México.- Los inversionistas chinos suspenden el proyecto junto a Cabo Pulmo

El polémico megaproyecto situado en el extremo de la península de California Baja termina así finalmente arrinconado, cuando numerosas voces autorizadas clamaban contra la construcción de esta urbanización de lujo de más de 20.000 habitaciones hoteleras, varios campos de golf y toda la parafernalia complementaria para esta nueva ciudad enclavada en un lugar privilegiado pero altamente delicado para el medioambiente. México es un país que está en pleno desarrollo y operaciones urbanísticas irregulares como ésta deberían estar más reguladas, visto el fracaso del turismo de masas abusivo en otras zonas del planeta. También hay importantes empresas promotoras españolas allí, y de otros países, tratando de especular como buitres cuando aquí en España ya se ha colgado el cartel del 'todo saturado'.
"ELPAÍS* : Los inversionistas de la compañía La Rivera Desarrollos BCS —una asociación de la empresa china Beijing Sansong y la estadounidense Glorious Earth Group- han anunciado este viernes que suspenderán el polémico proyecto del megacomplejo turístico Cabo Dorado, ubicado a unos metros del Parque Nacional Cabo Pulmo, en el extremo sur de la Península de Baja California.

En un comunicado publicado en los principales periódicos de circulación en México, el conglomerado informa al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de que retirará el proyecto de manos de la Secretaría del Medio Ambiente “en vista de las importantes preocupaciones que se han generado en relación a los riesgos que pudiera implicar para el medio ambiente y la preservación del Parque Nacional Cabo Pulmo”.

Hasta ahora, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha sido notificada oficialmente de la cancelación del proyecto a pesar de que ya posee un veredicto sobre el proyecto que aún no se ha hecho público, ha comentado a EL PAÍS, Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat. “Todos los proyectos que generen empleo e inversión son bienvenidos siempre y cuando respeten a las normas ambientales. Nosotros estamos promoviendo y facilitando el proyecto siempre y cuando respeten a las normas ambientales”, ha expresado Guerra Abud, informa Paula Chouza.

El proyecto Cabo Dorado, colindante con el Parque Nacional Cabo Pulmo, fue planteado como un complejo turístico con 22.500 habitaciones de hotel, dos campos de golf, una planta de tratamiento de aguas residuales, un campus universitario y un centro deportivo de alto rendimiento. La propuesta estimaba una inversión de 3.600 millones de dólares y la creación de 18.000 empleos.

Sin embargo, diversos grupos ambientalistas denunciaron en los últimos meses que la construcción del proyecto traería importantes daños tanto al Parque Nacional y su arrecife de coral de 7.000 hectáreas, así como a la vida de los habitantes de la región. Los investigadores señalaron que al menos unas 78 especies protegidas corrían el riesgo de desaparecer si el complejo llevaba la expulsión de desechos al mar o a los mantos acuíferos. También explicaron que la atracción de turistas a la zona llevaría al crecimiento de un núcleo de población de 440.000 personas para las que el abastecimiento de agua no sería suficiente.

Aunque los inversionistas planean retirar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de las manos de la Semarnat --que tenía previsto anunciar su decisión de autorizar o no la construcción del complejo la próxima semana-- no han cerrado completamente la puerta para plantear otro proyecto turístico en el terreno de 3.770 hectáreas. “Esta decisión se ha tomado con el fin de poder, en un futuro próximo, reiniciar este procedimiento con un nuevo proyecto que tome en cuenta las críticas fundadas que se han manifestado”, dice el conglomerado en el comunicado.

El grupo inversor chino-estadounidense retomó el año pasado el proyecto que en 2008 propuso la empresa Hansa Baja Investments -antigua propietaria de los terrenos- para construir un complejo turístico denominado Cabo Cortés y que finalmente fue suspendido en 2012 por el expresidente Felipe Calderón, tras las presiones de los grupos ambientalistas que tenían las mismas preocupaciones. En marzo de este año los representantes legales de los inversores chinos entregaron a Peña Nieto y seis ministros de Estado cartas para pedir su apoyo y visto bueno para la construcción del complejo turístico.


* El País - SONIA CORONA México 30 MAY 2014
Foto: Los terrenos en los que se planeaba construir. / A. CRESPO (GREENPEACE)

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Apartamentos de lujo en el Castillo de Maqueda (Toledo)

Algo vergonzoso lo que denota esta noticia, aunque no es la primera vez que sucede, lamentablemente, en este país de tan amplio Patrimonio monumental. Lo llamativo aquí es que la propiedad de castillo de Maqueda sea pública, es decir de todos, y que se pretenda comerciar con un Bien de interés histórico artístico debería estar gravemente perseguido por la justicia. Durante largos años sirvió irresponsablemente para viviendas de la Guardia Civil y, ahora, se pretende vender sin más al mejor postor. Como veremos a continuación no es el único ejemplo del país en que esto sucede y viene a demostrar la ignorancia cultural de las autoridades públicas que no son capaces de defender lo que realmente nos distingue monumentalmente de otros pueblos. Otra vergüenza especulativa más que añadir a la casta que nos malgobierna.
"ELPAÍS* : Al abrigo de un foso y de unos muros de 3,5 metros de espesor, en la cima de una colina y en el interior de un Monumento Histórico Artístico toledano, hay un edificio de tres plantas que puede ser suyo. Y en el que, teóricamente, podrían hacerse apartamentos de lujo en lo que hoy es uno de los inmuebles en desuso que subasta el Ministerio del Interior. El castillo de Maqueda data del 981 y albergó a la mismísima Isabel II. En su interior hubo una antigua casa cuartel que se reconvirtió en Museo de la Guardia Civil, tras una inversión de cinco millones de euros en 2010. El edificio tiene más de 2.600 metros cuadrados aprovechables y 30 plazas de aparcamiento.

El valor en subasta pública al alza saldrá por 9.588.290 euros; es decir. 3.655 euros el metro cuadrado, según consta en la web addmeet.com que concreta los usos lucrativos a que puede destinarse e incluye, aparte de los de hotelero, comercial, cultural o de ocio, el residencial.

La venta viene siendo anunciada desde hace tiempo por el organismo encargado de la gestión y venta del Ministerio, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) y consta en la relación de activos del Programa para la puesta en valor de activos inmobiliarios publicado en julio de 2013 y está pendiente de que se fije fecha de subasta. Otros ya la tienen.

El de Maqueda no es el único que llama la atención o está protegido por su interés histórico o arquitectónico. También resulta atractivo el palacete con antiguas instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía en Santander, en la calle José Ramón López Dóriga, 6. Son 640 metros cuadrados construidos en buen estado que sale por 954.150 euros. Eso sí, tiene un nivel 1 de Protección Integral, un verdadero calvario para los promotores.

La web admeet.com ha seleccionado 25 inmuebles desde la óptica de los posibles inversores o promotores inmobiliarios. Algunas de las antiguas casas cuarteles y comisarías están muy bien situadas y ya se sabe que en el inmobiliario el valor lo marca "la localización, la localización y la localización".

Destaca la comisaria del paseo Juan de Borbón, 32 en la Barceloneta que tiene dos alturas y unos 684 metros cuadrados construidos y que sale por 389.295 euros. Puede destinarse a usos de equipamiento, como podría ser una clínica, dado su buen emplazamiento en Barcelona.

Para cuando se recupere el mercado inmobiliario, un solar de Guadix (Granada), antigua casa cuartel de dos plantas, será una buena opción ya que permite el uso residencial y hasta cinco plantas y tiene unos 4.300 metros cuadrados construidos. Sale, por el procedimiento de subasta al alza a celebrar el 2 de julio próximo, con un valor de 1.512.837 euros; lo que supone una fianza provisional de 75.642 euros, el 5%. Hasta las 14 horas del 16 de junio hay tiempo para presentar las proposiciones económicas que no pueden ser inferiores al 80% del precio de salida.

Comparte fecha de subasta la casa cuartel situada en el casco de A Graña, El Ferrol (A Coruña), autorizada para uso residencial y que deberá ser consolidada y rehabilitada. Está sobre una parcela de 890 metros cuadrados sobre la que se levanta un edificio de dos plantas con 10 viviendas y garaje. El precio de partida es de 284.530 euros.

La antigua comisaría en el barrio de La Macarena, en las inmediaciones del casco antiguo de Sevilla también será subastada el día dos de julio. Con un solar de 172 metros cuadrados y 550 de edificabilidad para vivienda libre, sale en una subasta al alza por 186.363 euros el metro cuadrado: 339 euros y 1.084 euros el metro cuadrado.

Una antigua casa cuartel en Villalba de la Sierra (Cuenca), a 20 kilómetros de la capital y junto al río Júcar tiene un emplazamiento con interés turístico. Son 600 metros cuadrados construidos a demoler que darían paso a 3.018 metros cuadrados residenciales. Sale por 132.024 euros. El dos de julio a las 10 horas se sabrá si tiene o no pretendiente.

También en la provincia de Cuenca, en el centro de Las Pedroñeras, se vende por 72.394 euros otra antigua casa cuartel sobre un solar de 698 metros cuadrados en los que edificar 1.528 metros. Quien gane la subasta al alza podrá destinarlo a viviendas u otros usos lucrativos, terciario o equipamiento. Lo mismo puede decirse del solar, una vez demolido el edificio actual edificado en 1950, a las afueras de Sigüenza (Guadalajara) que tiene 2.477 metros cuadrados, 47 metros de fachada y dos plantas que salen por 582.319 euros; es decir, 235 euros el metro cuadrado.

Especial interés tienen dos edificios independientes de la típica arquitectura de zona de montaña con estructura de madera vista que podrían destinarse a turismo rural y albergaban instalaciones de la Guardia Civil en la finca Quinto Real del collado de Urquiaga, en Baztán (Navarra). Sobre un solar de unos 2.330 metros, se levantan 2.805 metros cuadrados construidos. Están sobre un suelo forestal no urbanizable. El valor de tasación es de 305.749 euros , pero pueden presentarse ofertas directas, ya que es uno de los que proceden de subastas que se quedaron desiertas con anterioridad.

La palabra la tiene el mercado.

