La reforma de la Ley de Costas amnistía la especulación

Seguimos a vueltas con la demencial Ley de Costas aprobada por el gobierno, con el apoyo, claro, de todo su partido. Esta Ley injusta va a suponer amnistiar más de 10.000 construcciones ilegales en el litoral, lo que supone un agravio comparativo para aquellos que edificaron correctamente. El asunto es gravísimo ya que, de hecho, privatiza unos 600 km2 de la mejor zona: la costa protegida. Es fácil ver la especulación urbanística delictiva que esto conlleva.
"DIAGONAL* : El pasado 10 de abril las enmiendas a la reforma de la Ley de Costas entraban en el Senado con la polémica de la mano. El Grupo Popular, siguiendo los dictámenes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambi­ente, añadía una propuesta encaminada a reducir la franja de protección de la costa de cien a veinte metros. Se propone así que aquellas construcciones anteriores a 1988 situadas en ese tramo puedan legalizarse, un mecanismo que la anterior ley preveía como excepción sólo para aquellas edificaciones situadas en suelo urbano. Para el Gobierno se trata de “parar la fotografía en 1988”. Para Greenpeace, de “posibilitar a los ayuntamientos que legalicen sus barbaridades”.

Diez mil construcciones

“Es una locura. Se calcula que hay más de 10.000 equipaciones ilegales. Y ahora, se deja en manos de los ayuntamientos que soliciten su legalización. La Ley de Costas es una amnistía generalizada a todos los desmanes de la especulación urbanística que ha habido en nuestro país, en el que se ha construido en el litoral una superficie igual a ocho campos de golf al día”, señala a Diagonal Pilar Marcos, portavoz de la campaña de Costas de Greenpeace.

Los ayuntamientos podrán empezar los trámites de validación de las construcciones en un plazo de tres meses desde que se apruebe la ley y éstas deberán cumplir una serie de requisitos tales como contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica o bien estar comprendidas en áreas consolidadas por la edificación, “al menos en un tercio de su superficie”.

Cuando la polémica enmienda se hizo pública, la ONG alzó la voz para informar de los nuevos cambios que pretendían introducirse bajo cuerda, motivo por el cual el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, salía en rueda de prensa para intentar dejar claro que la reducción de la protección de cien a veinte metros se aplicará sólo a construcciones anteriores a 1988 que no pudieron regularizarse con la Ley de Costas vigente y que no “abrían la mano” a futuras edificaciones.

Más ladrillo al pie del mar

“Esta modificación, a priori no destinada a impulsar nuevos desarrollos, se añade para evitar que se dañe la imagen de España en el exterior, según ha reconocido el propio Gobierno”, explica Jaime del Val, portavoz de la asociación Salve­mos Mojácar, buque insignia de la lucha para conseguir el derribo del famoso hotel El Algarrobico. “Se pretende relanzar la burbuja inmobiliaria. Si se genera una imagen de que aquí puedes construir y luego te lo derrumban estás creando inseguridad jurídica para el inversor extranjero”, sentencia Del Val, quien critica que esta enmienda es una pieza en el puzle más amplio que busca reavivar la especulación urbanística, algo que debería llevar a una “movilización ciudadana masiva pues ha sido una de las causas de la actual crisis”, pide Del Val.

Además de legalizar construcciones previas a 1988, la reforma prevé alargar las concesiones de equipaciones que se encuentran en dominio público 75 años más. Después de que la nueva ley se aprobara en el Consejo de Minis­tros en octubre de 2012, el titular de Agricultura, Alimen­tación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificaba la reforma “por la imagen de España que se generaría” al efectuar “demoliciones masivas de viviendas” a partir del año 2018, que es cuando expiraban las concesiones.

Por otro lado, la nueva legislación prevé la amnistía de diez poblaciones, que permanecerán exentas de cumplir la ley “sin ninguna argumentación técnica”, tal y como denuncia Ecologistas en Acción. Los núcleos urbanos son Serra Grossa y Santa Pola en Alicante, Empuriabrava y Playa de Aro de Girona; la ría Punta Umbría, Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina en Huelva; Pedregalejo y El Palo en Málaga; y Oliva en Valencia. Mediante las enmiendas, el PP incluía a dos más, Moaña, en Pontevedra y Xilxes, en Castellón, mientras CiU aprovechaba para pedir la amnistía de la costa de Sitges.

