El alcalde de Ourense, imputado por dar una obra a dedo en 2008

Continúa la corrupción urbanística en Galicia y, a poco que la justicia quiera investigar, de allí no se escapa ningún político sin acusaciones delictivas. En Ourense, unos de los feudos 'populares' gracias al cacique Baltar, sale ahora la concesión a dedo de una obra por el actual alcalde socialista, A.Fernández, cuando en 2008 formaba parte de la junta de gobierno local. Pero en realidad la licencia de construcción es de 1998, nada menos. Como siempre la celeridad judicial es asombrosa y no se sabe bien cuáles son los motivos de que aparezcan las imputaciones años más tarde y en determinadas condiciones políticas. ¿Hay alguna mano oscura por detrás, tanto en este caso como en otros semejantes? Queda siempre la sospecha.
"LAVOZDEGALICIA* : El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández Gallego, que tantas veces había acudido a los juzgados en calidad de testigo, o perito, durante su etapa como inspector de Hacienda, estrenará el 27 de marzo la condición de imputado. Era concejal de Economía e Facenda y formaba parte de la junta de gobierno local en 1998. Una obra encargada en aquella época provoca esa situación. Hay doce imputados más: políticos que no están en activo -la mayoría del BNG- y las actuales primera y segunda tenientes de alcalde, las socialistas Marga Martín y Áurea Soto. Pero también hay tres empresarios y un funcionario.

La remodelación de la céntrica calle Bedoya ha quedado como una de las obras estrella del Concello de Ourense durante el mandato de la corporación municipal del 2007 al 2011. Es la causa de que Agustín Fernández y su antecesor, Francisco Rodríguez, que dimitió por la Pokémon, compartan imputación. Formaban parte de la junta de gobierno en la que se decidió encargar unas obras por el procedimiento negociado, sin publicidad y urgente, pese a que su montante de 623.000 euros «la hacía impropia para poder ser tramitada por el procedimiento elegido». Como se dice en el propio auto judicial, con referencia a la Ley de Contratos del Sector Público, deberán publicarse anuncios cuando el valor estimado de las obras sea superior a 200.000 euros.

La denuncia presentada el pasado mes de septiembre por el concejal Gonzalo Pérez Jácome, del grupo minoritario de Democracia Ourensana (DO), que no formaba parte de aquella corporación, afecta también a dos concejalas del PSOE que permanecen en activo: Marga Martín, imputada en el caso de ayuda a domicilio que instruye el mismo juez, Antonio Piña, y Áurea Soto, la edila de Urbanismo, sobre la que pesan hasta cinco querellas en las que intervienen de uno u otro modo un promotor inmobiliario local, DO, PP, USO y la CIG.

También aparecen citados el exconcejal socialista Demetrio Espinosa, la exconcejala nacionalista Marta Arribas y los tres ex tenientes de alcalde del BNG: Alexandre Sánchez Vidal, Isabel Pérez y Andrés García Mata.
Este último, al igual que el titular del servicio de asesoría jurídica del Concello, han sido convocados por el juez para una segunda declaración, también en calidad de imputados. A la prevaricación administrativa que el juez apunta para toda la junta de gobierno suma, en estos dos casos, la concurrencia de un segundo delito de fraude y exacciones ilegales.

Citación «con garantías»
El juez Antonio Piña, como ya ha hecho en otro auto sobre la gestión del servicio de ayuda a domicilio entre el 2007 y el 2011, acota el sentido de este auto. «Adviértase -dice- que el carácter de imputados no supone más que un llamamiento al proceso con todas las garantías que la ley establece para los mismos, sin que suponga, en este momento procesal, declaración alguna de responsabilidad criminal».

El auto del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense parte de que con la cantidad prevista para esta obra, 623.000 euros, «no era admisible jurídicamente su tramitación sin publicidad, hecho sustancial en cuanto limitaba la concurrencia de empresas y permitía a través del cauce de la invitación llamar al procedimiento de licitación en forma exclusiva a aquellas empresas que se estimasen adecuadas».

El juez sitúa el momento del supuesto delito cuando se redacta el pliego de cláusulas técnicas y administrativas en virtud del cual se licitó y se adjudicó la obra. Es en dicho pliego donde se opta por el procedimiento negociado, sin publicidad y urgente.

Las declaraciones prestadas en este procedimiento por el exconcejal Andrés García Mata y el máximo responsable del órgano de Asesoría Jurídica, Luis Tros, muestran notables diferencias. El juez las pone de relieve. En una reunión previa con el concejal, los técnicos llamarían la atención de García Mata -algo que este niega- sobre la ilegalidad del procedimiento. Desde el gobierno local, tanto ahora como entonces, se defendió el trámite con el fin de no perder una subvención. Los técnicos, desde la asesoría jurídica, advertían que el proceder «no encontraba acomodo legal al imputarse el retraso a actos propios» al propio Concello de Ourense.

El instructor dice que el pliego lo redactó Tros, «según este siguiendo indicaciones de García Mata, algo que este también niega». Hace notar que «en el expediente se carece de los preceptivos informes jurídicos y de la intervención, remitiéndose con tal carencia para su aprobación en la junta de gobierno». En la época de este acuerdo, las responsabilidades de gobierno estaban repartidas y los dos grupos, PSOE y BNG, funcionaban sin comunicación. De hecho, cada concejalía tramitaba sus asuntos, los llevaba a la junta de gobierno y los socios se limitaban a apoyarlos.


* La Voz de Galicia - PEPE SEOANE - 11.3.14
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

3 comentarios :

QUIQUE dijo...

Menudo baile de fichajes hay por Orense! Y se creían que no los iban a cazar, pero se les acaba la bicoca, después de tantos añitos, chupando del bote de los Orensanos! Entiendo, trato de favor, una forma muy apetitosa de llevarse dinero fresco y de forma fácil! Venga que se acaba con vuestro feudo interno, y ahora a dimitir, eh?

MARÍA JOSÉ dijo...

La garantía jurídica exige que las formalidades administrativas se cumplan a rajatabla. Cualquier irregularidad en este sentido puede y debe ser investigada. Es escandaloso que una obra con un presupesto de 600 mil euros se de a dedo con la excusa de que se perdia una subvencion, entonces doble error, perder la subvencion por inútiles y hacer esa cafrada. Es la duda de elegir si son cafres o corruptos

VIORE dijo...

El alcalde, Agustín Fernández, aludió este lunes al riesgo de "instrumentar a la justicia desde el ámbito político para desgastar a un gobierno”«¿Qué sucede cuando se molesta a quien manda? Se activa una máquina hecha de dosieres, de periodistas conniventes, de políticos intrigantes que tratan a través de medios de comunicación y chantajes de deslegitimar a sus rivales? Así funciona la máquina del fango, usando el desprestigio y la difamación contra aquellos que no se someten». Lo dice Saviano