Camps- hasta 85 contratos en un periodo de seis años, de los que 76 le fueron adjudicados a dedo. Los más cuantiosos fueron obtenidos por montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur y por organizar el seguimiento de la visita del Papa a Valencia en 2006 a través de Canal 9. La trama logró contratos y comisiones millonarias mediante procesos irregulares. Simultáneamente, Orange Market asumió el papel de suministrador único de eventos de la dirección regional del PP y organizó actos para distintas agrupaciones locales.

A raíz de las investigaciones judiciales desarrolladas en la Audiencia Nacional, primero, y en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y la Comunidad Valenciana, un nutrido y selecto grupo de dirigentes del PP valenciano está inmerso en causas judiciales.

Francisco Camps se enfrenta desde hace semanas a un juicio con jurado, en compañía de quien fue su mano derecha, Ricardo Costa, por recibir regalos de la trama corrupta. A ambos se les imputa un delito de cohecho pasivo impropio. El TSJ de Valencia también instruye la causa por supuesta financiación ilegal del PP valenciano. En ella hay serios indicios de que varias constructoras, que obtenían sustanciosas contratas de la Generalitat, financiaron al PP a través de Orange Market, que también facturó en dinero negro parte de los servicios prestados al partido. En la causa están imputados Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla, el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, la tesorera, Yolanda García, y la exconsejera Milagrosa Martínez, entre otros. -

El 'caso Brugal' pone en jaque al poder alicantino

El poder alicantino (político, empresarial y financiero) se ha desmoronado en los dos últimos años al conocerse lo que se ocultaba bajo el sumario del caso Brugal. Al levantarse el secreto que pesaba sobre esas actuaciones ha quedado al descubierto la mayor trama político-empresarial gestada en la provincia de Alicante, amparada en el negocio de la recogida de basura y el urbanismo.

La investigación de la policía, realizada sobre la base de tres años de escuchas, sitúa a la cabeza de la trama al expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll; a la alcaldesa del PP de la capital, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi. Junto a los políticos, el promotor Enrique Ortiz, el empresario de la basura Ángel Fenoll y dos exdirectivos de Bancaja y la CAM.

La investigación comenzó en 2007. En julio de 2010, el juez ordenó una operación policial que concluyó con 19 arrestos, entre ellos los de Ripoll, Ortiz y Fenoll. El sumario incluye tres causas principales y una veintena de ramificaciones. Han sido interrogados 56 imputados.

Del conjunto de causas destacan un supuesto soborno por la contrata de la basura de La Vega Baja a Ripoll por parte de Ortiz y Fenoll. La policía sostiene que Ripoll, a quien el juez imputa cinco delitos, logró 1,3 millones sin justificar tras el contrato, y el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a Castedo y Alperi de proporcionar datos secretos a Ortiz a cambio de dádivas (vacaciones, un coche y un viaje a Creta en jet privado). La investigación cifra en 120 millones el pelotazo del promotor.

El caso Brugal ha segado la longeva carrera política de Ripoll, ahora confinado en el puerto de Alicante. Y Castedo mira de reojo la evolución del sumario judicial. El PP prepara su relevo ante su posible imputación. -

Carlos Fabra, ese "político ejemplar"

En diciembre de 2003, un empresario acusó al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos. El PP se encontraba en pleno apogeo en la Comunidad Valenciana y el todopoderoso Fabra se enfrentaba a una acusación de tráfico de influencias y cohecho.

Los populares copaban las administraciones de Castellón, la Generalitat y el Gobierno central, por lo que Fabra no tenía mucha dificultad en, presuntamente, tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos sanitarios, intercediendo ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Los responsables de estos departamentos, Jesús Posadas, Miguel Arias Cañete y Celia Villalobos, hubieron de dar explicaciones sobre las reuniones que, ellos o sus subordinados, mantuvieron para tratar sobre los productos del amigo de Fabra Vicente Vilar. Y la documentación revela que diputados, subdelegados del Gobierno y distintos cargos públicos hicieron de intermediarios en la operación.

La investigación tomó impulso con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no ha impedido que las pesquisas se prolonguen durante más de ocho años. Tampoco ha evitado que las imputaciones, que en un principio se extendieron entre cargos ministeriales, se redujeran a los matrimonios Fabra y Vilar, que ahora son parejas desechas.

Lo que sí posibilitó la tramitación de este caso es que los inspectores de Hacienda detectaran un incremento patrimonial en el matrimonio Fabra, que ahora habrá de responder además de siete presuntos delitos fiscales por defraudar cerca de 1,2 millones de euros.

Políticamente, Carlos Fabra ha sido arropado por todos en el PP. Desde el actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo calificó de "político y persona ejemplar", hasta el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que lo mantiene al frente del PP provincial. -

Los lodos del 'caso Emarsa' salpican a Barberá

El juzgado número 15 de Valencia investiga desde hace meses el saqueo de la depuradora de Pinedo, una de las mayores de Europa, que está ubicada en el término municipal de la ciudad de Valencia. A raíz de una denuncia presentada por los socialistas, el juez ha imputado hasta ahora a un total de 28 personas por delitos contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental. Entre los imputados figura el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y otros cargos intermedios del PP de la ciudad de Valencia.

Los responsables de la empresa pública que gestionaba la depuradora, Emarsa -en la que tenía mayoría el Ayuntamiento de Valencia-, gastaron cantidades millonarias en servicios no prestados, regalos de lujo, traductoras rumanas, viajes, joyas y comidas.

La gestión se saldó con un agujero de 17 millones de euros, aunque el saqueo podría elevarse hasta los 40 millones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aceptado constituir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para esclarecer las responsabilidades políticas, lo que le ha costado el distanciamiento con la alcaldesa Rita Barberá, que, pese al escándalo del caso Emarsa, no ha tomado medida alguna al respecto.

Y es que, aunque Enrique Crespo era el presidente del consejo de administración de Emarsa, las irregularidades en la depuradora se remontan a una etapa anterior, presidida por los ediles populares Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent. El pasado jueves, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular imputado en el caso Emarsa, pidió que se investigue la gestión desde 1991, cuando Barberá se hizo con la alcaldía de Valencia. "Casi tres millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP", aseguró Gimeno, quien añadió: "Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos, y todos los empleados eran militantes". -

* El País - MARÍA FABRA 15/01/2012
Foto: El aeropuerto de Castellón fotografiado el 13 de enero de 2012, vacío casi diez meses después de su inauguración. En la rotonda de acceso se aprecia la estatua que corona el proyecto.- A. SÁNCHEZ

A Coruña.- La Fiscalía remite al Juzgado el caso de los edificios sin licencia del campus universitario

2012-01-16T11:39:00.000+01:00

LAOPINIÓN* : Después de que el exvicerrector de Infraestructuras admitiese que la Universidad había levantado edificios sin licencia en elcampus de Elviña, la Fiscalíadecidió abrir de oficio diligencias para esclarecer si la actuación era constitutiva de delito. Hace unos días, una vez analizada la documentación que requirieron al Ayuntamiento y a la institución académica, pidieron oficialmente al Juzgado de Instrucción que investigase el asunto. No por la tramitación en sí y por la construcción sin el permiso pertinente, sino al detectar que uno de los centros de investigación se levanta sobre una parcela clasificada como zona verde.
La Fiscalía, que abrió diligencias de oficio por los edificios sin licencia en el campus de Elviña,ha pedido al Juzgado de Instrucción que investigue el asunto. Tras analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento y la Universidad, detecta indicios de irregularidades en la construcción de uno de los centros de investigación sobre una zona verde.

Fuentes del Ministerio fiscal informan de que hace unos días se remitió el caso al Juzgado de Instrucción de A Coruña para que determine si hubo irregularidades en la actuación de la Universidad coruñesa. La Fiscalía no señala a ninguna persona en concreto como responsable y eleva la petición, no exactamente por anomalías en la tramitación de los permisos, sino porque uno de los inmuebles se levantó en una parcela que, en ningún planeamiento, está clasificada para albergar un equipamiento educativo o de investigación.

