El Consejo de Europa alerta sobre la corrupción en España y la politización de la Justicia

A propósito de casos vergonzosos de urbanismo salvaje como el del Algarrobico, viene el Consejo de Europa, a estas alturas, a señalar la preocupación existente por la corrupción en este país. Un poco tarde parece este rasgarse las vestiduras en Europa cuando ya se llevan más de 10 años de escándalo tras escándalo. Eso sí, pone el dedo en la llaga al advertir la implicación delictiva de diputados y altos mandos judiciales (CGPJ) en que se haya llegado a esta lamentable situación. Pero tampoco el Consejo Europeo sanciona ni exige nada urgentemente a España, simplemente lo denuncia y 'solicita' cambios. Poco riesgo tiene esa recomendación de cambio. Demasiado poco exigente.
"REPÚBLICA* : Un informe emitido este miércoles por el Consejo de Europa alerta de la preocupación que existe en este organismo por la "proliferación de escándalos de corrupción" que "debilitan la credibilidad de las instituciones españolas". El informe ha sido elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y, al hilo de los casos de corrupción, se detiene especialmente en el ámbito judicial, donde asegura que sus expertos han recibido quejas del "riesgo de politización" que existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por "el modo de elección que permite a los partidos políticos repartir los puestos del CGPJ entre sus candidatos".

Ante esta situación, recomienda que se analice el marco legislativo que rige el CGPJ y "sus repercusiones sobre la independencia efectiva y percibida de este órgano". El informe también pide incluir "criterios objetivos" y "reglas de evaluación" para nominar a altos funcionarios judiciales.
En este sentido, pide que la elección de los jueces de los tribunales Constitucional y Supremo y los presidentes de tribunales provinciales y superiores de justicia sean nominados “sin dudas sobre su independencia, imparcialidad y transparencia del proceso”.

En cuanto a la figura del fiscal general del Estado, el informe solicita revisar el método de selección, ya que, a pesar de todas las garantías, la “percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante”. Así, pide que se realicen esfuerzos para que la Fiscalía “sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa”. Asegura que, salvo casos aislados, “no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales”.

El informe destaca la aprobación de la nueva ley de transparencia que entró en vigor hace un mes, la labor que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción y el papel que ha desempeñado el poder judicial español en el perfeccionamiento de las reglas deontológicas judiciales latinoamericanas. También se da cuenta del “papel clave” que desempeñan jueces y abogados individuales en la lucha contra la corrupción y les pide que “se mantengan alerta ante el riesgo de perder su imparcialidad e integridad”.

Pero, sobre todo, los expertos del Greco lamentan que España estuviera en 2008 entre los 20 países menos corruptos del mundo y el año pasado se situara en el puesto número 30. Sin citar los escándalos, el informe constata que España “ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios”. Recuerda además que la crisis económica “ha acrecentado la amplitud de la desilusión y de la desconfianza de los ciudadanos”, lo que ha hecho que “la cuota de confianza en la clase política y los partidos sea bajísima”.

Entre las recomendaciones que hace el texto, destaca la adopción de un código de conducta parlamentaria, que guíe a los políticos en la prevención de conflictos de intereses, regalos e intereses financieros, y la introducción de reglas sobre la relación con los grupos de presión.

El informe es el cuarto que realiza el Greco sobre España y tiene como objetivo analizar el cumplimiento de los estándares del Consejo de Europa en la lucha contra la corrupción. En concreto, se evalúa la “Prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales”.

Para la elaboración del informe, el Greco (organismo del Consejo de Europa al que pertenecen sus 47 estados miembros más EEUU y Bielorrusia) envió un cuestionario a las autoridades españolas y un grupo de expertos realizó una visita a España entre el 10 y el 14 de junio de 2013. La delegación estaba compuesta por Yves Marie Doublet, director adjunto de la Asamblea Nacional francesa; James Hamilton, ex fiscal general de Irlanda; Hans Nelen, catedrático de Criminología en la Universidad de Maastricht (Holanda); y Djuro Sessa, juez del Tribunal Supremo croata. Durante su visita, mantuvieron encuentros con jueces, fiscales, parlamentarios del Congreso y el Senado, representantes del Ministerio de Justicia, ONG, académicos y periodistas.

Las autoridades españolas deberán presentar un informe antes del 30 de junio de 2015 con las medidas adoptadas relativas a las recomendaciones realizadas.


