La PAH se prepara para resistir a la orden de desalojo del Bloque de Salt

Los Afectados por la Hipoteca convocan un acto multitudinario para evitar el desalojo del edificio ocupado en Salt (Girona) para realojar a decenas de familias desahuciadas. Continúan ciertos partidos políticos y la justicia más injusta admitiendo desahucios en edificios concretos, propiedad de los propios bancos delictivos en el fraude hipotecario. En este caso, además, ha caído la administración en manos del oscuro banco 'malo': la Sareb. O sea que tiene todos los componentes de una auténtica película de terror urbanístico.
"ELDIARIO* : La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se prepara para resistir este miércoles a la orden de desalojo del edificio de Salt de su Obra Social, el programa de ocupación de edificios en manos de los bancos para realojar a personas desahuciadas. Ante la amenaza que pende sobre las 43 personas que ocupan el edificio desde el pasado marzo, la PAH ha organizado una resistencia que se prevé masiva y llama la ciudadania a pasar ahí la noche del martes. Los afectados consideran especialmente grave que esto se dé en un edificio propiedad de la Sareb.

En un comunicado, la Plataforma expresa que el conflicto visualizará la colisión de dos modelos confrontados: "El modelo del Gobierno 'El Banco del Terror' (SAREB), y el modelo de la gente 'La autotutela de derechos' (La Obra Social de la PAH)." Denuncian que la entidad, con un 45% de fondos públicos, busca "malvender el patrimonio público, de las entidades rescatadas con dinero público, de todos", en vez de destinarlo a cumplir una función social.

La noche será amenizada por un concierto solidario a cargo de Feliu Ventura, Lágrimas de Sangre, Amparo Sánchez y Gossos. Ahí se reunirán activistas de PAHs de todo el territorio, así como de otros colectivos movilizados, como los bomberos que anunciaron que enviarán 100 personas a participar en la defensa del bloque. Aunque no sea una cifra fiable, en Facebook ya son más de 800 personas las que han asegurado que asistirán a la concentración en el evento creado por la Plataforma.

La PAH ha explorado todas las vías institucionales para intentar paralizar el desahucio antes de la fecha. La última de ellas, ayer por la noche en el pleno del ayuntamiento de Girona, donde se votó una moció presentada por PSC, ICV-EUiA y la CUP pidiendo la paralización del desahucio. La votación resultó en empate con los votos en contra de CiU y PP y el voto de calidad del alcalde Carles Puigdemont sirvió para reprobar la propuesta.

La semana pasada 38 diputados del Parlament, pertenecientes a Esquerra, PSC, ICV-EUiA y la CUP, firmaron una petición en la que solicitaban al Conseller de Interior Ramon Espadaler la paralización del desahucio y que los Mossos d'Esquadra no ejecutaran la orden. El texto remarcaba que "la ocupación de viviendas vacías se ha convertido en una necesidad y la única posibilidad existente para los que ya han agotado las restantes".

El viernes la Agencia de Vivienda de la Generalitat reaccionó a la presión de la PAH y presentó un escrito en el juzgado para solicitar que se retrasen los desahucios. La Secretaría de Vivienda asegura que pide el aplazamiento para seguir estudiando la situación de todas las familias y admite que algunas se ajustan a los criterios de realojo de la Generalitat.


* El Diario - João França - 15.10.13
Foto: Bloque en Salt - eldiario


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Varapalo del TSJ al Ayuntamiento de Cartagena al anular un trámite de Novo Carthago

El plan de Novo Carthago, junto al Mar Menor, continúa la larga serie de irregularidades cometidas por el ayuntamiento de Cartagena. Las 10.000 viviendas, hoteles, campo de golf, etc, están todavía pendientes en la vía penal para dirimir las responsabilidades de los dirigentes públicos implicados. Ahora se suma un nuevo rechazo administrativo, lo que da idea de cómo se cometen los pelotazos urbanísticos de mayor relevancia territorial. Afortunadamente, en este caso, el macroproyecto delictivo ha sido detenido a tiempo, no como en otros lugares.
"LAVERDAD* : Mientras en la vía penal trata de aclarar las posibles responsabilidades de cargos políticos y funcionarios por los supuestos delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de ordenación del territorio protegido en la tramitación del proyecto Novo Carthago, en la vía administrativa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acaba de dar un varapalo al Ayuntamiento de Cartagena por este mismo asunto. En una sentencia conocida ayer, la Sala de lo Contencioso del TSJ ha anulado el decreto municipal de mayo de 2007 por el que aprobó el proyecto de reparcelación de esta macrourbanización de 10.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en San Ginés de la Jara, junto al Mar Menor y la finca Lo Poyo.