El Ministerio público decidió abrir diligencias informativasde oficio para esclaracer la construcción de edificios sin licencia en el campus de Elviña. A principios del pasado mes de octubre, en la presentación pública de un nuevo módulo del área científica diseñado por César Portela, el entonces vicerrector de Infraestructuras, Xosé Lois Martínez, admitió a este periódico que se había levantado el inmueble sin permiso municipal en una parcela tras las facultades de Informática e Ingeniería.

El arquitecto y responsable académico alegó que la universidad carecía de terrenos para construir nuevos edificios que diesen salida a la masificación de las facultades y que tanto Concello como Xunta llevaban ocho años sin expropiar nuevas parcelas para la expansión del campus de Elviña. Ante la necesidad, la propia Vicerrectoría de Infraestructuras redactó una modificación del plan parcial del campus, incluida en el documento del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que todavía no ha entrado en vigor. Aunque sin licencia, se decidió levantar el inmueble, con un proceder que luego se reveló como no inédito y que la UDC entendía como la única opción para ejecutar obras necesarias ante la "marginación" de las Administraciones local y gallega.

El Ayuntamiento decidió abrir un expediente tras conocer elcaso, que además acabó con ladestitución del vicerrector de Infraestructuras. "Esto no es una selva, todos estamos obligados a cumplir las normas y por eso he ordenado abrir un expediente (a la Universidad) para que se ponga la situación, legal o no, en donde tiene que estar", anunció el alcalde después de hacerse público que el primer módulo del área científica del parque tecnológico universitario carece de la licencia pertinente y que no está amparado por el Plan de Ordenación Municipal Vigente. Sí figura en la revisión de este documento, que no ha entrado en vigor.

Pese a la supuesta sorpresa del alcalde ante la construcción ilegal ejecutada por la Universidad, y la consecuente apertura de un expediente, el vicerrector manifestó que la Corporación municipal era consciente de la existencia de la modificación incluida en el plan general. "El actual equipo de gobierno de la Universidad tramitó ante el Concello, en 2005, una modificación del plan para convertir aparcamientos en terrenos edificables sobre los que construir edificios de este tipo -destinados a aularios, grupos de investigación, laboratorios y despachos de profesores- que fue aceptada por el Ejecutivo local en el documento provisional", relataba entonces Martínez.

Fuentes del Ministerio Público, cuyos casos de urbanismo son responsabilidad del fiscal Antonio Roma, explican que el procedimiento para levantar los módulos, aunque no fue escrupuloso, no es constitutivo de delito. Sí consideran, sin embargo, que un juez debe indagar por qué se levantó un edificio en solares que eran zona verde.

La construcción de edificios sin licencia en los campus de Elviña y A Zapateira fue uno de los temas centrales de la campaña de las elecciones rectorales. Finalmente, las urnas avalaron la gestión del equipo de José María Barja y eligieron al candidato de su equipo, Xosé Luis Armesto, vicerrector de Profesorado en los últimos ocho años. En todo caso, resolver el tema urbanístico pasado y futuro será uno de los cometidos del máximo responsable académico, además de conseguir plazas de residencia "con precios públicos".

Armesto indicó durante la campaña que, desde el primer momento, se constituyó una comisión de trabajo con el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Martín Fernández Prado, "para buscar soluciones realistas y a corto plazo". "Tiene que haber máxima colaboración entre las dos instituciones", abogó Armesto, "necesitamos esos terrenos, esos espacios y esas instalaciones y el Concello mostró su disponibilidad para encontrar una solución administrativa a este tema". El nuevo rector defendía, ante las acusaciones de sus rivales en las urnas, que estaba "en tramitación esa reforma del plan parcial del plan general". "Lleva años así y la aprobación será casi inmediata, lo que facilitará definitivamente la solución administrativa a este tema".

Armesto, que tomó posesión de su cargo el pasado viernes, señaló sobre las decisiones tomadas por la Xunta del PP en torno a la residencia universitaria que es "imprescindible" una gestión pública para este tipo de instalación con "precios acordes a ella". Es necesario, indicó, para "atraer estudiantes de la Unión Europea", al tiempo que sirva para realizar congresos y encuentros.

* La Opinión Coruña - 16.1.12
Foto: Interior del módulo de investigación sin licencia en el campus de Elviña. / víctor echave

C.Valenciana.- El desvarío

2012-01-16T10:37:00.000+01:00

ELPAÍS/Reportaje* : La Comunidad Valenciana se ha hundido. Con la mayor deuda de España, sin bancos ni cajas propios, con gravísimos casos de corrupción y un presidente dimitido y en el banquillo, la tierra que un día fue próspera y envidiada se ha convertido en el símbolo del desvarío político y la mala gestión. Esta es la historia de su caída.
En julio de 2007, Valencia era una fiesta. A la sombra del edificio Veles e Vents, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, y bajo una lluvia de confeti, banderas al viento y fanfarrias musicales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eufóricos, daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, patrón del Alinghi, y flamante vencedor de la 32ª Copa del América. Tiempo de vino y rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y dos políticos en estado de gracia, envidiados por sus adversarios y reverenciados por sus compañeros. Mariano Rajoy, meses antes de las elecciones generales de 2008, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y remataba: "Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España". Más recientemente, en enero del año pasado, cuando ya había estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, todavía aseguraba: "Gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps". El político valenciano era tenido por los dirigentes de su partido como espejo en que mirarse y modelo a seguir.

Cuatro años y medio después de tocar el cielo con la Copa del América, Camps ya no es presidente de la Generalitat y se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio. Y ya nadie quiere imitarle. La Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonomías, da la sensación de ser la Grecia española, endeudada hasta las cejas, incapaz de cumplir sus compromisos financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y económica. "Si fuéramos una caja de ahorros ya nos habría intervenido el Banco de España", asegura un dirigente del PP valenciano, "pero por fortuna no lo somos".

Las arcas vacías no son el único problema. Los escándalos por corrupción se suceden ininterrumpidamente desde hace años infectando todo el territorio. El caso Fabra, en Castellón; Emarsa, en Valencia; el caso Brugal, en Alicante, y, sobrevolándolo todo, el caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del PP, más su derivada del caso de los trajes de Camps. Faltaba Iñaki Urdangarin para que el deterioro fuera aún mayor. Y todavía hay escándalos que no han salido a la luz. Un empresario local se lamenta: "Es lo peor de lo peor; la imagen que tenemos en el resto de España. No nos beneficia nada".

La Comunidad se ha convertido en una zona apestada para Mariano Rajoy, que no ha colocado a ningún valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías de Estado. Un veterano militante del PP está convencido de que el nuevo presidente "ha establecido un cordón sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojería que todavía no se ha detectado".

La trama Gürtel, a través de Álvaro Pérez, El Bigotes, entró a sacó en las arcas de la Generalitat y la televisión valenciana para enriquecerse sin que Camps hiciera nada por evitarlo. No fue el único método utilizado para obtener importantes ganancias a la sombra del poder. Prácticas destinadas a convertir los beneficios en privados y las deudas en públicas. Todo empezó en Terra Mítica, el parque de atracciones que levantó Eduardo Zaplana en Benidorm con el dinero de Bancaja, la CAM, algunos empresarios privados y la Generalitat. El complejo, que costó 377 millones, ha sido un auténtico fracaso. De hecho, ahora es propiedad del grupo Aqualandia, que se lo ha quedado a cambio de asumir deudas valoradas en 65 millones. Para construir el parque, el Gobierno valenciano expropió 10 millones de metros cuadrados. Sobre ese inmenso solar se edificaron Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y dos campos de golf. Nada fue como estaba previsto y el parque entró en suspensión de pagos, que la empresa levantó cambiando el uso de 217.000 metros cuadrados, vendidos por 85 millones al promotor Enrique Ortiz -imputado en los casos Gürtel y Brugal. El pelotazo urbanístico que se buscaba fracasó al estallar la burbuja inmobiliaria.

