El alcalde de Granada, imputado por prevaricación urbanística

Granada es otra ciudad que ha estado desde hace tiempo en la picota urbanística, ahora se acusa a su alcalde por favorecer a determinados amiguetes promotores, algo en lo que han salido perjudicados, evidentemente, todos los ciudadanos granaínos.
"ELDIARIO* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Granada ha llamado a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), investigado por supuestamente favorecer a dos promotores inmobiliarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' por aceptar la cesión de solares al Ayuntamiento a cambio de perdonarles la deuda que mantenían con este precisamente por no construir el mencionado proyecto del Palacio.

La información la adelantaba en su edición de este martes el diario Ideal de Granada.

En concreto, el magistrado Basilio García interrogará a Torres Hurtado el próximo 22 de julio, a las 9.00 de la mañana, acerca de su actuación en el acuerdo que canceló la deuda de alrededor de 8,2 millones de euros de dos promotores con el Ayuntamiento de Granada al no realizarse la obra del Palacio de Hielo en la zona del Cerrillo Maracena, por lo que estos nunca habían llegado a ceder al municipio los aprovechamientos correspondientes en el convenio urbanístico.

En 2011, el alcalde aceptó dos parcelas de dicho convenio a cambio de perdonar la deuda, aunque los activos de ambos empresarios ya estaban embargados gracias a una sentencia judicial, algo que el PSOE denunció por considerar que "lesionaba los intereses" del Ayuntamiento y que el juez instructor intenta aclarar, de momento imputando al regidor, a los dos promotores y a los responsables de la Caja Rural de Granada, también parte del convenio.

Robo de terrenos al Estado

El 'caso Palacio de Hielo', estrechamente relacionado con esta investigación, sentará en el banquillo el próximo mes de octubre precisamente a los mismos promotores imputados junto al alcalde, aunque no a este ni a ningún representante de la Caja Rural, y al ex concejal de Urbanismo de Granada, Luis García Royo (PP), que formó parte del equipo de gobierno de Torres Hurtado en el mandato 2003-2007.

El ex concejal García Royo y varios funcionarios del Ayuntamiento de Granada, entre ellos el entonces gerente de Urbanismo y actual Jefe de Obras, Manuel Lorente, están acusados de ponerse de acuerdo con las promotoras (JJ Consulting SL y Promociones Arcomarex) así como la Caja Rural, para, en 2005, al trazar el convenio urbanístico para la construcción del Palacio, incluir como si fuesen terrenos municipales parcelas de la zona que en realidad, pertenecían al Estado, en concreto al Ministerio de Fomento y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Fue el propio Estado quién denunció los hechos, abriendo una investigación que ya había salpicado al alcalde Torres Hurtado y a la actual edil de Urbanismo, Isabel Nieto, ya que uno de los imputados –que ahora también acompañará a declarar al regidor en este nueva investigación–, el promotor José Julián Romero, los acusó de ser los responsables últimos del convenio del Palacio.

Acusaciones del promotor

De hecho, el acuerdo de compensación de la deuda de los 8,2 millones a cambio de parcelas se produjo tras una de las primeras declaraciones en prensa de Romero acusando a Nieto y Torres Hurtado de haber mantenido la validez del convenio por el que se lo embargaba más allá de las municipales de 2007, cuando García Royo fue sustituido al frente de la concejalía de Urbanismo.

Aunque el acuerdo de 2011 templó los ánimos, Romero volvió a acusar ante los micrófonos a Torres Hurtado de estar implicado en el 'Palacio de Hielo' en vísperas de las autonómicas de 2012, poco después de que Fiscalía pidiese juicio oral.

El Estado ha conseguido la anulación de al menos dos convenios urbanísticos similares más entre 2010 y 2011, en este caso en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Se trata de las parcelas conocidas como Azucarera San Isidro y Villa Pineda, la primera fruto de un convenio de 2004 que firmó García Royo y la segunda de otro de 2007 ya con Nieto como edil. Actualmente también está en los tribunales el Plan Parcial PPT-17, que el Ministerio de Fomento denunció en 2012 que contabiliza como municipales casi 4000 metros cuadrados de propiedad estatal.


