OperaciónPúnica: Marjaliza, el mago de las voluntades

Se van conociendo más detalles de los imputados (detenidos) en la enorme trama de corrupción urbanística 'Púnica'. Así, el 'conseguidor' D.Marjaliza se movía como pez en el agua entre las altas esferas del PP (y también del PSOE). Personaje siniestro, que pasaba desapercibido, era un hombre de confianza del exnúmero 2 de E.Aguirre, F.Granados. Desde hace largos años su campo principal de acción eran las grandes ciudades del sur de Madrid, con negocios turbios que le hicieron subir de nivel y codearse con la élite político_financiera.
"JOAQUÍN GIL* : La noche del 25 de mayo de 2003 la euforia prendió en la sede socialista de Valdemoro, Madrid. El candidato Rafael Simancas se encaramaba a la presidencia regional con la promesa de atajar los desmanes del cemento. Un promotor inmobiliario desembarcó en la fiesta de la victoria. Era el conseguidor de la red corrupta Púnica David Marjaliza Villaseñor. Aunque la izquierda no gobernó —dos diputados tránsfugas socialistas frustraron la elección de Simancas— Marjaliza cumplió con el ritual que le atribuyen sus conocidos. “Ponía una vela a Dios y otra al Diablo”, confirma un exmilitante del PP de Valdemoro.

El señor del ladrillo Marjaliza (Madrid, 1968) es un hombre desconfiado, alérgico a las fotografías y obsesionado con la seguridad. Apenas circulan imágenes de este emprendedor que hizo caja al calor de su amigo de juventud, el antiguo número dos de Esperanza Aguirre Francisco Granados, con quien compartió las aulas del colegio privado Sámer Calasanz. Hoy, los dos duermen en la prisión de Soto del Real.

El éxito de este hombre se explica por una habilidad innata para moverse con soltura por los despachos del poder municipal del Sur de Madrid. Extendió sus redes al PP a través de Granados. Pero también tocó a la puerta del PSOE. Un informe interno de los socialistas de Valdemoro remitido a Ferraz al que ha tenido acceso EL PAÍS revela un desembarco de afiliaciones sufragadas por el constructor desde 2003 en la agrupación local. Marjaliza llegó a controlar a la mitad de los 331 militantes y al entonces portavoz socialista Antonio Serrano Soldado, según este documento. Parte de los intrusos procedían del PP. Serrano se reconvirtió tras abandonar la política en socio de firmas del constructor. Hoy, figura entre las cuatro decenas de arrestados por pertenecer a la trama corrupta. “Marjaliza habría sido una de los principales perjudicados de mi gobierno”, zanja el diputado Rafael Simancas, que disolvió la agrupación tras descubrir la maniobra, en el verano de 2007.

Valdemoro fue el laboratorio del modelo Marjaliza. El promotor llegó a manejar a través de decenas de sociedades el 60% del suelo urbanizable en esta localidad que duplicó en una década su población (73.000 habitantes), según un exdirectivo de la promotora grupo Dico que pide el anonimato. Esta fuente reconoce que su antigua empresa desembolsó una comisión ilegal de seis millones para hacerse con un presunto negocio de un centenar de chalés. Un exjefe de personal del Ayuntamiento explica así la supuesta mecánica de la especulación. “Marjaliza figuraba a la cabeza de un entramado de empresas que controló entre 2004 y 2007 la compra de suelo en Valdemoro. Los terrenos se vendían con los precios fijados por el arquitecto municipal. No había tasaciones privadas. El chófer del conseguidor permanecía durante días ante el Ayuntamiento”, apunta esta fuente. El arquitecto municipal, José Luis Navarro también está detenido. “Marjaliza ha sido el Juan Antonio Roca de Valdemoro”, añade Antonio González, del partido local TUD en referencia al cerebro del caso Malaya.

