Madrid.- #PelotazoBernabeu: No es fútbol, es especulación inmobiliaria

En el mes de febrero de este año, la Comisión Europea ya planteó sus serias dudas sobre el proyecto de remodelación urbanística del estadio S.Bernabeu en Madrid, ya que sospechaba de ayudas públicas importantes para su lucrativo negocio. La relación del fútbol con la política viene de antaño y da lo mismo en un lugar o autonomía que en otra. Lógicamente las ayudas públicas son mayores cuanto mayor sea la importancia real del club de fútbol. Y en esto parece que el Real Madrid es uno de los más agraciados tras el pelotazo de su Ciudad Deportiva de la Castellana (hoy las 4 torres). De nuevo estamos ante cesiones de suelo público delictivas y precios desorbitados, en la misma línea que se manejan los emolumentos de las estrellas de ese llamado 'deporte'. Pues bien, desde febrero hasta casi agosto, la vergonzosa justicia de este país ha sido incapaz de mover un dedo y, finalmente, lo ha hecho gracias a la acción de Ecologistas y otros ciudadanos escandalizados ante la grave situación.
"TERCERA* : En un auto dictado el 31 de julio y notificado esa misma noche a la organización, el Tribunal considera que la investigación abierta por la Comisión Europea por las posibles ayudas públicas recibidas por el club de fútbol Real Madrid, está íntimamente relacionada con la modificación puntual del plan general de Madrid que permite la ampliación del estadio. Por ello suspende el acuerdo que habilita esta ampliación, en tanto se dicte resolución por la Comisión. Esta ampliación supone pérdida de patrimonio público en beneficio del club.

El pasado mes de marzo, la Comisión Europea hizo pública sus dudas sobre algunas cesiones de suelo y la desmesurada revalorización de los terrenos implicados en operaciones urbanísticas realizadas entre el Ayuntamiento de Madrid y el club de fútbol. Estas actuaciones podrían haber supuesto ventaja económica para el Real Madrid. Según la Comisión este intercambio de parcelas se consideraría ayuda estatal de apoyo al club. Es decir el Real Madrid, gracias a esa operación obtendría un beneficio selectivo que afectaría a la competencia y al comercio entre estados miembros. Por ello abrió un proceso de investigación que está pendiente de resolución.

En junio, Ecologistas en Acción solicitó al TSJM que suspendiera el acuerdo por el cual la Comunidad de Madrid aprobó la modificación puntual del plan general de Madrid que permite la ampliación del estadio Santiago Bernabeu. El recurso pudo ser presentado gracias a los donativos recaudados en una existosa campaña bajo el nombre #PelotazoBernabéu.

La organización entiende que existe una íntima relación entre los hechos investigados por la Comisión Europea y este acuerdo. La sucesión de acontecimientos lo confirma:

En 1998 el Ayuntamiento de Madrid y el club de fútbol establecieron un intercambio por el cual el Real Madrid cedía al Consistorio 30.000 metros cuadrados en su ciudad deportiva y recibía en contrapartida dos parcelas, una de ellas en Las Tablas.

En 2003, el Ayuntamiento estimó que no podía transferir a una entidad privada esos terrenos, por lo que debía indemnizar al Real Madrid.

En 2011, ambas partes firmaron un convenio por el cual el Consistorio asumía una deuda con el club deportivo de 19.772.357 euros, derivada en buena medida del supuesto valor de la parcela. Eso suponía una revalorización del 3700% con respecto al precio de los terrenos de Las Tablas once años antes.

Para pagar la deuda, el Ayuntamiento cedió al Real Madrid cuatro parcelas en el distrito de Carabanchel y los terrenos de dominio público (zonas verdes y zona peatonal) situados frente al estadio Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana. Sobre estos terrenos, el club de fútbol planeó la ampliación del estadio y la construcción de un hotel y un centro comercial. Esta ampliación se posibilitaba con una modificación puntual del plan general que propuso el Ayuntamiento de Madrid y aprobó definitivamente la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012. Fue este acuerdo el que recurrió Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En un auto de fecha 31 de julio, el TSJM asume los argumentos esgrimidos por Ecologistas en Acción y acuerda suspender el acuerdo de la Comunidad de Madrid por el cual se permite la ampliación del estadio madridista, al considerarlo relacionado con la modificación puntual recurrida.

