El vicealcalde de Zaragoza, imputado en el mayor caso de corrupción urbanística de Aragón

El caso de corrupción urbanística de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) sigue salpicando a altos cargos políticos. El último, el propio vicealcalde de Zaragoza, F.Gimeno. También están imputadas dos concejalas del Ayuntamiento y siete altos cargos más, entre ellos tres exconsejeros del Gobierno de Aragón. El magistrado admite que los imputados podrían haber actuado condicionados, pero matiza que actuaron de manera propia. El 'caso Plaza', como se sabe, trata de las irregularidades en la adjudicación de la contrata para el apartadero ferroviario de Plaza a la UTE de Acciona por 8,43 millones de euros, y la urbanización posterior, por 7 millones de euros, de la zona de reserva para futuros crecimientos del complejo logístico. Un escándalo de corrupción urbanística que la justicia debe aclarar cuanto antes.
"20MINUTOS* : El Juzgado de Instrucción nº12 de Zaragoza ha imputado a diez antiguos miembros del Consejo de Administración de la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, entre ellos varios ex consejeros del Gobierno de Aragón y el propio vicealcalde de la capital aragonesa. Además de Gimeno, están imputadas Carmen Dueso e Isabel LópezAdemás de Gimeno, el juez llama también a declarar por un presunto delito de prevaricación administrativa a la consejera municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso, y a la concejala Isabel López. Tantos ellos como el resto de imputados formaron parte del Consejo de Administración de Plaza durante los años 2008 y 2009, que es precisamente el periodo que está investigando el juez.

Dentro de la investigación abierta por los sobrecostes en la construcción del apartadero ferroviario de Plaza, el magistrado ha citado también como imputados a Carlos Escó, exviceconsejero de obras publicas (ya imputado en otro proceso del mismo caso); así como a los exconsejeros socialistas del Gobierno de Aragón Alberto Larraz y María Teresa Verde. Completan la lista el empresario Fernando Casasnovas; José Luis Rodrigo, que fue representante de Ibercaja en el Consejo de Administración; José Luis Abad Martínez, exconsejero delegado de la Sociedad Pública Zaragoza Alta Velocidad; y Agustín García Inda, secretario general técnico de Educación. El juez también busca las declaraciones del actual consejero de economía de la DGA, Francisco Bono, así como de los diputados Alfredo Boné y Alfonso Vicente Barba, aunque al estar aforados ha tenido que dar traslado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Las diligencias previas se han abierto a raíz de dos denuncias del Ministerio Fiscal relativas a dos expedientes de contratación de Plaza. El juez admite en el auto que los imputados pudieron actuar «condicionados» por la información que les ofreció el que fuera gerente de Plaza, Ricardo García Becerril (también imputado en otra ramificación del caso), pero matiza que podrían haber actuado de otro modo.


* 20 Minutos - RUBÉN ASENSIO - 19.06.2014
Foto: Zaragoza, plataforma_logística Plaza - plataforrnalogistica



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Madrid.- El ‘camping’ que se convirtió en una urbanización

El urbanismo salvaje y la corrupción descarada siguen destacando en la Comunidad de Madrid. La permisividad y complicidad de los 'populares' Gallardón, E.Aguirre, y su sucesor I.González, al frente de la Comunidad coincide con la actuación de la trama mafiosa Gürtel y otros graves casos. En Villanueva de Perales, en la misma conflictiva zona noroeste, una cámping fue reconvertido en ilegal complejo urbanístico a pesar del consentimiento inicial hace 17 años del propio ayuntamiento. La situación, obviamente, se paralizó y ahora casi 200 propietarios que pagaron a la empresa constructora están en la cuerda floja del derribo. Estos días, al fin, se celebra la causa judicial que lo debe aclarar todo, pero conociendo a la justicia urbanística, el asunto llevará largo tiempo y más sinsabores.
"ELPAÍS* : El camping de Villanueva de Perales es la metáfora de unas vacaciones truncadas. El complejo turístico Mirador de Gredos, unos 100.000 metros cuadrados junto al kilómetro 26 de la carretera M-501, sigue sin licencia de actividad 17 años después de que el ayuntamiento otorgase los permisos. Los promotores acordaron con 195 personas la venta de parcelas a cambio de entre 18.000 y 60.000 euros para la instalación de viviendas prefabricadas (mobile homes), un negocio que sobrepasa los límites contemplados por la licencia.

Aunque el proceso para poner en marcha el campamento sigue adelante, José R. de L., Juan E. M, Miguel Ángel A. P. y Juan Manuel P. E. se enfrentarán desde el próximo lunes a un proceso penal por un supuesto delito de estafa.

El ayuntamiento de Villanueva de Perales (de unos 1.500 habitantes, cerca de Brunete) otorgó en 1997 una licencia para un campamento de turismo. “Los promotores lo transformaron en una venta de parcelas para fin de semana y el tema se acabó enquistando”, explica Lucio Rivas, asesor jurídico del consistorio. La licencia contemplaba la edificación de 29 bungalós, pero la empresa Vista de Gredos S. L. solicitó poco después que el terreno se dividiera en parcelas, idea que contó con el visto bueno municipal. “Es entonces cuando se les fue de las manos y me llamaron. Yo elaboré en abril de 2002 un informe para que se revocara ese permiso porque había una amenaza clara de que se edificaran viviendas ilegales”.

El ayuntamiento asegura que los promotores superaron los límites legales. “La licencia no permite hacer soleras de hormigón, parcelar ni instalar más bungalós de los permitidos”, explica Rivas. Una juez de Navalcarnero precintó el terreno en 2005 en base a un informe de la Guardia Civil que mencionaba la construcción de una veintena de viviendas móviles (de entre 40 y 52 metros cuadrados) y que los propietarios habían instalado soleras de hormigón para anclarlas al suelo.

Los promotores llevaron a lo contencioso-administrativo la decisión municipal de revocar el permiso para parcelar el terreno. La empresa solicitó la licencia de apertura en julio de 2003, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se lo negó y exigió tres condiciones: retirar las soleras de más, elaborar unos estatutos y establecer un contrato con los propietarios en los que se reflejase que adquiría una participación en un club turístico privado y no una propiedad. “Han presentado el compromiso y los estatutos. Solo falta que un arquitecto verifique que han quitado todas las soleras: la mayoría están quitadas, pero los promotores han escrito diciendo que algún propietario ha hecho lo que ha podido para impedir que quitaran la casa que habían instalado encima” explica el asesor jurídico.

El futuro del terreno se aleja del complejo residencial. Desde el lunes empieza otra batalla, la de las responsabilidades penales de los promotores, para los que la Fiscalía pide de dos a nueve años de prisión. “Al ser un tema de estafa, el proceso penal no tendría por qué paralizar la parte administrativa [la licencia]: es un conflicto entre particulares”, explica Rivas.

De los 195 afectados, apenas una decena son vecinos de Villanueva de Perales, asegura su alcalde, César Muñoz (PSOE), en el poder desde julio de 2007. “Una vez que se levante el precinto nos reuniremos con la Comunidad, los afectados y la promotora”, subraya el regidor. Casi una década después, sus ahorros siguen en el limbo. “Que el terreno lleve 10 años precintado no es bueno para ninguno. Cualquier solución será mejor que lo que hay ahora”, añade Muñoz. Las hojas del calendario llevan años pasando para ellos, la huella de meses y meses pagando la hipoteca de una casa edificada en el limbo.


* El País - LUIS JAVIER GONZÁLEZ - 20.6.14
Foto: Vista panorámica del cámping Mirador de Gredos, en Villanueva de Perales / RICARDO GUTIERREZ




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