SOLARES BIEN SITUADOS

En la selección de inmuebles que recoge la web de addmeet.com, a los inmuebles a subastar el dos de julio y los de subastas próximas sin concretar fecha aún, se suman los de venta directa por haberse quedado desiertas pujas anteriores, algunas de hace más de siete años. Ahora se liquidarán con un descuento del 20% y se admiten ofertas directas. En la web del ministerio también puede verse este apartado "inmuebles en venta" donde, por ejemplo, hay cuatro pisos, dos bajos y dos primeros, en una zona residencial de Palma de Mallorca, uno de ellos por menos de 99.000 euros.
En general, lo que se vende no son las edificaciones, sino los solares por lo que, además de consultar la web de Interior y la selección de addmeet.com, tienen visita previa obligada al servicio de Urbanismo correspondiente.
Por ejemplo, el solar de la Colonia San Jordi, en Ses Salines (islas Baleares) con 392 metros cuadrados de superficie y 745 metros cuadrados de edificabilidad. Apto para uso residencial de baja densidad, además de comercial y equipamiento. Son 265.924 euros; otro contiguo de 380 metros de superficie y 790 metros de edificabilidad, sale por 282.080 euros.
En pleno casco urbano de San Fernando (Cádiz), hay un solar urbano no consolidado con 468 metros cuadrados y 1.049 de edificabilidad para uso residencial. El valor de tasación es de 291.450 euros (278 euros el metro cuadrado de suelo bruto y 623 euros de repercusión) y es un suelo pendiente de gestión urbanística. No se puede ofertar por debajo del 80%.
También está pendiente de desarrollo urbanístico el del casco antiguo de Cáceres, el solar de la calle General Margallo, 80, admite también uso residencial y, en este caso, para VPO también. Son 738.516 euros para 3670 metros cuadrados de edificabilidad.


* El País - 26.5.14
Foto: Castillo de la Vela o castillo de Maqueda (Toledo) / ULY MARTÍN

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Ecologistas en Acción tumba una urbanización en un espacio protegido de Salamanca

Otro caso más de especulación urbanística en la 'popular' Castilla y León, igual que en toda la sierra del Sistema Central. Tanto en Ávila, Segovia o ahora Salamanca, aprovechando la cercanía de Madrid se proyectan urbanizaciones ilegales en plena Naturaleza, en espacios protegidos por la Ley, contando para ello con la complicidad de las autoridades políticas que no solo no frenan estas actuaciones delictivas, sino que las alientan en su propio beneficio. La empresa 'Bosques Civilizados', de la exdiputada del PP, MP.Sánchez Fernández, proyectó una urbanización, junto con el arquitecto L.Fernández-Ordóñez, en una dehesa de alto valor ecológico, en Las Veguillas, Salamanca. Ecologistas en Acción denunció las pretensiones de la empresa y los tribunales han paralizado las viviendas de lujo que se iban a levantar en plena naturaleza.
"MARÍA JOSÉ ESTESO POVES* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha paralizado el Plan para urbanizar la Dehesa de la Mora, de alto valor ecológico, en el municipio de Las Veguillas (280 habitantes), a 33 kilómetros de Salamanca. Ecologistas en Acción denunció la declaración de impacto ambiental favorable que se otorgó a la promotora tras diversos informes negativos de los técnicos.

La empresa que se denomina Bosques Civilizados SL ofrecía, y ofrece aún, viviendas de lujo en plena naturaleza: “En un espacio protegido”, argumentan en su web, aunque la ley prohíbe construir en terrenos rústicos y en espacios protegidos. Ade­más, para tratar de ‘colar’ la urbanización de lujo, Bosques Civilizados SL llamó al proyecto ‘Plan Especial de Protección de Zona Rústica Dehesa de La Mora’.

Con el ardid de una urbanización que “protege” el campo, Bosques Civilizados SL consiguió finalmente la aprobación el 17 de julio de 2012 de esta urbanización de lujo de 103 hectáreas y de 4.000 m2 más edificables para usos agropecuarios. Cada residencia contaría con una parcela de seis hectáreas, la apertura de accesos en una zona de grandes pendientes y la instalación de redes de agua y otros servicios urbanísticos.

Viviendas de lujo en plena naturaleza

A la cabeza de dicha promotora se encuentra María Pía Sánchez Fernández, una exdiputada del PP entre 2004 y 2008, directora financiera de Bosques Civilizados, y Demetrio Cáceres, responsable de Bosques Civilizados. Ambos gestionan también una empresa relacionada con la gestión de dehesas y biomasa forestal. El arquitecto del proyecto ha sido Lorenzo Fernández-Órdoñez Hernández, sobrino del exgobernador del Banco de España y del exministro Francisco Fernández Ordóñez.

El proyecto que pretendían llevar a cabo en Las Veguillas se inspira en uno similar que sí se ha ejecutado en Extremadura, a 20 km de Mérida, entre las sierras de Juan Bueno y de Peñas Blancas, declarada por la UE Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), entre los municipios de Oliva de Mérida y La Zarza de Alange.

Inicialmente, sobre la Dehesa de la Mora, en Las Ve­gui­llas, la comisión de urbanismo de Salamanca, dependiente de la Junta de Castilla y León, dio una licencia para un chalé. Bosques Civilizados pidió entonces permisos para otros 16 chalés y llevó a cabo, en 2007, una parcelación urbanística del monte. Entonces, Urbanismo denegó la autorización y aconsejó a los promotores de Bosques Civili­zados que presentaran un plan de urbanización para dar servicio a las viviendas.

Buenas relaciones

Uno de los abogados de Ecolo­gistas en Acción ha declarado a este medio que “resulta insólito que sea la propia comisión de Urbanismo, que tiene como misión principal la protección del suelo rústico, quien diseñe estrategias para que esta empresa pueda sortear la prohibición legal de construir viviendas en suelo rústico de alto valor ambiental”.

De hecho, en la web de Bosques Civilizados hay un apartado de agradecimientos dedicado “al Ayun­tamiento de Las Veguillas y, en especial, a su alcalde de estos últimos años, don José María Chaparro, y a la secretaria municipal, Amparo, por su diligencia y buena disposición, [...] y a los técnicos de Urbanismo y Medio Ambien­te de la Junta de Castilla y León, que han sabido comprender la bondad de un proyecto complicado y diferente”.

Sin embargo, durante dos años, los ingenieros de montes y los funcionarios de la Consejería de Me­dio Ambiente de la Junta echaron atrás el proyecto. Finalmente, la declaración de impacto ambiental emitida por el delegado territorial fue favorable a la construcción de las 12 viviendas de lujo a pesar de que el informe final del inge­niero responsable del monte consideró que el impacto ambiental “es incompatible con el mantenimiento y mejora del terreno rústico y forestal que configura el monte Dehesa de Mora”.

Ecologistas en Acción impugnó en 2013 el plan urbanístico para las 12 viviendas que proponía Bosques Civilizados. En abril de 2014, el Tribunal Superior de Justicia ordenó la suspensión cautelar del plan para construir las viviendas. Sin embargo, Bosques Civiliza­dos sigue promocionando la venta de las viviendas en su web.


* DIAGONAL - MJ.Esteso Poves - 22.5.14
Foto: Dehesa de la Mora, situada en el municipio de Las Veguillas, Salamanca, donde se ha proyectado construir las mansiones de lujo en la zona más escarpada del monte. / ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN.

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El exconseller valenciano Rafael Blasco, condenado a 8 años de cárcel por desviar fondos de cooperación

Otro tema escabroso de una trama corrupta, esta vez en Valencia. Uno de los peces gordos de la Comunidad, que participó en todos los gobiernos del PP de Zaplana y Camps, desvió los necesarios fondos públicos de la Cooperación Internacional hacia fines privados como la compra de bienes inmuebles. El asunto es gravísimo por la falta de escrúpulos de una casta política delictiva y ajena a todo lo que no sea su bolsillo particular. A pesar de todo la sentencia es bastante suave y se debe una vez más a una justicia demasiado débil y complaciente con el poder político-financiero.
"ELDIARIO* : El exconseller del PP Rafael Blasco ha sido condenado a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación por desviar fondos que debían ir a ayuda al tercer mundo en el conocido como 'Caso Cooperación' o 'Caso Blasco'. Blasco no ha sido condenado a la máxima pena que pedía Fiscalía y que eran 14 años de prisión y 33 de inhabilitación.

Rafael Blasco, diputado no adscrito tras su expulsión del PP (no en relación a este caso de corrupción) fue también portavoz de los 'populares' en las Corts Valencianes y ocupó siete consellerias (entre ellas la de Cooperación), en todos los gobiernos del PP de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, hasta llegar Alberto Fabra, pero también lo fue hace más de 20 años en el gobierno del socialista Joan Lerma, partido del que fue expulsado por también por sus presuntas corruptelas.

Blasco ha sido condenado por el trato de favor a la Fundación Cyes y al empresario Augusto César Tauroni (el único de todos los imputados que ha estado en prisión durante todo el juicio), a quienes la Conselleria de Cooperación, durante la gestión de Blasco, dio 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, de los que llegaron únicamente 43.000 euros, mientras que el rsto se desviaron a comprar inmuebles en la ciudad de Valencia.

Cabe recordar que el TSJCV ha comunicado este miércoles a los imputados esta sentencia sobre la que es la primera pieza en la que se divide este caso, y que todavía quedan pendientes dos más en las que Rafael Blasco también está imputado.


* El Diario - Toni Cuquerella - 28.5.14
Foto: Valencia, Blanco y Fabra - lasprovincias

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Barcelona.- Un año de prisión para Millet y Montull y absolución para los exaltos cargos municipales

Lamentablemente ha ocurrido lo de siempre en los delitos urbanísticos, las penas son mínimas para los imputados y el daño realizado queda prácticamente impune. Esta sentencia de Barcelona es irrisoria y clama al cielo dada su benevolencia cómplice. Para Millet y Montull solo un año de cárcel, cuando la fiscalía pedía diez. Y toda la antigua cúpula del urbanismo municipal barcelonés ha quedado absuelta, algo totalmente inaudito y a todas luces injusto. Una compleja trama de corrupción urbanística que operó en la ciudad durante años, con fuertes ramificaciones políticas, sale así triunfante de este juicio 'irrelevante'. De nuevo la justicia queda por los suelos con su merecida fama de débil y cómplice, a pesar de que todavía quede otro juicio pendiente sobre el tema.
"ELPERIÓDICO* : Pena mínima para el expresidente del Palau de la Música Félix Millet y para el que era su mano derecha, Jordi Montull, por tráfico de influencias en la frustrada construcción de un hotel en las inmediaciones del auditorio barcelonés. El tribunal de la Sección Quinta les ha impuesto un año de prisión, bastante lejos de los 10 años que solicitó en el juicio la Fiscalía de Barcelona. Eso sí, se les ha puesto una multa importante: 3,6 millones de euros para el primero y 901.000 para el segundo.

Los magistrados han absuelto a la antigua cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-Bragado, exteniente de alcalde; Ramon Massager, exgerente del area, y el asesor jurídico Enric Lambies, que se enfrentaban también a penas de cárcel. El arquitecto Carles Díaz también ha sido exculpado.