De esta forma el TSJM quiere evitar “cautelarmente cualquier actuación que no solo pudiera hacer imposible la restitución de la posible ayuda sino también impidiendo que la ejecución del acto pudiera producir perjuicios que hicieran aún más gravosa la restitución como sería la demolición de lo construido al amparo de la Modificación si no se quiere evitar la consolidación de la supuesta ilegalidad habida cuenta que la ayuda se ha traducido en bienes inmuebles sobre los que se sustenta dicho acto de planeamiento”. Todo ello, en tanto la Comisión Europea se pronuncie.

Ecologistas en Acción valora muy positivamente el auto de suspensión y recuerda que no se trata de una decisión contra la actividad deportiva del Real Madrid, si no contra los negocios inmobiliarios, ajenos al deporte, que desarrolla el club y que no benefician en nada a la ciudad ni a sus habitantes.

La organización, además agradece la colaboración de los ciudadanos, ya que el recurso se ha podido costear gracias a las numerosas donaciones recibidas durante la campaña de recogida de fondos que finalizó el pasado mes de junio.


* Tercera Info - 4.8.14
Foto: Madrid, pelotazo nuevo Bernabeu - madrilonia

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El fiscal halla indicios de precios inflados en obras públicas de Verín

La misma especulación urbanística, ahora en el municipio orensano de Verín, con precios inflados en facturas y concursos amañados para los amiguetes de turno. Todo convenientemente sazonado por la corrupción de otro alcalde 'popular' en la provincia, que se está destacando por el alto nivel de actividades delictivas relacionadas con el urbanismo. Bien desde la Diputación del cacique condenado del PP, Baltar, o desde los principales municipios, los ejemplos de atentados contra la Ordenación del Territorio son numerosos y graves, como para decretar el estado de excepción en la provincia y que casi todos los altos cargos, jefes o caciques 'populares' fueran desterrados inmediatamente y cumplieran unas penas judiciales más elevadas, devolviendo previamente lo afanado irregularmente a la ciudadanía. Así está de penosa la situación en la Galicia interior, dejando de momento la costa para otro día.
"ELPAÍS* : Facturas presumiblemente infladas y un concurso con indicios de haber sido amañado. El juez de Verín ha abierto diligencias para investigar una posible prevaricación del alcalde de esta localidad ourensana y senador del Partido Popular, Juan Manuel Jiménez Morán, en la adjudicación a la empresa constructora Vipeca Obras y Servicios, SL —receptora de buena parte de las obras de ese Ayuntamiento—- de la urbanización de dos calles financiadas con las ayudas del Plan E. La investigación judicial también ha puesto bajo sospecha las certificaciones de esas mismas infraestructuras que fueron rubricadas por una funcionaria del Ayuntamiento de Ourense.

La apertura de diligencias se produce tras un periplo de reclamaciones iniciado en 2012 por un vecino del municipio que, al percatarse de algunas irregularidades en la ejecución de proyecto, alertó al Ayuntamiento de Verín y a la constructora.

Según consta en la denuncia, el alcalde hizo oídos sordos a la reclamación después de haber adjudicado los trabajos ahora investigados por la justicia a Vipeca Obras y Servicios, SL, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. El regidor cumplió el trámite legal de invitar a participar a tres empresas —la mencionada Vipeca, Orvi Verín, SL, y Agemat, SL— pero las tres resultaron ser solo una: Agemat, que no declara ningún empleado en su inscripción en el Registro Mercantil, se encuentra en proceso de liquidación, mientras que Vipeca y Orvi están vinculadas a través de Josefa Silva Martínez, que en la primera figura como administradora con su marido y en la otra con su hijo.