Mortimer, que es como apodan los suyos al empresario, se convirtió en un asiduo del despacho de Granados en su época de alcalde de Valdemoro (1999- 2003). Llegó a tramitar en él asuntos de su constructora Obrum. Un portavoz de un grupo de afectados por deficiencias de las viviendas Senderos del Olmo, construida por Marjaliza, visitó en enero de 2003 al conseguidor en el despacho de Granados. “Intentaron comprarme para que dejáramos de manifestarnos”, recuerda.

El grifo del crédito siempre estuvo abierto para Marjaliza, que explotaba 5 locales de máquinas recreativas, tanteó el negocio de la producción cinematográfica y ha reconocido haber regularizado más de 10 millones en el extranjero. Caja España-Duero concedió un préstamo de 16 millones a una de sus sociedades, Vancouver. “Comenzaron a darle dinero con una facilidad impresionante. Sus empresas carecían de bienes. Estaban avaladas por otras empresas y estas por otras y así...”, explica una fuente de la entidad. Caja España-Duero, que confirma la operación, no ha cobrado ni un euro del préstamo. El comercial que captó el multimillonario negocio de Marjaliza fue despedido.

Una red de 91 empresas componen los tentáculos del conseguidor. La madeja apunta vínculos con conocidos de los tribunales. Uno de ellos es el prestamista imputado por estafa en varios juzgado de Madrid, Antonio Arroyo Arroyo. Sociedades de Marjaliza adquirieron créditos hipotecarios a Arroyo para propiciar el deshaucio de sus viviendas, según el abogado Carlos Javier Galán. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con el prestamista, uno de los reyes de los créditos exprés en España.

conexión panameña de la trama

La madeja societaria de la red Púnica se extiende a Panamá. La firma Bonanno Media SA, inscrita en este país, incluye en su organigrama al exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso y al hermano del ingeniero informático que actuaba como conseguidor de negocios de la trama en Valencia, Alejandro de Pedro Llorca. La empresa se registró el pasado mayo con un capital de 10.000 dólares (7.970 euros), según el portal Panadata, que procesa información del registro público de Panamá. Alonso y De Pedro recurrieron para la inscripción de la sociedad al agente financiero Adams & Adams. Su web ensalza el país centroamericano como un destino de bancos off shore (paraíso fiscal) donde se protege la confidencialidad de la información.

“No voy a decir nada. Solo soy un trabajador más. Todo se aclarará en su momento”, responde el también informático Adrián de Pedro Llorca. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió el pasado jueves a prisión a su hermano Alejandro. Se le considera el captador de negocios en Valencia de la red corrupta que fraguó negocios con los Ayuntamientos gobernados por el PP de Gandía, Denia o Valencia.


* El País - JG - 1.11.14
Foto: Operación Púnica, Granados y Marjaliza - elpais

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Saqueo a España

Aunque parezca exagerado el titular, todo lo contrario, está perfectamente señalado lo que lleva ya bastantes años sucediendo en este país: el saqueo continuo y deliberado de todos los bienes importantes que posee. Y esto abarca desde la rentables empresas públicas mal privatizadas, hasta el apoyo a una banca internacional a costa de los pequeños ahorradores, pasando por la venta de los mejores terrenos y paisajes, que debían estar protegidos, a inversores sin escrúpulos, dejando todo un reguero de comisionistas políticos que se han beneficiado de su influencia en el poder absoluto. Ahora, parece que ya reconoce todo el mundo este saqueo sistemático al país (hasta la justicia y los medios), cuando ya es tarde, pero hay que recordar que hasta hace poco tiempo éramos cuatro locos lo que clamábamos en el desierto contra esta situación vergonzosa y delictiva. Así se ha hecho la historia, lamentablemente.
"ZURIÑE ORTIZ DE LATIERRO* : En la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada tienen el convencimiento personal y la certeza profesional de que «no entran todos los que deben». Chorizos en la cárcel, quieren decir, aunque aquí no se habla así. Andan desbordados. A finales de los años noventa su entonces fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, mostraba cabizbajo a unos periodistas cajas donde se pudrían los casos: «No damos abasto». España digería aún platos tan indigestos como Rumasa, Kio, Filesa, Roldán, Urralburu, Juan Guerra, Banesto...

