La Comunidad de Madrid 'legaliza’ la M-501 con un informe ambiental posterior

La Comunidad 'popular' de Madrid es experta desde hace años en burlar la ley, con Gallardón y Aguirre de presidentes, actuando impunemente de forma que, cuando la justicia quiere darse cuenta, el delito urbanístico ha sido ya cometido. Luego vienen los apaños y las malas formas, naturalmente, pero siempre se llega a un acuerdo y la propia justicia es incapaz de castigar a los culpables de la tropelía urbanística. Eso ha ocurrido con la M-501, la llamada carretera de los pantanos, que se desdobló sin contar con la necesaria Declaración de Impacto Ambiental. Llegó hasta el Tribunal Europeo y éste lo consideró inadmisible. Pero para la corrupción no hay problema y ahora se 'coloca' de rondón una nueva como si nada hubiera pasado. Y a la justicia le parece bien, ya que no ha dicho nada al respecto. Menuda manga ancha tienen que tener las jueces para permitir este grave atentado medioambiental, sin culpables, en el que se talaron cientos de especies autóctonas.
"ELPAÍS* : Antes de construir una autovía o desdoblar una carretera por zona protegida se redacta un proyecto técnico, luego un estudio de impacto ambiental, posteriormente se revisan las alegaciones de los afectados (vecinos, ecologistas, municipios...) y, finalmente, se redacta una declaración de impacto ambiental (DIA) con las medidas correctoras. Si la declaración es positiva, se aprueba el proyecto y se construye la infraestructura. Se evitan o minimizan así los daños ambientales.

Eso, en la teoría. Porque en el caso de la M-501 (entre Quijorna y Navas del Rey, 18 kilómetros) se ha hecho justo al revés. En 2006, la Comunidad aprobó construir la carretera por “interés general”, luego fue condenada por los tribunales europeos y españoles y ahora redacta la DIA a petición de un juez. La autovía, que obligó a talar centenares de encinas, lleva abierta años. Ayer, el Boletín Oficial de la Comunidad daba cuenta de que la declaración de impacto había sido aprobada: ocho años después que el proyecto técnico. Los ecologistas se echan las manos a la cabeza.

El Tribunal de Justicia Europea consideró ilegal en 2011 la infraestructura por contravenir las directivas sobre conservación de hábitats naturales y de impacto ambiental. Dieciséis años antes, el entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, ya había intentado construirla, pero la declaración de impacto y un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lo desaconsejaron. Gallardón se guardó el proyecto. Pero fue sustituido por Esperanza Aguirre, que lo desempolvó ante las quejas de los alcaldes de la zona, que consideraban muy peligrosa la carretera que había entonces y reclamaban el desdoblamiento. Además, tenían planes urbanísticos muy amplios y necesitaban buenos accesos. Aguirre declaró así el proyecto de “interés general” y empezó las obras. La documentación fue solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2012 ante la petición de Ecologistas en Acción de eliminar la carretera.

“No tiene sentido hacer una evaluación ambiental de un proyecto ya ejecutado. La idea del estudio es evitar el daño con anterioridad”, sostiene la coordinadora de Ecologistas en Acción para Madrid, Ángeles Nieto. El Supremo ya había declarado también ilegal la autovía unos meses antes de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, respaldando una interpretación anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2008. La carretera recorre el Parque Regional del Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejó entonces en el aire el desmantelamiento de la carretera con su auto de abril de 2012 al solicitar una Declaración de Impacto Ambiental antes de tomar una decisión final. “Resulta indispensable, con carácter previo a plantear una ejecución material del fallo para reposición de la zona afectada a su anterior estado[…], que la demandada [la Comunidad] proceda a dar cumplimiento a los trámites procedimentales que se declararon omitidos[…]”, reza el auto. Una vez presentada la documentación al tribunal, la Comunidad debe comunicárselo a la Comisión Europea.

