Detienen al exdirigente del PP Francisco Granados y a otras 50 personas, acusados de cobrar comisiones por obras

Un escándalo urbanístico de proporciones aterradoras es el que se acaba de hacer público, con una importante trama mafiosa de cobro de comisiones de obras a cambio del beneficio de promotores y constructores afines al PP. Uno de los capos de esta nueva corrupción en Urbanismo era el exnúmero 2 de la Comunidad de Madrid con E.Aguirre, Francisco Granados. Pero la llamada 'Operación Púnica' actuaba en varios niveles de la Administración —Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas— principalmente en las regiones de Madrid, Murcia, León y Valencia. El número de altos dirigentes imputados sobrepasa los 50, pero es de esperar que vaya creciendo según avancen las investigaciones. Hay varios alcaldes madrileños y hasta el presidente de la Diputación PP de León. También se habla de, al menos, 250 millones de euros de dinero público adjudicado irregularmente. Algo que veremos multiplicarse en los próximos días, a poco que la justicia actúe con decisión y diligencia.
"20MINUTOS* : Cincuenta y una personas, entre ellas el exdirigente del PP Francisco Granados, seis alcaldes madrileños y el presidente de la Diputación de León, han sido acusadas de formar parte de una supuesta trama de corrupción que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomas por importe de 250 millones de euros. La 'operación Púnica', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado de momento con la detención de 37 implicados y la imputación de otros 14, todos ellos ediles, funcionarios y empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos, acusados de cobrar y pagar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios.

La trama de corrupción que ha desmantelado la Guardia Civil estaba "infiltrada" en varios Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, según la Fiscalía Anticorrupción, y operaba sobre todo en Madrid, aunque se extendía por León, Valencia y Murcia. Entre los detenidos, está Francisco Granados, que fue 'número dos' de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, pues ocupó la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior entre 2004 a 2011. Granados, que fue también secretario general del PP de Madrid en el mismo periodo, es amigo del empresario David Marjaliza, acusado de ser uno de los "conseguidores" de la trama. Precisamente, la operación ha sido bautizada "Púnica" en alusión al exconsejero madrileño, ya que en latín el árbol del granado se llama 'Punica granatum'.

También han sido detenidos los alcaldes madrileños de Parla, José María Fraile (PSOE); de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); de Collado-Villalba, Agustín Juárez (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), y de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (Unión Demócrata Madrileña-UDMA). Uno de los primeros arrestados fue el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), que sustituyó en mayo a la asesinada Isabel Carrasco, mientras que en la comunidad murciana fueron arrestados, entre otros, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE). Los implicados han sido acusados de pertenencia a organización criminal y otros 10 delitos de corrupción: blanqueo de capitales, falsificación, delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la Administración. Inicio de la investigación La investigación contra esta supuesta trama se inició en diciembre de 2013 a raíz del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Francisco Granados y del empresario David Marjaliza, según informaron a España a las autoridades helvéticas.

A raíz de este descubrimiento, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación y las autoridades suizas ordenaron el bloqueo de la cuenta y avisaron de que iban a tomar declaración a Granados y Marjaliza, por lo que el pasado julio el fiscal presentó una querella contra ambos que recayó en el juez Velasco.

La investigación ha permitido sacar a la luz una trama organizada que usaba influencias políticas para introducirse en la administración pública en todos los niveles -ayuntamiento, diputación y comunidad autónoma- y obtener irregularmente adjudicación de contratos y de servicios públicos. La red gravitaría en torno a los empresarios Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, detenidos y estrechamente vinculados a Granados, que mediaban entre políticos y empresarios como "conseguidores" de contratos públicos para estos últimos a cambio de comisiones. En el caso de los políticos, las pesquisas se centran fundamentalmente en cargos públicos que supuestamente decidieron colaborar con la trama "al final" de su carrera política, según fuentes jurídicas. Estos políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato. Uno de los imputados por un delito de revelación de secretos es un agente de la Guardia Civil que avisó a Granados de que estaba siendo investigado en relación a la cuenta que tenía abierta en Suiza.

