Resucita otra mega causa de corrupción urbanística en el sur de Tenerife: Arona 2

Canarias se ha destacado últimamente como una de las Comunidades más pobres y con mayor paro, sin embargo esto contrasta con sus condiciones de islas paradisíacas: entonces ¿qué ocurre? Pues que posee una de la castas políticas más corruptas y caciquiles de todo el país. Día tras día aparecen más casos espectaculares de corrupción, como este de Arona (Tenerife). Uno de los grandes municipios turísticos que abarca una costa famosa por sus grandes hoteles y su multitud de construcciones ilegales. Los responsables del Ayuntamiento tienen en su contra al menos nueve causas penales por delitos urbanísticos, cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Cifra que pronto se incrementará hasta llegar a los 25 concejales, del PP y CC, imputados por corrupción urbanística y pertenecientes a tres mandatos municipales diferentes. Todo un lamentable récord.
"TENERIFEAHORA* : El ayuntamiento tinerfeño de Arona está pujando fuerte por hacerse con el récord estatal de escándalos de corrupción. La cantidad y nivel de competidores complica bastante el triunfo en ese ranking, pero los políticos y técnicos de este municipio del Sur de Tenerife se están aplicando a conciencia: el caso Arona 2, que va ya por 22 imputados de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, está a punto de salir de su letargo para unirse a otras ocho mega querellas y causas que protagonizan los gobernantes municipales y ediles de la oposición aronera de los tres últimos mandatos.

Esta mega querella estrechamente ligada al Plan General de Ordenación (PGO) anulado el mes pasado y al caso Arona 1 (pendiente de fecha para juicio) incluye entre sus imputados a la diputada del Partido Popular Águeda Fumero y al consejero de Innovación Tecnológica del Cabildo de Tenerife Antonio Miguel Marichal (a punto de ser proclamado candidato de CC a la Alcaldía aronera para las elecciones municipales de 2015).

Citación de nuevos imputados y testigos

En representación del bloque anticorrupción liderado por Ciudadanos por Arona, el abogado Felipe Campos instó el martes por escrito al titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Arona a realizar varias diligencias probatorias que incluyen, entre otras propuestas, la citación en calidad de imputados de dos ex secretarios generales del Ayuntamiento (Cristian Marcelino Represas y Javier García Doncel) y del redactor del PGO tumbado hace unas semanas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por ocho motivos distintos de nulidad que coinciden en gran medida con los presuntos delitos que se investigan en el Caso Arona 2).

Además, Campos ha propuesto la citación en calidad de testigos de cinco funcionarios de este Ayuntamiento: las dos responsables del servicio jurídico de Urbanismo, Manuela Melo y Carmen Ana Díaz ; la jefe de Recursos Humanos, Carmen Teresa Hernández; el coordinador del Plan de Modernización, Juan Pedro García y, por último, el arquitecto Damián García.

Falsificación documental y grabaciones sobre pelotazos

En ese escrito Campos plantea en primer lugar "fijar el objeto" de este complejo procedimiento penal que aúna cinco denuncias presentadas ante Fiscalía entre 2008 y 2011 por presuntos delitos relacionados con el controvertido urbanismo de este municipio turístico, residencial y agrícola.

Al parecer, la instrucción del caso Arona 2 se había centrado solo en una de las denuncias (la relativa a la aprobación plenaria del PGO) y había pasado por alto la parte de la causa referida a la presunta falsificación documental del planeamiento urbanístico aprobado en pleno, así como la relativa a las grabaciones en las que se oye al entonces alcalde y al redactor del PGO reconociendo irregularidades y pelotazos en el planeamiento que intentaban aprobar.

Asimismo, parece que en esta instrucción también se habían obviado las denuncias contra las argucias desarrolladas por los gobernantes y técnicos municipales para seguir concediendo licencias al margen de la legalidad a pesar de que ya estaba en marcha una investigación judicial por esa práctica (el caso Arona 1, que arrancó a principios de 2007).

Para poner la instrucción al día, además de las nuevas imputaciones y testificales, el letrado de la acusación particular ha requerido la aportación documental de expedientes de licencias urbanísticas "que no han sido aportadas a la presente causa" a pesar de formar parte de la misma.

Aparte de todo ello, está buscando una parte de esta causa a la que ha perdido la pista: la denuncia de un pelotazo relativo a la recalificación de 152.000 metros cuadrados de suelo rústico..

¿El motivo de semejante desbarajuste en esta instrucción penal?

Por una parte, la saturación de los juzgados aroneros (uno de los más atascados del país) y la inestabilidad de su plantilla: por esta instrucción que arrancó en 2008-2009 han pasado ya al menos tres magistrados y tres fiscales. Por otra parte, la complejidad de esta causa que incluye una parte escindida del caso Arona 1 (mega querella que fue dividida en dos para evitar que se eternizara su instrucción) y cinco denuncias de Felipe Campos y José Antonio Reverón (concejal de Ciudadanos por Arona). Influye también que están imputados gobernantes de dos mandatos distintos (los siete integrantes de la Junta Local de Gobierno de 2003-2007 –de CC, PP y CAN-CCN–, y los siete de 2007-2011, todos de CC), así como concejales dos partidos de la oposición (PP y CAN-CCN). Algunos acumulan imputaciones como gobernantes de dos mandatos distintos y otros como gobernantes en la primera etapa y como ediles de la oposición en la segunda etapa política investigada en este caso.