“Cuando la Comunidad comunique que ya ha realizado los trámites omitidos, el tribunal va a decir que no hay incumplimiento del Derecho y no desmantelará la carretera”, avanza Nieto.
Ecologistas en Acción critica que los magistrados hayan “hecho suya” la interpretación que el Gobierno regional realizó de la sentencia: “Establecía que, en todo caso, los terrenos se restituirán a su estado inicial. El Gobierno entiende que los jueces dicen que se cumpla el procedimiento ambiental [la DIA], pero lo que dice es que la carretera debía desmantelarse”. La organización recurrirá al Supremo.

La nueva declaración de impacto del Gobierno no ve obstáculos en el proyecto de duplicación. “La valoración de la mayoría de las afecciones ha sido de carácter compatible, siendo asumibles por el medio”, reza el informe, que entiende limitado el impacto por ser un desdoblamiento: “No se trata de una nueva infraestructura sobre el territorio, sino que se valora la duplicación de una vía ya existente y un territorio ya fragmentado”. Un parque regional y una ZEPA.

“Había una discrepancia y se solventó”

El director general de Evolución Ambiental, Mariano González, asegura que la Declaración de Impacto Ambiental dibuja un panorama más halagüeño del previsto por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2000 y por la propia Consejería de Medio Ambiente en 1998: “Con el paso de los años, se ha demostrado que las previsiones sobre los daños que causaría la M-501 eran demasiado pesimistas”.

González sostiene que es un argumento “objetivo” no sujeto a interpretaciones: “Ahora hay más parejas de águila imperial, menos mortandad en la fauna, y no ha habido una evolución exponencial de la población”. El director general califica los impactos de la infraestructura como “compatibles y corregibles mediante medidas correctoras”.

El Gobierno regional resolvió en 2006 la polémica entre las consejerías de Transporte y Medio Ambiente que llevo al Gobierno regional a solicitar la intervención del CSIC. “Había una discrepancia y se solventó de acuerdo a la ley”, sostiene González, que subraya el apoyo de los municipios de la zona para la construcción de la carretera: “Lo pidieron los Ayuntamientos, del PP como del PSOE”.

Medio Ambiente no considera imprescindible haber elaborado un plan previo entonces y resalta la reciente evaluación ambiental como un estudio sin precedentes: “Es muy interesante analizar un proyecto a posteriori, desde que se hace hasta que se ejecuta pueden pasar años”. Pese a los reveses judiciales del Supremo y el Tribunal de Justicia Europeo, González entiende que las sentencias no suponen el desmantelamiento del proyecto sino su modificación: “El Supremo ha dicho que lo hicimos mal, pero nos ha dado la oportunidad de corregirlo. El Tribunal Superior de Justicia nos exige que hagamos los trámites que no hicimos, y lo que hemos hecho es adecuar el procedimiento a la norma”.

Ecologistas en Acción considera que la evaluación de Medio Ambiente se limita a plasmar los argumentos de Transportes. “Deberían mediar entre el informe del promotor y las alegaciones, pero en la Declaración no hay ninguna valoración independiente”. González defiende la independencia del estudio: “Lo han hecho funcionarios. En todo caso es problema del modelo de evaluación y habría que buscar un órgano independiente como la Comisión Nacional de Competencia”.


* El País - LUIS JAVIER GONZÁLEZ - 28.8.14
Foto: Carretera de los pantanos, la M-501 (Madrid). / CRISTOBAL MANUEL

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Roquetas.- El TSJA anula de forma definitiva el proyecto de los acantilados de Aguadulce

