Denuncian al Ayuntamiento de Madrid por la adjudicación de las bicicletas de alquiler

Que en la ciudad y Comunidad de Madrid las cosas se hacen mal y los problemas urbanísticos se acumulan es fácil de comprobar. El servicio de bicicletas públicas 'BiciMad' en poco más de una semana ha comenzado a hacer aguas por todas partes. No es solo que el sistema de funcionamiento haya sido deficiente y la mitad de los usuarios apuntados no hayan podido hacer uso de la instalación, es que también ha sido denunciado por su irregular concesión, algo habitual en las filas políticas 'populares'. Una asociación de marcas y bicicletas, AMBE, lo hizo ya en Marzo ante la Comisión de la Competencia. Ahora veremos que ocurre con este asunto, mientras la ciudad sigue sumida en el caos circulatorio y este servicio público de bicicletas debía llevar décadas funcionando, como ocurre en cualquier población moderna.
"ELCONFIDENCIAL* : El servicio de alquiler de bicicletas públicas se ha puesto a funcionar en Madrid esta misma semana, pero el Ayuntamiento ya acumula una denuncia por la manera en la que se adjudicó el sistema. La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (Ambe) presentó en marzo (tres meses antes de que el nuevo servicio entrara en funcionamiento) una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que actúe de oficio e interponga un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación del Consistorio dirigido por Ana Botella a la empresa Bonopark. Según consta en la denuncia, se ha vulnerado el derecho a la libre competencia.

Ambe es una asociación que representa a más de 30 empresas españolas del sector de las bicicletas (entre fabricantes, importadores, distribuidores y agentes del sector ciclista). Su demanda recoge que la licitación que publicó el Ayuntamiento de Madrid para adjudicar este nuevo servicio de bicicletas públicas establecía que el valor para determinar la solvencia o no de los licitadores era “haber conseguido un contrato gestionado en los últimos tres años de gestión de bicicleta pública al menos de 2.000 unidades”. Bonopark, la empresa que finalmente se hizo con la adjudicación, “carece de solvencia técnica y financiera”, según consta en la demanda.

La asociación alega que el capital suscrito por Bonopark es de 625.000 euros, “cuando el importe del contrato asciende a 25 millones”; advierte de que la situación financiera de la empresa “a todas luces es deficitaria” y que el riesgo comercial “es elevado”. Bonopark pujó por la adjudicación junto con la empresa americana Alta Bicycle, una compañía que opera este tipo de servicios en varias ciudades norteamericanas, entre ellas Nueva York. Ambe asegura que esta empresa que provee de software a Bonopark “está en situación de quiebra, con el consiguiente peligro para cumplir el cumplimiento del contrato”. Una voz de alarma que, según reconocen, ya fue comunicada a los responsables del Ayuntamiento de Madrid, que optaron finalmente por adjudicar el recién estrenado servicio a la citada empresa.

Preguntas sin respuesta por parte del Ayuntamiento

Ambe acusa al Ayuntamiento de Madrid de no haberles ofrecido la documentación que se le solicitó para comprobar si la empresa adjudicataria cumplía o no los requisitos impuestos por el Consistorio. Según la asociación, los hechos se sucedieron como se relata a continuación. Representantes de dicha organización remitieron el 24 de enero un escrito a la Secretaría General Técnica del Área de Medio Ambiente con el objetivo de que le justificaran la solvencia económica y técnica de la empresa que consiguió el concurso.

La respuesta se recibió tres semanas después vía e-mail. La Secretaría se limitó a comunicar que “dicha empresa resultó admitida a la licitación por la mesa, por considerar acreditados los extremos anteriores y concretamente su solvencia, de acuerdo con lo previsto en el art. 63 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto a la integración de la solvencia por medios externos”. En el mismo e-mail se cuenta que “los documentos que obran en el expediente referidos a esta acreditación suponen el compromiso de la empresa Alta Bicycle Share de cesión de su solvencia para la gestión y explotación de sistemas de bicicletas públicas a todos los efectos considerados en la legislación”.

Ambe echa en cara al Ayuntamiento que haya impuesto unas condiciones “inasumibles” para cualquier empresa española que haya querido optar al suculento concurso y critica que se haya adjudicado a una empresa que no cumple las condiciones de los pliegos de contratación. Por último, reprocha a Ana Botella que no hayan permitido a “las partes interesadas el examen de la documentación”.


* El Confidencial - Ana I.Gracia - 28.6.14
Foto: Madrid, bicimad - ecomovilidad

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El Supremo ordena derribar la biblioteca ilegal del ministro J.M.Soria

Los antecedentes de actual ministro de Industria, JM.Soria, en Canarias siguen pasándole factura dada la gravedad de las múltiples acusaciones en las que está inmerso este controvertido personaje, amigo de sus amigos (corruptos) y enemigo acérrimo de las energías renovables. En 1997, durante su mandato en la alcaldía de Las Palmas, concedió una licencia irregular para la construcción de una Biblioteca pública contraria a las disposiciones urbanísticas, que eliminaba zonas verdes y contaba con una pantalla arquitectónica que cercenaba las vistas del litoral. Es decir una ilegalidad 'de libro'. Pero, dada la rapidez habitual de la justicia en este país, se ha tardado nada menos que 17 años en dar la orden definitiva de derribo para este edificio. Evidentemente, ahora llegarán los problemas para efectuar esta acción y condenar al alcalde 'popular' especulador, pero eso a la justicia parece no importarle demasiado.
"INFOLIBRE* : La Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, cuya construcción fue decidida por el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, cuando era alcalde de la ciudad canaria entre 1995 y 2003, ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo. La Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado sentencia y establece la demolición del edificio, rechazando así los recursos del Ayuntamiento capitalino y de la Abogacía del Estado contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 2013.

En concreto, el alto tribunal ha confirmado que el edificio de la Biblioteca Pública del Estado, en Las Palmas de Gran Canaria, debe ser demolido "por ser contrario a las disposiciones urbanísticas", además de por haber eliminado zonas verdes y constituir una pantalla arquitectónica que "cercena las vistas del litoral", entre otras cuestiones citadas.

Con esta decisión, el TS rechaza los recursos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la Abogacía del Estado contra el auto del TSJC, de 14 de febrero de 2013, que rechazó la solicitud de que se decretase la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia firme del caso que estableció la demolición (en el año 2002) argumentando que la biblioteca "tiene idéntico régimen jurídico de los bienes de interés cultural, previsto en la Ley de Patrimonio, por lo que no procede ordenar su demolición".

En este sentido, el Supremo explica su rechazo a esa tesis, apuntando que la finalidad de la Ley de Patrimonio "es amparar las bibliotecas de titularidad del Estado bajo el presupuesto de que éstas se hayan construido legalmente y no parece que su objetivo sea permitir las edificaciones ilegales destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales".

Asimismo, la Sala afirma ser consciente de los conflictos que plantean las actuaciones administrativas declaradas ilegales cuando los hechos se han consumado como ocurre en este caso, al tiempo que agregó que su cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales".

La sentencia del TS cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que la han dictado, que entendían que debía estimarse el recurso del Ayuntamiento y del abogado del Estado declarándose la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, y fijándose alternativamente una indemnización para los vecinos de la comunidad de propietarios del edificio San Telmo.


* InfoLibre - 2.7.14
Foto: Biblioteca del Estado. Las Palmas de Gran Canaria.- canariasahora

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