Muchos de los grandes proyectos financiados con dinero público siguieron el mismo patrón de Terra Mítica. Se presentaron como de interés social, pero en su entorno se han venido produciendo movimientos especulativos vinculados al urbanismo. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos situados en Alicante, otro fiasco económico con un coste de 300 millones y una deuda de otros 190, ha visto como a su alrededor se han realizado dos operaciones importantes: la compra de 700.000 metros cuadrados por una firma participada por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisición de 200.000 metros cuadrados por parte de este promotor. Ambas operaciones están siendo investigadas por la policía.

El aeropuerto de Castellón no es solo una instalación sin aviones, fruto de la quimera y de la megalomanía del cacique provincial Carlos Fabra. Desde el principio fue una operación especulativa de gran calado en la que el aeropuerto justificaba un gran proyecto urbanístico con garantía institucional que cubría las posibles pérdidas de la concesionaria. El Gobierno de Camps siempre veló por los intereses de los empresarios. Al concesionario de la línea 2 del tranvía de Alicante también se le garantizaba el 10% de los beneficios sobre la inversión realizada, con independencia de los pasajeros que la utilizaran. El actual Gobierno de Alberto Fabra ha roto el contrato con la empresa del aeropuerto y retirado el concurso del tranvía, por considerarlos lesivos para los intereses del Consell.

El saqueo de las arcas públicas, en la práctica, estaba institucionalizado. Los empresarios no corrían con ningún riesgo. Aunque en algunos casos, como el de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas residuales de la ciudad de Valencia y otros 16 municipios, más que un saqueo ha sido un auténtico latrocinio. Hay 28 personas imputadas, entre ellas todos los exresponsables de la firma, militantes del PP y numerosos proveedores. Uno de ellos, Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad, explicó que el agujero de 17 millones de Emarsa -que algunas fuentes elevan a 40-, se produjo porque "alguien decía que se hiciera así". Gimeno evitó dar nombres, pero dejó pistas. "Hay bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público". En una conversación interceptada a El Bigotes, este afirma: "Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa [de Valencia] todos los años no voy a dejar de regalarle algo (...) Le voy a comprar un bolso de la colección nueva".

La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudean los escándalos políticos y la corrupción. Y donde el despilfarro del dinero público ha sido la norma en los últimos años. En noviembre de 2009, en una situación de grave crisis económica y con una deuda autonómica que ya era la primera de España en relación al PIB regional, la Consejería de Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en la organización de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barberá aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito acompañados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patrón de la escudería italiana.

Francisco Camps nunca dejó de comportarse como un nuevo rico. En 2007, un año antes de que las primeras señales de la crisis se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone anunciaba en Valencia la celebración de un gran premio de Fórmula 1, condicionándolo a la victoria de Camps en las elecciones autonómicas. Lo que no contaron ni él ni Camps fue el coste del evento, ni las condiciones leoninas del contrato. De entrada el Gobierno valenciano mintió a la opinión pública. Aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construirían el plan urbanístico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios.

El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patrón de la F1, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como pagar la celebración de la carrera. Ahora negocian con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebración de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo a Camps desde Cataluña, rechazada por este en su día.

Los escándalos, singularmente el caso de los trajes, acabaron por forzar la dimisión de Camps de la presidencia de la Generalitat, pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia para que siguiera en su puesto. Fue a las 4 de la madrugada cuando Isabel Bas, esposa del expresidente, dijo: "Paco, déjalo estar", poniendo así punto final a una maratoniana reunión en la que también estaban presentes Federico Trillo y Juan Cotino, este último el presidente de las Cortes Valencianas.

La crisis institucional se solucionó con el paso del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a la presidencia de la Generalitat, quien hubo de asumir una pesada herencia que, a diferencia de otros colegas autonómicos, no puede atribuir a otro partido político, aunque sea la peor de las peores herencias recibidas. "Sabíamos que las cosas estaban mal; pero nunca supusimos que estuvieran tan mal", señalan desde el entorno del actual presidente de la Generalitat.

¿Cómo de mal? Para empezar, los sucesivos modelos de financiación autonómica han sido lesivos para los intereses de los valencianos. No se contempla la totalidad de la población de la Comunidad y los ingresos por habitante permanecen por debajo de la media española. Era peor con José María Aznar en el Gobierno y siguió siendo mala con la reforma de Rodríguez Zapatero. Además, el sistema financiero valenciano ha desaparecido: Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta caja españolas, han sido fusionadas o intervenidas por el Banco de España. El Banco de Valencia se encuentra en idéntica situación. ¿Cómo se había llegado hasta ahí?

Algunos hechos ayudan a explicar lo ocurrido. Los gobiernos del PP fiaron el crecimiento económico al ladrillo y a una política de grandes eventos y actividades de ocio. Dos decisiones estratégicas para las que no dudaron en utilizar a las cajas de ahorro, auténticas terminales de las decisiones políticas adoptadas en el Palau de la Generalitat. Bancaja y CAM financiaron proyectos como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castellón. El apalancamiento de las tres entidades financieras a proyectos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las dejó en la ruina. La crisis global fue la puntilla de una política basada en la especulación inmobiliaria y en el crédito barato.

La pésima gestión arruinó a todo el sistema financiero valenciano, con las consiguientes repercusiones para el mundo empresarial autonómico; mientras que el intervencionismo político en las cajas se volvió como un bumerán contra la propia Generalitat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Gobierno valenciano no encuentra quien le financie sus propias emisiones de crédito. La puesta en circulación de 1.800 millones de euros en bonos patrióticos fue un auténtico fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y las agencias de calificación Moody's y Fitch los clasificaron como "bonos basura".

La peor herencia, de la que Fabra no se queja nunca en público pero a la que tiene que hacer frente, es la económica. Los compromisos de pago para las próximas décadas de la Administración Valenciana superan los 62.000 millones. De esta cifra total, 47.933 millones corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell más sus empresas públicas -que en septiembre de 2011 alcanzaba los 22.163 millones-; y el resto, al débito a proveedores, pago de los peajes en sombra o el canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. Además, durante el primer semestre del año pasado, la deuda financiera aumentó en 1.498 millones, las obligaciones de pago en 131 millones y los compromisos de gasto no reconocidos y con cargo a futuros presupuestos alcanzaron los 2.043 millones.

En resumen: la suma de deuda financiera y pagos pendientes de la Comunidad Valenciana -a largo plazo- alcanza los 51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa cantidad hay que añadirle 10.489 millones de euros que corresponden a deudas de las empresas públicas, entidades autónomas y fundaciones dependientes de la Generalitat, de acuerdo con el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso, el conjunto de los compromisos adquiridos por la Comunidad y por el sector público que esta controla se eleva a 62.000 millones.

De momento, en este año de 2012, la Generalitat tiene que devolver créditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones, según las fuentes consultadas. Y no tiene con qué hacer frente a estos compromisos.

Durante años, Camps presumió de bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Fabra ha tenido que desandar ese camino. Ha subido impuestos, recortado sueldos de los funcionarios, reestructurado servicios públicos. Y ha anunciado una reducción del número de empresas y fundaciones. Un esfuerzo gigantesco, con notables costes sociales, que es insuficiente para cumplir con los vencimientos de los créditos. Ni siquiera los hispanobonos, si algún día se ponen en circulación, bastarían para salvar las arcas valencianas.

A finales del año pasado, el Gobierno de España tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana para que pudiera hacer frente al pago de una póliza de crédito del Deutsche Bank. A cambio, Rajoy exigió a Fabra que tomara serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat para que se les abone lo que se les debe. Solo a 450 colegios concertados les adeuda 50 millones de euros. Contratistas de la Administración, grandes y pequeños, van a tener difícil recuperar su dinero, por más que sean una prioridad para el actual Consell.