La sentencia señala que Millet y Montull, "actuando de común acuerdo", aprovechándose del "prestigio y ascendencia moral y de las ventajas que les proporcionaba sus respectivos cargos", se pusieron en contactao "sin cesar" y por medio de varios medios (correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones) con las autoridades urbanísticas para presionarlas y tirar adelante el proyecto del hotel.

El cambio de titularidad de los terrenos

Los magistrados no dan relevancia al cambio de titularidad de los terrenos donde se iban a construir el hotel que supuestamente fue ocultado por el Palau de la Música y que no se recogió en los informes elaborados por los técnicos municipales. "Dicha falta de verdad resulta irrelevante para la modificación puntual del Plan General Metropolotinano", señala, desde el punto de vista de la legislación urbanística. Por esta razón, absuelve a los exresponsables de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. La sentencia añade que tampoco conocían el propósito lucrativo que perseguía Millet y Montull.

El tribunal ha decidido, además, remitir las actuaciones al juzgado de guardia para que se investigue el presunto falso testimonio del constructor Manuel Valderrama, que se iba a encargar de construir el hotel y que negó el pago de una comisión a Millet y Montull, cuando según los magistrados sí hizo ese desembolso de dinero.

Millet y Montull están pendientes de ser juzgados por el expolio millonario del Palau y el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial, a través suyo, a CDC.


* El Periódico - J. G. ALBALAT - 28.5. 14
Foto: Barcelona, Millet y Montull, imputados caso Palau - elpais.com



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Valencia.- La gravosa herencia de Barberá

Como bastantes veces hemos destacado en este blog, el urbanismo de la ciudad de Valencia se ha caracterizado por la grandilocuencia y los despilfarros delictivos en actuaciones siempre rozando la ilegalidad. A pesar de todo esto hay temas como la intervención de la trama mafiosa Gürtel, el caso Noos (Urdangarín) o el Plan del barrio del Cabanyal que están pendientes de sentencias judiciales que, lamentablemente, se dilatan en el tiempo. Otros como el circuito de Fórmula 1, el campo de fútbol de Mestalla, la Ciudad de las Artes (Calatrava), etc, han quedado como modelo de una pésima gestión municipal con numerosas implicaciones delictivas. Aún así hay tres asuntos todavía pendientes: la Marina, el Parque Central y el PAI del Grau que, sin duda, sumirán a las arcas del Ayuntamiento en la mayor de las deudas, algo que pagarán próximos gobiernos y, al final, todos los valencianos.
"ELPAÍS* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no renuncia a la hoja de ruta que trazó al comienzo del mandato en 2011. Ha desatascado tres proyectos urbanísticos emblemáticos —la Marina, el Parque Central y el PAI del Grau— en tiempos de crisis. Con recortes presupuestarios, deuda al alza y el Gobierno de Mariano Rajoy retirándose de algunos de ellos. A trancas y barrancas, Barberá quiere sacarlos adelante antes de las elecciones locales de 2015 aunque tenga que fragmentarlos o asumir riesgos financieros. Son su herencia. Y es gravosa.

Nadie apostaba hasta hace muy poco por la reactivación del plan urbanístico del Grau, el segundo más ambicioso de la capital tras el Parque Central, que resuelve la conexión del viejo cauce del Turia con la fachada litoral. Pero el pasado 30 de abril, Aumsa (sociedad de urbanismo municipal) llevó contra todo pronóstico al consejo de administración el pliego de condiciones para contratar “asistencia técnica, jurídica y financiera” para el Programa de Actuación Integrada (PAI) del Grau, un plan que desarrolla 400.000 metros cuadrados de suelo, característico por sus rascacielos (hasta 50 alturas) y su delta verde. El arquitecto José María Tomás se encargó de fusionar los dos proyectos ganadores del concurso internacional de ideas para la ordenación del frente litoral. El plan del Grau conjuga los planos del arquitecto francés Jean Nouvel y el del alemán Meinhard von Gerkan.

Es uno de los proyectos más caros de los previstos en la capital, primero por su tamaño y diseño ambicioso, y segundo porque tiene que sufragar la inversión que la Generalitat adelantó para la construcción del circuito de Fórmula Uno y el soterramiento de las vías de Serrería. Unos 114 millones de euros en total: 65 millones cuesta el proyecto de urbanización, otros 6 millones el desmantelamiento del ferrocarril y 35 millones la parte proporcional de un circuito donde ya no se celebra el gran premio. A esto se sumarían otros 8 millones en gastos de gestión.

El Ayuntamiento de Valencia ha dejado Aumsa, encargada de la gestión directa del PAI, en los huesos, con un presupuesto ínfimo. De ahí la necesidad de buscar un consultor que, además de soporte técnico, le proporcione financiación, dadas las limitaciones del Consistorio para aumentar su deuda.

La sociedad municipal busca un consultor que le adelante 30 millones de euros para iniciar lo antes posible la urbanización de uno de los planes varados por la crisis. Por la asistencia técnica, el consultor adjudicatario recibirá 8 millones de euros. El Consistorio devolverá este capital con los solares municipales que le corresponden por ley.

Los tres partidos de la oposición —PSPV, Compromís y EU— votaron junto al PP, a favor del concurso porque es un proyecto largamente esperado y con el que los vecinos de Natzaret esperan romper su aislamiento del resto del frente litoral. “A partir de ahí empiezan las dudas”, admite el concejal socialista Vicent Sarrià. Es un apoyo con muchas reservas. Los grupos han solicitado a la Concejalía de Urbanismo un informe que acredite que los servicios locales no pueden sacar adelante, como estaba previsto, la asistencia técnica. “Nos ahorraríamos ocho millones de euros”, plantea el edil.

Esta operación de préstamo les genera muchas dudas jurídicas, sobre todo por los riesgos económicos que entraña. “Parece evidente que el adelanto se va a pagar con suelo, pero ¿será a precio de coste?”, reflexiona Sarrià. Un dinero que perdería el Consistorio. Y otro elemento que les genera incertidumbre: el pliego autoriza al consultor a introducir cambios en el planeamiento. Y lo primero que surge es si se mantendrá la reserva de un 15% de suelo para viviendas de promoción pública. Este porcentaje, que inicialmente era del 30% para el PAI del Grau, se recortó a la mitad.

El Gobierno español ha introducido en la ley de rehabilitación la posibilidad de que las comunidades autónomas se acojan a una moratoria de cuatro años para no reservar suelo para vivienda de promoción pública, siempre que exista al menos un 15% de pisos de estas características sin vender.

El mercado inmobiliario no acaba, por otro lado, de despegar en la capital valenciana y, en ese contexto, añadir otros 400.000 metros de suelo, con un coste de urbanización de 334 euros por metro cuadrado de techo (el precio en el Parque Central es de 187 euros) no facilita las cosas. Serían 3.000 viviendas más en el mercado en una ciudad que tiene urbanizados un puñado de PAI y no se edifica una sola vivienda. En lo que oposición y gobierno local coinciden es que da igual lo que tarde en ejecutarse, el PAI del Grau está en una de las zonas con más valor de la capital.


* El País - Cristina Vázquez - 18.5.14
Foto: Una simulación de cómo quedaría una zona de El Grau de Valencia, según figura en la página web del arquitecto José María Tomás.

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Madrid.- El 'urbanista del PP' compra suelo junto al jefe de la patronal inmobiliaria usando un testaferro

El tristemente conocido arquitecto-urbanista madrileño L.Arnáiz, salpicado de lleno en la trama Gürtel y en el 'Tamayazo', imputado por estafa y otros delitos, sigue actuando impunemente en la Comunidad madrileña donde ya ha realizado numerosos planes urbanísticos en la zona de Boadilla y otros ayuntamientos 'populares' corruptos. Ahora es en Perales donde sigue comprando terrenos, que luego lógicamente serán recalificados, junto al jefe de la patronal inmobiliaria de Madrid y de España. Como se ve esta enorme trama mafiosa de allegados del PP tiene complejas ramificaciones y solo está esperando que una justicia independiente se dedique de una vez y urgentemente a atajar estos delitos de corrupción urbanística descarada en la Comunidad 'popular'.
20MINUTOS* : Arnaiz, imputado por fraude fiscal, blanqueo y estafa, e investigado en la trama Gürtel, es apodado en el sector como 'el urbanista del PP' y recurre a testaferros para adquirir terrenos en municipios donde ha desarrollado el urbanismo y, por tanto, no pueden tener suelo. El urbanista es socio de la empresa Guzvega junto a JM.Galindo, presidente de los promotores inmobiliarios madrileños, españoles y europeos.

La empresa se llama Guzvega Mercantil SL, constituida en marzo de 2005 en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Uno de sus consejeros es José Manuel Galindo Cueva, uno de los empresarios más importantes de este país en el sector inmobiliario. Es presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), y elegido recientemente nuevo presidente del gremio a nivel europeo (Unión de Promotores y Constructores de Viviendas de Europa). Galindo, junto a otros socios, tiene el 65% de Guzvega.

El otro 35% depende a su vez de otra empresa, llamada Perisfer, cuyo administrador es Alberto Cubillo Rubiato. Pero el verdadero dueño de Perisfer no es otro que Leopoldo Arnaiz Eguren, imputado ya en dos juzgados de Madrid por fraude fiscal, blanqueo de capitales y estafa; procesado en otro juzgado por negociación prohibida a funcionarios (es decir, el uso de información privilegiada), e investigado también en la trama Gürtel. Urbanista de larga trayectoria, ha sido bautizado en el sector como el ‘urbanista del PP’ porque ha trabajado en muchos municipios gobernados por los ‘populares’. El apodo no le gusta. De hecho, Arnaiz presentó a primeros de abril en la sede central del PP un escrito pidiendo a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que certifique su "desvinculación profesional y personal" con el partido.

Alberto Cubillo es simplemente un testaferro de Arnaiz, casado con una trabajadora del arquitecto. El nombre de Perisfer ya apareció en dos denuncias que un exsocia de Arnaiz puso en los juzgados de lo mercantil número 4 y 11 de Madrid, y en el de una querella por delito societario que puso esa misma exsocia en el juzgado número 39 de Madrid. Ahora, tanto Perisfer como Alberto Cubillo están siendo investigados en el juzgado número 35 de Madrid, donde Arnaiz está imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Once parcelas con miles de metros en Perales

Guzvega, cuyo objeto social es la “adquisición, parcelación, urbanización, venta, arrendamiento y explotación de terrenos y solares; y la construcción venta, alquiler, reparación, rehabilitación y mantenimiento de todo tipo de inmuebles” tiene once parcelas rústicas con miles de metros cuadrados en Perales de Tajuña, municipio del sureste de Madrid, según la información del Registro de la Propiedad ¿Quién diseñó el plan urbanístico de esta pequeña localidad de 3.000 habitantes gobernada por el PP?