La resolución confirma una anterior de un juzgado de Cartagena, que ordenó devolver el expediente al momento en que se debieron recoger unas propiedades de la comunidad de regantes de la zona. La sentencia estimó también de forma parcial el recurso de otros tres propietarios de terrenos.
Los regantes habían alegado que la distribución de los solares aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento no contemplaba varios caminos de su titularidad que atravesaban el espacio afectado.
La Sala rechaza los recursos presentados por la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto, el Ayuntamiento y dos particulares contra esa primera sentencia.

El TSJ sostiene que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, en su resolución de julio de 2012, estimó íntegramente el recurso de la comunidad de regantes contra el decreto de la Gerencia de Urbanismo y contra la resolución posterior de la Junta de Gobierno Local que mantuvo la reparcelación aprobada.
El fallo judicial, que se ve confirmado ahora, imponía retrotraer las actuaciones municipales para que se recogieran las demandas de los regantes y el aprovechamiento urbanístico que les correspondía.
En cuanto a la apelación de la empresa, ésta planteó la existencia de una contradicción entre lo declarado por el juez y lo que se desprendía de las actuaciones llevadas a cabo, así como un error en la apreciación de los hechos y una valoración «arbitraria, irrazonable o ilógica de la prueba». Al desestimar sus alegaciones, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia indican que aquéllas deben ser planteadas por la vía administrativa, aprovechando el cauce abierto con la decisión judicial de retrotraer el expediente.
Este diario solicitó al Gobierno municipal información sobre la repercusión de la sentencia (contra la que no cabe recurso) y cómo la evalúa, pero no hubo respuesta.

La Comunidad y la UE
Según fuentes municipales, el trámite al que se refiere la sentencia es un paso previo al proyecto de urbanización, que todavía no ha sido aprobado de forma definitiva. El trámite anterior al ahora anulado, llamado Plan Parcial, también fue objeto de un recurso contra el Ayuntamiento. Lo interpuso la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), pero el TSJ dio la razón el Consistorio por un defecto de forma en febrero de este año.
Uno de los escollos actuales es cómo se concretará lo relativo a la restauración del humedal de Lo Poyo. En su día, se estableció la obligación por parte de la empresa de descontaminar de los metales pesados procedentes de la minería la parte del saladar que se veía afectada por el campo de golf.
Al retirarse del plan esa zona protegida por exigencias de la Unión Europea, la Administración entendió que tampoco había lugar ya a la obligación de restaurar el humedal. El argumento es que éste no genera ya a la promotora un beneficio en forma de edificabilidad en otra zona de este residencial.
Aunque el nuevo Plan General de Ordenación Urbana abre la puerta a esta posibilidad, el proyecto de urbanización (que necesita el visto bueno del área de medio ambiente de la Comunidad Autónoma) aún no ha sido aprobado de manera definitiva.
Asimismo, el propio Plan General ha sido objeto de un recurso judicial por la vía contencioso-administrativa por parte de la asociación ecologista ANSE, que considera que pasa por alto la declaración de impacto ambiental en lo relativo al humedal con una redacción ambigua sobre la zona de Novo Carthago.
Si al final no tiene que limpiar el humedal, Hansa Urbana (que compró parte de los terrenos con un préstamo de la antigua CAM de 95 millones de euros) evitará un gasto de unos 31 millones. Queda la duda de si el saladar quedará sin descontaminar o si el coste tendrán que asumirlo los ciudadanos a través de sus administraciones públicas.

Conexiones con Marbella
La empresa calculó en 7,11 millones el desembolso para la limpieza del 23% del paraje, ya que la zona restante iba a ser restaurada por los promotores de otra urbanización: la de Lo Poyo. Sin embargo, la Unión Europea indicó en varios informes que sería necesario restaurar de forma íntegra todo el saladar. Y eso elevó la factura en unos 23 millones.
Hansa contaba con que el 77% del suelo iba a ser restaurado por los dueños de la finca anexa, pero el Gobierno regional suspendió los planes de urbanización por las conexiones de los propietarios con el caso de corrupción en Marbella.
El proyecto también es polémico porque la empresa tiene pendiente la restauración completa del monasterio medieval de San Ginés de la Jara.


* La Verdad - J. A. G. / EFE - 12.10.13
Foto: Cartagena, proyecto Novo Carthago - osmobra



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