La enmienda a la totalidad que, por la vía de los hechos, está haciendo Fabra a la política de Camps encuentra serias resistencias entre los seguidores del anterior presidente. Las relaciones con Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no pasan de la cortesía. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, con sordina, han empezado a escucharse las primeras críticas a la gestión del neófito presidente. Un dirigente popular afirma convencido que "Fabra tiene a todo el PP enfrente". Nadie debería extrañarse de esta afirmación. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea fácil y "el cordón sanitario" establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. "Génova tiene que intervenir", reclaman desde Valencia. Pero Génova está en La Moncloa.

PS.- Tal vez sea una casualidad. O tal vez no. Pero no deja de ser una amarga ironía que Camps nombrara a Jaume Matas, expresidente de las Baleares y procesado por el caso Palma Arena, "embajador de la Comunidad Valenciana". -

* El País - JOSEP TORRENT 15/01/2012

Ecologistas califican de "especulativa" la ampliación del Bernabéu

2012-01-16T10:09:00.000+01:00

EFE/Madrid* : Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones ante el Área de Gobierno de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid por lo que creen "irregularidades" tras la operación "especulativa" de ampliación del estadio Santiago Bernabéu, ha dicho a Efe la portavoz de la confederación, Mª Ángeles Nieto.
La ampliación del estadio del Real Madrid consiste en la construcción de un hotel y un centro comercial en una parcela desocupada del paseo de la Castellana, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid y que se utiliza, en la actualidad, como aparcamiento, según la portavoz. Ha añadido que según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), esta ampliación no se puede realizar y, por eso, está en trámites de modificación.
El proyecto ha sido estudiado por la organización ecologista, que ha concluido que existen "irregularidades" que "perjudican gravemente los intereses públicos" en beneficio del Real Madrid, según una nota de la confederación.

Así, en la documentación publicada no se incluye un convenio firmado en julio de 2011 entre el Real Madrid y el Ayuntamiento por el cual el consistorio cede al Real Madrid "unas parcelas en Opañel, en Carabanchel", según Nieto.

Por otro lado, el Real Madrid pasaría de poseer "125.600 metros cuadrados construidos a 157.500 m2" tras la ampliación, por lo que el "incremento de edificabilidad" asciende a "31.900 m2 construidos", según la nota.

Estas cifras "redondeadas" aparecen "sin desglosar" en la documentación, por lo que "no sabemos de dónde salen los números", ha dicho Nieto.

La portavoz ha explicado que, según la Ley del Suelo, "el Real Madrid debería ceder el 30% del incremento de edificabilidad" al Ayuntamiento para "zonas verdes y equipamiento" y otro 10% para para uso del consistorio "en beneficio de la sociedad".

La "irregularidad" que señala la organización descansa en que los porcentajes no se van a aplicar sobre la cifra de 31.900 m2, sino sobre una cifra menor, debido a una "maniobra" del club de fútbol.

Las parcelas de Opañel, que el Ayuntamiento cedió al Real Madrid, tienen una superficie de "7.967 m2", de los cuales "5.576,76 m2" se podían destinar a "construir viviendas", según la portavoz.

Estas parcelas las aprovecha el club para devolverlas al consistorio como parte del 30% fijado en la Ley del Suelo para zonas verdes y equipamientos, sin la condición de "edificabilidad residencial" con la que el Ayuntamiento las cedió en primer lugar, por lo que "ha desaparecido la posibilidad de construir este terreno", ha declarado Nieto.

La organización ha manifestado que el "incremento de edificabilidad" no se corresponde con 31.900 m2 construidos, sino con "26.323,24 m2", los resultantes de restar a la primera cifra los 5.576,76 m2 de "edificabilidad residencial" de Opañel.

Por último, afirma que se deja "pendiente de un convenio urbanístico futuro con el Real Madrid" la cesión de un diez por ciento del terreno en beneficio social.

Nieto ha concluido que el "Ayuntamiento sale perdiendo" y el "club sale ganando" de un proyecto que "se come los derechos de los ciudadanos".

* ABC - Efe - 13.1.12
Foto: Ampliación Bernabeu - contexto

El 15 de enero salgamos todos a la calle: ¡Nuestra salud no está en venta!

2012-01-15T12:43:00.001+01:00

TOMALACALLE* : Por una asistencia sanitaria pública, universal y de calidad. Defendamos nuestro derecho, nuestra sanidad pública.
Porque la sanidad ha de estar al servicio de los ciudadanos es un derecho constitucional.
Porque nos quieren engañar, mintiendo sobre el fondo que tenía la sanidad.
Porque somos personas y no números.
Porque la privatización no entienden de salud, sólo de obtener beneficos.

Por esto y mucho más el 15 de enero volvemos a TOMAR LA CALLE.
El horario variará de unas ciudades a otras, unas saldrán a las 12:00 del mediodía y otras por la tarde.

Algunas de las localidades que salen el 15 de enero a defender la Sanidad Pública y gritar que nuestra salud no está en venta...

Araba (pendiente de recibir información del evento).
Barcelona: https://www.facebook.com/events/312778905412051/
Bilbao: http://www.facebook.com/events/239113859491783/
Ciudad Real (Plataforma de Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares) http://eldiadigital.es/not/41191/primera_manifestacion_contra_la_privatizacion_de_los_hospitales/
Coruña: https://www.facebook.com/events/214366541982860/
Dos Hermanas (coordinacionsanidad15e@googlegroups.com): http://www.facebook.com/events/143823099061521/
Elche: http://www.facebook.com/events/205051126251864/
Guadalajara :http://acampadaguada.blogspot.com/2011_12_01_archive.html “Actos durante la semana”
Granada: http://expresate.acampadagranada.org/2011/12/02/movilizacion-estatal-por-la-sanidad-publica-15enero-nuestra-salud-no-esta-en-venta/
León: Botines a las 18h (Confirmar) – evento no disponible todavía.
Madrid: “Mara blanca y marea verde se unen en Madrid. Todos juntos ¡A tomar la calle!: http://huelgaprofesoresmadrid.blogspot.com/2012/01/marea-verde-y-marea-blanca-se-unen-15.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MovilizacionesEnMadrid+%28Movilizaciones+en+Madrid%29 | http://asambleavillaverde.es/2011/12/22/5096/
Málaga : http://malaga.democraciarealya.es/; http://malaga.tomalaplaza.net/2012/01/07/15e-nuestra-salud-no-esta-en-venta/
Palma de Mallorca : http://www.facebook.com/events/329900593705923/
Parla (Madrid): pendiente de confirmar.
San Fernando (Cádiz) : http://www.facebook.com/events/222701937812305/
Sevilla: http://sevilla.tomalaplaza.net/2012/01/08/el-proximo-15-de-enero-lucha-por-una-sanidad-publica-100/
Tarragona: https://www.facebook.com/events/338109282884577/
Tomelloso: http://www.radioazul.es/noticias/2011/12/26/la-coordinadora-en-defensa-de-la-sanidad-publica-de-tomelloso-anuncia-un-paron-de-los-profesionales-el-15-de-enero/ (La Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública convoca un Parón de profesionales)
Valencia: http://www.facebook.com/events/208999402525384/
Valladolid: Sábado y domingo – Noche en blanco https://www.facebook.com/events/173733039393911/ ; Concentración: https://www.facebook.com/events/342837322395388/ ; Manifestación: https://www.facebook.com/events/271393592925081/
Gijón: Actos durante la semana.

Otras plataformas y colectivos que apoyan la movilización:

ASEVINSE http://asevinse.blogspot.com/2011/12/15-enero-defiende-la-sanidad-publica.html
Alcalá de Henares: http://dryalcalahenares.wordpress.com/2012/01/08/15e-porque-todos-enfermamos-sinsaludnohayvida/
Asamblea de Barakaldo http://indignadosenbarakaldo.blogspot.com/
(Próximamente ampliaremos la lista.)