Entonces solo eran 5 fiscales adscritos a esta sección especializada en combatir las corruptelas más complejas; hoy son 20, más otros 23 distribuidos por las comunidades, 29 profesionales de apoyo y 38 funcionarios de la Agencia Tributaria, del órgano de control de la gestión económico-financiera del sector público, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Parece que les van a hacer falta más efectivos. En 2013, esta Fiscalía presentó el doble de denuncias o querellas que el año anterior. Y el balance de 2014 va a ser arrebatadamente depravado. ¿Nos descomponemos? «Los casos han aumentado mucho, muchísimo. Pero no porque haya mucha más corrupción sino porque se conoce más. Nosotros llegamos más y vosotros lo difundís más. Esto no es de ayer», esbozan fuentes judiciales.

No lo es, pero este mismo jueves, mientras los exdirectivos de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj respondían ante el juez por el escándalo de las tarjetas opacas, la Guardia Civil detenía al alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat (Esquerra Republicana) y al edil de urbanismo. Están acusados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y alteración de concursos públicos. Y en la Fiscalía Anticorrupción declaraba el presidente del Levante, Quico Catalán, en calidad de testigo, por el presunto amaño de un Levante-Zaragoza jugado en 2011.

Un día antes trascendía la imputación de siete personas en A Coruña por el presunto desvío de 20 millones en subvenciones y adjudicaciones públicas relacionadas con la formación de autónomos. La Operación Zeta se ha llevado por delante al director general de Trabajo de la Xunta, Odilo Martiñá. Tomen aire. Este martes, la Guardia Civil detenía a cuatro farmacéuticos y precintaba las tres boticas que regentaban en Zaragoza por pertenecer a una presunta red nacional de exportación ilegal de medicamentos. Van por los 17 imputados.

El mismo martes, Teodoro Montes, el antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía que denunció graves irregularidades en la concesión de cursos de formación, aseguraba que patronal y sindicatos cobraban comisiones de hasta un 20% por subcontratar estos servicios; y que en un cursillo medicaron a discapacitados para soportar el calor. En Valencia tampoco andan sobrados de escrúpulos: el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de 5 años de prisión para José María Vicent Carrión, exadministrador del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados. Se había llevado 180.000 euros.

Son noticias de esta semana, pero muchas han pasado desapercibidas en un país desmoralizado ante tantísimo mangoneo, rematado por el escándalo de las tarjetas negras que salpica a todo el arco político y sindical. Algunos entran, sí. Como lo hagan todos, van a tener que inaugurar más cárceles.

BANCA
Un centenar de imputados

El 'clan de la Visa' no parece superable, pero lo es. Tarjetas de crédito fantasmas a las que 83 de los 86 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia cargaron gastos personales -comilonas, fiestas en clubs, cacerías, compras en supermercados...- por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. El caso daba el jueves sus primeros pasos en la Audiencia Nacional con las declaraciones de Rato, Blesa y Sánchez Barcoj. Las dimisiones se acercan a la veintena, pero el vicepresidente de José María Aznar no ha entregado el carné del partido. Fuentes del PP apuntan que en el equipo de Rajoy «hay voluntad» de expulsarlo. Otra cosa es que lo hagan ahora: «Sería hacer un juicio paralelo».

Rato acapara los focos, pero rozan el centenar los banqueros imputados por escándalos financieros. Les investigan por salidas a Bolsa fallidas, pensiones millonarias, apropiación indebida y créditos e inversiones irregulares. Hay nombres ilustres: Ángel Acebes, exministro del Interior y exconsejero de Banco Financiero y de Ahorros (BFA); José Luis Olivas (PP), expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja...

La Audiencia Nacional, que cogió las riendas de la delincuencia con corbata y olor a Chanel tras el cese del terrorismo, ha puesto fianzas que superan los 70 millones de euros a las nueve entidades financieras investigadas.