La palabra 'definitiva' en el terreno urbanístico no se debiera pronunciar jamás. Lo que hoy parece 'definitivo' mañana llega otro juez y lo anula sin más, o bien los mismos políticos hacen lo que les viene en gana sin ninguna cortapisa legal. Es la ley del más fuerte y la justicia ha demostrado sobradamente su debilidad en este campo de la Ordenación Territorial. En la misma provincia de Almería existe el precedente del hotel ilegal de El Algarrobico sobre el que ha actuado nefastamente la justicia y la propia casta política. Así que esta barbaridad urbanística del Ayuntamiento 'popular' de Roquetas de Mar diríamos que, provisionalmente, ha sido anulada por la justicia. Los acantilados de Aguadulce, de momento, están a salvo. Nunca se sabe hasta cuando.
"IDEAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha confirmado la firmeza de la sentencia que daba la razón a la Junta de Andalucía en el contencioso del desarrollo de la polémica urbanización de casi 500 viviendas en los acantilados de Aguadulce, por lo que ese proyecto ha quedado anulado definitivamente teniendo en cuenta que no cabe recurso contra esta última decisión del TSJA. Así lo reconoce el propio Ayuntamiento en un informe técnico tratado en la Junta de Gobierno de esta semana, en el que los letrados del Consistorio afirman que «la sentencia es desfavorable para los intereses municipales y frente a la misma no cabe recurso alguno».

Por ello, la Junta de Gobierno ha acordado dar traslado de la firmeza de la sentencia a la responsable del Servicio de Planeamiento y Gestión con el fin de que lo tenga en cuenta a partir de ahora.

La sentencia, con fecha de 15 de febrero de este año, hace firme a su vez la dictada por la sala de lo Contencioso Administrativo estimando el recurso de apelación de la Junta de Andalucía contra la sentencia de un juzgado contencioso de Almería que desestimó las alegaciones de la Administración autonómica, dejando esta última sin efecto.

De esta manera, el TSJA declara «la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Roquetas de 10 de abril de 2006 por el que se otorga licencia de obras a Almeragua S.L.». Aquella licencia del Consistorio, otorgaba a la empresa mercantil los permisos para la construcción de un edificio de 440 viviendas, sótano, garaje y locales comerciales en la parcela comprendida entre la avenida Carlos III y la calle Candanchú.

El proyecto despertó en su día un gran rechazo social, hasta el punto de haber protagonizado algunas de las pocas manifestaciones ciudadanas celebradas en los últimos años en el municipio.

De hecho, se llegaron a presentar más de 500 alegaciones al proyecto, y todos los partidos de la oposición así como diferentes colectivos, se han mostrado en estos años totalmente en contra de un proyecto que ya ha dejado su huella en la carretera del Cañarete a la entrada de Aguadulce, donde en su día se realizaron los trabajos de desmonte previos a la construcción de las viviendas.

Las obras fueron paralizadas de forma cautelar y los desmontes llevan años hechos, lo que también ha provocado diferentes iniciativas por parte de grupos de la oposición municipal, que han solicitado en varias ocasiones que se repongan los acantilados a la situación anterior.

Uno de los últimos debates sobre este asunto se produjo hace poco más de un año, cuando una moción del PSOE consideró necesario proceder a su restauración para dejar la zona en un mejor estado, aunque reconoció que devolverla a su estado original será prácticamente imposible. La propuesta propició también enmiendas de Izquierda Unida e Indapa. Los primeros reclamaron al Consistorio la anulación de las licencias por el incumplimiento de los plazos establecidos en la normativa urbanística, dado que la licencia fue otorgada en 2006 y se han incumplido los plazos para su ejecución. En cuanto a Indapa, solicitó que se revisara el ordenamiento y las licencias aprobadas por «grave fraude de ley» al entender que las parcelas de equipamiento y zonas verdes de este Plan Parcial se ubicaron en lugares de «imposible ejecución» en lo alto de los acantilados.

El PP rechazó todas las peticiones por entender que había que esperar a la sentencia del TSJA conocida ahora, aunque defendió la aprobación del Plan Parcial que según los populares tenía el visto bueno de la Junta.


* Ideal - Agosto 2014
Foto: Proyecto acantilados Aguadulce - ideal

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