Pues el arquitecto y urbanista Leopoldo Arnaiz, por eso su nombre no puede aparecer en la empresa Guzvega ni en la que la controla, Perisfer, porque sería incompatible por ley haber participado en el desarrollo del urbanismo de una localidad mientras se tiene suelo en la misma. En el currículo laboral que Arnaiz expone en su principal empresa, Arnaiz Consultores, el arquitecto refleja sus trabajos en Perales de Tajuña. Es decir, que el promotor Galindo es el que aparece en los papeles como socio solvente de Guzvega, mientras que Arnaiz está detrás sin que su nombre figure porque ha participado en la redacción urbanística.

Arnaiz es también el autor del Plan Territorial Madrid Este, en el que se ha basado el Ayuntamiento de Perales para desarrollar su plan urbanístico, que está en fase de tramitación a la espera de su aprobación definitiva. En uno de los desarrollos de Perales, El Espinillo, donde está previsto que se levante un polígono industrial, dos empresas suman la mayoría del terreno: la mencionada Guzvega y Tajuña Trading. Tajuña pertenece a Task Force, esta a Arbena Gestión, y esta a Bederline, cuyo administrador único fue Carlos Serrano Altimiras, otro testaferro de Arnaiz denunciado junto a él en el juzgado 8 de Madrid por estafa e incumplimiento de contrato. Una de las empresas intermedias hasta llegar a Belderline, Task Force, perteneció antes que la comprara Arnaiz a Jesús Calvo Soria, imputado en la trama Gürtel por ser testaferro de Francisco Correa. Las asociaciones ecologistas Grama y Jarama Vivo ya denunciaron lo irregular de esta situación: "que el arquitecto que está desarrollando el plan urbanístico del polígono de El Espinillo sea al mismo tiempo en dueño de la mayoría de estos terrenos". Un suelo muy jugoso industrialmente donde está previsto que se implante una importante plataforma logística para empresas. El Ayuntamiento de Perales no ha querido atender a este diario, a pesar de las constantes peticiones, para aclarar si sabe que el arquitecto que le ha redactado el plan urbanístico es a su vez dueño de. José Manuel Galindo, por su parte, tampoco ha atendido a 20minutos.

El mismo modus operandi en otros municipios

Otras denuncias han permitido conocer que el urbanista y arquitecto sigue el mismo modus operandi en otros municipios donde ha trabajado: tener suelo y propiedades con empresas opacas. En Soto del Real (también gobernado por el PP), Ecologistas en Acción ha denunciado que Arnaiz ha diseñado el plan urbanístico del pueblo que se acaba de aprobar a pesar de que una de sus empresas tapadera ha ido comprando 100.000 metros cuadrados de suelo mientras que Arnaiz redactaba el plan, lo que supone que él mismo decide la clasificación y el uso de sus propios terrenos.

En el Boalo-Cerceda y Matalpino, donde gobierna un cuatripartito formado por PSOE, IU y dos grupos independientes, el Ayuntamiento presentó en marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si existieron irregularidades en la gestión del anterior equipo de gobierno, del PP. Entre otras cosas, han detectado irregularidades en los contratos que se llevó Arnaiz Consultores, que también desarrolló el plan urbanístico de la localidad. Ahora se mira con lupa si las empresas ocultas de Arnaiz tienen suelo en el municipio.

En Boadilla del Monte, como ya publicó este diario, la promotora burgalesa Valle del Duero, cuyo 51% pertenece a Leopoldo Arnaiz, tiene suelo en el municipio valorado en 48 millones de euros, a pesar de que Arnaiz redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2002 y ha diseñado otros planes parciales del municipio. Arnaiz fue también el arquitecto contratado por el Consistorio para expropiar el Palacio del Infante Don Luis, un inmueble del siglo XVII declarado monumento nacional. Las cuatro parcelas públicas (13.440 metros cuadrados) que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (del PP) dio al conde de Bañares a cambio de expropiarle ese palacio acabaron siendo propiedad de Valle del Duero. Tantas irregularidades, descubiertas por este diario, provocaron que el Ayuntamiento de Boadilla, con el voto de todos los grupos municipales, aprobara a finales de marzo impedir que el arquitecto recibiera futuros encargos por parte del Consistorio.


* 20MINUTOS - DAVID FERNÁNDEZ - 23.5.14
Foto: Leopoldo Arnaiz (a la izquierda) y José Manuel Galindo, presidente de los promotores españoles y europeos.- 20minutos

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Cataratas, túneles tapiados... los despilfarros de la alta velocidad española

Vuelta a los despilfarros delictivos de la línea AVE en nuestro país. Se conoce que España es el segundo país del mundo, tras China, en kilómetros AVE y eso, además, cuando aquí no hay una necesidad específica de ello, bien por capacidad poblacional o económica. El absurdo infraestructural es de juzgado de guardia ya que, encima, estas nuevas líneas no permiten el transporte de mercancías, con lo que su uso queda limitado a una casta privilegiada, claramente minoritaria, en detrimento de una antigua red ferroviaria que, convenientemente puesta al día, hubiera ahorrado miles de millones y tendría una alta ocupación, como ocurre en todos los países de nuestro entorno. El interés descarado de una casta política y empresarial caciquil ha conducido al país a una crisis-estafa sin precedentes recientes.
"LAINFORMACIÓN* : Que el AVE es la obra más faraónica de nuestro país parece incuestionable a la vista de cualquiera. España es el primer país de Europa en trenes de alta velocidad y el segundo del mundo, por detrás de China, aunque la mitad de ellos viajen vacíos. Desde 1992, los sucesivos gobiernos de España llevan invertidos más de 43.000 millones de euros en una ambición-con fines más electoralistas que prácticos- que no ha estado exenta de disputas de poder y que se ha convertido en paradigma del despilfarro público en época de bonanza, cuando no había político que no pelease por la fotografía en una inauguración de la alta velocidad.

Pero la factura de los proyectos pendientes se tornó difícil de asumir en tiempos de crisis. El año pasado, el ministerio de Ana Pastor puso en revisión los proyectos en marcha, aunque se contemplan todavía miles de millones de euros presupuestados para acometer las múltiples obras pendientes.

El sobrecoste en las obras del AVE a Barcelona, destapado en la Operación Yogui, no es el único. Algunos proyectos acumulan años de incidencias y retrasos. Y de dinero enterrado a golpe de tuneladora.
Túnel entre Almería y Murcia
Hace dos meses, Adif tapiaba este túnel de 7’5 kilómetros que une ambas ciudades alegando razones de seguridad y para evitar actos de vandalismo mientras se avanza en otros trabajos en esa línea, una información que ha trascendido hace apenas unos días. Ese túnel, el más largo de Andalucía, y en cuya construcción se invirtieron casi 500 millones de euros se considera clave para la infraestructura de alta velocidad entre Almería y Murcia. A pesar de que el administrador insiste en que el cierre es temporal, la oposición afirma que es síntoma de que el proyecto pueda abandonarse definitivamente.

De momento, apenas se ha construido una cuarta parte de lo previsto para esta línea, 27’8 kilómetros de los 108’4 contemplados en el trazado, y que están distribuidos en cuatro tramos. Estas obras llevan acumulados unos sobrecostes del 13’8%, según reconoció el Gobierno a pregunta parlamentaria en el Senado el año pasado. De momento, en los cuatro tramos de obra contratada, que suman 434 millones de euros, se han tenido que invertir 60 millones de euros más que lo pretendido inicialmente.

Variante de Pajares

Esta variante, que forma parte de la línea de alta velocidad entre León y Asturias, es uno de los mayores, sino el mayor, desafío que se plantea para la ingeniería española. Adjudicada hace una década, en época de Álvarez Cascos, por un coste superior a los mil millones de euros, en la actualidad, se llevan gastados más de 3.000. El Ministerio ha justificado el aumento de costes por la complejidad de la geografía y las continuas filtraciones de agua que se producen y que obligan a paralizar las obras cada cierto tiempo.Desde hace años, ADIF intenta encontrar una solución al asunto, aunque hasta el momento ninguna ha dado resultados. De hecho, en enero de este año un trabajador de la obra colgó en Facebook varios vídeos de los chorros de agua que inundaban este tramo, que se podía ver completamente anegado.

Desde las obras llevan años denunciando las condiciones. Incluso un informe de ADIF de 2006 dejaba ya constancia de “una irrupción brusca de agua y lodo” mientras avanzaban los trabajos de las tuneladoras. Los túneles llevan calados desde hace al menos cinco años y ninguno de los sucesivos responsables políticos ha dado respuestas. El Gobierno admitía el año pasado el sobrecoste con respecto al plan inicial y la fiscalía de Asturias anunciaba hace unos meses la apertura de diligencias.

AVE Antequera-Sevilla

A pesar de haber invertido 300 millones de euros en la construcción de 77 kilómetros de AVE, la Junta de Andalucía ha enterrado este proyecto por lo menos hasta 2016 por falta de presupuesto.El eje fue uno de los proyectos estrella del Gobierno de Chaves, que asumió la financiación por no estar incluido en el trazado previsto por el Gobierno. La Junta llegó incluso a planear una ampliación de este proyecto para conectarlo con la estación de Santa Justa, en Sevilla, y el aeropuerto de San Pablo, lo que situó el coste en 1.300 millones de euros. El Gobierno central ha rechazado las insistencias de la Junta para asumir los costes y ésta ha tenido que devolver 180 millones de euros de un crédito del Banco Europeo de Inversiones por no continuar con las obras. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, explicaba hace unos días que las obras se retomarán “cuando la economía mejore”.

Irregularidades en los contratos del AVE entre Madrid y Extremadura

Con los sobrecostes, el administrador ferroviario ha enfrentado recientemente varias polémicas en sus procesos de contratación. En enero de este año, ADIF sometía a revisión las ofertas técnicas de tres contratos del AVE entre Madrid y Extremadura tras detectar que algunos miembros del comité evaluador había filtrado los resultados del comité evaluador a una de las empresas constructoras, que había tenido conocimiento así de la puntuación que ADIF había asignado a su oferta técnica antes de la conclusión del proceso de concurso público. Los contratos estaban valorados en cien millones de euros.