► Eventos internacionales (ver información del evento): https://www.facebook.com/15octobernet/posts/310426139002175

► ENLACES DE INTERÉS

“Contrainforme” sobre la privatización sanitaria: http://accionmasreaccion.wordpress.com/2011/10/20/contrainforme-de-la-privatizacion-de-la-sanidad/
Carteles para descargar: http://www.accionreaccion.info/images/sanidad15e.jpg | http://www.accionreaccion.info/images/sanidad15e2.jpg
Otros eventos a nivel internacional durante los días 14 y 15 de enero:https://www.facebook.com/notes/occupy-spain/eventos-mundiales-para-los-dias-14-y-15-de-enero-porque-seguimos-indignads/302608023115026

* DemocraciaRealYa - enero 2012>

Los excargos de Urbanismo de Barcelona irán a juicio por el hotel del Palau

2012-01-15T12:18:00.000+01:00

ELPAÍS* : La anterior cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por las irregularidades en la tramitación del proyecto de hotel del Palau de la Música. La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa, ha dado por finalizada la investigación sobre el caso —una de las derivadas del saqueo de la institución musical perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull— y ha concluido que existen indicios suficientes como para mantener la imputación del exteniente de alcalde de Urbanismo Ramon García-Bragado y el exgerente de esa misma área Ramon Massagué.
Los dos exresponsables políticos están imputados por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental. Además de Millet y Montull, también siguen imputados el arquitecto Carles Díaz, que se encargó de los trámites urbanísticos del hotel, y el director jurídico del Consistorio, Enric Lambies, quien supuestamente ocultó que las fincas en cuyo solar se iba a construir el hotel eran de titularidad privada. Massagué y Lambies han sido ratificados como técnicos de confianza con el gobierno de Xavier Trias.

La investigación se inició a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Barcelona, que acusaba a los exresponsables de Urbanismo de facilitar la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto al Palau y de ocultar que era una operación puramente especulativa que solo beneficiaba a un particular. El equipamiento no llegó a construise. Millet y Montull, según el auto judicial, aprovecharon su influencia para conseguir una recalificación urbanística que permitiese construir el hotel. La juez considera que la cúpula de Urbanismo, “de común acuerdo con Millet y Montull, y cediendo a las presiones de estos”, les dio “un trato de favor”.

El constructor Manuel Valderrama, de Olivia Hoteles, entregó a los saqueadores confesos del Palau 900.000 euros a cambio de su mediación. Pese a que el proyecto no salió adelante, Millet y Montull se apropiaron de ese dinero. La magistrada De Rosa sospecha que ambos pretendían quedarse también con los 3,6 millones de euros que el promotor debía entregar al Palau tras la aprobación definitiva.

La juez, que detalla diversas irregularidades administrativas —por ejemplo, en los convenios con la Generlaitat—, aborda también uno de los puntos más oscuros de la trama, como son los “claros indicios de presión” que ejercieron Millet y Montull sobre la exconcejal Itziar González, que era un “elemento molesto” para el proyecto, según la resolución.

* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 14 ENE 2012
Foto: Un aspecto de la fachada del edificio donde se quería ubicar el hotel del Palau. / JOAN SÁNCHEZ

Las sociedades urbanísticas centran las sospechas de la comisión de investigación de Egüés

2012-01-15T10:57:00.000+01:00

DIARIODENAVARRA* : La Cámara de Comptos ya ha cuestionado en tres informes la transparencia de las sociedades.
La comisión de investigación del Ayuntamiento de Egüés reanudará mañana su actividad con el foco puesto en las sociedades municipales creadas para gestionar y promover urbanísticamente diversas parcelas y dotaciones de Sarriguren y Ripagaina. La oposición cuestiona el procedimiento seguido en algunos expedientes, y en especial en la adjudicación para construir 138 VPO en Ripagaina.
El Ayuntamiento constituyó en 2004 la sociedad pública Andacelay y ésta tiene el 51% de capital de sendas sociedades mixtas con el mismo socio privado (Nasipa) para promover vivienda pública y dotaciones.

Proyecto cuestionado

Andacelay realizó en agosto de 2010 el pliego de condiciones para la contratación de las obras de construcción de 138 viviendas de protección oficial en las parcelas A.1.1, A.1.2 y A.1.3 todas ellas en la parcela A1 del PSIS de Ripagaina. El importe de licitación fue de 13,98 millones, IVA excluido.

Se presentaron tres ofertas: FCC Construcción, Acciona Infraestructuras y Nasipa. FCC quedó excluida por no cumplir el ratio de solvencia económica requerido en los pliegos.

En acta de Consejo de la Sociedad de 26 de octubre de 2010 se acuerda, según las puntuaciones derivadas del concurso público, adjudicar a Nasipa, SL -el socio privado de la empresa mixta- la construcción de las 138 VPO, por un importe de 11,9 millones, IVA excluido, con una baja en torno al 15%.

El contrato para la construcción lo firmaron el 24 de diciembre de 2010 un representante de Egüés 21-II vinculado a Nasipa, en el papel de promotor, y el apoderado de Nasipa, en el papel de constructor. Y acto seguido firmaron otro contrato para aumentar en 411.204 euros el precio del proyecto constructivo porque surgieron "unidades de obra no previstas en el proyecto".

La oposición va a exigir en la comisión de investigación que se justifiquen estos acuerdos y el modo de formalizar los contratos. Dudan que el consejo de Andacelay haya velado por el interés general y de que el procedimiento fuera el correcto. El consejo lo preside el alcalde, Josetxo Andía, y lo completan otros tres concejales de UPN y un técnico.

Los informes de Comptos

La Cámara de Comptos ha cuestionado en tres informes (2006, 2009 y 2010) el funcionamiento y la transparencia de la sociedad urbanística municipal (Andacelay SL) y las dos sociedades creadas a partir de ésta para la gestión y promoción de vivienda pública en Sarriguren (Egüés 21 SA y Egüés 21-II SL).

Básicamente cuestiona que "la gestión del urbanismo, actividad típicamente municipal, por medio de sociedades municipales de titularidad pública o mixtas, puede derivar en un menor grado de transparencia y control de esta área básica de la gestión municipal en la que están involucrados importantes recursos económicos".

En el informe de Comptos correspondiente al ejercicio de 2006, ya se cuestionaban los procedimientos seguidos por Egüés 21, al considerar que no se aplicaba la legislación. Recomendaba que se cumplieran "estrictamente" "los principios rectores de la contratación pública, es decir, la igualdad de trato, transparencia de los procedimientos, concurrencia, objetividad y publicidad".

Cuestionaba que una de las parcelas (3A9) no se tenía que haber enajenado directamente a Egüés 21, participada al 49% por un socio privado, sino mediante concurso o subasta. También que la licitación pública de la parcela no se anunció en el BON, se tramitó como procedimiento negociado y que en el pliego se hablaba de promoción y no de construcción.

En la auditoría referente a 2009 analizaba las actuaciones de promoción de viviendas de la sociedad municipal, además de otras, como el edificio de oficinas municipal o las piscinas lúdico recreativas de la ciudad deportiva de Sarriguren. "Una empresa pública municipal con un capital de 4.000 euros y sin medios propios de gestión ha acometido la realización de inversiones por un importe estimado de 7,5 millones de euros, y de la misma dependen dos empresas mixtas dedicadas a la promoción y construcción de viviendas. Esta actividad la desarrollan las empresas mixtas en las parcelas del patrimonio municipal del suelo adquiridas a la empresa pública municipal que, a su vez, las había obtenido por cesión gratuita del Ayuntamiento". De nuevo incidía en que se debían extremar los controles de transparencia y rigor.

Y por último, en 2010, analiza el contrato ahora cuestionado por la comisión de investigación y reitera al consistorio que : "No constan que los servicios municipales de urbanismo y de control interno ejerzan un seguimiento adecuado sobre el desarrollo y ejecución de las mismas; así mismo, la citada sociedad carece de medios propios para ejercer esa labor. Sin olvidar que, los recursos financieros que dispone la misma, proceden de los ingresos de la venta de parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo recibidas gratuitamente del Ayuntamiento".

