FACUA rechaza que el Gobierno acepte pagar a la banca 2.300 millones como rescate a autopistas de peaje

El despilfarro de las autopistas en este país ha traído consigo la quiebra de muchas de ellas, al ser proyectadas sin pies ni cabeza, con unos parámetros alejados de la realidad y con concesiones empresariales poco transparentes. El resultado lo tenemos a la vista, esas autopistas de peaje no han cumplido con las falsas expectativas creadas y, como todo negocio deficiente, han quebrado en su explotación comercial. Hasta ahí todo previsible, lo que ya no resulta tan obvio es que papá Estado deba acudir en su ayuda, rescatándolas por las pérdidas acumuladas, es más se podría decir que es una operación fraudulenta, cuando no delictiva, del Gobierno del país y de su partidista ministra de Fomento, A.Pastor. Lógicamente, Consumidores en Acción ha denunciado este grave caso, que supone un aporte público de 2.300 millones para paliar la deuda de unas empresas privadas amigas y que nunca debería estar por encima del interés de todos los ciudadanos del país que, ahora, resultan ser los sufridos pagadores de esta nueva debacle en infraestructuras.
"FACUA-Consumidores en Acción* rechaza el acuerdo entre el Gobierno, los seis principales bancos y las constructoras acreedoras de la decena de autopistas en quiebra para su nacionalización. El pacto, que implica que los ciudadanos tengan que asumir, al menos, 2.300 millones de euros de deuda, se hará efectivo previsiblemente en septiembre, cuando se vuelva a crear la Empresa Nacional de Autopistas (que ya funcionó en similares condiciones entre 1984 y 2003), empresa 100% pública cuyo objetivo será, otra vez, sanear las cuentas de estas carreteras para volver a privatizarlas cuando sean rentables. La asociación denuncia que el Gobierno vuelva a priorizar la salvaguarda de los intereses económicos privados de grandes empresas frente a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, atrapados en situaciones de desempleo o trabajos precarios y con créditos hipotecarios abusivos o ante la imposibilidad de pagar servicios básicos como la luz.

De nuevo, se trata de nacionalizar las pérdidas de empresas que han tomado malas decisiones de gestión, mientras se privatizan las ganancias cuando tengan nuevamente cuentas saneadas.

El Gobierno ha aceptado emitir un bono a 30 años por la deuda de las concesionarias de las diez autopistas en quiebra que asciende a 4.600 millones de euros, tras una quita del 50%, esto es, por 2.300 millones. Los títulos rendirán a un interés fijo del 2% más una variable en función del tráfico.

FACUA muestra su total rechazo a que el Ejecutivo asuma las pérdidas de estas carreteras en quiebra porque los seis bancos más importantes (Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular) y las principales constructoras las hicieron sobreestimando su tráfico, que ha caído en más del 50% en los últimos años, así como por sobrecostes derivados de las expropiaciones de los terrenos que atraviesan las vías y debido a obras inesperadas.

La asociación recuerda que es la segunda vez que el Estado acude al rescate de las autopistas de peaje. La Empresa Nacional de Autopistas que se creará en septiembre será la segunda de este tipo. En 1984 se hizo una privatización similar para salvar prácticamente a los mismos concesionarios que ahora piden ayuda: bancos y constructoras. Una vez que se sanearon las cuentas y se actualizaron las infraestructuras, en 2003, cuando las autopistas volvían a dar beneficios, se ofrecieron en concesión.

FACUA pide que no se repita la operación de nacionalización, saneamiento y privatización. Asimismo la asociación denuncia que desde la patronal de las constructoras se hable de traspasar tráfico de las carreteras libres a las de peaje cobrando por el uso de la mayor parte de las vías para que vuelvan a la rentabilidad rápidamente. FACUA demanda que no se vuelva a cargar la nefasta gestión y decisiones empresariales sobre los hombros de los ciudadanos.


* FACUA - 6.8.14
Foto: Autopista vacía Cartagena-Vera - mineralespania

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