Además, ha complicado esta investigación el elevado número de empresarios aludidos en las licencias concedidas con informes jurídicos desfavorables (a mediados de 2012 declararon ocho titulares de licencias, pero faltarían varios más). Sin olvidar que forma parte de estas diligencias previas también el inmenso Plan General que comenzó a tramitarse en Arona en 1997, que se rehizo entre 1999-2003, que volvió a rehacerse de nuevo entre 2003-2006 y que, una vez aprobado definitivamente en pleno, sufrió transformaciones secretas hasta su nueva aprobación definitiva en diciembre de 2012 (con lo que no es de extrañar que se hayan emitido en su contra 16 sentencias de nulidad tanto totales como parciales).

Un año de atasco por la imputación de una aforada

Y lo que más ha demorado esta instrucción, aparte de las tácticas de dilación de la defensa de los imputados, ha sido la presencia de una aforada entre los imputados. Desde que en noviembre de 2012 fue citada a declarar la diputada Águeda Fumero por haber apoyado la entrada en vigor de un PGO con indicios de ilegalidad cuando era concejal de la oposición, este caso quedó estancado. Ella impugnó la citación alegando que le correspondía comparecer ante el Tribunal Supremo, el magistrado instructor aprovechó ese fuero para intentar deshacerse de esta complicada causa enviándola íntegra al Alto Tribunal; la fiscal y el abogado Felipe Campos recurrieron esa decisión y el Supremo les dio la razón indicando que no era razonable enviar toda la instrucción a Madrid cuando la aforada solo estaba implicada en una cuarta parte de la causa. La abogada de los imputados recurrió sin éxito para intentar que la instrucción se llevara a cabo fuera de la Isla (lo que hubiera imposibilitado la presencia de acusación particular) y, desde entonces (marzo de 2013), el caso Arona 2 no había vuelto a dar señales de vida.

Fuentes judiciales apuntan que al fin está despertando y que está previsto que haya citaciones de imputados y testigos durante el próximo mes de octubre. Con lo cual, teniendo en cuenta las otras causas protagonizadas por responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Arona, toca un calendario judicial de lo más apretado para ello.

Calendario judicial de los políticos aroneros

Resumiendo ese calendario, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife está pendiente de fijar fecha para el mega juicio del caso Arona 1, que aglutina a 16 acusados de delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, malversación, extorsión, tráfico de influencias y prevaricación (entre ellos, ocho imputados de CC, PP y CAN-CCN, el exarquitecto jefe y un exaparejador del área de Urbanismo). Uno de los acusados, Antonio Sosa, aún forma parte del gobierno aronero de Coalición Canaria y está compitiendo por ser candidato a la alcaldía.

Durante el presente mes de julio han sido citados a declarar 15 políticos municipales imputados por prevaricación en el caso del Alcalde Okupa por las tretas que urdieron entre agosto y noviembre de 2012 para mantener en la Alcaldía a un alcalde que incurría en causa de incompatibilidad a raíz de una condena de inhabilitación (las imputaciones que pueden derivar en la inhabilitación de la mayoría del pleno aronero aluden al actual alcalde, al exalcalde y a 11 ediles del grupo de gobierno de CC, así como a dos de la oposición del CAN-CCN). En esta causa también han sido citados en calidad de testigos los 10 ediles de la oposición de PSOE, PP y CxA, así como la secretaria general del Ayuntamiento.

También está previsto que entre este mes y septiembre presten declaración en calidad de imputados el exalcalde, el anterior y el actual concejal de Urbanismo por el caso Relinche (permitir la construcción de un chalé en suelo rústico bajo licencia para una cuadra de caballos) y por el caso Capitel (reapertura irregular de un pub mientras los tribunales investigaban su licencia de actividad a raíz de una denuncia vecinal).

A todo ello se unen el caso Arona 3 (de tal magnitud que el fiscal ha planteado dividirlo en cinco causas), el caso Arona 4 (centrado en el gasto presuntamente ilegal de casi 100 millones de euros de dinero público durante la última década, 15 de los cuales fueron gastados el pasado 2013), el caso Enchufe 2 (imputado el exalcalde inhabilitado en el caso Enchufe 1) y varias causas más cuyo contenido no ha trascendido aún. Según un documento emitido por los juzgados aroneros al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, el exalcalde José Alberto González Reverón está acusado e imputado en nueve causas penales distintas.


* El Diario - Blana Salazar - 2.7.14
Foto: Los Cristianos.- José Mesa/ Flickr

.................................... Leer más...