CLAVES

Andacelay La sociedad Andacelay SL fue constituida el 8 de octubre de 2004, con un capital social de 4.000 euros, íntegramente suscrito y desembolsado por el Ayuntamiento. Andacelay SL recibió las siguientes parcelas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento para la promoción de viviendas protegidas: en 2005, la 3B-4 de Sarriguren; en 2006, la 3A-9 (a, b y c) de Sarriguren; en 2008, las A-1.1, A-1.2 y el 55,72 % de la A-1.3, resultantes del proyecto de Reparcelación de PSIS de Ripagaina. Estas parcelas fueron posteriormente enajenadas a las sociedades mixtas.

Egüés 21 El 5 de julio de 2005 se constituyó la sociedad Gestión y Promoción Egüés 21, SA. El capital social se fija en 300.000 euros, suscrito en un 51% por Andacelay, SL y el 49% por un socio privado (Nasipa tras un concurso al que se presentaron tres empresas). El corretaje de gestión a favor del socio privado es del 4%. Esta sociedad adquirió a Andacelay SL la parcela 3B-4 de Sarriguren en 2005 para la promoción de 48 viviendas de VPT y en 2007, la parcela 3A-9 de Sarriguren para la promoción de 114 viviendas de VPT y 48 viviendas de VPO.

Egüés 21-II El 29 de marzo de 2010 se constituyó la sociedad Gestión y Promoción Egüés 21 II, SL. El capital social se fija en 3.100 euros, suscrito en un 51% por Andacelay, SL, el 48,97% por Nasipa y el 0,03% por Egüés 21 SA. El corretaje de gestión a favor del socio privado es del 2%. Su objeto social está relacionado especialmente el desarrollo, promoción, y construcción de vivienda en el ámbito del PSIS de Ripagaina (parcelas A.1.1, A.1.2 y A.1.3). Andacelay se encargó del pliego de condiciones del concurso para adjudicar la construcción de 138 VPO en esas tres parcelas. Al concurso se presentaron tres ofertas (FCC, Acciona y Nasipa). Esta última fue la elegida.

* Diario de Navarra - 15.1.12
Foto: Una vista reciente de la urbanización de Sarriguren, en el valle de Egüés.- diariodenavarra

Del urbanismo salvaje a la ciudad sostenible

2012-01-15T10:43:00.000+01:00

ETHIC* : ¿Cómo funciona realmente una ciudad en el siglo XXI? ¿Hasta dónde llegan sus recursos? ¿Cómo intervienen en ella las administraciones públicas y las grandes corporaciones? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos? ¿Cómo deben usarse las nuevas tecnologías? En el año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en núcleos urbanos. Si atendemos a los estudios demográficos que concluyen que para esa misma fecha vivirán 9.000 millones de personas en el mundo y que esa cifra superará los 10.000 millones a finales de siglo, podemos hacernos una idea del reto al que nos enfrentamos.
De hecho, no hace falta esperar hasta el año 2050. Según el último informe de Naciones Unidas sobre Asentamientos Urbanos, la gestión sostenible de las ciudades se ha convertido ya un desafío extremadamente complejo para nuestras instituciones. Las urbes que ha heredado el siglo XXI devoran recursos insaciablemente, actúan como incontrolables generadores de residuos y han de afrontar los estragos de la falta de planificación ante el intenso éxodo rural que se produjo durante el siglo pasado.

«Nos encontramos inmersos en una crisis que nos obliga a replantear buena parte de nuestro sistema económico, social y político. La ciudad alberga el espacio-tiempo donde se producirán los cambios, dado que tiene la escala adecuada para aumentar la calidad de vida de la humanidad. Sin ciudades sostenibles, la sostenibilidad, sencillamente, no será posible», afirma Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes).

La ecuación es fácil de trazar, aunque su solución sea extremadamente compleja: frente a un escenario compuesto por una población que crece a un ritmo vertiginoso y unos recursos cada vez más limitados surge la necesidad, imperiosa, de encontrar fórmulas de consumo eficientes. En los años 70, cuando el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov se preguntaba «a cuántos seres humanos puede alimentar y sostener la Tierra y por medio de qué técnicas», ya estaba poniendo sobre la mesa el debate en torno a la sostenibilidad. A estos interrogantes que explicitaba Asimov le han seguido otros: ¿En qué circunstancias climáticas vivirá el hombre el día de mañana? ¿Qué reparto del bienestar se establecerá? ¿En qué grado de dignidad?

Para el profesor de filosofía Juan García-Page, «cuando hablamos de ciudad sostenible no podemos evitar relacionar este concepto con un mito muy difícilmente alcanzable y derivado de la continua búsqueda del paraíso terrenal por parte del hombre». Quizá por eso sea importante objetivar cuáles son los desafíos y cuáles las posibles soluciones. En la Fundación Ecodes han definido una serie de retos para que las urbes del siglo XXI cimienten realmente, y no sólo con el compostaje de las buenas intenciones, «el tránsito hacia una economía baja en carbono». Entre estos objetivos, establecidos para el año 2015, se incluye la mejora de la eficiencia energética, apartado para el que proponen medidas como sustituir el 100% del alumbrado público por tecnologías de iluminación eficiente o llevar a cabo rehabilitaciones y auditorías energéticas en los edificios.

Para fomentar la movilidad sostenible, el documento elaborado por Ecodes propone alcanzar como mínimo el 80% en movilidad de transporte público, peatonal y bicicleta, además de triplicar el número de usuarios habituales de bici en las ciudades. También apuestan por elevar hasta el 10% el uso de vehículos eléctricos y transformar los centros de las ciudades a través de procesos progresivos de peatonalización.

Otras fórmulas para estimular la economía baja en carbono son la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en el 100% de los pliegos de contratación de obras, servicios y compras públicas, el incremento de un 20% de la cantidad de agua reutilizada y la reducción de consumo doméstico a 100 litros máximo por habitante y día. En el campo de reciclaje establecen un tope de 385 kilogramos por habitante y año. «En un momento como éste, de cambio global, los desafíos no son sólo institucionales; es la ciudadanía en su conjunto quien tiene que apostar por la sostenibilidad», señala Viñuales.

El informe establece como marco de la ciudad sostenible «la convivencia desde la diversidad y la diferencia profundizando en la democracia». «La ciudad es un espacio de deberes y derechos, de responsabilidades y acciones que configuran un espacio político de participación real. El reto es actuar, gobernar democráticamente y mejorar las ciudades para preservar el planeta». «Para ello» -añaden- «resulta fundamental que la transparencia sea uno de los principios inspiradores de la práctica municipal».

Desgraciadamente, no siempre esta dimensión democrática está presente en los discursos que giran en torno a la ciudad del futuro. Existe cierta tendencia a ubicar megaproyectos de «smart cities» en regiones del mundo donde no se respetan los derechos humanos, ni la diversidad cultural ni los principios más básicos de la democracia… «Se trata de iniciativas que, por su complejidad técnica, son presentados como ejemplos a seguir, sin que nadie mencione que se desarrollan en lugares del mundo donde vulneran de forma sistemática las libertades más básicas», explica el arquitecto Martín Esteve, experto en urbanismo y derechos humanos.

Evidentemente, el progreso tecnológico resulta clave para muchas de las soluciones que demandan nuestras ciudades, pero si centramos el debate en el bienestar de los ciudadanos, no deberíamos obviar lo más elemental: una convivencia democrática. «Se habla mucho, por ejemplo, de Masdar, la urbe ecológica que el estudio de arquitectura de Norman Foster diseña en los Emiratos Árabes. Se trata de un reto de envergadura porque el objetivo es que esta ciudad se autoabastezca, y como arquitecto entiendo el entusiasmo que suscita, pero no podemos olvidar que quienes vivan allí lo harán bajo el yugo de una dictadura», explica Esteve.