“Están creando ciudadanos de segunda y de primera categoría, fuera o dentro de la Ley de Costas”, indica Marcos y añade que “la isla de Formentera o ecosistemas tan importantes como las salinas también perderán regulación”. Y, ¿por qué esta arbitrariedad? “Es fácil, se está utilizando el criterio de los amigos que han tenido acceso al borrador de la ley para diseñarla”, dice la portavoz de Greenpeace.

Amnistía para algunos

“Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”. Son palabras de Abel Matutes, exministro de Exteriores del PP, dueño del Gru­po Matutes, publicadas en El País, en referencia a la reforma de la Ley de Costas. Su empresa es dueña de varios complejos turísticos y ahora reclama una ley para comenzar “de inmediato” un “plan de excelencia” en la Platja d‘en Bossa (Ibiza), que compara con Eurovegas, y que incluye cinco hoteles, un gran centro comercial de 55.800 metros cuadrados y un campo de golf de 3,5 km en el área periférica de protección del Parque Natural de Ses Salines.

Greenpeace denuncia en su informe Amnistía a la construcción que Matutes, actual presidente de la Mesa de Turismo y vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, será uno de los beneficiados de la nueva Ley de Costas. Según el informe, el Grupo Matutes es dueño de la empresa de acuicultura Cupimar, que posee la concesión de 25 salinas en la bahía de Cádiz. “Estas salinas pasarían a ser de su propiedad tras la aprobación de la ley”, advierte Greenpeace.

El dominio público para quien lo roba

Uno de los grandes beneficiados de la reforma de la Ley de Costas es el popular Abel Matutes. Además, Gabriel Cañellas, expresidente balear y presidente de Salinera Española S.A. también va obtener grandes réditos. La nueva norma amnistía a la isla de Formentera “debido a su especial configuración geológica”. La empresa de Cañellas posee “muchas propiedades en Formentera que hasta la reforma se encontraban en dominio público y ahora se excluyen como terreno público, con una disposición adicional a la carta”, denuncia un informe de la organización ambiental. En definitiva, “si algo define la reforma de la Ley de Costas es el oscurantismo con que se ha realizado”, dice del Jaime del Val, portavoz de Salvemos Mojácar y lamenta que las costas “van a seguir alimentando los intereses corruptos”.


* Diagonal - SARA PLAZA - 16.4.13
Foto: La nueva Ley de Costas podría amnistiar el hotel de El Algarrobico.- ecologistas


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Imputado en el 'caso Gürtel' el alcalde de Castellón

El circulo de políticos del PP implicados en el caso Gürtel se va ampliando en la Comunidad valenciana. Ahora es el alcalde de Castellón, pero es que prácticamente no queda ninguna administración que se libre de la corrupción en las tres provincias levantinas. Otra cosa es que la Justicia, demasiado lenta e inoperante, llegue a tiempo de que no prescriban los delitos y, por tanto, haya sentencias definitivas condenatorias.
"PÚBLICO* : El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha citado a declarar, en calidad de imputado, al alcalde de Castellón y presidente del PP en esta localidad, Alfonso Bataller, por contrataciones realizadas con Orange Market S.L. cuando ocupaba el cargo de subsecretario de la Consejería de Sanidad, en relación con la pieza 5 del procedimiento, relativa a contrataciones entre el Consejo con Orange Market y otras sociedades del 'Grupo Correa', que pudieron constituir delitos de prevaricación, u otros.

Asimismo, el magistrado José Ceres, que investiga la supuesta financiación irregular del PPCV, dentro del 'caso Gürtel', ha citado también como imputados a otros exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, como son Antonio Santo --en relación a su etapa en Vaersa--, Clara Abellán --por actos realizados cuando ocupaba un puesto en la Consejería de Bienestar Social--, Rafael Peset --en la Consejería de Sanidad-- y Arantxa Vallés --en la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana--.

De esta forma, el magistrado ha aceptado la solicitud del ministerio fiscal, de realizar nuevas citaciones en la pieza separada número 5 --en total, hay seis--, en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market SL y sociedades vinculadas al 'Grupo Correa' y que pudieran constituir delitos de prevaricación, u otros. De esta pieza queda excluida toda la contratación realizada por dicha mercantil con la Agencia Valenciana de Turismo, que quedó incluida en la pieza tercera.

