La sombra de la trama Gürtel aparece en la localidad madrileña de Soto del Real

La trama de corrupción Gürtel está muy extendida por toda la Comunidad madrileña, sobre todo en la zona de mayor nivel económico: la noroeste. Ahora es el municipio de Soto del Real el que cae bajos sus garras mafiosas y el gobierno 'popular' prevé dar el impulso definitivo a su Plan General Urbano, diseñado por el ínclito arquitecto Leopoldo Arnaiz, de quien la UDEF sospecha que ha comprado suelo en la cercana Boadilla a una sociedad de un testaferro del capo de Gürtel, Francisco Correa. Tras esta operación urbanística controvertida, aprobada lógicamente por el Gobierno autonómico 'popular', se esconden varios pelotazos que tarde o temprano saldrán a la luz, esperemos que con la diligente colaboración judicial.
"ELDIARIO* : Cuando el pasado 28 de marzo el pleno de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, gobernada con mayoría absoluta por el PP, aprobó impedir que el arquitecto Leopoldo Arnaiz recibiera encargos urbanísticos por parte del Consistorio, el Ayuntamiento trataba de limpiar su imagen de epicentro de la trama Gürtel. Arnaiz había diseñado el Plan de Ordenación (PGOU) en 2002 y la policía cree que utilizó empresas para hacerse con terrenos recalificados por dicho plan, según recoge un informe de la UDEF (Unidad de delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional). La UDEF también afirma en uno de sus informes que una de sus empresas ha comprado suelo en Boadilla a una sociedad de un testaferro de Francisco Correa.

Ahora, el pleno de otro municipio de Madrid, Soto del Real, está a punto, según confirmó a eldiario.es la misma alcaldesa, Encarnación Rivero (PP), de dar el impulso definitivo a su Plan General de Ordenación y "enviarlo a la Comunidad de Madrid". Se trata de un PGOU de Arnaiz Consultores, del mismo arquitecto vetado en Boadilla.

Si la Boadilla regida por Arturo González Panero (PP), el albondiguilla, está en los juzgados, Soto del Real aún se salva de los tribunales, a pesar de que cuando en 2005 el arquitecto Leopoldo Arnaiz recibió el encargo de redactar el plan, alguna de las empresas de su conglomerado ya poseían suelo en ese municipio. Cuando se produjo la aprobación inicial del proyecto, en enero de 2013, sus sociedades habían adquirido aún más terreno.

La historia comenzó el siglo pasado. La registradora de la propiedad de Colmenar Viejo inscribió con fecha de 16 de noviembre de 1999 una finca (la 244-N) de Soto del Real a nombre de la empresa Espacios Urbanos S-21. Esta sociedad unipersonal –que formaba parte del árbol societario de Leopoldo Arnaiz, según reconoció el empresario tras la descripción que hizo de este entramado su socia Rosa Llano– fue absorbida por otra llamada Centros Comerciales Raíces 3.000 en agosto de 2011, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Centros Comerciales Raíces 3.000 también cuelga en el árbol de sociedades que penden de Arnaiz: un tercio es de Edicobos que, a su vez, pertenece al 99% de Dosmilenaria –la anterior dueña de Espacios Urbanos–, de acuerdo con la descripción hecha por Llano, la antigua colaboradora de Arnaiz.

Además, según certifica la registradora de Colmenar Viejo, María López Álvarez, Centros Comerciales Raíces 3.000 se hizo en septiembre de 2012 con el 75% de otras dos fincas, "las números 4015 y 4016 de Soto del Real".

Un vistazo a ese patrimonio de suelo en el pueblo madrileño sitúa los terrenos consignados a sociedades del grupo de Arnaiz en zonas contiguas y creando un espacio unitario. ¿Dónde? En una extensión prevista al este del municipio que, según contabiliza Ecologistas en Acción en la zona, suman 100.000 metros cuadrados. De todo ese suelo, "unos 75.000 metros son urbanizables y otros 25.000 están en proceso de reclasificación por el nuevo PGOU que redactó Arnaiz", dice la organización.

La zona, situada al este del casco urbano, está limitada por la antigua vía del tren Madrid-Burgos, donde se ubica el apeadero de Soto del Real (dejó de dar servicio en 1998). El Plan del Cercanías de Madrid 2009-2015 incluyó la prolongación de una línea (la C-4) desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real. El 19 de junio de 2013, el Ministerio de Fomento sometió a información pública el "Estudio informativo para la extensión de la red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real". El documento opta por remodelar y volver a poner en uso este andén que cae en las fincas de las empresas de Arnaiz.