* La Información - Luz Sela - 6.5.14
Foto: Adif tapia un túnel de 7,5 km entre Almería y Murcia por razones de seguridad - informacion

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Jerez.- El Tribunal Supremo anula el plan que ordena los suelos de Montealegre

El urbanismo en Jerez lleva siendo largos años conflictivo, al menos desde los tiempos del controvertido alcalde Pacheco. Ahora otro asunto antiguo que revive: el Supremo deja sin validez el documento que aprobó el Ayuntamiento en 2008 por las carencias de un informe de la Agencia Andaluza del Agua que autorizaba la propuesta urbanística en Montealegre. Es decir que se debe comenzar otra vez desde el principio, cuando ya hay actuaciones urbanísticas aprobadas como los proyectos de reparcelación y urbanización. Es decir que se avecinan nuevos recursos y acciones judiciales, con grave perjuicio para todos, solo por la errónea costumbre municipal de realizar las gestiones de manera irregular.
"DIARIODEJEREZ* : El Ayuntamiento acaba de recibir un nuevo varapalo en materia urbanística, esta vez por parte de la justicia. Si semanas atrás tuvo que paralizar el plan especial de viñedos y el de regularización del parque comercial Luz Shopping por informes contrarios de la Junta de Andalucía, ahora ha sabido que el Tribunal Supremo ha anulado el documento que trata de ordenar urbanísticamente el paraje de Montealegre Alto, en la carretera de La Cartuja.

Los hechos se remontan a 2008 cuando el Ayuntamiento aprobó el plan especial de reforma interior (PERI) de estos suelos, con una superficie que supera los 1,6 millones de metros cuadrados. Este documento se elaboró con el objetivo no solo de urbanizar esta zona del extrarradio de la ciudad, donde hay chalés construidos desde hace años, sino de completar las parcelas aún no edificadas -se proyecta un millar de viviendas, según se recoge en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)-.

Sin embargo, un grupo de propietarios presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al mostrar su desacuerdo por el documento consensuado entre la desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo y la junta de compensación de la zona. El Alto Tribunal Andaluz respaldó en 2011 el documento rechazando las argumentaciones dadas por los recurrentes pero estos, no contentos con el fallo, decidieron recurrirlo ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha acabado dándoles la razón.

El plan especial ha sido anulado básicamente por un defecto en su tramitación. Tras aprobarse inicialmente en julio de 2004, y tal y como marca la normativa urbanística, el Ayuntamiento solicitó a diversos organismos públicos que analizaran el documento. Entre los informes que obran en el expediente se encuentra el de la Agencia Andaluza del Agua, un organismo dependiente de la Junta ya desaparecido que por entonces tenía competencias en materia de política hidráulica, que daba vía libre al desarrollo urbanístico propuesto. En cambio, los propietarios que recurrieron advirtieron, entre otros argumentos que no han sido aceptados, que adolecía de los preceptos que marca la Ley de Aguas.

La Sala de lo Contencioso entiende que el informe "no satisface en su contenido" las determinaciones de la normativa hidráulica ya que no realiza una valoración de la disponibilidad de los recursos hídricos para la propuesta urbanística, "y menos aún garantiza su suficiencia". De hecho, el Supremo llega a afirmar que "ha de concluirse que es como si dicho informe no existiera" debido a sus carencias.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el informe no es válido, y además es preceptivo, se considera que el plan especial de Montealegre Alto no está tramitado correctamente por lo que se debe proceder a su "anulación". Acto seguido afirma en el fallo, que fue elaborado a principios del pasado mes: "La aprobación del plan se supedita a que exista agua, cosa que debe acreditarse en todo caso antes de otorgarse la aprobación definitiva".

Ahora al Ayuntamiento no le queda otra que volver a solicitar este informe si quiere desbloquear el desarrollo de esta zona de la ciudad, que ya cuenta con otros instrumentos urbanísticos aprobados como los proyectos de reparcelación y urbanización, algunos de ellos cuestionados judicialmente también por algunos propietarios.


* Diario de Jerez - 10.5.14
Foto: Uno de los viales de entrada al diseminado de Montealegre, en una imagen de archivo.- diariodejerez

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Misión imposible: salvar Pompeya

Las ruinas romanas de Pompeya, en el golfo de Nápoles, son uno de los monumentos capitales del Patrimonio Mundial, como así lo ha reconocido la propia Unesco. Un documento urbanístico único, detenido en el tiempo, sobre una civilización tan importante y decisiva como la de la Roma antigua y su vasto imperio. Pero evidentemente su conservación y mantenimiento necesita de unos imprescindibles ingresos económicos que, actualmente, debido a la crisis europea-italiana son difíciles de digerir. Junto a esto, el excesivo uso turístico (2 millones y medio de visitantes en 2013) están amenazando gravemente las 44 hectáreas del conjunto monumental. La presión ciudadana está aumentando actualmente por esta pérdida fundamental de un modo de vida y de la historia clásica; habrá que ver lo que hace al respecto la apoltronada casta política, fuertemente dividida también en Italia.
"ELDIARIO* : El profesor Massimo Osanna, de 50 años, tomó posesión de su cargo como nuevo superintendente arqueológico de Pompeya el pasado 5 de marzo. Después de un mes al frente del complejo arqueológico más importante del mundo, ya tiene la sensación de llevar años en el cargo. No es de extrañar. La presión sociopolítica y mediática sobre Pompeya en estas últimas semanas ha sido extrema. Los contratiempos han sido variados y una cadena de acontecimientos ha generado la sensación de que la degradación de las 44 hectáreas que abarcan las excavaciones es ya irrefrenable.

El superintendente Osanna se queja de "la exagerada publicidad negativa" que se ha cernido sobre Pompeya, joya arqueológica universal declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Pero esta "sensación de alarma" no sólo ha venido de los medios de comunicación. El propio presidente de la comisión italiana de la UNESCO, Giovanni Puglisi, ha llegado a declarar: "O se actúa rápidamente, o Pompeya se derrumba".

Así, el llamado Caso Pompeya se ha venido a interpretar como una metáfora de la crisis económica en Italia. Estaba cantado que la iconografía del lugar propiciaría interpretaciones de este tipo.

Turismo versus conservación

A pesar del deterioro, el flujo de turistas no se ha resentido. La reciente clasificación del Ministerio Italiano de Bienes Culturales sobre los lugares más visitados del país sigue colocando a la ciudad de Pompeya como el segundo complejo turístico más visitado de toda Italia, sólo por detrás del Coliseo. En el año 2013 casi dos millones y medio de turistas visitaron Pompeya, dejando en caja más de veinte millones de euros.

Massimo Osanna conoce la importancia socioeconómica de Pompeya, situada en la región de Campania, a 25 kilómetros de la conflictiva ciudad de Nápoles. Sabe que en este sentido hay dos fuerzas antagónicas que tienen que convivir: el necesario turismo masivo y la conservación de las excavaciones. "Tenemos que dosificar los flujos turísticos y para eso debemos diversificar los circuitos de Pompeya para que no sean siempre los mismos lugares los que están saturados de visitantes", observa el superintendente.

En esta línea, el 17 de abril se inauguraron tres nuevas domus (antiguas casas romanas) y se han habilitado 9 nuevas rutas que serán incluso accesibles para personas con discapacidad. Además, está prevista la remodelación de los servicios y la instalación de nuevos paneles indicadores para que en 2015 el turista que visite Pompeya tenga una experiencia más completa. Lamentablemente, son planes a medio plazo en un momento de máxima urgencia y tensión.

La presión de los desprendimientos

Pese al enérgico impulso de la nueva dirección, la imagen de Pompeya ha sido fuertemente dañada. El mes de marzo fue significativamente complicado para las excavaciones con desprendimientos de gran repercusión que afectaron al Templo de Venus y a Porta Nocera, uno de los símbolos funerarios más representativos de Italia. El profesor Osanna asegura estar preocupado por los desprendimientos, pero los contextualiza dentro del encuadre de una ciudad en ruinas de más de 2.000 años con más de 44 hectáreas de extensión, "no podemos perder de vista que Pompeya es un centro arqueológico que funciona bien".

Aunque los desprendimientos son una representación gráfica de los problemas a los que se enfrenta la excavación, lo que más preocupa al nuevo superintendente es "recuperar el tiempo perdido" con tres líneas de acción que mejoren y aseguren la imagen de la ciudad en ruinas.

Esto se traduce en un plan hidrológico que drene las zonas más sensibles del complejo para evitar nuevos desprendimientos; reforzar la seguridad de las zonas 5º, 6º y 7º de las excavaciones; y establecer una base documental informatizada usando tecnología satelital para tener una detallada información de toda Pompeya.

Todas estas líneas de acción se agrupan dentro del Gran Proyecto Pompeya, aprobado a principios de 2013 y para el que la UE ha aprobado un fondo de 105 millones de euros. El problema aquí está en cumplir los plazos de acción, ya que la UE no admite prórrogas y la tarea es ingente.

El propio Massimo Osanna, cuando tomó posesión del cargo, hizo un ademán de petición para que la presión del calendario se relajase, pero las críticas arreciaron en cuanto abrió la boca. "Tenemos preparado un cronograma para intervenir en el mayor número de acciones en el menor tiempo posible", admite, consciente de que el tiempo y la presión precisamente no juegan a su favor en este enorme reto de que en 2015 la imagen y la seguridad del proyecto hayan sido renovadas.

En la actualidad hay cinco procesos de restauración en marcha, siendo el más importante los trabajos de drenaje. Además, este mismo mes el profesor Osanna asegura que diez domus más también comenzarán a ser reconstruidas.

Abanico de polémicas

El pasado 1 de abril el cuerpo de carabinieri denunció a ocho personas (cuatro prostitutas y cuatro clientes) de "actos obscenos en lugar público". El "lugar público", en este caso, son las inmediaciones de la Madonna de Pompeya. Y es que no se puede perder de vista que las excavaciones de Pompeya se asientan en una población con graves problemas socioeconómicos que son caldo de cultivo para que se agrave el índice de este tipo de situaciones.

Igualmente, se han denunciado robos de mosaicos en el interior de las excavaciones que han generado un vendaval de críticas en el panorama internacional y que, conjuntamente con la sucesión de desprendimientos, provocaron una reunión de urgencia convocada por el ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, para impulsar un urgente plan de acción que coordinase esfuerzos con la UE. Precisamente, en la UE la preocupación sobre este asunto es intensa, como demuestran las declaraciones de Johannes Hahn, comisario de Política Regional, que vino a decir que "cualquier desprendimiento en Pompeya es una derrota enorme".

Clamor social

La sociedad civil también se ha movilizado para reclamar una mejor gestión arqueológica en Pompeya. Ayer mismo la asociación 'Sii turista della tua città' realizó un flashmob llamado 'Abbracciamo Pompei' (Abrazamos Pompeya). 1.000 personas entrelazaron sus manos para crear una cadena humana que rodeó la excavación para mostrar "una energía transversal de la fuerza de la ciudadanía" y para reclamar con urgencia acciones que recuperen el complejo.

El superintendente cree que este tipo de manifestaciones son positivas porque muestran que Pompeya es ante todo "un bien de la humanidad" del cual todos los ciudadanos deben sentirse "partícipes y responsables" al mismo tiempo. El objetivo es que la ciudad en ruinas más importante del planeta resista la segunda erupción que le ha tocado en suerte: el intenso turismo, la discutible gestión y el paso del tiempo.