Solo el 'caso Bankia' -mucho más amplio que el escándalo de las tarjetas- acumula 51 imputados y 50 testigos. En este proceso se trata de averiguar si los directivos manipularon información antes de la salida a Bolsa y cómo fue la estampida de Rato, que desembocó en la caída de la entidad y la petición del rescate financiero del país.

El resto de las causas contra el saqueo de las cajas de ahorros sigue su curso. Solo ha finalizado uno: en mayo condenaban a dos años de cárcel al director de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y un año a cada uno de sus tres principales directivos. No pisarán la cárcel. Al menos han devuelto 28 millones de euros.

POLÍTICA

El inacabable ERE andaluz

«Los políticos de segunda fila que saquean las arcas públicas y los banqueros que desvían la riqueza financiera hacia su bolsillo o hacia la quiebra que al final tenemos que pagar todos han dejado el país más doblado que muchos años de terrorismo», escribía hace un par de años el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Todo el país andaba escandalizado. «He pedido que banqueros y políticos corruptos sean excomulgados», se atrevía Luis Rodríguez Patiño, un cura de Lugo. Acaba de dictarse la sentencia del 'caso Malaya', la mayor corruptela en el seno de un ayuntamiento español, la primera disolución de un consistorio en la democracia. Algunos han entrado en el calabozo: el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca (cumple 11 años), la exalcaldesa Marisol Yagüe (6), Julián Muñoz (2, aunque acumula 22 por otros delitos)... Les cayó la mitad de la pena que pedía el fiscal.

En este submundo de excesos y nepotismo, habitado por políticos embriagados por el poder y el dinero, cuesta visualizar al austero Jordi Pujol. El hombre que iba de padre de la patria, que se erigía como el emblema de la honestidad civil y la rectitud política, confesaba en julio un fraude fiscal continuado desde 1980, cuando murió su padre, Florenci Pujol, que le dejó supuestamente una herencia en exclusiva para sus hijos. El juez Ruz ha acumulado indicios de enriquecimiento ilícito que implican a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident, y ponen bajo sospecha la gestión de los gobiernos de CiU durante 23 años. Pujol ha dejado de ser 'molt honorable' y seis de sus siete hijos están acusados de usar su apellido en beneficio propio.

Valencia es particular por los numerosos políticos sobornados, aunque son contados los que duermen a la sombra. En los últimos meses han sido condenados tres dirigentes populares. Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico, entró a la cárcel este verano tras agotar todas las instancias, incluido el indulto. En ello anda Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, 4 años de cárcel por delitos fiscales. La Audiencia de la provincia donde reinó no lo meterá entre rejas hasta que Rajoy decida sobre la medida de gracia. Al veterano exconsejero y parlamentario autonómico Rafael Blasco le han caído 8 años por fraude en ayudas al desarrollo. Pero ha pagado una fianza de 200.000 euros y evitado por ahora el pijama de rayas.

El 'caso de los ERE' andaluces es paradigmático por los mil millones de euros de fraude (1.217 millones según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas), los 227 imputados -20 de ellos recién incorporados al proceso-, dos expresidentes andaluces 'preimputados' -los socialistas Chaves y Griñán- y la exministra de ZP Magdalena Álvarez en la cuerda floja. El último encarcelado, Eduardo Pascual, supuesto financiero de la trama, salió en junio.

España tiene abiertas más de 1.700 causas por corrupción con más de medio millar de imputados y apenas una veintena en el calabozo. Andalucía y Valencia son las comunidades con más casos abiertos. Y Baleares, la región con más políticos entre rejas: el expresidente autonómico Jaume Matas, la expresidenta del Parlamento María Antonia Munar, exconselleres, exconcejales... Pero Murcia lidera el ránking por metro cuadrado: el 57% de sus municipios figuran en el mapa de las presuntas corruptelas, si bien esta provincia es una de las que menos municipios posee de España, con solo 45 términos municipales. Por disparar para arriba, tres consejeros de anteriores gobiernos del expresidente popular Ramón Luis Valcárcel están imputados por la supuesta recalificación de terrenos protegidos para la macrourbanización Novo Carthago. Uno de ellos, Joaquín Bascuñana, es en la actualidad delegado del Gobierno.