A esas anomalías se une el hecho de que la directora de obra, María Dolores Arteche —ingeniera en el departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ourense— retocó la memoria inicial tras recibir un burofax del particular alertando de la irregularidad pero, según detallaba el vecino en su denuncia, mantuvo, sin embargo, el mismo “coste inflado” y certificó, junto con el arquitecto municipal, la devolución del aval a la empresa. En la denuncia inicial presentada en la fiscalía, que ahora investiga ahora el juez de instrucción de Verín, consta que Arteche certificó 26 acometidas de saneamiento y 19 de abastecimiento para una pequeña calle con nueve familias residentes cuando en la memoria se especificaba que se repondrían solo 16. Tras recibir la notificación del particular avisando de que los números “no cuadraban”, la directora de obra rebajó a 15 las acometidas de saneamiento y a nueve las de abastecimiento pero mantuvo el mismo precio final. “Aumentó el número de metros cuadrados de la actuación para justificar el precio”, sostiene el denunciante.

Las irregularidades que el vecino documentó fueron confirmadas por el perito designado por la fiscalía ourensana. El particular sostiene que el sobrecoste fue de al menos 35.000 euros en las obras de una de las calles, presupuestada en 200.000, y de 20.000 euros en la otra, presupuestada en 140.000, aunque el particular afirma que la cantidad es considerablemente más elevada teniendo en cuenta que el informe pericial confirma que se utilizaron materiales distintos de los presupuestados.

Alertada ya en 2012 por la denuncia del vecino, la concesionaria del servicio municipal de aguas, Espina y Delfín, realizó una inspección de la red de saneamiento. El denunciante sostiene que, pese a que el gerente de la empresa concesionaria —casado con la secretaria municipal— entregó el informe en el Ayuntamiento, el documento “jamás apareció”. Cuando, en el verano de 2012, los sumideros se desbordaron e inundaron una de estas calles, el vecino acudió a la Fiscalía, que encargó el peritaje.

El juez de Verín comenzó a investigar una denuncia por amenazas que presentó el particular aportando grabaciones para probar las presiones a las que fue sometido cuando comenzó a alertar de las irregularidades detectadas en las obras. Finalmente, el juez instructor reclamó a la fiscalía el informe pericial y abrió las diligencias que ahora está practicando, a las que se incorporó el sindicato CIG como acusación popular el pasado febrero.



Amenazas de muerte

Desde que comenzó a alertar de las supuestas irregularidades de las obras municipales, comenzó un calvario para el vecino de Verín que denunció los hechos a las autoridades. Un año después de acudir con la documentación de las obras a la fiscalía, se personó en el cuartel de la Guardia Civil para presentar una nueva denuncia penal. En este caso, por amenazas de muerte relacionadas con los mismos hechos.
El particular aseguró —y documentó con grabaciones de sonido— haber recibido llamadas telefónicas en la que “una voz distorsionada” le anunciaba que “sería liquidado” si no retiraba la denuncia por supuestos sobrecostes en la remodelación de las calles. El juzgado de Verín corroboró la veracidad de la amenaza recibida por el vecino aunque ante la imposibilidad de identificar al autor (se comprobó que las llamadas habían sido realizadas desde una cabina telefónica), acabó sobreseyendo provisionalmente esa denuncia mientras continuó investigando la relacionada con la supuesta prevaricación del alcalde y senador.
Juan Manuel Jiménez Morán es hombre de la estrecha confianza del presidente de la Xunta. A él recurrió Feijóo para postularlo como candidato al congreso provincial del PP de 2010 en un intento fallido de frenar la sucesión dinástica del baltarismo. Después lo premió designándolo senador en representación de la comunidad autónoma.


* El País - CRISTINA HUETE - 8.8.14
Foto: Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde PP de Verín / NACHO GÓMEZ

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