Mallorca.- Román Sanahuja confiesa un caso de corrupción por un negocio de 600 chalets

Se conocía ya bastante de la enorme corrupción urbanística existente en Mallorca, con dos partidos implicados principalmente: UM y PP. Ahora uno de los más importantes empresarios inmobiliarios lo reconoce públicamente y con ello parece aclararse algo más toda la trama mafiosa de los últimos años en la isla. Solo falta que la justicia esté a la altura de las circunstancias y sepa sancionar debidamente estos graves actos delictivos.
"ELPAÍS* : El nudo secreto con el que se ató un caso de supuesta corrupción política en Mallorca ha sido deshecho por dos protagonistas, quien pagó y quien cobró parte del cohecho. El gran patrón de la que fue una de las principales inmobiliarias españolas, Sacresa, Román Sanahuja Pons, asumió ayer por escrito ante la Audiencia de Palma que pagó un soborno de cuatro millones a dirigentes de Unió Mallorquina (UM). “El dinero fue solicitado y entregado al intermediario”, dijo el millonario, en dos lugares públicos de Mallorca. Un político de UM asumió haber cobrado 600.000 euros, Tomeu Vicens, antes, el caso y retornó una parte de la comisión, 120.000 euros".

UM que controlaba el Consell de Mallorca, ayudó a Sanahuja a lograr el que era un negocio apetitoso en 2005, en plena burbuja: la construcción en can Domenge, en Palma, de un barrio nuevo con 600 viviendas, que incluía un proyecto de Jean Nouvel. Al frente del Consell estaba la presidente de Maria Antònia Munar, con sus alfiles, Miquel Nadal y Tomeu Vicens.Sacresa abonó al Consell 30 millones por el terreno de 46.000 metros cuadrados al Consell aunque otro competidor, José Luís Núñez, ofertó el doble, 61 millones. La obra nunca se ejecutó, Sacresa entró en concurso de acreedores y el solar, hipotecado, fue embargado y vendido a muy bajo precio en 2012, por siete millones.

Unió Mallorquina saltó por los aires en 2010 por sus reiterados escándalos y detenciones, tras dominar el poder y los negocios oficiales –en especial Urbanismo y Carreteras- a lo largo de dos décadas, desde 1983, tanto en el PP como con el PSOE y el PSM.

El caso de este solar de Can Domenge está en los tribunales porque José Luís Núñez, expresidente del Barça, tras perder la partida de aquella operación (y por otras adversidades a causa de decisiones urbanísticas del UM) presentó una querella criminal contra los políticos al frente del Consell, UM y entonces el PP. Nuñez dijo que la política en Mallorca era “más o menos” como Marbella.

El inmobiliario y expresidente del Barça acusó al equipo de Munar-Nadal-Vicens y compañía de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración. Anticorrupción se sumó a la línea abierta por la querella e impulsó la acción penal. Los fiscales pese a sus esfuerzos con la policía, con numerosos registros, nunca pudieron obtener pistas ciertas y poder acusar por cohecho, la corrupción que ahora confiesan el el empresario y antes un político.

La dádiva de Sacresa se la repartió, en teoría, la antigua troika que dirigió por UM el Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Tomeu Vicens. Los tres tomaron 600.000 euros cada uno, dos millones fueron para el partido y el resto para intermediarios, según el ‘arrepentido’ Vicens, preso desde hace tres años.

El corrupto Tomeu Vicens –con dos condenas firmes por malversación- pactó semanas atrás con la Fiscalía y desencadenó, directamente, la confesión de Román Sanahuja, que había efectuado en 2010 una confesión mínima, parcial, en la que detalló solo tráfico de información privilegiada, sin soborno. Ambos ‘arrepentidos’ lograrán los beneficios de la colaboración con la justicia, penas mínimas de estancias en la cárcel.