* El País - Eugenio Blanco
7-5-14

Foto: El yacimiento de Pompeya (Italia) vuelve a sufrir el derrumbe de uno de sus muros - elpais

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Tenerife.- El TSJC da un 'tirón de orejas' a Urbanismo por el geriátrico de Ifara

Lo del 'tirón de orejas' es una manera suave de explicar la sentencia judicial contra el Ayuntamiento de Santa Cruz que da la razón a la indignación vecinal por el ilegal geriátrico de Ifara. Un auténtico "calvario" ha sido la batalla judicial en la que éstos han estado inmersos desde hace años por culpa de la Gerencia municipal de Urbanismo bajo el mandato del alcalde Zerolo, que permitió construir el doble de lo reglamentario en esta residencia hace ya más de 10 años. Ahora habrá que ver quién paga el derribo y las indemnizaciones por el exceso edificado.
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un fuerte tirón de orejas a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz por incumplir la sentencia que obliga a anular la licencia otorgada en su día a una Residencia de Mayores situada en Ifara. Estos vecinos llevan años denunciando que el Ayuntamiento de Santa Cruz permitió construir el doble de lo que era posible de manera que ahora tendrá que obligar a la demolición.

En su momento el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ya falló a favor de los residentes al anular tanto la licencia de obras de 2003 como otra más de 2004 que permitía ciertas reformas. Sin embargo lo cierto es que nunca se dieron pasos concretos para ejecutar aquella sentencia y de hecho existe un auto del 10 de mayo de 2013 en el que se da por cumplida sin más.

Por ello, los vecinos tuvieron que recurrir ante el TSJC que ha sido contundente a la hora de pronunciarse. “La sentencia claramente no ha sido ejecutada en sus propios términos”, se señala para recordar a continuación que “el demandante ha tenido que acudir a los tribunales porque la administración se negaba a ejercer las potestades legales de restablecimiento del orden urbanístico”.

Los magistrados del TSJC muestran su sorpresa ante el hecho de que la ejecución del fallo se está llevando a cabo “con un manifiesto ánimo de dilatar el procedimiento”. El incumplimiento de los plazos legalmente establecidos, según los magistrados “es prueba irrefutable del ánimo dilatorio” de la Gerencia de Urbanismo.

Los jueces del TSJC llegan a calificar de “calvario” el procedimiento judicial al que se están viendo sometidos los vecinos por los incumplimientos del organismo autónomo. Por ello, ordena “disponer las medidas necesarias para la inmediata" ejecución de la sentencia, cortando de raíz las prácticas dilatorias de la Administración demandadada, y si persistiera esta actitud, apercibir de desobediencia a los responsables de la ejecución”.


* El Diario - Tenerife Ahora - 28.4.14
Foto: Centro Geriátrico de Ifara - eldiario

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Piden la inhabilitación de la alcaldesa de Llanes por el caso del hotel Kaype

El urbanismo de Llanes es todo un ejemplo de lo mal que se pueden hacer las cosas cuando predomina el interés particular sobre el público. Un Plan General municipal anulado por la justicia hace pocos años y unas decisiones por parte del Ayuntamiento como la de la ilegal ampliación del hotel Kaype, situado en primera línea de mar, han llevado al caos absoluto en este importante municipio asturiano. Ya se ha hablado en este blog del caso de este hotel, una especie de Algarrobico del norte, y la rebeldía de la alcaldesa. Ahora solicitan su inhabilitación, pero habrá que esperar a que actúe la lenta justicia.
"ELCOMERCIO* : El despacho de abogados De la Iglesia-Teijelo sopesa emprender acciones judiciales por la vía penal contra la alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, y el concejal de Urbanismo, José Herrero, a quienes acusa de su presunta autoría en un delito de prevaricación. El abogado Gerardo de la Iglesia anunció ayer que, con esta medida, solicitará implícitamente la inhabilitación de ambos para ejercer cargos públicos.

El letrado reconoció que esta vía tiene grandes posibilidades de prosperar tras la sentencia dictada por el magistrado Miguel Ángel Carbajo, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo, de quien alabó «su valentía», al declarar la nulidad de la resolución municipal por la que se concedía a la mercantil Carrera y Pérez S.L. la licencia de agrupación de tres fincas que posibilitó la ampliación del hotel Kaype, en la localidad llanisca de Barro.

De la Iglesia cuestionó la «asombrosa rapidez» con la que el Ayuntamiento de Llanes facilitó toda la tramitación en un escaso margen de seis días, en plenas fiestas navideñas desde el 18 de diciembre de 2012, cuando se solicitó la agrupación de las fincas para construir apartahoteles y aparcamientos, hasta el 26 de diciembre de 2012, fecha en la que el edil de Urbanismo resolvió favorablemente con días inhábiles por medio. Además, recordó que esta actuación no es aislada, ya que ha sido cuestionada incluso por la Fiscalía Superior del Principado Asturias e ilustró sus palabras poniendo como ejemplo las diligencias penales abiertas en el Juzgado de Llanes contra el arquitecto municipal, quien se encuentra imputado por su presunta responsabilidad en un delito contra la ordenación del territorio que se investiga a instancias del fiscal especializado en este área, Alejandro Cabaleiro.

De la Iglesia estima que la sentencia, que calificó como «demoledora y un ejemplo de justicia frente a los todopoderosos», abre la vía para el inmediato derribo de las obras ya iniciadas que «duplican» a la actual instalación hotelera. Por ello, instó a la paralización de los trabajos -que continuaban ayer, sábado- ante la previsible reclamación de responsabilidades patrimoniales de la mercantil al consistorio llanisco, lo que supondría «unos daños y perjuicios cuantiososos».

Una lección de Urbanismo

«¿Quién paga los platos rotos?», reflexionó en voz alta el letrado. «Como siempre, los vecinos. En este caso, los llaniscos por una licencia que se declara nula y a la que hay que sumar los mil euros de costas que impone el magistrado», respondió De La Iglesia.

El abogado Miguel Teijelo aseguró que la sentencia es «una lección magistral de Urbanismo» y opina que si el consistorio recurre en apelación solo conseguiría «retrasar lo inevitable». En un sentido similar se pronunció la abogada Lucía Alonso, que incidió en el hecho de que Llanes carece de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras su anulación por el Tribunal Supremo y cómo el aprovechamiento urbanístico en este caso «es muy superior al que habría si hubiera PGOU en Llanes».

Las obras se realizaron, a juicio del despacho de abogados De la Iglesia-Teijelo, por «un exceso de confianza». La intención de Carrera y Pérez S.L. era la agrupación de tres fincas para formar una única parcela de 8.637 metros cuadrados. Tras contar con la autorización municipal, comenzaron las obras. El vecino Ignacio Fernández Fernández -al que representa el despacho de abogados ovetense- recurrió al considerar que tanto la resolución de la alcaldía de 9 de julio de 2013 como la resolución del edil de Urbanismo de 26 de diciembre de 2012 «no eran actos conformes con el ordenamiento jurídico».
El juez de lo Contencioso 3 de Oviedo le da la razón al vecino en el recurso contencioso-administrativo por el que impugnaba la actuación municipal.


* El Comercio - PILAR CAMPO - 11.5.14
Foto: Llanes (Asturias), hotel ilegal playa Barru - lne

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Autopistas por encima de nuestras posibilidades

El despilfarro delictivo en infraestructuras de transporte abarca todas ellas (por tierra, mar y aire), desde el megalómano AVE hasta las inútiles autopistas de peaje. En este último apartado hay que destacar las últimas construidas, al albor del pelotazo urbanístico mayoritario. Si en este país se ha abandonado prácticamente el transporte por ferrocarril, por inacción gubernamental, ha sido a costa de realizar una intrincada red de autopistas para favorecer el de carretera. Un disparate del ministerio de Fomento que, como se está viendo, está saliendo caro para todos, sin que los altos responsables de tamaño delito hayan sido siquiera imputados por una justicia injusta y/o cómplice. También en autopistas somos de los primeros del mundo, cuando ni tenemos el volumen ni la economía para semejante dispendio público-empresarial.
"NURIA ALONSO* : Por si no tuviéramos pocas razones para la indignación, en la última semana hemos asistido al anuncio de rescate de la mayor parte de las 'nuevas' autopistas de peaje. La operación probablemente se llevará a cabo por medio de la creación de una sociedad de capital público cuyo activo serán las nueve autopistas quebradas y con la deuda 'rescatada' en el pasivo. Sobre las cifras del rescate se barajan distintas magnitudes dependiendo de quién las publique: una deuda en el momento actual de alrededor de 4.600 millones de euros, de la que el gobierno pretende una quita del 50% -supondría 2.400 millones de euros- a la que habría que sumar unos 1.800 millones de euros que quedan pendientes de pagar a los propietarios de los terrenos expropiados, lo que podría suponer un total de 4.200 millones de euros.

Esta cifra ha causado revuelo en un momento en el que Cáritas acababa de publicar la terrible situación de pobreza en la que viven millones de personas en España y las posibilidades de erradicar dicha situación con el dinero que se va a pagar por el rescate. Sin embargo, la cuestión es mucho más indignante si analizamos la historia y la utilidad pública de estas infraestructuras.

Lo primero que hay que decir que todas estas infraestructuras se idearon, planificaron y gestaron durante los gobiernos de Aznar, en una suerte de frenesí constructor que contribuyó a alimentar la burbuja que desembocó en la crisis actual y que ha sido la excusa para que desde distintos países e instituciones se hablara de que en España habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades.

Estas infraestructuras se construyeron en una parte con financiación pública, mediante la producción pública directa o mediante concesión con peaje en la sombra –que es como se han llevado a cabo infraestructuras en la Comunidad de Madrid, como la M45 o los metros ligeros– y otra con financiación privada, es decir con peaje directo que implica la concesión del servicio a empresas constructoras. Estas empresas se encargan de los costes de la infraestructura y reciben la tarifa que paga el usuario por usar la infraestructura.

En el modelo de peaje directo las condiciones se establecen por la Ley 2/2000 y la Ley 13/2003 reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que establecía la cláusula del equilibrio económico financiero de la concesión. En la práctica esta cláusula supone un "blindaje" a las concesionarias, ya que fija que la Administración está obligada a resarcir al concesionario, con aumento del plazo de la concesión, con financiación pública "blanda" o mediante la indemnización financieramente al concesionario. Además, si una concesión quiebra, la administración es responsable subsidiaria y tiene que asumir la deuda de la concesionaria... es decir, se legalizó el principio de beneficio privado y pérdida socializada.