Son nombres que no suenan tanto como los de Francisco Correa o Luis Bárcenas. Están alejados del centro. Pero brotan por decenas. En esta España turbia, donde ha perdido eficacia el argumento, cierto, de que la mayoría de los cargos públicos son honrados, no hay oasis. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, ni una sola comunidad autónoma puede arrojar la primera piedra. Todas tienen alguna causa de corrupción política o económica de especial complejidad. Las tres más 'limpias' son La Rioja (4), Euskadi (12) y Navarra (12). La estadística, del año pasado, no incluye los procesos que están en el Tribunal Supremo. En la Fiscalía Anticorrupción lo terminan admitiendo: «Hay más casos porque investigamos más, pero también es cierto que a más cargos públicos, más tentaciones».

EMPRESA
El precio de denunciar

Francho Chabier Mayayo volvió este jueves a trabajar después de un año de baja por ansiedad. El que fuera asistente de la dirección de obra del mayor centro logístico de Europa, la plataforma Plaza de Zaragoza, fue recibido en las oficinas mañas de Acciona con un «vete de vacaciones». Pero como no se lo han pedido por escrito, no se las coge. «No hago nada. Me han puesto en la sala de juntas con un ordenador sin internet. Nadie me habla». Este delineante de 44 años y alcalde socialista de Lobera de Onsella, 25 habitantes en invierno, denunció en Anticorrupción uno de los mayores escándalos de la última década. Afecta al anterior Gobierno aragonés del socialista Marcelino Iglesias.

Pero acusar a tu empresa puede salir muy caro. Francho Chabier elaboraba las facturas que su compañía, en una UTE con un constructor local, pasaba a la empresa pública que gestionaba el superpolígono. Un día su jefe de Acciona le dijo «que cargara un 20% más por unos trabajos que no se habían hecho». Siguieron más órdenes para inflar las minutas, «pero yo hacía copias y al cajón». El taco, hermoso, ha acabado en Anticorrupción, donde calculan que los directivos de Acciona y los gestores de Plaza saquearon más de 100 millones de euros del erario público. Mayayo dice que avisó al PSOE, a Javier Lambán, secretario regional del partido: «Tres veces». Y que le dieron el mismo portazo que en su empresa. Lambán, respaldado por Pedro Sánchez, lo niega. Acciona rechaza haber cometido irregularidades y recuerda que son directivos concretos los imputados. El principal encausado es José María Jordán, el jefe de Francho Chabier. La empresa le ha pagado la fianza de 6 millones impuesta por el juez, y enviado a Brasil con un puesto directivo. «A mí me han acosado, amenazado con romperme la cara», lamenta.

- ¿Lo volvería a denunciar?

- Por supuesto. Veo lógico denunciar una cosa sangrante. Son mis valores.

Gerardo Díaz Ferrán hace tiempo que los olvidó. En diciembre de 2012 salía detenido de su chalé. A punto de cumplir los 70, el expresidente de la patronal CEOE era arrestado por escaquearse de sus acreedores ocultando buena parte de sus bienes y por blanquear unos cuantos euros. Debe más de 410 millones a algunas de las principales entidades bancarias intervenidas por el Gobierno. El gran patrón -cuñado de Arturo Fernández, exvicepresidente de los empresarios, recién cesado por el bochornoso caso de la tarjetas- ha sido declarado culpable de la quiebra de Viajes Marsans. En su celda de Soto del Real va acumulando penas.

Grandes fortunas y empresas concentran casi el 72% del fraude fiscal total del país, lo que supone una pérdida recaudatoria de más de 42.000 millones de euros anuales. Por poner un ejemplo, 200 empresarios españoles han utilizado los servicios de la red del chino Gao Ping -también hay 9 policías implicados- para blanquear el dinero que tienen oculto en paraísos fiscales. Los jueces, eso sí, castigan con más dureza: 144 personas permanecen encarceladas por delito fiscal frente a las 82 de 2012.