Aquel episodio de corrupción asumida y confesa ha reventado a las puertas del juicio ante la Audiencia de Palma cuyo inicio está previsto para este miércoles, día 5 de junio. Los principales imputados (Munar, Nadal y Miquel Angel Flaquer, otro político de UM) cargan con peticiones de seis años de cárcel por delitos de fraude a la administración , revelación de secretos y prevaricación.

El delito de cohecho ahora apuntado no consta en la primera acusación, deberá ser instruido en una pieza nueva o agregado al sumario, más adelante. Munar descolocada por la delación de su mano derecha Vicens y después de Sanahuja, maniobró cambiando de abogado dos días antes, para intentar retrasar la vista.

El dueño de Sacresa en su declaración escrita afirma desde el Consell -Miquel Nadal- le exigieron los cuatro millones para cambiar la decisión del jurado que valoró las ofertas por el solar. “Sacresa accedió a las exigencias” escribe Román Sanahuja que mandó a su hijo en avión y en un bar hizo dos entregas a un emisario comisionista de UM, Miquel Llinás, ‘Cameta’, de Campos.

Sacresa dice ignorar como se repartió la dádiva, relato que corresponde a Tomeu Vicens. Sanahuja asegura que era dinero propio de su compañía, de sus cuentas. “Reconoce el grave error cometido accediendo a pagar esa cantidad de dinero. Reitero mi arrepentimiento y deseo de cooperar con la Administración de Justicia”, concluye.

Representantes de Sacresa, Mario Sanz y el ex consejero mde Cultura de CIU, Joan Maria Pujals, en el mes de junio de 2005, ocho meses antes de anunciarse el concurso oficial para enajenar el solar se vieron con la cúpula de UM para abordar el negocio. Sacresa formó una unión temporal de empresa (UTE) con un socio insular en minoría Ferrá Tur (que cobró 200.000 euros de la dádiva, según Tomeu Vicens). El letrado de Sacresa en Palma Santiago Fiol (hermano del politico del PP, Francisco Fiol) también está imputado por revelar secretos del concurso.


* El País - ANDREU MANRESA - 5.6.13
Foto: Palma, Can Domenge - concatel



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Madrid.- La Fiscalía investiga la ruina del palacio de Sueca y paraliza su derribo

Los delitos contra el Patrimonio histórico artístico son, lamentablemente, muy frecuentes en todo el país, pero que lo haga también un ayuntamiento como el de Madrid es algo que clama al cielo. Así ocurre con el céntrico Palacio de Sueca que, después de ser expropiado, fue abandonado ilegalmente a su suerte ruinosa, con una intención claramente especulativa.
"ELPAÍS* : Probablemente la investigación judicial sobre la ruina y derribo del palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio del centro de la capital que goza de la máxima protección histórico-artística, no conduzca a una emocionante historia de novela negra, porque nace de la confesión del autor del crimen: el Ayuntamiento de Madrid. Tras expropiar el inmueble en 1998, el gobierno municipal, dirigido por José María Álvarez del Manzano (1991-2003), Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (los tres, del Partido Popular), descuidó su obligación legal de conservarlo, tal y como reconoce en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS".

El total abandono sufrido durante los últimos 15 años llevó al Área de Urbanismo a decretar en abril su ruina, y a ordenar su inmediato derribo por el riesgo que supone para viandantes y bloques vecinos, entre ellos el patio de un colegio.

A partir de la información desvelada por este diario, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, ha abierto una investigación cuya primera consecuencia ha sido la paralización del derribo. La Fiscalía concluye que “existen indicios racionales de que los daños sufridos lo han sido como consecuencia de una falta de conservación y de mantenimiento flagrante”.

Tras la apertura de la investigación, la Guardia Civil se hizo con el citado informe de Urbanismo; comprobó los daños sufridos por el inmueble; tomó declaración a técnicos municipales; y recabó el testimonio de la directora del instituto público San Isidro, cuyas instalaciones están amenazadas por el posible derrumbe del palacio, hasta el punto de que un patio del centro se encuentra vallado para evitar que los niños puedan resultar heridos.