Más allá de las contradicciones que se puedan producir en regiones de Asia, Oriente o África, lo cierto es que existe competencia a nivel global en torno a los proyectos de ciudades sostenibles. En Singapur han desarrollado un Smart Grid en el que una red bidireccional no sólo controla y gestiona el consumo de energía, sino que integra un sistema de producción alternativa descentralizada desde el que introduce electricidad en la red a partir de generadores ecológicos, como paneles solares o pequeñas plantas de ecogeneración. En el norte de Europa, la cívica y ejemplar Suecia acoge SymbioCity, un proyecto de 11.000 viviendas situado sobre una antigua zona portuaria de Estocolmo que ha convertido en el primer ejemplo de urbanización capaz de mantenerse a sí misma gracias a fuentes renovables. En Nevada, Estados Unidos, han puesto en marcha Boulder City, una red inteligente de distribución eléctrica para reducir el consumo eléctrico, reducir el coste y aumentar la fiabilidad y transparencia del sistema.

En España, un país vapuleado por los excesos del urbanismo, se ha puesto en marcha el Club de Innovación Urbana, un laboratorio de ideas nacido en la IE Business School con el impuso de un grupo de empresas como Philips y FCC, con el objetivo de «impulsar un nuevo modelo urbano basado en la innovación y en la sostenibilidad en las ciudades españolas».

«El nuevo modelo ha de poner énfasis no ya en crear de nuevo sino en transformar y hacer evolucionar lo ya construido. Tres buenos ejemplos en este sentido son la apuesta por la rehabilitación, la actualización energética de barrios y la reinvención del tejido urbano asociado al turismo», señala el manifiesto que ha promovido esta organización.

Desde el Club de Innovación Urbana reclaman a las administraciones públicas «un nuevo marco institucional que clarifique las competencias entre comunidades autónomas y ayuntamientos, de modo evite por un lado las duplicidades y, por otro, las competencias huérfanas o impropias». «Hay evidencia científica de que hay un tamaño ideal de municipio, una escala por debajo de la cual no hay una masa crítica suficiente para prestar servicios de manera eficiente y por encima de la cual se degrada y despersonaliza el nivel de servicio al ciudadano. No hay duda de que el número de municipios españoles es excesivamente elevado y fragmentado», añaden.

Aire contaminado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la elevada contaminación del aire «está alcanzando niveles que ponen en peligro la salud de la gente y es responsable de la muerte anual de más de dos millones de personas».

Este organismo ha creado la primera base de datos sobre la polución mundial, donde se encuentran 1.085 ciudades de 91 países. Cerca de la mitad de países superan los niveles de toxicidad permitida, fijada en 20 microgramos de las partículas contaminantes grandes (PM10) por metro cúbico.

Por encima de ese nivel, el aire que se respira es perjudicial para la salud e incide en el riesgo de padecer alguna enfermedad respiratoria o cardiovascular. Los países más contaminados son Mongolia y Botswana, con niveles que rebasan 10 veces lo recomendado por la OMS. En ciudades como Ahwaz, en Irán, las partículas contaminantes en el aire son 372 microgramos por metro cúbico.

España cuenta con unos niveles ligeramente superiores a los recomendados. Los 29 microgramos registrados en nuestro país están en la línea de países como Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda o Portugal. La urbe española que peor respira es Zaragoza, con un registro de 45, seguida de Granada, con 40. Madrid -muy criticada por la polución- se acerca a la media española, con 26. Las mejores son Santiago de Compostela y Logroño, con 18.

«En estos datos influye la situación geográfica, no cabe duda. No es lo mismo una ciudad de montaña, que una de mar o una industrial, pero creo que empieza a haber una concienciación importante de los ciudadanos para que se mejore la calidad del aire», explica María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS.

* Ethic - Sandra Gallego Salvá | Pablo Blázquez - 15.1.12
Foto: Hong Kong (China), rascacielos - ethic

Antología del ladrillazo

2012-01-15T10:36:00.000+01:00

ELPAÍS/Santiago* : El paisaje de cadáveres inmobiliarios que se puede contemplar en Galicia y en el resto de España ha inspirado a tres jóvenes arquitectas (reunidas bajo el sobrenombre de Cadelasverdes) para ejecutar un proyecto con el que llamar la atención sobre las consecuencias de la fiebre del ladrillo. La sede del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) en Santiago exhibe desde ayer una exposición fotográfica en la que se muestra cómo sería la vida en esas casas que estaban destinadas a ser habitadas y acabaron convertidas en ruinas. "Es un proyecto que nos sirve para exorcizar demonios", señala Luz Paz, una de las arquitectas, "y también es una forma de generar una reflexión sobre lo que está pasando".
En las fotografías que forman la muestra el espectador puede ver como unas familias, aparentemente normales, desarrollan su vida diaria en unas viviendas que han quedado sin terminar. Los actores que han participado en el proyecto son familiares de las propias arquitectas y el mobiliario empleado fue prestado por empresas que colaboraron con la iniciativa.

Las arquitectas realizaron una labor semejante a la de un director de cine, ya que primero fotografiaron los escenarios donde se iban a montar las escenas y luego instruyeron a los improvisados actores para que posasen de la forma que ellas querían. La mayoría de las fotografías fueron tomadas en inmuebles abandonados de la comarca de Ferrol, ya que es donde residen dos de las impulsoras del proyecto.

Luz Paz explica que la idea surgió hace un par de años, cuando comenzaba a agudizarse la crisis inmobiliaria, y decidieron darle al proyecto el nombre de Spanish Dream para ironizar sobre el hecho de que hace unos años parecía que la única manera de la que un español podía ser feliz era llegar a ser propietario de una vivienda. "Tener casa propia es un sueño típicamente español que no se da en otros países de Europa. Yo misma conozco a parejas que incluso decidieron vivir juntas en casa de una de sus familias con tal de poder ahorrar para comprar un piso. Ahora muchos están en el paro y no tienen dinero ni para pagar el piso, ni para alquilar", indica Ana Amado.

Según las promotoras de Spanish Dream, las responsabilidades en esta especie de locura colectiva en la que nos involucramos casi todos hay que repartirlas entre distintas partes, en las que sobresalen los poderes públicos y los bancos. Tampoco sus colegas de profesión quedan a salvo ya que detras de cada una de los inmuebles en ruinas que aparecen en las fotografías hay un arquitecto responsable. Paz recuerda que un informe realizado hace unos años por el propio COAG señalaba que tan solo un 5% de los arquitectos colegiados en Galicia dirigían todas las promociones inmobiliarias que estaban en marcha . "El resto nos dedicábamos a otras cosas", añade, "lo que no quita que hayamos tenido un papel activo en todo lo que ha pasado. Lo estamos pagando con el desprestigio de la profesión y la falta de encargos".

Ellas mismas tienen que afrontar la mala situación del sector. Ana Amado se ha trasladado a Madrid en busca de mejores oportunidades, Marta Marcos también está pensando en emigrar y Luz Paz, sin proyectos a la vista, se dedica a dar clases en la Escuela de Arquitectura de A Coruña. Paz advierte de que Galicia está perdiendo dinero invertido en formación y un capital humano importante. "Mmuchos de mis alumnos están pensando en marcharse ante la falta de oportunidades que hay aquí", lamenta.

Durante la realización del proyecto confiesan habérselo pasado muy bien y reivindican que, a pesar de todo lo sucedido, la figura del arquitecto sigue siendo necesaria. "Se nos ha visto como unos mercenarios al servicio de los constructores y la arquitectura no es eso", indica Luz Paz. "Nosotros somos los que diseñamos los lugares donde vive la gente y esa es una labor importantísima", reivindica Ana Amado. A pesar de todo, no pierden el buen humor y llevaron la ironía hasta la inauguración de la muestra, donde los cánapés habituales fueron sustituídos por bocadillos envueltos en papel de aluminio, el almuerzo preferido por los obreros que levantaron los muertos vivientes que ahora jalonan nuestra geografía.