* La República - EFE - 15.1.14
Foto: Bruselas, inetrior Consejo de Europa - EFE



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Estado y Junta consideran 'cosa juzgada' que la licencia del Algarrobico vulnera la ley

Ya no se sabe si reír o llorar por el caso del famoso hotel ilegal de El Algarrobico. Han pasado 10 años (diez) desde que el ayuntamiento de Carboneras (Almería) concediera la licencia para su construcción y, gracias a la acción ciudadana, se consiguió su paralización, cuando ya se levantaba como un buque varado en medio de una playa vacía y protegida. Una historia rocambolesca ha permitido que todavía no se haya derribado por la acción de la débil justicia y de una Junta de Andalucía que también lo consintió inicialmente. Ahora veremos cómo y cuándo se termina de resolver este caso emblemático de la corrupción urbanística que ha asolado este país en los últimos 15 años. Una vergüenza que demuestra el poco valor que en España se ha dado a todo lo concerniente al urbanismo salvaje y al medio ambiente. En esto también somos diferentes al resto de Europa.
"EUROPAPRESS* : Abogacía del Estado y Junta de Andalucía piden que se confirme "íntegramente" la sentencia que ordena revisar la licencia para el hotel de El Algarrobico. En la vista oral que se celebra en audiencia pública ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ambas partes han remarcado que el permiso municipal aprobado en 2003 es "contraria" a las normativas sectoriales en materia de Costas y medioambiental.

Así, el letrado de la Abogacía del Estado ha indicado que la sala "no tiene más remedio" que declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo por el que se aprobó la licencia ya que concurren los requisitos para considerar que la mercantil adquirió derechos contra el ordenamiento jurídico.

Al igual que el letrado de la Junta, ha hecho hincapié en que la vulneración de la Ley de Costas "es cosa juzgada" al existir tres sentencias en firme del Tribunal Supremo (TS) que sostienen que la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre en la franja costera en la que se levanta el establecimiento de 20 plantas y 411 habitaciones es de 100 metros y, por tanto, la construcción la invade de forma parcial.

Han remarcado, asimismo, que estas resoluciones "tienen potencia para influir en el sentido de fallo" que vaya a dictar la sala y avalan "totalmente el razonamiento del juez" de Almería que dictó la resolución de septiembre de 2008 por la que se apuntó la nulidad de la licencia.

En el mismo sentido se ha pronunciado el letrado de la Junta, quien ha subrayado que se está "ventilando" si el citado permiso de obras "incumple" en materia de Costas y ambiental, y en este último caso, ha recordado que se trata de un "debate estéril" ya que, por sentencia de junio de 2012, está publicada en BOJA la calificación del suelo sobre el que se asienta el hotel como "espacio protegido no urbanizable".

Si bien ninguna de las dos administraciones, ni estatal ni autonómica, han hecho alusión a la demolición de lo edificado en el paraje enclavado en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, sí la ha interesado subsidiariamente el abogado de las asociaciones conservacionistas Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, José Ignacio Domínguez, quien ha recordado que en los recursos que dieron lugar a la sentencia ahora en litigio se solicitaba que se condenase al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia concedida en enero de 2003, se paralizasen las obras --como así ocurrió en 2006-- y se iniciase el expediente para "la demolición de lo construido y la restablecimiento de la legalidad urbanística por ser las obras ilegales e ilegalizables".

Domínguez, quien ha sido el último en exponer las alegaciones ante el tribunal, ha advertido de que el alcalde carbonero, Salvador Hernández (Gicar), ya ha trasladado su intención "públicamente" de "hacerlo aunque declarando la validez de la licencia" por lo que de que ha reclamado al tribunal que vaya "más lejos" y no acote el fallo a obligar a la revisión de oficio del acuerdo de comisión de gobierno por el que se autorizaba la edificación del hotel de Azata del Sol, .

En la audiencia pública, que ha contado con la asistencia de simpatizantes de Greenpeace que vestían camisetas con el logo del colectivo conservacionista y que ha quedado vista para sentencia después de poco menos de dos horas y media, el Ayuntamiento y la mercantil Azata también han coincidido, en este caso, para cuestionar la competencia del magistrado que dictó la sentencia en discusión, Jesús Rivera, para pronunciarse sobre la normativa urbanística que "amparó" la concesión de la licencia, que correspondería al TSJA según han dicho, y defender su actuación como "irreprochable".

"20 AÑOS DE CONFORMIDAD DE JUNTA"

También han coincidido en arremeter contra la Junta, que, según ha destacado el letrado del Consistorio, "ha estado más de 20 años prestando conformidad a las normas de planeamiento urbanístico relativas al hotel sin ningún tipo de impugnación ni deslegitimización de las Normas Subsidiarias o del Plan Parcial del Sector ST-1" del paraje del Algarrobico sobre el que se levanta el hotel".