"No somos defensores de nadie"

"Todas mis actividades las he llevado a cabo siempre cumpliendo la más estricta legalidad", contestó Leopoldo Arnaiz el 1 de abril al saberse repudiado por el Ayuntamiento de Boadilla. Un portavoz del grupo ha contestado a eldiario.es que "se trata de informaciones antiguas, por lo que no vamos a responder continuamente". El arquitecto fue apartado de Boadilla al estar "imputado por diferentes delitos de estafa, fraude y blanqueo de capitales en tres juzgados madrileños", rezaba la resolución del Pleno, en referencia a dos juzgados de Instrucción de la capital (el 8 y el 35) y otro en la ciudad de Alcorcón, aunque este último no por los planteamientos de Soto del Real.

La alcaldesa de Soto, Encarnación Rivero Flor, en conversación con eldiario.es explica: "No somos defensores de nadie. Seguimos adelante con el planteamiento porque es el que llevamos en el programa electoral". La alcaldesa justifica que el PGOU lo realizó "un equipo de redactores que tuvieron un contrato antes de que yo misma dirigiera el Ayuntamiento". Rivero no tiene conciencia de que haya irregularidades en la creación del documento que llevó a cabo Arnaiz: "Sólo en el supuesto de que un juez diga que hay un problema, actuaríamos. Cualquiera puede llevar el PGOU a los tribunales".

El Plan General concebido por Arnaiz Consultores para Soto reclasifica 3.436.000 metros de la localidad, plantea la construcción de 1.855 viviendas y duplica la población actual. Este municipio cae justamente al borde de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pero fuera de sus restricciones.


* El Diario - Raúl Rejón - 23.4.14
Foto: Soto del Real (Madrid), ayuntamiento - pueblosespaña



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El arte de no hablar de los pisos vacíos

Se sabe que en todo el país hay entre 3,5 y 5,5 millones de viviendas vacías, según quién dé los datos, pero esto no parece preocupar especialmente a los grandes partidos que lo olvidan con demasiada frecuencia, sobre todo cuando también hay millones de personas con necesidad urgente de un alojamiento digno. Salvo alguna iniciativa autonómica o municipal de pequeña escala, hay Comunidades como Andalucía donde este problema es palpable. Una ley andaluza prevé los realojos de familias con necesidad urgente de vivienda sin pasar por los registros de demandantes de pisos protegidos. La polémica sobre el realojo de la Corrala Utopía deja fuera del debate la existencia de al menos 700.000 pisos vacíos de los bancos en la región. Pero la crisis interna del Gobierno autonómico, y su paso atrás, deja a las claras cual es su verdadera intención al respecto.
DIEGO SANZ* : El Constitucional eligió una semana perfecta para comunicarle a la Con­se­jería andaluza de Fomento y Vi­vienda que paralizaba su decreto antidesahucios hasta la siguiente legislatura. El auto fue dictado el día 8, pero el tribunal lo comunicó al Go­bierno andaluz el lunes 14, cuatro días después de que la presidenta Susana Díaz escenificara su de­sacuerdo con el realojo de 18 hogares de la Corrala Utopía y retirara por unas horas la competencia sobre vivienda protegida a la consejería dirigida por sus socios de go­bierno de Izquierda Unida.

Díaz había hecho suyos los argumentos del Partido Popular, que al frente del Ayuntamiento de Sevilla se niega a ofrecer una solución a las vecinas del bloque abandonado de Ibecaja, recuperado en mayo de 2012 por el movimiento 15M. Des­de la Presidencia, y desde diversas personalidades del PSOE andaluz, se defendió que realojar a estos hogares por delante de las listas de espera de vivienda pública –que en esta autonomía gestionan los ayuntamientos– suponía un caso de “prevaricación”. Finalmente, el pacto de gobierno resistió a esta grave acusación de delito. Lo que está por ver es si el debate de las listas de espera introducido por la presidenta afectará a las campañas de la PAH y del análogo movimiento andaluz de corralas por el uso social de las viviendas que los bancos mantienen vacías.