La Fiscalía comprobó que el Ayuntamiento tuvo que apuntalar el edificio en 1988, cuando aún era de propiedad privada. Diez años después, en 1998, se detectó que los daños se habían agravado, y se adoptaron nuevas medidas de seguridad. Ese mismo año, el Ayuntamiento expropió el inmueble. Sin embargo, en su inspección de abril, Urbanismo constató que desde entonces “no se ha acometido ninguna reparación”, y “la estabilización del edificio corresponde a intervenciones de carácter provisional con más de 15 años de antigüedad, sin que haya mediado desde entonces ninguna revisión de dichas medidas de seguridad”.

La actuación de Urbanismo se debió a la denuncia del instituto, que temía que el palacio se le cayera a los niños encima. Cabe destacar que el abandono no se puede imputar a Urbanismo, sino al área municipal de Hacienda, de quien depende el edificio.

A partir de estos hechos, la Fiscalía ha abierto diligencias informativas, y el Ayuntamiento ha paralizado por ahora el derribo.

El propio Consistorio había admitido ya su culpa en su informe de abril: “El deterioro y agravamiento de los daños existentes en la finca son fruto del total abandono en el que se encuentra la edificación. El incumplimiento del deber de conservación implica, además de los problemas de seguridad derivados, un incumplimiento en el deber de protección del Patrimonio Histórico”.

Urbanismo recordaba que la Ley regional del Suelo obliga a los propietarios de un edificio a “mantenerlo en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlo”. Así mismo, la Ley regional de Protección del Patrimonio dicta: “Los propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Histórico están obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro”.

El portavoz de IU, Ángel Pérez, pidió explicaciones al PP por este asunto: “¿Cómo se puede llegar a tanta desidia e irresponsabilidad como para permitir dilapidar de esta manera el patrimonio histórico de la ciudad?”. “No se hace lo que se promete ni se cuida lo que se tiene”, añadió, en referencia al compromiso de Gallardón de convertir el palacio en viviendas de alquiler para jóvenes, y de instalar allí una biblioteca o una escuela de música. El portavoz de UPyD, David Ortega, se mostró preocupado por la falta de seguridad que supone el estado actual del inmueble, llamó la atención sobre el “descuido del patrimonio” e inquirió al Ayuntamiento por “el coste de este desastre para los madrileños”.

15 años de negligencia municipal

El palacio de la Duquesa de Sueca se alza en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, data del año 1850, tiene 7.200 metros cuadrados de superficie, y fue expropiado en 1998 por el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), para convertirlo en sede de la Concejalía de Asuntos Sociales.
Alberto Ruiz-Gallardón (PP) aparcó ese proyecto tras ganar las elecciones municipales de 2003, y encargó al arquitecto portugués Álvaro de Siza que rehabilitara el inmueble para albergar 205 pisos de alquiler para jóvenes. En la planta baja se iba a ubicar una escuela infantil o de música, o una biblioteca. El proyecto costaría 12,5 millones y concluiría en 2006.
El alto grado de protección del edificio (el máximo posible) rebajó el proyecto a tan solo 60 viviendas. Además, el uso del suelo, dotacional, llevó a Gallardón a retorcer el lenguaje para convertir esos pisos en “alojamientos municipales”.
En 2007, cuando el proyecto ni siquiera había comenzado precisamente por los trámites urbanísticos para cambiar el uso del suelo, un juez dio la razón a la constructora a la que se le había expropiado el edificio, y dictó que se le devolviera, puesto que el Ayuntamiento dijo que lo iba a usar para dotaciones y estaba haciendo pisos. Ambas partes mantienen ahora un litigio judicial para acordar el precio de reversión. El Ayuntamiento espera compensar con ese dinero no sólo el coste de la expropiación (4,4 millones de euros en 1998), sino también el gasto en vigilancia para evitar okupas (470.000 euros).


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 5 JUN 2013
Foto: El palacio de la duquesa de Sueca, en la calle Duque de Alba. / SAMUEL SÁNCHEZ

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