Respecto a las infraestructuras financiadas con gasto público, cabe decir que entre 1996 y 2007 el gasto público en formación bruta de capital –que no sólo incluye la financiación de infraestructuras– creció un 188%, lo que supone una media del 10,1% anual que contrasta con el hecho de que el resto del gasto público creció en esos 11 años una media de un 6,2% anual y un total de un 94,7%.

Al gasto público habría que sumarle el gasto privado con el que se financiaron las autopistas en quiebra y llegaríamos a un dato como el que aparece en el gráfico siguiente: España es el país de la Unión Europea con mayor número de kilómetros de autopista. Todo esto para un país con un PIB per cápita que es el 65% del alemán o un 68% del francés, con una superficie inferior a la francesa y ligeramente superior a la alemana y con un volumen de transporte y de vehículos por cada 1000 habitantes inferior al del los países a los que superamos en flamantes autopistas.

Las autopistas de peaje y el caso de las radiales de Madrid

La idea del gobierno de Aznar, recogida en el preámbulo de la citada Ley 13/2003 era que "El desarrollo económico sostenido y la mejora de la calidad de vida no pueden desvincularse de la creación de infraestructuras (...). Con esa idea, y el beneplácito del gobierno central y autonómico, de Esperanza Aguirre, se creó el despliegue de kilómetros de autopista socialmente más inútil de la historia de nuestro país. Tanto la idea como la ejecución fue un despropósito sin ninguna justificación política:

• La idea inicial era totalmente cuestionable porque no suponía una mejora para el conjunto de la ciudadanía ni mejoraba la capacidad productiva más que de una forma absolutamente marginal. Las radiales de Madrid se hicieron para facilitar que las personas que tenían que ir a Madrid y tuvieran unos recursos muy por encima de la media (el coste de ida y vuelta 20 días laborables puede llegar a superar los 350€) pudieran hacerlo de forma rápida y sin atascos. También se pretendía facilitar el tráfico de mercancías.

• Las previsiones de tráfico eran absurdas y no se han cumplido nunca. La estimación inicial gubernamental de la intensidad media diaria preveía un mínimo tránsito de 30.000 vehículos y en el cuadro del inicio de este artículo puede observarse que en ningún caso ni en ningún momento se cumplieron las estimaciones.

• Ninguna de las radiales comunica a los usuarios con el centro de Madrid, llegan a circunvalaciones a 15 o 20 kilómetros del centro, salvo la R-3 que es la única que tiene un poco más de tráfico. Esto supone que el diseño inicial no servía al propósito de comunicar a los madrileños con recursos económicos con la ciudad sin atascos porque nadie va a pagar por llegar antes al atasco.

• El coste de construcción de las autopistas se disparó, entre otros factores, debido a una gestión de las expropiaciones que en algunos casos supuso pagar suelo rural a precio del centro de una gran ciudad: en incremento de costes de expropiaciones en suelo rural (no urbanizable). Esto ha significado una desviación de 1.830 millones de euros, de 387 millones previstos en contrato a 2.217,0 de coste total.

• En todo este cúmulo de despropósitos no hemos tenido en cuenta el factor ambiental porque no hemos encontrado ninguna valoración del coste ambiental de estas obras.

En definitiva, la cuestión es que ahora nos encontramos con que una vez más hay que socializar las pérdidas, empleando unos recursos valiosos para la supervivencia de muchas personas, y hacerlo a costa de una mayoría de ciudadanos que en ningún caso pudieron beneficiarse de esas infraestructuras ni podrán hacerlo porque, aunque ahora se decidiera que fueran de uso público gratuito, no tienen coche ni dinero para gasolina...

* Nuria Alonso. Profesora de Economía Aplicada en la URJC, asociada a econoNuestra.

* Revista Fusión - Nuria Alonso - 14.4.14
Foto: Autopista de peaje vacía - aucosta

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Extremadura se resiste a demoler el complejo ilegal de Valdecañas

Como es norma en casi todas las administraciones, después de lo que cuesta que la justicia actúe y sentencie la especulación urbanística delictiva, al final bien sean municipios o autonomías se niegan a cumplirlas bajo cualquier pretexto inaudito. Es lo que ocurre con este gran complejo urbanístico ilegal construido sobre una isla del embalse de Valdecañas en Cáceres. Años de lucha de colectivos vecinales y protectores de la Naturaleza pueden quedar en nada si la justicia, nuevamente, no toma otras medidas más drásticas. Y, lamentablemente, lo peor es la impunidad con la que actúan los corruptos en urbanismo, sabedores de la debilidad y/o complicidad de los que tienen que hacer cumplir la ley.
"ELPAÍS* : Apartamentos exclusivos de uno a tres dormitorios, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas. Así se sigue anunciando la venta de inmuebles en la página web del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, una macrourbanización situada en una isla del pantano, en zona protegida por la Red Natura 2000. “Desde 195.000 euros más IVA”, añade la promoción. Aparentemente, todo sigue como siempre, pero nada es lo que se previó. El Tribunal Supremo ordenó en febrero el derribo de lo ya construido y la paralización de las siguientes fases. Decretó que es ilegal.

La Junta de Extremadura, sin embargo, se resiste a cumplir la sentencia. Asegura que la demolición costaría 34 millones de euros y que es mejor para el medio ambiente mantenerlo como está.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Extremadura (PP) han presentado un escrito en el juzgado para pedir que abra un “incidente de imposibilidad de ejecución” de la sentencia del Supremo que determinó que no se puede urbanizar en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, una figura europea de protección ambiental. La Junta alega, entre otras cosas, que “la devolución de la isla a su estado natural tampoco va a devolver a esta ningún valor ambiental, pues carecía de los mismos”. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo afirma que la construcción de 185 “villas”, un hotel de 80 habitaciones, un campo de golf y una base náutica con 76 atraques, entre otros, no ha afectado a los valores medioambientales de la zona, sino todo lo contrario. Demoler el complejo, asegura, sería perjudicial.

El texto alega que en el terreno nunca se había asentado ninguna especie de fauna o flora relevante o protegida: ni pagaza piconegra, ni gansos, ni grullas. La construcción del complejo, en cambio, tuvo un efecto “altamente positivo”, razona la Junta, porque se talaron 6.772 eucaliptos que se sustituyeron con arbolado autóctono: encinas, pinos piñoneros, fresnos, plátanos... De ejecutarse la sentencia, habría que “proceder a la tala” de casi 8.000 árboles y 100.000 matorrales plantados durante la construcción y que ayudaron a “mejorar notablemente la calidad paisajística de la zona”.

En lo que respecta a las aves, el escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) señala que la desaparición del complejo supondría la pérdida de la vigilancia existente. Y dado que este servicio “ha eliminado el furtivismo” y ha permitido que, gracias a “las condiciones de tranquilidad y sosiego”, la población de gansos, grullas y pagazas piconegras haya aumentado en el entorno de la isla, en la ZEPA (zona de especial protección de aves) Embalse de Valdecañas, si se retira puede producirse un “recrudecimiento de esas prácticas” y “la eliminación de la tranquilidad que ha provocado el fuerte incremento en la población”. La Junta alega también que ejecutar la sentencia supone “la desaparición” de dos depuradoras, con lo que se volvería “a la situación anterior, de vertidos de aguas sin depurar”.

José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, califica de “peregrinos” los argumentos de la Junta y asegura que ejecutar la sentencia del Supremo no significa que haya que “demoler depuradoras, que la Directiva de Aguas obliga a construir, ni mucho menos arrancar árboles”. Se trata únicamente de “revertir la urbanización de lo que era un espacio natural”, algo que la ley obliga a hacer con una estricta evaluación ambiental. Trillo recuerda que se ha llegado a la situación actual por culpa de la desidia de la Administración, puesto que las organizaciones ambientales (Ecologistas en Acción y Adenex) llevan años pidiendo la suspensión cautelar de las obras del complejo.

El Gobierno de Extremadura aprobó, en 2007, el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, con el que se recalificaban los terrenos para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo. Los ecologistas lo recurrieron en el TSJE que, cuatro años después, en marzo de 2011, les dio la razón al declarar la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Tres semanas después de ese fallo el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo de la región para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico, un lugar en el que, según publicó el diario ecónomico Expansión, tienen casas directivos de empresas como Telefónica, Banco Santander, Credit Suisse y Rothschild.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero pasado y declaró la nulidad del PIR. El TSJE dio un plazo a la Junta de Extremadura, que es la que debe demoler el complejo, para ejecutar voluntariamente la sentencia. En lugar de hacerlo, ahora pide al TSJE que le exima. A estas alturas, la primera fase de Isla de Valdecañas ya está acabada. El coste de que entre la piqueta ahora, si entra, es de 34 millones de euros, según argumenta el Gobierno de Extremadura en su escrito, que también alega otras “razones socioeconómicas” para dejar las cosas como están: los puestos de trabajo creados, los intereses de los que han comprado propiedades allí y los perjuicios económicos para los dos municipios afectados (Berrocalejo y El Gordo) en licencias urbanísticas e impuestos como el IBI.

El segundo hotel, sin subvención

Al mayor complejo de turismo y ocio de Extremadura, Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, a unos 160 kilómetros de Madrid, se le acumulan las dificultades. No solo está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo; la acuciante situación económica del proyecto llevó a su promotora a presentar preconcurso de acreedores en febrero pasado, poco después de conocerse el fallo. De los dos hoteles que estaba previsto levantar en la isla, uno ha perdido la subvención de 1,5 millones de euros que había obtenido de los fondos europeos FEDER. El Ministerio de Hacienda se la retiró hace unos días. Las obras llevaban meses paralizadas por falta de financiación.

La empresa Valdecañas Medical SPA S. L. tenía previsto construir allí un hotel de cinco estrellas. Sería el segundo; ya hay otro de cuatro estrellas. El Boletín Oficial publicó el 2 de mayo pasado una orden que declara el incumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a los fondos: no se realizaron las inversiones de 15 millones de euros previstas, no se crearon y mantuvieron 33 puestos de trabajo, etcétera Es decir, al no haber hotel, tampoco hay ayudas.

Los dos pueblos cercanos a la urbanización, El Gordo y Berrocalejo, aseguran que la demolición del complejo de ocio tendría un perjuicio económico para ellos. Tal y como reseña el escrito de la Junta de Extremadura en el que pide al juzgado que le exima de ejecutar la sentencia, El Gordo ha obtenido en concepto de licencias urbanísticas 1,6 millones de euros y por el canon compensatorio de aprovechamiento urbanístico, 2,9 millones. Berrocalejo ha percibido 145.000 euros y 1,2 millones de euros, respectivamente.