En total, acuerda citar tanto a excargos del Consejo como a personal de Orange Market. El magistrado considera "necesarias" estas citaciones "para la averiguación de los hechos", "y deben realizarse en calidad de personas imputadas, habida cuenta de la presunta y aparente intervención relevante en la decisión de las contrataciones", mantiene.

Respecto al primer bloque, el del Consejo, el juez cita a declarar el próximo día 6 de junio, a las 11.30 horas, a Alfonso Bataller, en relación con las contrataciones realizadas cuando ocupaba el cargo de subsecretario de Sanidad con el evento 'Acto premios salud y sociedad 2007'.

Bataller ya declaró, en calidad de testigo, en el conocido como 'caso de los trajes', en el que estaba imputado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. En su comparecencia, explicó que contrató con Orange Market en su etapa en la Consejería de Sanidad "como una más de muchísimas mercantiles".

El alcalde señaló en ese momento que hubo dos contratos con Orange Market porque había diferentes actuaciones que hacer, y explicó que contrataron "conforme tocaba sin fraccionar contratos" ya que los objetos eran "distintos". "Todas las actuaciones se contrataban con los antecedentes que obraban en la Consejería de Sanidad", dijo, y manifestó, ante las preguntas de por qué se contrató con tres empresas del mismo grupo, que no lo sabía. "No se lo puedo decir", indicó.

Asimismo, el juez ha citado el día 4 de junio, a las 12.45 horas, a Antonio Santo, en relación con su intervención cuando estaba en Vaersa y se adjudicó a Orange Market S.L. 'la grabación, edición y realización documental para la campaña de comunicación y sensibilización del correo uso del contenedor amarillo 2004-2005'.

El turno de Clara Abellán, por su entonces cargo en la Consejería de Bienestar Social, será el día 6 de junio, a las 9.30 horas, en relación con tres contrataciones: la contratación y adjudicación del acto 'violencia de género, tolerancia cero' celebrado el 6 de marzo de 2006; el 'Acto Punto final de 2007' celebrado el 25 de enero de 2007; y el 'Acto Balance General, 2007', en abril de 2007.

Este mismo día también tendrá que acudir a declarar, como imputado, Rafael Peset, en relación con las contrataciones realizadas cuando trabajaba en la Consejería de Sanidad por el 'Acto premios Salud y Sociedad 2006'. Asimismo, el 30 de mayo, está citada, a las 10.15 horas, Arantxa Vallés, cuando en su etapa en la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad se adjudicó a Orange Market S.L. el contrato relativo a la ceremonia de inauguración de la villa de regatas 'Alicante 2008, vuelta al mundo a vela' en septiembre de 2008.

Vallés también declaró como testigo en el 'caso de los trajes', por su cargo de gerente entre junio de 2007 y agosto de 2010 en la Sociedad Gestora para la Promoción de la Imagen Estratégica de la Comunidad. En su interrogatorio, afirmó que se contrató con Orange Market para el acto de inauguración de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante, "al igual que con otras 160 empresas".

Al respecto, aseveró que se trató de un procedimiento negociado con invitación a tres empresas --aunque las otras dos no presentaron oferta y no le "extrañó"-- y se contrató con Orange Market por 445.000 euros, con una baja del 12 por ciento sobre el presupuesto de licitación. Vallés señaló que los contratos pasan por una serie de controles y auditorías y que no había indicaciones para contratar con Orange Market.

En un segundo bloque, por parte de Orange Market S.L., el magistrado ha citado, para el día 30 de mayo, a Mónica Magariños y a Isabel Jordán. A la primera por los poderes gerenciales que tenía en la mercantil y su presunta intervención en relación con la contratación realizada con Vaersa y demás contratos con sociedades públicas y con la Generalitat al menos desde 2004 a 2006. A la segunda, Jordán, por su supuesta intervención y colaboración que pudo tener en diversas de las contrataciones investigadas, tanto con Orange como con Easy Concept S.L. y sociedades del 'Grupo Correa' entre 2004 y 2007.

Junto a ellas, están citados los presuntos cabecillas de la trama, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa, el próximo día ocho de mayo, en relación con la pieza 5 y 6 del procedimiento.


* Público - EP - 25.4.13
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo



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