La Policía cerca al ex-número dos del PNV en Álava por el 'pelotazo' de Zambrana

Como se sigue viendo la corrupción urbanística no es cuestión de banderas o nacionalidades, en el País Vasco son muchos los casos en los que el PNV, principal partido en el poder durante largo tiempo, ha caído en estas prácticas ilegales que han supuesto una importante estafa a la ciudadanía. El caso del Polígono industrial de Zambrana sigue en primera línea judicial tras casi 10 años (diez) de su inicio, ahora se hacen públicas nuevas investigaciones acerca de comisiones ilegales entre empresas y altos políticos para la adjudicación de las obras. Demasiado tiempo está tardando la justicia en esclarecer este 'pelotazo' urbanístico delictivo.
"ELMUNDO* : La Policía, en su esperado informe sobre el 'caso De Miguel', señala la existencia de claras irregularidades en la contabilidad de la trama de empresas del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y de su amigo y socio Josu Arruti relacionadas con el 'pelotazo' urbanístico de Zambrana (Álava), un proyecto por el que De Miguel cobró mediante testaferros de los promotores catalanes (Riera) mientras lo impulsaba desde distintas responsabilidades públicas, entre ellas la de diputado alavés del área de Urbanismo (denominada Administración Local y Equilibrio Territorial). Estas irregularidades vendrían a reforzar la hipótesis del juez instructor del 'caso De Miguel', Roberto Ramos, y del fiscal, Josu Izaguirre, que intuyen desde que este sumario se abrió hace ya cuatro años que estas mercantiles actuaron como tapadera para el cobro de comisiones ilegales y el blanqueo de capitales.

En total -los especialistas en delitos económicos de la Ertzaintza no aportan una cuantificación general- Riera y sus filiales (Enginergy, Prograig, SSDA, ...) abonaron una cantidad próximas a los dos millones de euros a sociedades de la órbita de De Miguel y Arruti. Este último, militante del PNV, fue el elegido por De Miguel para captar inversores para Zambrana mediante su empresa Sidepur y, como el político, está imputado en la causa. También lo está su padre, Jesús Arruti, que sacó de las cuentas de Sidepur 600.000 euros en efectivo en operaciones en cajeros o ventanilla casi diarias, hechos que apuntan a blanqueo de capitales pero sobre los que la Policía no tiene elementos para pronunciarse.

Lo que sí es claro es que Kataia Consulting, la asesoría desde la que De Miguel -a través de su mujer, con su hermana como contable y con la suegra como 'trabajadora'- tutelaba los múltiples negocios privados en los que estaba embarcado -algo ilegal para un cargo público a la luz de la Ley de Incompatibilidades- se llevó de los promotores catalanes un 'pellizco' de 180.000 euros. Además, el padre de Arruti ingresó 18.000 más en una cuenta a nombre de De Miguel que éste compartía con otros dirigentes del PNV alavés como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también imputados. Se desconoce a qué se correspondía este pago.

En principio, todos los ingresos de Riera y sus empresas asociadas -el personaje clave es Francesc Fernández, administrador de todas ellas- se justificaban por gestiones encargadas a Sidepur u otras empresas afines (en las que trabajan la hermana de Arruti y su marido o la esposa de De Miguel). Pero la Policía ha constatado en varias ocasiones que no hay soporte documental que justifique esos pagos elevadísimos. Un ejemplo de una de las supuestas transacciones comerciales: "Sobre las otras tres facturas no se reportan trabajos, por lo que se desconoce el trabajo concreto por el cual se realizó el pago a SIDEPUR S.L de 155.820 euros". Asimismo, el informe de la Ertzaintza reseña que estas empresas, en su mayoría, tenían muy poca actividad más allá de los cobros de Riera. Es más, según ha averiguado, Sidepur, que teóricamente elaboró informes técnicos sobre Zambrana con unos honorarios superiores al millón de euros, no tenía más que una trabajadora en nómina, la hermana de Arruti.

Los Arruti -y De Miguel- han argumentado que todos los pagos de Riera a este conglomerado de empresas están perfectamente justificados. Una buena parte corresponderían a informes técnicos, labores de asesoramiento, ... Si esos documentos no aparecen es -alegan- porque se inundó el almacén de Arruti en el que se guardaban. Han aportado la indemnización que les concedió una conocida aseguradora para probar esta coartada. Además, los pagos que no responden a encargos de Riera son préstamos. Es decir, que Riera les ingresaba el dinero pero que tenían que devolver esas cantidades.

La Policía sospecha de esta segunda coartada porque algunas de las empresas que cobraban no tenían mayor actividad. "No se entiende qué necesidades de tesorería puede tener una empresa que se declara en Hacienda inactiva. Y, ¿qué fianza ofrece para devolver el préstamo?", repite en dos ocasiones en su informe la Ertzaintza. Además, ya antes este periódico informó de que uno de esos 'préstamos' de Riera, con el que De Miguel, los Arruti y otros imputados compraron terreno en la zona de expansión urbana de Frúniz, nunca fue elevado a escritura pública. Es decir, no hay pruebas de que los justificantes de la transferencia no se hicieran 'a posteriori' para tapar ante el juez un pago por otro motivo.

Otra clave que agranda las sospechas sobre las operaciones vinculadas con Zambrana y Riera es que, como en el resto de negocios en los que la Policía ha descubierto ya el pago de comisiones, De Miguel las tenía registradas en unas carpetas que le fueron decomisadas en 2010, cuando fue arrestado -ahora está en libertad con cargos-. Esas anotaciones llegan a niveles de detalle extremos ("Martes, Josu Arruti -> Ayuntamiento"; "Reunión 21 octubre Txaber/Josu Arruti"), lo que apunta a que el político estuvo desde el inicio en la cocina del proyecto de Zambrana, que luego quedó en nada porque la recalificación y el polígono industrial que querían construir estaban planificados sobre terreno inundable ante eventuales crecidas del cercano río Ebro.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico lamentan que el informe -encargado hace más de un año- sea menos concluyente de lo esperado. De hecho, y a diferencia del emitido en 2011, la Policía no es contundente al calificar o no como delictivos los hechos investigados excepto en el caso de algunas operaciones de los Arruti. Ahí sí, apoyándose en informes de Hacienda, aprecia indicios claros de delitos fiscales.


* El Mundo - IKER RIOJA ANDUEZA - 28.12.13
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos



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