* El Diario - Miguel Gómez - 2.7.13
Foto: Torres Hurtado, investigado por favorecer supuestamente a dos promotores inmobiliarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' / EFE


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Valencia.- El juez de Gürtel imputa a cuatro cargos más por amañar contratos

Continúa el goteo de notables políticos valencianos imputados en la trama corrupta 'Gürtel'. Ahora se trata de ex altos cargos de la Generalitat de Camps que fraccionaban ilegalmente contratos de obras a fin concederlos a dedo y sin competencia a empresas de la trama. Habrá que ver hasta dónde llega la justicia, y si lo hace con rapidez, ante tantas pruebas inculpatorias.
"ELPAÍS* : El caso Gürtel sigue siendo un agujero negro para el PP y el Gobierno valenciano cuya profundidad resulta imposible de estimar. Un día después de que el juez José Ceres enviara al banquillo a dos diputadas autonómicas que fueron consejeras con el expresidente Francisco Camps —a una la fiscalía le pide 11 años de cárcel y a la otra, 10 de inhabilitación— trascendieron otras cuatro imputaciones de antiguos cargos de la Generalitat. Todas ellas están relacionadas con el fraccionamiento de contratos e irregularidades similares que habrían tenido como fin conceder sin competencia numerosos contratos a empresas de la trama corrupta.

El primero de los nuevos imputados es Juan Miguel Bellver, que era director general de la empresa pública de Medio Ambiente Vaersa en 2004, cuando se concedió un contrato de 119.000 euros (más IVA) a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market.

Vaersa pagó la mitad del dinero, que debía servir para realizar una campaña de sensibilización del contenedor amarillo. Orange Market no hizo nada. Y la empresa pública nunca pidió el reembolso de los fondos.

El juez imputa a Bellver “porque del contenido de su propia declaración” como testigo “pueden existir indicios racionales bastantes para su participación en los hechos”. Derivado, en parte, “de las manifiestas contradicciones en las que incurrió”, “tanto en lo relativo a su papel en la decisión de la contratación como en posteriores actuaciones para la resolución del contrato”. Contra el exdirector de Vaersa pesa también la declaración de otro de los imputados, Antonio Santo Juan, jefe de área en Vaersa, “que intervino personalmente en la gestión de esta contratación”.

El magistrado se apoya igualmente en la declaración de otros excargos para imputar a Enrique Navarro, que fue secretario autonómico de Familia hasta diciembre. El juez ve indicios de que Navarro tuvo una “intervención relevante y decisiva” en la contratación de distintas empresas de la trama Gürtel para los actos Balance General (23.514 euros), Violencia de género, tolerancia cero (20.952 euros) y Punto Final (23.759 euros). Se celebraron entre 2006 y 2007 y, según la Intervención General del Estado, fueron troceados para adjudicarlos sin competencia.

El juez menciona que para imputarlo ha tenido en cuenta las declaraciones de Clara Abellán, exdirectora de la Mujer, así como del “jefe de prensa, la secretaria general administrativa y el jefe de sección de Coordinación Administrativa” que entonces trabajaban en la Consejería de Bienestar Social.

Enrique Bort, jefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), queda imputado por “facilitar, direccionar”, y participar presuntamente “en alteraciones relevantes” del procedimiento de contratación que eligió a Orange Market para realizar un vídeo sobre parques empresariales por 69.600 euros.

El cuarto imputado, por el mismo contrato que Bort, es José Manuel Vidal, que era empleado de Orange Market “aunque también fue alto cargo en algunas consejerías”. Vidal, a quien el juez atribuye “negociaciones y contactos posiblemente irregulares” con funcionarios para hacerse con el contrato, pasó por varios departamentos de la Generalitat. Incluido el gabinete del expresidente Víctor Campos, condenado por aceptar regalos de la red.


* El País - IGNACIO ZAFRA - 2.7.13
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo



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