* El País - JOSÉ LUIS ESTÉVEZ - Santiago - 14/01/2012
Fotografía de la muestra Spanish Dream, que puede verse en la sede del COAG en Santiago.- elpais

Cañete reformará la ley que defiende el uso público del litoral

2012-01-14T11:35:00.000+01:00

PÚBLICO* : El Gobierno de Mariano Rajoy ejecutará "una reforma muy profunda" de la Ley de Costas, la normativa que desde 1988 defiende el carácter público del litoral español e intenta evitar su privatización. La ley, que impide la construcción en los primeros metros de costa e implica derribos, estuvo en el olvido durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, pero el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la sacó del cajón.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció la reforma en la toma de posesión de varios de sus altos cargos. El cambio pretende "armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de nuestros recursos naturales", según apuntó.
El anuncio ha soliviantado a las organizaciones ecologistas más activas en la defensa del litoral, como Greenpeace, que advirtió que promoverá "fuertes movilizaciones" si la reforma impulsa la destrucción de la costa. En 23 años, la ley se ha aplicado ya en más de 9.000 kilómetros del litoral español, pero todavía quedan cientos de kilómetros al margen de la legislación.

Las provincias más problemáticas son Alicante y Huelva.

Con este anuncio, Greenpeace ve "peligrar los últimos tramos de costa virgen", expresó la ONG en un comunicado. Polémicos proyectos como los de Marina de Cope (Murcia), diez puertos deportivos en Balears, los puertos de Pasaia (Gipuzkoa) y Tarifa (Cádiz) o el macroproyecto hotelero en El Palmar (Cádiz) tendrían "vía libre para desarrollarse sobre la primera línea de costa", teme Greenpeace, como ya ocurrió con el polémico hotel de El Algarrobico (Almería), pendiente de derribo. Un portavoz del gabinete de Arias Cañete no entendía las protestas ecologistas. "De momento no hay ninguna reforma, sólo el anuncio y punto", explicaba.

Los chiringuitos
La modificación de la Ley de Costas, que no figuraba en el programa electoral de Mariano Rajoy, era esperable. El PP ya propuso varios cambios estando en la oposición, tanto en el Senado como en el Congreso. Las casas construidas antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años para que la ley no resultara confiscatoria. Previsiblemente, la reforma de Arias Cañete podría ampliar ese plazo en algunos casos, más allá de 2018.

"Sí a los chiringuitos", declaró Rajoy en mayo, ante el supuesto fin de estas instalaciones turísticas en las playas. El Gobierno socialista había explicado, en medio de la polémica, que sólo ocho de los 400 chiringuitos del País Valencià vulneraban la Ley de Costas.

* Público - 13.1.12
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - teleprensa.net

El juicio contra el alcalde de San Vicente se reanuda el día 30

2012-01-14T10:59:00.000+01:00

DIARIOMONTAÑÉS* : El juicio por delitos contra la ordenación del territorio por autorizar la construcción de viviendas dentro del Parque Natural de Oyambre contra el alcalde de San Vicente de la Barquera y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, el 'popular' Julián Vélez, se retomará el próximo 30 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero.
La vista estuvo fijada inicialmente para los días 7 a 10 de noviembre, pero se suspendió debido a que se abrió la posibilidad de que la entidad bancaria que financió la construcción de las viviendas objeto del litigio, en la zona de La Argolla, se personara como perjudicada. Junto a Vélez, estaban acusados el teniente de Alcalde, Serafín Bada, el ex edil de Urbanismo, Angel Chaves (elegido por Izquierda Unida, que gobernó en coalición con el PP tras una moción de censura y expulsado de esta formación) y el ex concejal de Medio Ambiente, Luis Martín Dávila.

El Ministerio Fiscal pide para cada acusado por un delito contra la ordenación del territorio la pena de dos años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación para ejercer cargo público como miembros de la Corporación Local (sólo Vélez forma parte actualmente de ella). A estas penas, cada acusado se enfrenta a otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo públicos como miembros de la Corporación Local por un delito de prevaricación urbanística por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización de 18 viviendas en la zona de La Argolla, dentro de los límites del Parque de Oyambre. La empresa Prado y Pernaza solicitó licencia de obra para construir 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados. Según el Fiscal, los acusados permitieron ese trámite son recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria, y lo hicieron porque «eran conscientes» de que el informe no sería favorable a la construcción. El emplazamiento, en concreto, era una zona de influencia del Lugar de Interés Comunitario de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, y en la parte más litoral del parque, un área, por tanto, «con mayor fragilidad paisajística» a la que de hecho causó un «significativo impacto».

* El Diario Montañés - EP. - 12.1.12
Foto: San Vicente de la Barquera (Cantabria) - turismo

El New York Times dedica un reportaje a Marinaleda, el pueblo sin hipotecas

2012-01-14T10:47:00.000+01:00

20MINUTOS* : El New York Times ha dedicado un reportaje a la organización política, social y económica en el municipio sevillano de Marinaleda. En este pueblo, el que el alcalde, perteneciente al Colectivo Unificado de Trabajadores (CUT-BAI), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha abanderado durante sus 30 años de gobierno la lucha jornalera, la distribución de la propiedad y el reparto de los recursos.
Bajo el título "Trabajo para todos y sin hipoteca en un municipio español", el reportaje señala que la gestión del alcalde, desde 1980, ha adoptado un modo que es sinónimo de "lucha contra la pobreza rural".
El reportaje destaca que el puebo, sin paro ni hipotecas, aplica desde hace 30 años el modelo socialista. La información describe a Marinaleda, un municipio de unos 3.000 habitantes, como un "enclave comunista" rodeado de campos de olivos y donde el desempleo es marginal.

El alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha declarado al diario que la crisis económica prueba la sabiduría de la visión socialista, un modelo que se aplica en Marinaleda desde hace treinta años.

El reportaje destaca que mientras en el resto de España la gente trata de conseguir un crédito barato para comprar viviendas sobrevaloradas en el precio, los vecinos de Marinaleda se han construido su propia vivienda, lo que los hace "libres" de una hipoteca.

Nadie se queda en paro

"Si un residente pierde su trabajo, la cooperativa lo contrata", afirma el alcalde, "así que nadie busca un trabajo" en Marinaleda, mientras recuerda que en la provincia de Sevilla la tasa de desempleo es del 21%.

La información no sólo ofrece la versión del alcalde, que es también diputado andaluz de IULV-CA y de los vecinos que están de acuerdo con su modelo de gestión, sino que también entrevista al concejal del PSOE Hipólito Aires, quien subraya que "al promover las plantaciones de baja productividad, él (en alusión al regidor) mantiene votantes dependientes" a los que conserva su trabajo si le siguen apoyando en las urnas.

El PSOE acusa al alcalde de ser el mayor propietario de tierras y comprar votos
El reportaje destaca que las principales críticas a la gestión de Sánchez Gordillo se fundamentan en la ausencia de libertades para criticar sus actos y refleja que el PSOE lo acusa de ser "el mayor propietario de tierras en Marinaleda", pese a que abanderó una lucha por los derechos de los jornaleros y contra la propiedad privada, con la ocupación de varias fincas en la Sierra Sur sevillana.

La información resume que Marinaleda se ha convertido en un centro del activismo de izquierdas y recuerda que la campaña más destacada contra la propiedad de las tierras culminó con la expropiación de las fincas del Duque del Infantado, donde se ha establecido una cooperativa de jornaleros que trabajan la tierra.

El rotativo también resalta que el municipio no disponga de Policía Local por la ausencia de delitos y que la localidad está plagada de murales políticos con eslóganes revolucionarios, así como calles dedicadas a destacados políticos latinoamericanos de izquierdas.

* 20 Minutos - Efe - 27.05.09
Foto: Jornaleros trabajan en los cultivos del municipio sevillano de Marinaleda. (NEW YORK TIMES / LAURA LEÓN)