Galicia.- La justicia pone en entredicho los grandes sumarios por corrupción

La noticia más esperada por los grandes capos de la especulación urbanística y sus tramas mafiosas en Galicia. Como si la justicia fuera hoy día ejemplar en cualquier actividad relacionada con el urbanismo, se permite ahora el lujo de poner en entredicho todos los grandes procesos de corrupción, por defectos de forma. Es maravillosa esta justicia tan dócil con la delincuencia de los poderosos y tan rígida con los débiles. Los gravísimos casos en los que están implicados numerosos políticos y empresarios corruptos, como Pokémon u Orquesta, pueden terminar anulados por una justicia injusta que, sin duda, está más pendiente de salvar a los suyos de clase que a impartir sentencias ejemplares para que estas mafias urbanísticas no vuelvan a actuar en la zona. Lamentable decisión, por no decir palabras más fuertes, que hace dudar mucho de la imparcialidad judicial. Y no es la 1ª vez que sucede esto en Galicia.
"ELPAÍS* : Los años de investigaciones judiciales en los grandes sumarios abiertos por corrupción en Galicia, como las conocidas operaciones Orquesta y Pokémon, corren el peligro de irse al traste tras distintos fallos de las audiencias provinciales de Lugo y A Coruña que ponen en entredicho, por cuestiones de defectos formales, no de fondo, cómo se llevan a cabo estos sumarios de abultadas dimensiones.

Está planteada, pendiente de resolución, la posibilidad de que se anulen de un plumazo ambas instrucciones, una terminada con 26 políticos, funcionarios y constructores de la Costa da Morte imputados por diversos delitos como cohecho y prevaricación, y la otra aún en curso, con ya más de centenar de implicados en múltiples ayuntamientos de ciudades gallegas —y un par de otras autonomías— por una supuesta trama alrededor del grupo empresarial Vendex que supuestamente se hacía con contratas de servicios públicos a cambio de sobornos y favores.

Las defensas de varios de políticos imputados por corrupción tanto en la Orquesta como en la Pokémon ya han pedido la nulidad siguiendo los mismos pasos que llevaron a la Audiencia provincial de Lugo a absolver, hace unas semanas, a la veintena de personas, entre ellos altos cargos del Gobierno y ediles, acusadas de retirar ilegalmente multas de tráfico. El tribunal provincial decidió anular todas las pruebas de este caso, incluidas los cientos de horas de escuchas policiales que configuraban el meollo del sumario, por considerar que se había incumplido el “derecho fundamental al juez pretedeterminado por la ley”. Esto es, que al abrirse diligencias cuando se descubre por casualidad indicios de otro posible delito distinto al que se estaba investigando, hay que enviar el caso obligatoriamente “a reparto” para que el juez decano atribuya su investigación al juzgado que, por turno, le toque ese día.

Pero en los tres casos, el de las multas, la Orquesta y la Pokémon, los magistrados que los destaparon de forma fortuita, al surgir indicios en una conversación pinchada mientras estaban investigando otros hechos, se quedaron con esos sumarios. Fue la razón que llevó a la Audiencia de Lugo a anular de un plumazo, por vicio de nulidad, toda la instrucción que llevó a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital lucense, Estela San José, a procesar, entre otros, al exsubdelegado del Gobierno, el exjefe provincial de Tráfico o el alcalde de Muras. Todos, al igual que otra veintena de personas, fueron absueltos por la “anomalía procesal” de no haber enviado el caso, cuando se descubrió, “a reparto”. La decisión de San José de seguir tanto con el sumario inicialmente investigado, un caso de tráfico de drogas, y el destapado por casualidad al hilo de un pinchazo telefónico, el de tráfico de influencias y prevaricación por la retirada ilegal de multas, desembocó, según la Audiencia de Lugo, en la “llamada teoría del fruto del árbol envenenado”, es decir, que al ser ilegal el modo de iniciar la investigación, obliga a declarar nulas todas las pruebas que se recaben en ese proceso.

El extitular del Juzgado de Corcubión Andrés Lago Louro que instruyó el sumario del caso Orquesta —lo cerró en abril de 2013, justo antes de marcharse a su siguiente destino en Santiago— también estaba investigando un posible tráfico de drogas cuando destapó, por casualidad, la supuesta trama de sobornos y favores a cambio de obras públicas que le llevó a imputar a 26 políticos de cuatro ayuntamientos, funcionarios y constructores, entre ellos a los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Corcubión, los dos primeros del PP y el último del PSOE. Lago tampoco, al igual que San José, envió el caso a reparto. Varios de los implicados ya han pedido la nulidad de toda la instrucción por las mismas razones que llevaron a absolver a los acusados de las multas de Tráfico.

En el caso Pokémon son también varios los imputados, entre ellos el letrado del teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, que espera que la Audiencia lucense vuelva a aplicar el mismo criterio y anule toda la gigantesca instrucción de la juez Pilar de Lara, ya que tampoco, al igual que sus colegas San José y Lago, envió a reparto el caso del que se enteró por casualidad cuando investigaba una trama de explotación de mujeres en la llamada Operación Carioca.

Cuatro juicios para un solo caso

La resolución, con el juicio oral, de la Operación Orquesta va para largo. La decisión de la Audiencia de A Coruña de obligar a trocear por cada ayuntamiento este sumario, en el que están imputados 26 políticos, funcionarios y constructores, entre ellos los alcaldes y ediles de Fisterra, Mazaricos, Corcubión y Cee, obligará a dilatar un caso cuya instrucción, tras cuatro años y medio, suma cientos de miles de folios e innumerables horas de conversaciones intervenidas. Además del trabajo que supone repartir en cuatro procesos distintos —uno por ayuntamiento— ese abultado sumario va a recaer en la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión, que tomará posesión en octubre. Será la tercera juez por la que pasará este asunto.