SINDICATOS

El «asco» de Pedro Sánchez

Lo que se pregunta el país, por enésima vez sorprendido, es de dónde han salido los 1,4 millones de euros que el histórico sindicalista de UGT José Ángel Fernández Villa ha sacado tras una amnistía fiscal. Los llevó en fajos al banco. El ex secretario general de la federación estatal de mineros de UGT, Antón Saavedra, dice que de los Fondos Mineros: «Y aún no ha salido ni el 5% de lo que va a salir». Fernández Villa fue el auténtico hombre fuerte del socialismo asturiano durante un cuarto de siglo. El partido le va a expulsar. Pedro Sánchez siente «asco y vergüenza».

Después de que la juez Mercedes Alaya pusiera ceros a la supuesta tajada que UGT y CC OO obtuvieron de los ERE fraudulentos de Andalucía -7,6 millones-, parecíamos vacunados ante el mangoneo sindical. Pero nos han vuelto a escandalizar: Francisco Baquero, consejero por CC OO en Bankia, destinó la mayor parte de los 266.400 euros de su tarjeta black a mobiliario del hogar, electrodomésticos y restaurantes de lujo. José Ricardo Martínez, suspendido de UGT, fundió 12.750 euros en el Corte Inglés en un mes.


DEPORTE

Los líos del Barça

La que parece que no se da por aludida es la aristocracia que controla el mundo del fútbol. Quizás, el caso más hiriente sea el de José María del Nido, expresidente del Sevilla, condenado a 7 años por robar dinero público en el Ayuntamiento de Marbella. La mayoría de los presidentes de los clubes de Primera División, además de los de la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, lanzaron una llamada conjunta para que se le concediera un indulto. Al final, le vimos ingresar en Sevilla I. A pie, con chándal y gorra roja, mimetizado en el ambiente.

El Barça también se la juega en los tribunales. Messi debe responder por haber defraudado 4,1 millones del IRPF. El fichaje de Neymar, que según el club costó 57 millones de euros y según la documentación incorporada al sumario pudo alcanzar los 86, está bajo la lupa judicial tras la imputación del expresidente Sandro Rosell.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la delantera azulgrana no es la única que quiere meter goles. El 3 de octubre citaba a declarar a 20 jugadores que intervinieron en un partido entre el Levante y el Zaragoza, en 2011. Cree que hubo amaño y apuestas ilegales en un duelo en el que el equipo aragonés ganó y mantuvo la categoría. Otro suplemento especial merecería la deuda al fisco de los equipos de fútbol: ronda los 564 millones y no los 482 que informó la Liga Profesional. Pero seguiremos yendo a los estadios y comprando camisetas. Este sistema sigue intacto.

JUECES

Las vacaciones de Dívar

En el Consejo General del Poder Judicial tienen más vergüenza. En junio de 2012 dimitía su presidente, Carlos Dívar, al destaparse un escándalo de pretendida malversación de caudales públicos a raíz de una serie de viajes que realizó a Marbella, no justificados y pagados con dinero público. Finalmente la Fiscalía no los consideró delictivos, pero quedó muy tocado ante la opinión pública.

Jueces y fiscales están siendo los héroes en estos años de recesión y putrefacción. Les ha costado borrar la pésima imagen ganada por casos como el del exjuez Estevill, condenado, en 2006, a 9 años de prisión por extorsionar a banqueros y empresarios. Pero parece que queda alguna oveja negra. La Policía investiga desde hace meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra: sospecha que abogados, economistas, peritos y administradores concursales actúan en connivencia con jueces de lo mercantil.

