Un exedil de Urbanismo del PNV en Lezo será juzgado por prevaricación

Continúa la corrupción urbanística en el País Vasco, por más que los ciudadanos allí parezca que no valoren tanto esta lacra pública como en otras autonomías. Ahora es el caso de Lezo (Gipuzkoa) donde un concejal de Urbanismo del PNV es imputado por un delito continuado de prevaricación ocurrido hace 10 años (diez). Una vez más la justicia ha estado demasiado lenta y así no hay forma que estos cargos públicos sean condenados ejemplarmente, siempre además que no haya prescrito el delito.
"DIARIOVASCO* : El exedil de Urbanismo de Lezo entre los años 2003 y 2007, Jesús María Martiarena (PNV), será juzgado a principios de año en San Sebastián acusado de un delito de prevaricación por adjudicar presuntamente "de forma directa" unas obras de excavación y la redacción del proyecto de un aparcamiento en esta localidad. El exconcejal se enfrenta a una petición de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa, que le imputa un delito continuado de prevaricación.

Los hechos tuvieron lugar en la legislatura comprendida entre los años 2003 y 2007, período en el que Lezo fue gobernado por el PNV y EA en coalición.
La siguiente legislatura, la localidad fue dirigida por ANV, formación que se hizo con la Alcaldía y que denunció lo sucedido ante la Fiscalía, según han señalado hoy a EFE fuentes del caso.
El Ayuntamiento de Lezo, que en la actualidad está gobernado por la coalición abertzale Bildu, ejerce la acusación particular en este caso y también reclama nueve años de inhabilitación para el procesado.
El caso se remonta al 24 de noviembre de 2003 cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Público, la Comisión de Gobierno de la localidad aprobó un documento para "la normalización de cinco procedimientos de contratación", tras lo cual presuntamente el procesado adjudicó dos de estos proyectos "de forma directa", a pesar de que tenía "pleno conocimiento" del "procedimiento legal para las adjudicaciones".
El documento recuerda que entre las atribuciones del procesado se encontraba la aprobación de proyectos de obras y servicios que no excedieran de 30.000 euros, así como de suministros y contratos de asistencia técnica que no rebasaran los 12.000.
En este contexto, el encausado habría adjudicado "de forma directa" las obras de excavación de la parcela municipal conocida como Salva, del Polígono 107, "sin tramitar expediente administrativo de contratación" de los trabajos, "sin oferta pública" y "sin aprobación previa del órgano del gobierno municipal competente que era la Junta de Gobierno Local".
El documento de la Fiscalía aclara que el presupuesto presentado por la adjudicataria de esta excavación "ni siquiera permitía conocer las características de la obra, ya que no existía estudio previo o aproximado del gasto total", que en todo caso excedió "notablemente" de los 30.000 euros, ya que las dos facturas que presentó al Ayuntamiento posteriormente, en 2006, ascendieron a 56.524,19 euros y a 36.339,22 euros.
Asimismo, el concejal presuntamente adjudicó "directamente" a otra empresa la redacción del proyecto básico de construcción de un aparcamiento en el área de Arraitoki, así como la urbanización de la zona, que supuso un desembolso de 66.928,71 euros, más 5.116,09 "de gastos de PCV".
Los "honorarios" de esta empresa fueron pagados por el consistorio el 14 de junio de 2007, dos días antes de la fecha fijada para la constitución de los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones locales celebradas el 27 de mayo de aquel año y que auparon a ANV a la Alcaldía de Lezo.
El escrito de la Fiscalía concreta que, "al igual que en el supuesto anterior, no hubo resolución municipal para tramitar" el citado expediente de contratación, no existió concurso público" ni se comunicó al órgano competente por la cuantía del desembolso.


* Diario Vasco - EFE - 7.12.13
Foto: Lezo (Gipuzkoa) - caminosantiago



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