* El País - ELENA G. SEVILLANO - 18.5.14
Foto: Valdecañas (Cáceres), urbanizacion - ecologistasenaccion.org



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El 'pelotazo' urbanístico de De Miguel y Riera en Zambrana iba a generar 65 millones

En la localidad alavesa de Zambrana se iba a perpetrar uno de los mayores pelotazos urbanísticos del País Vasco. Ya se ha hablado en este blog en varias ocasiones de este delito protagonizado por la Diputación del PNV en Álava, y es que la recalificación ilegal de 120 hectáreas de terrenos para un polígono industrial no es un asunto menor. Hay ya más 20 imputados en esta trama mafiosa en la que el nº2 del PNV alavés, De Miguel, y el empresario catalán Riera, llevaban las riendas de lo que iba a suponer una plusvalía de 65 millones. Hay que esperar una vez más la celeridad de la justicia, porque el tiempo sigue pasando a favor de los delincuentes político-empresariales.
"ELMUNDO* : La recalificación de 120 hectáreas que desde distintas responsabilidades públicas y en especial desde el área de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) de la Diputación impulsó el ex número dos del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, en la pequeña localidad de Zambrana iba a generar una plusvalía de 65 millones a los promotores catalanes (Construcciones Riera) interesados en los terrenos y que pagaron indirectamente 180.000 euros a una empresa "pantalla" del político, Kataia Consulting, entre otros pagos a personas y sociedades de su entorno.

Esos datos los aportó ayer ante el juez de Vitoria que investiga el caso, Roberto Ramos, el ex administrador de Riera, Francesc Fernández, imputado en la causa.

Fernández, que forma parte de una larga lista de más de 20 imputados, declaró ayer durante más de dos horas ante el juez Ramos. El empresario señaló que Riera vio en la recalificación una oportunidad de negocio fuera de Cataluña y que se planteaba "instalar una planta de generación de energía de ciclo combinado porque pasa la tubería de gas del País Vasco y porque tiene el río [Ebro] que lo posibilita". "La previsión de facturación por el polígono de Zambrana era de 65 millones de euros", aseguró Fernández, según consta en la declaración judicial, a la que ha tenido acceso ELMUNDO del País Vasco.

Por ello, el empresario catalán señaló ante el juez que era perfectamente "razonable" que acordara pagar unos "honorarios" de tres millones de euros a Josu Arruti, amigo de De Miguel e intermediario de Riera en el País Vasco. Arruti, a través de la empresa Sidepur, fue contratado para distintas labores de asesoramiento en torno al plan de Zambrana. Esos informes y trabajos no consta que se hicieran -Fernández repitió que Arruti los hizo «perfectamente» y prometió "un CD" con documentos para demostrarlo; el aludido alega que perdió todo en una inundación-, por lo que los responsables de la investigación sospechan que se tratase de una comisión ilegal a cambio del impulso del proyecto en distintas instancias. Esta hipótesis viene reforzada por el hecho de que el primer pago de Riera a Sidepur (150.000 euros) acabara desviado a Kataia Consulting, una empresa sin apenas actividad controlada por De Miguel pero a nombre de su esposa, Ainhoa Bilbao, y con su hermana, Aintzane de Miguel, como contable. A ese dinero se sumaron otros 30.000 euros posteriormente hasta sumar 180.000 euros.

En teoría, también Kataia Consulting realizó informes para el proyecto de Zambrana, aunque tampoco existen esos documentos y Fernández declarara ayer que "en ninguno de los trabajos que ha presentado el señor Arruti aparecían los membretes de Kataia Consulting".

La sociedad u otras afines han sido vinculadas por la Policía al cobro de otras supuestas comisiones tras adjudicaciones de contratos y una empresaria, Ainhoa Alberdi, llegó a denunciar con grabaciones en la mano que De Miguel y otro dirigente del PNV, Aitor Tellería, la habían extorsionado para que les pagara una comisión de 100.000 euros supuestamente pactada por su socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, quien con una asesoría se había llevado un contrato del parque tecnológico de Miñano en el que medió también De Miguel.

Fernández aseguró ayer en varias ocasiones que conoció la existencia de la empresa de De Miguel «a través de los medios de comunicación» ya que Riera tenía en Sidepur su único interlocutor en el País Vasco y éste se encargaba de las subcontrataciones. Sin embargo, en un contrato de préstamo entre su empresa y De Miguel, Arruti y otras personas también figuraba como beneficiaria la asesoría Kataia Consulting.

Lógicamente, en el ejercicio de su derecho a la defensa, Fernández negó que haya un pago de comisiones. Recordó, de hecho, que «ahorró» dinero a Riera al renegociar los «honorarios» de Arruti desde los 3 millones hasta alrededor de 1 millón de euros, según explicó. Insistió, además, en que desconocía que su empresa, indirectamente, estuviera pagando a De Miguel, que, admitió, era su interlocutor en la Diputación para testar el desarrollo de la recalificación. "No tenía ni idea de que [esta empresa] tuviera relación con Alfredo de Miguel", señaló el empresario catalán después de señalar que "conoce" al influyente ex dirigente del PNV por haber "coincidido cuatro o cinco veces en su despacho oficial de la Diputación" -reuniones "en las que también estaba el señor Arruti»- para «conocer la disposición de la Administración pública con el proyecto de Zambrana".

El sustituto de Fernández al frente de Riera, Nicolás Guerrero, declaró recientemente en esta misma causa que el político dio el "visto bueno" a la operación después de que la constructora catalana le hubiera pagado esos 180.000 euros. Es precisamente Guerrero uno de los pilares de la acusación del juez Ramos y del fiscal Izaguirre, ya que remarcó que sus predecesores en Riera habían "vaciado la caja" de la filial creada para el proyecto en Zambrana (Riera Urbanizer) al haber pagado a los intermediarios "por nada", por una supuesta labor de asesoramiento de la que no hay constancia documental.

Es más, este empresario ha llevado a juicio en Barcelona a Fernández y a Plàcid Casas -administrador de Riera Urbanizer y que declaró también ayer como imputado en Vitoria-, a los que acusa de «apropiación indebida» con el respaldo de la Fiscalía. Está previsto que la vista se celebren en breve.


* El Mundo - IKER RIOJA ANDUEZA - 16.5.14
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos

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Galicia.- El juez aboca al banquillo a un exobispo por una trama corrupta de restauración

Esto ya es lo que faltaba por ver en el inmenso mapa de la corrupción urbanística en España. Nada menos que altos representantes de la Iglesia Católica se dedican también a la delictiva especulación en el campo de la restauración patrimonial. Si hace poco comentábamos aquí sobre la ilegal actuación eclesial al apropiarse registralmente de numerosos monumentos y otras construcciones anexas, ahora es el cambalache puro y duro el que aparece en su gestión cotidiana. La llamada 'Operación Retablo' en Galicia se servía de un trama mafiosa para obtener ayudas públicas de la Xunta y desviarla hacia bolsillos privados en vez de acometer las obras necesarias para la restauración histórico-artística.
"ELPAÍS* : En una de sus últimas decisiones en la causa, el juez Luis Aláez ha rechazado en un auto del 28 de abril anular las escuchas telefónicas a los imputados en la Operación Retablo, que investiga a una presunta red corrupta para restaurar conventos e iglesias y construir albergues para peregrinos con ayudas de la Xunta entre 2003 y 2009. La instrucción se aproxima así a su fin y a que finalmente se sienten en el banquillo ante el jurado varios exfuncionarios y religiosos, entre ellos el anterior obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, que permanece imputado.

Quien había solicitado la nulidad de las escuchas era el procurador que representa a la pata religiosa de la trama, compuesta, además de por el exobispo tudense, por su ecónomo en la diócesis, Benito Estévez, y el cura de la parroquia de Paraños (Covelo), Juan Sobrino. Del mismo modo que mantiene la validez de las intervenciones telefónicas, el juez, a punto de dejar su plaza en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, declina la petición para sobreseer la causa respecto a los tres curas.

El auto del juez es la respuesta a los recursos de las partes a uno previo del 23 de diciembre en el que ordenaba la conversión del procedimiento abreviado para el juicio ante el Jurado. No recurrió la decisión uno de los principales imputados, Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa, exfuncionario de la Consellería de Cultura, que según la investigación se aprovechaba de su poder para decidir a quién se concedían las subvenciones para reparar patrimonio eclesiástico y sacar tajada. Sí ha tratado de demorar el cierre de la instrucción el otro presunto cabecilla, José Manuel Pichel, quien fuera arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, cazado en distendida y ya célebre conversación telefónica con un aparejador ante el que se ufanaba: “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”.

Pichel pedía dejar en suspenso el auto de diciembre y practicar nuevas diligencias pero el juez lo rechaza con argumentos similares a los que usa con las peticiones de los religiosos: no toca en este momento del proceso. Aláez también manda buscar a otro de los imputados, Manuel López Carballa, empresario beneficiado por la trama que acabó arruinado y que confesó ante la policía, “aburrido de los chanchullos”. El juzgado pide que se le localice en un domicilio de Vigo y, de no encontrarlo, que se le ponga en busca y captura para que comparezca ante el juzgado, porque si no se le declarará en rebeldía transcurridos tres meses. Carballa dio pistas elocuentes a los investigadores sobre la estructura de la trama. “Todo el mundo sale beneficiado: el Obispado hace su obrita subvencionada, Pichel se lleva su parte por los proyectos y Carlos [Gómez-Gil Aizpurúa] hace de intermediario en todo”, dijo respecto a una obra para restaurar patrimonio del Obispado para la que fue contratado.

El auto del juez deniega también, por motivos análogos, la petición de la Asociación Vecinal de Paraños, que solicitaba el embargo preventivo de la casa rectoral de la parroquia, cuya extraña venta precipitó el inicio de la investigación. Tras contribuir con sus ayudas a mantener la sede, el obispado la vendió por 60.000 euros a Gómez-Gil de Aizpurúa, que no tardó en ponerla en el mercado por 680.000 euros después de haber mejorado la finca, de 4.500 metros cuadrados, con una piscina y un porche. En el momento de hacer el anuncio, a través de un portal de Internet, el extécnico de Cultura aún no había ingresado un euro al Obispado. Tras estallar el caso, acabó renunciando a la propiedad en 2012. La asociación buscaba también que se imputase a los párrocos de Lérez (Pontevedra), Crisanto Rial y San Miguel de Riofrío, en Mondariz, David Juan Morado, que figuran igualmente en las escuchas telefónicas. Ante el rechazo judicial, la asociación ha remitido un nuevo recurso de reforma en el que aduce el “grado de conocimiento y relación con los hechos delictivos investigados”.


* El País - VÍCTOR HONORATO - 10.5.14
Foto: Retablo del convento de las Clarisas de Tui / LALO R. VILLAR

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