Cataluña.- La mujer de Oriol Pujol encubrió pagos de comisiones durante cinco años

Según la UE Cataluña es la Comunidad autónoma con mayor corrupción; sin entrar en cifras parece algo discutible dada la fuerte competencia, pero lo que sí está claro es que la mayor parte del pastel se lo lleva el partido nacionalista CiU. Un ejemplo de esto es el 'caso ITV', donde el nº2 Convergente, Oriol Pujol, hijo del mismísimo Jordi, ha sido imputado y ha tenido que dimitir de varios cargos. Como se sabe la justicia ha acusado el propio Oriol de valerse de su “peso político” para lucrarse y beneficiar a empresarios amigos. Es decir, toda una trama corrupta bien organizada y dispuesta a defraudar a los ciudadanos. Ahora la Agencia Tributaria asegura que la mujer del imputado facturó servicios inexistentes a la empresa de un amigo, encubriendo así el pago de comisiones a su marido por las ITV. Veremos hasta dónde llega la justicia en este asunto catalán tan politizado.
"ELPAÍS* : La Agencia Tributaria concluye en un informe del caso de las ITV que Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol, encubrió el pago de comisiones a su marido mediante la facturación de servicios inexistentes a la empresa que administraba un amigo, en un "modus operandi" que se prolongó al menos durante cinco años.

En un informe, el Servicio de Vigilancia Aduanera cree "inverosímil" e "incongruente" la explicación que Anna Vidal, imputada por cohecho, dio ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para justificar los 46.400 euros que en 2008 cobró de la empresa Alta Partners, de Sergi Alsina, amigo íntimo del diputado de CiU Oriol Pujol, informa Efe.

Según la Agencia Tributaria, del análisis de la facturación entre Sergi Alsina y Anna Vidal se desprende que, al menos entre 2007 y 2012, existió un "modus operandi común" para encubrir pagos que "obedecen supuestamente a satisfacer las gestiones llevadas a cabo por Oriol Pujol en beneficio de su amigo, así como en su propio beneficio".

El informe de la Agencia Tributaria fue encargado por el juez del caso de las ITV Enric Anglada, después de que tanto Vidal como Alsina mantuvieran que los 46.400 euros cobrados por esta -que la Fiscalía cree eran comisiones de la trama de las ITV por las gestiones de Oriol Pujol- obedecían a servicios profesionales de consultoría que la mujer del diputado hizo para Alta Partners.

La defensa de ambos imputados aportó al TSJC diversa documentación para tratar de justificar los trabajos realizados por Anna Vidal, que asegura asesoró en sendas operaciones de compra y venta de dos empresas, pero la Agencia Tributaria cree que "de ninguno" de ellos se deriva la participación de la esposa de Pujol en esos servicios.

Hacienda resalta además que las conclusiones remitidas al TSJC son las mismas que las que se han enviado al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, en una de las piezas separadas que este tiene abiertas derivadas de la causa de las ITV, en que Pujol está imputado por tráfico de influencias y por cohecho.

Ese informe remitido al juzgado de instrucción consistió en el análisis de la facturación entre Anna Vidal y la empresa de Sergi Alsina Alta Partners durante los años 2010 y 2012. Para los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, de toda la documentación que obra en sus manos se constata "la utilización de un patrón común en las supuestas relaciones comerciales puestas de manifiesto entre Anna Vidal y Sergi Alsina".

Según la Agencia Tributara, para facturar a Alsina la esposa de Pujol "interpone" dos empresas de su propiedad "que se nutren prácticamente en exclusiva de la facturación que le proporcionan empresas relacionadas" con Alta Partners, "llegando a incrementar sus ingresos hasta en un 1.291,53 % de un año a otro".

Según Hacienda, los trabajos desempeñados por Vidal adolecen de falta de justificación, que consiste en "folios manuscritos, notas de prensa, documentos obsoletos y documentos internos de otras empresas" y hay "incongruencia" entre las explicaciones que han dado los imputados y las
conversaciones y documentos incautados.

El informe añade que, "como método habitual para dar cobertura a la facturación entre ambos, se utilizan servicios que realmente han existido en el marco de la actividad empresarial desarrollada por Alta Partners, pero que en realidad habían sido llevados a cabo por otros profesionales y/o sociedades (...)".

La Agencia Tributaria destaca también la "ausencia total de documentos y llamadas intervenidas que justifiquen la participación de Anna Vidal en las mencionadas operaciones", mientras que existen "múltiples conversaciones referidas a intervenciones de Oriol Pujol en operaciones llevadas a cabo por Sergi Alsina".

El dictamen de Vigilancia Aduanera apunta asimismo que las facturas de 15.000 y 10.000 euros que Vidal giró a Alta Partners en 2008 por el trabajo de asesoramiento para la compra de la empresa Jayán tenían como fin una "ampliación de capital" de una sociedad que la esposa de Pujol tiene con su marido, no el cobro de servicios de asesoramiento.

Según el informe, los trabajos que Anna Vidal manifestó realizar en relación con las operaciones de compra y venta de dos empresas fueron efectuados por G.M.P Auditores y por un despacho de abogados que emitió su estudio meses después del supuesto trabajo desempeñado por la esposa de Pujol.


* El País - 3.7.14
Foto: Barcelona, Oriol Pujol, junto su padre y Mas - publico

.................................... Leer más...