MONARQUÍA

Las primeras cabezas

Después de tanta carroña, hemos desarrollado unas tragaderas legendarias. Pero en esto llegó el 'caso Nóos' con la imputación de Iñaki Urdangarin. Luego la de su esposa, la infanta Cristina, días después de la entronización de su hermano. Las primeras palabras oficiales que ha escuchado del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, no pueden ser más elocuentes: «La corrupción pública y política daña seriamente la imagen de la función pública y su erario y mina la credibilidad del sistema democrático», proclamó el mes pasado en la apertura del año judicial. Felipe VI toma nota, aunque no se lo están poniendo fácil. A principios de mes, Rafael Spottorno renunciaba a ser su consejero privado por el escándalo de las tarjetas fantasma de Caja Madrid, que en su caso incluía el cargo de unos pintorescos masajes. En La Zarzuela «sigue trabajando» Carlos García Revenga, extesorero de Nóos y secretario de las infantas. Hace un mes se anunció su cese y que le pagarían hasta fin de año. Pero, de momento, «no hay ninguna novedad y aún no se ha fijado la fecha de su salida», confirman en la Casa Real.


* LA Verdad - ZO - 27.10.14

Foto: Viñeta ayuntamiento


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El juez manda a prisión al presidente de la Diputación de León

La llamada 'Operación Púnica', a cuya cabeza estaba el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, se ha llevado por delante a numerosos implicados entre los que se encuentra el presidente de la Diputación de León, M.Martínez, que puso en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas al empresario A.Pedro Llorca "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". Esto le supuso incurrir en delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude". Nada más y nada menos.
"ELPAÍS* : El juez de la Audiencia Nacional, E.Velasco, ha dictado el ingreso en prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, detenido en la Operación Púnica, y para el empresario conseguidor Alejando de Pedro Llorca. Según han informado en fuentes jurídicas, Velasco también ha dictado orden de ingreso en prisión eludible bajo el pago de una fianza de 300.000 euros para el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huerta. Los tres han prestado declaración a lo largo de la mañana.

No sérá hasta este viernes cuando tome declaración a los dos supuestos cabecillas de la trama de corrupción desarticulada a través de la operación Púnica, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y el constructor David Marjaliza, según han informado fuentes jurídicas.

Tras el resto de declaraciones de este jueves, Velasco ha ordenado el ingreso en prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, del PP. También ha enviado a la cárcel sin fianza a Ana María Álvarez, secretaria de David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama corrupta y para Pedro García, empleado de la empresa Cofely, la sociedad más beneficiada por los contratos amañados de la trama. Estas prisiones incondicionales se suman a la decretada en la mañana de este jueves para el presidente de la Diputación de León y para el supuesto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro Llorca.

Tras tomar declaración a 15 de los 17 imputados previstos para este jueves, el juez Velasco ha enviado también a prisión, en este caso eludible bajo fianza de entre 25.000 y 100.000 euros, al resto de los que han declarado, excepto uno, el exalcalde de Cartagena (Murcia), José Antonio Alonso, del PSOE, que ha quedado en libertad sin medidas.

Las fianzas para salir de prisión son las siguientes. Para José Javier Hernández, concejal de Hacienda de Valdemoro, 60.000 euros; Alfredo Ovejero, jefe de gabinete de Valdemoro, 25.000 euros; José Luis Navarro, arquitecto municipal de Valdemoro, 100.000 euros. Para los empresarios vinculados a Marjaliza Eduardo de la Peña y Antonio Serrano 50.000 euros y 100.000 euros respectivamente. Por la mañana, el también empresario del grupo de Marjaliza José Luis Huerta fue encarcelado bajo fianza de 300.000 euros.

Finalmente, para los tres directivos de Cofely, Didier Maurice, Constantino Álvarez de la Cueva y José Antonio Hernández, el juez los envía a prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros a cada uno.

El PP ha abierto expediente disciplinario para expulsar a Martínez, y le ha pedido que deje todos sus cargos o adoptará medidas para que así sea. En una declaración a los periodistas, el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP y el secretario general de este partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exigido a Marcos Martínez "la inmediata devolución" del acta de concejal del municipio leonés de Cuadros -del que es alcalde- y de su escaño en la Diputación de León -de la que es presidente-, informa la agencia EFE. En el caso de que no devuelva las actas, el PP actuará para proceder a su sustitución como alcalde y presidente de la Diputación leonesa, para lo que no descarta incluso "interponer una moción de censura si fuera necesario".