Además del medio centenar de detenidos e imputados, en la operación Púnica se han llevado a cabo registros en diversos ayuntamientos afectados y en los domicilios de los implicados, así como 259 mandamientos a registros de la propiedad para bloquear los bienes atribuidos a la trama. También se han efectuado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias para el bloqueo de cuentas corrientes y 30 embargos de vehículos de alta gama de los principales investigados. La mayoría de los detenidos han sido trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y al cuartel madrileño de Las Rozas para ponerlos a disposición judicial en los próximos días.


* 20 Minutos - Agencias - 27.10.14
Foto: Agentes de la Guardia Civil salen del registro del Ayuntamiento de Villalba. / CARLOS ROSILLO

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Peñíscola deberá afrontar una nueva sentencia urbanística millonaria

Son varios los asuntos económicos que el Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón) deberá solucionar próximamente, debidos a antiguas sentencias urbanísticas contrarias. Así ocurre con el 'caso Llopis' (seis millones de euros), el edificio Mirad’Or y, ahora también, la actual zona ajardinada situada junto a Peñismar (cuatro millones de euros), un contencioso de los años 80's. Como siempre, hay acusaciones políticas cruzadas sobre quién es el responsable de estas actuaciones ilegales, pero la realidad es que el Urbanismo de la localidad lleva muchos años siendo caótico, perdiendo gran parte del encanto paisajístico que poseía, y que, al final, los paganos de estos delitos municipales serán los ciudadanos, una vez más.
"MEDITERRÁNEO* : El Ayuntamiento de Peñíscola se enfrenta a un nuevo mazazo económico, en forma de indemnización por decisiones urbanísticas tomadas en el pasado. Si en los últimos años se ha llegado a acuerdos para proceder al pago aplazado de la llamada sentencia Llopis --con un montante global de seis millones de euros-- y por el caso del edificio Mirad’Or --por un importe de 720.000 euros--, ahora deberá hacer frente al pago por una expropiación realizada en los años 80 que la justicia ha sentenciado como irregular.

Tras haber agotado todas las vías legales, el consistorio debe asumir este nuevo asunto, que tiene como ubicación la actual zona ajardinada situada junto a Peñismar. Aunque el montante total aún está por precisar, podría alcanzar los cuatro millones de euros.

El alcalde, Andrés Martínez, mencionó en el pleno que para este caso “se va a proponer un plan de pagos, con la intención de que en un plazo de 10 años queden abonadas todas estas sentencias, intentando que el Ayuntamiento no tenga que asimilarlas de forma traumática”, ni incrementar la presión fiscal.

Al igual que en el caso Llopis, este nuevo contencioso tiene como origen la era en la que Rafael Serrat --actual concejal de Esquerra Unida-- era alcalde por el PSOE. Desde hace meses, las acusaciones cruzadas entre el equipo de gobierno y Serrat se han convertido en un asunto transversal en las sesiones plenarias, independientemente del tema que se trate en el orden del día. El alcalde ha señalado que se citará a Serrat “en una comisión de investigación, para analizar estos hechos a los que tenemos que hacer ahora frente”, si bien las hipotéticas responsabilidades penales ya habrían prescrito.

Por su parte, Serrat niega que se cometieran irregularidades y acusa “a los más de 20 años de gobiernos del PP en el consistorio” de las decisiones urbanísticas que perjudican al municipio. Desde el equipo de gobierno calculan que el conjunto de sentencias puede sumar los 13 millones de euros. Una cifra inasumible en un mismo ejercicio, pues las cuentas locales de este año ascienden a poco más de 13,5 millones.

El Ayuntamiento ha logrado un plan de pagos aplazado de los casos Llopis y Mirad’Or y espera que pueda hacerse lo mismo en este nuevo asunto. Esto supone mantener cierta normalidad en la gestión, aunque afecta al apartado de inversiones. Este verano, la Concejalía de Urbanismo detalló algunas obras que no se pueden acometer, como la mejora de la avenida de la Mar, el asfaltado de calles o trasladar la sede de la Policía al Centro de Estudios.


* Mediterráneo - Bartolomeu Roig - 29.9.14
Foto: Peñíscola (Castelló), avance ladrillo - levante



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