Evitar una innecesaria dilación es, sin embargo, una de las razones que esgrime la Audiencia coruñesa para imponer que se hagan piezas separadas del voluminoso sumario. Considera que no hay suficiente “conexidad”, esto es, nexo entre los hechos, para justificar que los 26 implicados sean juzgados todos a la vez. Por mucho que el nexo de este supuesta trama de sobornos y favores a cambio de obras públicas sean dos constructores, los Ogando, padre e hijos.

Son muchos los implicados en la Pokémon que esperan que, siguiendo ese criterio, la juez De Lara, cuando termine su gigantesca investigación que afecta a múltiples ayuntamientos donde cargos municipales habrían supuestamente cometido cohecho y tráfico de influencias, también desgaje el sumario para que se celebren varios juicios. Pero hasta ahora fueron vanos todos los intentos para que se obligase a la magistrada a trocear, antes de rematarla, su instrucción. La Audiencia de Lugo ya rechazó varios recursos en ese sentido.

* El País - PAOLA OBELLEIRO - 23.9.14
Foto: El alcalde de Fisterra (derecha) tras ser detenido por el 'caso Orquesta' / ÓSCAR CORRAL

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La fiscalía pide la imputación del alcalde de El Puerto de Sta María por adjudicar sin concurso

El Puerto de Sta María (Cádiz) es uno de los municipios del país que acumula mayor número de delitos urbanísticos en loa últimos años. Su urbanismo caótico y permisivo con las viviendas ilegales en ciertas zonas del mismo ha llevado a sentencias condenatorias contra el exalcalde independiente H.Díaz y varios exconcejales. Pero, lejos de aprender de errores pasados, el nuevo alcalde del PP, A.Candón, continúa con la misma actividad especulativa y partidista, contraria al indispensable bien común urbanístico. Ahora se trata de la concesión del servicio de aguas, por la empresa Aqualia, cuya adjudicación para nuevas obras ha sido realizada a dedo, sin el necesario concurso público. Un delito grave que hará pasar a otro alcalde de la localidad, próximamente, por los juzgados.
"ELPAÍS* : La Fiscalía ha solicitado la imputación del alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Alfonso Candón (PP), por su participación en supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al haber votado en el consejo de administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal (Apemsa) la prórroga, durante seis años y sin concurso, de concesiones de obras a la firma Aqualia, del grupo FCC.

La concesionaria recibió contratos para la obra de ampliación del tanque de tormentas (el depósito que recoge las aguas pluviales) y el mantenimiento de la estación de bombeo de la ciudad. Apemsa justificó entonces la renovación automática en la necesidad de compensar a la empresa ante la necesidad de realizar obras de mejoras, a pesar de la falta de liquidez del Ayuntamiento para ejecutarlas.

El decreto de la fiscalía detalla en un escrito de 22 folios que la relación de Apemsa con la empresa “no puede tener carácter perpetuo o indefinido”, por lo que entiende que se habría hecho necesaria la apertura de concursos públicos en defensa de los intereses de la ciudad.

El fiscal denuncia estos hechos ante el juzgado Decano de El Puerto y pide la apertura de diligencias para la toma de declaración “en calidad de imputados” a los responsables de la empresa de aguas de El Puerto y los seis miembros del consejo de administración que apoyaron las prórrogas, en las reuniones celebradas en agosto y diciembre de 2010, momento en que el PP ya gobernaba en la ciudad.

Entre los representantes del PP que dieron su voto favorable figuraba el hoy alcalde y diputado en el Congreso, Alfonso Candón, que entonces era consejero, y el exalcalde portuense y, en aquel momento presidente además de Apemsa, Enrique Moresco, hoy retirado de la actividad municipal.

El fiscal excluye a los miembros de la oposición, que rechazaron las prórrogas y advirtieron de la posible ilegalidad de la acción. También pide que declaren en calidad de testigos los técnicos que justificaron la necesidad de realizar las obras.

La fiscalía responde a una denuncia presentada por la plataforma local contra la privatización de Apemsa, que precisó que, como resultado de las renovaciones, Aqualia se habría embolsado 30,2 millones de euros.

Además de la prórroga de concesiones, el Ayuntamiento aprobó en julio de 2013 la venta del 49% de Apemsa a Aqualia, que tendrá consideración de “socio tecnológico” durante los próximos 25 años a cambio de 20 millones de euros.

El alcalde portuense aseguró ayer, una vez difundida la petición del fiscal, que su voto y el de sus compañeros estuvieron basados en “informes técnicos que no apreciaron irregularidad alguna”. Candón dijo sentirse “tranquilo” y a la espera de poder conocer más detalles del decreto de la fiscalía que, según su versión, no había llegado ayer al Ayuntamiento.

Candón recordó que, en el supuesto de que el juez estime la petición del fiscal, abriendo diligencias, el asunto deberá ser visto en su caso por el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado al ser miembro de la Cámara baja.

La petición de imputación se conoció ayer, al mismo tiempo que la nominación de Candón como cabecera de lista del PP a la alcaldía de la ciudad en 2015.

Las concesiones cuestionadas se refieren a un tanque de tormentas y otras actuaciones en la estación de bombeo Aurora encargadas directamente a Aqualia, filial de FCC, actual concesionaria de otros servicios en la ciudad. El consejo de administración de Apemsa ofreció a la empresa agrupar y renovar a la vez los contratos de depuración, alcantarillado y tratamiento de la prisiones mediante una prórroga, sin concurso y por espacio de seis años.


* El País - FRANCISCO JOSÉ ROMÁN - 19.9.14
Foto: Puerto de Santa María (Cádiz), zona portuaria - puertocadiz

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