Según el auto del juez, Marcos Martínez puso supuestamente en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro Llorca "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". Además, dice el auto, Martínez participó supuestamente "en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".

Por su parte, el conseguidor De Pedro Llorca es situado por el juez en la "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza". Según el auto, "se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto". El escrito del juez Velasco sostiene, además, que los trabajos de De Pedro Llorca "le abrieron la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para terceros en Murcia, León y Madrid".

Finalmente, José Luis Huerta Valbuena, que deberá depositar 300.000 euros si quiere salir de la cárcel, se apoyó en Francisco Granados para influir sobre los contratos de empresas públicas que dependían del ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex alcalde de Valdemoro.

De los que ya comparecieron en la jornada de ayer, el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), y el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), han pagado sus respectivas fianzas de 60.000 euros, con lo que han quedado en libertad. También ha abandonado la prisión tras pagar una fianza de 25.000 euros Antonio Cándido Ruiz García, administrador y socio de empresas vinculadas al empresario David Marjaliza, constructor socio de Francisco Granados y uno de los cerebros de la trama.

De los que también pasaron por la Audiencia durante este jueves queda en prisión Antonio Borrego, el jefe de Gabinete de Fraile, para quien el juez dictó una fianza de 60.000 euros. Por su parte, Agustín Juárez, alcalde popular de Collado Villalba, y Avelino Pérez, cargo de confianza de IU del Ayuntamiento de Parla quedaron en libertad bajo fianza de 40.000 y 20.000 euros, respectivamente. Estos dos imputados disponen de diez días para depositar la garantía y eludir la cárcel.

El juez Velasco ha reanudado las declaraciones de la Operación Púnica sobre la trama de cobro de comisiones ilegales encabezada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados. Los interrogatorios de este jueves se iniciaron a las 11.20 con la declaración de José Luis Huerta, cuya empresa promotora de conciertos era una de las sociedades de David Marjaliza. La fiscalía había pedido para el empresario prisión provisional sin fianza, pero al final el magistrado ha decidido imponerle una fianza de 300.000 euros.

Huerta, supuesto testaferro de Marjaliza, es uno de los cinco imputados que no pudo interrogar ayer el magistrado. Velasco suspendió las comparecencias a las 22.00, antes de que pudiera interrogar a Didier Maurice, el consejero delegado de Cofely, la empresa más beneficiaria de los contratos amañados por la red de Granados; a Constantino Álvarez de la Cueva, director comercial de esta compañía dependiente del gigante energético francés GDF Suez y a otros dos empresarios vinculados a Marjaliza: Antonio Serrano y Eduardo de la Peña.

Tras la comparecencia de Huerta ha pasado a disposición del juez instructor el presidente de la Diputación de León. Para Martínez, la fiscal Anticorrupción Carmen García había pedido la prisión incondicional. En las próximas horas está previsto que el magistrado interrogue a Granados y Marjaliza, que todavía no han sido trasladados a las dependencias de la Audiencia Nacional.

El magistrado asume que Granados, con su “trama organizada” de “relaciones personales e influencias políticas”, consiguió la adjudicación irregular de contratos públicos en su beneficio. “En diversos Ayuntamientos se han instrumentado procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados”. La red de Granados influía “a lo largo de todo el expediente de contratación (...) desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación”.

El magistrado afirma en su resolución que la investigación, iniciada en febrero de 2014, ha confirmado “la existencia de nuevas cuentas en Suiza”. En ellas “constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares”. Y añade: “Las investigaciones realizadas han permitido cerrar el círculo de operativa de blanqueo, en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación”. Fuentes de la Fiscalía apuntan que pedirán prisión incondicional o, en el mejor de los casos, con una fuerte fianza.


* El País - Fernando J.Pérez - 30.10.14
Foto: Diputación León - tribuna



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