En esta línea, ha expuesto que no procedería obligar a revisar el permiso de obras concedido a Azata ya que ni esta ni ninguna de las herramientas urbanísticas que precedieron a su aprobación "fueron impugnadas en tiempo y forma" y, por tanto, serían "firmes". Ha remarcado el abogado municipal que "cumplía los requisitos reglados" por ley y "no había motivo alguno para no concederla" al tiempo que ha argüido que si el tribunal ordena su revisión sería "contraria a los principios de equidad y buena fe en función del principio de seguridad jurídica".

"No se puede estar cambiando a una cosa u otra porque las Normas Subsidiarias en las que se basó están aprobadas por la Junta", ha apuntillado. Ha indicado que "no se puede achacar" al Ayuntamiento que incumpliese la normativa medioambiental ya que el Algarrobico era "área urbanizable" en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994 como "así lo reconoció y ratificó la Junta" al aprobar las citadas normas, lo que no obstante entra en contradicción con lo dicho en firme en junio de 2012 por el Alto Tribunal andaluz, que considera que era "espacio protegido no urbanizable".

Por su parte, el abogado de Azata ha realizado un extenso alegato para justificar la "legalidad de la licencia", en el que ha reiterado, pese a la jurisprudencia en torno al caso, que "es absolutamente incierto" que el Plan Parcial del sector ST-1 "tuviese que estar sometido a la Ley de Costas" en lo que califica de "error incompresible" del magistrado Rivera. Ha remarcado además que cuando la sociedad adquirió los terrenos en 1999 a otras dos mercantiles, los vendedores, entre ellos "la Junta", dijeron que el suelo "no estaba sujeto a ninguna limitación que resultara del parque natural".

"Con esa información en la compra había la firme creencia de que la ampliación del espacio protegido no afectaba al sector ST-1 y además en la documentación informativa de la Junta se establecía que ese suelo correspondía a zona D2 o áreas urbanizables".

AZATA, "VÍCTIMA DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS"

En este punto, y tras entrar en consideraciones acerca una "supuesta extralimitación" del juez de Almería y acerca de la demora o incumplimiento presunto de plazos por parte del ministerio para ejecutar el deslinde en la franja litoral de El Algarrobico y de los recurrentes para impugnar la licencia, el letrado de la promotora ha lamentado que la "víctima" de "todas estas irregularidades" haya sido "una sociedad inversora que no ha ido a Almería a buscar problemas y que está sufriendo las gravísimas consecuencias de tanta irracionalidad".

"Se ha acusado como un defecto el no haberse revisado el plan parcial de acuerdo a la disposición adicional tercera de la Ley de Costas --ya derogada-- cuando lo cierto es que esa revisión directa la deberían haber hecho Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Nadie actuó y se dejó a Azata en una situación de extrema debilidad", ha apuntillado.

Por último, tanto el abogado de Azata, que ha sostenido que "los vicios" de la sentencia obligan a su revocación, como el del Ayuntamiento, han cuestionado al magistrado Jesús Rivera por señalar en septiembre de 2008 que la "licencia es nula" cuando "era materia ajena" a su competencia y han rechazado "radicalmente" lo que estiman como "descalificaciones" ya que reprochó a Junta y Ayuntamiento "una burda maniobra para orillar" la declaración de suelo protegido no urbanizable del suelo.

Cronología del Algarrobico (El País)

3 de marzo de 2003. Carboneras (Almería) concede la licencia de obra.
30 de abril de 2005. Ecologistas solicitan al fiscal que investigue.
17 de noviembre de 2005. El BOE publica que la zona de deslinde de costa que afecta al hotel es de 100 metros.
2 de diciembre de 2005. Costas inicia la expropiación del hotel.
22 de febrero de 2006. Un juez paraliza de forma cautelar la obra del complejo hotelero porque podría vulnerar la ley de Costas.
30 de marzo de 2006. Obras Públicas impugna ante el juzgado la licencia municipal para construir el hotel.
10 de mayo de 2006. La Junta anuncia que ejercerá su derecho de retracto y comprará las parcelas.
5 de septiembre de 2008. Un juzgado la licencia de obras.
4 de noviembre de 2010. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestima el recurso de súplica del Ayuntamiento de Carboneras contra la decisión de prohibir cualquier actuación urbanística en el sector
27 de marzo de 2012 El Tribunal Supremo dictamina que el hotel vulnera la Ley de Costas al invadir parcialmente la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.
5 de julio de 2012. El Gobierno central y la Junta recuperan el consenso para demoler el hotel.
8 de enero de 2014. El TSJA rechaza los recursos de la constructora del hotel y confirma que la propiedad del suelo en el que se asienta es de la Junta.


* Europa Press - 14.1.14
Foto: El Algarrobico, hotel ilegal - turismo



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