Imputado un ex teniente de alcalde de Barcelona por el sobrecoste del Sant Pau

En el nuevo edificio del hospital de Sant Pau se incumplieron las normas públicas de contratación, lo que finalizó con un sobrecoste elevado en su construcción, por lo que ya hay más de 20 imputados de distintas administraciones y partidos políticos por delitos de malversación y prevaricación.
"ELPAÍS* : La investigación en marcha en el juzgado nº22 de Barcelona que trata de poner luz al cúmulo de adjudicaciones y pagos irregulares registrados en la última década en el hospital de Sant Pau salpica ya a prácticamente todos los gestores y políticos que intervinieron en la construcción entre 2001 y 2009 del nuevo edificio del centro sanitario, que registró un monumental sobrecoste desde los 216 millones de euros previstos inicialmente hasta los 293 millones, un 35%, según han revelado documentos internos del hospital".

En un auto dictado, el magistrado Juan Emilio Vilá Mayo llama a declarar como imputados por los delitos de malversación y prevaricación a otras nueve personas (que se suman a la docena ya imputadas), entre las que destaca el ex teniente de alcalde por el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas y la del expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat Domènech. La imputación de Casas se debe a que ocupaba en representación del municipio un sillón en la Muy Ilustre Administración (MIA) de Sant Pau, su máximo órgano directivo y en el que están representados la Iglesia, la Generalitat y el Ayuntamiento.

El auto destaca que entre 2001 y 2005 fueron adjudicados contratos por decenas de millones de euros sin la correspondiente licitación pública. Lo destacable del caso es que pese a era la Generalitat la que financiaba las obras, fue la MIA la que las adjudicó y supervisó, a menudo incumpliendo la normativa. Este hecho explica en buena medida el desaguisado registrado en el proyecto de construcción del hospital.

El juez detalla en las cinco páginas del auto la adjudicación por casi 100 millones de euros "sin acudir a ningún procedimiento de contratación", es decir, sin concurso público, de dos de las cuatro fases de construcción del hospital (la segunda y la tercera). El auto también recoge la adjudicación directa de contratos de jardinería a la empresa Green Project por 473.482 euros y de la asesoría del traslado de los servicios del hospital desde los antiguos al nuevo edificio a la empresa Consultoria i Gestió, filial del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC).

Junto a Casas también han sido imputados como representantes de la MIA en los años investigados Joan Jarque Jutglar y Josep Anton Arenas Sampera. El juez también ha incluido en la lista de imputados a Malaquías Zayas Cuerpo, ya fallecido.

El auto también llama a declarar al exgerente Jordi Colomer (2004 a 2007) y a su antecesor en el cargo Josep Anton Grau i Reinés, que fue director del Institut Català del Sòl (Incasòl) con el primer Gobierno de Artur Mas. Asimismo ha sido imputado Jordi Bachs Ferrer, gerente de la fundación que gestiona el patrimonio de la institución.

El auto también llama a declarar al exconsejero de Sanidad de la Generalitat, Josep Laporte, fallecido en 2005. El juez ha incluido a Laporte por su posición como presidente del patronato de Sant Pau en los primeros años de la pasada década.

Entre la lista de imputados destaca también la inclusión Josep Prat Domènech, quien está siendo investigado (fue detenido el pasado febrero) por varios delitos en la empresa municipal del Ayuntamiento de Reus, Innova. Prat formó parte de los órganos de dirección de la fundación que gestiona el hospital.

La gran investigación judicial sobre la gestión del hospital de Sant Pau arrancó hace poco más de un año tras la querella presentada contra la cúpula del hospital por sindicatos y trabajadores del centro sanitario. El juez ha imputado ya a una veintena de personas por el caso y ha dividido la causa en tres líneas de investigación. La primera, la que justifica el auto de hoy, investiga el sobrecoste y las adjudicaciones irregulares en la construcción del nuevo edifico del hospital. La segunda indaga los contratos irregulares a personas como Ricard Gutiérrez Martí, quien estuvo siete años cobrando como gerente adjunto del hospital pese a que ya no trabajaba en el centro.

La tercera línea de investigación indaga si la estructura del hospital, dividida en tres fundaciones, perjudica a pacientes y trabajadores, como afirman los denunciantes. Según esta hipótesis, la fundación que gestiona el ingente patrimonio del hospital (formada por más de un millar de propiedades recibidas como donaciones) se queda con las rentas de estos bienes sin transferirlas a la fundación que gestiona el hospital, en contra de lo que habrían establecido los donantes.

