El Supremo ordena derribar un complejo turístico en un área protegida de Cáceres

Este asunto ya viene de hace años cuando Ecologistas y Adenex denunciaron la construcción de un gran complejo turístico en una isla protegida del embalse de Valdecañas en Cáceres. Tras sentencia del Tribunal de Extremadura , y al final del Supremo, ha sido declarado ilegal, pero lamentablemente la 1ª fase del proyecto está ya acabada, con lo que ahora la reposición del terreno a su primitiva situación es bastante complicada. Habrá que ver si la actuación judicial cumple con la sentencia que ha dictado de derribo y reposición y, también, si los culpables de este atentado contra el territorio, sean políticos o empresarios, son efectívamente penalizados con todos los cargos a su costa.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha ordenado el derribo de una macrourbanización enclavada en una isla del pantano de Valdecañas, en el noreste de la provincia de Cáceres, porque sus terrenos están incluidos en la Red Natura 2000 y no se pueden hacer desarrollos urbanos en zonas con este nivel de protección ambiental. El fallo vislumbra el final de una batalla judicial iniciada en 2007 por las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex y en la que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ya había considerado ilegal el complejo Marina Isla de Valdecañas, promocionado como el proyecto turístico y de ocio más importante de Extremadura.

La piqueta llegará, si llega, demasiado tarde, cuando la primera fase del proyecto ya está culminada. En ella se incluyen 180 villas turísticas, un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas, o una base naútica con 76 atraques, además de playa artifificial, senderos peatonales o un complejo deportivo. La compañía Marina Isla de Valdecañas, S.A., asegura que ha desembolsado ya 130 millones de los 200 previstos. La Junta de Extremadura debería asumir la demolición y los posibles daños que reclamen los propietarios de las viviendas ya vendidas o la propia promotora, a la que dio vía libre para desarrollar el proyecto.

El Gobierno de Extremadura aseguró ayer a EL PAÍS que se están planteando impugnar las sentencias ante el Tribunal Constitucional. “Desde que se modificó la Ley de Suelo de Extremadura en 2010 y 2011, Marina Isla de Valdecañas se acoge a la legalidad vigente”, señaló un portavoz. Este cambio legislativo, también recurrido por las ONG, se produjo días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considerara ilegal este complejo. Para ello unieron sus fuerzas PSOE y PP. “La Ley del Suelo de Extremadura se modificó con el apoyo unánime de la Cámara regional”, argumentan.

Los abogados José María Trillo y Maria Ángeles López Lax, representantes de Ecologistas en Acción y Adenex respectivamente, inciden en que no se puede revertir la protección en un suelo una vez que se ha dictado y critican duramente que se haya llegado a cambiar una ley para adaptarla. “Es un ejemplo de la irracionalidad del planteamiento urbanístico en el que estábamos asentados”, destaca Trillo.

A pesar de que en 2011 ya tenían una sentencia de alto tribunal extremeño que ordenaba el derribo del macrocomplejo no pudieron impedir que el continuara desarrollándose porque les reclamaban una fianza de 40 millones para ejecutar la demolición, algo “inasumible” para una organización ecologista. La crisis y el proceso judicial han ralentizado las ventas de estas villas, ofertadas a medio millón de euros, y apartamentos, que parten de los 200.000 euros.

“Vamos a una política de hechos consumados y esto no puede ser”, opina López Lax, que recuerda que muchos compradores han reclamado en los tribunales la nulidad de los contratos de venta al conocer que la legalidad de la urbanización estaba cuestionada. Este periódico ha pedido a la compañía que aporte su versión de lo ocurrido, pero no ha obtenido respuesta.


* El País - JUANA VIÚDEZ - 6-2-14
Foto: Valdecañas (Cáceres), urbanizacion y golf - ecologistasenaccion.org



5 comentarios :

itziurko dijo...

Para que se meterá el Supremo en estos berenjenales, a sabiendas de que no le van a hacer ni puñetero caso. Como en el Algarrobico, que ya ha mandado derribar dos veces y aún sigue en pie. Si le hiciera caso la Junta de Extremadura, el coste del derribo y las indemnizaciones deberían pagarlas la empresa constructora y los políticos que cobraron comisión por permitir que se construyera en terrenos protegidos de la Red Natura. Con todos sus bienes.

excelsius dijo...

Espero que la sentencia de demolición se haga efectiva y sirva para algo y que esta urbanización ilegal desaparezca del mapa. Hay que acabar de una vez por todas con la impunidad de los delitos urbanísticos y las agresiones al medio ambiente.

sevilla dijo...

Y ¿cómo es en el resto del país? ¿Has visitado los horribles 1.200 km de hormigón qué hemos construido a beneficios de los amigos de los amigos de los corruptos, muchas veces de mal gusto o de una calidad de pena que ya hay bastantes edificios entrando en ruina. Habrá que esperar que la naturaleza venga con sus escrituras y diga: ¡Esto es mio!


paracelsius dijo...

¿Por qué cuando un magistrado o conjunto de magistrados dicta una sentencia de derribo de una poblado chabolista, inmediatamente se pone en marcha la policia y la maquinaria necesaria para llevarla a cabo y cuando en una una urbanizacion de lujo casi nunca se lleva a cabo?¿Será por que hay intereses economicos ocultos, como para llegar a modificar normas urbanisticas o por que son amigos de algunos politicos? Pensando en lo economicos no será que hay corruptelas.

jeecko dijo...

Bien la sentencia pero escasa, y seguramente no tendrá la repercusión deseada que es la de reparar un espacio natural. En mi opinión el juez debería haber obligado a que la promotora, Marina Isla de Valdecañas, corriese con todos los gastos de demolición e indemnizaciones. La razón es muy simple, todas las empresas tiene cierto riesgo y a veces están mal concebidas desde el principio, como es el caso, y hay que asumir las consecuencias. Y así nos dejamos de pasar la bola entre administración por permisos y empresas, que al final no hacen nada a pesar de lo que dicte un juez.