Manresa es el municipio catalán con más pisos vacíos: un 25% del parque de viviendas (más de 9.000 pisos) no está habitado. Esta localidad es una de las más de 100 ciudades catalanas que ha aprobado una de las mociones impulsadas por los stop desahucios para obligar a los bancos a poner sus pisos vacíos en circulación bajo pena de multa, y con una PAH que ha recuperado dos de estos bloques vacíos (uno de La Caixa y otro, recuperado el 13 de abril, de la Sareb). Berni Sorinas, que participa en esta PAH, cuenta que en el primero de ellos La Caixa ya ha realojado a tres de las cinco familias. Según el relato de este activista, lo que separa a las otras dos familias de un acuerdo en el banco es lo mismo que, según la campaña anti corralas del ayuntamiento de Sevilla y el PSOE andaluz, les convertiría en perfectadas candidatas para un realojo: no cuentan con ningún ingreso y están en situación de exclusión social. Un requisito, según los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, que sólo cumplían dos de las familias de la Utopía. En el caso de Manresa y La Caixa, el escollo, según Sorinas, son los 50 euros que la entidad pide como alquiler social. “Pero la petición es el 30% de los ingresos familiares, y si esos ingresos son cero, el 30% de cero sigue siendo cero”, argumenta. La experiencia de las PAH y los grupos de vivienda en sus negociaciones de alquiler social con los bancos es que éstos suelen preferir hogares con cierto nivel estable de ingresos, un criterio más cercano al de las políticas públicas de vivienda que lo que puede hacer pensar el aparente escrúpulo de Díaz y el alcalde Zoido por dar prioridad a las "familias en situación de exclusión social".

Listas de espera

Juanjo, un activista del colectivo que organizó la ocupación de la Corrala Utopía, la Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla, señala que en muchos casos los criterios de acceso a las listas de vivienda protegida hacen que éstas “no se adjudiquen porque las familias que optan a ellas y están en situación de desempleo quedan eliminadas de la lista al no poder garantizar el pago de ese alquiler”. Este mismo motivo era el que esgrimía la Consejería andaluza de Vivienda para explicar ante el Defensor del Pueblo la existencia de promociones de VPO vacías en esta comunidad autónoma. De hecho, un acuerdo del pleno de EMVISESA, la empresa municipal de vivienda de Sevilla, admitía topes de ingresos familiares de hasta 15.000 euros anuales para poder acceder a una vivienda social sin tener que pasar por el registro municipal de demandantes, tal y como difundió DIAGONAL en la semana de la polémica. Unos ingresos que están muy por encima de los que puede percibir una familia sin empleo fijo y sin prestaciones sociales. Un concejal de IU del Ayuntamiento de Mála­ga consultado por DIAGONAL esa misma semana señalaba que es frecuente que en este municipio el PSOE vote a favor de realojos sin pasar por las listas de espera.

En el caso de la Utopía, cuenta Juanjo, “el desempleo es la nota dominante. La poca gente que tiene un trabajo es por horas”. El hecho de que una de las vecinas fuera una trabajadora municipal afiliada a IU con un sueldo de 1.600 euros levantó las alarmas, pero desde la Utopía defienden que su contrato es sólo de tres meses. La aclaración quedó tapada por toda una ronda de declaraciones en los medios contra­rias al rea­lojo, también desde Canal Sur, lo cual llevó a un comunicado público de CC OO contra la manipulación informativa en la cadena autonómica.

Mientras, el argumento del Cons­ti­tucional para detener definitivamente las medidas de expropiación temporal de algunas de las 700.000 viviendas vacías de Andalucía era claro: la medida puede poner en peligro la “reestructuración bancaria apoyada con dinero público” en los términos definidos por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comi­sión Europea, “instituciones especializadas en la materia”. Por si quedaba alguna duda, el periodista Alberto Pradilla, del diario Gara, revelaba dos semanas después que el Gobierno de Rajoy se basó en informes de estas mismas entidades para recurrir ante el Consti­tucional una ley similar aprobada por el Parlamento navarro.

Nueve hogares sin alternativa de realojo
Ocho hogares de la Corrala Utopía de Sevilla cuentan ya con un acuerdo de realojo, mientras otros nueve esperan en lo que Juanjo, activista del 15M local, define como “un calvario de reuniones” desde que fueron desalojados el día 6 de abril. La Consejería de Vivienda, en manos de IU, afirma que hace lo necesario y alude al tapón municipal (del PP) porque en Andalucía las demandas de vivienda pública están en manos de los ayuntamientos. En su día, el Tribunal de Estrasburgo dió por buenos unos realojos –pues su criterio prohíbe desalojos sin alternativas– que, de cumplirse lo prometido por la Junta, no llegarán hasta la finalización de unas obras en septiembre.


* Diagonal - Diego Sanz Paratcha - 22.4.14
Foto: Sevilla, cartel Corrala Utopía - diariooctubre



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