La crisis que vive el hospital se ha visto agitada tras revelar EL PAÍS que el actual presidente del patronato de la fundación que gestiona el centro sanitario, Xavier Pomés (ex consejero de Sanidad con los Gobiernos de Jordi Pujol, de CiU), es consejero en dos empresas privadas con importantes intereses sanitarios en Cataluña. La reacción de Pomés, negando tener relación económica con ambas compañías, provocó las críticas de buena parte de los partidos de la oposición, que pidieron su dimisión.


* El País - ORIOL GÜELL - 4.6.13
Foto: Nuevo hospital de Sant Pau en Barcelona. / CARLES RIBAS

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Enladrillar a toda costa

Gracias a la retrógrada Ley de Costas aprobada por el gobierno y el parlamento 'populares' han salido ganando quienes cometieron ilegalidades urbanísticas, porque ellos lo valían, y nos quedamos con cara de tonto los ciudadanos que no incumplimos las normas. Una lección impagable de cómo se hacen las cosas en este país, con la justicia, como siempre, mirando hacia otro lado.
"ANDRÉS BOIX* : Si en enero ya avisábamos de que Generalitat valenciana y sospechosos habituales han decidido reactivar la economía encomendándose de nuevo a la gallina de los huevos de cemento, la reforma de la Ley de Costas (por medio de una ley llamada “de protección y uso sostenible del litoral”, por si queda alguna duda a alguien respecto de qué va la película) finalmente publicada ya en el BOE, deja muy claro que desde el Gobierno central tampoco hay más ideas. Lo de siempre, con los errores de siempre, a mayor gloria de los de siempre".

No voy a aburrirles reiterando una y otra vez hasta qué punto es suicida destrozar nuestro patrimonio natural para conseguir algo de riqueza a corto plazo. Vista la escasísima reacción crítica ante destrozos pasados y barbaridades presentes como la nueva reforma o la manera en que los lobbies ladrillísticos empiezan a cocinar esa “ley urbanística valenciana menos absurdamente respetuosa con el medio ambiente” está claro que tiene poco sentido. Por lo visto, necesitamos más evidencias, en forma de desastres futuros (económicos, ambientales, de modelo social, de igualdad…) para entender hasta qué punto son nefastos estos peculiares programas de reactivación económica basados en salir de la crisis en que estamos metidos por culpa del ladrillazo y del copazo sin control… con más ladrillazo y copazo (y mucho menos control sobre sus agentes privilegiados).

Sin embargo, de los efectos de este tipo de reformas, que amnistían miles de ilegalidades en nuestras costas y les dan carta de naturaleza jurídica futura, que amplían las posibilidades de privatización de bienes públicos, que degradan el medio ambiente de todos para disfrute y ganancia de unos pocos… ya sea en este ámbito o en el urbanismo, sí que vale la pena hablar analizando qué comportamientos incentivan y los correspondientes ganadores y perdedores:

-Ganan quienes cometieron ilegalidades porque ellos lo valían (casas ilegales, chiringuitos fuera de medida…) y nos quedamos con cara de tonto los ciudadanos que no incumplimos las normas, viendo cómo no sólo no obtuvimos ventaja pasando de la ley sino que ahora los pillastres consolidan para siempre el rédito logrado con su caradura.

-Ganan quienes controlan ciertos resortes económicos que les han permitido durante años usar y abusar de bienes públicos en perjuicio del resto de ciudadanos y además, para más escarnio, lo hacen invocando esos poblados de pescadores y de gente humilde que sirven como grotesca pantalla mediática para tapar una apropiación tremenda de bienes y espacios de gran valor (y de todos) en beneficio de ciertas oligarquías.

-Ganan actividades económicas que tienen cautivo el rendimiento de espacios y bienes públicos (y una sorprendente capacidad de control de las decisiones políticas), no se sabe bien por qué razón, y perdemos quienes deseamos una economía más dinámica en sectores abiertos o incluso en esos mismos pero en régimen de libre competencia, condenados por una economía esclerotizada y que drena recursos a favor de estas actividades de poco valor añadido.

Ganancias todas ellas amparadas en un discurso que apela a la “necesidad” de no desaprovechar ciertas oportunidades en tiempos tan duros como los presentes. Ocurre, sin embargo, que esas “oportunidades” no rentan igual a todos. A ver si vamos aprendiendo.

@Andres_Boix, blog en http://blogs.elpais.com/no-se-trata-de-hacer-leer/


* El País - Opinión - 2.6.13
Foto: Aguilas (Murcia) - bahía del hornillo - greenpeace 2006



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